Grave situación económica de SOSUNS

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El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, dijo a FM De la Calle que la obra social de la Universidad Nacional del Sur atraviesa un momento crítico y que podría ingresar en cesación de pagos.

“Se trata de la atención de la salud de las familias de docentes y no docentes de la Universidad. Una obra social que fue ejemplar durante muchísimos años y hoy, producto fundamentalmente de las políticas de ajuste y devaluación de este gobierno, del incremento de tarifas, e impericias de la conducción local, seguramente mala administración, llegamos a este grado de situación que nosotros denunciábamos hace meses”, declaró.


“La única solución que plantea el Consejo Administrativo de la Universidad es seguir pretendiendo que este déficit se solucione a través de mayores aportes de afiliados y afiliadas, a través de pagar más coseguros, reducir las prestaciones. Eso es dinero que debería salir del salario para palear el déficit de la obra social que no definimos los afiliados. Nos oponemos a que se ejecute ese plan de ajuste y proponemos otras soluciones como reclamar a la Universidad del Sur que realice un aporte extraordinario, dado que es el empleador natural, y reclamarle al Ministerio de Educación”.

El presidente de SOSUNS, Juan Carlos Lobartini, planteó un programa de ajuste y reducción de prestaciones: “Estamos hablando de 10 mil afiliados y afiliadas. Pretenden aprobarlo en la reunión del Consejo el próximo jueves. Pensamos en ir a hacer oír nuestra voz, no ser neutrales con esta posición, defender la obra social. Pero de ninguna manera pretender que el salvataje de este déficit lo paguen los salarios de los trabajadores”, finalizó Zaninelli.

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Aumentó la informalidad laboral

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El economista en jefe del CREEBA, Gonzalo Semilla, destacó los indices de precariedad en el mercado del trabajo de Bahía Blanca durante el primer trimestre del 2019.

“Cuando hacemos una comparación interanual nos arroja un aumento de la informalidad. Está asociado a lo que se desencadenó a partir de abril y mayo del año pasado: devaluación, caída del consumo, aumento del desempleo, aumento de la pobreza. Es gente que ha quedado en la calle y tiene trabajos de pocas horas por días o no lo tiene”.

“En  los primeros meses del año, cuando veíamos los indices nacionales veíamos que había un sector que quería mejorar, que lamentablemente se enterró y volvió a caer toda la actividad. De todas formas son niveles muy altos y que se ubican por debajo de la media”, comentó Semilla.

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (EPH), se estima que la tasa de informalidad alcanzó al cierre del primer trimestre de 2019 el 27% (lo que equivale a aproximadamente 27.100 personas), mientras que la tasa de precariedad se ubicó en 34% (aproximadamente 46.800 individuos).

A nivel nacional, por su parte, la tasa de informalidad asciende al 36% mientras que la de precariedad fue del 41%.

En cuanto a la evolución de los dos indicadores a lo largo de los últimos trimestres se advierte una baja en la informalidad y precariedad en relación al trimestre anterior (4 puntos porcentuales en ambos casos), explicada en parte por factores estacionales, en tanto que en términos interanuales, se observa un deterioro de ambos indicadores de 3 y 5 puntos porcentuales.

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Armada II: termina el sexto juicio de lesa humanidad

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El próximo miércoles 28 de agosto se conocerá el veredicto del Juicio Armada II, en el cual son juzgados 17 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región bajo jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

El Tribunal Oral Criminal Federal subrogante convocó a la audiencia para las 11 en la sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur de Colón 80.

El lunes desde las 9 será el momento de las últimas palabras de los acusados. Por primera vez deberán presentarse todos los genocidas en el aula magna bahiense.

Es el sexto juicio por los crímenes del terrorismo de Estado que se realiza en nuestra ciudad. Comenzó en octubre de 2018 y comprende 68 casos en los que se investigan los secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.

¿Quiénes son los imputados y qué penas pidieron la Fiscalía y la querella?

Sergio Leonardo ARÁOZ de LAMADRID: se desempeñó con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento contra la Subversión (C.I.A.C.S.) y Jefe de la División de Inteligencia Operativa del Comando de Operaciones Navales desde el 21 de enero de 1976 al 31 de enero de 1977. Desde el 1 de septiembre al 26 de noviembre de 1976, se desempeñó simultáneamente como Jefe de la División Contrainteligencia. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Mario José BILESIO:, revistó con el grado de Teniente de Fragata, como máxima autoridad de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, desde el 01 de enero al 26 de noviembre de 1976, con excepción del período comprendido entre el 22 de marzo y el 14 de abril, en que lo hizo como Segundo Jefe. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

Heberto José RUBATTINO: revistó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe de la Compañía PITÓN dentro de la Base Naval Puerto Belgrano, 22 de marzo y el 14 de abril de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron 25 años de prisión.

 Luis Oscar CONTI, revistó con el grado de Suboficial Mayor, como Suboficial del Cargo Electricidad del Centro de Instrucción y Adiestramiento en Máquinas y Electricidad de la Base Naval Puerto Belgrano entre el 12 de febrero de 1975 y el 10 de octubre de 1984. La Fiscalía y la querella solicitaron 12 años de prisión.

Ricardo César ARAUJO: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como Comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 (BIC1), desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Rómulo Augusto ILLA: se desempeñó con el grado de Capitán de Corbeta, como comandante del BIC1, desde el 3 de enero de 1977 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Arturo María QUINTANA: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante del BIC1 desde el 2 de febrero de 1976 al 6 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Aristóbulo Nicanor MOREIRA: desde el 6 de diciembre de 1976 hasta el 5 de mayo de 1977, se desempeñó con el grado de Teniente de Navío como jefe de operaciones, personal y logística del Batallón de Comunicaciones N° 1. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Francisco Manuel MARTÍNEZ LOYDI: se desempeñó, con el grado de Subprefecto, como jefe de la Sección Informaciones de la PZAN desde el 15 de febrero de 1975 hasta el 2 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Alejandro Carlos LORENZINI: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como Ayudante Jefe Sección Operaciones (21 meses) y Ayudante Jefe de Sección Inteligencia (6 meses) de la Brigada de Infantería de Marina N°1 desde el 2 de diciembre de 1975 al 31 de diciembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Álvaro Hernán HERMELO: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia en la Brigada de Infantería de Marina N1, desde el 21 de enero 1977 hasta el 21 de febrero de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Emilio José SCHALLER: se desempeñó, con el grado de Teniente de Navío, como 2do. Comandante desde el 6 de febrero de 1976 al 16 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Carlos Enrique LACOSTE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Corbeta, como Jefe de Personal, Ayudante del Cte, Jefe Detalle General, Jefe Cargo Publicaciones del EMGN, Ayudante Cargo Bienestar y R.R.P.P. del Batallón de Infantería de Marina N°1, desde el 22 de diciembre de 1975 hasta el 14 de enero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

José Abdala FIGUEROA: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe de la División Cuartel Base, del Dpto. General de la Base Naval de Infantería de Marina Baterías (BNIM), desde el 28 de noviembre de 1975 al 28 de noviembre de 1978. Desde el 26 de noviembre de 1976 al 28 de noviembre de 1978, se desempeñó simultáneamente como Ayudante Secretario del Jefe de la BNIM.  La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

 Enrique DE LEÓN: se desempeñó con el grado de Teniente de Navío, como Jefe del Departamento Operaciones de la BNIM, desde el 9 de febrero de 1976 al 18 de julio de 1978. La Fiscalía y la querella solicitaron 16 años de prisión.

Carlos Alberto LOUGE: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Jefe del Dpto. de Inteligencia del COAN desde el 23 de julio de 1976 al 2 de febrero de 1977. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

Miguel Ángel TORRÁ: se desempeñó, con el grado de Capitán de Fragata, como Subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora y Jefe Cargo Contrainteligencia, desde el primero de enero de 1976 al 26 de noviembre de 1976. La Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua.

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Un juzgado y un café: Ércoli lo hizo de nuevo

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El Concejo Deliberante designó a Soledad Monardez y Carlos Salgado como titulares de los Juzgados de Faltas por el doble voto de la presidencia.

La oposición destacó el papel del concejal Roberto Ércoli quien se excusó de participar de la sesión aunque permaneció en el Concejo. Una suplente garantizó el empate a Cambiemos a cambio de que su secretario de bloque sea juez.

“El expediente de Monardez estuvo desde mayo en doble lectura porque no le daban los votos. Él daba su voto si el segundo cargo que dejó vacante Germani se lo daban a su secretario. Ahí sí Monardez le parecía apta y salió el combo de los dos jueces. No me parece ni ético ni transparente como pregona el intendente. Se ha puesto nervioso pero no todos somos iguales”, dijo a FM De la Calle Gabriela Schieda.

Clink caja: secretario de Ércoli candidato a juez de Faltas

Gisela Ghigliani afirmó que el edil del Frente Renovador “ha votado absolutamente todo a Cambiemos y ha sido una herramienta importante. Cuando empieza la sesión, él no se sienta en la silla, la concejala suplente lo reemplaza, pero él se queda en el recinto, algo nunca visto. Es una actitud de provocación ya que se quedó tomando mates o café con persona del gremio de UTA”.

La concejala recordó que la candidatura de Monardez hace cinco meses que está circulando por en Concejo. “No quiso venir a dar explicaciones, ni quisieron que venga a responder preguntas. Un juez es para toda la vida. El curriculum de ella es bastante limitado y se van acabando las herramientas democráticas”.

Schieda subrayó que Ércoli “estaba en las gradas con (Ricardo) Pera y los muchachos de la UTA. Si estás mal de salud te podés ir a tu casa. Estaba tomando un cafecito, se lo veía muy bien, de camisa blanca”.

El dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza discutió en la previa de la sesión con la concejala: “Estaba un poco nervioso, no sé por qué porque ya se sabía el resultado. La discusión fue porque me dijo que yo me había hecho radical k y que ya tenía arreglado con el PJ y el kirchnerismo un puesto para diciembre y por eso estaba en contra de votar los jueces de Faltas”.

“Si él está acostumbrado a transar yo no tengo la culpa. Yo no transo, puedo negociar un artículo, evaluarlo, opinar, pero esto de amigo-enemigo no lo concibo así. Aprendí mucho de Balbín y Perón, de Alfonsín. Tener algunas ideas en común para la sociedad con el peronismo no me convierte en kirchnerista. Todos saben que siempre fui antikirchnerista. Ahí la pifió”, agregó.

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Toma de tierras: “Es muy importante que todos y todas tomen posición”

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El secretario general de la CTA Regional Bahía Blanca sostuvo que la judicialización de la toma de viviendas en el barrio Spurr “marca una línea de intervención de parte del gobierno municipal y de la justicia”. Porque no hace “una lectura de la realidad que indique que los reclamos de vivienda y el déficit habitacional son evidentes y que esta toma de tierras está enmarcada dentro de ese reclamo que existe en otros sectores de la ciudad. A ese pedido ante las autoridades públicas se responde de esta manera”.

Respecto de la imputación del delito de usurpación, basados en la interpretación de que fue “violento”, el dirigente explicó a FM De la Calle que“retuerce lo que dice le código penal. Es público que el reclamo ha sido genuino, pacífico, ahora continuo y que tiene legitimidad”.

¿Qué motiva la toma? “Lo definía muy bien hace unos días un joven que frente a una pregunta de un periodista: ´cuando empezamos esto no lo conocíamos ni a Aparicio ni a nadie. ¿Sabe qué, don? Lo que nos empujó a esto es la necesidad´. Es una verdad innegable, cualquiera que se acerque al lugar verá que hay un reclamo genuino. Hay un estado de necesidad”.

Sobre las acusaciones que expresaron públicamente varios funcionarios de que la central obrera “instigó” al desarrollo de la toma, el dirigente sindical sostuvo que “hay un propósito avieso de quienes sobre estiman nuestra capacidad de organización. La CTA, lo decimos sencillamente, no tiene la capacidad de organizar a cuatrocientas familias en el barrio Spurr sencillamente porque no tenemos la inserción social en ese lugar como para producir ese grado de organización”.

Además, argumentó que “los funcionarios que hablan de esta manera desprecian la capacidad de organización de los y de las de abajo, como si no pudieran organizarse colectivamente por las suyas, tomar decisiones, reunirse en las asambleas, decidir qué van a hacer, por donde van a encaminar sus pasos”.

“Lo que nunca entenderán estos funcionarios y estos jueces es que sí hacemos un esfuerzo, pero de ahora, por ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos, y la CTA tiene escrito desde el primer programa una de nuestras acciones principales iba a ser la solidaridad con quienes reclaman por sus derechos. Eso fue lo que hemos hecho”.

Gandolfo repudió la decisión del gobierno de Héctor Gay de retirar asistencias sociales a quienes reclaman por vivienda. “Eso es tremendo. Se reconoce su estado de necesidad y por lo tanto se les da un plan y por otro lado cuando se disponen a reclamar por algunos de sus derechos se los quitamos si protestan”.

Por último, el titular de la central local exhortó a pronunciarse en torno a la situación de estas familias: “Frente a esta situación donde está puesta sobre el tapete la cuestión social es muy importante que todos y todas, organizaciones y personas, se hagan oír colectivamente y tomen posición con respecto a esto: que lo digan”.

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Toma de tierras: ¿en qué miente el gobierno de Gay?

(Por Astor Vitali) El gobierno de Bahía Blanca tiene la decisión política de soslayar el legítimo reclamo de vivienda de unas cuatrocientas familias. Con este fin, adoptó la postura de judicializar el reclamo y estigmatizar a la organización social.

Bahía Blanca es uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires con mayor territorio fiscal. El gobierno local ha arbitrado diferentes convenios con entes nacionales con el fin de disponer de su custodia y orientar el potencial uso de los mismos. La toma de tierras en el barrio Spurr se emplazó sobre terrenos del ferrocarril.

El gobierno de Héctor Gay definió su estrategia y la está llevando a cabo.

  • Judicialización del reclamo: el grupo gobernante ha decido recurrir a la Justicia Federal bajo el argumento de que se trata de “usurpadores”. La imputación de este delito implica que se haya accedido a la tierra a través del uso de “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él” (Art. 181 Código Penal). Dado que la toma fue de forma pacífica, y pese a que la interpretación del derecho debe ser taxativa (violento no es igual a masivo –salvo en las bibliotecas de Avellaneda y de Ulpiano Martínez-), construyeron la remanida interpretación de que al ser una ocupación masiva e “instigada” para ellos esto constituye violencia.
  • Estigmatización de las organizaciones: actualmente hay más de cuatrocientos terrenos marcados. Los primeros días se trató de un grupo de treinta familias, organizadas entre sí, con el objetivo de reclamar al gobierno el acceso a las tierras y los medios para pagarlas. El gobierno culpa a un abogado utilizando un audio cuya publicación violó la privacidad entre cliente y letrado. El abogado sugirió que no cometieran ningún delito federal, como cortar vías férreas, entre otros aspectos de sentido común. Luego, el gobierno apunta contra la CTA, central que, como en cualquier otro conflicto, se expresó públicamente en defensa del reclamo.
  • Subestimación del carácter ciudadano de las cuatrocientas familias: el gobierno arguye que las familias no fueron motu proprio sino que fueron manejadas por un audio y un grupo que se solidarizó. El planteo cae por su propio peso ya que la toma se inició el día 8 de agosto, muchos días antes de la conversación con el abogado. De igual manera se dio la exposición pública de la central obrera en defensa del reclamo. El gobierno no está dispuesto a reconocer que las familias allí presentes se encuentran en el lugar por lisa y llana necesidad.
  • Operación mediática de sintonía fina y campaña de falacias: se han forzado los argumentos a un nivel inverosímil. En primer término, el municipio ha llegado a decir a través de su asesor letrado de que se trata de personas que “no están en situación de calle”. Pese a que aún no han realizado un censo desde que se lleva adelante la toma, se atienen a un listado elaborado por el propio gobierno. Hay que tener voluntad antipopular, realmente: para el municipio no están en situación de calle porque no duermen con un colchón en la vereda pero saben perfectamente que, si no están en situación de calle, al menos están en situación de hacinamiento. Por ejemplo, once personas viviendo en una casa para cuatro. Los grupos mediáticos tributarios al proyecto de Héctor Gay reprodujeron sin el mínimo rigor periodístico este conjunto de falacias en cadena. Algunos trabajadores de prensa han caído en una actitud lamentable de simples reproductores de partes oficiales sin empatía alguna con lo que ocurre en la realidad. Lamentable porque algunos de ellos recorren la ciudad y conocen la realidad social en plenitud.

El accionar del gobierno deja sorprendido a cualquier persona desapasionada. Judicializa un reclamo justo, culpa a quienes se solidarizan, trata de ciudadanos y de ciudadanas de segunda a personas que perfectamente pueden organizarse en asambleas y acordar un plan de acción sin depender de terceros, estira la interpretación legal para imputar un delito (en lugar de dar una respuesta política) y re victimiza a quienes se encuentran en situación de hacinamiento, en buena medida, por padecer las políticas económicas del gobierno.

Otro capítulo en un gobierno destacable por su carácter de clase y por su total insensibilidad ante las agudas problemáticas que atraviesa su comunidad.

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Toma de tierras: “Estamos judicializando una usurpación”

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El abogado Gustavo Avellaneda dialogó esta mañana con FM De la Calle sobre las denuncias judiciales impulsadas por la Municipalidad ante la toma de terrenos en el barrio Spurr por parte de más de 400 familias.

“No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es denunciarlo”, afirmó.

Ante el incumplimiento del derecho constitucional del acceso a una vivienda digna y reconociendo la inexistencia de políticas municipales que atiendan el déficit habitacional, aseguró que la disyuntiva se resuelve “como se está resolviendo: en las elecciones”.

El funcionario comentó que el 8 de agosto tomaron conocimiento del inicio de una toma en Spurr y actuaron “como siempre”: se acercaron al lugar con la policía y procedieron a “limpiar” el lugar.

El mismo día, por la tarde, un grupo más nutrido concretó la toma. La policía detuvo a 19 personas “porque hubo resistencia a la autoridad”. Por flagrancia, la causa se abrió en la justicia provincial.

El lunes 12, las y los manifestantes concurrieron a Alsina 65. Conversaron con el subsecretario de Gobierno, Francisco Fernández Solari, y el propio Avellaneda. “Fuimos claros que no podíamos disponer de las tierras que no son municipales. La Municipalidad no da tierras para la construcción de vivienda ni da tierras para que hagan ningún tipo de emprendimientos públicos o privados. Tenemos la custodia de la tierra pública”.

Según el funcionario “se le ofrecieron los paliativos que ofrece la Municipalidad para estos casos. La posibilidad de un alquiler y la posibilidad de que haya una mejora habitacional” mediante la construcción de una pieza en la vivienda en la que hacinan las familias demandantes.

Inconformes, afirmaron que volverían a ocupar los terrenos. “Y fue lo que terminaron haciendo el día lunes que tomamos conocimiento del audio. Aconteció tal cual se reprodujo el audio de la forma que había asesorado el abogado interviniente”, dijo Avellaneda sobre el audio difundido por el jefe de la policía y La Nueva Provincia en el cual el abogado Leandro Aparicio conversa con representantes de la toma.

El martes la comuna realizó una denuncia en el Juzgado Federal. “La Municipalidad no tiene intervención porque está en un trámite judicial y a resultas de lo que ordene el juez”.

-¿Para el municipio es solo una cuestión policial-judicial?

Se les dieron todas las posibilidades a las personas que querían ocupar, las facilidades y los programas que tiene el municipio en ejecución para que desistan de la usurpación.  Es muy difícil negociar con 300 personas, están en pie de exigencia. Si hay una orden judicial que indique que el municipio debe hacer un censo e intervenir Políticas Sociales, haremos lo que el  Juzgado diga. Pero la situación de ocupación tiene que ser debidamente judicializada porque es un delito.

-La Suprema Corte indicó que la provincia y los municipios deben establecer protocolos de actuación para estos casos. ¿Han trabajado en alguna consideración en este sentido que pueda aplicarse al caso puntual?

Hemos generado un protocolo propio en función de las experiencias de estos años. Es un protocolo que no se ciñe precisamente al de la Corte. El de la Corte es más específico cuando intervienen muchas familias. En este caso no se puede aplicar porque es justicia federal. En otras modalidades se ha aplicado el protocolo del municipio que ha sido la intervención en el sector, la posibilidad de darles alguna respuesta. Esto pasó en la toma de Miramar, a las personas que estaban ocupando allí se les otorgó terrenos para construir, salvo a una sola persona que negaba a salir. Yo soy uno de los que estuvo en la toma del otro día. Estuve viendo la modalidad de la toma, la cantidad de menores, cantidad de mujeres y entendimos que no era aplicable el protocolo y que teníamos que ir por vía judicial.

-¿La Municipalidad tiene política de vivienda?

No, te voy a dar un dato para que entiendas. Bahía es la única localidad de la provincia que más extensión de tierras estatales tiene -por ferrocarriles, Vialidad- y no podemos disponerla porque están en manos de la ABE, Administración de Bienes del Estado. Ese organismo dispone lo que se hace.

-Si ustedes tienen la custodia y están pensado en avanzar en un proyecto con el Club Villa Mitre, ¿no tienen capacidad de tramitar la disposición de esas tierras para la construcción de viviendas?

El Club Villa Mitre presenta un proyecto para ese sector, la Municipalidad no da el ok. Lo que hace es la gestión ante el ABE con la presentación del proyecto.

-¿Ustedes reconocen que hay una demanda legítima de necesidad de vivienda en la ciudad?

En la ciudad y el país.

-¿Desde el municipio tienen capacidad de acompañar la demanda de estas familias, de resolverlo de una manera que no sea a través de la justicia?

No, estas llevando esto a otro terreno. Nosotros no estamos resolviendo la parte de vivienda por parte de la justicia.

-¿Usted habló del pago de un alquiler o la ampliación de una pieza?

Sí, porque esos son los programas que tiene vigente el municipio.

-¿El alquiler cuánto dura?

Depende de cada circunstancia. No es mi área la que define cuánto dura un alquiler. Es la Secretaría de Políticas Sociales.

No estamos judicializando una demanda de tierras, estamos judicializando una usurpación. Esto es un delito. La obligación que tiene el municipio es, ante la existencia de un delito que afecta los bienes del Estado, denunciarlo.

-Pero ante la necesidad de una vivienda…

La necesidad de la vivienda es una cosa, el delito es otra. La necesidad de vivienda es innegable. Creo que no hay programas públicos que impulsen la construcción de viviendas desde el municipio de Bahía Blanca. Por una cuestión presupuestaria, por lo que sea. Lo que hizo mucho el municipio es regularizar situaciones irregulares, entrega de escrituras a vecinos que hacía muchos años que estaban.

-Esa es una muy buena política pero involucra a personas que ya tienen una casa, no atiende a la falta de vivienda…

No tengo conocimiento de que haya una política específica de construcción de viviendas del municipio. Eso no habilita a que la gente venga, cometa un delito y yo no lo pueda denunciar. Uno es una cuestión política y lo otro es una cuestión judicial.

No te voy a negar la necesidad de vivienda en Bahía, en la provincia y en el país. Se puede cuestionar al municipio la falta de política en ese sentido. Pero el Estado tiene la obligación de tomar cartas en el asunto.

-Lo que pasa es que el Estado tiene la obligación de brindar ese derecho, ¿cómo se resuelve?

Como se está resolviendo, en las elecciones.

(…)

-¿Por qué se habla de usurpación y no de posesión?

Porque entendemos que se ha hecho de forma organizada, instigada por parte de un profesional y con el soporte de un organismo sindical como la CTA, que ha estado presente en la reunión de la Municipalidad, estaba el señor Gandolfo. La conferencia de prensa del abogado la hace desde la CTA, por lo cual, hay un soporte para que digan vayan y ocupen. Sabiendo que pertenece a otro, se hace un hecho ilícito.

-Pero es pacífica, no es violenta…

No, nadie está hablando de violencia.

-El fiscal dijo que se puede interpretar que como es masiva es violenta.

Eso es una interpretación de la justicia y ahí no puedo intervenir.

-Lo escuché a usted diciendo lo mismo…

Entiendo que la modalidad de la ocupación, de la forma que ha sido instigada y llevada adelante, no es una ocupación pacífica.

(…)

-¿Cuándo habría posesión?

La posesión que estamos acostumbrados a ver, requiere de un elemento fundamental que es el tiempo. Estoy ocupando durante 20 años de forma pacífica e ininterrumpida, tengo derecho a presentarme ante un juez y decirle “tengo derecho a que esta tierra sea mía”. Eso es usucapión.

Si llevo 19 años y el dueño me quiere sacar, hasta el plazo de 20 años el poseedor sigue siendo poseedor. Acá no están poseyendo, están ocupando.

-¿Qué opina de la difusión ilegal del audio de Aparicio?

El audio se difundió, no sé si es legal o ilegal.

-¿Si a usted le pasa que en algún medio, o por la vía que sea, se difunde una conversación suya con un cliente cómo la califica?

Pasó en esta toma, los chicos que conversaron con nosotros nos grabaron, se difundió en varios lados y sabemos que puede pasar. Hoy no escapa a nadie, hay que estar seguro de lo que se conversa.

-¿Y qué pasa cuando esa información la difunde el jefe de la policía?

No me consta.

-A mí me consta, se lo puedo mostrar cuando quiera. En el chat de prensa de la policía el jefe Claudio Petrizán envió el audio de esta conversación.

Le sugiero que hable con el comisario Petrizán.

-¿Cuál es su opinión como profesional? ¿Cómo se califica?

Habría que ver la circunstancia en la que se hizo, no lo sé. Yo tomé conocimiento a través de un audio difundido en los medios públicos donde se dio cuenta de esta situación. Dicen que el día lunes va a haber una toma. Yo voy sobre los hechos, no voy sobre la legalidad e ilegalidad del audio.

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Juzgados de Faltas: designaron a Monardez y a Salgado

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El Concejo Deliberante aprobó por doble voto de la presidencia la designación como jueces Faltas de la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monardez, y del secretario del bloque del Frente Renovador, Carlos Salgado.

La sesión estuvo a cargo de Soledad Pisani, por ausencia de Nicolás Vitalini. El concejal Roberto Ércoli se retiró para que sea su suplente, Claudia Barreiro, la que levante la mano para designar a su colaborador.

Esta mañana, Gustavo Mandará dijo a FM De la Calle que “se recurre una vez más a la matemática fría del doble voto del presidente. Serán responsables quienes la propicien y que la población saque las conclusiones sobre esta nueva hipocresía del intendente”.

“Se jacta y una de las cosas que más ha dicho es que Bahía había recuperado la transparencia y la institucionalidad. ¿Acomodar a los que más le conviene es legal? Sí, es legal. Pero esto no es un acuerdo político ni la búsqueda de ocupar cargos estratégicos con los mejores”.

“Nunca en la historia de Bahía se designaron los jueces de Faltas así y será un hito más de Cambiemos. Llegaron, supuestamente, para mejorar las cosas y en esto lo han hecho peor. La propuesta de la oposición buscaba poner en papel lo que siempre había ocurrido a la hora de designar los jueces de Faltas -por lo menos desde el regreso de la democracia- buscando la aprobación de todo el paisaje político y siempre se había obtenido”.

Ayer, los bloques opositores propusieron realizar un concurso abierto de antecedentes y oposición en donde se evalúen competencias, idoneidad, habilidades y criterios jurídicos.

“Tenemos universidad pública, Colegio de Abogados, justicia en todos los niveles, universidades privadas. Habría dónde encontrar recurso humano para estas cosas. Se pide que se abra el juego a todos los abogados con matrícula. Luego el Concejo elabora una terna para que el intendente termine eligiendo”, explicó Mandará.

Parece que el impoluto “Sr Submarino” que solo aparece ante los bahienses cuando está en juego algún cargo electivo se olvidó de cómo eran los procedimientos para la selección de jueces de faltas… pic.twitter.com/oNmVsa4H7e

Respecto al tweet del secretario general del municipio, Tomás Marisco, el edil comentó que “hay que remontarse 2005, ¿dónde estaría Marisco en ese entonces? La de Lopes fue la propuesta de Germani. Hubo una exposición ante los concejales de todas las bancadas y una plena certeza de que era persona absolutamente apta para el cargo”.

“Después lo que sucedió es que se había propuesto a un candidato, que se llamaba Greco, que no reunía a criterio de muchos concejales las condiciones, aún teniendo un magister sobre Derecho Penal. El ejecutivo retiró la propuesta, apareció el doctor Caimani, expuso ante los concejales, se le pudo preguntar, analizar y obtuvo la conformidad”.

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“Los dueños de La Nueva son familias que se han agarrado terrenos de aquí para allá”

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“El padre del dueño de La Nueva se quiso agarrar 33 hectáreas de lo que era la Villa Amaducci y lo perdió. Ese señor lo que hizo fue comprar boletos truchos”, dijo el abogado Leandro Aparicio en respuesta a quienes lo acusan de instigar la toma en Spurr.

El diario La Nueva Provincia, propiedad del empresario Gustavo Elías, y el jefe de la Policía, Claudio Petrizan, difundieron un audio privado entre el abogado y vecinos que participan en el reclamo de las tierras.

“Es un reclamo que tenemos que hacer, en los gobiernos anteriores le han regalado a los amigos del poder lo que han querido. ¿De dónde sale todo esto? De La Nueva, los dueños de La Nueva son familias que se han agarrado terrenos de aquí para allá”.

En diálogo en FM De la Calle agregó: “Lo que más me preocupa que como (el gobierno) no tienen sensibilidad, tal vez crean que reprimiendo puedan conseguir más votos”.

Aparicio recordó que “el lunes a la mañana iba caminando por la plaza y los vi. Me explicaron que varias personas habían sido detenidas, menores y mayores, la semana anterior y que querían continuar con la toma”.

“Lo que hice fue ver la causa al otro día. Cuatro personas se reunieron con Enrique Gandolfo y otra compañera y de esa charla es el extracto donde los aconsejé y les dije que la toma es una posesión pacífica, no era un delito. No lo digo yo, lo dice el Código. Y a partir de ahí se sucedieron todos estos episodios que tienen otro trasfondo y van para otro lugar”.

El abogado destacó que “la Resolución 707/19 de la Suprema Corte, en virtud de las tomas multifamiliares, le da un protocolo a los fiscales: antes de mandar a reprimir tienen que ir ahí, hacer un control y determinar si el desalojo va a ser más eficiente que dejar todo como está, tienen que hacer un relevamiento con trabajadoras sociales y toda una serie de medias previas”.

“Ahora bien, eso es jurisdicción provincial, no sé si sería aplicable en el caso que actúe la justicia federal”.

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Toma en Spurr: “El gobierno criminaliza la pobreza”

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Integración Ciudadana manifestó que la respuesta del municipio ante la toma de terrenos en Spurr por parte de más de 400 familias “no hace más que desviar el problema sin hacerse cargo de la realidad bahiense”.

La abogada María de los Ángeles Rosón señaló que “tanto el secretario de Gobierno (Fernando Compagnoni) como (Héctor) Gay han referido que el fundamento de la actuación de vecinos es únicamente una cuestión política”.

“Esto es, una vez más, una demostración de no hacerse cargo de esta realidad acuciante de un sector de la población que es el que menos recursos tiene, que no tiene en empleo y que sufre los avatares de las políticas de este gobierno”.

Rosón dijo que “para este gobierno hacer valer la ley es aplicar la ley Penal, es dar intervención a la justicia de Faltas. Entendemos que hay una criminalización de la pobreza”.

“La actitud del Municipio es congruente con la seguida en todas las expulsiones desplegadas durante el actual gobierno. Es decir, una clara manipulación de la ley, ejercer un rol sancionador evitando hacerse cargo de la pobreza y de los vecinos que no tienen acceso a sus necesidades básicas”, reza el comunicado.

Para la dirigente, “no hay acciones anteriores a esta situación, esto es desencadenante, no siguen ningún protocolo”.

Respecto a las indicaciones de la Suprema Corte para casos como este, destacó que “se tiene que hacer un informe socioambiental, tomar contacto con las familias, quiénes son, ¿son 400 familias que nacieron de un día para el otro en un estado de vulnerabilidad? El Estado tiene que intervenir previamente. Desde luego que debe ser dificultoso. Ahora, mucho más dificultoso es afrontar el problema”.

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Toma de tierras: ¿Para qué sirve un intendente?

(Por Astor Vitali) Nuevamente las tomas de tierras expresan un tema central para la comunidad bahiense: el déficit de vivienda. Ante la falta de planificación de los sectores económicos que concentran las riquezas y la consecuente inacción de sus expresiones partidarias, en cambio, buscan soterrar esta desesperante realidad a través de operaciones mediáticas y políticas.

La economía contemporánea argentina arroja una regularidad: a los trabajadores y a las trabajadoras del siglo XXI no les alcanzan sus salarios (aun juntando dos) para cubrir sus necesidades básicas, entre las que se encuentra la vivienda. En los últimos años he visitado diferentes tomas y pude verificar, entrevistando a muchos ciudadanos, que la composición general de quienes llegan a la decisión de buscar un terreno para edificar reúnen varias similitudes: a) se trata de personas asalariadas o trabajadores subocupados; b) sus ingresos no les permiten costear el precio de vida digna; c) la acción de la toma no implica la apropiación (mal vista por nuestra legislación de carácter capitalista, aunque exista el derecho constitucional a la vivienda) sino que buscan un lugar y piden a gritos que el estado arbitre los medios para disponer de esas tierras (casi siempre públicas) y fije una forma de pago para acceder a ellas.

El caso de lo ocurrido en el barrio Spurr estas últimas semanas es paradigmático. Unas cien familias de laburantes (ahora muchas más), ante la imposibilidad de acceder a una vivienda debido a que sus ingresos bien habidos no alcanzan, deciden tomar terrenos. De inmediato, solicitan una reunión con el intendente Héctor Gay, quien debería velar por el bienestar de la comunidad, con el fin de generar herramientas desde la política para que quienes se encuentran en la toma puedan comprar las tierras a través de un plan de pagos.

La respuesta del intendente es no recibirles y delegar la tarea en su secretario de Gobierno. Al recibir a un grupo de delegados, Compagnoni afirma que no puede hacer nada y a otra cosa.

En este estado de desamparo de lo público, las familias buscaron asesoramiento legal. Por su parte, la CTA, como siempre lo ha hecho, se solidariza con las familias sin techo y repudian la represión. Las declaraciones de los fanáticos oficialistas de estas horas han llegado hasta el ridículo de intentar criminalizar la solidaridad ante hechos sociales de tamaña magnitud. Ni el más aventurado de los conservadores de antaño hubiera estirado sus anhelos punitivos.

El domingo por la mañana, el grupo de gobierno de la ciudad decide emprender una campaña de estigmatización a través del holding La Nueva. Dan a conocer un audio en el que el abogado Leandro Aparicio sostiene: “Hoy fui a ver la causa y la instructora me dijo que no hay nadie imputado. (…) Con esto quiero decirles que si ustedes se organizan y de manera pacífica intentan tomar posesión de esos terrenos más allá de un eventual desalojo que pudiera hacer quien traiga los papeles y diga que es el dueño de esos terrenos le tendrán que hacer un juicio civil de desalojo. Yo les aconsejo que no corten ninguna ruta, ninguna calle ni ninguna vía porque esos son delitos federales”. Luego les expresó que convocaran a medios de comunicación y que convocaran a las fuerzas políticas para expresar que no hay ningún tipo de delito. Además, les sugiere, “no responder a las provocaciones que haga la policía” y que ante cualquier anomalía de la policía llamar a los medios y a él.

Montados a esta publicación, el grupo de gobierno desconoce totalmente la necesidad de estas familias e intenta ensayar el archisabido recurso estigmatizante de que la toma ha sido instigada “desde afuera” y el intendente dice que “no es el camino”. Omite señalar cuál sería el camino, dado que las familias solicitan precisamente la búsqueda de consensos con el estado para arribar a buen puerto.

El presidente del Colegio de Abogados, Rafael Gentili, dijo en su radio amiga que podría tomarse como “hostigamiento (sic) para cometer un delito”. Que “no es especialista en Derecho Penal” pero que entiende que configura un delito. Sin más, realizó esta grave acusación. Si bien siempre hay dos lados de una biblioteca, hay letrados que sólo consultan la más limpia y más pulcra. Nada dijo el colegiado de la violación del artículo 153 bis del Código Penal en tanto se difundió, por una lado, una conversación privada y, por otro, una conversación confidencial entre cliente y abogado.

La municipalidad dice que no puede hacer nada porque los terrenos son del ferrocarril lo que a todas luces es ridículo. Si una función tienen los estados y la política es arbitrar los medios (que sólo están en manos de lo público) para dirimir este tipo de conflictos. No es cierto que no puedan evaluar alternativas mediante una negociación política sea con el sector ferroviario o con cualquier otro privado. Lo que hace el municipio es lavarse las manos, dejando a ciudadanos y a ciudadanas sin la protección que debería brindar y además instan a la criminalización del legítimo reclamo de vivienda, como se desprende de las declaraciones del abogado del municipio Gustavo Avellaneda quien sentenció que se trata de un delito (contradiciendo el artículo 181 del Código Penal) y recordó que días atrás, cuando comenzó la toma, hubo 19 detenidos. Buscan que la policía resuelva por la fuerza un problema que es político y de orden público.

El accionar del abogado Leandro Aparicio es lisa y llanamente razonable ante el requerimiento de auxilio de ciudadanos en el marco de un estado de derecho sobre el que se basan para legítimamente reclamar acceso a la tierra para construir sus viviendas. Muchos de estos vecinos y de estas vecinas han señalado, incluso a través de nuestros micrófonos, que ya habían solicitado respuesta en el ámbito público.

El colmo de la zozobra institucional lo podemos encontrar en las declaraciones de Compagnoni (¿Cuánto cobra Compagnoni?) quien les ofreció ser escuchados por la agencia de Políticas Sociales. ¿Qué puede hacer esta secretaría más que ofrecer algún que otro plan? ¿Cómo se puede responder con tarjetas a quienes buscan solución para su vivienda?

El intendente municipal, Héctor Gay, a quien hay que reconocerle un grado de coherencia acérrima en su política antipopular, dijo que no es el camino. ¿Cuánto cobra Héctor Gay? ¿Quinientos mil pesos mensuales? ¿Cómo se atreve a decirle a cientos de familias desesperadas por la situación económica de la que es en parte responsable que “no es la forma”? ¿Desde qué lugar se siente éticamente habilitado para aseverar tal cosa?

El episodio de la toma de viviendas en el barrio Spurr va cerrando el último capítulo de un gobierno que ha sido totalmente hostil al conflicto social y absolutamente insensible e indiferente a las necesidades de la comunidad de Bahía Blanca.

Por último, las fuerzas políticas en un contexto electoral ¿qué posición van a tomar frente a esto? ¿Se harán eco de la hipocresía de la bahía blanca y de su biblioteca pulcra o pondrán por delante los intereses de la comunidad y de aquellos sectores más perjudicados de las políticas económicas y pondrán la cara allí o le dirán al intendente: miré usted debe ocuparse de esto? ¿O resulta piantavotos la solidaridad?

Esperemos que en los próximos días el reclamo tenga un desenlace favorable bajo la responsabilidad política única del intendente Héctor Gay y que no encuentre como en otras oportunidades la salida en la represión y el hostigamiento de los sectores más pobres de nuestra comunidad.

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Déficit habitacional: continúa la toma en Spurr

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Unas 400 familias permanecen desde el lunes en una toma de terrenos en el barrio Spurr. Ayer, efectivos de la Policía Federal y la Bonaerense concurrieron al lugar con intenciones de realizar un censo.

Esta mañana se reúnen en asamblea para definir cómo seguirán con su reclamo de acceso a la vivienda.

Estefanía Escobar, vecina que participa en la toma, comentó a FM De la Calle la situación que atraviesan.

“Llegamos acá porque hay muchas personas que no tenemos un hogar, no queremos nada gratis, no nos negamos a pagar. Está muy difícil, es imposible alquilar. Estamos haciendo una toma pacífica. Vamos a seguir luchando pacíficamente hasta que nos den respuesta, no nos vamos a mover”, dijo.

“Fuimos a hablar a la Municipalidad, nos dijeron que nos querían ayudar con ayuda social y eso no paso en ningún momento. Nosotros estamos luchando por una tierra digna, no queremos nada gratis. Hay un basural en una parte, los de la Muni dicen que no hay tierras para dar pero hay tierras para tirar basura, mugre”.

El secretario de gobierno, Frenando Compagnoni aseguró que “no podemos permitir que después de las PASO determinados dirigentes llamen a voltear gobiernos y hacer cosas fuera de la ley. Hemos constatado declaraciones de dirigentes en este caso puntual porque esta la intervención de un letrado. Es lo que ha circulado en un audio, hay intervención de centrales de trabajadores, declaraciones de propios dirigentes que esperamos que tengan otros roles”.

Escobar también se refirió al audio del abogado Leandro Aparicio que difundió la policía y La Nueva Provincia señalando una posible incitación a la toma de tierras.

“El no nos incentivó a nosotros, nos orientó para que vayamos por lo bueno para que no nos metamos más en problemas porque ya había chicos que habían estado presos”.

“Yo vine con mi hija de 4 años, trabajo no hay, he tirado currículum y no consigo trabajo y nadie te ayuda. Así como yo hay muchas mamás”.

Por la tarde, Daiana contó que “al gobierno le pedimos una solución. Voy a difundir el audio de (el abogado comunal Gustavo) Avellaneda donde nos dice que no tienen soluciones para nosotros. Es mentira que nos brindaron ayudas no hicieron nada”.

Resaltó, además, la participación del abogado Leandro Aparicio: “Él no dijo nada, ni nos incitó a hacer nada. Esto ya estaba tomado y fuimos detenidos 20 personas, entre ellos dos menores y cuatro mujeres. Por ese tema fue que lo contactamos. Estamos luchando por un terreno para todos y necesitamos apoyo”.

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Escapes, Dow, CTE y contaminación: un diálogo con la subsecretaria de Gestión Ambiental

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A 19 años del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa en el polo petroquímico de Bahía Blanca, FM De la Calle conversó por primera vez con la subsecretaria de Gestión Ambiental del intendente Héctor Gay (Cambiemos).

Sandra Pérez comenzó su carrera como ingeniera química en la planta de YPF en el polo petroquímico  de Ensenada. En Bahía Blanca se desempeñó en Solvay, Petrobras y Profertil (1990-2005). Ocupó varios cargos en la Municipalidad de Adolfo Alsina. Es vicepresidenta del Club de Leones Bahía Blanca Palihue.

A principios de año reemplazó a Adriana Chanampa en el municipio.

Es la primera vez que hablamos, le pido una breve presentación personal, profesional, y de la política ambiental que lleva adelante.

Soy ingeniera química, hace seis meses que estoy a cargo de la Subsecretaría. La política ambiental que se lleva adelante es una continuidad de la política ambiental comenzada por el intendente desde el 2015, cuando se hizo cargo de la intendencia. Yo soy una continuadora de esa política, respetando todo lo que tenga que ver con la legislación y las buenas prácticas del arte.

Es un día que ha quedado en la memoria de la ciudad por el escape de Solvay Indupa, ¿usted estaba en Bahía en ese entonces?

Sí, sí.

¿Qué recuerdo tiene?

Que hubo un escape de cloro. ¿Recuerdo en qué aspecto? No entiendo la pregunta.

No es un hecho más en la ciudad, motivó cambios legislativos, preocupación social…

Seguramente, pero los tiempos han cambiado mucho. Ahora, los controles, la vigilancia que hay sobre las empresas del polo petroquímico es mucho mayor que la que podía haber en ese momento. Por supuesto, por mi formación química, yo sé los riesgos de que el cloro esté en el aire, como otros productos químicos que pueden estar en el aire y, si las concentraciones son superiores a los límites permitidos, pueden tener algún riesgo en la salud de las personas.

La verdad es que fue hace 19 años, a uno se le pierde un poco… En ese momento no tenía ningún tipo de relación con la empresa Solvay Indupa, con lo cual pasaría a ser en ese momento público en general y la información que tuve fue a través de lo que se divulgó por los medios de comunicación.

Han cambiado algunas cosas y otras tal vez no. En materia de seguridad le toca ocupar un cargo que cuenta con herramientas que son producto de aquel episodio, desde lo legal y lo administrativo.

Sí, la creación de CTE (Comité Técnico Ejecutivo) que se pensó como un organismo que tuviera el control y la vigilancia preventiva del desempeño. Si bien también, internamente, desde las empresas se han desarrollado sistemas de control, las empresas se han modernizado por la modernización del equipamiento, tienen mayores circuitos de seguridad que los que estimo existían en ese momento. Creo que el panorama es muy distinto.

Sin embargo hay episodios que siguen causando preocupación, es imposible eludir lo que sucedió recientemente en la ciudad que es la explosión en la planta de Dow. ¿Qué visión tiene y cómo han actuado desde la Subsecretaría?

Nosotros ante el aviso de Dow, se puso, se disparó el Proceso Apell y todos los controles del CTE y bueno, estamos, se hicieron las actas y las verificaciones correspondientes y Dow está analizando con sus técnicos, alguna información es pública sobre lo que ha pasado. Nosotros estamos atentos a toda la información que Dow nos haga llegar. No obstante, empresas y plantas con la complejidad de Dow u otras del polo petroquímico tienen los procesos y procedimientos para investigar exactamente y llegar al final. Ellos son los primeros interesados porque desde ese momento las dificultades y disminución en la producción de Dow son notorias.

¿Hoy hay algo que esté funcionando o está totalmente paralizada la planta?

Según tengo entendido está paralizado.

Hubo una explicación formal de la empresa que se remitió al CTE y luego al OPDS. ¿Está de acuerdo en que la causa de la explosión del cracker BB2 fue por un error humano?

También hubo profesionales de la Universidad Nacional del Sur que me merecen mi mayor confianza. Con lo cual, si estos profesionales dan un informe -que no hemos recibido formalmente pero lo he visto en las publicaciones en las redes, en los diarios- y también se han hecho los informes pedidos por el CTE, yo no tengo por qué suponer que no fue eso lo que sucedió.

El informe judicial dice que faltaba un dispositivo de seguridad que aún ante un error humano hubiese evitado la explosión si hubiere estado.

Por eso le digo, la información que obra en todos estos estamentos no tengo por qué suponer que no fue eso lo que pasó. La información la tengo, sí, pero ¿por qué usted cree que yo puedo suponer que no fue eso lo que pasó?

Pregunto porque hablamos con el CTE y dijo que la explicación de Dow le parecía razonable, que era una de las hipótesis que barajaban y remitieron la documentación al OPDS. La pericia judicial agrega otro dato.

La autoridad de aplicación es el OPDS, así que lo que diga el OPDS lo acataremos.

¿Es correcto que no haya habido ningún tipo de infracción por parte del CTE ante la explosión?

La infracción la hará el OPDS si lo considera pertinente en este caso.

Tal vez tendrá su explicación técnica pero cuesta comprender por qué ante los ruidos de la termoeléctrica se labran habitualmente infracciones y este episodio, que causó tal preocupación, no ameritó ni siquiera una infracción o un acta del CTE.

Bueno, es su opinión, yo la respeto.

No, se la transmito para ver si tiene algún tipo de explicación.

No tengo nada que decir al respecto.

¿Charlaron con el intendente la posibilidad de tomar algún otro tipo de medidas respecto a Dow más allá de la tarea de la justicia o el trámite que pueda cursar el OPDS?

No, no, no lo charlamos.

Lo que queda en evidencia, y lo han dicho el propio intendente y varios funcionarios, es que los sistemas de aviso, de emergencias, ante el cambio tecnológico, las fake news y demás, han quedado obsoletos o no adecuados al ritmo de la información en la actualidad. ¿En qué modificaciones están pensando como alternativas de seguridad, información, Proceso Apell?

Bueno, se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora.

¿Por ejemplo?

Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado.

Hay una información que surge de algo que usted planteó en la reunión de la semana pasada del CCyM, respecto de las coordinaciones del CTE y el Proceso Apell. ¿Van a llamar a concurso?

Sí, hay un concurso abierto… Bueno, aclaro que ese no fue el motivo de la convocatoria de la nota. Le estoy contestando sobre temas que no fueron el motivo de convocatoria de la nota pero se lo contesto.

El CCyM ha presentado una nota que está a consideración del secretario de Gobierno.

¿Tiene algún tipo de vinculación con la explosión, era algo que estaban pensando?

No, absolutamente. Se terminaron los contratos. Tienen un tiempo de vigencia, una posibilidad de prórroga y hay que llamar a concurso.

¿Ya están vencidos?

No, las prórrogas vencen a fin de año. Hasta entonces tenemos tiempo para terminar el concurso.

Las instituciones del CCyM pidieron poder opinar…

Exactamente, es lo que le decía. Está a consideración del secretario de Gobierno.

¿El suspender los concursos?

No sé exactamente qué resolución va a tomar, lo puse a consideración de él y estoy esperando respuestas.

¿Qué opinión tiene respecto de las causas judiciales sobre la contaminación en la ría en la cual la Municipalidad es parte demandada?

No, no, prefiero no opinar porque ese no era el motivo de la charla. Hoy era el 19 aniversario de los escapes.

Sí, le pedimos una reflexión sobre eso pero me parece que son temas todos conectados con la preocupación ambiental.

Sí, está bien, tendría que releer los informes.

Podemos quedar para otro momento.

Sí, yo aviso, yo les aviso.

Llamamos la semana que viene, ¿quiere?

Sí, yo les aviso.

No le hemos preguntado nada que esté por fuera de su órbita y esperamos no haberle faltado el respeto.

No, está todo bien, está todo absolutamente bien.

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Explosión en Dow: ¿No hubo infracción por decisión política?

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El presidente de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, dijo que tienen información que advierte que el equipo de medición de ruidos del CTE “tomó valores por encima de los permitidos en el momento de la explosión (en Dow) y la empresa no fue infraccionada”.

“De confirmarse, es algo grave que se haya tomado la decisión política de no infraccionar a la empresa”, dijo esta mañana en el marco del 19º aniversario del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa. Tanto la asociación como el Concejo Deliberante requirieron los datos registrados.

Zerneri explicó que el ingeniero mecánico que estaba a cargo del monitoreo de ruidos fue a capacitarse a España, consiguió un empleo y se radicó allí. “Todavía no fue reemplazado dentro de la plantilla (del CTE). Cuando ocurre lo de Dow  ya había renunciado, no estaba. Él era el especialista”.

Respecto a los escapes del 2000, el dirigente ambientalista afirmó que hubo “un avance muy importante en los primeros 10 años, había que poner en marcha la Ley Tunessi, adecuar sus herramientas, capacitar a la gente que tenía que estar en las plantas”.

“Hay otros temas que han quedado pendientes: darle estabilidad al personal del CTE, definir cuestiones con respecto a la frecuencia del monitoreo en el estuario, hay que reglamentar la ley 12530”.

Zerneri señaló que “todo el personal del CTE, excepto administrativos, están bajo un contrato, no tienen estabilidad en sus cargos. Es preocupante porque ante situaciones como estas, en las cuales se pone en tela de juicio el funcionamiento de organismos, la política suele cortar el hilo por lo más delgado”.

Días atrás, las autoridades municipales abrieron concursos para renovar las coordinaciones del Comité Técnico Ejecutivo y del Proceso Apell.

“Es bastante sugestivo que justamente -porque es una decisión política hacer esto- se quieran reconcursar en la puerta de una fecha en la que puede haber cambio de autoridades en lo local porque atentaría contra la estabilidad del sistema, que a dos meses de un cambio de autoridades se ponga en funcionamiento un mecanismo de elección de personas nuevas en cargos tan sensibles”, sostuvo.

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Vuelven al escenario previo a las PASO

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El economista Francisco Cantamutto comentó las medidas anunciadas por el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien reemplazó al renunciado Nicolás Dujovne.

“Dijeron que van a aguantar el dólar entre las bandas de 58 y 62 pesos, que es el esquema que teníamos antes, y que se van a seguir cumpliendo las metas de déficit fiscal pautadas con el FMI. Básicamente lo que dijo Lacunza es ‘volvemos al escenario pre-PASO'”.

“Lacunza es un ortodoxo, les parece que esto es correrse del programa y que hay que volver a ganar credibilidad. Para la economía ortodoxa se trata de reglas claras y credibilidad. Eso de salir con un programa alternativo minimiza el impacto pero, por otro lado, es un problema porque es correrse de lo que vinieron a hacer y en eso mina la credibilidad. Entonces, dicen ‘volvemos al plano original y de acá no nos movemos’. El problema de esto es que esa credibilidad ya fue destruida”, dijo Cantamutto.

El columnista de FM De la Calle señaló que el presidente del Banco Central, Gui Sandleris, dijo que “el sistema financiero está bien, lo cual en cierta medida es cierto. La semana pasada no se puso peor porque lo que fue una corrida bursátil no llevó a una corrida del sistema financiero”.

“Los bancos están con mucha liquidez, lo que dijo es que para dotarlos de tranquilidad, han logrado retener los depósitos, dijo que subieron las tasas del intereses de Leliq al 75% y con eso le pidieron a los bancos que los trasladen a plazo fijo”.

En conclusión: “Ni siquiera había que salirse de su esquema de políticas, entonces, la inestabilidad vivida la semana pasada forma parte de la impericia del gobierno porque no es posible que si se puede volver al camino anterior no se haya hecho la semana pasada”.

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Medio ambiente: concursan coordinaciones del CTE y APELL

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La Municipalidad concursará los cargos de los coordinadores del Comité Técnico Ejecutivo y el Proceso Apell. La noticia fue comunicada en la última reunión del Comité de Control y Monitoreo y motivó la presentación de una nota pidiendo su suspensión.

Los trámites se iniciaron el 3 y el 18 de julio, luego de la explosión en el craker BB2 de la planta de Dow. Los expedientes se encuentran hace varios días en la Subsecretaría de Capital Humano.

La búsqueda de reemplazantes para César Pérez y Daniel Ayala fue anunciada la semana pasada por la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, en el encuentro mensual del CCyM.

Horas después, integrantes del organismo consultivo y de asesoramiento presentaron una nota en el municipio solicitando que el proceso para concursar los cargos sea detenido “a fin de ser evaluadas por el CCyM, las condiciones y posibles modificaciones para dar estabilidad en el cargo a las posiciones mencionadas”.

La carta lleva las firmas de representantes de la Universidad del Sur, la delegación local del OPDS, el Consorcio de Gestión del Puerto, la UTN, la Sociedad de Fomento de Ing. White, la Unión Industrial, la cooperadora del Hospital Menor de White, la Mesa Coordinadora de Consejos y Colegios Profesionales del sur bonaerense, el Sindicato de Petroquímicos y el Concejo Deliberante.

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Nueva ordenanza para la ocupación de las veredas

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El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que establece modificaciones para la ocupación de veredas, de manera que faciliten la accesibilidad de personas con discapacidad.

La normativa es producto de un año de trabajo del Observatorio de Derechos para las Personas con Discapacidad y la Fundación Diser.

Mara Recondo explicó cómo serán las distancias que se deberá respetar: “Un metro cincuenta de la pared hacia afuera y setenta centímetros de cordón, en veredas más grandes, un metro setenta. En las veredas que son más chicas de un metro cincuenta no se puede poner nada, la ordenanza que estaba vigente regulaba solamente la actividad gastronómica”.

La medida no es arbitraria sino que “en el Observatorio trabajamos con diferentes comisiones. Hay una que es de accesibilidad, hay un arquitecto e ingeniero que trabajan, este metro cincuenta surge de que dos personas, tanto como quien va en silla de ruedas con acompañante o dos personas con discapacidad. Recavamos información e hicimos la prueba territorial y ese metro cincuenta es el espacio óptimo”.

“Vemos en muchos lugares estos cerramientos, en restaurantes, en ferreterías también. Estos cerramientos tienen que estar autorizados sobre planeamiento urbano y el rol muy importante de fiscalización”.

“El espíritu del observatorio no es la sanción, culturalmente necesitamos tener esta sanción como está establecido en el artículo de la ordenanza que habla de clausura o decomiso de los elementos si no se cumple. Somos hijos del rigor, si no tenemos amenaza no cumplimos. Está penado con multa, hay reincidencia por si no se cumple, está la posibilidad de clausura o decomiso de los elementos”, comentó.

Respecto del tránsito, Recondo comentó que “si bien está la ordenanza vigente, no pudimos aumentar la cantidad de boxes reservados para personas con discapacidad. Eso depende del Ejecutivo. Hablamos con Ramiro Frapiccini, el director de Tránsito. Hay 38 boxes, ocho no son funcionales. 30 para todo Bahía Blanca es muy poco”.

“En la ordenanza que se aprobó las facultades se transfirieron al Ejecutivo para pintar y delimitar esos boxes”, concluyó.

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Juzgados de Faltas: las candidaturas se votarían la próxima semana

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El concejal de Unidad Ciudadana, Walter Larrea opinó en FM De la Calle acerca de las candidaturas de la ex secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monardez y el actual secretario del bloque Frente Renovador, Carlos Salgado, para ocupar los Juzgados de Faltas. Los pliegos se tratarán en la próxima sesión.

“Nos hemos opuesto, no estábamos de acuerdo con el pliego de Monardez, creíamos que no tenía los antecedentes que se necesitan. Nos parece que esto tenía que tener una conversación, entró por vía normal y la se va a tratar la semana que viene”.

Respecto a Salgado, Larrea señaló que “en lo personal tengo un muy buen concepto, sé de su expertise nos parece que esto tiene que tener un tratamiento más de consenso, conversarlo, elevar una terna, con lo cual no te puedo adelantar cuál va a ser nuestro criterio”.

“Es cierto que la administración de la justicia de Faltas necesariamente tiene que tener una continuidad, es cierto que Germani se jubila en diciembre, ahora parece que en septiembre, y esto ameritaría algún apuro. Me parece que no se puede decidir así, con mayoría o con doble voto del presidente”.

Larrea manifestó que “esto es un acuerdo del concejal Roberto Ércoli que ha acompañado al menos estos dos años, sin excepción alguna, las iniciativas del oficialismo. Incluso cuando el oficialismo perdió mayoría con la salida de Schieda, el concejal siempre estuvo acompañando. No sé si tendrá que ver con una devolución de favores, el voto de Ércoli no va a tener ningún tipo de sorpresa”.

“A lo mejor es una devolución de gentilezas, sin que esto implique un juicio de valor, porque aunque lo querramos vestir con otras ropas la designación de Salgado va en este sentido”.

Por último, comentó que “hay cuestiones que no se pueden saldar por diferencias ideológicas insoslayables. El tema de la aplicación de la ley y la designación de funcionarios, queremos dignificar esa función, ojalá sea alguna posibilidad de alcanzar consenso”.

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