El próximo domingo se reactivaría la planta LHC II BB de Dow donde se produjo la explosión del 28 de junio. Autoridades de la empresa informaron sobre el avance de las reparaciones al Comité de Control y Monitoreo.

“Volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento, la cual se prevé finalizar el 30/11/19”, registró el CTE.

El titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, comentó a FM De la Calle lo conversado ayer en la reunión del organismo de control. Participaron autoridades de Dow y los peritos que intervienen en la causa judicial.

“Nos dijeron que entre una semana y dos va a estar llegando el recipiente nuevo. Lo fabricaron en Rosario según la normativa internacional. En manos de los peritos quedó realizar las preguntas técnicas. La empresa respondió todo lo que se le consultó, quedaron algunas dudas a despejar, por ejemplo, la pertinencia de la colocación de una válvula de seguridad que trabaje en forma independiente a la mano del ser humano”.

-¿Es la válvula que dijeron los peritos que debió estar desde la puesta en funcionamiento del recipiente?

Hay una divergencia porque la empresa dice que según la normativa ASME pueden colocar una válvula de bloqueo manual entre el equipo presurizado y la válvula de alivio porque dicen que, en el caso de tener que calibrar la válvula de alivio con una válvula de bloqueo, pueden trabajar tranquilamente.

Los peritos dicen que no, que esa válvula tiene que estar conectada directamente como sucede con cualquier recipiente a presión. Entendemos que las medidas que va a implementar Dow no solamente son en el V907 sino el V908, que es el que está al lado y cumple la misma función. Es un equipo que reúne el condensado de vapor de ciertos circuitos y luego hace una recuperación energética y redistribución en la planta. También van a aplicar el mismo mecanismo de seguridad aportando una válvula de alivio automática para poder enviar al panel de control de la empresa una serie de señales que lo que harían sería independizar el sistema de la decisión de alguna persona.

El Comité Técnico Ejecutivo recorrió el jueves pasado el sector donde ocurrió la explosión. Según consta en sus actas, la empresa aseguró que “al equipo afectado se le agregará una alarma por alta presión, una de muy alta presión con set a 5,5 barg con cierre automático de la válvula de ingreso al equipo, alarma por alto nivel, alarma por muy alto nivel con cierre automático de válvula de ingreso de condensado. Además se agrega la válvula de alivio de presión PSV 90701”.

“El 15/09 la planta volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento”.

-¿Qué significa que la planta se reactive “sin la recuperación del condensado de hornos”?

A los efectos de la producción y funcionamiento de planta no implicaría una modificación. Podrían operar con la planta en funcionamiento, independientemente que no trabajen con estos equipos de recuperación de condensado. Es a los efectos de optimizar pero no hace al proceso en sí mismo. Van a bypassear el sistema y parte de ese condensado lo van a arrojar a unas piletas de tratamiento dentro de la misma planta. Según dijeron va a ser algo costoso para la planta porque el agua que recuperan es una agua tratada que circula dentro de las cañerías.

-Pero más costoso es tener la planta parada…

Exacto, más costoso es tener la planta parada.

-¿No hay ningún riesgo de seguridad?

No, no. Siempre hay un riesgo en la puesta en marcha de cualquier planta pero tomando los recaudos necesarios suponemos que no debieran tener inconvenientes. La propia representante del municipio se encargó de considerar esta cuestión de seguridad. Uno mínimamente tiene que tener la confianza en la empresa de que en la puesta en marcha no va a suceder nada.

El CREEBA realizó un relevamiento de la producción y desempeño económico de las cuatro empresas más grandes del complejo petroquímico local a través de los balances que vuelcan en la Comisión Nacional de Valores.

“Hacemos un valor bruto de producción y observamos que de 2017 a 2018 había una caída del 10% asociada a la caída de la industria de manufactura del año pasado”.

“Profertil es la que más produjo, después Dow. Cuando nosotros valorizamos nos da un valor de 3.2 mil millones de dólares. Es 2% superior al 2017. Si bien bajó la producción un 10%, había mejorado un 2% la valorización en miles de millones de dólares. Si miramos los precios internacionales hubo un aumento del 9%. Se produjo menos pero lo que se exportó fue a un valor mayor”, comentó el economista.

Por otro lado, el economista destacó que “la urea es lo que más se consume a nivel nacional, algo se exporta. Todo lo que es consumo interno de estos bienes ha caído y bastante. El sector de energía y producción de petroquímica es algo que ha andado relativamente bien, considerando la gran devaluación”.

Semilla afirmó que pese a la alta recaudación, quienes exportan no son los que generalmente más aportan: “Cuando uno exporta, lo que tiene son dólares en el exterior que los debe traer a la Argentina y lo cambia en el Banco Central. Hay una normativa nueva, de hace tres años y medio que en vez de que las empresas liquiden esos dólares en 180 días aproximadamente, lo extendió a 10 años. Eso significa que aquella empresa que exporte tiene hasta 10 años para liquidarlo. Lo mismo pasó con el sector del agro, el exportador analiza en qué momento le conviene liquidar esos dólares”.

En cuanto al impacto de la facturación de estas empresas en la economía bahiense, explicó que “lo que se analiza es el aporte a las tasas municipales. Eso es casi un 15% de las arcas municipales, en general. El Polo tiene arriba de 1000 personas trabajando y son perfiles bastante profesionales. Tiene una alta mano de obra que hace que tengan satélites trabajando, que lo que hacen es generar un mercado”.

A 19 años del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa en el polo petroquímico de Bahía Blanca, FM De la Calle conversó por primera vez con la subsecretaria de Gestión Ambiental del intendente Héctor Gay (Cambiemos).

Sandra Pérez comenzó su carrera como ingeniera química en la planta de YPF en el polo petroquímico  de Ensenada. En Bahía Blanca se desempeñó en Solvay, Petrobras y Profertil (1990-2005). Ocupó varios cargos en la Municipalidad de Adolfo Alsina. Es vicepresidenta del Club de Leones Bahía Blanca Palihue.

A principios de año reemplazó a Adriana Chanampa en el municipio.

Es la primera vez que hablamos, le pido una breve presentación personal, profesional, y de la política ambiental que lleva adelante.

Soy ingeniera química, hace seis meses que estoy a cargo de la Subsecretaría. La política ambiental que se lleva adelante es una continuidad de la política ambiental comenzada por el intendente desde el 2015, cuando se hizo cargo de la intendencia. Yo soy una continuadora de esa política, respetando todo lo que tenga que ver con la legislación y las buenas prácticas del arte.

Es un día que ha quedado en la memoria de la ciudad por el escape de Solvay Indupa, ¿usted estaba en Bahía en ese entonces?

Sí, sí.

¿Qué recuerdo tiene?

Que hubo un escape de cloro. ¿Recuerdo en qué aspecto? No entiendo la pregunta.

No es un hecho más en la ciudad, motivó cambios legislativos, preocupación social…

Seguramente, pero los tiempos han cambiado mucho. Ahora, los controles, la vigilancia que hay sobre las empresas del polo petroquímico es mucho mayor que la que podía haber en ese momento. Por supuesto, por mi formación química, yo sé los riesgos de que el cloro esté en el aire, como otros productos químicos que pueden estar en el aire y, si las concentraciones son superiores a los límites permitidos, pueden tener algún riesgo en la salud de las personas.

La verdad es que fue hace 19 años, a uno se le pierde un poco… En ese momento no tenía ningún tipo de relación con la empresa Solvay Indupa, con lo cual pasaría a ser en ese momento público en general y la información que tuve fue a través de lo que se divulgó por los medios de comunicación.

Han cambiado algunas cosas y otras tal vez no. En materia de seguridad le toca ocupar un cargo que cuenta con herramientas que son producto de aquel episodio, desde lo legal y lo administrativo.

Sí, la creación de CTE (Comité Técnico Ejecutivo) que se pensó como un organismo que tuviera el control y la vigilancia preventiva del desempeño. Si bien también, internamente, desde las empresas se han desarrollado sistemas de control, las empresas se han modernizado por la modernización del equipamiento, tienen mayores circuitos de seguridad que los que estimo existían en ese momento. Creo que el panorama es muy distinto.

Sin embargo hay episodios que siguen causando preocupación, es imposible eludir lo que sucedió recientemente en la ciudad que es la explosión en la planta de Dow. ¿Qué visión tiene y cómo han actuado desde la Subsecretaría?

Nosotros ante el aviso de Dow, se puso, se disparó el Proceso Apell y todos los controles del CTE y bueno, estamos, se hicieron las actas y las verificaciones correspondientes y Dow está analizando con sus técnicos, alguna información es pública sobre lo que ha pasado. Nosotros estamos atentos a toda la información que Dow nos haga llegar. No obstante, empresas y plantas con la complejidad de Dow u otras del polo petroquímico tienen los procesos y procedimientos para investigar exactamente y llegar al final. Ellos son los primeros interesados porque desde ese momento las dificultades y disminución en la producción de Dow son notorias.

¿Hoy hay algo que esté funcionando o está totalmente paralizada la planta?

Según tengo entendido está paralizado.

Hubo una explicación formal de la empresa que se remitió al CTE y luego al OPDS. ¿Está de acuerdo en que la causa de la explosión del cracker BB2 fue por un error humano?

También hubo profesionales de la Universidad Nacional del Sur que me merecen mi mayor confianza. Con lo cual, si estos profesionales dan un informe -que no hemos recibido formalmente pero lo he visto en las publicaciones en las redes, en los diarios- y también se han hecho los informes pedidos por el CTE, yo no tengo por qué suponer que no fue eso lo que sucedió.

El informe judicial dice que faltaba un dispositivo de seguridad que aún ante un error humano hubiese evitado la explosión si hubiere estado.

Por eso le digo, la información que obra en todos estos estamentos no tengo por qué suponer que no fue eso lo que pasó. La información la tengo, sí, pero ¿por qué usted cree que yo puedo suponer que no fue eso lo que pasó?

Pregunto porque hablamos con el CTE y dijo que la explicación de Dow le parecía razonable, que era una de las hipótesis que barajaban y remitieron la documentación al OPDS. La pericia judicial agrega otro dato.

La autoridad de aplicación es el OPDS, así que lo que diga el OPDS lo acataremos.

¿Es correcto que no haya habido ningún tipo de infracción por parte del CTE ante la explosión?

La infracción la hará el OPDS si lo considera pertinente en este caso.

Tal vez tendrá su explicación técnica pero cuesta comprender por qué ante los ruidos de la termoeléctrica se labran habitualmente infracciones y este episodio, que causó tal preocupación, no ameritó ni siquiera una infracción o un acta del CTE.

Bueno, es su opinión, yo la respeto.

No, se la transmito para ver si tiene algún tipo de explicación.

No tengo nada que decir al respecto.

¿Charlaron con el intendente la posibilidad de tomar algún otro tipo de medidas respecto a Dow más allá de la tarea de la justicia o el trámite que pueda cursar el OPDS?

No, no, no lo charlamos.

Lo que queda en evidencia, y lo han dicho el propio intendente y varios funcionarios, es que los sistemas de aviso, de emergencias, ante el cambio tecnológico, las fake news y demás, han quedado obsoletos o no adecuados al ritmo de la información en la actualidad. ¿En qué modificaciones están pensando como alternativas de seguridad, información, Proceso Apell?

Bueno, se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora.

¿Por ejemplo?

Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado.

Hay una información que surge de algo que usted planteó en la reunión de la semana pasada del CCyM, respecto de las coordinaciones del CTE y el Proceso Apell. ¿Van a llamar a concurso?

Sí, hay un concurso abierto… Bueno, aclaro que ese no fue el motivo de la convocatoria de la nota. Le estoy contestando sobre temas que no fueron el motivo de convocatoria de la nota pero se lo contesto.

El CCyM ha presentado una nota que está a consideración del secretario de Gobierno.

¿Tiene algún tipo de vinculación con la explosión, era algo que estaban pensando?

No, absolutamente. Se terminaron los contratos. Tienen un tiempo de vigencia, una posibilidad de prórroga y hay que llamar a concurso.

¿Ya están vencidos?

No, las prórrogas vencen a fin de año. Hasta entonces tenemos tiempo para terminar el concurso.

Las instituciones del CCyM pidieron poder opinar…

Exactamente, es lo que le decía. Está a consideración del secretario de Gobierno.

¿El suspender los concursos?

No sé exactamente qué resolución va a tomar, lo puse a consideración de él y estoy esperando respuestas.

¿Qué opinión tiene respecto de las causas judiciales sobre la contaminación en la ría en la cual la Municipalidad es parte demandada?

No, no, prefiero no opinar porque ese no era el motivo de la charla. Hoy era el 19 aniversario de los escapes.

Sí, le pedimos una reflexión sobre eso pero me parece que son temas todos conectados con la preocupación ambiental.

Sí, está bien, tendría que releer los informes.

Podemos quedar para otro momento.

Sí, yo aviso, yo les aviso.

Llamamos la semana que viene, ¿quiere?

Sí, yo les aviso.

No le hemos preguntado nada que esté por fuera de su órbita y esperamos no haberle faltado el respeto.

No, está todo bien, está todo absolutamente bien.

El presidente de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, dijo que tienen información que advierte que el equipo de medición de ruidos del CTE “tomó valores por encima de los permitidos en el momento de la explosión (en Dow) y la empresa no fue infraccionada”.

“De confirmarse, es algo grave que se haya tomado la decisión política de no infraccionar a la empresa”, dijo esta mañana en el marco del 19º aniversario del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa. Tanto la asociación como el Concejo Deliberante requirieron los datos registrados.

Zerneri explicó que el ingeniero mecánico que estaba a cargo del monitoreo de ruidos fue a capacitarse a España, consiguió un empleo y se radicó allí. “Todavía no fue reemplazado dentro de la plantilla (del CTE). Cuando ocurre lo de Dow  ya había renunciado, no estaba. Él era el especialista”.

Respecto a los escapes del 2000, el dirigente ambientalista afirmó que hubo “un avance muy importante en los primeros 10 años, había que poner en marcha la Ley Tunessi, adecuar sus herramientas, capacitar a la gente que tenía que estar en las plantas”.

“Hay otros temas que han quedado pendientes: darle estabilidad al personal del CTE, definir cuestiones con respecto a la frecuencia del monitoreo en el estuario, hay que reglamentar la ley 12530”.

Zerneri señaló que “todo el personal del CTE, excepto administrativos, están bajo un contrato, no tienen estabilidad en sus cargos. Es preocupante porque ante situaciones como estas, en las cuales se pone en tela de juicio el funcionamiento de organismos, la política suele cortar el hilo por lo más delgado”.

Días atrás, las autoridades municipales abrieron concursos para renovar las coordinaciones del Comité Técnico Ejecutivo y del Proceso Apell.

“Es bastante sugestivo que justamente -porque es una decisión política hacer esto- se quieran reconcursar en la puerta de una fecha en la que puede haber cambio de autoridades en lo local porque atentaría contra la estabilidad del sistema, que a dos meses de un cambio de autoridades se ponga en funcionamiento un mecanismo de elección de personas nuevas en cargos tan sensibles”, sostuvo.

La Municipalidad concursará los cargos de los coordinadores del Comité Técnico Ejecutivo y el Proceso Apell. La noticia fue comunicada en la última reunión del Comité de Control y Monitoreo y motivó la presentación de una nota pidiendo su suspensión.

Los trámites se iniciaron el 3 y el 18 de julio, luego de la explosión en el craker BB2 de la planta de Dow. Los expedientes se encuentran hace varios días en la Subsecretaría de Capital Humano.

La búsqueda de reemplazantes para César Pérez y Daniel Ayala fue anunciada la semana pasada por la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, en el encuentro mensual del CCyM.

Horas después, integrantes del organismo consultivo y de asesoramiento presentaron una nota en el municipio solicitando que el proceso para concursar los cargos sea detenido “a fin de ser evaluadas por el CCyM, las condiciones y posibles modificaciones para dar estabilidad en el cargo a las posiciones mencionadas”.

La carta lleva las firmas de representantes de la Universidad del Sur, la delegación local del OPDS, el Consorcio de Gestión del Puerto, la UTN, la Sociedad de Fomento de Ing. White, la Unión Industrial, la cooperadora del Hospital Menor de White, la Mesa Coordinadora de Consejos y Colegios Profesionales del sur bonaerense, el Sindicato de Petroquímicos y el Concejo Deliberante.

Estudiantes de la ciudad mendocina de Gral. Alvear protagonizaron días atrás una huelga y corte de ruta contra el fracking y en defensa del agua en la zona.

Lucía Demarque, integrante de Jóvenes por el Clima y estudiante secundaria, comentó a FM De la Calle que “al principio hubo cinco perforaciones y ahora son más. Hubo derrames que pueden causar cáncer, deformaciones, abortos espontáneos”.

“Este proceso produce una sismicidad inducida. Sabiendo que Mendoza es una zona sísmica, es una inconsciencia total por parte de los dirigentes. Además, no cuentan con el apoyo popular”.

Les estudiantes y organizaciones ambientalistas reclaman una ley para poder prohibir el fracking en Gral. Alvear.

“En el 2007 nuestros padres hicieron la Ley 7722 y se puso en vigencia. Es la que protege al agua y a nosotros de este proceso. Queremos hacer una ley en contra del fracking pero los diputados no sancionan nuestra ley porque dijeron que no sabían qué era el fracking y debían estudiarlo. Lo siguen estudiando después de un año y no hay ningún avance, se ve que son un poco burros”.

A pesar de la lucha, se sigue realizando fractura hidráulica: “Vemos los camiones con materiales que siguen trabajando sin problema con arena silica. Dijeron que utilizaban el agua que sacan de petróleo para reutilizarla, eso es mentira ya que nosotros investigamos y hablamos con un ingeniero que  nos dijo que solo se puede hacer con agua dulce”.

Demarque comentó que “en la provincia el gobernador está a favor del fracking y muchos candidatos también. Nuestro intendente está yendo en la misma lista que uno de los gobernadores. El gobernador está a favor del fracking y el intendente no. Si estás en desacuerdo no sé si tendrías que postularte con uno de los candidatos que sí lo está”.

La dirigente estudiantil denunció que la participación en la huelga les valió la persecución de las fuerzas de seguridad y las autoridades educativas.

“Hubo muchos chicos que se prendieron en la lucha. Gendarmería nos vino a amenazar. La policía nos dijo que era un delito, que nos iban a pedir nuestros nombres para llamar a las escuelas, algo que no se puede hacer porque no tiene nada que ver con las escuelas. Lo único que tenían que hacer era poner una falta, nos amenazaron con doble falta, amonestaciones. Esto no puede ocurrir, se parece más a una dictadura que a una democracia”, afirmó.

El ingeniero de la Universidad Nacional del Sur, Santiago Maiz, es uno de los peritos convocados por el fiscal que interviene en la investigación de la explosión ocurrida el 28 de junio en la planta de Dow.

Esta mañana explicó en diálogo con FM De la Calle los alcances del informe realizado en base a la inspección ocular realizada dos días después del incidente y a la documentación entregada por la multinacional.

El documento fue firmado también por los ingenieros Daniel Ziegler y Mauro Puccinelli (UNS) y por el perito Andrés Medina. Los expertos concluyeron que al “error humano” se sumó la ausencia de una válvula de seguridad en el equipo V907.

¿Qué fue lo que pasó y cuáles fueron las causas?

Lo que pasó fue que por el corte de luz del fin de semana anterior la planta se detuvo y lo que se hizo fue poner en servicio ese sector. En los procedimientos de puesta en marcha, se omitió o se salteó algún paso, lo que produjo que aumentara considerablemente la presión de vapor dentro de ese recipiente que y al no contar con ninguna válvula o alivio de presión, lo que hizo fue que explotara.

¿Cuál fue el impacto en la planta?

Como es una instalación de vapor que funciona con alta temperatura, son equipos, cañerías y tanques que están aislados térmicamente y recubiertos con chapa de acero inoxidable delgadas y entre la chapa y los diferentes elementos hay una capa de aislante, eso estaba todo destruido, y el equipo en cuestión era una chapa torcida, uno miraba y decía eso era el tanque.

La explosión fue tremenda. La chapa del tanque tenía casi un centímetro de espesor, en la explosión pegó contra una brida y era como si hubiese calcado la forma de la brida la chapa del tanque. Hay una foto espectacular que sacó Dow donde uno puede ver la violencia o la energía que tenía ese tanque acumulada cuando explotó.

¿Eso implicó alguna consecuencia respecto de algún otro tipo de procesos más allá del que involucra agua a o vapor?

No. Ese tanque estaba en un lugar rodeado de, no sé si se hace así a propósito, pero estaba contenido por la misma estructura, las mismas cañerías y otros equipos. Por ejemplo, al lado del tanque había un intercambiador de calor de placas, que es un equipo muy pesado, que obviamente lo bajó de su pedestal pero que lo que hizo fue contener la explosión. Está muy protegido por la misma instalación. Supongo que tiene una lógica dentro de la instalación, cuando uno hace una planta también hace un estudio de riesgos.

Cuando el fiscal les pregunta respecto de la expansión del daño, hablan de una distancia de 35 o 40 metros del recipiente y, en segunda instancia, mencionan que el primer sector con materiales inflamables estaba a más de 50 metros. 10 metros parece muy poco. ¿Qué conclusión tienen respecto del riesgo de que esa explosión pudiese haber afectado algún otro tipo de proceso?

Lo que observamos es que en una zona primaria, 10 o 15 metros, esa explosión hubiese sido fatal si había una persona en ese lugar por la cantidad de líquido, la cantidad de agua a alta presión y temperatura. Y en un radio de 35 o 40 metros la explosión hubiese sido de alto riesgo por la cantidad de partículas proyectadas, válvulas, bridas que explotaron y fueron esparcidas.

La zona de caldera está a unos 50 metros, es lo primero que se encuentra con combustibles y llamas, lo que podía haber llegado a pasar es que golpeara algún proyectil, expulsado por la misma explosión, y que podría haber causado la ruptura de alguno de los equipos que trabajan con gas o llama. De ahí a que se forme una reacción en cadena hay una probabilidad que es muy baja porque tendrían que suceder una serie de eventos y que eso se traslade a otro lado.

¿Daño por fuera de la planta hubo?

No.

¿Y riesgo?

No, riesgo tampoco porque una de las cosas que nos preguntaban  era si podía haber desencadenado alguna reacción en cadena o fuga de material tóxico. En el lugar donde explota el tanque es solamente cañería de vapor que se utiliza en diferentes procesos, a diferentes temperaturas.

Todo lo que había era agua, que es tratada químicamente, se le quitan minerales o partículas que pueda tener, porque ese vapor se utiliza para mover turbinas de vapor o para diferentes procesos donde ese agua debe tener una calidad muy alta y debe ser baja en oxígeno para que no produzca corrosión. Pero no representa un grado de toxicidad que pueda comprometer a alguien.

Yendo a las causas, el informe de la empresa que aceptó el CTE, puso el foco sobre un error humano, que no se abrió una válvula en la puesta en marcha post corte de energía. ¿Comparten esa hipótesis?

Sí, hay un error humano en los pasos del procedimiento de la puesta en marcha. Si uno sigue esos pasos es imposible que el tanque esté conectado a una fuente de presión y que no tenga una salida o escape. Pero además de ese error humano, que es una válvula que no se abrió para liberar el vapor que entraba, ese equipo no tenía válvula de alivio de presión. Si la hubiese tenido ni nos hubiésemos enterado que hubo un error humano porque en lugar de explotar el tanque se hubiese activado el sistema de seguridad.

¿Qué quiere decir que no tenía esa válvula? ¿No estaba ocasionalmente o nunca la tuvo?

No figura en los planos que hubiese una válvula de seguridad ahí. Desde el diseño no fue contemplada.

Ustedes citan una documentación del fabricante del recipiente que dice que debe tenerla y que se debe encargar la empresa de ponérsela.

Ese tanque fue fabricado bajo la norma ASME VIII División 1, que es una norma estadounidense, acá se usa una norma similar. En esa norma hay un apartado de los sistemas de seguridad que abarca y dice claramente que todo lo que es recipiente a presión debe tener un dispositivo de alivio de presión.

En todos los recipientes a presión indica que debe tener un dispositivo de alivio de seguridad, hace diferenciaciones si el recipiente está expuesto a la llama o no, pero en todos los recipientes a presión indica que debe tener un dispositivo de alivio de seguridad. Dice que no es necesario que lo provea el fabricante pero sí lo debe instalar quien lo utiliza. Desde la puesta en marcha debe tener un dispositivo de alivio de presión.

¿Hace cuánto tiempo funcionaba este equipo en Dow?

El equipo tiene fecha de fabricación del año 99.

¿Desde entonces estuvo funcionando sin esa válvula?

Claro, ese equipo se fabricó en el 99 y debe haber sido instalado en ese año o al año siguiente.

¿Desde aquel entonces hasta aquí no hubo un organismo de control que advirtiera esa situación?

No, porque generalmente cuando uno fabrica bajo esas normas debe acatarlas. Uno cuando vende su producto dice que su planta está bajo norma ASME VIII, mismo lo exige el comprador. Eso queda a cargo de la empresa.

Esa válvula, aun habiendo error humano, ¿hubiese impedido la explosión?

Claro, esa válvula hubiese liberado el exceso de presión.

Hacen una sugerencia de no puesta en marcha o habilitación de la planta hasta que esto no esté resuelto…

La misma norma con la que fue fabricada la planta indica que en el caso que haya algún incidente se debe cambiar todo a nuevo. Es porque uno debe tener 100% de confiabilidad en los equipos que está poniendo para que no vuelva a suceder. Todos los equipos que estaban en un radio de 35 a 40 metros se deben cambiar a nuevo o, en el caso que sea un equipo muy caro, debería revisarse por completo.

La pericia judicial que relevó las causas y consecuencias de la explosión en Dow ya está en manos del fiscal Cristian Aguilar.

Cuatro expertos concluyeron que el hecho ocurrió por deficiencias en el cierre de las válvulas y en el diseño del procedimiento de puesta en funcionamiento del recipiente estallado y, además, por la ausencia de una válvula de seguridad.

“Si se hubiera instalado un dispositivo de seguridad, la presión en el interior del recipiente V907 nunca habría llegado a valores de riesgo por lo que se habría evitado el siniestro”.

El documento fue firmado por Daniel Ziegler, Mauro Puccinelli y Santiago Maíz del departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional del Sur y por el perito ingeniero mecánico oficial Andrés Francisco Medina.

“Entendemos que, hasta que no se inspeccione y/o repare cada cañería, recipiente o dispositivo que pudiera haberse dañado en la explosión, no debería habilitarse el funcionamiento de la planta”, destacaron.

Expansión del daño y riesgos

Los peritos aseguraron que existió riesgo de daño a otros bienes de la empresa aunque no pudieron cuantificarlo y respecto al posible daño a terceros sostuvieron que “es muy bajo o prácticamente nulo”.

“La explosión hubiese sido de carácter fatal en un radio menor a 10 metros debido a los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). En un radio de 40 metros hubiese sido de alto riesgo por el impacto de las proyecciones de material”.

En cuanto al radio de expansión del daño afirmaron que “por las proyecciones de las piezas expulsadas en la explosión” se infiere que fue de 35 a 40 metros. Hubo afectación “de diferente magnitud en la cañería, diferentes dispositivos y estructuras aledañas”.

“El mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Algunas partes fueron encontradas a, aproximadamente, 35 metros”. Si bien descartaron “riesgo de reacción en cadena”, informaron que “los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encuentran a más de 50 metros del lugar del incidente”.

No había válvula de seguridad

“El recipiente falló a una presión de más de 10 veces superior a la presión de operación del equipo. Esto indica que el equipo carece de dispositivo de seguridad, es decir, una válvula de alivio de presión como indica la norma (…) bajo la cual fue fabricado”, escribieron.

Según la norma mencionada, es “responsabilidad del usuario asegurarse que los dispositivos de alivio de presión requeridos estén correctamente instalados antes de la operación inicial. Estos dispositivos de alivio de presión no necesitan ser suministrados por el fabricante del recipiente”.

El equipo afectado fue construido hace 20 años y su puesta en marcha se realizó varias veces, entre paradas programadas y/o de emergencia. “Esta secuencia de inicio si no es respetada taxativamente, produce el incidente sucedido al no contar con válvula de seguridad”.

“La secuencia del procedimiento de puesta en servicio, debería modificarse asegurándose que nunca el equipo llegue a una presión superior a la de trabajo independientemente de la existencia de errores humanos”, advirtieron.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos respondió al informe de Dow Argentina sobre las causas de la explosión ocurrida en la planta el 28 de junio.

“El análisis de la empresa se centra en el error humano. Siempre hay un factor humano que juega pero nunca es el único factor, hay niveles de seguridad por capas”, manifestaron.

El secretario general Claudio Guerra dijo a FM De la Calle que, “además del error humano, tiene que fallar el sistema de alivio automático, fallar alarmas. Cuando la empresa habla de error humano y las autoridades se quedan en silencio después de un incidente como ese, a nosotros nos preocupa”.

El comunicado del gremio señala las distintas instancias de control: “En la industria, la primera capa es el procedimiento operativo: aquí es preponderante la acción humana. La segunda capa es el monitoreo y control automático en sala de control, con sistemas digitales (DCS: Digital Control Systems). La tercera capa está conformada por sistemas de parada de emergencia (Emergency Shut Down). La cuarta capa tiene elementos mecánicos: válvulas de seguridad, discos de ruptura”.

“Las personas nos equivocamos, es común que alguien se olvide una parte del proceso, gente que trabaja de noche, en turnos, cansados. Que se diga que un error humano tuvo esa consecuencia es inaceptable”, comentó Guerra.

Por oto lado, sostuvo que “hablar sólo de un error humano omite el análisis e impacto de: el diseño de los equipos, la estrategia de seguridad, las disminución de personal y sus polifuncionalidades y la ausencia o ineficacia de organismos de control estatal”.

En cuanto al pedido del sindicato para ser incorporados al Comité de Control y Monitoreo, Guerra comentó: “Sabemos que el tema fue tratado ayer en el propio Comité, esperamos que nos permitan incorporarnos, somos muchos con muchos años trabajando y nos parece que podemos ser una voz importante e interesante”.

 

Una válvula de operación manual cerrada en la cañería de salida del recipiente V-907 impidió liberar la sobrepresión y provocó la explosión en el Cracker 2 de Dow el 28 de junio.

Así lo plantea el informe final presentado por la multinacional al Comité Técnico Ejecutivo. Dicha válvula “debió ser la primera en abrirse” al poner en marcha la planta luego del corte nacional de energía del domingo 16.

El documento firmado por el apoderado Víctor Seguí, describe que “la presión del equipo V-907 aumentó como consecuencia del ingreso de la corriente de condensado proveniente del horno H-123 (90bar) que es la situación operativa normal de diseño, puesto que la válvula de alivio de presión que asegura el equipo no estaba alineada correctamente”.

“No se siguió con la metodología del sistema operativo de manejo del equipo para su puesta en marcha. Ello generó un sonido explosivo en el momento en que se liberó el vapor de agua allí contenido. El incidente no generó la liberación controlada ni descontrolada de ningún producto químico, tóxico o inflamable”, concluye.

Dow explota, CTE explica

Dos días después de la explosión, Dow habló de su “compromiso con la transparencia”, rezongó por las fakes news sobre el episodio y prometió “continuar informando” sobre sus causas. Desde entonces, ningún representante de la empresa dio la cara.

Ante el mutismo de la multinacional y tras varios días de silencio forzado por parte de las autoridades municipales, el titular del CTE César Pérez fue el vocero del informe final: “Confirma una de las posibles hipótesis que teníamos, que habíamos evaluado con la información que teníamos”.

“Esto se maneja así, la empresa hace su análisis y nosotros recibimos la información. Evaluamos, en función de eso, si técnicamente es viable o es una causa justificada de la explosión”, dijo y explicó: “Podemos resumirlo como una falla operativa, un error humano en llevar adelante el procedimiento de alineación del equipo para la puesta en marcha del mismo”.

Toda la documentación fue remitida al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y a la Fiscalía. El primero deberá resolver si cabe alguna sanción, en tanto desde el ámbito judicial resta determinar si la explosión implicó la comisión de un delito, es decir, si hubo o no afectación a personas o bienes de terceros.

Pérez estimó que, “en función de los daños, la empresa puede estar dos meses más sin producir, dependiendo del tiempo que demore la construcción de un recipiente similar, más la adecuación de las cañerías menores anexas a este equipo”.

El informe relata que luego del corte de energía y la parada de planta siguieron varios días de “preparación para iniciar las maniobras de puesta en marcha”, incluyendo reparación de equipos.

La madrugada del viernes 28 de junio escuchamos la explosión. Dice Dow: “Durante las maniobras de preparación para la puesta en marcha de la planta Cracker BB2, se produjo un evento de seguridad de proceso que motivó la rotura del aparato sometido a presión identificado como V-907 (en adelante, el ‘Equipo’), destinado a la contención de condensado y vapor”.

Según la versión oficial, la explosión “no produjo heridos ni afectación al ambiente, en tanto el equipo no era destinado al uso, transporte ni almacenamiento de sustancia química alguna que pudiera causar impactos negativos”.

El proceso de mantenimiento del equipo estallado y sus tres válvulas de seguridad había estado a cargo de SAIPP S.R.L. y contaba con habilitación del OPDS.

En cuanto al origen de la sobrepresión, Dow sostiene que “constató la condición de cerrada de una válvula de operación manual que debió ser la primera en abrirse de acuerdo a lo que indica el procedimiento crítico de puesta en servicio, en la cañería de salida superior del recipiente V-907, circunstancia que impidió el funcionamiento del dispositivo de alivio de presión”.

“Ello provocó la presurización del equipo por encima de su valor de diseño y posterior rotura. La explosión ocurrió a las 00:20 debido a una sobre presión mecánica. Se estima que la presión alcanzó entre 5 y 10 MAWP (6.91 BAR)”.

En diálogo con FM De la Calle Federico Tucat se refirió a la explosión en la planta de Dow ocurrida el 28 de junio y a las causas judiciales que investigan la contaminación del estuario.

El 4 de julio el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad convocar a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, al coordinador del Proceso APELL, Daniel Ayala y al titular del CTE, César Pérez. Por otra parte, avaló el llamado a una reunión extraordinaria de la Comisión Asesora Ambiental ante la inactividad a la cual la sometió el oficialismo durante el último año.

“No tenemos información acerca de las causas de la explosión”, manifestó Tucat y agregó que la reunión con los funcionarios mencionados se realizará “a la brevedad”. “Particularmente después de lo que se manifestó como necesario, la actualización del Proceso de Respuesta a la Emergencia Tecnológica también nos parecía interesante era aprovecharla para modificar la ordenanza a los cánones locales e internacionales que establece el Proceso APELL”.

En cuanto a la paralización de la Comisión Asesora Ambiental -que debe reunirse una vez al mes-  sostuvo que, “independientemente de eso, cuando la temática lo requiere se genera mayor volumen de convocatoria. El año pasado hubo temas importantes que requirieron reuniones asiduas: las antenas de celulares y la pista de speedway. El presidente de la comisión a mantenido diálogo con las personas que la integran”.

Conocida la pericia judicial de la Universidad de Buenos Aires que alertaba sobre el peligro de la contaminación de la ría, el Concejo aprobó -el 13 de septiembre de 2018, también por unanimidad-convocar a las autoridades del CTE y a quienes confeccionan el Plan Integral de Monitoreo para que informen -una vez más- sobre las conclusiones del monitoreo realizado sobre cuerpos receptores y control de los contaminantes del agua.

Las autoras de la iniciativa, Paola Ariente y Gisela Ghigliani, pretendían que la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión Asesora Ambiental escuchen las conclusiones del Instituto de Oceanografía (IADO-Conicet) “a fin de evaluar el real impacto que la actividad industrial y las actividades antrópicas del desarrollo humano tienen en el estuario”.

Nunca sucedió. “A veces quienes movilizan determinadas convocatorias, debido a la coyuntura o a algún otro tema se va llevando su interés y no se terminan de convocar. El mismo requerimiento, las urgencias o la agenda la van estableciendo los propios bloques”, dijo.

Finalmente fue la Cámara de Apelaciones la que dispuso la formulación de “un plan concreto” para “diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.

Tucat opinó al respecto que “lo que la justicia falla hay que acatarlo. Es un tema de larga data y Bahía merece un análisis serio y en el corto plazo porque hablamos de la salud de las personas. Sería interesante en los plenarios de la Comisión Asesora Ambiental tratar esto y que los especialistas vengan a plantear las diversas y posibles soluciones. Inclusive que las propias empresas puedan asistir y manifestar su visión y las posibles soluciones”.

Un mes y un día después de la explosión del 28 de junio en la planta de Dow, el Comité Técnico Ejecutivo cuenta con el informe final de la empresa sobre las causas del episodio aunque la Municipalidad aun no autorizó su difusión.

Desde el área de Prensa se informó a FM De la Calle que el acceso al documento está supeditado a una reunión que mantendrán el titular del CTE, César Pérez, y el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni. Se confirmó que la explosión no mereció siquiera una infracción por parte del órgano de control.

La empresa despidió al jefe de Operaciones, Eduardo Carranza, y lo reemplazó por Leandro Furland quien se desempeñaba como superior del primero en la dirección de la planta. El cargo del degradado Furland fue ocupado por José Impolino.

Hernán Zerneri, de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, dijo que en una reunión extraordinaria del Comité de Control y Monitoreo las autoridades de Dow afirmaron que la explosión ocurrió “por un error humano”.

Agregó que Dow tendría que haber sido infraccionada: “Tengo entendido que el monitoreo de ruido detectó niveles por encima de lo permitido. En el caso de emisiones de humo por antorcha cuando son los cortes de energía también se la infracciona, la vara tiene que ser igual en todos los sentidos”.

“La reunión se disparó hacia las fake news y la credibilidad a las empresas. Hubo una enérgica respuesta de nuestra organización, de la cooperadora del Hospital Menor y algunos integrantes que no considerábamos oportuno que se intente adjudicar esta responsabilidad a la comunidad”.

“Siempre hay gente malintencionada pero acá amerita que se revise el PRET, los mecanismos de comunicación. Es un plan que tiene formas de comunicación de hace 20 años. Que la empresa se haga cargo de lo que hizo, que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer”.

Al ser consultado si el CCyM tuvo acceso al informe de la empresa señaló que “no es un organismo municipal, está creado por ley con muchas instituciones, no es un organismo que pertenezca al organigrama municipal. Lo que se intenta es que el municipio otorgue dentro de la página un espacio a este organismo. La obligación de comunicación es por parte del Estado, debería tener su propia pagina web, un presupuesto, todo esto no está”.

Días atrás, se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida, tras la explosión de un sector de la planta de Dow el pasado 28 de junio. La misma difundió una convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol. Durante la mañana, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay hicieron una recorrida por el establecimiento.

En las afueras de las flamantes instalaciones, un grupo de personas se hicieron eco de la convocatoria. La investigadora Emilce Heredia Chaz dialogó in situ con FM De la Calle relatando que en esta oportunidad se sumaron “nuevas caras” y explicando que esta nueva instancia asamblearia es “algo muy incipiente pero nos estamos reuniendo de nuevo para pensar esta coyuntura. La inauguración de este Dow Center es una oportunidad que surgió para hacer visible nuestro reclamo y salir de nuevo a la calle”.

¿Por qué Dow Chemical construye Dow Center?

“Todas las empresas del polo petroquímico tienen sus políticas que ellos llaman de responsabilidad social empresaria. Lo particular es que son políticas que no existían cuando era de mayoría estatal. Llegaron cuando se privatizó y se trasnacionalizó, al mismo tiempo que se amplió, llevaron adelante estas políticas porque saben que sus actividades generan ciertos impactos sociales y ambientales que generar conflicto. Frente a ello tienen estas políticas como modo de gestionar la conflictividad”, argumentó la docente.

Emilce vive en Villa Bordeu, a más de diez kilómetros del polo petroquímico. La noche del 28 de junio “vibró la casa y éramos cinco vecinos en la calle diciendo: ¿qué pasó? Pusimos Radio Nacional, muy ingenuamente, porque ese proceso (por Apell) siempre se presentó como una solución pero cuando esto ocurre nunca aparece como respuesta”.

Como habitante de la comunidad bahiense le resulta impactante que “una sola empresa pueda hacer vibrar a una población de trescientos mil habitantes. Es muy impresionante. Eso del cuerpo no me lo puedo sacar”.

Sin embargo, como investigadora, no le sorprende ya que “si uno sigue las distintas auditorias uno puede ver que estas emanaciones tanto a la atmósfera como a la ría son algo constante. Los mismos registros oficiales dan cuenta de esa situación. Todo esto es parte de su modo de producir”.

Debates: ¿Hay posibilidad de convivencia?

“En la asamblea se volvió a debatir en términos de erradicación” de las empresas, como ocurrió en el contexto del escape del año 2000. La respuesta que dio el modelo fue “más controles” que luego no se evidencian como práctica real.

“La cuestión es generar debate y abrirlo. Pensarlo en términos de progreso y qué entendemos por eso. Muchas veces nos ponen en la dicotomía es el ambiente o el trabajo. Y cuando vamos a ver esos números de la riqueza que generan y qué nos quedamos los bahienses, tanto en términos de tributación de impuestos como en puesto de trabajo, no es tan así. Si además consideramos las economías regionales que han afectado destruyendo puestos de trabajo como es la pesca artesanal”.

Para culminar, Heredia Chaz sostuvo que “incluso con esos números con los que nos corren y nos exigen respuesta: ellos tampoco las tienen en términos de generar un desarrollo de nuestra economía local”.

Por su parte, el secretario general de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego, Enrique Gandolfo, se preguntó si el centro de alto rendimiento tiene que ver con “deducciones impositivas o con otro tipo de negocio lucrativo en rededor del deporte”.

Como docente de educación física, el profesor explicó que “el enfoque deportivo dirigido hacia el alto rendimiento es uno que está orientado a una pequeña franja de deportistas que por capacidad, por oportunidades y por talento consiguen ubicarse en esa pequeñísima franja de alta competencia”.

En la ciudad se practica “un deporte al que nosotros aspiramos que sea un derecho, una práctica socio cultural fuertemente arraigada en el país y en la ciudad. Quienes quieren acceder a esta práctica deben tener las posibilidades de hacerlo libre espontánea y gratuitamente, para que eso se constituya en un derecho”.

“Estos modelos de alto rendimiento, por más abierto que se pronuncie que va a ser, están dirigidos a una pequeñísima fracción de deportistas que tiene los niveles de alta competencia. Que circunstancialmente se abra a la sociedad no quita cuál es el sentido de esto. Y la alta competencia está ligada al negocio y al lucro. Sin que esto signifique ninguna desvalorización hacia aquellos deportistas notorios y notables de la ciudad que se han destacado a nivel nacional e internacional”.

Desde el punto de vista político, el dirigente reforzó la idea de cuestionar que el evento se lleve a cabo “a pocos días de una explosión que puso en riesgo la seguridad de buena parte de la seguridad de Bahía, sin que haya una explicación fehaciente de las razones”. El evento se hizo “bajo el nombre de Dow” que “está claramente identificada socialmente como una de las empresas del polo petroquímico que contribuyen a la contaminación de la ría, que han hecho de la precarización laboral  y de las tercerizaciones una razón de existencia laboral y que ha costado la vida de trabajadores”.

A su vez “que esta empresa sea recibida con todos los honores por el presidente y la gobernadora y no se le haga ninguna pregunta ni la más mínima mención a la explosión de hace unos días significa que el poder político convalida estos negocios de estas grandes empresas que no les importa un comino la seguridad y la vida, como lo está denunciando esta asamblea”, concluyó.

La Unión de Jerárquicos Petroquímicos solicitó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental su incorporación al Comité de Control y Monitoreo.

Destacan la “gran experiencia y responsabilidad en la operación productiva, el mantenimiento de activos y la sujeción a normas relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio ambiente” de sus afiliados.

La nota, firmada por Alejandro Barrera y Carlos Gauna -secretarios general y adjunto, respectivamente- ingresó el miércoles pasado.

Como muestra del aporte técnico que pueden realizar, el gremio difundió en sus redes sociales un video que explica el “funcionamiento de un circuito de generación de vapor, que contiene un circuito secundario de recuperación de condensado”, similar al involucrado en la explosión del 28 de junio en la planta de Dow.

El presidente del Colegio de Ingenieros, Alejandro Di Chiara, dijo a FM De la Calle que la empresa Dow contrata ingenieros no matriculados tal como exige la ley. “Le estamos pidiendo a Dow que nos haga un informe sobre sus ingenieros matriculados porque no tenemos registro de esta situación”.
Destacó que “tenemos posibilidad de iniciar acciones porque está haciendo un ejercicio ilegal de la profesión”.
“Esto es una tarea que realizamos cotidianamente en defensa de la profesión y es lo que nos corresponde porque hay una ley que así lo exige. Hay empresas que tienen una respuesta distinta o, por lo menos, tenemos respuestas. Esto sucede en el ámbito privado y en muchas oportunidades en el ámbito público. Se contratan ingenieros y no se exige que estén debidamente matriculados”, comentó el Di Chiara.

¿Por qué las empresas no verifican la matrícula de los profesionales que contratan? “No lo sabemos, no llegamos a entender. Podríamos entender que haya profesionales que hayan sido contratados para cualquier tarea que no sea ingeniería, entonces ahí podría no llegar a tener la matrícula habilitante pero no está desarrollando tareas de ingeniería. Ahora, si yo busco un ingeniero es porque quiero que desarrolle tareas de ingeniería”.

Consultado respecto de la explosión en Dow, Di Chiara dijo: “Prefiero no opinar de la explosión porque no tenemos una serie de notificaciones que pedimos, tanto al CTE como otros, las conclusiones que siempre nos mandan. Prefiero no adelantar una opinión personal en un tema que es institucional”.

Tras la explosión de un sector de la planta de Dow se reconstituyó la Asamblea por el ambiente, la salud y la vida. Desde allí partió la convocatoria a manifestarse frente al Dow Center en el marco del su inauguración junto a la selección nacional de básquetbol.

La docente Jessica Visotsky dijo a FM De la Calle que las reuniones de los últimos días tuvieron “una convocatoria que superó las expectativas” y recordó el espacio es fruto de un proceso que acumula experiencias previas.

“La lucha por el dragado, la lucha por los escapes de cloro y amoniaco. Es un espacio diverso porque hay quienes han participado de las instancias previas y gente joven que no ha participado previamente y es la primera vez que lo hacen. Esto va a tener una gran complejidad, pero también una gran riqueza”, afirmó.

Las denuncias vecinales se fueron confirmando: “Las investigaciones siempre venían desde abajo. Desde lo que fue el censo de salud, desde las distintas expresiones artísticas, documentales, siempre fueron hechas por el pueblo. No había investigaciones oficiales y serias que dieran cuenta de lo que estaba pasando. La gente veía que sus casas se desarmaban, que se enfermaba de cáncer en una misma manzana. Hoy se cuenta con investigaciones de la UBA, una muy contundente, que avalan lo que la gente sospechaba. Iban a pescar y pescaban peces deformados”.

“A diferencia de hace 5 años, hoy se cuenta con investigaciones y con causas judiciales. A las transnacionales se les ha hecho juicio con tribunales populares como en Colombia o Mexico”, aunque Visotsky admitió que ya no basta con lo simbólico. Es hora de empezar a concretar: “Están empezando a haber casos que fallan a favor del pueblo, por ejemplo, el juicio a Petrobras. Se puede ir por el lado de la justicia si hay un proceso popular que lo acompaña”.

Somos la “Asamblea por el ambiente, la salud y la vida”, conformada a raíz de la explosión en la Planta de Etileno de la Empresa Dow Chemical, vivida el pasado 28 de junio. Explosión de la que aún ignoramos el origen y las dimensiones que tuvo.

El martes 23 de julio la misma empresa Dow Chemical, responsable de dicha explosión, casi como una tomada de pelo, inaugurará en la ciudad un Centro Deportivo, denominado DOW CENTER, con la presencia de la Selección Argentina de Básquetbol e invitando a 300 niñxs y jovenxs de la ciudad, con la presencia de funcionarios y abierto al público, en una jornada que denominan “Open Day”.

Nosotros convocamos como asamblea a repudiar esta inauguración, a repudiar las políticas de Responsabilidad Social Empresaria por las que a través de, millones de pesos que “invierten” en esos lugares (insignificantes para ellos) encubren la cadena de despojo, de explotación, contaminación y muerte que generan estas empresas.

Hoy contamos también con una investigación de la Universidad de Buenos Aires en la que consta que, entre otras empresas emplazadas en el polo, PBB Polisur-Dow está contaminando seriamente la ría local con cadmio, plomo, cobre, cromo poniendo en riesgo la vida de peces y la vida humana de una población que ha vivido históricamente de la producción pesquera.

No nos olvidamos de los escapes de cloro y amoniaco que se dieron el 20 de agosto del año 2000 en Solvay Indupa, otra empresa que junto a Dow opera en la producción de químicos derivados del petróleo en el Polo local, y Profertil.

No nos olvidamos de Juan Cruz Manfredini, quien murió con el 95% de su cuerpo quemado en una explosión (en una casa no habilitada), trabajando para una empresa tercerizada al servicio de actividades para varias de las empresas del Polo.

Así como tampoco nos olvidamos que en Solvay Indupa, en la otra fabricante de plásticos del polo, Fabíán Ernesto Monterroso (jugador de básquet justamente), falleció cayendo a un piletón de soda cáustica en el año 2012 porque las barandas del mismo estaban oxidadas y podridas.

Ni de Adrián Valente, que en 2011 murió en una explosión en Petrobras, fábrica cuyas cañerías estaban podridas y sus permisos y habilitaciones vencidos (Petrobras fue clausurada incluso en el 2013 en el marco de una denuncia por contaminación).

Fuera de nuestro país, no nos olvidamos que la Dow, empresa que hoy inaugura un Centro Deportivo, mientras pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida, es responsable del mayor desastre industrial y ambiental de la historia.

En una ciudad llamada Bophal, en la India en 1984, en una fábrica de pesticidas, por un escape de gases tóxicos fallecieron entre 6.000 y 8.000 personas en la primera semana tras el escape tóxico. Otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de este desastre que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales siguen sufriendo graves secuelas y han pasado 35 años sin remedación.

Es también la empresa que fabricó un químico llamado “agente naranja”, principal componente del Napalm, utilizado por primera vez en Vietnam en una guerra.

DOW no es vida, es riesgo para todxs nosotros, es muerte.

No queremos sus migajas.

Convocamos a la población de Bahía Blanca y de Ingeniero White el martes 23 a las 18 frente al Dow Center en Sarmiento 4700.

Analía Bernardi, trabajadora del Museo Ferrowhite, fue una de las pocas participantes en la primera reunión convocada por las autoridades del Proceso Apell en el barrio Saladero luego de la explosión en la planta de Dow.

“Me enteré de casualidad de esa reunión a través de una vecina”. El encuentro estaba pautado de antemano, sin embargo, el hecho del 28 de junio fue ineludible por la incertidumbre que generó en la comunidad.

“A pesar de que a veces se arman estas construcciones para brindar seguridad, son insuficientes. Las respuestas son bastante pobres, sobre todo para una comunidad que convive con pequeños y grandes incidentes y que ninguno de ellos va a llegar al Nivel 2 donde se activa ese supuesto protocolo”, comentó Bernardi a FM De la Calle.

Comentó que “al museo nos han traído un kit de confinamiento, algunos elementos de botiquín de primeros auxilios mínimos, pero nunca tuvimos una capacitación, teniendo en cuenta que además de la comunidad están los chicos del taller Prende de los sábados. Nos hablaron de generar una sala de confinamiento, a eso se agrega una serie de cintas a las ventanas y puertas y luego encerrarse ahí y escuchar Radio Nacional”.

Respecto a los procedimientos a seguir en caso de una emergencia, dijo: “Las salidas de evacuación son muy pocas, no sabemos a cuál hay que ir, nos explicaban que eso depende del viento y de condiciones climáticas. Una gran demanda fue que tendría que haber una respuesta inmediata, aunque más no sea para decir que no había información pero que sí estaban investigando”.

“Hay una cierta naturalización de la gente que vive o trabaja acá, conviven con ruidos y pequeños riesgos que suceden todos los días. Es un poco paradójico que para poder seguir viviendo acá hay que generar los mecanismos de acostumbramiento”.