(Canal Abierto) La trama de crímenes, ocultamientos y maltratos por parte de las distintas instancias policiales, judiciales y de gobierno implicadas en la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro narrada en primera persona por su madre.

Mentiras, aprietes y displicencia por parte de la Policía Bonaerense. Actuación dolosa por parte del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. Intencionalidad del ministro de Seguridad de la Provincia de orientar el caso en una dirección que exonere a la policía que está bajo su cargo. Cada una de estas circunstancias dejan ver una trama tristemente inscripta en la historia de los desaparecidos en democracia.

La lucha de Cristina la madre de Facundo. El acompañamiento de Nora Cortiñas y los organismos de derechos humanos, parte de nuestro baluarte político más preciado.

“Yo estoy segura que es Facu. Me llaman mamás con hijos desaparecidos y me dicen: ‘Cristina vos rompiste mucho las pelotas por eso te están devolviendo a tu hijo, sino no lo encontrarías nunca’”, sostiene en esta charla Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro.

Santiago Sacoccia junto a otres familiares de víctimas impulsan un proyecto de ley para que les permita una mayor intervención en las causas judiciales en el territorio bonaerense.

“Lo más importante es ser parte del proceso penal, eso te da derechos a ser escuchado, a aportar pruebas, lo mismo que tener un abogado para víctimas gratuito que te represente en el juicio. También negarte a la liberación de personas que hayan cometido homicidios de cualquier clase incluidos los viales”, dijo a FM De la Calle.

Saccocia es el padre de Facundo, joven que murió tras ser atropellado -el 10 de marzo de 2018- por el puntaltense Alexis Sturzenegger.

Luego de un encuentro con legisladores/as de Juntos por el Cambio, Saccocia explicó que “esta semana el proyecto va a la Comisión de Legislación General que se tiene que expedir el 25 y de ahí tienen esperanza que, el 10 de septiembre que hay sesión, pueda ser votado”.

“No conocemos la postura del oficialismo, no hemos tenido reuniones. Lo que nos comentaron es que varios puntos que les marcaron ellos los han corregido así que más o menos está consensuado”.

Estrellas Amarillas

La asociación Estrellas Amarillas propuso al Municipio la incorporación al examen para obtener el carnet de conducir de una pregunta vinculada al significado de la señalización de lugares donde hubo víctimas fatales en incidentes de tránsito.

“Queremos que la estrella amarilla pase a ser contenido teórico en las licencias de conducir, su significado, qué representa, que esté en la parte de las señales de tránsito. Hablé con el director de la Agencia de Seguridad Vial municipal y me dijo que estaba incorporado y que solo faltaba cargarlo en internet”, finalizó Saccocia.

El colectivo de hijes se autodenominó Historias Desobedientes. Busca “desobedecer a lo injusto, a lo que es aberrante, intolerable”. Se conformó a mediados de 2017 en el contexto de movilización contra el 2×1 para genocidas que pretendía habilitar la Corte.

Su primera iniciativa fue un proyecto de ley que les habilitara a declarar contra sus familiares directos. El Código Penal impide denunciar a cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos/as salvo que el delito fuera en su contra o de un pariente de igual grado o más próximo.

Daniel Argibay pudo declarar ante el tribunal oral bahiense porque su padre Jorge Oscar y su hermano Pablo Francisco –dos de los asesinos de Watu Cilleruelo- están muertos. Pablo es hijo del médico militar Julio Alejandro Verna, quien le confesó su participación en vuelos de la muerte. También pudo decir lo suyo en el juicio por la Contraofensiva Montonera.

“Previamente se dio un debate importante, se hablaron de un montón de aspectos que a su vez cualquier tribunal puede considerarlos válidos. Dos de los tres jueces admitieron mi declaración apoyándose en el fundamento de que mi padre no es imputado en ese juicio”.

En cuanto a su repudio al accionar criminal de su progenitor, Verna explicó que “hay compañeras en el colectivo que se han enterado frente a prisiones o elevaciones a juicio y cayeron en la cuenta. No pudieron seguir desconociendo lo que era evidente, tomaron conciencia y se pararon sobre sí mismas y siguieron adelante”.

“El mío fue un camino largo y progresivo, de muchos años, hubo momentos coyunturales donde tomé mis decisiones, que fueron difíciles, para no sostener esta complicidad con el silencio”.

“Nunca me sentí interpelado por la comunidad. Los genocidas, por lo general, mientras no estén condenados ni señalados de ninguna manera no trascienden. Si yo no hubiera dicho nunca nada, mi padre caminaría por la calle como si nada hubiera ocurrido”, contó.

Algunes cuentan con el apoyo de sus familias y otres “quedaron absolutamente solos y solas”. “Nuestro colectivo está integrado también por nietos y nietas de genocidas. Mis hijos están del lado contrario a los genocidas, nos apoyan pero en algunos casos no deciden militar activamente”.

“Lo que hicimos fue lo que necesitamos hacer. Así como dijo Daniel, es reparador. Es sanador que nos escuchen, cada militante del movimiento de derechos humanos que se toma un rato para escucharnos expresar qué es lo que sentimos y qué nos pasa, habla de un encuentro. Venimos de un camino distinto, pero claramente nos paramos en la vereda contraria a la de los genocidas y en ese punto coincidimos”, concluyó.

En la columna de Salud de FM De la Calle, el médico Horacio Romano entrevistó a la hematóloga del Hospital Penna Susana Garbiero. La especialista explicó cómo funciona el área de donación de plasma de personas recuperadas para el tratamiento de pacientes con Covid.

“Desde que se declaró esta pandemia a nivel mundial, una de las herramientas que empezaron a tallar en los tratamientos es la inmunización pasiva, esto quiere decir trasfundir anticuerpos preformados a pacientes que pasaron una enfermedad un poco más severa. Está en estudio y hay unos primeros ensayos que salen a la luz y que demostrarían que es una terapia efectiva”, comentó.

Garbiero señaló que “hay más de 800 trabajos en el mundo que están demostrando que la infusión temprana, entre los primero 7 a 10 días de la enfermedad, a los pacientes internados y más severos, mejora los días de fiebre y el cuadro respiratorio cuando se llega a necesitar asistencia respiratoria mecánica”.

Contó que empezaron a “trabajar artesanalmente, convocando a los pacientes individualmente, hemos tenido bastante éxito, después de meses hicimos una evaluación y teníamos un 8% de pacientes contra la provincia que tenía un 5%. Nos está yendo bien a fuerza de mucho trabajo”.

Con una donación se ayuda hasta tres pacientes: “Se hace a través de una máquina separadora de células y se queda solamente con el líquido, que es el plasma, donde están los anticuerpos, se sacan 600 cm cúbicos y se dividen en tres bolsitas. Hay más de 70 pacientes que han recibido plasma de convalecientes”, mencionó Garbiero.

El protocolo establece tres escenarios, “pacientes con dificultad respiratoria, otros que no, que tiene datos de laboratorio que marcan inflamación que podría desencadenar un cuadro más severo, incluso este protocolo tiene compelido la infusión de personal de salud”.

¿Cómo se eligen les pacientes?

“Esos criterios están determinados por algunos parámetros de laboratorio. Por eso uno insiste en que se mantenga la rueda y que siga funcionando porque imagínense que cada receptor necesita ser abo compatible, es decir, si soy grupo 0 transfunde 0, si soy A transfunde A, por eso es que necesitamos variabilidad. Se puede hacer transfusiones abo no compatible, pero no es lo ideal”.

“Fundamentalmente tiene que tener un nivel de anticuerpo específico. Hay pacientes que reúnen esas condiciones y hay otros que el título de anticuerpo”, concluyó.

Un estudio de la Red de Jueces Penales registró un 295% de superpoblación de personas detenidas en las comisarías de Bahía Blanca.

Las y los magistrados afirmaron que esta “verdadera catástrofe” significa que 5.474 personas están alojadas “en condiciones deplorables de infrahumanidad”. “Esa cantidad, por sí sola escalofriante, equivale –por ejemplo– a 8 unidades penitenciarias como la UP N° 21 de Campana, con capacidad máxima para 690 detenidos”.

Destacan, además, que la situación “distrae muchos recursos humanos, convirtiendo a los empleados y funcionarios policiales en carceleros, en vez de estar cumpliendo con sus funciones en la prevención del delito
y en la atención de las víctimas, pues esas dependencias son centros de atención primaria de la seguridad vecinal”.

“Hay que mirarlo desde varios puntos de vista. El primero son los derechos humanos, es imposible tener personas detenidas de esta manera. El segundo es que la comisaría se transforme en cuasi penitenciaria, los policías no están preparados para ser penitenciarios. Por último, son policías que no van a estar al servicio de seguridad, el sistema de seguridad se ve también deteriorado”, dijo a FM De la Calle el presidente de la Red, Mario Caputo.

El juez agregó que “hay comisarías del AMBA que tienen el mil por ciento de superpoblación si hacemos el desagregado, están amontonados, uno encima del otro, tienen que pedir permiso para poder dormir. Son lugares que usualmente no tienen agua caliente, calefacción, es dramático”.

El magistrado mencionó que “se hablaba de liberaciones masivas, estos números indican lo contrario, tenemos una tasa de prisionalización que es altísima. Tenemos que hacernos cargos de lo que hacemos y advertir estas situaciones. Pretendemos que los poderes públicos nos pongamos a trabajar en la búsqueda de paliativos y soluciones”.

Caputo destacó que “la gran mayoría de delitos de los que estamos hablando son contra la propiedad, robos. Son usualmente personas de grupos vulnerables, después habrá bandas y gente muy peligrosa. Y hay un 14% de detenidos por estupefacientes con fines de comercialización, hablamos de chiquitaje, son sectores que han naturalizado la venta de estupefacientes en lugares muy humildes, no son narcotraficantes, es narcomenudeo”.

Marcelo González es el hermano de la ex novia de Facundo Castro. Efectivos de la Policía Bonaerense lo detuvieron, lo amenazaron, intentaron allanarle la casa, le revisaron las redes sociales y lo persiguieron para que diga que Facundo está en Bahía Blanca o se haga cargo de algún delito en contra del joven desaparecido.

Esta tarde contó a FM De la Calle que su hermana, Daiana, “sufrió dos allanamientos ilegales, le rompieron todo. Me enteré que perdió su trabajo. La está pasando peor que yo. Cuando iba a tomar el colectivo la seguían, de la bajada del colectivo a la puerta de la casa, no tiene ninguna libertad”.

“Esto afectó mi vida normal, psicológicamente estoy mal, no me siento seguro, no salgo a la calle, no quiero cruzarme al negocio de enfrente a comprar por miedo a lo que me pueda suceder. Estoy aterrado”, afirmó.

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Días atrás la fiscalía federal trasladó los hechos a la justicia ordinaria donde se abrieron dos causas para investigar los apremios y amenazas.

González agregó: “Me gustaría que esto se resuelva pronto, que la mamá de Facundo pueda llegar a la verdad, que me dejen vivir en paz, porque soy una persona de bien. No tengo por qué estar atravesando esta situación ni yo ni ningún miembro de mi familia. No nos merecemos esto”.

El hombre de 37 años relató desde su casa que en junio lo fueron a buscar en el marco de la búsqueda de Facundo. “Vinieron dos agentes, le dijeron a mi señora que me tenía que presentar en la comisaría. Llegué de trabajar, llamo a la comisaría para preguntar por qué me buscaban, me dijeron que no me podían dar información, que me tenía que presentar”.

“Me acerqué, me hacen esperar en la sala de la parte de adelante, me ingresaron a un cuarto cerrado con un escritorio. Ingresó el jefe de Pedro Luro, (Fernando) Grilloni. Lo conozco, es una persona alta, de porte grande, usa lentes, morocho, lo reconozco muy fácilmente. Su cara no me la olvido más porque fue uno de los policías que me amenazó todo el tiempo, que me quería obligar a decir que Facundo estaba en Bahía Blanca, que tenía que decir dónde estaba porque me iba a pegar, que si hace falta pegarte unos sopapos para que hables lo voy a hacer. Todo adentro de la comisaría de Burato”.

González agregó: “Me quería involucrar con tema drogas, que consumía cocaína, que Facundo vendía, todo el tiempo queriéndome culpar a mí y a mi hermana, a mi hermano, queriendo desviar la investigación para el lado nuestro, que nosotros nos culpemos de algo que no teníamos nada que ver. Fue un momento muy duro para mí estar encerrado con cuatro policías y que te amenacen y hostiguen, fue una pesadilla”.

“Uno de los policías tenía algo debajo del escritorio, tenía una grabadora, veía que movía la mano, donde yo diga que a Facundo lo vi en Bahía, que Facundo consumía o que yo consumía ya quedaba como una prueba”.

“Había una computadora en el escritorio. Mi teléfono también lo agarraron pero como no tenía datos no pudieron entrar desde ahí, sí desde mi computadora. Abrieron mi facebook entraron al perfil de mi hermana, empezaron a revisar y sacar fotos sin autorización, yo vi cuando los agentes las descargaban”.

González comentó que ante la amenaza entregó los datos de su cuenta “y, desde ahí, ingresaron, buscaron entre mis amigos si estaba Facundo. A Facundo no lo tenía en facebook, lo tuve en whatsapp, después perdí contacto y perdí el número, ahora solamente lo tengo en Instagram”.

“Después me pasaron a otra sala, me tomó declaración un oficial. Separado a eso, me tomó declaración un oficial que fue muy amable, fue el único que estuvo a la altura del caso, me trato bien. Y de ahí me dijeron ‘espera un ratito que le vamos a presentar la declaración al jefe, firma y te vas’. En eso aparece el jefe en la puerta: ‘Llegó una llamada de Bahía que te compromete, vamos a tener que allanar tu casa’”, dijo.

González accedió: “Les abro la puerta de mi casa, revisen todo, no tengo ningún problema, revisen mi vida entera, no tengo nada que ocultar. Me trajeron hasta mi domicilio como un delincuente. Abrí la puerta de mi casa, al ver que estaba mi señora, mi yerno, mi hija y mi sobrino no quisieron entrar”.

“Nunca lo conté por temor, por miedo, por seguridad. De que me pueda llegar a pasar algo a mí, es muy incómodo tener que atravesar esta situación. Tengo dos números de teléfono agendados de Burato, me mandaban mensajes preguntándome si sabía dónde estaba Facundo, que tenía que hablar, después las patrullas pasan todo el tiempo por la puerta de mi casa, me siguieron dos veces con las luces apagadas. Es incómodo, ya no salgo de mi casa por temor a lo que me pueda llegar a pasar, es feísimo tener que vivir así, es lamentable”.

“La única persona que siempre estuvo apoyándome, que admiro y respeto, es el dr. Leandro Aparicio y la mamá de Facundo, Cristina, se mostró siempre preocupada por lo que me estaba sucediendo a mí, a mi hermana, y nos dieron todo su apoyo y gracias a ellos puedo contarlo y hacerlo público”.

Para González el accionar ilegal de los policías está motivado en “encontrar un culpable, sacarse el problema de encima, culpar a una persona inocente, que vive de su trabajo, que nunca tuvo problemas con la justicia, manotear cualquiera al azar y decir ‘este es débil, lo culpo’”.

Por último, manifestó que Facundo es “un pibe bueno, alegre, muy trabajador. El tiempo que conviví nunca tuvimos ningún conflicto. Me da mucha tristeza que no se pueda saber qué pasó con él, impotencia, bronca”.

La incorporación de uno de los secretarios como auxiliar fiscal para coadyuvar en la investigación, la solicitud del Ministerio de Seguridad de la Nación de una copia de la causa para una evaluación integral y la intervención de diferentes áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la desaparición de Facundo Astudillo Castro integran -entre otras- las medidas dadas a conocer en un nuevo comunicado emitido por la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca para dar cuenta del estado de la pesquisa.

La investigación, que continúa por diferentes carriles, apunta a determinar el contexto que rodeó el hallazgo del cuerpo en Villarino Viejo. El cuerpo será peritado el próximo 25 de agosto a partir de las 9.00 en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Rastrillajes y allanamientos

El 12 de agosto pasado, a pedido de la fiscalía, se ordenó el allanamiento y registro del asentamiento de construcciones en la zona lindante a las vías del ferrocarril del ramal Ferro Expreso Roca Pampeano, con el objetivo de incautar elementos, pertenencias y/o cualquier indicio que diere cuenta del paso de Facundo por ese lugar.
La diligencia se cumplió el 13 de agosto, con la participación de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), de la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de esa fuerza, del equipo de canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, de Cinoctecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación, el perito de parte Marcos Herrero junto con un perro de búsqueda, el abogado representante de la querella particular y un hermano de Facundo.

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La medida arrojó resultado negativo. En el marco del procedimiento, se le exhibieron al hermano del desaparecido la totalidad de las prendas de vestir que existían en las viviendas, pero no reconoció ninguna de ellas.

La PFA informó sobre la realización de un nuevo rastrillaje en una zona que no había sido inspeccionada en la Ruta Nacional N° 3, al norte del ramal Ombucta, con un radio de inspección de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, para lo cual se le dio intervención a la Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la División Búsqueda de Personas y Prófugos de la PFA y al personal de del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) con sus canes rastreadores. La medida se llevó a cabo el viernes 14 de agosto.

En relación con el rastrillaje realizado el 7 de agosto pasado, en el que participaron los perros del perito Herrero -sus canes no intervinieron en el procedimiento del 5 de agosto- y fueron encontrados restos óseos, cuyo resultado negativo respecto de procedencia humana se informó en el comunicado publicado el 12 de agosto, resulta necesario aclarar que al día siguiente se dispuso un estudio sobre las piezas más pequeñas halladas, por lo cual se encuentra en estudio la posibilidad de que alguno de los restos levantados sea humano. Esta medida se dispuso a sugerencia del Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA y fue solicitada al Departamento de Antropología Forense de la Morgue Judicial de la Nación

Peritajes

La División Laboratorio Químico de la PFA solicitó se remitieran muestras de referencia del padre biológico de Facundo Astudillo Castro para poder, en el caso de obtener algún perfil genético, efectuar los cotejos de ADN necesarios. La medida se encomendó al Gabinete Científico de esa fuerza de seguridad.
El Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA remitió los informes confeccionados respecto a los peritajes caligráficos practicadas sobre el libro utilizado como “Libro de guardias y novedades” del Destacamento de Hilario Ascasubi y sobre el libro utilizado como “Libro de guardias” del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone, en los que se concluyó que en ninguno de ellos se advertía la presencia de maniobra adulteradora alguna, que permitiera suponer la existencia de alteración de sus contenidos.

La PFA remitió 31 DVD´s con los resultados de la extracción UFED (dispositivo forense de extracción de datos) practicada sobre teléfonos secuestrados.

En virtud de lo sugerido por la División Laboratorio Químico, se remitieron las muestras de cabellos recolectadas al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Otras medidas

El perito en las especialidades de odorología forense, neurofisiología olfatoria canina, etología canina y felina y adiestramiento canino del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes, Mario Rosillo, presentó un informe sobre persistencia y estabilidad del olor humano.

Por su parte, el comisario de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, Víctor Marcelo Sialle, remitió un informe relacionado con el método de búsqueda de rastro por olor de referencia que desarrollan los canes, sobre las especialidades en las que los mismos pueden ser entrenados, sobre la formación del instructor guía, entre otros temas.

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) sugirió medidas probatorias. La presentación se remitió a la División de Tecnologías Aplicadas y a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA, sin perjuicio de existir medidas de prueba ordenadas por la fiscalía pendientes de contestación.

También se remitió aquella presentación a la Dirección General de investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General. Este organismo ha tenido acceso de la totalidad del expediente en función de que se le ha requerido la confección de un informe técnico integral.

Además, se remitieron a la DATIP los 31 DVD´s con los datos de la extracción UFED practicada sobre teléfonos secuestrados. Al respecto, se solicitó la realización de una copia y para que, en el marco de la colaboración requerida, se realizara un informe con las conclusiones a las que arribara del análisis de esos soportes magnéticos.

Se solicitó a la jueza federal interviniente que habilitara a la DATIP a practicar un peritaje mediante tecnología UFED sobre uno de los teléfonos secuestrados.

El secretario de la Fiscalía Federal N° 1, Rodolfo Javier Murillas, fue designado en el cargo de Auxiliar Fiscal y nombrado para actuar y coadyuvar en la causa, con los alcances y funciones normados por el artículo 51 de la Ley 27148 (Orgánica del Ministerio Público Fiscal). Su nombramiento fue dispuesto por Resolución de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca N° 13/20, del 31 de marzo pasado, la cual fue convalidada por el procurador general de la Nación mediante resolución MP N° 189/20.

En distintos días se receptaron declaraciones testimoniales, las cuales estuvieron a cargo del fiscal y secretario de la fiscalía interviniente, con participación de las querellas.

La Compañía de telefonía celular Claro remitió el informe ampliatorio requerido sobre el alcance de sus antenas y sobre el funcionamiento del servicio de mensajes de texto.

La Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación solicitó copia completa de la causa, con el objeto de realizar una evaluación integral y sugerir medidas de acción. La solicitud fue realizada en el marco de las atribuciones conferidas a esa cartera ministerial, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Argentino en materia de derechos humanos.

Medidas relacionadas con el hallazgo de restos esqueléticos

La delegación Bahía Blanca de la PFA remitió las actuaciones relacionadas con el relevamiento arqueológico de la escena y levantamiento de un esqueleto humano incompleto por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y con el levantamiento de evidencia asociada por parte de personal policial.

A fin de garantizar el cumplimiento de los plazos y requisitos procesales previstos por el Código Procesal Penal de la Nación para las notificaciones, designaciones e impugnaciones de peritos; el traslado de todos los intervinientes hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la preparación de todas las operaciones y los medios técnicos necesarios para llevar a cabo la autopsia, la jueza federal interviniente dispuso que la medida se lleve a cabo el martes 25 de agosto a las 9.00 en el Laboratorio del EAAF, ubicado en el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en avenida del Libertador 8151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A propuesta de la querella particular se designó como perito de parte a la Especialista Consultora en Medicina Legal, Emma Virginia Créimer.

A raíz de las sugerencias efectuadas por el director ejecutivo del EAAF, Luis Fondebrider, sobre la incorporación de una serie de especialistas que puedan aportar análisis específicos a la autopsia ordenada, se dispuso la designación como peritos oficiales de tres especialistas de una universidad pública de la provincia de Buenos Aires, cuatro integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una integrante del Conicet.

En el marco de las tareas investigativas conjuntas oportunamente dispuestas, la fiscalía ordenó que se profundizara sobre los hechos vinculados al hallazgo de los restos esqueléticos, a fin de establecerse el posible avistamiento por parte de otras personas, tránsito del lugar, detalles de quienes lo visualizaron (circunstancias de tiempo, modo y lugar), características de la zona, mareas y todo otro elemento de interés para la pesquisa, sin perjuicio de los exámenes periciales y de rastros en curso, como así también del rastrillaje específico y focalizado que habrá de desarrollar personal del Gabinete Científico de la delegación local de la PFA, conforme pautas dadas por el EAAF.

Se requirió al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) -dependiente del Conicet- y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) que prestaren asistencia y colaboración a la autoridad policial y a los peritos designados, en el marco de aquellas labores.

La fiscalía tomó conocimiento que el sábado 15 otras dos personas se presentaron ante la Comisaría 2da de Bahía Blanca a denunciar la presencia de restos de un cuerpo en el lugar indicado y, por tal motivo, requirió al titular de la comisaría 2da de Bahía Blanca que informe si en su oportunidad puso en conocimiento de sus superiores tal circunstancia y/o de los medios de comunicación escritos o audiovisuales.

El secretario general de la UTA y ex concejal por el massismo, Ricardo Pera, iba a ser juzgado el próximo lunes por el delito de lesiones leves contra los ediles Gustavo Mandará y Sergio Massarella.

El debate oral fue pospuesto esta mañana por el Juzgado Correccional N° 1, cuyas autoridades pretenden sea presencial. Se realizaría en noviembre.

El hecho ocurrió el 15 de enero de 2015 en el recinto del Concejo Deliberante. Alrededor de las 13:30, finalizada la Asamblea de Mayores Constribuyentes, Pera habría amenazado de muerte a Sergio Massarella y le habría propinado un golpe en la cabeza durante un cuarto intermedio. También le habría aplicado un puntapié a Gustavo Mandará provocándole una lesión en las pierna.

Interviene el fiscal el Dr. Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ N ° 8.

Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. Meses atrás fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.

«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.

La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

Entre el martes y jueves de la semana próxima continuarán las audiencias del juicio a la Triple A de Bahía Blanca. En las últimas tres jornadas se recibieron once declaraciones testimoniales, mediante las que se abordaron parte de los 24 homicidios en 1974 y 1975 que se le atribuyen a la organización paraestatal.

Uno de los testimonios recibidos fue el del hijo y hermano de dos de las personas señaladas por la acusación como integrantes de la asociación ilícita, fallecidas con anterioridad al juicio. Se trata de un testimonio solicitado por la abogada de Hijos Bahía Blanca, Mónica Fernández Avello, luego de que el testigo hiciera llegar a dicha organización una sentida disculpa por las aberraciones de las que se vanagloriaban.

La audiencia del martes 11

El primer testigo en declarar el martes –un empleado no docente de la Universidad del Sur– relató que, con la llegada del rector Remus Tetu, apareció un grupo armado que tomó casi por asalto el rectorado, ocupándolo las veinticuatro horas e incluso pasando la noche en el lugar. Dio cuenta de las agresiones sufridas por un compañero de trabajo, que fue trasladado por el grupo armado en una camioneta al cementerio de la ciudad, en donde fue golpeado e interrogado. A raíz de aquella agresión, esta persona se fue de la ciudad. El testigo describió además los vehículos utilizados por el grupo, entre los que recordó una camioneta color oscuro, a la que la llamaban “la fiambrera”, y un Falcon color verde oscuro que usaban para trasladar al rector.

A continuación prestaron testimonio familiares de Alberto Mario Pojomovsky, víctima en la causa. En primer lugar lo hizo su hija, quien tenía dos años al momento de la muerte de su padre, y recién a los 13 pudo conocer que el deceso había sido producto de un asesinato. Describió además el miedo y el silencio que reinó en el ambiente familiar frente a aquel traumático y aterrador suceso y la necesidad de rehacer sus vidas.

La pareja de Pojomovsky habló sobre la noche del asesinato. Aquel día, al retirarse en su vehículo de la casa de una pareja de amigos en la madrugada del 28 de junio de 1975, un vehículo Falcon se atravesó impidiéndoles el paso. Tras un intento de secuestro, la mujer logró escapar, pero sufrió un disparo en una de las piernas en el recorrido. Cuando se alejaba del lugar escuchó los disparos efectuados a su marido, que había quedado con los captores. Luego, junto a uno de sus amigos volvió hasta el lugar del hecho, recogieron a un Pojomovsky malherido y lo trasladaron hasta un nosocomio, donde falleció veinte días más tarde a causa de los numerosos impactos.

Por otra parte, la testigo ratificó la declaración brindada ante la policía un día después del suceso, en la que entre los autos que se utilizaron en el operativo identificó al Falcon verde con techo blanco y una camioneta blanca doble cabina. Contó además que durante su agonía en el hospital, Pojomovsky manifestó que la patente del auto correspondía a un vehículo de la Universidad Nacional del Sur.

Luego del testimonio, la fiscalía solicitó que se requiera a la UNS la documentación de la camioneta abandonada en la escena del crimen y luego denunciada como robada por Pablo Argibay, en representación de esa casa de altos estudios, de acuerdo al expediente judicial de la época. Argibay fue uno de los imputados por la fiscalía por el asesinato de Cilleruelo, fallecido antes de que se concretara el llamado a indagatoria.

El cuarto testigo en declarar en la jornada del martes fue un médico que prestaba servicios en el consultorio odontológico del Consejo Escolar, justo en frente del edificio del Rectorado, desde donde pudo ver a Jorge Argibay, Pablo Argibay y Raúl Aceituno subir al Falcon verde y retirarse del lugar minutos antes del asesinato de Cilleruelo, y regresar las mismas personas minutos más tarde en el mismo vehículo, de donde descendieron portando armas.

El declarante los identificó como integrantes del grupo de tareas de Tetu en la universidad, y de la Triple A de Bahía Blanca, cuya cara visible era Rodolfo Ponce, jefe de la CGT local. Describió a su vez numerosos episodios en que presenció la circulación de los vehículos que utilizaban, entre ellos al Fiat 125 conocido como “la fiambrera” y un Dodge Polara que solía estar estacionado en el edificio de la UTN durante la toma armada de dicha institución.

Miércoles 12

La audiencia del día miércoles se inició con el testimonio del jefe de la división automotores de la Universidad del Sur en el período investigado, quien describió la utilización discrecional de los vehículos por parte del grupo armado, para lo cual aparecían en su oficina, colocando un arma de fuego sobre el escritorio. Entre otras circunstancias, recordó haber visto armamento a bordo del Falcon verde del Rectorado.

Posteriormente, testimonió otro empleado no docente de la universidad que describió con detalle el clima de terror vivido en la institución y en la ciudad de Bahía Blanca. Contó que los integrantes del grupo armado -al que identificó como la Triple A– realizaban prácticas de exhibición y ostentación de armas de guerra en la universidad. El día del asesinato de Cilleruelo escuchó una detonación. Los demás empleados dijeron no haber escuchado nada, mientras las palomas aún revoloteaban por el estampido. Por comentarios, supo que el hecho era atribuido a Argibay. Otro episodio relatado fue el de un miembro del grupo armado que disparó a plena luz del día contra un grupo de estudiantes en el recinto universitario. También él se refirió al episodio del empleado golpeado en el cementerio, y al de otro agredido físicamente en el ascensor del rectorado.

Por otra parte, hizo referencia al caso de Ovidio Oscar Ancel, quien fue hallado muerto junto a su socio Ángel Enrique Ogues, y al de Néstor Del Río, a quien intentaron secuestrar en los días previos al golpe de Estado, y que dos días más tarde fue fusilado en una cama del Hospital Municipal en donde permanecía convaleciente. “No pude ir a despedir a mi amigo por miedo. Yo estuve oculto mucho tiempo, después de eso desistí de realizar otra actividad sindical”, reflexionó el testigo, quien también mencionó a “la fiambrera”, el Fiat 125 celeste que permanecía estacionado en la esquina de la CGT, y que era utilizado para llevar a los secuestrados y ejecutarlos.

Por último, en la jornada del miércoles dio su testimonio el hijo de Salvador Julio Trujillo, obrero de la empresa textil “Lanera San Blas” y militante del gremio de los textiles, secuestrado en la noche del 20 de septiembre de 1975 y hallado sin vida horas más tarde en la ruta de acceso a Puerto Galván, con seis impactos de armas de fuego en su espalda.

El testigo explicó que su padre –que había sido propuesto como delegado para las elecciones que se realizarían luego del asesinato- sufrió varios episodios de persecución previos al deceso. Una noche llegó a su casa agitado luego de escapar a un tiroteo en las calles Colón y Don Bosco. Más tarde lo oiría insultar por ese suceso a los propietarios de la empresa y a Rodolfo Ponce, a quien el testigo identificó como la cabeza de la Triple A. Otra noche –meses antes del homicidio– despertó con un arma en la cabeza, mientras unas personas reclamaban a su madre que les dijera en dónde estaba su padre.

Sobre las circunstancias del homicidio, pudo saber a través de un vecino que su padre fue introducido en un Fiat 125 color claro, con cuatro tripulantes. Relató también el calvario vivido junto a su madre a partir de aquel suceso, y entregó al tribunal volantes repartidos por los compañeros de su padre en repudio al crimen y apuntando al sector de Ponce.

Jueves 13

El jueves declaró una alumna de las Escuelas Medias de la Universidad Nacional del Sur: dio cuenta de la presencia en esa sede del imputado Héctor Ángel Forcelli, quien luego de aparecer en 1975 con la designación de Tetu, junto a otra persona recorría los pasillos en los recreos y circulaba entre los estudiantes dejando ver sus armas debajo de los sacos. El clima de terror generado con la presencia del grupo armado llevó a que de 31 alumnos de su clase, sólo 18 terminaran el año en la institución. La testigo rememoró a los compañeros del colegio que fueron posteriormente desaparecidos, entre los que mencionó a María Clara Ciocchini, Eduardo Korsunsky, Elizabeth Frers y Manuel Santamaría.

Por último, declararon un amigo y la compañera de la víctima José Manuel González, miembro del grupo scout y de la comunidad de la parroquia San Roque de Bahía Blanca, y obrero en la construcción del parque petroquímico de la ciudad para la empresa Mckee Techint, ámbito en el que había actuado como delegado de obra. González fue secuestrado el 23 de abril de 1975 y hallado muerto un día más tarde a un costado de la ruta 22 con 12 impactos de balas en su cuerpo.

Su novia de aquella época habló sobre el compromiso social de la víctima, tanto en el ámbito parroquial como entre los compañeros de trabajo. González sabía que era perseguido, e incluso le había manifestado que temía por su vida. La persecución provenía de la UOCRA y de la CGT local, a la que caracterizó como “un monstruo que hostigaba a los trabajadores”, cuyo capo era Rodolfo Ponce. Los identificó con la Triple A, agrupación paramilitar que asoció a los sindicatos. Incluso, veían a los matones de Ponce en las misas de la parroquia.

“Un día fueron a buscarme al colegio y nunca más vi a mis padres reírse o cantar como antes”, graficó una testigo.

Sobre el episodio del secuestro, narró que aquella noche González volvía del trabajo en el colectivo de la empresa. La víctima nunca descendía en la misma parada como medida de protección. Aquel día bajó en la calle Zelarrayán a la altura del puente del canal, momento en el que fue secuestrado e introducido en un Falcon. La testigo dio cuenta del terror y el sufrimiento desatado, y trajo a colación las palabras del hermano de la víctima: “Yo tenía 14 años, me dijo, y un día fueron a buscarme al colegio y nunca más vi a mis padres reírse o cantar como antes”.

Las audiencias del juicio –en el que se ventilan 24 asesinatos cometidos entre 1974 y 1975– continuarán el 25, 26 y 27 de agosto, a las 9, y seguirán siendo transmitidas en vivo en el canal de YouTube de la UNS.

Fuente: fiscales. gob.ar

La economista María Julia Eliosoff explicó en su columna de FM De la Calle el funcionamiento del programa de asistencia social Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social.

“Es un programa de transferencias condicionadas de ingreso, una política social que apunta a una población focalizada, a diferencia del Ingreso Ciudadano o la propuesta de renta básica. El Estado le da un ingreso a una población de un determinado perfil con un condicionante que es realizar alguna tarea”.

“Un ejemplo es la AUH, que como contraprestación debe asegurar determinadas cuestiones en términos de salud. El Potenciar apunta a lo mismo pero con capacitaciones. Prioriza atender los ingresos de mujeres en situación de violencia y de personas trans”, señaló.

Eliosoff comentó que estos programas tienen muchas críticas desde la economía feminista “porque llevan implícita una lógica paternalista de que el Estado sabe qué es mejor para las personas y esas personas, en su mayoría, son mujeres”.

“Estos programas no son nuevos sino que tiene una larga historia en Latinoamérica y en Argentina en particular. Los primeros programas son los conocidos como de Jefes y Jefas de Hogar, que se han ido transformando en Argentina Trabaja y Ellas Hacen y después en Hacemos Futuro”.

En este caso apuntan a que “personas que cumplen con alguna característica o condiciones de vulnerabilidad perciban un ingreso, el equivalente al Salario Social Complementario, un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Por lo tanto, es de 8400 pesos aproximadamente”.

“Tienen que realizar determinadas actividades laborales, tareas vinculadas a los cuidados, a la promoción de la la salud o dispositivos de apoyo para la igualdad de oportunidades. Hay una línea de proyectos vinculados al reciclado, al mejoramiento barrial, a la agricultura familiar, a manufacturas de pequeña escala y comercio popular”.

Por otro lado, destacó que “hay una apuesta a las actividades colectivas, aunque no única y exclusivamente y, en términos de lecciones aprendidas en relación al Argentina Trabaja y Ellas Hacen, hay una gran diferencia: no se habla de cooperativas de trabajo, esto fue muy criticado en su momento y así y todo tuvo muy buen impacto. En este programa se habla de asociativismo”.

Para finalizar, Eliosoff destacó que otro aspecto a considerar “es que cayó la cantidad de horas que se pretende trabajen las personas”. Aunque “sigue siendo alta en relación a la contraprestación, se exigen cuatro horas de trabajo diarias, por medio SMVM, por tareas que en general exigen un compromiso social”.

Desde el Consejo Local de Niñez y Adolescencia manifestaron preocupación por las dificultades en el acceso a la salud, la alimentación y el abordaje de la institucionalización del sector.

“Desde que presentamos el pedido de emergencia hasta el momento lo que cambió es que estamos teniendo un poco más de acercamiento a las autoridades en la Secretaría de Niñez pero, de fondo, las problemáticas se han profundizado o al menos quedaron más en evidencian las desigualdades”, dijo Alba Picardi.

La presidenta del Consejo agregó que realizan abordajes de los casos donde “se cruzan salud mental con la vulneración de derechos. Había situaciones de niños que por algún motivo requerían acompañantes y cierta articulación de recursos que no estaban presentes. Este año la necesidad de acompañantes terapéuticos se ha visto incrementada”.

“Salud y Niñez están trabajando de manera articulada. Hay mucho recurso que antes solo dependía de Niñez que ahora está siendo aportado por Salud, por ejemplo lo relacionado con salud mental o acompañantes terapéuticos. Sigue siendo igual muy preocupante”, señaló.

Respecto de las alternativas a la institucionalización, mencionó que “la ley nos marca que debe ser trabajado con otro tipo de dispositivos. Nos preocupa lo que está pasando con Envión, este proyecto tan importante para los adolescentes está prácticamente desarticulado, desde la condiciones de precarización en la que están los profesionales hasta los aportes edilicios. Tampoco esto se está supliendo con otra propuesta superadora”.

En cuanto al acceso a la salud en el marco de la pandemia, Picardi planteó la necesidad de que en los barrios las familias tengan claro a dónde y cuándo acudir. “Si bien se articularon muchas acciones y dispositivos, luego hay que comunicarlo. Las mamás tienen que poder comprender dónde llevar a vacunar a sus hijos, a un control, a dónde llevarlos si tiene complicaciones respiratorias”.

Por último, la psicóloga destacó la preocupación por el acceso a la alimentación. “Es un derecho básico, estamos pidiendo participar no solamente en el reparto de bolsones sino en la articulación de acciones entre las familias para que no se queden sin acceso a la alimentación”.

El abogado de la madre de Facundo Castro, Leandro Aparicio, insistió esta mañana en FM de la Calle que el cuerpo encontrado el sábado en Cabeza de Buey “fue plantado” y aseguró que dos personas vieron luces en el lugar.

“Tenemos dos testigos que vieron luces hace pocos días ahí. Es un lugar donde no anda absolutamente nadie. Por otra parte, hay una camioneta que se para -según la huella- donde está el esqueleto plantado”, afirmó.

Aparicio destacó que lo que no sabes es “si fue una torpeza dejar la zapatilla donde la dejaron o si fue un mensaje”.

Este martes se realizará la autopsia en Capital Federal. Participarán el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema. Por la querella intervendrá la dra. Virginia Creimer. “Se determinará alguna eventual causal de muerte y el ADN va a establecer en la semana si efectivamente es Facundo”.

Para la querella, de confirmarse que el cuerpo es de Facundo, su hallazgo “reafirma” su hipótesis.

“La Policía de la provincia de Buenos Aires desapareció a Facundo. Hubo un plan de encubrimiento que lo hicieron policías y, en algún momento, llega la parte del pseudoperiodismo caníbal o berreta que es este Sasso que nutre a muchos de los periodistas que me están llamando hoy”.

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Aparicio afirmó que “se produjo una presión insostenible que ha hecho aparecer el cuerpo, no puede haber desaparecidos de primera y de segunda, no pueden hacerse los distraídos ni los progresistas teniendo a Sergio Berni diciendo lo que dice”.

“Hay que dejar claro si quieren hacer política con las desapariciones o quieren, de una vez por todas, que no haya más desaparecidos ni impunidad en democracia”, dijo.

En el marco de la búsqueda de Facundo Castro, Virgina Góngora, mamá de un amigo del joven, acompañó a Cristina durante las pericias realizadas al cuerpo encontrado en Villarino Viejo.

“Definitivamente Facundo no llegó solo ahí, no hay manera. Las versiones que decían que para evitar un control pudo haber tomado ese atajo son imposibles”, declaró a FM De la Calle.

Góngora dijo que los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fueron “muy amables y nos explicaron todo paso a paso, siempre recalcando que si teníamos dudas consultemos. Nos dejaron estar al lado cuando ellos lo disponían porque eso es un trabajo minucioso, primero se hace un perímetro y trabajan y uno no puede andar pisando ahí”.

Góngora y Cristina tienen “mucha seguridad” por el trabajo del EAAF. Mencionó que la perito designada por la querella, Virginia Creimer, “nos transmitió muchísima confianza. Nos explicó cómo es el procedimiento, trató de decirlo a gaucho para que uno lo entienda”.

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La mujer explicó que Cristina le pidió que la acompañe al lugar de los hechos “porque tengo un lazo muy cercano a Facundo, el 29 de abril cenó en mi casa. De los ocho años que lo conocemos a Facundo pasó a ser parte de la familia, Cris me dijo que necesitaba que estuviera con ella porque él me decía que era su segunda mamá”.

(Por Astor Vitali) Para cualquier periodista que no se ubique en el centro del esquema de poder, que no sea parte de las herramientas de los sectores de poder, en cualquier caso en el que se insinúe una situación de posible desaparición forzada, jamás de los jamases, la causa judicial puede ser su principal fuente de investigación. ¿Por qué? Porque cualquier periodista mínimamente informado conoce el ABC del comportamiento judicial, el Manual de Estilo de las fuerzas de inseguridad, tan abocadas a despuntar el vicio represivo en los primeros meses de aislamiento riguroso. Mucho más cuando los funcionarios y las funcionarias judiciales que intervienen gozan de frondosos antecedentes antipopulares.

Por un lado, la familia de Facundo y el equipo de abogados de Cristina Castro -su madre-, han sostenido, desde el primer momento en que el caso tomó estado público, que se trata de una desaparición forzada y que la policía de la provincia de Buenos Aires está vinculada al hecho.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, la jueza Marrón, el fiscal Ulpiano Martínez y un conjunto de operadores políticos han intentado orientar a la opinión pública en otro sentido.

Ese es el escenario.

Si bien en Bahía Blanca no es tan difícil encontrar otro sector del periodismo que no oficie de mandadero de los intereses de la cana o de algún sector desprestigiado del Poder Judicial, la cosa se ha complicado porque el resto del país padece un sistema de medios centralizado que poco verifica, levanta cualquier cosa, hace afirmaciones al tutún plagadas de “habría, podría, fuentes confiables aseguran que”. Buena parte del país perdió la brújula de lo que ocurre y el contexto en que ocurre en el caso Facundo.

La causa no es la realidad. La causa la llevan personas de carne y hueso que pueden o no honrar la función pública. Señalar qué antecedentes tienen también es parte de la investigación periodística. Dar carácter de fidedigno a todo lo que digan la justicia y cuestionar todo lo que dice la familia no es una posición periodística responsable. Por el contrario, es operar para que se desconozcan los vínculos entre la justicia, la cana y poderosos intereses que se protegen a lo corpo y que no tiene empacho en llevarse puesto lo que sea en ese camino.  

Razonemos. Si las víctimas de violencia institucional escucharan el mantra cínico de “te cuento lo que dice la causa” entonces jamás habrían obtenido justicia. ¿Debía la familia de Santiago Maldonado, por ejemplo, quedarse con la versión oficial? Ante la falta de respuesta en democracia acerca de las desapariciones forzadas en dictadura ¿debían las Madres decir, “muchas gracias, señor juez, es como usted dice, los testigos –es decir, la cana- dicen que no lo chuparon a mi hijo, me quedo más tranquila, me voy a mi casa?

Esos mantras -que repiten con cara de inocencia- “yo te cuento lo que dice la causa”, “te contamos lo que dice la justica”, exponen en sí mismo cuál es el rol de ese sector autodenominado periodístico. Porque cuando una familia y un conjunto de letrados denuncian desaparición forzada, cuando cuentan con el apoyo de organismos de derechos humanos, cuando están acompañados por referentes como quienes integran la Comisión Provincial por la Memoria, cuando los funcionarios judiciales tienen los antecedentes que tienen políticamente y en su sentencias, cuando todo esto está tan claro, el “te contamos lo que dice la Justicia” es un sinceramiento del rol al que les han puesto a jugar sus mandaderos. La misma frase expone el carácter de operación a cielo abierto, les deja expuestos por propia confesión. Están para contarnos “lo que dice la Justicia”.

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Para seguir poniendo en contexto, recordemos que la jueza federal Gabriela Marrón rechazó «por improcedente» la recusación del fiscal de la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. La familia del joven y la querella de la Comisión Provincial por la Memoria habían requerido el apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez.

Para seguir poniendo en contexto ¿nos olvidamos, por ejemplo, que uno de los abogados de la familia de Facundo Castro fue amenazado este sábado por efectivos de la Policía Bonaerense en el viejo basural de Mayor Buratovich? Claro, no lo dice esto La Justicia. Lo dicen las víctimas. ¿Para qué darle validez? Una cosa es contarlo y otra contarlo para desestimarlo.  

Contar “lo que dice la Justicia” debería ser también contar quiénes hablan en nombre la Justicia. La jueza Marrón es la misma que rechazó a la Asociación de Pescadores Artesanales y, “se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento”.

Finalmente tuvo que ser corregida por la Cámara de Apelaciones. Haberle dado crédito a la jueza, como se le da ahora, como si tuviera poder de verdad, como si no hubiera una Historia del poder Judicial, como si fuera el único relato, hubiera sido lo mismo que posicionarse del lado de una funcionaria pública que tomó su decisión de rechazar el pedido de las víctimas teniendo en sus manos un estudio de especialistas de la UBA. La Justicia era más poderosa que el veredicto científico. La pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA que probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas” no tenía validez para “La Justicia”.

Marrón es también la jueza que decretó la nulidad de las declaraciones de 11 víctimas de trata laboral en 2016, en el caso de trabajadores habían sido hallados durante un operativo realizado en marzo de 2015 en el establecimiento rural del Partido de Coronel Suárez. En esa oportunidad, detallaron ante los representantes del Ministerio Público cómo habían sido engañadas, trasladadas y explotadas laboralmente en el campo dedicado a la cosecha de papa y responsabilizaron al dueño. Dos de los acusados -socios y propietarios del predio- permanecieron prófugos durante cuatro meses, en tanto que el imputado a cargo del reclutamiento habría sido el cuadrillero.

¿Hay una tendencia a asignar razón a victimarios en lugar de a víctimas en el accionar de la jueza?

Para no abundar sobre Ulpiano Martínez. ¿Nos olvidamos que Organismos de derechos humanos locales y nacionales exigieron al Senado que no convalide la designación de Santiago Ulpiano Martínez como fiscal federal de nuestra ciudad porque sería «un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado»?

Hay actores que juegan en determinados sentidos. “La Justicia” no es una cosa abstracta.

¿Qué debe hacer el periodista en su condición de tal? ¿Convertirse en relator de los intereses de funcionarios judiciales como única fuente? ¿O tomar las fuentes judiciales como fuentes, en caso de que el acceso a los documentos sea pertinente, pero sobre todo la propia voz de las víctimas, es decir, de la querella, ante un estado de cosas que no es puro? Con una policía bonaerense que tiene los antecedentes que tiene y que todo el mundo conoce. Ayer volví a sorprenderme escuchando a comunicadores de prime time preguntándose si la policía sería capaz de hacer lo que denuncia la familia. ¿En qué país viven? ¿De qué periodismo serio hablan, con todo lo publicado y documentado en torno del accionar de la bonaerense?

El mantra de “yo te cuento lo que dice la Justicia” no hace más exponer el carácter de operación a cielo abierto sobre el caso Facundo.

*Foto publicada en Twitter por Germán Sasso con la leyenda "Facundo. Ahora te informamos con lo que hay en la causa. Los hechos son sagrados".

De acuerdo con la información brindada oficialmente este mediodía, a raíz del hallazgo de restos esqueléticos en la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como Villarino Viejo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) arribó hoy a la ciudad de Bahía Blanca para levantar los restos mencionados y analizar el contexto y circunstancias en que fueron encontrados.

El EAAF concluyó con el levantamiento de restos y rastros solicitado.

En función de ello, la Fiscalía Federal N°1 solicitó a la jueza María Gabriela Marrón que disponga un examen pericial por parte del EAAF en conjunto con el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de determinar la identidad, la data, causal y, si es posible, modo de la muerte del cuerpo humano hallado, así como cualquier otro dato de interés que estimaren pertinente señalar los profesionales designados, pudiendo tomar intervención en la medida aludida aquellos peritos especialistas en la materia que a tal efecto designaren las querellas particular e institucional.

También se requirió que el procedimiento en cuestión sea filmado, que se tomen placas fotográficas y que se autorice la extracción de muestras genéticas -una de ellas para su remisión al Laboratorio de Genética Forense del EAAF y otra de iguales características para el CMF-, junto con la prohibición del ingreso de teléfonos celulares al lugar y durante su realización respecto de todas aquellas que participaren.

Para cumplir la diligencia y teniendo en especial consideración la adopción de toda medida sanitaria tendiente a prevenir la propagación del COVID-19, se solicitó que se ordenara el traslado del cuerpo humano hallado, con la debida custodia policial, desde el lugar donde se encontró hasta el Laboratorio del EAAF, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde se realizará el examen pericial.

La magistrada interviniente resolvió de conformidad con lo peticionado y dio intervención para cumplir con la medida al EAAF, en conjunto con la antropóloga Mariana Selva del CMF.  Los restos referidos fueron remitidos hoy a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: fiscales.gob.ar

“Lo único que hemos reconocido como de Facundo es una zapatilla que está intacta, no tiene siquiera tierra encima. Es la misma zapatilla de la foto, estaba a treinta metros de donde se encontró el esqueleto. La encontré yo porque ni siquiera la habían visto”, dijo Cristina Castro.

Los restos son trasladados hacia la ciudad de Buenos Aires. Se tomaron nuevas muestras de sangre a la madre del joven desaparecido el 30 de abril.

Castro destacó que “nunca hubo una mochila” y que “cuando llegamos al lugar notamos que hay huellas como de un vehículo que llegan justo al lugar donde están los huesos”.

Su abogado, Luciano Peretto, informó que “pedimos desde la querella la posibilidad de hacer una pericia sobre esos rastros, no solo del ancho del vehículo sino de los neumáticos. No es una huella reciente, descartamos que sea de la Policía Federal porque no han descendido ahí”.

Peretto afirmó que “este cuerpo no llega de manera voluntaria a este lugar. Es imposible que alguien pueda desviarse para cortar camino por el lugar donde estuvimos. Fue plantado o lo trajo lo corriente”. “Para nosotros fue asesinado el 30 de abril”, agregó Leandro Aparicio.

“Estamos absolutamente convencidos que las quince personas que mencionamos en la causa tienen responsabilidad. Vamos a pedir la detención de más policías”, sostuvo. En tanto Aparicio manifestó: “Vamos a recurrir ya a organismos internacionales”.

Cristina dijo que lo que se encontró “es un cuerpo al que le faltan partes” y será estudiado por el equipo de Antropología. “Se llevaron una malla que les dije que no era de mi hijo, jamás usó una bermuda de nylon”.

Aparicio aseguró que “denunciamos penalmente al señor Sasso, que sigue operando, que le ha vendido pescado podrido a muchos medios de Buenos Aires”. “Que me devuelva la mochila, fue él el que lo dijo y en eso se basó Berni, quiero la renuncia ya de Berni y la del intendente Bevilacqua, basura de persona, acá vinieron a tirar los restos de mi hijo y sigue siendo Villarino”.

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“No se condice la antigüedad del cuerpo con la de la zapatilla. Desde el unto de vista legal nos queda esperar, Cristina por supuesto tiene este sentimiento como madre que por supuesto lo respetamos, nos guiamos, y creo que lo de la zapatilla es una prueba contundente para ella”.

“Por supuesto que la sandía en Origone no la puso Cristina, la ha puesto alguien que estuvo con Facundo, a mí parece que fue la policía. (…) No le creemos a nadie”, afirmó Aparicio.

Las diligencias continuarán en la Policía Federal. “La pericia va a versar sobre la identidad del cuerpo y sobre la posible causal de muerte. Una será en la ciudad de Buenos Aires, salen los restos esta misma tarde noche, y el martes a la mañana se hará el estudio de rigor que demorará unas 24 horas a cargo de Antropología Forense de la Nación, nosotros vamos a poner un perito de parte y también con la sede de Antropología Forense de Córdoba se van a compararlos resultados”, dijo Peretto.

Tras el llamado a la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca de una persona que se identificó como pescador amateur, en el que informó haber divisado un cuerpo sin vida en la zona de Villarino viejo, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) se constituyó en la tarde ayer en el lugar indicado, donde inspeccionó visualmente un canal conocido como “cola de ballena”.

Durante la diligencia el personal policial logró avistar sobre el suelo lo que a simple vista se trataría de un cuerpo humano en estado cadavérico. La ubicación estimada del hallazgo se correspondería con las coordenadas (-38. 752532, -62.448676).

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez ordenó adoptar las medidas necesarias para resguardar y asegurar el lugar. En tal sentido, solicitó la concurrencia del equipo técnico del Gabinete Científico Bahía Blanca de la PFA, personal de esa fuerza para el servicio de acordonamiento, y se requirió la colaboración del Cuartel de Bomberos “Comandante Espora” de esa Institución, a fin de proveer el equipamiento de luz artificial.

El fiscal arribó a la escena del hallazgo junto a personal de la Fiscalía y, siguiendo la sugerencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), dio directivas al personal del Gabinete para efectuar un perímetro de seguridad.

Asimismo, el fiscal tomó contacto personalmente con la señora Cristina Castro Alaniz, madre de Facundo, a quien le explicó las diligencias que se estaban cumplimentando.

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El Ministerio Público también dispuso la participación de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina, para brindar apoyo para el resguardo del perímetro. A la Prefectura Naval se le requirió que mantuviera informado sobre el estado de avance de la marea y su proximidad con el cuerpo.

Por la mañana de hoy arribó a la ciudad de Bahía Blanca el Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyos integrantes se dirigieron al lugar del hallazgo con el objeto de efectuar tareas de recolección de rastros, restos y demás diligencias que pudieran resultar de interés para la causa.

Durante las próximas horas, la Fiscalía solicitará a la magistrada interviniente la realización de medidas tendientes al reconocimiento del cuerpo y la correspondiente autopsia.

Desde anoche se espera la llegada de expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense para peritar el lugar y el cuerpo que fue encontrado ayer por un pescador.

Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval trabajan en el sitio desde esta madrugada.

Hace instantes llegaron Cristina Castro, madre de Facundo, y su abogado Luciano Peretto.

El abogado Leandro Aparicio dijo esta mañana que “nadie puede estar voluntariamente ahí, ni morir ahí por accidente. Para nosotros el cuerpo está plantado”.

El letrado informó que ayer no pudieron llegar al lugar porque estaba vallado, solamente vieron una foto del cuerpo. “Es un lugar donde sube y baja la marea, es un salitral. La primera vez que rastrillaron no nos avisaron, estaba el fiscal dando vueltas en helicóptero”.

“La cuestión es cómo llega el cuerpo acá. No hay dudas de la responsabilidad de la Policía Bonaerense ni del ministro Berni”, destacó.

Agregó que están “analizando poner peritos de parte si es necesario. No tenemos contacto ni comunicación con el EAAF. Estamos esperando”.

11:50 La médica forense Virginia Creimer será perito de parte de la querella. Intervino, entre otros casos, en la desaparición de Luciano Arruga.

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Giuliana Crucianelli, Paula Ércoli y Emiliano Randazzo, integrantes del Colectivo de FM De la Calle, informan desde el lugar.