(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado Diputados dio media sanción al primer proyecto de presupuesto de Cambiemos, se espera que Senadores lo pasen durante noviembre.

Cambiemos se anota un triunfo más en su haber, logrando que la Cámara de Diputados diera por aprobado su proyecto de presupuesto para 2017. Se pasó al Senado, a la espera de que sea tratado en el curso de este mes, con lo cual Macri tendría así su primer presupuesto propio –recordemos que gobernó hasta ahora con el proyecto aprobado del kirchnerismo saliente en 2015.

Se trata de un nuevo triunfo de Cambiemos en el Congreso, donde tiene apenas una minoría de representantes, y donde sus dotes políticas aparecen con mayor claridad. En el gobierno nacional están sobrerrepresentados los elementos empresariales, lo que ha fomentado la interpretación de que se trata de una CEOcracia. Sin dudas, hay parte de verdad ahí, una cierta ceguera frente a los efectos de sus decisiones, especialmente respecto de los costos sociales.

Pero esto no nos puede ocultar la existencia de hábiles políticos en el elenco de Cambiemos. La capacidad de Peña o Frigerio para negociar especialmente con gobernadores y obtener su anuencia –lo que prácticamente garantiza el resultado en Senadores- ha sido probada varias veces. Dentro de Diputados, Monzó y Massot son apenas dos de los operadores clave del resultado de 177 votos a favor, que incluyó no solo los votos del frente (PRO, UCR, CC) sino también del GEN, Frente Renovador, el bloque Justicialista, y no pocos kirchneristas. Se repite así la misma clase de éxito que con el pago a los fondos buitres o con la ley de blanqueo.

El procedimiento de Cambiemos merece atención, pues demuestra una habilidad probada. Se trata de enviar a discusión amplios proyectos con dos características: profundamente reaccionarios y con una gran mezcla de temas. De esta forma, la atención y el debate público no pueden contener por igual a todos los elementos en discusión, enfocándose en algunas partes. Por otra parte, las exageradas propuestas dan al gobierno amplio espacio para negociar lo que se presenta como “concesiones”, que son siempre parciales. Las diferentes fuerzas políticas negocian así elementos dispersos y puntuales, lo que permite que el proyecto global no solo logre aprobarse sino que además incluya siempre una parte sustancial del objetivo original. Y accesoriamente, permite a Cambiemos presentarse como el cenit de la democracia, siempre dispuesto al diálogo, a reconocer “errores” y conceder a sus interlocutores. Siempre que no altere los fundamentos de su proyecto.

El caso de Ciencia y Tecnología de este presupuesto ilustra a la perfección lo que decimos. El gobierno envió un proyecto que recortaba las asignaciones a esta área tanto como proporción del gasto total como en términos reales. Se proponían $31.700 millones, casi un 9% por debajo de los $36.000 millones necesarios para sostener la política de desarrollo científico de acuerdo los lineamientos existentes. La reacción del sector no se hizo esperar, multiplicándose las acciones mediáticas y en las calles –el 24 de octubre se realizó un multitudinario acto frente a Congreso. Cambiemos terminó proponiendo una asignación extra de $1.200 millones, lo que es la cuarta parte de lo recortado. Para las universidades nacionales se propuso un incremento de mil millones de pesos, que apenas afecta la partida total de $60 mil millones.

De modo que la atención se centró estas semanas en uno de los aspectos más criticables del proyecto –recorte a la investigación- pero dejó relativamente de lado otros elementos, como las menores asignaciones para dar continuidad a los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, Cambiemos concedió otros aspectos, como subas en el ministerio de agroindustria o en protección de bosques nativos, lo que en últimas le garantizó la aprobación del proyecto general. Demostró así su capacidad de hábil negociador.

¿Cómo hizo estas concesiones? Intensificando el aspecto central de su proyecto: la toma de mayor deuda. Es muy relevante, pues, según un reciente informe, 2016 cerraría con una emisión cercana a los 50.000 millones de dólares, un auténtico récord de la emisión descontrolada. Es relevante marcarlo: la deuda ha cubierto el pago de deuda y gastos corrientes, sin ningún beneficio de mediano o largo plazo para el país. La deuda cubrió fuga de capitales, la avalancha de importaciones, y la pérdida de recaudación por la baja de las retenciones, entre otras. Un auténtico festival de endeudamiento, casi sin paralelos en la historia.

Con un déficit fiscal al alza, Cambiemos ha intensificado irresponsablemente la emisión de deuda, a tasas de interés que duplican y hasta triplican el promedio de lo que se paga en la región. El arreglo con los buitres no ha mejorado en nada las finanzas nacionales, al contrario. No solo se toma deuda como forma de financiar el gasto, sino que también se emiten pesos. Para controlarlos, el Banco Central está emitiendo Letras –que aún pagan por encima del 28% anual en pesos- que las estimaciones privadas ubican como una masa equivalente al total de pesos circulando en la economía. Una auténtica bomba de tiempo, habilitada para corridas cambiarias de gran velocidad.

Este mecanismo, en el presupuesto 2017, está atado a lo que se prevé será la principal herramienta para el año electoral: el incremento de la obra pública, en torno al 39%. Este punto es central, pues se traslada a las provincias e incluso a los municipios: se habilitan nuevas obras a ser financiadas con toma de deuda, en los tres niveles del Estado. Este mecanismo es central para negociar los acuerdos con gobernadores, y de allí, con Senadores.

En el ínterin, mezclando temas, Cambiemos logró además la aprobación parcial del proyecto de iniciativa público-privada. Se trata de una forma cruel de privatización de la planificación, que al mismo tiempo estatiza todos los riesgos: los medioambientales, la conflictividad laboral y la búsqueda de financiamiento. Privatización de los beneficios y socialización de los costos. Un seguro que se puede comparar con el que Cavallo diera a las empresas privadas (incluyendo al grupo Macri), y que desde 1982 explican la mitad de la deuda pública pagada por todo el pueblo argentino. Esta ley es una de las adecuaciones previstas en la orientación general hacia el Tratado Trans Pacífico propuesto por Estados Unidos.

El presupuesto vuelve a fantasear con perspectivas de crecimiento (3,5%), sin argumentos que lo sostengan. Recordemos que el PBI cerraría 2016 con una caída de alrededor del 2%, cuando todos los organismos internacionales preveían un resultado menos duro. La inflación se prevé en el 17% y un dólar a casi $18, lo que en los hechos apenas compensaría los nuevos aumentos de precios, sin ganar competitividad por la vía devaluatoria. Se propone así continuar con la valorización de activos financieros y actividades protegidas, como las de servicios públicos, para las cuales se prevén nuevos incrementos de tarifas.

De conjunto, Cambiemos ha logrado media sanción a un proyecto de ajuste y financierización de la vida social, cuyos beneficios nos serán esquivos, cargando en cambio con todos los costos.