(Por Alicia Torre) La economía social alcanza ya lugares impensados para los parámetros de la economía del sistema. En este caso, en Ecuador pudimos tener una larga conversación con Santiago Peralta, emprendedor, fundador de Pacari Chocolate.

Nos ubicamos en la ciudad de Quito, la más antigua de Sudamérica, con más de un millón de habitantes, construida en la ladera del Volcán Pichincha a 2700 msnm. La ciudad está dividida en barrios muy diversos, los más visitados son el Centro Histórico, de calles empedradas y edificios coloniales perfectamente conservados. Otro lugar de interés es La Mariscal, barrio bohemio con centros culturales, restaurantes, bares, museos y alojamientos tipo hostel, es de la preferencia de los turistas “de mochila”.

El cacao es una de las principales producciones ecuatorianas. Originario de América fue llevado a Europa, resignificado allí pasando a ser considerado “casi” de propiedad europea y ganando todos los galardones en los concursos internacionales hasta que Pacari ganó en Londres el premio al mejor chocolate del mundo en el más importante evento internacional. Esto fue en 2014 con cinco medallas de oro y una de plata, hasta la fecha no hubo otro chocolate que lo pudiera superar.

Pacari en quechua significa Naturaleza y nace con un claro compromiso anticapitalista:

Parece haber llegado la hora en que los pueblos americanos reaccionemos frente al avasallamiento del que se considera primer mundo en cuanto a la pérdida de nuestro patrimonio, sabemos que  los cultivos que fueron por siglos fuente de alimentación están desapareciendo y hay una manera de frenar el despojo: revalorizando y defendiendo este patrimonio. Desde Pacari y en voz de Santiago se lucha para hacer esto posible:

Desde esta empresa social se trabaja de otra forma: con una mirada más amplia que va mas allá de ganancias y de ampliar las bocas de expendio, es la forma de relacionarse con el entorno, con el mundo, de involucrase con los otros. Por otra parte este “pensar sentir”, como diría Galeano, se repite con frecuencia en los  entrevistados en distintas circunstancias y latitudes:

La práctica de la Economía Social y Solidaria  permite que diversos grupos sociales puedan empoderarse. En el caso de Pacari comienza por el precio justo, sigue con el cuidado de las personas y también logra que cambie el rol de las mujeres en la sociedad que el mismo Santiago considera machista.

pacari 2Las mujeres se suman al trabajo que estaba considerado solo de hombres, en cierta medida lo era por  el peso de las bolsas donde se trasladaba el cacao,  al reducir el tamaño de esos envases  las mujeres entran al círculo de la producción y se empieza a escribir otra historia: ellas mismas se organizan para poder tener a sus hijos en los lugares de trabajo bajo el cuidado de otras mujeres integrantes también de las cooperativas, mandan a sus niños a la escuela, los mayores ya no piensan en migrar sino que encuentran la posibilidad de quedarse en su espacio, producir y mejorar las condiciones de vida:

Recuperar la soberanía o por lo menos no olvidarnos de nuestro ser americano también se milita desde los sabores, parece que la premisa es que nuestros alimentos no se negocian, que tenemos muchísimo que ofrecer, “no nos invadan nuestras cocinas”:

En la oficina de Santiago hay un pizarrón con una frase escrita por su compañera Carla: “Nunca pierdas las ganas de hacer cosas”.

Marta Gómez, cantante colombiana pero de reconocimiento universal sigue interpretando música de profunda raíz latinoamericana. Tiene compromiso con las luchas de Nuestramérica, sobre todo con sus mujeres. En consonancia con la frase de Carla, dice Marta “que no falte un sueño” desde su disco ‘Solo es vivir’ editado en Colombia en 2014.

A principios de mes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721/2016 del presidente Mauricio Macri a través del cual derogó la disposición tomada en 1984 por el gobierno de Raúl Alfonsín para restar autonomía a los militares y dejar en manos de las autoridades elegidas democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense. La medida provocó el rechazo de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

La especialista en temas de Defensa Nacional, Estrategia y Geopolítica y secretaria del Centro de Militares por la Democracia, Elsa Bruzzone, dijo a FM De la Calle que el decreto “ratifica lo que ya se venía haciendo, manejo de cuarteles, traslados, tareas administrativas y de funcionamiento interno” y no representa “ninguna autonomía”, aunque lo calificó como “un globo de ensayo para ver si pueden acostumbrarnos a que las fuerzas armadas puedan intervenir en los asuntos internos del país”.

Bruzzone explicó que la Ley de Defensa 16.970 de la dictadura de Onganía no distinguía las funciones de las FFAA en torno a la defensa nacional y la seguridad interior, lo que “permitió la utilización de las mismas en las tareas de represión interior con los resultados por todos conocidos”.

Al asumir Raúl Alfonsín, mientras se redactaba una nueva Ley de Defensa, aprobó el decreto recientemente derogado y “controló” a las fuerzas”. “Cuando la ley es sancionada en 1985, y más después con la reglamentación de la ley bajo el gobierno kirchnerista, este decreto ya prácticamente queda sin efecto porque tiene que ver con tareas administrativas, con el con el manejo hacia adentro de las FFAA”.

“Como bien lo explica el Decreto 721, el poder civil sigue teniendo el control y el manejo en los ascensos, a partir de coronel y los grados superiores se sigue requiriendo el acuerdo del Senado, en los puestos más altos el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Defensa designan, los planes de estudios siguen estando en manos del Ministerio, las hipótesis de conflicto las fija el gobierno nacional”.

Bruzzone dijo que “el peligro es que se pudiera avanzar más adelante en una modificación de la Ley de Defensa Nacional donde con una simple letra que dijera ante una agresión externa o interna permitiera que la FFAA intervinieran en tareas de represión interior o en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay presiones desde hace cuatro o cinco años del Departamento de Defensa norteamericano a través del Comando Sur”.

“Estas intervenciones han tenido resultados nefastos en México, en Colombia o inclusive en Honduras. Acá está prohibido pero se han reanudado las presiones y las hay también de integrantes de la política, de los grupos económicos, de nuestra justicia, que pretenden que esta línea divisoria caiga”, afirmó y agregó que las contradicciones de la ley, por ejemplo, abarcan el envío de tropas a supuestas misiones de paz de Naciones Unidas que en realidad son ocupaciones de países “donde los integrantes de las misiones realizan tareas de seguridad interior, la mayor parte de las veces con resultados catastróficos para las poblaciones locales porque se producen violaciones a los derechos humanos”.

Bases militares

12.Elsa-Bruzzone“EEUU tiene en su mente la instalación de bases militares ya sean descubiertas o encubiertas, disfrazadas bajo el concepto de ayuda humanitaria ante desastres naturales, epidemias, pandemias, bases científicas para realizar estudios, o bases de control de la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masivas. (…) Ellos tienen que tener libre acceso y control de recursos naturales que ya no poseen para seguir siendo la potencia dominante en el mundo”, manifestó.

Tras mencionar las bases yankees o de la OTAN en Colombia, Haití, Guantánamo, Puerto Rico, Perú, Chile, Paraguay y Malvinas, Bruzzone destacó que pretenden instalar una de carácter científico en Ushuaia “con acceso libre a la Antártida” que, junto a la de Malvinas, habilitaría el control del Atlántico Sur y su conexión con el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle con proyección hacia el océano Índico.

“Además permite una presencia en zona donde toda la plataforma continental nuestra alrededor de las islas tiene yacimientos de hidrocarburos y minerales estratégicos e industria pesquera y tanto Ushuaia como Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida que no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo sino que también -en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña- se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico”. Hasta 2041 rige la prohibición de toda explotación de los bienes comunes aunque EEUU intentará impedir su prórroga por otros cincuenta años.

En San Ignacio, Misiones, también podrían construir una base. “En lugar de utilizar a Hamas o a Hezbollá en la zona de la Triple Frontera, que es uno de los puntos más importantes de carga y recarga del Acuífero Guaraní, (…) reflotan el fantasma de la presencia del Daesh o ISIS, como lo llaman en occidente, o del Frente al Nusra que está vinculado a Al Qaeda para reflotar las presiones que en su momento se hicieron sobre De la Rúa y Duhalde”. “Dependerá de nosotros impedir que se consume”, dijo.

El discurso de Gay

gayLa integrante del CEMIDA se refirió además al discurso del intendente Héctor Gay del 25 de mayo en el cual habló de la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”.

“Este discurso me remite a la Doctrina de la Seguridad Nacional (…), me remite a tiempos que hemos vivido y a los cuales no quiero volver. No quiero volver a la década de 1930, a 1955, de ahí en adelante tampoco quiero volver a un 24 de marzo del 76 que es a lo que él me está remitiendo. El que no tiene patria ni nación es él porque la patria y la nación no son pasiones inútiles y un verdadero patriota y alguien que ama profundamente a su patria y a su pueblo no ve en el otro, en el pueblo, al enemigo”, dijo.

Bruzzone reconoció que “tenemos enemigos de adentro” aunque apuntó a “los grupos económicos de poder, las corporaciones trasnacionales, los organismos financieros internacionales, estamos llenos de cipayos al servicio de intéreses foráneos”. “Tenemos enemigos de afuera, sí señor, todo imperio, todo aquel que ejerce colonialismo, eso es enemigo, enemigo es el capitalismo que destruye vida humana, vida vegetal, vida animal, que destruye a la naturaleza y al planeta”.

Sobre la aclaración del intendente, quien comentó que se refería al narcotráfico, la especialista afirmó: “Usted va a escuchar que utilicen el narcotráfico o el terrorismo, que los agiten como bandera, pero en realidad los destinatarios de eso son el pueblo, las organizaciones sociales, políticas, culturales, todos aquellos que luchan por la justicia social, por la independencia económica, por la soberanía política y la paz, el capitalismo”.

Nuevamente la empresa Central Piedra Buena S.A. fue infraccionada por el Comité Técnico Ejecutivo por la emisión de ruidos molestos. Se recibieron 17 denuncias. Así lo informó hoy la Secretaría de Gestión Ambiental. Otras dos sanciones por el mismo motivo se habían registrado la primera semana de abril.

El hecho más reciente se produjo el viernes 3 de junio a las 20:01 “como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 29, provocando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua”.

“La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario de descanso”, afirmaron desde la oficina ambiental.

El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) donde deberían estar en análisis las labradas por Rosana Cappa y Matías Espósito los días 6 y 8 de abril.

Entre las 13:19 y las 13:32 del 8 de abril los ruidos fueron consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30: “Se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo”.

Según informamos oportunamente, el miércoles 6 de aquel mes, Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

El OPDS fue duramente cuestionado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

El intendente Héctor Gay se comprometió a gestionar el traslado de la delegación a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental aunque, por el momento, fue solo otro anuncio.

La Asociación Ambientalista Unión 20 de Agosto solicitó información a la Municipalidad respecto a las tareas de limpieza, nivelación de suelo y rampa de acceso y demolición de mamposterías que se realizan en un predio de YPF en el acceso a Puerto Galván. La ONG sospecha que el emprendimiento “no contaría con la respectiva Evaluación de Impacto Ambiental, ni los certificados de control de plagas y demolición”.

“Nuestra preocupación principal radica en el hecho de que ese predio de YPF fue destinado históricamente a la logística de combustible en la carga de trenes, el almacenamiento de tanques aéreos, y tenemos una presunción alta de que puede estar contaminado tanto el suelo como las napas y, obviamente al hacer un acuerdo esta empresa que pretende instalarse allí con la propia YPF, corremos el riesgo los ciudadanos de que quede enmascarado un hecho de contaminación”, dijo a FM De la Calle Hernán Zerneri al exigir que se aplique la ley provincial de Pasivos Ambientales.

Según informó la asociación, las actividades proyectadas están a cargo de Defiba Servicios Portuarios S.A. y serían de logística y taller de mantenimiento, vinculadas a las actuales prestaciones que brinda esa empresa a Dow Chemical, que se relacionan con el movimiento y logística de camiones, containeras y carga en trenes en el interior de la planta de esta última.

“El impacto vial asociado a las actividades mencionadas, incluirían, entre otras cosas, el movimiento de mil camiones mensuales con picos de 1300 a 1400, multiplicado por dos, debido al egreso de los mismos. Por lo que habría que analizar en profundidad si dicho impacto puede ser absorbido por la infraestructura vial actual en el único acceso a Puerto Galván, y qué implicancias tendría para el tránsito restante, y el acceso o egreso en caso de emergencias”, aseguraron.

Por otra parte, se advirtió que en el predio “no se exhibe cartelería correspondiente al inicio de obras” y se solicitó al Consorcio del Puerto que se expida “sobre las medidas de seguridad en el acceso al Puerto Galván en caso de siniestro en cualquiera de las instalaciones portuarias, terminales de combustibles y plantas industriales ubicadas en su interior, de cara a la posible congestión por el tránsito de camiones en la única vía de acceso disponible”.

multimedia.normal.b66bf7be621d26b4.466f746f7320446f775f6e6f726d616c2e6a7067La titular de la Secretaría de Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, aseguró que “no había ingresado en el área ninguna documentación al respecto por lo cual se realiza una revisión en el lugar, una inspección por parte del Comité Técnico Ejecutivo y encontramos que había una empresa que estaba haciendo movimientos de suelo en el lugar, por lo cual lo que realizamos fueron los informes correspondientes porque nos indican que tenía un expediente presentado en el área comercial”.

Dichos relevamientos, según la funcionaria, fueron enviados al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y a la oficina municipal de habilitaciones comerciales para su estudio.

El estuario de la Bahía Blanca fue nominado como “sitio de importancia regional” de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP). La Red es una estrategia de conservación internacional que tiene como misión preservar especies de aves playeras y sus hábitats mediante una red de sitios claves en todo el continente americano. En la actualidad cuenta con unos 90 sitios en 14 países y más de 13 millones de hectáreas de hábitats vitales para estas aves protegidos.

“Las aves playeras uno de los rasgos más importantes que tienen es que realizan una de las migraciones más largas del reino animal. Estamos hablando de aves de unos 120 gramos que pueden volar ocho mil a diez mil kilómetros sin detenerse y que, año tras año, a lo largo de sus migraciones utilizan el estuario y toda la alta productividad que hay alojada en los cangrejales, en el barro, una serie de organismos que viven ahí para alimentarse, engordar y seguir viajando”, dijo el biólogo Pablo Petracci a FM De la Calle.

El reconocimiento abarca a seis sectores: la Reserva Costera Municipal de Bahía Blanca, el Área Protegida Humedal Puerto Cuatreros, las reservas naturales provinciales Bahía Blanca, Falsa y Verde e Islote de la Gaviota Cangrejera, los humedales de Villa del Mar y Área Natural Arroyo Pareja-Isla Cantarelli, cubriendo una superficie de más de 260.000 hectáreas en los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino.

Petracci explicó que si bien la nominación no prohíbe la alteración del estuario, sí aporta argumentos para su defensa. “Ninguna de las declaraciones internacionales que tenemos -incluso Ramsar o la Convención de Bonn- podría llegar a frenar un proyecto, no obstante sirven para generar un cerco legal. Ahora quedamos al nivel de Península de Valdés, de la Bahía Samborombón, del Parque Nacional Laguna de los Pozuelos, de toda la costa atlántica de Tierra del Fuego. Nadie podría llegar a pensar en tocar Península de Valdés para hacer un polo industrial”.

Este reconocimiento fue el resultado del apoyo y trabajo mancomunado entre la Universidad Nacional del Sur, los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, la Subsecretaría de Actividades Portuarias-Delegación Puerto Rosales, el Club de Pesca y Náutica de Gral. Daniel Cerri y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y contó con el aval de numerosas Ongs locales y de la región.

 “Ahora nos queda una nueva etapa que es salir a contarle a la comunidad de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino de qué se trata esto”, finalizó Petracci.

Foto: Facebook Ría Bahía Blanca

El miércoles pasado en Ojitos Chinos, el programa infantil de FM De la Calle, estuvieron Martín Sotelo y su hija Luana. Martín es guardaparques y además participa del grupo Guardianes del Estuario, quienes se dedican a dar charlas en colegios y jardines acerca de cómo cuidar y preservar las especies de nuestra ría. Luana, con ayuda de su papá, fabricó su propio tambor de telgopor para cantar y tocar las canciones inspiradas en la naturaleza del estuario bahiense.

Escuchá la nota:

La Corte Suprema resolvió que la justicia de San Juan es competente para investigar el derrame de cianuro en el río Potrerillos que se produjo desde la mina Veladero, operada por la empresa Barrick Gold en el Departamento de Iglesia. A raíz de este episodio, se originaron dos procesos penales, uno en la justicia provincial y otro en  la federal de la ciudad de Buenos Aires.

“Hace mucho tiempo que tanto los directivos de Barrick como las autoridades de San Juan estaban tratando de quitarle la causa al juez federal Casanello porque venía a investigarlos de manera impecable, avanzando sobre la verdad de las cosas, con medidas judiciales muy importantes”, dijo a FM De la Calle el abogado ambientalista Enrique Viale.

En San Juan se investiga a los directivos de la empresa y a funcionarios provinciales del Ministerio de Minería y del Ministerio de Salud y Ambiente, mientras que en la justicia federal de la Capital Federal se investiga el comportamiento de Sergio Lorusso y Jorge Mayoral ex secretarios de Ambiente y Minería de la Nación, así como el de funcionarios provinciales y directivos de la empresa.

El abogado explicó que las responsabilidades provinciales alcanzan al ex gobernador y flamante presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja: “No es casual que todo ocurra en las misma semana, son poderes muy grandes, me resulta extraño que los análisis políticos sobre la nueva conducción del PJ no pongan el acento y la lupa sobre esta relación que tiene el ex gobernador Gioja con la Barrick, una relación espuria de muchos años”.

La Corte Suprema decidió que la justicia provincial debe determinar la responsabilidad de los directivos de la empresa  Barrick Gold y de los funcionarios del gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos, y que el juez federal debe investigar la conducta de los ex secretarios de Minería y de Ambiente nacionales. Además, enfatizó la importancia de resguardar la jurisdicción de los jueces provinciales dado que la Constitución Nacional garantiza como principio fundacional del federalismo el reconocimiento de su autonomía.

En el marco de la causa que investiga el derrame, la Asociación de Abogados Ambientalista impulsa una medida cautelar para cerrar la mina mientras continúa el trámite judicial y por existir riesgo de nuevos derrames y de violación de la Ley de Glaciares. “Justamente quedaban pocos días para que el juez Casanello resuelva ese pedido” en base a un informe de un comité de expertos. “Fue muy oportuna para los intereses de Barrick la decisión de quitarle la causa a Casanello y ahora va a un juez más complaciente, un juez de San Juan y quedará en la impunidad una vez más un caso como este”.

“La Corte lamentablemente en los últimos fallos en materia socioambiental ha jugado de esta manera, una vez más jugando a favor de los poderosos. Vamos a seguir con mucha fuerza y también el pueblo de Jáchal, impulsando la causa ante el juez Casanello porque creemos que a pesar de haberle recortado la competencia hay muchas cosas por hacer”, afirmó Viale y mencionó entre ellas, insistir en el cumplimiento de la Ley de Glaciares “que prohíbe expresamente la actividad minera en el ambiente glaciar y periglaciar y Veladero está ahí”.

“Viendo que nosotros no nos tiramos para atrás están tratando de ensuciar a Lucas Beier, están buscando el punto para poder sacarlo del medio”, dijo a FM De la Calle Eduardo Mena, uno de los pescadores artesanales que denunció a las empresas del Polo Petroquímico, el Consorcio de Gestión del Puerto y ABSA por la contaminación del estuario y la pérdida de su fuente laboral.

Mena respaldó así a su representante legal que fue acusado por el Colegio de Abogados por un supuesto incumplimiento de normas éticas y violación de secreto profesional al hablar públicamente sobre la causa.

Como informáramos, la medida fue resuelta por el Consejo Directivo compuesto, entre otros, por el vocal Diego Ariel Blázquez y el secretario Martín Otaño Manterola, apoderados de Profertil y TGS respectivamente. Para Beier, se trata de “una acción sinérgica con los hechos mafiosos que han atentado contra mi vivienda particular procurando mi silencio, lo cual repudio y aborrezco rotundamente”.

El pescador afirmó que “ya estamos cansados, la seguimos peleando, sabíamos que iban a criticar a nuestro abogado y que lo iban a tratar de sacar del medio como están haciendo con la demanda que la trasladan para acá, la trasladan para allá, ponen trabas”.

“Estamos hablando de las empresas de Ing. White que es un poder muy grande, casi intocable. Las esperanzas por ahí las perdemos pero seguimos peleando porque no es solamente nuestra fuente de trabajo la que perdimos, la población entera está sufriendo las consecuencias porque en el aire, ya las personas están con unos problemas de piel tremendos, problemas pulmonares, de todo”, dijo.

Mena sostuvo que las empresas “están contaminando el poder judicial” y que varios integrantes de los denunciantes fueron presionados: “A Lucas se fueron contra la casa pero personalmente nosotros hemos sufrido agresiones o enfrentamientos que nos dicen ‘abrite del juicio porque vas a tener problemas’. Nosotros vamos a seguir adelante, nosotros ya estamos muertos en vida, ya nos mataron nuestra ciudad, lo que es Ingeniero White”.

Silencio en el Colegio

Ante la consulta de FM De la Calle el presidente del Colegio de Abogados, Gerardo Salas, rechazó hacer declaraciones sobre la sanción que tramita la institución contra el dr. Lucas Beier hasta tanto no culmine el proceso y adujo que de hacerlo podría ser recusado y verse impedido de intervenir en la decisión del Consejo Directivo.

Respecto a la participación de los abogados de Profertil y TGS, Diego Ariel Blázquez y Martín Otaño Manterola, en la acusación contra el representante de los pescadores, Salas afirmó desconocer la situación.

Mientras la investigación por contaminación del estuario contra las empresas del Polo Petroquímico, el Consorcio del Puerto y ABSA avanza lentamente, las intimidaciones y cuestionamientos contra los denunciantes suman nuevas modalidades. Primero fueron las amenazas a pescadores artesanales y los atentados contra el estudio y la vivienda de su representante legal, Lucas Beier, y ahora el Colegio de Abogados pasó de solidarizarse con él a tramitar un proceso en su contra por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo compuesto, entre otros, por el vocal Diego Ariel Blázquez y el secretario Martín Otaño Manterola, apoderados de Profertil y TGS respectivamente. Para Beier, se trata de “una acción sinérgica con los hechos mafiosos que han atentado contra mi vivienda particular procurando mi silencio, lo cual repudio y aborrezco rotundamente”.

“Tal vez estoy paranoico y no es más que una simple casualidad que pese a que hablo con la prensa de este conflicto ambiental desde el año 2009, justo 15 días después del atentado a mi casa, y cuando en el marco de la misma tanto un fiscal como un juez tomaron medidas importantes contra las empresas, esta Comisión Directiva intente acallarme. Tal vez es solo paranoia mía desconfiar que los abogados de Profertil y TGS tengan algún interés en que no hable más con la prensa sobre la cuestión ambiental del estuario y hayan utilizado el órgano directivo del CABB para sancionarme por ello”, dijo en su descargo.

Según manifestó el letrado a FM De la Calle “las empresas no necesitan que los abogados salgan a hablar porque directamente pagan las pautas publicitarias y hacen difusión. Si a mí me prohíben hablar, ¿cómo informo a la sociedad los avances que va teniendo la causa?”. Cuatro notas de diarios digitales y cinco entrevistas del programa de nuestra emisora “En eso estamos” son toda la prueba en su contra. “La denuncia es imprecisa, dado que si consideran que he realizado alguna de las conductas prohibidas, debieron haberlo indicado expresamente con total claridad y no haber realizado un simple ‘copia y pega'”.

Lo que no prohíbe el juez de la causa lo hace el Colegio de Abogados. Cabe destacar que la conducción institucional que hoy reprocha a Beier, como en su momento a otros abogados, la violación de “las normas de ética profesional” por “publicitar” las causas en las que intervienen, es la misma que supo y sabe contener y cobijar a imputados por crímenes de lesa humanidad como los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti o el ex juez Néstor Luis Montezanti.

Beier afirmó ante las autoridades del Colegio que “este conflicto entre pescadores y empresas multinacionales es el paradigma de la desigualdad de recursos. Pero esa desigualdad, puede compensarse con el acceso a una justicia objetiva y neutral y la utilización de la difusión a través de la prensa de los avances y sucesos relevantes del proceso. Todos estos recursos son legítimos y no solo pueden, sino que deben ser utilizados por los operadores del conflicto, de no hacerlo, existiría una mala praxis”.

“No me escapa que las empresas contra las que me encuentro litigando desean que esta causa no sea pública, a raíz que he dado a conocer informes medio-ambientales que perjudican gravemente la imagen social de las empresas, y principalmente porque un fiscal ha considerado que se encuentra probado que el estuario está contaminado, lo que lo motivó a pedir el cese de los vertidos industriales, y un juez ha dictado una medida cautelar contra ABSA, por entender que existe un gran aporte de contaminantes por medio de los desechos cloacales”, agregó.

¿En qué está la causa?

Si la causa debe desarrollarse en el fuero federal o en la justicia provincial es un debate que aún no fue saldado en la Cámara de Casación. Mientras tanto, la investigación sigue en manos del fiscal Alejandro Cantaro y el Juzgado Federal 2 -a cargo de la jueza Gabriela Marrón, quien se declaró incompetente y viajó de licencia a Cuba por dos años-.

Hoy venció la medida cautelar que ordenaba a ABSA presentar un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario. “La provincia no denunció ningún avance más allá de los anuncios, (…) el juez puede aplicar una sanción diaria por el retraso o instar a una nueva audiencia para que ABSA dé explicaciones”, dijo Beier.

En tanto, para el primer semestre de 2017 se espera una pericia “muy complicada” para evaluar la contaminación en la ría. Las empresas del Polo pretenden que sea realizada por el Instituto Argentino de Oceanografía dependiente del CONICET y los pescadores prefieren que sea una universidad nacional. “No queremos que lo haga el IADO porque lo hacen hace veinte años y si pese a esos informes no han denunciado… Ellos encuentran metales pesados tanto en los peces, como en el agua, como en los sedimentos y han tenido una actitud pasiva”.

empresas polo cartel

¿De qué lo acusan?

La Comisión Directiva del Colegio de Abogados le reprocha a Beier la supuesta infracción de la siguiente normativa:

  • Segundo párrafo del artículo 18 de las Normas de Ética Profesional: “No debe publicar ni inducir a que se hagan públicas noticias o comentarios vinculados a los asuntos en que intervenga, a la manera de conducirlos, la importancia de los intereses comprometidos y cualquier ponderación de sí mismo. Debe abstenerse de publicar escritos judiciales o las discusiones mantenidas con relación a los mismos asuntos”.
  • Artículo 58 inciso 6 de la ley 5177 que obliga guardar secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto que se le hubiere encomendado o consultado, con las salvedades establecidas por la Ley.
  • Artículo 60 inc. 7 de la ley 5.177: “Publicar avisos o realizar propaganda, por cualquier medio de difusión que pueda inducir a engaño a los clientes u ofrecer servicios contrarios o violatorios de las leyes. La publicidad profesional se habrá de limitar a su nombre, dirección del estudio, títulos científicos, horario de atención al público, fuero, materia o asuntos a los que especialmente se dedique.”

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) renovó sus autoridades manteniendo los principios de pluralidad, representatividad y democracia que guían el trabajo del organismo desde su creación. Víctor Mendibil ocupará la copresidencia junto a Adolfo Pérez Esquivel, mientras que el Padre José Pepe Di Paola fue designado como nuevo pro-secretario de la institución, pasando a integrar de esta manera su mesa directiva. Mauricio Tenembaum es el nuevo vicepresidente y Roberto Cipriano García asumió como Secretario del organismo.

Como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria ha estado conformada por hombres y mujeres que son referentes de estos espacios de militancia: organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas.

Respetando los principios que caracterizan a la CPM desde sus inicios, el organismo anuncia la designación de las nuevas autoridades y reafirma su labor como promotor de políticas públicas en materia de derechos humanos y como institución de articulación entre los poderes del Estado y la sociedad civil.

En virtud de estas definiciones, el pleno de la CPM decidió la designación de Víctor Mendibil como co-presidente del organismo, junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. El nombramiento de Mendibil es un reconocimiento a su sostenido trabajo en la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos tanto en su larga trayectoria como militante sindical como así también en la activa participación que desarrolla desde nuestra institución.

Desde los años setenta, Víctor Mendibil se destacó por su compromiso con la clase trabajadora. Fue protagonista de las luchas combativas y el fortalecimiento de la organización de los trabajadores judiciales, ocupando distintos espacios de conducción en la Asociación Judicial Bonaerense, la Federación Judicial Argentina y también de la CTA, desde donde se desplegó la dura confrontación con el neoliberalismo y las múltiples violaciones de derechos que implicó para el conjunto del pueblo. Mendibil, además, realizó una frondosa tarea en las distintas instancias internacionales que nuclean a las organizaciones sindicales buscando articulaciones regionales que fortalezcan su lucha.

Mauricio Tenembaum -miembro fundante del organismo, referente de la comunidad judía y de una extensa trayectoria en la lucha por derechos humanos y la democracia- fue elegido como vicepresidente. El padre Pepe Di Paola, recientemente sumado a la CPM e integrante del grupo de “curas villeros” -símbolo de la lucha contra la pobreza y las múltiples violencias que de ella devienen- fue elegido como pro secretario. Roberto Cipriano García, quien fuera en su momento el Director del Comité contra la Tortura de la CPM, ocupará el cargo de secretario del organismo.

Completan la lista de autoridades: Elisa Carca que seguirá ocupando su cargo como vicepresidente, mientras que Susana Méndez y Ana Barletta se mantienen como tesorera y pro-tesorera, respectivamente.

Fuente: CPM

La Central Termoeléctrica Piedra Buena fue infraccionada por segunda vez en la semana por superar el nivel de ruidos permitidos para el horario diurno. El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) constató la situación y elevó actas e informes al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible.

Entre las 13:19 y las 13:32 como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30 se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo.

El miércoles pasado Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

Ambas actas de infracción fueron enviadas junto a los informes sobre lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), autoridad que tiene, en exclusividad, la facultad de resolver las sanciones correspondientes.

Un mes atrás, el OPDS fue duramente cuestinado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

Ayer, durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Héctor Gay aseguró: “Avanzamos en la gestión, diría que ya definimos en las últimas horas, para que la delegación local de la OPDS se traslade a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio. No nos parece lógico que funcione dentro de la Unión Industrial, más allá de la buena relación que mantenemos con esa entidad”.

¿Cómo hacemos lxs profesionales para aportar, entrelazar, conocimientos que adquirimos en la educación formal al campo popular sin quedar atadxs a nuestros propios deseos? De mínima creemos que actualizar este debate planteándolo en los espacios académicos es una incipiente iniciativa.

“No somos de cartón, no somos reciclables, tampoco descartables; somos cartoneras” es la premisa con la que trabajamos para construir este material sonoro que relata las historias de vida de tres mujeres cartoneras de Villa Caracol, barrio periférico de nuestra ciudad caracterizado históricamente como un barrio que, producto de las consecuencias del neoliberalismo, vive y se alimenta de la práctica del cartoneo.

Estas voces representan identificaciones distintas de lo que implica pensarse cartoneras, teniendo en cuenta sus formas de trabajo, su historia personal-colectiva y sus luchas sociales, pero encuentran similitudes en su condición primera: ser mujeres. Por eso buscamos conocer, dar a contar, cómo llega una mujer a ser cartonera, y como llega un cartonera a pensarse mujer.

Sentirnos mujeres y colectivizarnos como tales, resulta necesario para dar cuenta y denunciar que los relatos históricos nos han condenado tradicionalmente al olvido, producto de la historia oficial androcéntrica, escrita y relatada por varones. Aún cuando hubo intentos por incorporarla, en la mayoría de los casos, resultó funcional a la idea de la “complementariedad”.

Por esta razón, la historia de las mujeres se ha ido constituyendo producto del movimiento social, político, feminista; donde continuar con la tarea de nuestras compañeras para terminar con el sexismo predominante en los relatos, nos impulsa a tomar dentro de tantas tareas; documentar sobre, por y para nosotras.

En este sentido compartimos este material radiofónico para que se escuche, se comparta y fundamentalmente se utilice como una herramienta de análisis e impulso para pensar y planificar nuevas estrategias comunicacionales-educativas contribuyendo así en espacios de reflexión, diálogos, medios de comunicación, prácticas políticas, y vínculos sociales no sexistas, antipatriarcales, incomodantes y feministas.

Ficha técnica de la producción sonora

Autoría: Paula Mailen Ercoli

Edición y Artística: Emiliano Randazzo

Memorias del proceso de tesis

Director: Pablo Becher

(Por Laura García Vázquez) Esta nota tiene por objetivo destacar un hecho inusual que consiste en que el “cambio climático” haya sido uno de los protagonistas en un Congreso de trabajadores de la energía, y, además que esto se haya dado en un contexto muy difícil para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, en medio de despidos y recortes propiciados por el gobierno de Cambiemos que encabeza el presidente Mauricio Macri. También estamos ante un aumento desmedido de las tarifas de los servicios, con lo cual, el eje sostenido durante años por FeTERA: ” la energía es un BIEN SOCIAL, un derecho humano, un problema de todos, LA ENERGÍA NO ES UNA MERCANCÍA”, se convierte en un objetivo prioritario que es necesario difundir y trabajar con la población en su conjunto. El desafío es encontrar una forma de comunicar y compartir para poder desarrollar la necesidad de que la energía sea vista como un derecho fundamental que necesita ser reclamado por todos. Este es el contexto nacional.

Por otro lado, nosotros señalábamos hace poco tiempo, en diciembre de 2015 con respecto a la COP 21:  “Se nos sigue ofreciendo el modelo de desarrollo tradicional, con todo lo que implica como la única forma de combatir la pobreza, y esto es una burda mentira. Nunca nos mostrarán la diferencia real, económica y ecológica, entre una economía dominada por la industria automotriz, basada en el automóvil particular e individual y lo que significaría un sistema de transporte público democrático, económico y ecológico que asegurara derechos de la población y calidad de vida. Este simple ejemplo demuestra quién manda y determina nuestras conductas. Las categorías tradicionales con respecto al poder continúan plenamente vigentes, lo que ha cambiado es el modelo cultural cuyo basamento es la plaga a la que se refiere Evo Morales, entonces, el mayor desafío consiste en combatirla para defender la vida.
Cuando el Acuerdo de París hace hincapié en la “ayuda” que deben brindar los países “desarrollados” a los países “en desarrollo” lo que se pretende seguir es un modelo basado en la dominación y que traerá, quizás, un negocio más, el de la “Economía Verde” dentro de la cual los países “desarrollados” “ayudarán” a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático, que no es una fatalidad como se pretende mostrar sino el resultado de un sistema, de un orden mundial injusto e inhumano.”

Por eso en este Congreso señalamos: que es importante detenernos en la situación actual, que tenemos que saber a ciencia cierta que estamos ante un gobierno que puso un Ministro de Ambiente que “dice” todo el tiempo que defienden el ambiente, mientras retiran las retenciones a la megaminería.  Que también dice que este es un problema de todos, cuando las responsabilidades y posibilidades de actuar son tremendamente desiguales. Tenemos claro también, que una parte de los negocios privados y extranjeros que se priorizan actualmente en la Argentina tendrán el sello de la “Economía Verde”, que esto es una política mundial. El rol de los trabajadores de la energía es crucial,  está claro que tenemos que diversificar nuestra matriz pero que esta diversificación tiene que ser con el objetivo de democratizar y abaratar el acceso a la energía. Como dicen muchos compañeros de FeTERA  ¿Qué energía queremos y para qué? ¿Hacia qué modelo productivo queremos transitar?  La energía no sólo es un derecho humano fundamental sino que está ligado a la supervivencia: agua, alimentos y energía es lo que necesita todo ser vivo para conservar la propia vida.

El Congreso contó con la valiosa participación de María Elena Saludas quien intervino especialmente en este punto. Su claros y concisos señalamientos en un tema de por si complejo fueron enriquecidos por la voz de los trabajadores y trabajadoras de la energía. Este tema, dijo,  tiene que ser abordado por todos y desde los saberes de todos, no es un tema de “especialistas”  como se nos quiere hacer creer sino que está ligado a la educación popular, es un tema de las poblaciones los modos de producción, distribución y consumo y son las grandes corporaciones y empresas transnacionales las que producen la crisis climática.   Luego, intervinieron, entre otros, Juan Alberto Llanos señalando la falta de nieve y de agua en la Patagonia y el negocio inmobiliario que determina todo esto, así como un problema de extranjerización de la tierra instalándose familias extrajeras en forma permanente. Gabriel Martínez, Secretario de organización de FeTERA explicitó que tenemos un problema civilizatorio, formamos parte de una cultura global en dónde la industria del automóvil domina nuestro comportamiento mucho más de lo que creemos, lo mismo sucede con la cultura del derroche y el descarte. Todo esto lleva a una sobreexplotación y hasta unas autoexplotación de los trabajadores y trabajadoras donde la plusvalía es nuestra propia vida. Terminó diciendo que tenemos que trabajar en defensa de un sistema de transporte público eficiente y defender la industria de productos de larga duración. En definitiva se trata de romper el deseo permanente de consumir cosas.

Ha sido una experiencia inenarrable compartir el Congreso de esta organización sindical conducida por José Rigane, organización ejemplar que construye día a día conciencia social y política en un tema crucial y estratégico como la energía. Poder trasmitir esta compleja realidad que muchos intentamos describir de manera sencilla y accesible es nuestra obligación y nuestro trabajo por delante ya que los efectos del cambio climático nos van a afectar a todos pero en primer lugar a los pobres y excluidos.

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El Concejo Deliberante aprobó en su sesión extraordinaria del 9 de marzo una prórroga en los plazos para que las empresas de telefonía celular declaren la infraestructura que tienen instalada y ajusten su tecnología a lo establecido en la ordenanza 17.130 que regula las torres antenas y el desarrollo de la plataforma de comunicaciones móviles.

La norma sancionada en 2013 fija “un plazo máximo de 90 días posterior a la promulgación” para la presentación de la “Plataforma de Comunicaciones Móviles e Infraestructuras” y “un plazo máximo de dieciocho meses” para la adaptación o incorporación de la tecnología necesaria en las instalaciones existentes. Si no se cumplía el primer requisito el plazo de adecuación se reduciría a la mitad. Ahora, con la aprobación exprés de su modificación en el deliberativo, las telefónicas tendrán 36 meses para anunciar sus “plataformas” y dos años para invertir en tecnología.

El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Leandro Santomassimo, dijo a FM De la Calle que “la verdad no estaban muchas de las empresas muy regularizadas, entonces se le extendió nuevamente el plazo” a partir de “un consenso en que se ha llegado entre los distintos actores que intervenían en la ordenanza, el Departamento Ejecutivo, las empresas, algunos grupos de vecinos y demás”. Un día antes, la titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, se había mostrado “sorprendida” por el aplazamiento del cumplimiento de la ordenanza y porque “llegue a la mañana algo para votar al mediodía” por concejales que en muchos casos “ni siquiera saben lo que es una torre antena”.

“Seguramente acá tenemos dos problemáticas y tenemos que empezar a plantearnos como sociedad en dónde estamos y hacia dónde vamos con esta cuestión de la tecnología”, manifestó Santomassimo y agregó que “obviamente que todos queremos estar comunicados y tener la mejor comunicación posible, de ahí derivan distintos problemas que hasta a veces terminan en la OMIC. Pero también teníamos que ser conscientes que todo tipo de adelanto tecnológico va a tener un impacto ambiental y ese impacto a veces lo relacionamos con que solamente el medio ambiente es donde vivimos, y el medio ambiente también somos nosotros. Estas cuestiones de las antenas, que se habla mucho de la contaminación de la radiofrecuencia y demás, es un tema que nos vamos a tener que empezar a ocupar seriamente”.

Para el edil de Cambiemos “la ordenanza 17.130 está buena” aunque opinó que lo fundamental no es “solamente crear ordenanzas sino que después obviamente se lleven adelante y se cumplan. Presentar un proyecto por presentar y tener equis cantidad de proyectos presentados a fin de año si no se cumplieron no sirve para nada. Tal vez las gestiones que mejor le llegan a la gente son las que se llevan adelante y muchas veces se pueden solucionar en reuniones, hasta a veces medio informales, llamados telefónicos, entre situaciones formales pero no necesariamente a través de una ordenanza que después son difíciles de cumplir y esta es una de ellas”.

Al ser consultado por los problemas que a su entender obstaculizan su cumplimiento, Santomassimo apuntó al “tema del contralor, del control, en todas esas cosas siempre se tienen parámetros y números aceptados por distintas ONG, distintos organismos de control de otros países y demás; lo importante es que tiene que haber un compromiso por parte de las empresas a invertir en tecnología, que sirva a las muy buenas comunicaciones y al no impacto en la sociedad y desde el Poder Ejecutivo, las comisiones asesoras y los grupos de vecinos”.

Un caso emblemático. Antenas a metros de la sede de Ayuda Le, centro de atención de pacientes con leucemia.

Un caso emblemático. Antenas a metros de la sede de Ayuda Le, centro de atención de pacientes con leucemia.

Integrantes de organizaciones ambientales de la ciudad participaron ayer en la Cámara de Diputados de un encuentro para debatir un proyecto de ley que logre “un equilibrio entre salud y comunicaciones” en la regulación de radiofrecuencias, “fijando límites de protección similares a las normativas más estrictas implementadas en distintos Estados” para mejorar “la calidad y objetividad de la información brindada a los usuarios sin perjudicar la eficacia o factibilidad de los servicios”.

Gladys Girotti, presidenta de Salud Ambiental en Acción y vocera del nutrido grupo de agrupaciones que participaron de la jornada consultiva, comentó a FM De la Calle que el encuentro surgió tras el “escandaloso proyecto 1941 que trataba de que las telecomunicaciones móviles fueran nombradas de interés público nacional y, de esta manera, podían poner antenas en las propiedades de todas las personas sin necesidad de pedir autorización”.

Las ONG´s y sindicatos, con el acompañamiento de lxs legisladorxs Gabriela Troiano, Carlos Rubín, Diana Conti y Carolina Gailalrd, revisaron y reimpulsaron una iniciativa que ya fue presentada en 2011, 2012 y 2014 por lxs diputadxs Verónica Benas y Antonio Riestra sin lograr su tratamiento. “Hicimos algunas modificaciones que creíamos necesarias pero los fundamentos son los mismos solo con mayor aval científico”, explicó Girotti.

Las jornadas consultivas contaron con la participación del dr. Ignacio Casas Parera, especialista en neurooncología, jefe del Departamento de Neurología del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, quien analizó la incidencia de tumores del sistema nervioso central; la dra. María Inés Sasiain, integrante del consejo directivo de CICOP, quien se refirió al costo que representaría al Estado un incremento eventual en el número de pacientes oncológicos. Por otra parte, el bioquímico Eduardo Legaspe explicó los efectos biológicos de las radiofrecuencias y el ingeniero Guillermo Defays discutió los aspectos técnicos involucrados en la normativa.

Girotti destacó que profesionales de la salud se involucren en el tema dado que muchas veces “reconocen a sus pacientes que la causa de su enfermedad pueda ser por las antenas pero al momento de tener que salir a investigar y hablar públicamente no quieren meterse en discusiones”.

El Concejo prorrogó plazos para que las empresas adecuen sus antenas

Durante la entrevista, la titular de Salud Ambiental en Acción se mostró sorprendida por la prórroga de los plazos para que las empresas ajusten su tecnología a la normativa local. “La ordenanza 17.130 pedía que en el plazo de noventa días las empresas presentaran la declaración jurada de todo lo que tenían instalado y a partir de ahí había 18 meses para adecuación de la tecnología que tenían instalada más lo que vayan a instalar para bajar los niveles de potencia”.

 “Nos sorprendió que el miércoles, sin que haya llegado con tiempo como para que los concejales pudieran analizar la situación, se pidiera un plazo de prórroga para la presentación de estas obligaciones que tenían las empresas y darles un plazo de 24 meses. Son cosas que no entendemos, en primer lugar, por qué ampliar rápidamente los plazos, que llegue a la mañana algo para votar al mediodía que los concejales no tienen tiempo para analizar y muchos ni siquiera saben lo que es una torre antena, la mayoría no intervino cuando se votó la ordenanza en 2013. En segundo lugar, ¿para qué quieren prórroga en una ordenanza que está suspendida? Recordemos que la Municipalidad, el gobierno anterior, no presentó apelación en su defensa cuando la judicializó por quinta vez Telecom, dejó que se vencieran los plazos cuando en las cuatro veces anteriores había sido respaldada por la justicia federal”, se preguntó Girotti.

Adhieren a la iniciativa presentada en el Congreso las ONG’s Aletheia por la Vida, Nuevo Ambiente, Consumidores Responsables, Red de Barrios Irradiados, Vecinos Subestación  Sobral Ezpeleta, Asamblea Rigolleau, CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, ATE Provincia de Buenos Aires, Vecinos Autoconvocados de Campo Quijano (Salta), Vecinos autoconvocados de Gral. Güemes (Salta), AVDA  Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente Gral. Cerri (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Amaducci (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento Ing. Pedro Pico, Ayuda-Le “Ayuda al leucémico” (Bahía Blanca), Vecinos Autoconvocados de Gral. Roca, Foro de la Niñez Bahía Blanca, FUNAM, Asociación Vecinal Dr. Enrique Finochietto Ciudad Autónoma,  ONG Ambiente Comarca (Tornquist), UETTEL (Unión de empleados y técnicos  de las telecomunicaciones) y Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, con el valiosísimo apoyo del Servicio de Paz y Justicia que preside Adolfo Pérez Esquivel.

La Secretaría de Gestión Ambiental del municipio informó ayer que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró un acta de infracción a la empresa Cargill S.A.C.I. por un derrame de aceite de girasol sobre el agua del estuario en el sector de “Puerto Piojo”. La empresa comunicó que el producto se derramó durante la carga de un vagón alcanzando la descarga pluvial de la planta.

Se le imputó falta al Artículo 2 de la Ley 5965 debido a que se encuentra prohibido que las entidades públicas y privadas, envíen efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, cursos o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua.

También se le reprochó falta al Artículo 4, Inciso d, del Decreto Reglamentario 3970/90 de la Ley 5965 por la descarga de efluentes que contienen sustancias flotantes (aceite de girasol), que cambie el aspecto natural o propio de un cuerpo receptor ni ocasionar cualquier otro inconveniente.

Finalmente Cargill faltó al Artículo 1 del Decreto Reglamentario 1741/96 de la ley 11459, por incumplimiento de la Resolución 1221/00 del OPDS, debido a que no notificó inmediatamente a la Municipalidad de Bahía Blanca sobre este hecho producido en sus instalaciones, que causó la alteración e intranquilidad de los pescadores del sector.

“Se le ha solicitado se informe acerca de las medidas a tomar por parte de la empresa para evitar que este tipo de evento vuelva a producirse. Cabe aclarar que en emergencias marítimas en eventos de contaminación, Prefectura Naval Argentina es la autoridad competente”, advirtieron desde la comuna.

El acta de infracción será enviada junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA).

Foto: @claudioaluciani

El senador provincial Andrés de Leo se refirió esta mañana a la denuncia del juez José Luis Ares respecto al “accionar dilatorio” del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible para controlar y sancionar a empresas contaminantes garantizando así la absolución de las mismas por la prescripción de las causas y aseguró que está trabajando en la reformulación de los plazos legales.

“He instruido al grupo de abogados que viene colaborando con nosotros en la tarea legislativa recabar toda la información para promover en el ámbito legislativo la modificación para que la prescripción se lleve por lo menos a un plazo de cinco años”, dijo a FM De la Calle el legislador de Cambiemos, quien se manifestó “en todo de acuerdo con Ares”.

En ese sentido, afirmó: “Me parece un despropósito que las contravenciones en materia ambiental sean tan breves, por varias razones. La primera porque es una mala señal hacia la sociedad que estas infracciones que a veces son de montos (altos) por la envergadura de las multas, puedan caerse cuando una multa menor por infracciones de tránsito tardan mucho tiempo en prescribir. En segundo lugar nos pone a resguardo de accionares negligentes o dolosas que pudieran haber existido en la administración pública”.

Respecto a las sumas que suelen aplicarse a las empresas contaminantes, Ares aseveró en su fallo que “generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas”.

Al ser consultado al respecto, De Leo sostuvo que “quiero ser prudente, serio y responsable, no puedo caer en el facilismo de decir esto es poco o es mucho porque la verdad que no tengo los elementos para llegar a esa aseveración que ha hecho el juez, pero indudablemente de ser así, esto también sería materia de modificación. Lo que pasa es que en ese caso habría que ver si es por error de la legislación o por falta de criterio en la aplicación de los montos”.

La semana pasada se conoció la sentencia en la cual Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

gay dowEste sábado se registró un episodio similar en Dow-PBB. Según la información oficial “el Comité Técnico Ejecutivo emitió un acta de infracción a la empresa PBB Polisur por la emisión de humo más allá de los valores legales permitidos. El incidente se produjo en la antorcha que funciona en la planta Cracker 1, tras un inconveniente en un instrumento de un compresor de hidrogenación”.

Al ser consultado sobre el cuestionamiento del magistrado, el titular del CTE César Pérez, opinó que “para estas causas un año puede ser poco tiempo para poder determinar o necesitamos que los entes que se encargan de aplicar las sanciones trabajen con celeridad en estos temas. Nosotros en un lapso de diez días elevamos el informe al OPDS. (…) Sabemos que hay trámites que tienen su demora porque necesitan alguna inspección u otro tratamiento, nosotros solamente ejecutamos la fiscalización de las empresas”.

Proyecto en el Concejo

El concejal Juan Manuel Martínez Eizaguirre solicitó mediante un proyecto de resolución a lxs legisladorxs provinciales que amplíen el plazo de prescripción previsto en el art. 33 del Decreto Ley 8031/73, a fin de evitar la prescripción sistemática de las causas contravencionales.

De igual modo, requirió a la gobernadora María Eugenia Vidal que intervenga para dar la mayor celeridad en la tramitación de las causas del OPDS.

“La demora en la tramitación de las causas por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible suele provocar como resultado la prescripción de los procesos, quedando impunes los hechos que las originaron, con evidente perjuicio para el interés público toda vez que los infractores de las normas ambientales no reciben las sanciones previstas en el ordenamiento positivo, que entre otras funciones tiene una finalidad correctiva”, aseguró el edil.

El juez correccional José Luis Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

“Algo está fallando en la sistemática normativa y/o en su interpretación, en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad, cuando la acción contravencional por cruzar un semáforo en rojo o contaminar con la combustión de un automóvil, tiene un plazo de prescripción de cinco años y la acción por contaminar el ambiente a través de una planta industrial prescribe al año, dada una interpretación analógica (que no comparto), por existir un vacío legal”, escribió Ares.

El magistrado sostuvo que “existió una incomprensible e injustificable demora en la tramitación del proceso, en un largo y tortuoso camino hasta” sus manos: “la resolución sancionatoria, que como se dijo fuera dictada el 9/05/12, recién se notificó a la empresa imputada el 22/11/13, es decir un año y medio después. El recurso de apelación fue interpuesto el 2/12/13 y recién fue concedido el  9/12/14, es decir un año después. Y el ingreso a este juzgado, previo registro y sorteo por parte de la Cámara Penal departamental, se produjo un año después, el 9/12/15”.

Ares afirmó que “es esta cuestión de la calidad de vida de mis convecinos y los riesgos implicados en la actividad industrial en esta ciudad, que posee un enorme complejo petroquímico, la que genera preocupación por la cancelación de toda posibilidad de sancionar a las empresas que de algún modo contaminen el ambiente”.

“Es que sin perjuicio de que resulte difícil establecer el grado de motivación en la norma por parte de las empresas, y el efecto preventivo de la amenaza de sanciones pecuniarias, que generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas, lo cierto es que con un plazo de prescripción de un año siempre la acción contravencional se va a extinguir sin poderse ejecutar las multas aplicadas, si es que se aplican, por cuanto las enormes, incomprensibles e injustificadas demoras en la tramitación de estos procesos por parte del OPDS, en casos que, en su mayoría no presentan complejidad y se resuelven con las actas y el descargo, hacen que muy probablemente lleguen a los juzgados correccionales ya operada la prescripción (como en el presente caso), o bien ello ocurra al recurrir la empresa a las instancias superiores (Cámara y Suprema Corte)”, falló.

La resolución firmada a principios de marzo fue enviada no solo a las autoridades de la Fiscalía General platense, a cargo de Héctor Ernesto Vogliolo, sino también a las autoridades políticas locales y provinciales en la figura del ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, el intendente Héctor Gay y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini.