El ex concejal del Frente Renovador, Ricardo Pera, fue condenado esta semana a un año y diez meses de prisión de ejecución condicional por agredir a dos de sus pares en el recinto del Concejo Deliberante.
Los hechos, de los cuales resultaron víctimas Sergio Massarella y Gustavo Mandará, ocurrieron durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del 2015. Fueron calificados como lesiones leves y amenazas.
El titular del Juzgado Correccional N°1, Gabriel Giuliani, determinó que el secretario general de la UTA deberá realizar “un tratamiento sicológico para abordar la problemática que subyace del hecho por el cual fuera condenado, previo dictamen que efectúe la Asesoría Pericial Departamental”. Por otro lado, el ex edil no podrá “entablar contacto por cualquier medio con las víctimas”.
El juez tuvo por probado que Pera amenazó de muerte a Massarella manifestando “a vos también te voy a matar, sos un hijo de mil puta te voy a matar” e inmediatamente le propinó un golpe con la cabeza en el rostro. Luego pateó a Mandará.
El fallo destaca el temor de Massarella “por la forma y la virulencia esgrimida por Pera”. “Sintió que estaba ante una persona capaz de hacer cualquier cosa. Dijo que desde ese día tuvo y tiene miedo. Sintió miedo por sus hijos, porque no sabía cómo iba a continuar la situación, de hecho pidió custodia para sus hijos. Dijo que a los pocos meses que sucedió el hecho, le prendieron fuego una casa que tenía en Monte Hermoso. (…) También dijo que todo se desarrolló en un contexto, y que como antecedente habían sucedido una serie de actos violentos que habían tenido como centro de la escena al agresor”.
Giuliani tomó como agravantes la condición de funcionario público de Pera y que los hechos haya ocurrido en el recinto del Concejo Deliberante. “Es sabido que se debe guardar el respeto por la opinión contraria y ello es propio del sistema republicano de gobierno”, afirmó el fiscal Marcelo Romero Jardín durante el debate.
El representante del Ministerio Público había solicitado una pena de dos años de prisión en suspenso por ser la primera condena y el defensor, Sebastián Martínez, la absolución.
El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor es investigado por la justicia en otra causa iniciada a partir de una denuncia realizada por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas.
Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.
«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2019/03/pers_Ricardo_Pera180714806835-e1553019628539.jpg?fit=1886%2C744&ssl=17441886FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-31 09:03:162020-12-31 09:03:17Violencia en el Concejo: condenaron a Ricardo Pera
(Por Analé Barrera – Tramas Boletín) El aborto es legal en Argentina.
Lo digo para adentro, lo digo en voz alta. Una y otra vez.
Se lo digo a mi hija de tres años ni bien se despierta, como se lo dije en una canción de cuna improvisada con la media sanción en 2018.
Lo hicimos.
Ahora vos y tus amigas no van a tener que pasar por el dolor de clandestinidad.
Ellas escucharán los discursos en el Congreso y les resultarán increíbles, de otro mundo; como cuando nosotrxs escuchamos los planteos de quienes se oponían al voto femenino.
Las imagino fuertes y diversas, luchando por demandas nuevas. Rebeldes, libres, sonriendo.
El aborto es legal en la Argentina.
Detrás de esta conquista hay una larga historia de lucha en las calles y también dentro de las organizaciones, en los lugares de trabajo, de estudio y hasta en la mesa familiar. Están los encuentros, las campañas, las marchas, los pañuelos verdes, los brillos, los cantos… y también las peleas menos estridentes, del día a día. Las pibas que hacen una vaquita o buscan unx médicx que se juegue a recetar para acompañar a una amiga, las trabajadoras de la salud que peleaban porque se cumpliera con la ILE por causales (reconocidas en el Código Penal de 1921), las docentes que escucharon, las socorristas, las compañeras, las madres, tías, abuelas y hermanas que sostuvieron la mano.
Manifestación del 8 de marzo de 1984. Fuente: El Cohete a la Luna.
El aborto, ¿es “cosa de mujeres”?
Cuando esos diputados y senadores “viejos chotos” (no hablo en términos de edad, sino de una categoría política; pensemos si no las emocionantes palabras de Pino Solanas en 2018) nos dicen qué tenemos que hacer y cómo… nos empieza a subir la bronca. ¿Cómo se atreven a forzar a mujeres ¡a niñas! a llevar un embarazo? Ahí decimos, sin vueltas: no tenés útero, no opines. Callate de una vez, Raúl.
Sin embargo, la identificación de la demanda por el aborto legal como tema únicamente de quienes podemos gestar, supone un reduccionismo si queremos hablar de qué estructuras sostienen la organización de la sociedad y cómo hacemos para cambiarlas.
Al recorrer la historia de las luchas feministas, vemos que desde el movimiento obrero y partidos de izquierda, con vocación de representar intereses de la clase trabajadora… se ha reforzado el planteo del aborto, entre otras demandas, como una cuestión privada, como “tema femenino” y, como tal, posible de tirar para más adelante, cuando se pueda, cuando no genere inconvenientes hacia adentro, en las alianzas…
En este sentido, el aborto legal no es (sólo) “cosa de mujeres”. Y debe ser un eje programático de cualquier movimiento que se proponga la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
La noción fundamental de que las mujeres y personas con capacidad de gestar tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos remite a la autonomía personal, claro, pero también es esencialmente una cuestión social.
En la demanda del aborto legal se juega algo más.
Los sectores fundamentalistas que hablan de la “ideología de género” acá y en el mundo así lo entienden: creen que el aborto legal es la punta de lanza para otras transformaciones que destruirán a la sociedad y blablablá.
Y acá bien vale decirles: ojalá que se destruya la sociedad desigual que pregonan, así como sus discursos de odio misógino, homolesbofóbico, transfóbico, racista, xenófobo, aporofóbico. (Disculpen si sueno un poco beligerante. Pero con estos sectores que ponen porotos en todos los casilleros de la opresión, no hay coreadelcentrismo posible).
El aborto legal es entonces, en principio, “cosa de mujeres” (y de las personas con capacidad de gestar). Pero tiene implicancias que van mucho más allá.
Recuerdo la primera marcha de Ni una menos. ¿Qué tiene que ver el aborto con los femicidios? se escuchaba por ahí , en la que creo que fue la marcha más grande en la que participé en Tandil, ciudad donde viví 12 años. ¿Que qué tiene que ver? Todo. Y también con la brecha salarial de género, con la precarización, con los pisos pegajosos y el techo de cristal. Tiene que ver con el miedo a caminar solas por la calle, el tener que juntar la mesa mientras los varones de la casa se rascan, el dejar proyectos propios por cuidar a lxs hermanxs menores, hijxs, enfermxs y ancianxs…
La legalización del aborto viene a, por lo menos, horadar el mito que asocia “lo femenino” y lo natural, lo intuitivo, lo maternal y que nos confina al ámbito de lo privado y de la reproducción; legitimando así la desigualdad y las violencias de género que sufrimos en los distintos ámbitos de la vida.
Esta conquista hace que las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda. Porque en la base de la negación de nuestros derechos y de las violencias que vivimos, está la idea de que tenemos una calidad inferior; de que somos accesorias, definidas en relación a los varones. Otras.
Ahora podremos dejar de ser vistas como vasijas vacías y reclamar nuestra condición de personas. Tan básico y radical como eso.
Entonces… ¿Por qué decimos que la consigna (¡y la conquista!) del aborto legal nos lleva a otras?
Porque esta lucha ilumina el hecho de que si bien el mandato de la maternidad pesa sobre las mujeres en general, no todas lo vivimos de la misma manera. Asumir una mirada interseccional implica así saber que hay vivencias que nos unen como mujeres pero que no hay una esencia biológica o abstracta ahí: las decisiones sobre maternar o no se dan en situaciones concretas, cruzadas por opresiones de género así como de clase y raza.
Porque expone estereotipos de género y nos da herramientas para romperlos. En este proceso, el aborto legal es coherente y confluye, entre otras, con las demandas por generar condiciones para garantizar y proveer los cuidados implicados en la crianza y educación de les niñes… Para que no caigan mayoritariamente sobre nosotras y se distribuyan de forma equitativa entre mujeres y varones y, también, entre hogares, comunidad, Estado.
Porque la experiencia de lucha nos da perspectiva y organización para ir por más.
Levantemos la copa y el puño
Este nuevo derecho nos deja el invaluable aprendizaje de que luchar, sirve.
(Así lo demostraron también anoche lxs trabajadorxs de la huelga aceitera, que después de tres semanas le ganaron la pulseada a la angurria clasista de las agroexportadoras. Vaya nuestro saludo para ellxs).
Mañana brindemos y dejémonos arropar por esta alegría conquistada, que tanto necesitábamos. Que la noticia les dé más fuerzas a las compañeras que luchan en todos los países del mundo en los que el aborto aún es clandestino. Como nos gusta cantar a los gritos: ¡… se cuidan, se cuidan los machistas; América Latina va a ser toda feminista!
La cosa no termina acá: queremos una vida no sólo menos dolorosa, sino también más justa y feliz.
Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Y ahora… ¿quién nos para?
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Con 38 votos a favor y 29 en contra el Senado convirtió en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hubo una abstención y cuatro ausencias. También se aprobó el Plan de los 1000 días para el acompañamiento a las maternidades deseadas.
La votación llegó a las 4:12, luego de doce horas de debate que fueron seguidas con vigilias frente al Congreso y en muchas ciudades del país. En Bahía Blanca el encuentro fue en Plaza Rivadavia desde donde FM De la Calle realizó una transmisión especial de la histórica sesión.
Con el correr de las horas se conocieron las posturas de las senadoras y los senadores que aun no las habían explicitado y fueron los que permitieron revertir el resultado negativo del debate del 2018 cuando el proyecto fue rechazado por 38 votos contra 31.
El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar un veto parcial de dos artículos para sumar, entre otros, el voto del ex gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck. El cambio implicará una mirada más restrictiva para la realización del aborto luego de la semana 14.
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El camarista Pablo Candisano Mera ratificó a la jueza Gabriela Marrón al frente de la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.
Para el magistrado las querellas encabezadas por Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria “no han logrado demostrar la existencia de elementos que abonen a la afectación de la garantía constitucional invocada”, es decir, el temor de parcialidad.
La causa continúa con apelaciones pendientes en la Cámara Federal bahiense y con la producción de medidas de prueba. Las querellas recurrirán nuevamente la resolución contra el apartamiento de Marrón y la denunciarán ante el Consejo de la Magistratura.
Defensa corporativa de la Bonaerense
Mediante sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la madre del joven de Pedro Luro cuestionó a la jueza por denegarles medidas de prueba orientadas a dilucidar la responsabilidad de la Policía Bonaerense en los hechos.
Se le reprochó a la titular del Juzgado Federal N°2 hacer “una defensa corporativa” de la fuerza de seguridad y reclamaron revisar el comportamiento de los efectivos en el marco de las infracciones por violación al aislamiento obligatorio.
La querella denunció que la Bonaerense actuó de manera discrecional, sin control judicial y con criterio de selectividad -apuntando a personas humildes y migrantes– y abusando de la fuerza física.
De hecho, Facundo fue interceptado en Mayor Buratovich y en Teniente Origone y no hubo consulta a la propia jueza Marrón ni al fiscal Ulpiano Martínez -ambos de turno-, ni lo trasladaron a su domicilio.
Por otra parte, la querella planteó una queja por las sospechas de Marrón sobre la propia Cristina Castro, su orden de investigar al perito Marcos Herrero y la denuncia contra uno de los abogados de la familia.
Al rechazar su recusación, Marrón advirtió “una deformación del instituto utilizado para apartar al juez natural de la causa, tergiversando el alcance y contenido de reglas básicas del debido proceso, de los derechos de las víctimas, las garantías constitucionales, la validez probatoria, descontextualizando las circunstancias y los hechos de la causa”.
Candisano Mera afirmó que “el temor de parcialidad en el juzgador, aun cuando no esté incluida expresamente en el catálogo de motivos o causales de apartamiento de magistrados reglados en el art. 55 del CPPN, resulta una causal válida de recusación”.
“Sin embargo, los supuestos de recusación no deben constituir para las partes un instrumento para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa”.
El camarista sostuvo que “la Corte Suprema ha sostenido la improcedencia de la recusación de los jueces fundada solamente en su intervención oportuna en un proceso, en el marco de sus propias funciones”.
“No compartir el criterio utilizado por quien decide, sólo habilita al presentante a deducir los recursos pertinentes pero carece de entidad como supuesto objetivo capaz de generar un ‘temor de parcialidad’ que justifique su recusación”.
Candisano Mera manifestó que “más allá del acierto o no de aquellas decisiones y de la terminología utilizada, en razón de tratarse de una resolución dictada en cumplimiento de una obligación constitucional, sobre los puntos sometidos a su consideración, habilitada y fundada, descalifica de plano la alegada parcialidad, por no verificarse sospechas objetivamente justificadas que permitan afirmar –fundadamente– que la magistrada no utiliza como criterio de juicio el previsto por la ley”.
Por último, aclaró que aún están pendiente de resolución las apelaciones a muchas de las medidas tomadas por la jueza Marrón.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/marron-firma.jpg?fit=839%2C373&ssl=1373839FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-29 17:39:382020-12-29 18:03:28Ratifican a la jueza Marrón en la causa de Facundo
El 30 de diciembre se cumplen ocho meses desde la partida de Facundo Castro de Pedro Luro y de su interceptación por parte de efectivos de la Policía Bonaerense. Nada más se supo de él hasta que sus restos fueron encontrados a mediados de agosto en Villarino Viejo.
“La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros, se nos hacen lentos pero en la tardanza han surgido siempre más pruebas que conllevan a no descartar la desaparición forzada y la muerte de Facu”, señaló Virginia Góngora, madre de uno de los amigos del joven.
“En lo personal he pasado por todas las emociones, lo hemos vivido con tranquilidad, mis hijos, yo, el equipo Turmalina que son sus amigos. Nos hemos contenido muchísimo, siempre entre todos. Se que se va a hacer justicia, va a tardar. Confío plenamente en los abogados, esto no tiene que volver a pasar más”, afirmó Góngora.
Señaló que “se tranquilizaron los hostigamientos policiales gracias a que se hizo público”. Sin embargo, hace algunos días el Municipio de Villarino multó a un amigo del joven con más de 200 mil pesos por realizar una pintada pidiendo justicia.
“Pensamos que nos iban hacer pagar lo que hicimos como para dejar tranquila a la gente, pensé que quedaba así nomás. El intendente le puso precio al pedido de justicia”.
“Lo que queríamos era visibilizar, no dejar que la gente vea que se tiene que hacer justicia. Primero se había organizado hacer con stencil algo lindo, en color violeta, el color de Facu y después seguimos haciendo pintadas”.
Al momento de balancear los resultados de la semana que pasó Cristina Castro en Buenos Aires, durante la cual se reunió con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, entre otros funcionarios, Góngora manifestó que “fueron más palabras que promesas”.
“Personalmente no esperaba nada de los políticos pero no dejó de ser positivo que vaya a Buenos Aires, se integraron dos fiscales nuevos y eso hizo que se movieran un montón de cosas. Pero las palabras se las lleva el viento”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/VIRGINIA-1.jpg?fit=1920%2C826&ssl=18261920FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-28 14:37:422020-12-28 14:37:45Ocho meses sin Facundo: “La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros”
Días atrás se estrenó el documental “El Ferrocidio: historia de lucha y resistencia obrera” de María Giovis. El trabajo que puede verse en YouTube aborda el proceso de privatización del ferrocarril.
“Está ligado al primer documental porque intento historizar y contar lo que fue la destrucción del ferrocarril para que después avanzaran las privatizaciones y para pensar el polo petroleoquímico que hay en Ingeniero White”, dijo a FM De la Calle la también directora del film “Ingeniero White, un pueblo que están matando”.
Señaló que para el primer trabajo “fui haciendo pequeños videitos de la Junta Nacional de Granos, sobre precarización laboral y quedaba profundizar algo sobre ferroviarios”.
Giovis contó que “sabía que este trabajo era más complejo e intenso, fundamentalmente porque quería contar esa historia de lucha y resistencia de todo el país. Hacer hincapié en los ferroviarios de White y de los galpones de locomotoras, lo que yo conocí en mi infancia y adolescencia. Quería contar la historia y hacer de alguna manera un homenaje a quienes sufrieron torturas, y fueron perseguidos”.
“Era muy amigo del presidente Roca y entonces cuando falleció le puso su nombre al puerto, fue su único mérito”, dice Osvaldo Bayer sobre Guillermo White y Juan Carlos Cena agrega que el director general de los ferrocarriles ingleses, además, “aportó fondos para la Campaña del Desierto”.
“El testimonio de los mismos ferroviarios me llevó a investigar la huelga del 51. En ese momento fue entre radicales y peronistas, que el mismo gobierno pueda llevar adelante traslados, tantos ferroviarios cesanteados me llevó a entender a algunos ferroviarios de White que recién ahora descubro que sus padres habían estado presos en el año 51 que crecieron con ese relato”, apuntó la documentalista.
Mencionó que su función fue “recoger la palabra y son los testimonios los que van tejiendo el relato”.
“También quería hacer hincapié en el proceso de los años setenta en Bahía Blanca con la Triple A”, agregó. Para ello se nutrió de los aportes surgidos del juicio por crímenes de lesa humanidad contra integrantes de banda paraestatal.
Giovis plantea que derrotados los ferroviarios avanzaron las privatizaciones: Junta Nacional de Granos, Gas, Agua, Luz, Petróleo. “Millones de trabajadores quedaron desocupados, avanzó la precarización laboral y las tercerizaciones. Las multinacionales de la industria automotriz avanzaron y junto a ello las químicas, petroleras, petroquímicas, cerealeras. La dominación del Imperialismo de la mano de estas empresas se expresa en el avance de la barbarie: en la destrucción del trabajo arrojando a millones a la miseria y en la destrucción de la naturaleza convirtiendo varias zonas del país en zonas de sacrificio”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/ferrocidio.jpg?fit=1280%2C720&ssl=17201280FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-28 14:03:092020-12-28 14:03:10El ferrocidio y la resistencia obrera en Ing. White
Decenas de barrios de la ciudad tienen problemas con el suministro de agua. Algunos sin servicio y otros con poca presión. Vecinos y vecinas demandaron soluciones esta mañana frente al Municipio, la sede de ABSA y su planta potabilizadora.
En Universitario los últimos días trascurrieron “secos, sin agua, con mucho calor y viento. Por momentos había que estar atento para juntar un poco de agua. Este problema tiene 40 años y se agrava año a año”, comentó a FM De la Calle Marta Daneri.
Añadió que “las respuestas que ABSA y la provincia nos dan son irrisorias, desde 2016 decían que iba a estar solucionado, ahora dicen que en cinco años. Somos mansos, no hacemos nada. Vamos a morir de sed, porque con el Covid y sin agua nos vamos a morir. No quiero pensar donde hay chicos o gente mayor, aglomeraciones, es dramático, tenemos que hacer algo”.
La empresa prestadora ofreció repartir bidones de agua mediante camiones cisternas: “Son un chiste, esto de repartir bidones es de hace 50 años, que el aguatero llevaba agua o cuando se secaban los aljibes iban los aguateros. Es irrisorio, es un chiste la propuesta, ayer fueron a llenar un tanque y la manguera que llevaban era corta. Cosas chistosas, uno se ríe de amargura pero es muy grave”.
“Nos dirigimos a la provincia porque son los que tienen que poner el dinero pero el intendente es el representante político y es el que tiene que solucionar esto. Esperamos que se decrete la emergencia hídrica y sanitaria, yo no me puedo lavar las manos, ¿qué me van a decir a mí?”, señaló Daneri.
Agregó que “por Universitario no pasan las cisternas, me alcanza el mínimo para juntar para tomar. Para bañarme me voy a otra casa. Acá pasamos un día entero sin agua y a la noche viene y junto. Me ha pasado que dejo una canilla abierta y no me doy cuenta cuándo sale agua, no se puede vivir sin agua, es terrible lo que está pasando”.
Por último, la vecina mencionó que “le falta actitud a la dirigencia local. Además nos mienten porque si nos dicen la verdad le vamos a la yugular. No me importa que no se pueda, que las inversiones no se qué, la gente necesita agua. La plata va a los bolsillos de los políticos y no a las obras. Para ellos hacer política es pensar con quién hago alianzas, no tienen la cabeza en pensar cuáles son los problemas de la gente”.
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Dos candidatos a integrar el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca expusieron esta semana en la Comisión de Acuerdos del Senado. Sus pliegos se tratarán en la sesión del próximo martes. Deberán intervenir en causas de lesa humanidad, trata de personas, narcotráfico y delitos económicos.
Por otra parte, Alejo Ramos Padilla fue respaldado para hacerse cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia.
Foglia planteó que tiene una trayectoria de veinte años en el Poder Judicial, catorce de ellos desempeñándose como fiscal del Departamento de Bahía Blanca. Realizó cuarenta juicios orales promedio por año y tiene a cargo a 25 personas.
En cuanto al TOF que pretende integrar describió que cuenta con veinte personas empleadas en tres secretarías: General, Ejecución y Lesa Humanidad. “Es el único del país que no tiene ninguno de los tres jueces. Los tres primeros habían jurado en el 95, en 2013 falleció uno, en 2015 se jubiló otro y desde 2018 no hay ninguno”.
“Hay 60 causas para realizar juicio oral y unas 70 personas detenidas con prisión preventiva a la espera del juicio. Esa es la labor prioritaria. El TOF tiene demoras de tres años o más en algunas causas”.
Foglia destacó que, fuera de la sede de Lavalle y Chiclana, en el edificio del Rectorado de la UNS funciona la sala de los juicios de lesa humanidad. “Ha sido un éxito abrir las puertas de esos juicios a la comunidad”, dijo y recordó que resta desarrollar un “megajuicio” en la causa Ejército: “Se puede realizar un juicio integral con todas las elevaciones de los últimos años que restan juzgar”.
Por su parte, el actual juez subrogante del Juzgado Federal de Viedma, Ernesto Sebastián, relató que ingresó al Poder Judicial hace veinte años y que conoce “perfectamente la jurisdicción” de Bahía Blanca.
“Vamos a implementar el sistema adversarial y en particular soy un ferviente partícipe de los juicios por jurados”, afirmó. Agregó que la reglamentación debería tener en cuenta la participación de pueblos originarios en provincias “como Rio Negro y Neuquén”.
En cuanto a la demora en el trámite de las causas del tribunal aseguró que “están limitadas a causas de narcotráfico de popularidad respecto a la gran cantidad de material de estupefacientes pero que están prorrogadas por Casación”. Una de ellas es la de Bobinas Blancas referida a las casi dos toneladas de cocaína secuestrada en el Parque Industrial bahiense.
Respecto al pago del impuesto a las ganancias por parte de jueces y juezas Foglia manifestó que es “justo y razonable”. “La intangibilidad en aras de la independencia del Poder Judicial no se ve afectada por el pago de un impuesto general, eso no puede eso constituir una persecución a los jueces. Hay que contribuir a solventar los gastos del país. No es una garantía sino un privilegio”.
Por su parte, Sebastián también se mostró de acuerdo y afirmó que “para alcanzar la igualdad de cargas públicas y de tributos deberían tributar todos los miembros de los tres poderes del Estado”.
En el marco de la presentación de su candidatura para ser juez federal platense recordó que estuvo a cargo de los procesamientos del juicio pendiente en la causa Ejército mencionado por Foglia y Sebastián.
“Actualmente se está llevando adelante el primer juicio oral y público por los hechos llevados a cabo por la Triple A, me tocó dictar el procesamiento de aquellos miembros. En su momento llegué a convocar a prestar declaración indagatoria al propio presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que no concurrió en tres oportunidades, fue declarado rebelde, y al poco tiempo el Consejo de la Magistratura llevó adelante una acusación y el tribunal de juicio, un día antes de dictar sentencia se le aceptó la renuncia. Me enteré que hace pocos meses el juez que vino cuatro años después retomó ese camino y lo procesó”, afirmó.
Recordó que tras relevar a Ulpiano Martínez encontró “un grave desorden, enorme, con centenares de personas privadas de su libertad a las que no se les resolvía su situación procesal, a los cuales no se les había tomado declaración indagatoria y más de treinta prisiones preventivas vencidas”.
Se refirió a cuestionamientos recibidos de dirigentes de Juntos por el Cambio vinculados a la causa Suris y otras derivadas. “Estuve seis meses en el juzgado. Es difícil que a un juez le hagan un cuestionamiento por una demora de seis meses, eso alcanzaría como para no ahondar mucho más. Sin embargo hubo una investigación penal que duró cuatro años y que determinó que yo no demoré la causa sino que la avancé”.
Las acusaciones fueron ampliamente difundidas por varios medios, entre ellos La Nueva Provincia. “Había una investigación que involucraba a Juan Suris con una usina de facturas truchas. Esa causa la elevé a juicio. Había otra causa paralela en el tribunal oral por narcotráfico donde decretan la nulidad de lo actuado por el juez que me había antecedido, que era un secretario, Suris me plantea la excarcelación y digo que la causa tenía que ir rápidamente a juicio y se la deniego. Esta era la causa madre”.
“La otra era la de Ficadenti que era uno de los usuarios de estas facturas. Cuando uno investiga una evasión tributaria necesita una determinación contable. Le pedí a la Corte que determine quiénes habían sido los usuarios de esas facturas”.
Explicó que cuando llegó el primer informe parcial convocó a declaraciones indagatorias. “No solo acomodé el expediente desde el punto de vista procesal sino que la impulsé adecuadamente. Luego se hizo una investigación y el propio fiscal dijo que no había ninguna irregularidad de mi parte”.
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El martes se conocerá el veredicto sobre la responsabilidad del secretario general de la UTA, Ricardo Pera, en los hechos de violencia ocurridos contra dos concejales en 2015, cuando ocupaba una banca por el Frente Renovador.
“Declaramos a medida que nos fueron llamando y se nos explicó que no podíamos presenciar toda la audiencia por cuestiones sanitarias. Estuvieron el juez, el fiscal, el defensor y el testigo. Podría haber estado Ricardo Pera pero solo escuchó los cargos y pidió estar afuera porque no se sentía bien”, explicó a FM De la Calle Gustavo Mandará, quien junto a Sergio Massarella fueron los agredidos.
Señaló que “el viernes pasado le pidieron a Pera que participe de una pericia médica, se negó y el juez dijo que se hacía la audiencia. De parte nuestra, los testigos que declararon son una empleada del Concejo, Pablo Rosenfelt y otra persona empleada del IOMA que eran mayores contribuyentes y Massarella”.
“De la parte de Pera, declaró alguien que sigue siendo empleado de Concejo pero cumple tareas en otro lado que es el señor Trellini y luego Rafael Emilio Morini que dijo que hacía mucho no lo veía”, agregó Mandará.
El concejal del Frente de Todos destacó que, en su caso, “fue volver a narrar todo, con las obvias cuestiones de que pasaron hace seis años, hay cosas que uno cree que las tiene muy vividas pero pasó el tiempo”.
“Uno de los canales de aire de Bahía hizo un informe y pasó las imágenes de 2015 y a lo que dijimos con Sergio en la salida de ese día tan triste no le agregaría ni una coma. Pedimos que actúe la justicia y eso está ocurriendo”.
Por último, destacó que “hay un correlato de explicaciones de porqué se demoró (el juicio), hubo éxito de las dilaciones de la parte de Pera, esto cayó en las manos del juez Ares que se jubiló un poco antes de la pandemia y cayó en este nuevo juez al que le vi la cara ayer en la audiencia por primera vez”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/hcd-2015-pera.png?fit=1322%2C449&ssl=14491322FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-24 12:44:362020-12-24 12:44:37“Pera pero solo escuchó los cargos y pidió estar afuera”
La directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, Claudia Bellingeri, declaró, en carácter de testigo de concepto, en el marco del juicio que lleva adelante el TOF de Bahía Blanca contra los responsables de los crímenes cometidos por el grupo parapolicial Triple A entre 1975 y los primeros meses de 1976.
Como organismo designado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para la preservación, administración y gestión del archivo de la DIPPBA, la CPM realizó para esta causa un aporte documental de 164 registros, entre fichas, legajos e informes que individualizan a los integrantes del grupo de tareas civil, el seguimiento a muchas de sus víctimas y las conexiones con la Universidad Nacional del Sur y el diputado Rodolfo Ponce, entre otros aspectos que se ventilan en este juicio.
Las audiencias continuarán los días 3, 4 y 5 de febrero.
La exposición de Bellingeri fue acompañada de una serie de diapositivas en las que se mostraban extractos de documentos oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) con datos de las víctimas de la Triple A en Bahía Blanca, la participación del por entonces interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Remus Tetu, en la coordinación del grupo de tareas sobre los claustros estudiantil y de no docentes, y el rol del diputado nacional Rodolfo Ponce -secretario general de la CGT local- en la conducción del grupo civil, además de la inserción funcional de la DIPPBA dentro del esquema y zonifación del terrorismo de estado.
El testimonio se extendió por más de tres horas y contempló la explicación y contextualización de 164 documentos aportados por la CPM en tres informes distintos que fueron presentados durante los últimos años desde el inicio de la investigación penal.
En primer lugar, la testigo de concepto detalló los principios de integralidad, cadena de custodia y autenticidad de los documentos, a partir del extenso trabajo de desclasificación, organización y digitalización del archivo DIPPBA. En ese marco, también se proyectó en plena audiencia el video titulado “La Inteligencia también fue Terrorismo de Estado”.
En cuanto a la Comunidad Informativa -categoría que designa la articulación, coordinación y colaboración de todas las agencias de inteligencia del país para la ejecución del plan de exterminio-, describió sus organigramas, funcionamiento orgánico, y su expresión local en Bahía Blanca.
De las reuniones de la Comunidad Informativa bahiense, por ejemplo, Bellingeri destacó documentos que prueban que Tetu participó activamente aportando nombres de trabajadores no docentes y estudiantes identificados como subversivos o de izquierda peronista o marxista, además de haber creado en la Universidad el Departamento de Seguridad desde el cual directamente se contrató a integrantes de la Triple A.
Asimismo, con respecto a Ponce los documentos expresan que varios de los integrantes de la Triple A de Bahía Blanca eran considerados como “guardaespaldas” o personal de seguridad del diputado Ponce, provenientes de gremios como el de la Junta Nacional de Granos, URGARA, y otros.
Entre las acciones encomendadas a este grupo de tareas civil se destacan la detección, seguimiento y, en algunos casos, el asesinato de “posibles elementos de izquierda” que intervinieran en los espacios gremial, fabril o universitario.
Cabe destacar que en los documentos de DIPPBA aportados a esta causa aparecen no sólo los nombres y roles de los cuatro que están siendo juzgados -Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero- sino también los de otros integrantes de la Triple A que no llegaron a juicio, como en los casos de Argibay padre e hijo, Sañudo, Chizú, Dodero y otros.
Respecto al nombre de la organización parapolicial, Bellingeri explicó que en ningún documento aparece explicitado como Triple A sino que se los menciona como “grupo civil”, “peronismo histórico”, “peronismo ortodoxo” o “juventud sindical peronista”.
Entre las víctimas que aparecen registradas en los documentos DIPPBA se destaca el caso de David Watu Cilleruelo, estudiante universitario asesinado por el grupo de tareas y cuyo nombre había sido aportado por el rector Tetu en una de las reuniones de la comunidad informativa de Bahía Blanca.
Tras el crimen del joven, y ante las protestas y movilizaciones de la comunidad universitaria, Tetu detalló “el estado rebelde y subversivo en los claustros, provocado por dichos activistas, cuyos antecedentes se adjuntan”.
Bellingeri también puntualizó en la documentación sobre otras dos víctimas -Luis Jesús García y a Rodolfo Gini- aunque aclaró que existe material documental sobre muchas de las víctimas que se contemplan en esta causa.
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El Colectivo Abrazo a la Plaza del Sol se reunió con el secretario de Movilidad y Espacios Públicos, Tomás Marisco, para conversar acerca de las mejoras proyectadas para el lugar y el futuro de la iniciativa de Fidetrust para construir cocheras subterráneas.
“Estamos en alerta porque la situación es que, si bien Marisco nos dijo claramente que desde el Ejecutivo no tienen intención de apoyar el proyecto de las cocheras, que no es de interés municipal, esto continúa en el Concejo Deliberante y el expediente está abierto”, comentó a FM De la Calle la abogada María de los Ángeles Rosón.
Integrantes del grupo le preguntaron a Marisco si el intendente vetaría el proyecto en caso de ser aprobado por el Concejo. “Eso no lo podemos afirmar”, contestó.
Rosón cuestionó el “mecanismo de decir que el Ejecutivo no tiene nada que ver y que depende del deliberativo como si se tratara de un tema en el que está escindido de esto, como si no tuvieran mayoría en el Concejo”.
“Por eso estamos haciendo una presentación en el Ejecutivo y en el Concejo solicitando el archivo del expediente “, destacó la abogada.
Agregó que “decir que el Ejecutivo no va a hacer nada si esto se aprueba en el deliberativo es solamente una demostración de voluntad. En cuestiones administrativas la voluntad no tiene cabida, pedimos que se declare patrimonio cultural e histórico -hay una ordenanza que así lo habilita- y eso nos daría la posibilidad de que la plaza quede como está”.
Rosón señaló que el funcionario expresó que “en enero comenzaría la puesta en valor de la plaza. Es una demostración de voluntad. Necesitamos que no que quede abierto ese expediente, supongamos que eso se suspende pero cambia la gestión y eso se retoma con medio expediente dentro del Concejo Deliberante”.
En el encuentro se “explicó el plan de forestación y que hay que hacer la plaza más accesible. Eso está contemplado. Hoy a la tarde estamos haciendo una propuesta en relación a las plantas, de la mano con gente de la UNS. La última charla de forestación se va a hacer en la plaza y ahí le vamos a entregar la propuesta”.
La cita en la cual funcionarios/as de la comuna informaran a la comunidad sobre el estado del arbolado será a las 18 abierta a quienes tengan interés en la temática.
Rosón enfatizó que “sigue vigente la presentación de audiencia pública, si se archivan las actuaciones esto no tendría sentido. Hemos puesto en debate público qué sucede con la gestión entre lo privado y lo público, cuál es la mirada del Municipio”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/mariscoplaza.jpg?fit=1548%2C1161&ssl=111611548FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-23 12:59:482021-09-01 10:05:38“Marisco dijo que el Ejecutivo no tiene intención de apoyar el proyecto de cocheras”
“El operativo fue en la madrugada, me entero el martes a media mañana por los medios porque no nos habían comunicado. Me acerco a la casa de mi hijo y veo que estaban haciendo el allanamiento. Se realiza un operativo simultáneo en más de 20 hogares, en la noche, y se procede a la detención de 15 o 16 personas”, relató a FM De la Calle, Fabiana Herrero, madre de Nicolás Lupín.
La medida, que contó con un despliegue policial de más de un centenar de efectivos, fue ordenada por el juez Guillermo Mércuri y estuvo a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.
En los últimos días, familiares y amigos de Lupín se manifestaron en varias ocasiones reclamando la liberación del autocultivador de cannabis. A Nicolás le secuestraron “plantas pequeñas que no estaban sexadas”.
Herrero agregó que “el operativo se presenta como el desbaratamiento de una banda de narcotraficantes que en realidad no lo es. Nicolás es un pibe que labura todos los días, anda en bici, es ayudante de albañil y vive en una casa prestada. Caratularlo de narcotraficante está muy lejos de ser lo que él es”.
“Están alojados en la DDI de Bahía Blanca, tenemos que hacer 160 km para llevarle comida y que puedan estar medianamente en condiciones”, subrayó.
Luego de lo que se presentó como un “mega operativo” que sorprendió al pueblo, la mujer señaló que “pusimos a nuestro abogado que esta trabajando sobre la causa pero desconocemos las cuestiones legales. Pedimos la excarcelación, sabemos que los hechos que se le imputan no son excarcelables”.
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El médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano, entrevistó a su colega Martín Biaggioni, uno de los creadores del Sistema de Alto Flujo para pacientes con insuficiencia respiratoria que funciona en el Hospital Municipal para tratar personas con Covid de alta complejidad.
“Es un sistema que permite dar mucho flujo de oxígeno con alto caudal a los pacientes y estaría disminuyendo la tasa de intubación y ventilación mecánica de los pacientes con Covid”, señaló Biaggioni, especialista en Clínica Médica, médico de planta e instructor de residente en el HMABB.
Romano destacó que “atrás de esta breve síntesis hay un trabajo de estudio, de investigación, de colaboración con el CONICET, de lucha contra el sistema para tratar de imponerlo. Viene a suplir una falla que durante mucho tiempo no se podía importar y hacerlo en Bahía significa que somos pioneros en el país. Acaban de recibir una premiación del Congreso Internacional de Medicina”.
El investigador mencionó que cada aparato importado cuesta alrededor de 15 mil dólares, el equipo logró disminuir su costo a 10 mil pesos. “Junto al CONICET diseñamos un aparato facilitador que permite la terapia. En octubre pudimos probarlo, los resultados fueron increíbles, empezamos a colocarlo cuando en otro momento se hubiera pasado a terapia con respirador y rápidamente permitieron que en un promedio de cinco días los pacientes se recuperen y se vayan caminando a la casa”, destacó.
Biaggioni explicó que “llegamos a tener siete pacientes en simultáneo, esto lo permitió la implementación de esta aparatología por el bajo costo que tiene. Se desarrolló a pulmón porque no tuvimos financiamiento externo y fuimos haciéndolo en conjunto con investigadores. Nos permitió ahorrar 24 camas de terapia intensiva”.
Romano subrayó que “eso fue en un momento donde no había más respiradores. Había indicaciones de que podía ser potencialmente peligroso para el personal porque podía esparcir aerosoles. Sin embargo, eso se descartó y siguieron adelante poniendo plata del bolsillo. No hubo financiamiento y el CONICET dio una mano enorme”.
¿Cómo funciona?
“Es un sistema que brinda oxígeno a muy alto flujo, calentado y humidificado con un sistema de mediciones que permite llegar a una presión determinada y un flujo adecuado. Este calentador usa cánulas y frascos de oxigenoterapia convencional”, señaló el especialista.
Añadió que “la mejora tiene que ver con permitir una oxigenación a nivel del alvéolo, mejora la cantidad de oxígeno que llega, por ahí a la persona no le cuesta tanto respirar sino oxigenar”.
Por último, señaló que “la capacidad de tratamiento depende de las camas que dispongas. Teníamos en simultáneo hasta siete u ocho pacientes, se lo teníamos que desconectar a uno y ponérselo a otro, era permanente uso, hoy tenemos tres en simultáneo. Nuestra meta tiene que ver con lograr la aprobación del sistema para poder replicarlo”.
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(Por Enrique Gandolfo*) Como si la pandemia fuera un factor de unidad para intereses contrapuestos los dirigentes de las dos fracciones de la CGT han recibido en la sede sindical al nuevo presidente de la UIA Gustavo Elías (dueño de la Nueva y La Brújula), al intendente de Bahía Blanca y otros de la región y al presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Federico Susbielles.
Vale mencionar especialmente la presencia del intendente de Villarino Carlos Bevilacqua, el hombre que reclamaba que se investigara a Facundo Astudillo Castro por narcotráfico.
Ante ello decimos:
*Los dos dirigentes de las dos fracciones de la CGT reciben en la sede sindical al presidente de las cámaras patronales sin haber dicho una palabra de solidaridad con la huelga nacional aceitera que con ejemplar firmeza reclaman desde hace 15 días por un salario digno que se atenga al principio constitucional que define el mínimo vital y móvil. Y lo hacen frente a patronales que este primer semestre del 2020 han exportado por 14 mil millones de dólares y han ingresado 9 mil millones.
Es decir, han dejado en los paraísos fiscales donde tienen sus casas matrices uno de cada tres dólares.La Federación Aceitera dice con razón que las empresas provocan el conflicto para presionar al gobierno con desgravaciones impositivas, baja de retenciones y devaluación de la moneda.
La explotación del trabajo descansa en la competencia entre trabajadores, en la desunión. Quien desde la dirigencia sindical mira para otro lado frente a un conflicto así favorece a los dueños del capital por más que hable de “equidad y oportunidades de progreso”.
*En el documento se habla de “fomentar el empleo”. Se olvidan que Gustavo Elías al frente de la Nueva ha producido despidos de trabajadores gráficos. El año pasado fueron 15 los compañeros gráficos despedidos que se agregan a los 26 del 2016 cuando Massot tenía la propiedad del diario.
*¿Cuántas son las patronales que han desconocido las condiciones de resguardo en los lugares de trabajo frente al corona virus?
*En medio de la pandemia hemos visto como se aprueban proyectos inmobiliarios de lujo como el Sarmiento al 1300 o se pretende destruir una plaza para construir cocheras, al tiempo que cientos de familias buscan tierra y vivienda para dignificar sus vidas. ¿Hay algún interés común entre los grandes inversionistas en busca del máximo lucro y quienes ya no pueden pagar un alquiler?
*El documento firmado habla de “armar una agenda de acciones conjuntas para velar por la seguridad en el trabajo, mientras todos los indicadores hablan de como en el período de pandemia hay decenas de empresas que han aprovechado para flexibilizar las condiciones de trabajo (algunas valiéndose del teletrabajo), para producir reducciones salariales o propiciar formas aberrantes de explotación como las empresas multinacionales de cadetería.
La precarización laboral se extiende por todas las áreas del trabajo público (con despido incluído de trabajadora municipal precarizada) y privado. Todos y todas recordamos las muertes de Juan Cruz Manfredini y tantos otros jóvenes que trabajaban en las empresas de la industria, el puerto o en la construcción. La mayoría de esas pérdidas de vida son consecuencias de la desidia y la desinversión de las empresas para garantizar las condiciones de seguridad.
¿Hay intereses comunes entre empresarios que “ahorran en seguridad para bajar los costos laborales” y quienes tienen que vender su fuerza de trabajo en estas condiciones?
*En medio de un empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador un puñado de grandes empresas han abultado sus ya muy considerables ganancias. Los grandes bancos, las empresas tecnológicas, las mineras y las del complejo agro exportador y petroquímico van a la cabeza.
*Desde un punto de vista de clase decimos que el funcionamiento “normal” del capitalismo es el gran productor de injusticias y que la pandemia opera como una oportunidad para agravar las desigualdades e incrementar la opresión sobre la clase trabajadora.
*Quienes desde un puesto sindical enarbolan un discurso de equidad e igualdad de oportunidades entre quienes ejercen el poder económico y quienes vivimos de un salario no hacen otra cosa que ocultar su rol de contenedores de la protesta y favorecedores de intereses ajenos a la clase que dicen representar.
*La organización sindical de los y las trabajadores y trabajadores sólo con democracia de base y la más plena autonomía frente a las patronales, el Estado y los partidos políticos puede defender cabalmente los intereses de su clase y al mismo tiempo proyectar una salida alternativa a la crisis que se oriente por intereses comunes para una vida digna y no por el imperativo de la ganancia como motor de la economía. Hay otro país posible por el que vale la pena luchar.
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Esta mañana se realizó el juicio oral contra el ex concejal Ricardo Pera por lesiones leves contra Gustavo Mandará y Sergio Massarella. Los hechos ocurrieron en 2015 cuando participaban como concejales en una Asamblea de Mayores Contribuyentes. Pese a ser un debate público el tribunal prohibió el ingresó de la prensa.
El Fiscal Marcelo Romero Jardín solicitó la pena de 2 años de prisión en suspenso por ser la primera condena, fijar domicilio, someterse a las normas del Patronato de Liberados y hacerse cargo de las costas del proceso. Su defensor, Sebastián Martínez, pidió la absolución. La sentencia se difundirá el martes 29 a las 12.
Gabriel Giuliani, a cargo del Juzgado Correccional N°1, será quien determine la responsabilidad del secretario general de la Unión Tranviarios Automotor.
Según detalla la investigación del fiscal Marcelo Romero Jardín “Pera habría amenazado de muerte a Massarella y le habría propinado un golpe para luego agredir a Mandará, provocándole una lesión en la pierna izquierda”.
El ex concejal arribó a la audiencia luego de varias medidas dilatorias, entre ellas la imposibilidad de notificarlo por lo cual ayer se había ordenado su detención en caso de que no concurriera a la audiencia. Finalmente se presentó junto a su abogado Sebastián Martínez.
Esta no es la única causa que tramita la justicia con Pera como acusado. En 2019 fue denunciado por su ex pareja por lesiones agravadas y amenazas. Laura Trespando se presentó en Fiscalía el 20 de diciembre junto a su hija de 22 años para dar cuenta de la violencia machista que padecía su familia.
«No me hagas enojar negra», decía el acusado luego de golpearla, maltratarla o insultarla. Los «coscorrones» alcanzaron incluso a uno de los hijos -menor y con trastorno autista- de la mujer. Fue el fin de la relación.
La denunciante y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa». El presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.
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La organización social Giravida recibió una notificación de que, a partir de enero, el Municipio no solventará el alquiler de su sede de Pacífico y Gorriti. Esta tarde realizarán una asamblea junto a vecinos y vecinas para “pensar juntos acciones de reclamo”.
“Nos enteramos que a partir del 2021 la Municipalidad cesaría el contrato de alquiler de la casa donde estamos trabajando hace once años. Mandamos algunas notas a través Acción Católica y del Arzobispado para poder lograr un encuentro con Políticas Sociales y acordar por lo menos que no sea tan abrupto. Estamos a la espera de una respuesta favorable pero no la estamos teniendo”, dijo a FM De la Calle Josefina Tévez.
Giravida es un “programa social de Acción Católica que trabaja en los barrios Bajo Rondeau y Villa Caracol con espacios abiertos a la participación barrial y fortalece la organización comunitaria. La gente participa de las realización y ejecución de las actividades que son talleres de apoyo escolar, de mujeres y organización de jornadas comunitarias. Trabajamos en red con las instituciones territoriales del barrio, para organizar cosas para mejora la situación de la gente del barrio y para acompañar algunas familias y también para festejar”.
Durante la pandemia Giravida fue una de las organizaciones que estuvo realizando el trabajo de contención con entrega de bolsones alimentarios, elementos de limpieza e higiene. “Esto es producto de un montón de años de trabajo en red y es la lógica que también adoptamos la mayoría de las instituciones del Noroeste”.
“Decidimos comunicarle a la gente que es parte del programa esta situación. Ayer tuvimos el reparto de cajas navideñas y aprovechamos a contar la situación y convocamos hoy a una reunión. Enseguida salieron propuestas para no dejar ir este programa y la casa de la gente”, destacó Tévez.
¿Hay plan B?: “Por las actividades del programa no hay otra casa en esos barrios como para poder hacerlo de la mejor manera, estamos pensando opciones, son acotadas”.
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La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, analizó los costos de las complicaciones por abortos clandestinos y se preguntó cuánto dinero de las arcas públicas se destina para atender consecuencias evitables.
“Desde 2018 hemos escuchado argumentos en contra del aborto legal desde distintos puntos de vista: desde la religión, desde el derecho y otro argumento pro aborto clandestino es el económico, dicen que el gasto público aumentaría mucho si el Estado tiene que hacerse cargo de las IVE”, señaló.
Costantino agregó que “hay datos publicados en un informe del 2018, de un grupo que se autodenomina Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida, con números y cálculos de fuentes dudosas, que afirma que si el Estado se hiciera cargo, el costo de cada aborto sería -a plata de hoy- 30 mil pesos por cada intervención. Si se estiman entre 400 y 500 mil abortos anuales, el gasto público se elevaría de manera considerable dejando afuera otras prácticas moralmente ‘menos reprochables'”.
“El argumento es falaz porque la comparación de los escenarios no es aborto legal vs. inexistencia de aborto sino aborto legal vs. aborto clandestino”.
El Centro de Estudios de Economía Política publicó un informe que se llama “La economía del aborto”, en el cual realizan cálculos acerca del costo para el Estado del aborto legal y del clandestino.
“En Argentina se realizan 450 mil abortos por año y el 10% tiene complicaciones. Ese numero se tiene de las altas que se dan en el sistema público de salud de personas con complicaciones derivadas de aborto: unas 45.000 por año. Tienen distintos grados de gravedad, desde tratamientos leves como son los ambulatorios hasta complicaciones graves que requieren intervenciones quirúrgicas o terapias intensivas”, mencionó la economista.
En nuestro país “el aborto representa la tercera causa de muerte materna y, de acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2018 el 13,6% de las muertes maternas fueron a causa de abortos incompletos. Este número está sub-registrado debido a la clandestinidad y criminalización de la práctica. Es esperable que, con la legalización el número de IVEs disminuya y, por supuesto, también el número de complicaciones derivadas de IVEs”.
La columnista destacó que “según el informe de CEPA, del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requerirá una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá abortos incompletos con cuadros de alta gravedad“.
“Lo que hacen es calcular, según complejidad, los abortos incompletos con complicaciones leves, le cuestan al estado aproximadamente 43 mil pesos, con media gravedad es 80 mil pesos, y uno con alta gravedad le cuesta al Estado 130 mil pesos.
De esta manera, el costo total anual estimado por tratamientos a complicaciones leves (67% de los casos) es de $1.315 millones, por tratamientos a complicaciones de gravedad media (31% de los casos) de $1.147 millones y, por último, el costo total por el tratamiento a abortos incompletos con complicaciones de alta gravedad (2% de los casos) se estima en $ 123,8 millones por año”.
¿Cuánto cuesta un aborto seguro?
Hay dos tipos de procedimiento: “con Misoprostol o con tratamientos como el AMEU (Aspiración Manual Endouterina). El costo unitario de una caja de Misoprostol es de 6 mil pesos, y el costo de un AMEU es de 15 mil pesos. Si comparamos el valor de la caja de Misoprostol, con lo que le cuesta al sistema de salud atender las condiciones de un aborto mal realizado de riesgo, llegamos a la conclusión de que el aborto clandestino cuesta 21 veces más que el aborto legal”.
“Si los 45.000 abortos con complicaciones se hubieran realizado de manera segura con misoprostol, los costos para el Estado hubieran disminuido en un 88% (300 millones vs. 2.500 millones de pesos)”, argumentó.
Eliminar el lucro con la salud de quienes abortan
A lo anterior hay que sumarle que “la legalidad eliminaría el negocio del aborto clandestino. Según el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, en 2018 el costo promedio de un aborto de una clínica privada -a números de hoy- es de mil dólares. 100 mil pesos”.
“¿Quiénes pueden acceder a un aborto seguro de manera clandestina? No cualquier mujer tiene 100 mil pesos para acceder a un clínica. El porcentaje de mujeres activas en Argentina es del 40%, porque el resto se dedica mayormente a tareas de cuidado. Las que trabajan lo hacen con salarios mucho menores en promedio respecto a los varones, los niveles de pobreza están altamente feminizados, de las personas que menos ingresos tienen siete de cada diez son mujeres”, subrayó Costantino.
Conclusiones finales
“La legalización del aborto no solo generaría mayor equidad en términos de género sino en términos de clases sociales. Es un problema que desde la economía feminista llamamos interseccional, fuertemente clasista”, mencionó.
Costantino destacó que “al Estado la legalización no le implicaría mayor costo sino un ahorro del gasto público y generaría justicia equitativa en términos distributivos porque bajarían los costos de bolsillo que las mujeres tiene que pagar para hacerse un aborto”.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2020/12/abortolegal.jpg?fit=1004%2C565&ssl=15651004FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2020-12-22 11:31:572021-09-01 10:06:13¿Cuánto cuesta el aborto clandestino? ¿Y el legal?
“Más allá de que estamos preocupados por este intento de hacer caer la causa Cuadernos, esta investigación nos lleva a ver que si esto ocurrió es muy grave y berreta”, dijo el funcionario.
Agregó que “hemos sido críticos de la actuación del juez (Alejo Ramos Padilla) vinculado al operativo de tratar de hacer caer la causa Cuadernos, pero desde la Coalición Cívica de todas maneras hemos tenido una posición crítica respecto de organismos de inteligencia”.
“Además de ser condenable lo vemos como algo berreta, no vemos ni siquiera que tenga un sentido, ni siquiera un sentido perverso, es preocupante, repudiable y queremos que se investigue”, remarcó De Leo.
En relación a las responsabilidades políticas sobre el accionar delictivo de la AFI de Cambiemos mencionó que “está claro que se debe investigar y avanzar. Si los servicios de inteligencia se dedican a hacer un ciberespionaje nos preocupa porque cualquiera pueda ser víctima. Se trató de un revelamiento bastante berreta, lo cual no le quita la gravedad del caso y si hay responsabilidades políticas me parece muy bien que se las investigue”.
“Desde la Coalición siempre dijimos que los servicios de inteligencia se han dedicado a cuestiones de política interna. Históricamente han cobrado vida propia y algunos gobiernos han querido utilizarlos y terminan siendo víctimas ellos mismos”.
“De (Silvia) Majdalani habíamos fijado postura crítica y habíamos pedido que sea reemplazada porque no estaba cumpliendo con lo que pensamos que tiene que hacer”, dijo en relación a la segunda autoridad de la AFI, procesada junto a Gustavo Arribas y otros funcionarios de la ex Side.
Al ser consultado sobre si tenía conocimiento sobre el accionar de la AFI local De Leo dijo: “Honestamente, no”.
“Desconocíamos absolutamente y tampoco sabemos cuál era la intención de una investigación como esta. No le encuentro ninguna clase de sentido, no veo ni tensión política, me parece lamentable que se haya querido buscar una línea en este sentido”, señaló.
En su fallo, Ramos Padilla se detiene en la persecución a los gremios docentes en el contexto de la paritaria y la campaña electoral de 2017. “La situación del conflicto docente era algo de la tensión política razonable en democracia, podríamos pensar distinto con la dirigencia sindical pero no vimos ninguna situación que pudiera pensarse en estos niveles”.
Jorge Sebastián Novais, era el titular de la delegación local de la AFI durante el espionaje. De Leo mencionó que no lo conoce: “Es la primera vez que me entero de su existencia”. Junto a él otros tres espías conformaban la sede local en el marco del proyecto ilegal.
“Lo que me preocupa es que quien tiene la capacidad de remover esto es el gobierno y esperamos que se lo haga con un sentido, donde hay una intención del gobierno a través del juez de hacer caer la causa de los Cuadernos”, finalizó.
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