La socióloga Maristella Svampa dijo a FM De la Calle que “el voto argentino muestra una configuración desigual. La franja amarilla está muy ligada a las provincias más ricas, al modelo de agronegocios, mientras que el voto de la fórmula FF, en términos generales, coincide con las zonas más pobres, incluida la provincia de Buenos Aires”.

“Muestran orientaciones diferentes, el macrismo hizo un llamamiento apelando a movilizar un voto conservador. La fórmula de Fernández es un voto que convoca a un modelo más integrado, sobre todo a los sectores populares excluidos de este modelo”.

“En segundo lugar la polarización se devoró toda posibilidad de construir una tercera fuera. La izquierda perdió una gran cantidad de votos y la posibilidad de que candidatos suyos como Myriam Bregman puedan acceder al Congreso”.

En cuanto a las características del nuevo ciclo, Svampa manifestó:  “Va a ser un gobierno más de centro, son las propias características de Fernández. Quizás trate de promover elementos más progresistas en alguna áreas, por ejemplo las sociales a través de pactos con sectores sindicales e industriales pero que no van a significar grandes cambios. Veo un gobierno de centro, conservador con algunas líneas progresistas”.

La investigadora opinó que “desactivando la polarización o lo que se llama la grieta tendremos la posibilidad de repensar cómo construir un país en el cual la crítica a la corrupción tenga realmente solidez, con mayor institucionalidad política, más justo, menos desigual. Mientras no desactivemos la grieta los discursos van a estar congelados y van a resistir cualquier cuestionamiento de la realidad”.

“En un marco como el actual, en el que la emergencia social y económica es tan grande, es muy probable que las problemáticas socioambientales queden fuera de la agenda o que trate de colocar la problemática socioambiental pero que se deje de lado problemáticas como el fracking. Ahí sabemos que no hay grieta, sabemos que el macrismo y el kirchnerismo piensan en sintonía. El riesgo es que ahora se olviden nuevamente la importancia de esta agenda y que nos tropecemos con la misma piedra”.

En la Biblioteca Popular Macedonio Fernández de Villa Ventana se realizó un taller de mapeo colectivo de escuelas fumigadas con agrotóxicos del Partido de Tornquist.

El encuentro fue convocado por vecinas y vecinos de la comarca serrana y la Multisectorial contra el agronegocio “La 41”.

Aiko Nohara dijo a FM De la Calle que “fue muy productivo porque tienen una experiencia muy amplia en esta lucha combativa contra las fumigaciones. Nos enseñaron a hacer el mapeo para que podamos tener herramientas para llevar a las escuelas. Iremos viendo paso a paso cómo adaptar el protocolo de acción a nuestras escuelas”.

“No es muy fácil acercarse, hasta las comunidades de las escuelas rechazan estas movidas porque no consideran que tengan riesgo o amenazas. Es lo que este sistema agroindustrial les bajó diciendo que con buenas prácticas van a estar bien, los venenos son venenos y no se pueden manejar bien”.

 

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Mapeando las escuelas fumigadas del distrito

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“Hace poco tiempo hubo en la escuelita Nº10, que está sobre la Ruta 76 entre Tornquist y San Andrés. Fue fumigada mientras los chicos estaban en clases. Hay fotografías, un par de padres elevaron la queja a la directora y a las autoridades correspondientes”.

“El sistema cooptó a la gente con argumentos falsos. La directora notificó que las autoridades la recibieron con un poco de sorna, como tomándole el pelo, como diciéndole para qué traes esto, no sirve que lo hagas”, concluyó.

El médico y docente de Salud Ambiental de la UNS, Horacio Romano, cuestionó el interés del Comité Técnico Ejecutivo por cuantificar la emisión de material particulado (PM10) producto de la circulación de vehículos por las calles no pavimentadas de Bahía Blanca.

“El CTE hace dos años que no emite un informe de la polución ambiental, me parece extraño que encargue estudiar si en las calles de tierra vuela tierra”, dijo a FM De la Calle.

Romano señaló que “por cada punto que aumenta la concentración de material particulado aumenta la morbilidad y mortalidad, los que se enferman y los que se mueren. Por eso en esta zona de vientos intensos, entretenernos en que vuela polvillo es tomar una parte pequeña, una obviedad”.

Destacó que “el trabajo de la medición es importante, no se le puede quitar mérito. Está bien que se preocupen por medir el material particulado pero lo más importante es medir material particulado que es mucho más chico”.

“La partícula más grande queda en la vía área externa: la nariz, la boca, pero el material más chiquito penetra hasta los pulmones y de ahí pasa a la sangre. El material más pequeño genera un cuadro inflamatorio, parte de las enfermedades se explican por la polución ambiental. La OMS está advirtiendo en una revista prestigiosa de medicina como es el Lancet, que un tercio de las enfermedades del corazón no tiene que ver con la presión sino con estas partículas. Casi un tercio de los ACV se debe al material particulado muy chiquito, sumado a la hipertensión y a otros factores”.

“En Bahía vivimos como si la polución ambiental no existiera. Amparados en un decreto ley del 1996 cuyos valores de normalidad están entre 300 y 400 veces más de lo que la OMS marcó en el 2005”, finalizó.

El Instituto de Química de la UNS y el CTE solicitaron a la cátedra Proyecto Final de la carrera de Ingeniería Civil que elabore un protocolo para medir el material particulado que levantan los coches al pasar por calles de tierra.

El ingeniero Horacio Varela coordinó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y señaló a FM De la Calle que realizaron “un protocolo que nos permitió determinar los kilos de polvillo por habitante por año. Eso nos da unos 70 kilos de material particulado por pasajero por año y esto está por encima de la norma”.

“Se desarrollaron una serie de estrategias para mitigar el polvillo estableciendo pavimentaciones que no sean las actuales; evitando que la gente se mueva, esto es fomentar las centralidades barriales, la circulación interbarrial; y la tercera es incentivar y mejorar el sistema de transporte público”, comentó.

Para el estudio se seleccionaron 19 barrios de Bahía Blanca “que tienen casi o la totalidad de sus calles sin pavimentar para determinar el factor de emisión de material particulado. Muchos de ellos, por estar ubicados en la periferia de la ciudad tienen la particularidad de estar más expuestos a la acción del viento, efecto que erosiona la superficie de la capa de rodadura y, por ende, afecta al material que queda suspendido en el ambiente”.

Varela comentó que “aprovechamos a preguntarle a la gente por qué se mueve y en qué se mueve. Eso nos permite tener un panorama de cómo funciona la ciudad y cómo funciona el transporte público, que es una gran falencia”.

“Los barrios están pensados para que la gente viva y nada más, son barrios residenciales, quedan deshabitados durante el día, tienen poca actividad. La gente necesita moverse mucho para hacer sus actividades, no hay negocios, kioscos, almacenes, bancos. Cuando vos no tenes otra alternativa más que moverte y tenés distancias largas, ahí empezás a priorizar la movilidad en un auto”.

El estudio consta de dos partes, la requerida por el CTE que apunta a determinar la cantidad de polvillo y la otra parte que señala una serie de estrategias de diseño y pavimentación urbana. “Lo presentamos en la Municipalidad y en el HCD, esta claro que los políticos funcionan en demanda de vecinos, y cuando los vecinos demandan es la pavimentación clásica porque es la única que conocen. No todas las calles requieren el mismo pavimento. Puede haber estrategas de pavimentación diferentes, que lo que hagan es que se evite levantar polvillo y que baje los costos de producción y mantenimiento del pavimento”.

Una investigación impulsada por los metrodelegados dio cuenta de la existencia de asbesto en los trenes de la Línea B del subte de la Ciudad de Buenos Aires.

El titular del Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Eduardo de Montmollin, reconoció que la presencia de este material cancerígeno estaba registrada en los manuales técnicos pero que no los leyeron completos al realizar la compra de los vagones a una empresa española.

Leticia Lescano, geóloga y docente de la UNS, participó de la investigación y comentó a FM De la Calle que “a principios del año pasado, me mandaron la primera tanda de 20 muestras. 10 dieron positivas en sectores de techos, recubrimiento de juntas, paneles eléctricos. Ahí comenzó la problemática, todo el 2018 fue la pelea por el reconocimiento de Metrovías de que los materiales tenían asbesto”.

“Cuando finalmente reconocen la presencia de amianto, comienza la parte médica, el análisis de las personas que trabajan en los subtes. Tenemos conocimiento de 11 personas con engrosamiento de pleura”.

“El asbesto es un grupo de minerales y el amianto es el nombre comercial.  Es un grupo de minerales que son fibras, son muy resistentes, tienen alta resistencia térmica, conductiva. Se utilizó antiguamente en muchos productos industriales, los revestimientos de techos, de recubrimientos de caños, en muchísimas autopartes. Hoy en día el amianto no se utiliza y se fabrica con fibra sintética”.

“Son fibras micrométricas, imperceptibles a la vista. Al ingresar al organismo puede quedar por una latencia superior a 20 años. Si trabajás en un ambiente con mucha densidad de amianto a los 20 años tal vez hasta los 40 años no pueda devenir en una enfermedad”, comentó Lescano.

La  prohibición total de amianto rige en Argentina desde el año 2000. “EE.UU. y Europa nos llevan unos cuantos años de adelanto. La mayoría de los países desarrollados tiene prohibición de amianto. Las personas que trabajan en subtes y en el recambio de autopartes están en contacto con  un material cancerígeno”.

“La situación de la discusión se centra en las personas que están trabajando con los materiales, donde trabajan con el material molido y desgastado, donde no hay ventilación. El pasajero no sería tan así porque no está con las fibras de amianto continuamente, pero tampoco se hicieron estudios del aire dentro de la cabina de los subtes. No puedo asegurarte que no pase nada con pasajeros porque todavía no hay estudios”.

En Bahía Blanca, uno de los edificios que tienen asbesto es la Usina de Ferrowhite. Lescano destacó que “recuperar la Usina cuesta muchísimo dinero, la movilización y limpieza de amianto es costosa porque se trata como un residuo peligroso, tiene que estar controlada, tapada, porque la fibra es tan chiquita que es muy difícil la sedimentación y se esparce enseguida”.

Comunidades de pueblos originarios de Ecuador encabezan masivas movilizaciones y una huelga general que ya lleva una semana de repudio a las políticas de ajuste y saqueo por parte del presidente Lenin Moreno y el Fondo Monetario Internacional.

Durante la manifestación del miércoles murieron dos personas en el marco de la represión encabezada por las fuerzas de seguridad del actual mandatario.

Tannia Rojas, integrante del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi comentó a FM De la Calle que todo comenzó el jueves “luego de que el gobierno decretara el ‘paquetazo’. Hay ciertas medidas que afectaron mucho. Una paralización del transporte al que luego se plegó el sector indígena y campesino. Ya vamos ocho días en estas manifestaciones y por como está la situación esto va a continuar”.

“Hay muchas bajas en nuestro movimiento, hay personas que perdieron la vida, con heridas graves, con heridas leves. Uno de los compañeros es de la OPIC, falleció ayer a la tarde producto de las represiones. El movimiento indígena realizaba una marcha totalmente pacífica y en la tarde se reprimió y como resultado tuvimos dos fallecidos”.

Entre las medidas del gobierno se encuentran el aumento de combustible y la reducción de los salarios de los contratos temporales del sector público, pérdida de días de vacaciones y aportes del salario de la administración pública al Ministerio de Hacienda, entre otras.

“Todo este Paquetazo es en respuesta a la carta de intención del FMI que ahorita está cumpliendo al pie de la letra el gobierno de Moreno. Esto implica gastos y afecta de manera directa a las familias campesinas e indígenas del Ecuador. Esto afecta también a la clase media y la clase baja que vive en las periferias de las ciudades”, comentó Rojas.

Por otro lado, señaló que “no solo estamos por el Paquetazo sino también por las concesiones indiscriminada de los territorios comunitarios a la megaminería. No existe minería responsable, se están destruyendo bosques, si desaparecen el agua que abastece a las ciudades y a los campos se va a contaminar y no tendremos para producir nuestros insumos”.

“El paro continúa con más fuerza, no pretendemos dejar que la sangre derramada de los compañeros quede ahí, se continuará con más fuerza, esperemos que el gobierno ceda porque el movimiento indígena no va a ceder”, finalizó.

A las 9:21 de este viernes Dow Argentina informó que, 39 minutos después, iniciaría el proceso de puesta en marcha de su planta de Ing. White. Mañana se cumplen tres meses de la explosión que alarmó a la ciudad la madrugada del 28 de junio. Fuera del complejo, todo sigue igual.

Según el escueto comunicado firmado por Guadalupe De Latorre, el proceso tendrá una duración aproximada de 96 horas. “La luminosidad en antorchas y el eventual aumento en el nivel del ruido son circunstancias propias en este tipo de maniobras. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual y requerido en estos casos”.

No es el caso de la población bahiense, la cual no recibió una explicación directa ni ninguna otra información por parte de la multinacional desde el 30 de junio.

Para el Municipio y el OPDS la explosión no mereció ni una infracción. La justicia aun no informó si hubo delito.

Cuando habían pasado veinte minutos del viernes 28 de junio, la población bahiense escuchó una fuerte explosión. La falta de información oficial permitió que se viralizaran rápidamente noticias faltas e imágenes de incendios ocurridos en otros lugares y aumentara el temor y la incertidumbre.

Martín, del barrio 26 de Septiembre, relató entonces a FM De la Calle que “la explosión fue muy fuerte, estaba justo afuera, te puedo decir que hasta temblaron los vidrios. Nos enteramos en el barrio que fue en una de las plantas, no sabemos nada, no sabemos si hay un escape, no se sienten sirenas, no sabemos dónde estamos”.

49 minutos después la oficina de prensa municipal difundió un comunicado del CTE: “Sucedió una explosión en el craker de lhc2 de empresa DOW, NO HAY HERIDOS, están verificando las causas. No se accionó la sirena de planta. Se activó el PRET nivel 1”.

El domingo 30 una delegación judicial recorrió el lugar e inició una investigación para determinar si “hubo o no riesgo cierto, no potencial, de afectación de bienes y personas”.

El perito Santiago Maiz dijo que “en los procedimientos de puesta en marcha, se omitió o se salteó algún paso, lo que produjo que aumentara considerablemente la presión de vapor dentro de ese recipiente y, al no contar con ninguna válvula o alivio de presión, lo que hizo fue que explotara”.

Días después, el intendente Héctor Gay se refirió al tema superficialmente ante la pregunta de un periodista en una conferencia de prensa junto a un ministro provincial. Pidió actuar “con prudencia” y afirmó que se cumplió el protocolo de emergencias aunque “hay cosas que mejorar”. Destacó la instalación de un comité de crisis y se quejó por la circulación de  noticias falsas. Dijo que su capacidad de intervención es “limitada”.

El concejal Marcelo Feliú le respondió que un decreto provincial lo habilita a clausurar preventivamente a la empresa ante riesgos para la población o el ambiente.

Dow informó a principios de agosto que una válvula de operación manual cerrada en la cañería de salida del recipiente V-907 impidió liberar la sobrepresión y provocó el “sonido explosivo”. Fue un error humano. Para el CTE fue suficiente.

La conclusión de cuatro peritos de la UNS convocados por el fiscal Aguilar fue que el hecho ocurrió por deficiencias en el cierre de las válvulas y en el diseño del procedimiento de puesta en funcionamiento del recipiente estallado y, además, por la ausencia de una válvula de seguridad.

En el Concejo Deliberante se aprobaron pedidos de informes y se convocó a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez y los coordinadores del CTE y el Proceso APELL, César Pérez y Daniel Ayala. No fue nadie ni se contestaron las preguntas planteadas.

La Comisión Asesora Ambiental, por ordenanza, debe mantener una reunión mensual. Fue desactivada por parte de Cambiemos: la última convocatoria que realizó su presidente, Leandro Santomassimo, fue en noviembre de 2018. La oposición promovió un llamado extraordinario. Nunca se concretó.

La subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, dialogó con FM De la Calle el día del aniversario de los escapes de Solvay del año 2000. Consultada por lo ocurrido en Dow aseguró que “se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora”. ¿Por ejemplo? “Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado”.

A principios de septiembre inspectores del CTE recorrieron el lugar de la explosión, pidieron documentación a la empresa e invitaron a sus autoridades a explicar las reparaciones en la próxima reunión del Comité de Control y Monitoreo.

En dicho encuentro Dow ratificó la futura puesta en marcha de la planta sin la recuperación de condensado de hornos, los cuales “se descargarán en una pileta de tratamiento” hasta finalizar “la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema” previsto para fines de noviembre.

El 17 de septiembre, el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, renunció a Sandra Pérez. “Motivos personales, tiene otras obligaciones que atender”, dijo. Al día siguiente la remplazó un joven investigador del IADO, Matías Insausti.

El intendente dispuso que desde el martes el flamante funcionario traslade su oficina a la delegación de Ing. White junto al CTE para “tener un contacto más cercano con vecinos e instituciones de la localidad”.

Ningún organismo público informó en qué condiciones se reanuda la actividad en la planta de Dow ni cuáles son las garantías de que no volverá a ocurrir una explosión como la del 28 de junio. O un incendio como el de noviembre de 2015. O algo aún peor.

Este viernes se realizará una reunión organizativa para el taller de mapeo de escuelas fumigadas del distrito de Tornquist. Será a las 17 en la Biblioteca Popular Macedonio Fernández de Villa Ventana. El relevamiento será el 19 de octubre.

Leo Moreno, integrante de la Multisectorial Contra el Agronegocio “La 41”, dijo a FM De la Calle que los talleres se están desarrollando en toda la provincia: “Consiste en empezar a mapear una realidad que vivimos cotidianamente que son las escuelas fumigadas con agrotóxicos. Hemos hecho varios para, por un lado, problematizar qué es una escuela fumigada y luego eso volcarlo en un mapa digital. Utilizamos la educación popular y por eso se hace in situ y no por teléfono”.

“Arrancamos hace un par de años con los talleres pero recién ahora empezamos a hacer un mapeo de toda la provincia. La primera duda que surgió es qué es una escuela fumigada. Lo primero es que vemos un tractor, una avioneta o alguien con una mochila. Nos pusimos a investigar y tomamos la definición de tomar como método un mínimo de tres mil metros, en caso que se fumigue por vía terrestre, y un mínimo de cinco mil, en caso de fumigar por vía aérea”.

Moreno es docente en Exaltación de la Cruz y comentó que el mapeo de dicha localidad dio por resultado que “todas las escuelas y jardines públicos están afectados o podrían estarlo porque están a menos de tres mil metros de los campos a los que se aplican distintos insecticidas, por la deriva de lo que el viento se lleva y según las condiciones ambientales. Se puede fumigar horas y días antes y el veneno persiste”.

Respecto de las consecuencias en la salud que conlleva la cercanía con los pesticidas comentó que “todavía no estamos haciendo algún estudio epidemiológico pero sí surge del diálogo constante. Conocemos casos con nombre y apellido que terminan muriendo por los efectos de la contaminación”.

“Hay distintos tipos de afecciones, nos afecta en diferente manera. Afecta las vías respiratorias. El 11 de marzo, en una escuela donde yo trabajo, la Técnica N°1 en Exaltación, cruce de la ruta 8 y 192, fumigaron con avioneta y pasaron sobre la escuela. Ese veneno llegó a la secundaria que está pegada a la primaria. Hubo nenes vomitando, todo el mundo tenía irritación en los ojos, problemas para respirar, hubo una docente que estuvo un mes con problemas de salud por que es asmática. A las porteras al otro día de la fumigación las hicieron ir, la escuela estaba sin clases por la fumigación, les atacó re mal a ellos porque los metieron en el lugar donde el veneno persistía”.

Moreno agregó que “hay algunas consecuencias que son a mediano o largo plazo que tiene que ver con la generación de distintos tipos de cáncer, la pérdida de embarazos. Está lleno de cáncer, tiroidismo. Como las fuentes de contaminación son variadas no se puede poner el punto sobre el agronegocio, queremos una visión integral y el cese de todos los contaminantes”.

18 denuncias vecinales se registraron por los ruidos que generó anoche la empresa Profertil. El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) la infraccionó por emisión de ruidos molestos.

Ayer, el organismo de control había labrado otra infracción por “olor a amoniaco”.

Este lunes el incremento de ruido se produjo a partir de las 22 “como consecuencia de las maniobras de parada de planta de Urea y un sector de la planta de amoniaco.”.

Según se informó oficialmente, la emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores.

“Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario nocturno”, dice el comunicado.

El Comité Técnico Ejecutivo infraccionó este lunes a Profertil S.A. por la emisión de olor a amoniaco.

Un inspector constató el la denuncia vecinal a las 18 en el sector del Club Náutico Bahía Blanca ubicado vientos debajo de la empresa.

Según el acta Nº 5865, “se constata el olor a amoniaco característico de la empresa considerando su proceso de producción y materias primas con la que desarrolla su actividad; y se pudo medir concentración de amoniaco con equipos portátiles”.

“Al momento de la inspección el viento se encuentra del sector O a 25 km/h. La empresa informo a las 15:54 hs que comenzaba con maniobras de parada de planta, primero urea y luego una parte de amoniaco para reparación de termocupla en caño de MDA”, agrega.

El olor fue calificado como Grado 3 de la Tabla I de intensidad y Grado 1 de la Tabla II de irritabilidad del anexo IV del decreto 1074/18 reglamentario de la Ley 5965.

El domingo a la madrugada comenzó un incendio en un pozo ubicado en cercanías al yacimiento Loma La Lata Oeste, en la formación geológica Vaca Muerta. Expertos de Estados Unidos arribaron al sector que continúa prendido fuego.

Martín Álvarez Mullally, integrante del Observatorio Petrolero Sur, dijo a FM De la Calle que “la fuga devino en una explosión y esa explosión hizo que se quemen tres camiones y dos equipos que estaban generando el cierre del pozo. Está muy cerca de unos piletones de residuos petroleros, se espera que no se enciendan, hay filas de camiones ingresando y técnicos estadounidenses”.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar, Álvarez Mullaly destacó que “no están grave como Bandurria o Plottier en el 2013” pero que sí son frecuentes. “En la actividad petrolera que utiliza fracking, una técnica experimental con dinámicas aceleradas, explotación masiva, todo eso hace que las estadísticas de accidentes sean muy altas. Hablamos de dos accidentes diarios y dos accidentes semanales de gran importancia o gran envergadura. Muchos no se conocen”.

No hubo personas heridas en la explosión seguida de incendio, sin embargo, en términos de impacto ambiental Mullaly comentó que “hay que tener en cuenta que es en la costa del lago Los Barriales, lo más probable es que el pozo esté dirigido hacia abajo del lago, que es como el tanque de agua de la Patagonia: Neuquén, Plottier y Centenenario se abastecen de ahí. Es grave que ocurra esto en las costas”.

“Es un tema que preocupa, uno lo que teme es que la sociedad se vaya acostumbrando a estos hechos, que se disparen las muertes obreras es un hecho al que hay que ponerle un freno lo mismo pasa con estas situaciones ambientales”.

Mullally agregó que “esto ocurrió en plena zona de actividad sísmica, el pozo está cerca de Sauzal Bonito, que es el epicentro de la actividad sísmica. Comenzó la explotación de fracking y se empezaron a dar los sismos, cosa que antes no era muy recurrente”.

(Por Asamblea por el Ambiente, la Salud y la Vida) Ante los anuncios de la reactivación de la planta LHCBB de Dow Chemical, expresamos nuestra preocupación y decimos que el riesgo continúa. Esta empresa ha demostrado cómo en Bahía Blanca es posible operar sin controles técnicos internos ni estatales, sin medidas de seguridad apropiadas que detecten y alarmen ante una falla humana o mecánica. La empresa, que debió ser controlada luego de la explosión del crackers I en 2015, no tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad nuestra, de todos. Cuatro años después es noticia con una explosión de magnitud sísmica 1.4 en la E.R. que conmovió a la ciudad y la región, poniendo en riesgo a los trabajadores, los vecinos y al resto del Polo Petroquímico.

Este proceder sólo es posible por la impunidad que le ha brindado todo el arco político local, provincial y nacional. La misma impunidad que brindó a Caming Cargo Control, responsable de la explosión que le costó la vida a Juan Cruz Manfredini, o a PETROBRAS responsable de la explosión de la matera y la muerte de Valente, o a INDUPA en la muerte de Monterroso cuando cayó en una pileta de químicos al apoyarse en una baranda de seguridad en mal estado, o a DREYFUS, responsable de la muerte evitable de César Benítez, y la lista continúa. PROFERTIL e INDUPA son abanderadas de esta impunidad. Después de los escapes de cloro y amoníaco en el año 2000 y de la contaminación que generan en la ría, estas corporaciones están exentas de multas y sanciones.

En estas condiciones generales pretenden poner en marcha la planta, desde el ambientalismo institucional nos dicen que “tenemos que tener mínima confianza en la empresa de que en la puesta en marcha no va a pasar nada” y desde la Subsecretaría de gestión ambiental se hace hincapié en la mejora comunicacional, como si el riesgo ambiental dependiera de la comunicación. Con este escueto anuncio y promesas de válvulas nuevas, este domingo pondrán en marcha la planta.

No tenemos ninguna confianza en Dow Chemical, la empresa mintió atribuyendo la explosión del 28 de julio a una falla humana despidiendo a dos trabajadores, pero la verdad la expusó el informe técnico de la Universidad Nacional del Sur, que detectó no sólo la falla de procedimiento, sino la ausencia de una válvula de alivio de presión en el circuito de vapor.

Más allá de estos informes la ciudadanía desconoce el estado actual general de las empresas afectadas por el movimiento de suelo, las vibraciones, corrimiento de napas, etcétera, que causaron estas explosiones, repetimos de magnitud sísmica.

Nos preguntamos, ¿quiénes deben garantizarnos seguridad socioambiental? ¿El municipio que no tiene injerencia en el Polo? ¿El intendente Héctor Gay, representante de Profértil que dice que su competencia es limitada? ¿El OPDS?¿ El CTE? ¿La Subsecretaría de Gestión Ambiental? ¿La Comisión de Medioambiente del HCD? ¿Todos organismos plagados de Conghos?.

La realidad diaria son los malos olores, accidentes, escapes, derrames, casas rajadas, explosiones, precarización laboral, muertes obreras evitables, enfermedades relacionadas con el aire que respiramos, aumento de cáncer y tiroiditis autoinmune.

Responsabilizamos a todo el arco político, oficialismo y oposición, que gobierna y ha gobernado siempre por la instalación y el avance de estas corporaciones que impunemente no solo enferman y contaminan sino que se llevan millonarias ganancias a costa de nuestra salud y seguridad socio-ambiental.

Dow miente, por eso decimos FUERA DOW!
NO A LA AMPLIACIÓN DEL POLO PETROQUÍMICO!
RECONVERSIÓN DE TODA INDUSTRIA QUE ENFERME Y CONTAMINE.
POR UNA PRODUCCIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO NO DEL CAPITAL.
TRABAJO DIGNO Y SEGURO PARA SIEMPRE.
IMPULSEMOS ASAMBLEAS EN LA POBLACIÓN PARA ORGANIZARNOS EN LA RESISTENCIA A ESTAS CORPORACIONES QUE NO SÓLO SE ARROGAN EL MONOPOLIO DEL TRABAJO, SINO QUE HAN DESTRUIDO JUNTO A SUS REPRESENTANTES POLÍTICOS TODA ALTERNATIVA LABORAL. HUBO TRABAJO Y VIDA ANTES DEL POLO POR EL DERECHO A DECIDIR QUÉ PERFIL DE CIUDAD QUEREMOS Y NECESITAMOS.
BASTA DE SAQUEO, CONTAMINACIÓN Y RIESGO QUÍMICO-AMBIENTAL.

El próximo domingo se reactivaría la planta LHC II BB de Dow donde se produjo la explosión del 28 de junio. Autoridades de la empresa informaron sobre el avance de las reparaciones al Comité de Control y Monitoreo.

“Volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento, la cual se prevé finalizar el 30/11/19”, registró el CTE.

El titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, comentó a FM De la Calle lo conversado ayer en la reunión del organismo de control. Participaron autoridades de Dow y los peritos que intervienen en la causa judicial.

“Nos dijeron que entre una semana y dos va a estar llegando el recipiente nuevo. Lo fabricaron en Rosario según la normativa internacional. En manos de los peritos quedó realizar las preguntas técnicas. La empresa respondió todo lo que se le consultó, quedaron algunas dudas a despejar, por ejemplo, la pertinencia de la colocación de una válvula de seguridad que trabaje en forma independiente a la mano del ser humano”.

-¿Es la válvula que dijeron los peritos que debió estar desde la puesta en funcionamiento del recipiente?

Hay una divergencia porque la empresa dice que según la normativa ASME pueden colocar una válvula de bloqueo manual entre el equipo presurizado y la válvula de alivio porque dicen que, en el caso de tener que calibrar la válvula de alivio con una válvula de bloqueo, pueden trabajar tranquilamente.

Los peritos dicen que no, que esa válvula tiene que estar conectada directamente como sucede con cualquier recipiente a presión. Entendemos que las medidas que va a implementar Dow no solamente son en el V907 sino el V908, que es el que está al lado y cumple la misma función. Es un equipo que reúne el condensado de vapor de ciertos circuitos y luego hace una recuperación energética y redistribución en la planta. También van a aplicar el mismo mecanismo de seguridad aportando una válvula de alivio automática para poder enviar al panel de control de la empresa una serie de señales que lo que harían sería independizar el sistema de la decisión de alguna persona.

El Comité Técnico Ejecutivo recorrió el jueves pasado el sector donde ocurrió la explosión. Según consta en sus actas, la empresa aseguró que “al equipo afectado se le agregará una alarma por alta presión, una de muy alta presión con set a 5,5 barg con cierre automático de la válvula de ingreso al equipo, alarma por alto nivel, alarma por muy alto nivel con cierre automático de válvula de ingreso de condensado. Además se agrega la válvula de alivio de presión PSV 90701”.

“El 15/09 la planta volvería a operar sin la recuperación de condensado de hornos. Dichos condensados se descargarán en una pileta de tratamiento, hasta tanto se complete la fase 3 con el completamiento mecánico y funcional total del sistema de recuperación de condensado dañado en el evento”.

-¿Qué significa que la planta se reactive “sin la recuperación del condensado de hornos”?

A los efectos de la producción y funcionamiento de planta no implicaría una modificación. Podrían operar con la planta en funcionamiento, independientemente que no trabajen con estos equipos de recuperación de condensado. Es a los efectos de optimizar pero no hace al proceso en sí mismo. Van a bypassear el sistema y parte de ese condensado lo van a arrojar a unas piletas de tratamiento dentro de la misma planta. Según dijeron va a ser algo costoso para la planta porque el agua que recuperan es una agua tratada que circula dentro de las cañerías.

-Pero más costoso es tener la planta parada…

Exacto, más costoso es tener la planta parada.

-¿No hay ningún riesgo de seguridad?

No, no. Siempre hay un riesgo en la puesta en marcha de cualquier planta pero tomando los recaudos necesarios suponemos que no debieran tener inconvenientes. La propia representante del municipio se encargó de considerar esta cuestión de seguridad. Uno mínimamente tiene que tener la confianza en la empresa de que en la puesta en marcha no va a suceder nada.

El CREEBA realizó un relevamiento de la producción y desempeño económico de las cuatro empresas más grandes del complejo petroquímico local a través de los balances que vuelcan en la Comisión Nacional de Valores.

“Hacemos un valor bruto de producción y observamos que de 2017 a 2018 había una caída del 10% asociada a la caída de la industria de manufactura del año pasado”.

“Profertil es la que más produjo, después Dow. Cuando nosotros valorizamos nos da un valor de 3.2 mil millones de dólares. Es 2% superior al 2017. Si bien bajó la producción un 10%, había mejorado un 2% la valorización en miles de millones de dólares. Si miramos los precios internacionales hubo un aumento del 9%. Se produjo menos pero lo que se exportó fue a un valor mayor”, comentó el economista.

Por otro lado, el economista destacó que “la urea es lo que más se consume a nivel nacional, algo se exporta. Todo lo que es consumo interno de estos bienes ha caído y bastante. El sector de energía y producción de petroquímica es algo que ha andado relativamente bien, considerando la gran devaluación”.

Semilla afirmó que pese a la alta recaudación, quienes exportan no son los que generalmente más aportan: “Cuando uno exporta, lo que tiene son dólares en el exterior que los debe traer a la Argentina y lo cambia en el Banco Central. Hay una normativa nueva, de hace tres años y medio que en vez de que las empresas liquiden esos dólares en 180 días aproximadamente, lo extendió a 10 años. Eso significa que aquella empresa que exporte tiene hasta 10 años para liquidarlo. Lo mismo pasó con el sector del agro, el exportador analiza en qué momento le conviene liquidar esos dólares”.

En cuanto al impacto de la facturación de estas empresas en la economía bahiense, explicó que “lo que se analiza es el aporte a las tasas municipales. Eso es casi un 15% de las arcas municipales, en general. El Polo tiene arriba de 1000 personas trabajando y son perfiles bastante profesionales. Tiene una alta mano de obra que hace que tengan satélites trabajando, que lo que hacen es generar un mercado”.

A 19 años del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa en el polo petroquímico de Bahía Blanca, FM De la Calle conversó por primera vez con la subsecretaria de Gestión Ambiental del intendente Héctor Gay (Cambiemos).

Sandra Pérez comenzó su carrera como ingeniera química en la planta de YPF en el polo petroquímico  de Ensenada. En Bahía Blanca se desempeñó en Solvay, Petrobras y Profertil (1990-2005). Ocupó varios cargos en la Municipalidad de Adolfo Alsina. Es vicepresidenta del Club de Leones Bahía Blanca Palihue.

A principios de año reemplazó a Adriana Chanampa en el municipio.

Es la primera vez que hablamos, le pido una breve presentación personal, profesional, y de la política ambiental que lleva adelante.

Soy ingeniera química, hace seis meses que estoy a cargo de la Subsecretaría. La política ambiental que se lleva adelante es una continuidad de la política ambiental comenzada por el intendente desde el 2015, cuando se hizo cargo de la intendencia. Yo soy una continuadora de esa política, respetando todo lo que tenga que ver con la legislación y las buenas prácticas del arte.

Es un día que ha quedado en la memoria de la ciudad por el escape de Solvay Indupa, ¿usted estaba en Bahía en ese entonces?

Sí, sí.

¿Qué recuerdo tiene?

Que hubo un escape de cloro. ¿Recuerdo en qué aspecto? No entiendo la pregunta.

No es un hecho más en la ciudad, motivó cambios legislativos, preocupación social…

Seguramente, pero los tiempos han cambiado mucho. Ahora, los controles, la vigilancia que hay sobre las empresas del polo petroquímico es mucho mayor que la que podía haber en ese momento. Por supuesto, por mi formación química, yo sé los riesgos de que el cloro esté en el aire, como otros productos químicos que pueden estar en el aire y, si las concentraciones son superiores a los límites permitidos, pueden tener algún riesgo en la salud de las personas.

La verdad es que fue hace 19 años, a uno se le pierde un poco… En ese momento no tenía ningún tipo de relación con la empresa Solvay Indupa, con lo cual pasaría a ser en ese momento público en general y la información que tuve fue a través de lo que se divulgó por los medios de comunicación.

Han cambiado algunas cosas y otras tal vez no. En materia de seguridad le toca ocupar un cargo que cuenta con herramientas que son producto de aquel episodio, desde lo legal y lo administrativo.

Sí, la creación de CTE (Comité Técnico Ejecutivo) que se pensó como un organismo que tuviera el control y la vigilancia preventiva del desempeño. Si bien también, internamente, desde las empresas se han desarrollado sistemas de control, las empresas se han modernizado por la modernización del equipamiento, tienen mayores circuitos de seguridad que los que estimo existían en ese momento. Creo que el panorama es muy distinto.

Sin embargo hay episodios que siguen causando preocupación, es imposible eludir lo que sucedió recientemente en la ciudad que es la explosión en la planta de Dow. ¿Qué visión tiene y cómo han actuado desde la Subsecretaría?

Nosotros ante el aviso de Dow, se puso, se disparó el Proceso Apell y todos los controles del CTE y bueno, estamos, se hicieron las actas y las verificaciones correspondientes y Dow está analizando con sus técnicos, alguna información es pública sobre lo que ha pasado. Nosotros estamos atentos a toda la información que Dow nos haga llegar. No obstante, empresas y plantas con la complejidad de Dow u otras del polo petroquímico tienen los procesos y procedimientos para investigar exactamente y llegar al final. Ellos son los primeros interesados porque desde ese momento las dificultades y disminución en la producción de Dow son notorias.

¿Hoy hay algo que esté funcionando o está totalmente paralizada la planta?

Según tengo entendido está paralizado.

Hubo una explicación formal de la empresa que se remitió al CTE y luego al OPDS. ¿Está de acuerdo en que la causa de la explosión del cracker BB2 fue por un error humano?

También hubo profesionales de la Universidad Nacional del Sur que me merecen mi mayor confianza. Con lo cual, si estos profesionales dan un informe -que no hemos recibido formalmente pero lo he visto en las publicaciones en las redes, en los diarios- y también se han hecho los informes pedidos por el CTE, yo no tengo por qué suponer que no fue eso lo que sucedió.

El informe judicial dice que faltaba un dispositivo de seguridad que aún ante un error humano hubiese evitado la explosión si hubiere estado.

Por eso le digo, la información que obra en todos estos estamentos no tengo por qué suponer que no fue eso lo que pasó. La información la tengo, sí, pero ¿por qué usted cree que yo puedo suponer que no fue eso lo que pasó?

Pregunto porque hablamos con el CTE y dijo que la explicación de Dow le parecía razonable, que era una de las hipótesis que barajaban y remitieron la documentación al OPDS. La pericia judicial agrega otro dato.

La autoridad de aplicación es el OPDS, así que lo que diga el OPDS lo acataremos.

¿Es correcto que no haya habido ningún tipo de infracción por parte del CTE ante la explosión?

La infracción la hará el OPDS si lo considera pertinente en este caso.

Tal vez tendrá su explicación técnica pero cuesta comprender por qué ante los ruidos de la termoeléctrica se labran habitualmente infracciones y este episodio, que causó tal preocupación, no ameritó ni siquiera una infracción o un acta del CTE.

Bueno, es su opinión, yo la respeto.

No, se la transmito para ver si tiene algún tipo de explicación.

No tengo nada que decir al respecto.

¿Charlaron con el intendente la posibilidad de tomar algún otro tipo de medidas respecto a Dow más allá de la tarea de la justicia o el trámite que pueda cursar el OPDS?

No, no, no lo charlamos.

Lo que queda en evidencia, y lo han dicho el propio intendente y varios funcionarios, es que los sistemas de aviso, de emergencias, ante el cambio tecnológico, las fake news y demás, han quedado obsoletos o no adecuados al ritmo de la información en la actualidad. ¿En qué modificaciones están pensando como alternativas de seguridad, información, Proceso Apell?

Bueno, se están revisando los procedimientos a ver si hay algo que cambiar. Eso se está haciendo ahora.

¿Por ejemplo?

Bueno, por ahora no lo voy a adelantar porque no son modificaciones definitivas las que todavía se han determinado.

Hay una información que surge de algo que usted planteó en la reunión de la semana pasada del CCyM, respecto de las coordinaciones del CTE y el Proceso Apell. ¿Van a llamar a concurso?

Sí, hay un concurso abierto… Bueno, aclaro que ese no fue el motivo de la convocatoria de la nota. Le estoy contestando sobre temas que no fueron el motivo de convocatoria de la nota pero se lo contesto.

El CCyM ha presentado una nota que está a consideración del secretario de Gobierno.

¿Tiene algún tipo de vinculación con la explosión, era algo que estaban pensando?

No, absolutamente. Se terminaron los contratos. Tienen un tiempo de vigencia, una posibilidad de prórroga y hay que llamar a concurso.

¿Ya están vencidos?

No, las prórrogas vencen a fin de año. Hasta entonces tenemos tiempo para terminar el concurso.

Las instituciones del CCyM pidieron poder opinar…

Exactamente, es lo que le decía. Está a consideración del secretario de Gobierno.

¿El suspender los concursos?

No sé exactamente qué resolución va a tomar, lo puse a consideración de él y estoy esperando respuestas.

¿Qué opinión tiene respecto de las causas judiciales sobre la contaminación en la ría en la cual la Municipalidad es parte demandada?

No, no, prefiero no opinar porque ese no era el motivo de la charla. Hoy era el 19 aniversario de los escapes.

Sí, le pedimos una reflexión sobre eso pero me parece que son temas todos conectados con la preocupación ambiental.

Sí, está bien, tendría que releer los informes.

Podemos quedar para otro momento.

Sí, yo aviso, yo les aviso.

Llamamos la semana que viene, ¿quiere?

Sí, yo les aviso.

No le hemos preguntado nada que esté por fuera de su órbita y esperamos no haberle faltado el respeto.

No, está todo bien, está todo absolutamente bien.

El presidente de la Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto, Hernán Zerneri, dijo que tienen información que advierte que el equipo de medición de ruidos del CTE “tomó valores por encima de los permitidos en el momento de la explosión (en Dow) y la empresa no fue infraccionada”.

“De confirmarse, es algo grave que se haya tomado la decisión política de no infraccionar a la empresa”, dijo esta mañana en el marco del 19º aniversario del escape de cloro de la planta de Solvay Indupa. Tanto la asociación como el Concejo Deliberante requirieron los datos registrados.

Zerneri explicó que el ingeniero mecánico que estaba a cargo del monitoreo de ruidos fue a capacitarse a España, consiguió un empleo y se radicó allí. “Todavía no fue reemplazado dentro de la plantilla (del CTE). Cuando ocurre lo de Dow  ya había renunciado, no estaba. Él era el especialista”.

Respecto a los escapes del 2000, el dirigente ambientalista afirmó que hubo “un avance muy importante en los primeros 10 años, había que poner en marcha la Ley Tunessi, adecuar sus herramientas, capacitar a la gente que tenía que estar en las plantas”.

“Hay otros temas que han quedado pendientes: darle estabilidad al personal del CTE, definir cuestiones con respecto a la frecuencia del monitoreo en el estuario, hay que reglamentar la ley 12530”.

Zerneri señaló que “todo el personal del CTE, excepto administrativos, están bajo un contrato, no tienen estabilidad en sus cargos. Es preocupante porque ante situaciones como estas, en las cuales se pone en tela de juicio el funcionamiento de organismos, la política suele cortar el hilo por lo más delgado”.

Días atrás, las autoridades municipales abrieron concursos para renovar las coordinaciones del Comité Técnico Ejecutivo y del Proceso Apell.

“Es bastante sugestivo que justamente -porque es una decisión política hacer esto- se quieran reconcursar en la puerta de una fecha en la que puede haber cambio de autoridades en lo local porque atentaría contra la estabilidad del sistema, que a dos meses de un cambio de autoridades se ponga en funcionamiento un mecanismo de elección de personas nuevas en cargos tan sensibles”, sostuvo.

La Municipalidad concursará los cargos de los coordinadores del Comité Técnico Ejecutivo y el Proceso Apell. La noticia fue comunicada en la última reunión del Comité de Control y Monitoreo y motivó la presentación de una nota pidiendo su suspensión.

Los trámites se iniciaron el 3 y el 18 de julio, luego de la explosión en el craker BB2 de la planta de Dow. Los expedientes se encuentran hace varios días en la Subsecretaría de Capital Humano.

La búsqueda de reemplazantes para César Pérez y Daniel Ayala fue anunciada la semana pasada por la subsecretaria de Gestión Ambiental, Sandra Pérez, en el encuentro mensual del CCyM.

Horas después, integrantes del organismo consultivo y de asesoramiento presentaron una nota en el municipio solicitando que el proceso para concursar los cargos sea detenido “a fin de ser evaluadas por el CCyM, las condiciones y posibles modificaciones para dar estabilidad en el cargo a las posiciones mencionadas”.

La carta lleva las firmas de representantes de la Universidad del Sur, la delegación local del OPDS, el Consorcio de Gestión del Puerto, la UTN, la Sociedad de Fomento de Ing. White, la Unión Industrial, la cooperadora del Hospital Menor de White, la Mesa Coordinadora de Consejos y Colegios Profesionales del sur bonaerense, el Sindicato de Petroquímicos y el Concejo Deliberante.

Estudiantes de la ciudad mendocina de Gral. Alvear protagonizaron días atrás una huelga y corte de ruta contra el fracking y en defensa del agua en la zona.

Lucía Demarque, integrante de Jóvenes por el Clima y estudiante secundaria, comentó a FM De la Calle que “al principio hubo cinco perforaciones y ahora son más. Hubo derrames que pueden causar cáncer, deformaciones, abortos espontáneos”.

“Este proceso produce una sismicidad inducida. Sabiendo que Mendoza es una zona sísmica, es una inconsciencia total por parte de los dirigentes. Además, no cuentan con el apoyo popular”.

Les estudiantes y organizaciones ambientalistas reclaman una ley para poder prohibir el fracking en Gral. Alvear.

“En el 2007 nuestros padres hicieron la Ley 7722 y se puso en vigencia. Es la que protege al agua y a nosotros de este proceso. Queremos hacer una ley en contra del fracking pero los diputados no sancionan nuestra ley porque dijeron que no sabían qué era el fracking y debían estudiarlo. Lo siguen estudiando después de un año y no hay ningún avance, se ve que son un poco burros”.

A pesar de la lucha, se sigue realizando fractura hidráulica: “Vemos los camiones con materiales que siguen trabajando sin problema con arena silica. Dijeron que utilizaban el agua que sacan de petróleo para reutilizarla, eso es mentira ya que nosotros investigamos y hablamos con un ingeniero que  nos dijo que solo se puede hacer con agua dulce”.

Demarque comentó que “en la provincia el gobernador está a favor del fracking y muchos candidatos también. Nuestro intendente está yendo en la misma lista que uno de los gobernadores. El gobernador está a favor del fracking y el intendente no. Si estás en desacuerdo no sé si tendrías que postularte con uno de los candidatos que sí lo está”.

La dirigente estudiantil denunció que la participación en la huelga les valió la persecución de las fuerzas de seguridad y las autoridades educativas.

“Hubo muchos chicos que se prendieron en la lucha. Gendarmería nos vino a amenazar. La policía nos dijo que era un delito, que nos iban a pedir nuestros nombres para llamar a las escuelas, algo que no se puede hacer porque no tiene nada que ver con las escuelas. Lo único que tenían que hacer era poner una falta, nos amenazaron con doble falta, amonestaciones. Esto no puede ocurrir, se parece más a una dictadura que a una democracia”, afirmó.