“Soy católica, yo no me hago abortos pero por qué tengo que meterme con otras personas”, dijo a FM De la Calle Cecilia Ousset, médica tucumana especialista en tocoginecología, objetora de conciencia y expositora a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso.

“Que yo sea objetora de conciencia no tiene nada que ver con que una persona pueda cumplir sus derechos. No puedo exigir a todo el mundo que piense igual que yo, que tenga mi misma religión o pensamiento, es absurdo”, agregó.

Ousset fue una de las profesionales que intervino en el caso de Lucía, una niña tucumana de 11 años con un embarazo producto de una violación. En la actualidad ella y su marido, quien fue convocado para realizar el aborto no punible, continúan imputados por homicidio agravado por haber garantizado la intervención según lo indica el Código Penal desde 1921.

“En el caso Lucía todo el mundo se declaró objetor de conciencia, yo ya estaba adentro con el profesional que lo iba a hacer y le tuve que instrumentar, tuve que ser partícipe porque mis creencias no pueden estar por encima del derecho de las otras personas”, comentó la médica.

Agregó que en el 2019 “se sabía que había una nena internada, que no se le garantizaba la interrupción del embarazo, había sido abusada y embarazada por su abuelastro. Estuvo un mes en el hospital, la fiscal (Adriana) Giannoni hace abuso de poder porque envía oficios al hospital amedrentando al personal diciendo que si alguno hacía la ILE iba a iniciar acciones penales, entonces ningún médico se animaba”.

“La nena pedía que le saquen lo que el viejo le había puesto adentro, tenía lesiones, un caso muy grave y habían dejado pasar mucho tiempo”.

“Una jueza de Familia insta al Ministerio de Salud que se haga en un plazo de 48 horas, me llaman a mí que soy efectora del sistema privado, sabían que yo estaba a favor de la legalización del aborto y que era objetora de conciencia, derivo el caso y acompaño al otro profesional por si había alguna complicación. Llegamos y todos se declararon objetores, las jefas estaban presentes, se llama a un anestesista de otro lugar y cumplo con la ILE, a la salida del quirófano nos esperaban oficiales del Ministerio Público Fiscal para tomarnos los datos”, recordó.

La especialista señaló que la causa continúa abierta por homicidio agravado: “En un momento casi perdemos nuestra libertad, tuvimos que ir a una audiencia con personas en la calle manifestando. Hemos visto realmente amenazada nuestra libertad, amenazas telefónicas y violencia verbal en la calle, a nuestras familias, nuestros hijos amenazados, con tratamientos psicológicos y, hasta el día de hoy, se sigue gastando recursos económicos en una causa que no se cierra”.

La persecución judicial como una maniobra de disciplinamiento profesional

“Es como si viviéramos en diferentes países, como si cada provincia tuviera sus propias reglas. En Diputados escuchámos cómo (los sectores antiderechos) tienen sus interpretaciones, dicen que el caso FAL fue para un solo caso, el art. 86 es para mujer idiota, es una locura. En el sur tenemos un profesional con causa penal y sin matrícula por obstaculizar y en el norte, por cumplir, tenemos causa penal”, argumentó.

Ousset explicó que “necesitamos marco normativo y jurídico claro para todo el territorio nacional. Tengo que saber, si la persona me dice necesita tal cosa, qué me va a ocurrir para ver si corro o no ese riesgo. No entiendo la colega que dice que quiere que sigamos viviendo en la clandestinidad en el miedo. Algo está fallando en lo íntimo de su ser o no está entendiendo la gravedad del problema”.

¿Cómo implementar la cláusula de objeción de conciencia?

En relación a la posibilidad de implementar un registro de personas objetoras de conciencia mencionó que “estamos hablando de Tucumán, donde obligan a gestar niñas, un registro sería ridículo. No debería haber porque una vez registrado sería muy difícil salir. Se van a ir plegando cuando esto avance y se vayan derribando muros ideológicos, cuando no se sientan perseguidos por fiscalías de homicidios. Hoy se van a registrar todos, no me vayan a meter preso, acá de verdad la policía te llega con sirenitas a tu casa”.

“Hay que manejarlo con mucha inteligencia, tejer redes, los profesionales que estamos por el derecho a decidir, por la legalización del aborto, entre nosotros sabemos a quiénes nos mandamos, todos lo sabemos y el sistema también. Sí necesitamos hacer consultoría porque acá tampoco hay”, concluyó.

El grupo Abrazo a la Plaza del Sol intimó al presidente del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, y al subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, para que convoquen a una audiencia pública y se abstengan de realizar modificaciones en el espacio público ubicado en O`Higgins 140.

“Estamos intimando a los fines de que cumplan el Concejo y el Ejecutivo con la convocatoria a una audiencia pública con antelación a la declaración de interés municipal sobre la obra de iniciativa privada que se pretende realizar en al Plaza Lavalle”, comentó a FM De la Calle, la abogada María de los Ángeles Rosón.

Explicó que “una vez expedida esta declaración de interés público la obra pasa a una segunda instancia que es la convocatoria a licitación pública. Entendemos que tiene la venia por parte del deliberativo, lo que se está haciendo es cumplir con formalidades. Es necesario tener en cuenta a los organismos especializados para hacer los informes”.

En este sentido, solicitaron que “se dé inmediata intervención a las comisiones de Medio Ambiente, de Arbolado y de Transporte del HCD para que emitan dictamen sobre la conveniencia o no de la Iniciativa Privada y se convoque a la UNS, la UTN, y organismos especializados para que participen en la Audiencia Pública”.

En la carta documento exigen la realización de “un estudio de impacto ambiental, estudio de suelo, de movilidad, forestal”.

La abogada comentó que “no nos quedamos con la promesa de los concejales de que se les va a avisar a la gente cuando se trate porque por los medios el oficialismo salió a avalar el proyecto”.

Por último, el grupo Abrazo sostuvo: “Defenderemos nuestra plaza pública y nuestro medio ambiente ante toda gestión municipal que ponga lo intereses económicos y mobiliarios privados por sobre las necesidades, las costumbres y la historia de los y de las bahienses”.

Nuevos Vientos propuso un plan de recolección de residuos diferenciados para juntar las botellas de vidrio que se acumularán en las casas en las próximas fiestas.

“Siempre se plantea la separación en origen de residuos para evitar enterrar cosas reciclables que pueden ser reincorporadas al sistema productivo. Recolectores informales nos decían que el vidrio se paga poco, pesa mucho y corren riesgo de cortarse y por eso no se está recolectando”, comentó a FM De la Calle, Raúl Ayude.

Agregó que “fuimos al informe de GIRSU de 2013-2015 para ver cuáles eran las cantidades y nos topamos con que se generan 350 toneladas de residuos en la ciudad por día, de las cuales 24 mil kilos son de vidrio, un material que es 100% reciclable. Enterramos alrededor de 25 toneladas de vidrio por día, lo que proponíamos era hacer una recolección especifica de vidrio, por ejemplo, que durante tres martes no retiraren la bolsa común sino solamente vidrio”.

Señaló que “si es exitosa la propuesta y puede servir, se puede replicar después de Pascua o después de un fin de semana largo o festividades como Día de la Madre o del Padre. El tema es que el vidrio hoy lo juntás y tenés que saber dónde dejarlo, antes lo sacabas a la calle y siempre alguien se lo llevaba, hoy es más fácil que se lleven cartones o PET que vidrio”.

Ayude comentó que le acercaron la propuesta al subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insasuti: “Dijo que lo iba charlar, pasaron 15 días y no tuvo respuesta, intentamos hablar con otro actores”.

Respecto a las formas de reciclar el vidrio explicó que hay “distintos niveles de procesamiento, podés separar el vidrio, reusar envases aunque es complicado porque hay que vincularlo al rubro específico (según la forma)”.

“Lo que se hace es: se separa por color, lo que es transparente se puede usar para vasos o platos y lo pagan más y lo que es de color va todo mezclado y se utiliza para botella. Se está pagando la tonelada 1200 pesos, vienen, lo buscan, lo trituran y se lo llevan. Hay otros valores pero es cara la logística si lo quisieras laburar”.

Profesionales del Instituto para el Desarrollo Económico y Social “Stella Maldonado” de la CTA De los Trabajadores realizaron un análisis del presupuesto provincial proyectado para el 2021.

“Se trata de un presupuesto que supone déficit, gastos que aumentan por encima de los ingresos atendiendo la crisis económica de la provincia y el país. Es un presupuesto expansivo, no es que aumenta significativamente el gasto pero sí cambia su composición”, dijo a FM De la Calle el investigador Andrés Wainer.

Subrayó que “aumenta el gasto en servicios sociales y económicos, inversiones en infraestructura, salud y educación y lo que se reduce significativamente son los pagos de intereses de deuda que tienen que ver con el proceso de reestructuración de la provincia”.

Otro de los ejes que se destacan es que “el grueso de los incrementos del gasto va para gastos de capital que tienen que ver con la inversión real. Esto, por un lado, es necesario para recuperar la infraestructura de la provincia y además genera empleo y permite dinamizar la actividad económica”.

El proyecto presupone que se va a reestructurar la deuda aunque el plazo para la negociación del gobierno y los acreedores cierra este viernes. “Todavía no sabemos cómo va a terminar eso, si se lo compara con lo que se gastó en el 2019 se ve que el pago de intereses se reduce en un 56%”.

En caso de no haber acuerdo “habrá que ver lo que se negocia -dijo Wainer- o si entra default y no paga. La característica distintiva tiene que ver que incrementa el déficit en el gasto primario, es un déficit mas virtuoso porque se gasta más en gastos sociales reales y no en la deuda. En ese presupuesto hay un esquema para financiar ese déficit que si no se llega a un acuerdo se verá cómo financiarlo.”

En relación al empleo público mencionó que “se espera es incrementar los cargos de planta permanente y transitoria en Seguridad y Salud y Derechos Humanos y también la cantidad de horas cátedras del programa FINES y apoyo escolar post pandemia. Se planean crear un poco más de 13 mil nuevos cargos”.

“En la estructura del recurso se ve mayor progresividad, en recursos tributarios aumentan aquellos impuestos vinculados a automotores, inmobiliarios y sellos y, menos, los ingresos brutos. Otro de los recursos que se suman son los fondos coparticipados con la Ciudad de Buenos Aires y que ahora van a la provincia”, comentó.

Por otro lado, “se da la discusión de cómo se distribuye en los municipios, hay un pequeño cambio en el Fondo de Incentivo Docente que se busca distribuirlo con mayor peso en la cantidad de alumnos y no tanto con la superficie o tamaño físico del municipio”.

Profesionales del Servicio Local dependiente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Municipio presentarán una nota al intendente Héctor Gay pidiendo la inmediata reincorporación de una trabajadora social y el pase a planta de las trabajadoras y los trabajadores precarizados.

Se trata de Brenda Maceratesi, integrante del equipo de Ing. White desde septiembre del año pasado. Esta mañana dijo a FM De la Calle que su despido “es un accionar autoritario con un objetivo es claro: aleccionar a los trabajadores e infundir temor. Hace varios meses que venimos haciendo pública la situación de Niñez”.

ATE convocó para mañana a las 11 frente a Alsina 65 a organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, sociales y a la comunidad a acompañar este reclamo “entendiendo que la única forma de que el Municipio tome la responsabilidad que le compete es que los/as trabajadores/as seamos quienes exigimos que cumplan con su función”.

Maceratesi señaló que “desde mayo venimos presentando notas con compañeros y compañeras con la misma modalidad de contratación a la Subsecretaría de Niñez, dando cuenta de la compleja situación, de la vulneración de derechos y sobre cómo repercute en la atención”.

“El miércoles 3 de noviembre se nos informa por mail que se había solicitado desde la Subsecretaria a la Coordinación una evaluación de desempeño profesional a trabajadores contratados. Se desconocen los criterios de evaluación y el objetivo. El 6 de noviembre se me informa que no se me iba a renovar el contrato cuya renovación había firmado el día anterior”, agregó.

Maceratesi destacó que “no hubo posibilidad de ejercer alguna defensa, no hubo un momento de hacer una revisión. Desde el año pasado hasta la actualidad no nos revisaron las prácticas ni a mí ni a mi equipo de trabajo. Es importante resaltar que el trabajo del Servicio Local es interdisciplinario, hay tres instituciones que trabajan en conjunto”.

“Nadie se hace cargo de esta decisión que tomaron, con todo lo que implica desvincular a una profesional de Niñez. Esto impacta en la comunidad donde trabajamos, no podemos llevar a cabo nuestra tarea si nuestros derechos son los primeros vulnerados. Conlleva decisiones de alto grado de responsabilidad que impactan sobre la vida de niños, niñas y familias con las que trabajamos cotidianamente”, subrayó.

El Sindicato de Trabajadores Municipales “no nos reconoce como trabajadores, hemos solicitado asesoramiento pero ha sido negado por la condición de contratos que tenemos con el Municipio. Somos doce contratados, solamente en el Servicio Local. Somos 31 profesionales en once equipos, dos equipos están incompletos desde hace un tiempo. El último pase a planta que hubo fue en el 2017. En este tiempo hubo muchos profesionales que se fueron por las condiciones laborales”.

Por último, la trabajadora social destacó que “nuestra función como Servicio Local está enmarcada en la Ley Provincial de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la cual se remarca este trabajo interdisciplinario: un trabajadora social, psicóloga y un abogado. Contratados y de planta cumplimos las mismas horas, hacemos la misma tarea, pero nuestros honorarios no llegan a la canasta básica y estamos cobrando desfasados de fecha”.

Más de 600 personas firmaron la nota que será entregada al jefe comunal demandando la reincorporación. Para acompañar el reclamo podés firmar acá.

(Por Astor Vitali) Santiago O´Donnel escribió el libro Hermano, básicamente ordenando diecisiete horas de entrevista con Mariano Macri, algunos libros escritos sobre Mauricio Macri y los de su padre Franco. Queda asentado el carácter de runfla del ex presidente, a través de un testimonio directo de alguien que –a no perder de vista- es parte del Grupo Macri. Es revelar desde adentro un entramado de negociosos y truchadas donde siempre pierde lo público. Nuevamente, revelado desde adentro.  

Según el autor, el menor de los varones Macri decidió publicar su testimonio por tres motivaciones: “Por salud mental” ya que “lleva trece años de enfrentamientos con Mauricio en reclamo de que le pague el precio justo por su parte del paquete accionario”. En segundo término, “para romper el mito de que su padre, el legendario empresario Franco Macri, era un mafioso menemista que vivió toda su vida de aprietes y negociados con el Estado” ya que “Mariano está convencido de que esta es una historia inventada por Mauricio y por quienes lo asesoran en marketing político”. En tercer lugar, “Mariano siente que el mismo abuso y maltrato que él recibió de Mauricio a nivel familiar el pueblo argentino lo sufrió a nivel político. La misma desilusión, la misma estafa”.

Encontrándose Mariano Macri en litigio por recuperar parte de su fortuna, la que le corresponde como integrante del grupo empresario, es imposible soslayar que el libro es también una herramienta de presión social para limitar el esquema de impunidad con el que se ha manejado Mauricio Macri hasta el momento, en el marco de esa disputa.

El libro está dividido en tres partes: Franco, Mauricio y Mariano. En cada una de ellas se van narrando los chanchullos del grupo familiar y el traspaso de la hegemonía de Franco hacia Mauricio, quien la fue imponiendo a través de mecanismos de extorsión, excluyendo progresivamente a quienes integran la familia de la toma de decisiones.

Quien lee esta publicación -que recomendamos leer de corrido para no perder dimensión de las monstruosidades allí explícitas-, encontrará mayormente un mundo que es ajeno a la mayoría de la población: casas de innumerables cantidad de ambientes, firmas y sub firmas, holdings y subholdigns, negocios realizados a través de bancos estatales y con estados –donde pierde siempre lo público, nuevamente-, cuentas offshore de millones de dólares, extorciones familiares y manipulación de terceros, testaferros, en definitiva, un entramado mafioso para sostener fortunas que se consiguieron a través del verso del “trabajo” y el esfuerzo del “sueño americano” cuando en rigor son fruto de la trampa y el robo a lo público, utilizando las estructuras estatales para hacer negocios privados. Las mismas estructuras del estado del que estas gentes se espantan cuando sirven como herramientas públicas para asistir a los sectores de menos ingresos. No tienen cara.

Es un mundo ajeno de un uno por ciento. Es un mundo de tránsfugas que roban a lo grande, estafan a dimensiones colosales, y por otro lado, luego descalifican al resto de la sociedad dándose aires de superioridad moral. Son los que después dicen: “estos no quieren trabajar”. Internarse en el libro desde esta perspectiva nos permite pensar muchos de los debates que se están dando por estos días en la Argentina.

El desprecio de clase expresado en la declaración de los rugbiers, ese auto convencimiento que profesan de que son superiores al resto, no tiene que ver con el deporte –no hay nada malo en sí mismo en ninguna cosa- sino con la composición de clase de quienes llegan a determinado estatus. Ese nivel de violencia que llevan dentro no es otra cosa que la formación que recibieron y que ahora reproducen. Están seguros, seguras de que lo que tienen lo tienen porque son mejor que el resto y de que son portadores de esa moral superior, que tienen derecho a decirle al resto cómo vivir; incluso que tienen derecho sobre el cuerpo de –como ellos les llaman- sus mucamas, sus trabajadores.

En lugar de ver la desigualdad social existente y que ellos requieren del trabajo de un pequeño ejército para sostener su estatus –porque de agacharse a lavar el piso ni hablar- se auto convencen de que “dan trabajo” y de que además dan el ejemplo. La autopercepción de superioridad moral que dio fundamento al nacismo, al fascismo y todas las filosofías reaccionarias cuyas doctrinas políticas y aplicación concreta en el devenir histórico tuvo saldos catastróficos para la humanidad.

Cuando salió el libro de Santiago O´Donnell, que es más bien una herramienta de pluma periodística para ordenar el testimonio de Mariano Macri, algunas personas sospechaban que sería el fin de la carrera política de Macri. Otras suponían que hasta abonaría a su figura.

La segunda hipótesis puede funcionar dentro de la clase pedante –y por ende, en buena medida en lo que reflejen los medios, porque les pertenecen a ellos-, esta clase de la nube de pedo y de la superioridad moral auto percibida. Porque en ese mundillo de miserables que compiten por acumulación de poder, la declaración de Mariano no hace otra cosa que dar cuenta de la “habilidad” de Mauricio Macri de quedarse con todo, utilizarlo y hasta generar un paraguas de protección judicial en base a su acumulación de poder.

En otras palabras, de manera inconfesable, para esa casta privilegiada de hipermillonarios la actitud rapaz de Mauricio Macri lo convierte más en una suerte de héroe de la jungla financiera –que no funciona en base a valores de solidaridad sino de extremo beneficio individual-. El testimonio de Mariano Macri es la queda del “perdedor” dentro de la puja interna.

Por su puesto, en ese modelo social, en el mundillo de empresarios, las mujeres de la Familia Macri no jugaron un rol central ni de decisión en el destino de las empresas: más bien el patriarcado oper+o desde el “paternalismo” de Franco, quien terminó inclinando la balanza hacia las intenciones de Mauricio Macri, que tenía con qué extorsionar al viejo empresario.

Para el resto de los mortales, es más fácil imaginar un viaje a la luna que ese mundo de cifras siderales, vidas prostituidas por el dios dinero y proyectos personales supeditados a la acumulación personal pisoteando al resto.

Retomando los objetivos de Mariano Macri a la hora de publicar este libro, podemos decir que el más convincente es el de su salud mental. Seguramente, luego de muchos años de destrato paterno y maltrato del jefe del holding, Mauricio Macri, será para él un gran acto de desahogo contar todas estas miserias e intentar diferenciarse. Aunque cabe decir que no puede Mariano comparar su situación con la del resto del pueblo argentino, como se atrevió a hacer, puesto que el resto del pueblo argentino no es millonario y puesto que su propia persona –que recién ahora decidió hacer algo público al respecto- forma parte del grupo empresario que constituyó el bloque histórico político y económico que destrozó la economía del país, privatizó, liberalizó y generó el actual estado de pobreza estructural.

El objetivo de despegar al padre de su figura de referencia de la “patria contratista#” resulta un poco más flojo. Se lee de inmediato una sobreactuación en cada intento de despegada, sobre todo en aquello que es públicamente conocido. Claro está: no es lo mismo un representante de la vieja burguesía liberal que el de su hijo más propio de la etapa puramente financiera. Pero despegarlo de lo que fue es un esfuerzo fatuo, una subestimación de la inteligencia. Ocurre que el plan tiene como contrapeso oponer la figura del Mauricio con la de Franco.

El tercer motivo, el de aportar al pueblo argentino, representa, aunque tardío, un motivo noble en el que, de ser así, Mariano Macri ha dado su primer paso. Porque la información que se da a conocer en este libro debería ser el comienzo de una campaña de difusión y de una cruzada judicial local e internacional para evidenciar la perversidad de Mauricio Macri, su ejercicio de la violencia contra la pobreza y su saqueo ya ampliamente publicado. En definitiva. Mauricio es Macri. Sin duda. Mariano es Macri, a su vez. En todo caso, Hermano, puede ser el primer paso para despegarse de un apellido que no es historia pasada sino protagonista presente y que sigue haciendo mucho daño al conjunto de la población.

El médico Horacio Romano analizó en su columna de FM De la Calle la incidencia de la actividad física en nuestro bienestar y afirmó que el ejercicio disminuye la inflamación crónica y previene enfermedades.

“Cuando se da una infección hay un proceso inflamatorio con muchas sustancias químicas que generan una serie de cambios importantes, fiebre, palpitaciones, nos sentimos cansados o agotados. Eso es inflamación aguda”, comentó.

La inflamación crónica es la que “produce enfermedades más frecuentes: hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer. Esta inflamación crónica de bajo grado es uno de los causales de muerte en el mundo”.

“Se sabe que tiene muchísimo que ver con la falta de adaptabilidad evolutiva del ser humano, sumado al estilo de vida, a no hacer actividad física y tener pocas horas de sueño. Las cuestiones ambientales explicarían muchas cosas, desde el aire contaminado que respiramos hasta distintos químicos. Una de las cuestiones es el sedentarismo, se sabe que es cada vez menor en el mundo desarrollado, en líneas generales cuanto más avanzada la sociedad menos se mueve”, explicó Romano.

En relación a los músculos, señaló que “no solamente permiten hacer fuerza sino que se consideran un órgano con funciones endócrinas, como si fuera una glándula como la tiroides, hay sustancias que libera el músculo que son antiinflamatorias, por ende, contrarrestan esta inflamación de bajo grado”.

“Lo que se recomienda es una hora por día de actividad física y si se puede hacer algo con elasticidad y fuerza mejor. A medida que avanza la edad tenemos que ponernos más en movimiento porque cuando nos quedamos quietos disminuye la masa muscular y los factores antiinflamatorios del músculo”.

Finalmente, destacó que “si queremos prevenir y tener una vida saludable, con menos enfermedades incapacitantes, la actividad física es fundamental”.

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo del gobierno nacional incluye la objeción de conciencia (OC) de profesionales de salud. La abogada e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Agustina Ramón Michel, analizó en FM De la Calle los alcances de la medida.

“Hay un mal uso y abuso de la OC, por eso no la incluyó la Campaña en su proyecto. El dictamen de 2018 la incorporó de manera individual y prohibía la institucional. El cambio respecto a esa media sanción es que (la propuesta del Ejecutivo) no prohíbe explícitamente la objeción de conciencia institucional pero tampoco la permite. No parecería ser tan problemático que no la prohíba, lo importante es que no la permitan”, explicó.

La docente sostuvo que “la objeción de conciencia es la posibilidad de no cumplir con una obligación jurídica, en este caso el profesional de la salud está obligado a realizar una IVE, la OC es la posibilidad de negarse a cumplir la obligación alegando razones morales o religiosas”.

“Puede ocurrir que todos los profesionales de una institución aleguen objeción de conciencia. Eso podía pasar también con lo que se aprobó en 2018, la institución no dice soy objetora sino que van todas las personas. Sería una OC institucional informal. Una de las cosas más importantes es ver que se precisen los deberes que tienen quienes objetan, no es admisible que una persona que tiene creencias morales o religiosas diga no voy a cumplir con mi deber de atender a una mujer y además le restrinja la información o no la derive o que objete en el hospital y no en su consultorio”, comentó.

De acuerdo a una investigación de CEDES, les profesionales de la salud “no solo objetan por razones morales o religiosas, en muchas oportunidades tienen miedo al estigma de ser ‘aborteros’ en pueblos pequeños o recibir repudio de otros colegas. Ahí hay mucho por trabajar a través de capacitación, de redes, y con eso vamos a reducir la cantidad de objetores/as”.

Registro: ¿sí o no?

Michel dijo que “a veces un registro de objetores parece ser la forma de resolver este problema pero lo cierto es que no lo es”.

Destacó la experiencia de Santa Fe: “Se trataba de una gestión que había tomado la decisión de dar acceso al aborto por causales y quería usar un registro para entender cuál era la situación en el servicio de salud, cuántos eran los objetores y por qué razones. Con esa información fueron a trabajar a los centros de salud. Algunos objetaban para dar la píldora de emergencia porque decían que era abortiva, el Ministerio hizo una capacitación para mostrar que no era abortiva sino anticonceptiva. Después de las capacitaciones la cantidad de objetores se redujo un 35%”.

“Imaginemos este registro en la provincia de Chaco o Tucumán donde no hay ley de salud reproductiva, ni protocolo ILE, donde la ministra dice llamarse celeste. Se va a abrir ese registro diciendo anotesé quien quiera, se van a anotar el 80% del personal por reaccionario, otros por devotos, otros por miedo a quedar fuera y ser señalados como ‘aborteros'”, enfatizó.

Insistió en que “el registro en provincias que no tienen políticas de acceso al aborto es un arma de doble filo. De afuera parece una forma de tener cierto control pero en mi opinión no es la solución”.

Tierra fértil para el acceso a la salud sexual

“Si esta ley sale, no llega a tierra árida donde está todo por hacerse, ya se viene trabajando en los centros de salud el acceso a la ILE. En todas las provincias hay uno o cientos de profesionales que lo garantizan. A quien objete tenemos que hacerle seguimiento, la institución tiene que insistir y exigir que cumpla con las obligaciones”, comentó Michel.

Subrayó que “hay que poner en el centro el acceso, armar espacios para conversar, capacitar, todavía hay profesionales que se imaginan el aborto como algo complejísimo porque se imaginan lo que conocen desde la universidad y no se actualizaron”.

“El de 2018 fue el debate legislativo más pedagógico de la historia argentina. No hay dudas de que la despenalización social empezó ahí”, concluyó la abogada.

Vecinas y vecinos de barrios afectados por la falta de agua manifestaron su enojo y reclamaron soluciones al subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Guillermo Jelinski, el intendente Héctor Gay y autoridades de ABSA.

Esta mañana exigieron la declaración de la emergencia y la intervención del Concejo Deliberante. Algunos sectores llevan “12 o 13 días prácticamente sin una sola de gota de agua”, dijo Dante Lange a FM De la Calle.

Afirmó que hicieron “hincapié en cuáles son las alternativas que entendemos van a ser muy escuetas, las obras llevan tiempo. Mientas tanto, que pongan camiones cisternas para llenar los tanques domiciliarios y, al menos, tener agua para bañarnos y pedimos que repartan agua en bidones para tomar”.

Reconoció que “suena bastante precario, yo he tenido la suerte de que me han atendido distintos actores de la política y de ABSA, pero hoy por hoy no hay otra solución. Paralelamente los vecinos no nos podemos dar el lujo de perder días sin hacer nada, sin que se haga ninguna obra”.

“Queremos ver que avance el proyecto de obra, distintas maneras de facturación del agua, una campaña de concientización para ser prudentes al momento de gastar agua. Los días de lluvia no hay problema, eso pasa porque cuando llueve ninguno riega o usa la pileta, lamentablemente si no somos un poco más solidarios y dejamos de regar con agua de red, dejamos sin agua al resto”, argumentó.

En relación al consumo, Lange dijo que “no puede ser que me cobren el agua por los metros cuadrados que tengo. El promedio de una familia tipo de gasto es de 300 o 350 litros por persona por día, si vivo solo estoy gastando 9000 litros de agua por mes. Está bien que me cobren un precio razonable, ahora, lo que suma después me lo debería cobrar cuatro o cinco veces más, entonces me obligan a cuidar el agua”.

Minutos antes del encuentro en el Concejo Deliberante, Lange mencionó que “la sensación es que el Concejo debería estar haciendo un poco más de presión en este momento. Tal vez la gran mayoría de concejales no tengan problemas de agua, por ende, no me queda otra que ir al Concejo, me llama la atención que no estén enterados del problema que tenemos”.

Más tarde, el presidente del Concejo, Fernando Compagnoni, tuiteó: “Hoy ordené a la OMIC que ponga inmediatamente en funcionamiento un canal de recepción de reclamos para los vecinos damnificados por la falta de agua, dada las dificultades de comunicación que encuentran con la empresa ABSA”.

“Además se harán las presentaciones administrativas y judiciales que correspondan para tutelar los derechos de los bahienses, sea para lograr el inmediato restablecimiento del servicio, la exención del pago del servicio no recibido, y/o las indemnizaciones por los daños causados”, sostuvo.

El Ministerio de Seguridad solicita información “que conduzca directamente al arresto” de tres genocidas prófugos en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército.

Se trata de Miguel Ángel García Moreno, Carlos Alberto Arroyo y Roberto Carlos Brunello. Ofrecen 500 mil pesos de recompensa por cada uno de ellos.

El Gobierno relanzó el Programa “Buscar” -interrumpido por la gestión de Mauricio Macri- el cual permitió desde su creación en 2008 la captura de alrededor de 30 represores y el hallazgo del nieto recuperado N° 128.

Miguel Ángel García Moreno (LE N°4.420.438) nació el 25 de mayo de 1943. A mediados de 1976 fue destinado al Departamento III Operaciones del V Cuerpo. Su legajo consigna que en marzo del ’77 fue condecorado por “haber continuado en combate luego de ser alcanzado por la onda expansiva de una granada lanzada desde una vivienda” en un operativo.

Fue diputado nacional, legislador porteño y director del Registro Nacional de las Personas durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Está prófugo desde la reapertura de las causas, cuando el Juzgado N°1 estaba a cargo de Alcindo Alvarez Canale.

Carlos Alberto Arroyo (DNI N°10.554.063) nació el 3 de enero de 1953. Fue detenido el 29 de junio de 2009 tras emitir su voto en las elecciones. Se escapó en 2013 a días de comenzar el juicio oral del segundo tramo de la Causa Ejército.

El juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, la Cámara Federal y el Tribunal Oral lo mantenían excarcelado a pesar de la oposición de la Fiscalía.

Se le imputa su participación en los homicidios de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo quienes fueron ejecutados en un departamento de Fitz Roy 137 el 14 de noviembre de 1976. Por su participación en dicho crimen de lesa humanidad fue condecorado con medalla de oro “Al heróico valor en combate” y con un “Diploma de honor” firmado por Jorge Rafael Videla.

Por último, Roberto Carlos Brunello (DNI Nº7.699.908) nació el 23 de marzo de 1949, su último domicilio es en “Las Brisas Country Club” de Pilar. Es buscado desde noviembre de 2013.

Se le imputan secuestros, torturas, violencia sexual y homicidio contra decenas de víctimas. Integró la Compañía Combate “My Keller” del Batallón de Comunicaciones 181, la cual estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas que se cometían en dependencias del V Cuerpo.

La causa por la que se lo busca centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.

Quién tenga información sobre el paradero de los genocidas debe escribir a [email protected]

“No es justo que no podamos salir a las veredas porque nos piropean, nos secuestran, nos suben a los autos a la fuerza. No podemos estar con lo brazos atrás, tenemos que luchar y pelear por las chicas que están muertas, somos las voces de las que no pudieron gritar”, dijo una niña durante una concentración en el Barrio Pedro Pico.

Un centenar de personas se reunió ayer para repudiar los episodios de violencia sexual de los últimos días. La chica agregó que “si a la gente le decís que te violaron sos una loca, no podemos gritar porque dicen ‘son unas locas’. Necesitamos alzar la voz”.

Franco Fri fue detenido y negó ante la fiscala Agustina Olguín ser el autor de los hechos. Se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y robo agravado por el uso de arma. La víctima lo señaló en una rueda de reconocimiento y las autoridades no descartan que esté relacionarse otros dos episodios ocurridos en el mismo sector.

En tanto, Braian Herrera fue arrestado por manosear a una chica en el centro de la ciudad. Según fuentes judiciales, fue puesto en libertad ya que el delito es excarcelable y el acusado no tiene antecedentes penales.

“Tiene razón mi hermana -afirmó otra niña- esto es una injusticia. Las pibas se están muriendo, tenemos que hacer algo más que esto. Los meten en cana y los sueltan porque dicen que faltan pruebas, porque dicen que no se defendió. A la chica la violó el gil que vive acá a la vuelta, hay que hacer justicia por esa chica y por todas las demás”

Vecinos y vecinas del barrio se reunieron con el subsecretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte y el jefe de la Estación de Policía de Seguridad Departamental, Gonzálo Bezos. Reclamaron mayor seguridad e iluminación.

Una mujer expresó en la protesta: “Cuando vos no le creés a alguien que le dice que la violaron o la maltrataron la estás revictimizando. Hay que ser responsables y saber escuchar, hay que visibilizarlo, es una responsabilidad de todos. Tenemos que dejar de vivir con miedo y tenemos que cuidarnos entre nosotras. Es un llamado a la empatía, hay que tener mucho valor para hablar y para escuchar”.

“Estamos acá por todas ellas, peleamos por estas chicas, ya que el Estado no nos ayuda, no tenemos seguridad. Esto no pasa solamente acá sino en todos los barrios, en el colectivo. No sé qué quieren los hombres de nosotras. No son piropos, no queremos que nos digan nada”, se escuchó por el altoparlante.

Por último, una chica trans contó: “Tengo que lidiar con el prejuicio de que al hombre, por lo que soy, tengo que decirles que sí, me tengo que aguantar que hablen de mi género, ¿qué te importa lo que soy? Yo laburaba en limpieza y tuve que dejar de hacerlo porque un hombre me manoseó. Fui a denunciarlo y la policía me dijo ‘vos lo provocaste’. Una de las tantas razones por las que cambié de género es haber nacido hombre con todos los conceptos machistas en los que te obligan a vivir”.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, Lucas Beier, confirmó a FM De la Calle que solicitó el cierre de la etapa conciliatoria con las empresas del polo petroquímico y los organismos estatales imputados por la contaminación del estuario bahiense y el llamado a indagatoria a sus gerentes y directivos.

Si bien la causa que tramita la justicia federal “avanzó”, desde que la Cámara ordenó la medida cautelar en junio de 2019 “no hemos logrado que las empresas realicen propuestas”.

El fiscal Santiago Martínez hará un último intento de conciliación y de no haber respuestas se sumará al pedido de la querella. El próximo jueves el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Federico Susbielles, recibirá a Beier y a dos pescadores: “Propuestas dentro del proceso no tiene, no sé muy bien para qué es la reunión”.

El abogado señaló que el fiscal Santiago Martínez “intento en varias oportunidades que las empresas entiendan esta situación, se concienticen de que algo hay que hacer para evitar que se siga contaminando, ninguna empresa lo entendió salvo ABSA que hizo una propuesta para mejorar los tratamientos de líquidos cloacales”.

“Proponían que el polo petroquímico utilizara el agua de la cloaca tratada en vez de la que viene del dique pero la inversión era de cien millones de dólares, ABSA no la podía solventar y a las empresas no les interesó. Mega se comprometió a realizar una mejora del sistema de tratamiento para reutilizar el agua para riego. Ninguna hizo una propuesta concreta en relación al daño ya ocasionado”.

Además de ABSA y Mega, las demandadas son Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur, Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

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Una planta de reutilización de líquidos cloacales permitiría no solo disminuir el vertido de contaminantes al estuario sino, además, preservar el agua del Dique Paso de las Piedras para el consumo domiciliario. Ante el plan de obra presentado por ABSA, “el fiscal le dio traslado a las empresas, les dio un plazo y ninguna contestó nada. Se entiende que no les interesa tratar de buscar una solución ambiental dentro del marco del juicio”.

Los pescadores denunciantes pretenden que “las empresas realicen una mejora y la Cámara dice que hay que adecuar la reglamentación que se aplica a toda la provincia. Bahía tiene cuestiones muy específicas, son aguas cerradas de poco recambio, lo que se arroja prácticamente queda acá y se va acumulando”.

“Segundo que hay varios agentes contaminantes, tenemos más de diez empresas, la cloaca, el Consorcio del Puerto constantemente está dragando y removiendo las sustancias que están en los sedimentos. Analizando la situación la Cámara dijo que hay que dictar una nueva normativa para ver cuánto está autorizado a arrojar larga cada empresa. Las empresas tenían que cumplir esos pará metros y para eso tenían que invertir. Estábamos de acuerdo con eso y después alguna obra para que los ciudadanos pudieran acceder al estuario”, explicó.

Beier manifestó que “el Consorcio está en una postura, pese a que son demandados, de no recoger el guante y actúa más como mediador que como demandado, está tratando de interferir entre las empresas y nosotros para que lleguemos a un acuerdo pero en todo este tramo el Consorcio tampoco realizó ninguna propuesta”.

Tras conversar reunirse este lunes con el fiscal, comentó que “sigue trabajando con la intención de que se soluciones de manera consensuada. Realmente consideramos que es lo mejor, por los tiempos de la justicia y también porque al ser una materia complicada como la ambiental, dentro de un estuario, donde está en juego la parte industrial, productiva, la operación del Consorcio, es muy difícil que un juez o una Cámara dicte una sentencia que nos convenza y pueda cumplirse. Hacemos todo lo posible por llegar a un acuerdo pero a mi entender ya pasó mucho tiempo sin que hagan ni siquiera una propuesta, manifesté que ya no quería seguir más”.

Mientras se desarrolla la causa, las autoridades políticas y empresariales anuncian la ampliación de la planta de Profertil con una supuesta inversión de más de mil millones de dólares. “No entiendo, se les está dando la posibilidad de invertir y proyectar en base a una acuerdo con reglas claras y firmes y, por ejemplo, Profertil está dentro de la lista de los que no hizo ninguna propuesta. Obviamente si no se llega a un acuerdo yo me voy a oponer a cualquier ampliación, nueva inversión o cuando el Consorcio tenga que volver a dragar”.

Para entonces, la expectativa es tener sentencia en la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en el fuero Contencioso Administrativo. “Dudo mucho que puedan seguir dragando ya que es el hecho que más daño ambiental genera”.

“Si bien el año pasado se dictó auto para sentencia la resolución fue apelada paradójicamente por una asociación que dice representar a los pescadores porque quiere que no se dicte sentencia. Está en la Cámara de Apelaciones para resolver ese asunto”, concluyó.