(Por Laura García Vázquez) Esta nota tiene por objetivo destacar un hecho inusual que consiste en que el “cambio climático” haya sido uno de los protagonistas en un Congreso de trabajadores de la energía, y, además que esto se haya dado en un contexto muy difícil para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, en medio de despidos y recortes propiciados por el gobierno de Cambiemos que encabeza el presidente Mauricio Macri. También estamos ante un aumento desmedido de las tarifas de los servicios, con lo cual, el eje sostenido durante años por FeTERA: ” la energía es un BIEN SOCIAL, un derecho humano, un problema de todos, LA ENERGÍA NO ES UNA MERCANCÍA”, se convierte en un objetivo prioritario que es necesario difundir y trabajar con la población en su conjunto. El desafío es encontrar una forma de comunicar y compartir para poder desarrollar la necesidad de que la energía sea vista como un derecho fundamental que necesita ser reclamado por todos. Este es el contexto nacional.

Por otro lado, nosotros señalábamos hace poco tiempo, en diciembre de 2015 con respecto a la COP 21:  “Se nos sigue ofreciendo el modelo de desarrollo tradicional, con todo lo que implica como la única forma de combatir la pobreza, y esto es una burda mentira. Nunca nos mostrarán la diferencia real, económica y ecológica, entre una economía dominada por la industria automotriz, basada en el automóvil particular e individual y lo que significaría un sistema de transporte público democrático, económico y ecológico que asegurara derechos de la población y calidad de vida. Este simple ejemplo demuestra quién manda y determina nuestras conductas. Las categorías tradicionales con respecto al poder continúan plenamente vigentes, lo que ha cambiado es el modelo cultural cuyo basamento es la plaga a la que se refiere Evo Morales, entonces, el mayor desafío consiste en combatirla para defender la vida.
Cuando el Acuerdo de París hace hincapié en la “ayuda” que deben brindar los países “desarrollados” a los países “en desarrollo” lo que se pretende seguir es un modelo basado en la dominación y que traerá, quizás, un negocio más, el de la “Economía Verde” dentro de la cual los países “desarrollados” “ayudarán” a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático, que no es una fatalidad como se pretende mostrar sino el resultado de un sistema, de un orden mundial injusto e inhumano.”

Por eso en este Congreso señalamos: que es importante detenernos en la situación actual, que tenemos que saber a ciencia cierta que estamos ante un gobierno que puso un Ministro de Ambiente que “dice” todo el tiempo que defienden el ambiente, mientras retiran las retenciones a la megaminería.  Que también dice que este es un problema de todos, cuando las responsabilidades y posibilidades de actuar son tremendamente desiguales. Tenemos claro también, que una parte de los negocios privados y extranjeros que se priorizan actualmente en la Argentina tendrán el sello de la “Economía Verde”, que esto es una política mundial. El rol de los trabajadores de la energía es crucial,  está claro que tenemos que diversificar nuestra matriz pero que esta diversificación tiene que ser con el objetivo de democratizar y abaratar el acceso a la energía. Como dicen muchos compañeros de FeTERA  ¿Qué energía queremos y para qué? ¿Hacia qué modelo productivo queremos transitar?  La energía no sólo es un derecho humano fundamental sino que está ligado a la supervivencia: agua, alimentos y energía es lo que necesita todo ser vivo para conservar la propia vida.

El Congreso contó con la valiosa participación de María Elena Saludas quien intervino especialmente en este punto. Su claros y concisos señalamientos en un tema de por si complejo fueron enriquecidos por la voz de los trabajadores y trabajadoras de la energía. Este tema, dijo,  tiene que ser abordado por todos y desde los saberes de todos, no es un tema de “especialistas”  como se nos quiere hacer creer sino que está ligado a la educación popular, es un tema de las poblaciones los modos de producción, distribución y consumo y son las grandes corporaciones y empresas transnacionales las que producen la crisis climática.   Luego, intervinieron, entre otros, Juan Alberto Llanos señalando la falta de nieve y de agua en la Patagonia y el negocio inmobiliario que determina todo esto, así como un problema de extranjerización de la tierra instalándose familias extrajeras en forma permanente. Gabriel Martínez, Secretario de organización de FeTERA explicitó que tenemos un problema civilizatorio, formamos parte de una cultura global en dónde la industria del automóvil domina nuestro comportamiento mucho más de lo que creemos, lo mismo sucede con la cultura del derroche y el descarte. Todo esto lleva a una sobreexplotación y hasta unas autoexplotación de los trabajadores y trabajadoras donde la plusvalía es nuestra propia vida. Terminó diciendo que tenemos que trabajar en defensa de un sistema de transporte público eficiente y defender la industria de productos de larga duración. En definitiva se trata de romper el deseo permanente de consumir cosas.

Ha sido una experiencia inenarrable compartir el Congreso de esta organización sindical conducida por José Rigane, organización ejemplar que construye día a día conciencia social y política en un tema crucial y estratégico como la energía. Poder trasmitir esta compleja realidad que muchos intentamos describir de manera sencilla y accesible es nuestra obligación y nuestro trabajo por delante ya que los efectos del cambio climático nos van a afectar a todos pero en primer lugar a los pobres y excluidos.

fetera 2

El Concejo Deliberante aprobó en su sesión extraordinaria del 9 de marzo una prórroga en los plazos para que las empresas de telefonía celular declaren la infraestructura que tienen instalada y ajusten su tecnología a lo establecido en la ordenanza 17.130 que regula las torres antenas y el desarrollo de la plataforma de comunicaciones móviles.

La norma sancionada en 2013 fija “un plazo máximo de 90 días posterior a la promulgación” para la presentación de la “Plataforma de Comunicaciones Móviles e Infraestructuras” y “un plazo máximo de dieciocho meses” para la adaptación o incorporación de la tecnología necesaria en las instalaciones existentes. Si no se cumplía el primer requisito el plazo de adecuación se reduciría a la mitad. Ahora, con la aprobación exprés de su modificación en el deliberativo, las telefónicas tendrán 36 meses para anunciar sus “plataformas” y dos años para invertir en tecnología.

El presidente de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Leandro Santomassimo, dijo a FM De la Calle que “la verdad no estaban muchas de las empresas muy regularizadas, entonces se le extendió nuevamente el plazo” a partir de “un consenso en que se ha llegado entre los distintos actores que intervenían en la ordenanza, el Departamento Ejecutivo, las empresas, algunos grupos de vecinos y demás”. Un día antes, la titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, se había mostrado “sorprendida” por el aplazamiento del cumplimiento de la ordenanza y porque “llegue a la mañana algo para votar al mediodía” por concejales que en muchos casos “ni siquiera saben lo que es una torre antena”.

“Seguramente acá tenemos dos problemáticas y tenemos que empezar a plantearnos como sociedad en dónde estamos y hacia dónde vamos con esta cuestión de la tecnología”, manifestó Santomassimo y agregó que “obviamente que todos queremos estar comunicados y tener la mejor comunicación posible, de ahí derivan distintos problemas que hasta a veces terminan en la OMIC. Pero también teníamos que ser conscientes que todo tipo de adelanto tecnológico va a tener un impacto ambiental y ese impacto a veces lo relacionamos con que solamente el medio ambiente es donde vivimos, y el medio ambiente también somos nosotros. Estas cuestiones de las antenas, que se habla mucho de la contaminación de la radiofrecuencia y demás, es un tema que nos vamos a tener que empezar a ocupar seriamente”.

Para el edil de Cambiemos “la ordenanza 17.130 está buena” aunque opinó que lo fundamental no es “solamente crear ordenanzas sino que después obviamente se lleven adelante y se cumplan. Presentar un proyecto por presentar y tener equis cantidad de proyectos presentados a fin de año si no se cumplieron no sirve para nada. Tal vez las gestiones que mejor le llegan a la gente son las que se llevan adelante y muchas veces se pueden solucionar en reuniones, hasta a veces medio informales, llamados telefónicos, entre situaciones formales pero no necesariamente a través de una ordenanza que después son difíciles de cumplir y esta es una de ellas”.

Al ser consultado por los problemas que a su entender obstaculizan su cumplimiento, Santomassimo apuntó al “tema del contralor, del control, en todas esas cosas siempre se tienen parámetros y números aceptados por distintas ONG, distintos organismos de control de otros países y demás; lo importante es que tiene que haber un compromiso por parte de las empresas a invertir en tecnología, que sirva a las muy buenas comunicaciones y al no impacto en la sociedad y desde el Poder Ejecutivo, las comisiones asesoras y los grupos de vecinos”.

Un caso emblemático. Antenas a metros de la sede de Ayuda Le, centro de atención de pacientes con leucemia.

Un caso emblemático. Antenas a metros de la sede de Ayuda Le, centro de atención de pacientes con leucemia.

Integrantes de organizaciones ambientales de la ciudad participaron ayer en la Cámara de Diputados de un encuentro para debatir un proyecto de ley que logre “un equilibrio entre salud y comunicaciones” en la regulación de radiofrecuencias, “fijando límites de protección similares a las normativas más estrictas implementadas en distintos Estados” para mejorar “la calidad y objetividad de la información brindada a los usuarios sin perjudicar la eficacia o factibilidad de los servicios”.

Gladys Girotti, presidenta de Salud Ambiental en Acción y vocera del nutrido grupo de agrupaciones que participaron de la jornada consultiva, comentó a FM De la Calle que el encuentro surgió tras el “escandaloso proyecto 1941 que trataba de que las telecomunicaciones móviles fueran nombradas de interés público nacional y, de esta manera, podían poner antenas en las propiedades de todas las personas sin necesidad de pedir autorización”.

Las ONG´s y sindicatos, con el acompañamiento de lxs legisladorxs Gabriela Troiano, Carlos Rubín, Diana Conti y Carolina Gailalrd, revisaron y reimpulsaron una iniciativa que ya fue presentada en 2011, 2012 y 2014 por lxs diputadxs Verónica Benas y Antonio Riestra sin lograr su tratamiento. “Hicimos algunas modificaciones que creíamos necesarias pero los fundamentos son los mismos solo con mayor aval científico”, explicó Girotti.

Las jornadas consultivas contaron con la participación del dr. Ignacio Casas Parera, especialista en neurooncología, jefe del Departamento de Neurología del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, quien analizó la incidencia de tumores del sistema nervioso central; la dra. María Inés Sasiain, integrante del consejo directivo de CICOP, quien se refirió al costo que representaría al Estado un incremento eventual en el número de pacientes oncológicos. Por otra parte, el bioquímico Eduardo Legaspe explicó los efectos biológicos de las radiofrecuencias y el ingeniero Guillermo Defays discutió los aspectos técnicos involucrados en la normativa.

Girotti destacó que profesionales de la salud se involucren en el tema dado que muchas veces “reconocen a sus pacientes que la causa de su enfermedad pueda ser por las antenas pero al momento de tener que salir a investigar y hablar públicamente no quieren meterse en discusiones”.

El Concejo prorrogó plazos para que las empresas adecuen sus antenas

Durante la entrevista, la titular de Salud Ambiental en Acción se mostró sorprendida por la prórroga de los plazos para que las empresas ajusten su tecnología a la normativa local. “La ordenanza 17.130 pedía que en el plazo de noventa días las empresas presentaran la declaración jurada de todo lo que tenían instalado y a partir de ahí había 18 meses para adecuación de la tecnología que tenían instalada más lo que vayan a instalar para bajar los niveles de potencia”.

 “Nos sorprendió que el miércoles, sin que haya llegado con tiempo como para que los concejales pudieran analizar la situación, se pidiera un plazo de prórroga para la presentación de estas obligaciones que tenían las empresas y darles un plazo de 24 meses. Son cosas que no entendemos, en primer lugar, por qué ampliar rápidamente los plazos, que llegue a la mañana algo para votar al mediodía que los concejales no tienen tiempo para analizar y muchos ni siquiera saben lo que es una torre antena, la mayoría no intervino cuando se votó la ordenanza en 2013. En segundo lugar, ¿para qué quieren prórroga en una ordenanza que está suspendida? Recordemos que la Municipalidad, el gobierno anterior, no presentó apelación en su defensa cuando la judicializó por quinta vez Telecom, dejó que se vencieran los plazos cuando en las cuatro veces anteriores había sido respaldada por la justicia federal”, se preguntó Girotti.

Adhieren a la iniciativa presentada en el Congreso las ONG’s Aletheia por la Vida, Nuevo Ambiente, Consumidores Responsables, Red de Barrios Irradiados, Vecinos Subestación  Sobral Ezpeleta, Asamblea Rigolleau, CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, ATE Provincia de Buenos Aires, Vecinos Autoconvocados de Campo Quijano (Salta), Vecinos autoconvocados de Gral. Güemes (Salta), AVDA  Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente Gral. Cerri (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Amaducci (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento Ing. Pedro Pico, Ayuda-Le “Ayuda al leucémico” (Bahía Blanca), Vecinos Autoconvocados de Gral. Roca, Foro de la Niñez Bahía Blanca, FUNAM, Asociación Vecinal Dr. Enrique Finochietto Ciudad Autónoma,  ONG Ambiente Comarca (Tornquist), UETTEL (Unión de empleados y técnicos  de las telecomunicaciones) y Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, con el valiosísimo apoyo del Servicio de Paz y Justicia que preside Adolfo Pérez Esquivel.

La Secretaría de Gestión Ambiental del municipio informó ayer que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró un acta de infracción a la empresa Cargill S.A.C.I. por un derrame de aceite de girasol sobre el agua del estuario en el sector de “Puerto Piojo”. La empresa comunicó que el producto se derramó durante la carga de un vagón alcanzando la descarga pluvial de la planta.

Se le imputó falta al Artículo 2 de la Ley 5965 debido a que se encuentra prohibido que las entidades públicas y privadas, envíen efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, cursos o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua.

También se le reprochó falta al Artículo 4, Inciso d, del Decreto Reglamentario 3970/90 de la Ley 5965 por la descarga de efluentes que contienen sustancias flotantes (aceite de girasol), que cambie el aspecto natural o propio de un cuerpo receptor ni ocasionar cualquier otro inconveniente.

Finalmente Cargill faltó al Artículo 1 del Decreto Reglamentario 1741/96 de la ley 11459, por incumplimiento de la Resolución 1221/00 del OPDS, debido a que no notificó inmediatamente a la Municipalidad de Bahía Blanca sobre este hecho producido en sus instalaciones, que causó la alteración e intranquilidad de los pescadores del sector.

“Se le ha solicitado se informe acerca de las medidas a tomar por parte de la empresa para evitar que este tipo de evento vuelva a producirse. Cabe aclarar que en emergencias marítimas en eventos de contaminación, Prefectura Naval Argentina es la autoridad competente”, advirtieron desde la comuna.

El acta de infracción será enviada junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA).

Foto: @claudioaluciani

El senador provincial Andrés de Leo se refirió esta mañana a la denuncia del juez José Luis Ares respecto al “accionar dilatorio” del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible para controlar y sancionar a empresas contaminantes garantizando así la absolución de las mismas por la prescripción de las causas y aseguró que está trabajando en la reformulación de los plazos legales.

“He instruido al grupo de abogados que viene colaborando con nosotros en la tarea legislativa recabar toda la información para promover en el ámbito legislativo la modificación para que la prescripción se lleve por lo menos a un plazo de cinco años”, dijo a FM De la Calle el legislador de Cambiemos, quien se manifestó “en todo de acuerdo con Ares”.

En ese sentido, afirmó: “Me parece un despropósito que las contravenciones en materia ambiental sean tan breves, por varias razones. La primera porque es una mala señal hacia la sociedad que estas infracciones que a veces son de montos (altos) por la envergadura de las multas, puedan caerse cuando una multa menor por infracciones de tránsito tardan mucho tiempo en prescribir. En segundo lugar nos pone a resguardo de accionares negligentes o dolosas que pudieran haber existido en la administración pública”.

Respecto a las sumas que suelen aplicarse a las empresas contaminantes, Ares aseveró en su fallo que “generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas”.

Al ser consultado al respecto, De Leo sostuvo que “quiero ser prudente, serio y responsable, no puedo caer en el facilismo de decir esto es poco o es mucho porque la verdad que no tengo los elementos para llegar a esa aseveración que ha hecho el juez, pero indudablemente de ser así, esto también sería materia de modificación. Lo que pasa es que en ese caso habría que ver si es por error de la legislación o por falta de criterio en la aplicación de los montos”.

La semana pasada se conoció la sentencia en la cual Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

gay dowEste sábado se registró un episodio similar en Dow-PBB. Según la información oficial “el Comité Técnico Ejecutivo emitió un acta de infracción a la empresa PBB Polisur por la emisión de humo más allá de los valores legales permitidos. El incidente se produjo en la antorcha que funciona en la planta Cracker 1, tras un inconveniente en un instrumento de un compresor de hidrogenación”.

Al ser consultado sobre el cuestionamiento del magistrado, el titular del CTE César Pérez, opinó que “para estas causas un año puede ser poco tiempo para poder determinar o necesitamos que los entes que se encargan de aplicar las sanciones trabajen con celeridad en estos temas. Nosotros en un lapso de diez días elevamos el informe al OPDS. (…) Sabemos que hay trámites que tienen su demora porque necesitan alguna inspección u otro tratamiento, nosotros solamente ejecutamos la fiscalización de las empresas”.

Proyecto en el Concejo

El concejal Juan Manuel Martínez Eizaguirre solicitó mediante un proyecto de resolución a lxs legisladorxs provinciales que amplíen el plazo de prescripción previsto en el art. 33 del Decreto Ley 8031/73, a fin de evitar la prescripción sistemática de las causas contravencionales.

De igual modo, requirió a la gobernadora María Eugenia Vidal que intervenga para dar la mayor celeridad en la tramitación de las causas del OPDS.

“La demora en la tramitación de las causas por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible suele provocar como resultado la prescripción de los procesos, quedando impunes los hechos que las originaron, con evidente perjuicio para el interés público toda vez que los infractores de las normas ambientales no reciben las sanciones previstas en el ordenamiento positivo, que entre otras funciones tiene una finalidad correctiva”, aseguró el edil.

El juez correccional José Luis Ares absolvió del pago de 150 mil pesos a la empresa PBB Polisur por prescripción de una causa por haber emitido humos negros durante casi veinte minutos el 20 de abril de 2011 en la planta LHC I dedicada a la fabricación de polietileno en Ingeniero White. En su fallo el magistrado insistió en la necesidad de modificar las leyes en cuestión y denunció como “sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios del OPDS”.

Por ello, dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes de dicho organismo ambiental provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

“Algo está fallando en la sistemática normativa y/o en su interpretación, en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad, cuando la acción contravencional por cruzar un semáforo en rojo o contaminar con la combustión de un automóvil, tiene un plazo de prescripción de cinco años y la acción por contaminar el ambiente a través de una planta industrial prescribe al año, dada una interpretación analógica (que no comparto), por existir un vacío legal”, escribió Ares.

El magistrado sostuvo que “existió una incomprensible e injustificable demora en la tramitación del proceso, en un largo y tortuoso camino hasta” sus manos: “la resolución sancionatoria, que como se dijo fuera dictada el 9/05/12, recién se notificó a la empresa imputada el 22/11/13, es decir un año y medio después. El recurso de apelación fue interpuesto el 2/12/13 y recién fue concedido el  9/12/14, es decir un año después. Y el ingreso a este juzgado, previo registro y sorteo por parte de la Cámara Penal departamental, se produjo un año después, el 9/12/15”.

Ares afirmó que “es esta cuestión de la calidad de vida de mis convecinos y los riesgos implicados en la actividad industrial en esta ciudad, que posee un enorme complejo petroquímico, la que genera preocupación por la cancelación de toda posibilidad de sancionar a las empresas que de algún modo contaminen el ambiente”.

“Es que sin perjuicio de que resulte difícil establecer el grado de motivación en la norma por parte de las empresas, y el efecto preventivo de la amenaza de sanciones pecuniarias, que generalmente resultan exiguas, cuando no insignificantes, en relación al poderío económico de las mismas, lo cierto es que con un plazo de prescripción de un año siempre la acción contravencional se va a extinguir sin poderse ejecutar las multas aplicadas, si es que se aplican, por cuanto las enormes, incomprensibles e injustificadas demoras en la tramitación de estos procesos por parte del OPDS, en casos que, en su mayoría no presentan complejidad y se resuelven con las actas y el descargo, hacen que muy probablemente lleguen a los juzgados correccionales ya operada la prescripción (como en el presente caso), o bien ello ocurra al recurrir la empresa a las instancias superiores (Cámara y Suprema Corte)”, falló.

La resolución firmada a principios de marzo fue enviada no solo a las autoridades de la Fiscalía General platense, a cargo de Héctor Ernesto Vogliolo, sino también a las autoridades políticas locales y provinciales en la figura del ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, el intendente Héctor Gay y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini.

La normativa anti-piquetes que legaliza la represión y criminalización de la protesta social, presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aprobada por el Consejo de Seguridad Interior con el pomposo nombre de “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, comenzó a recibir sus primeros rechazos y repudios por parte de organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales salió inmediatamente a cuestionar la iniciativa tildándola de “antidemocrática” y advirtiendo que “uno de los aspectos más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. (…) El gobierno nacional, en lugar de regular la actuación de las fuerzas de seguridad y el uso de la fuerza, amplía sus facultades para reprimir y criminalizar. La ministra respondió que “el CELS no sabe leer, lee lo que le conviene y tiene una actitud beligerante y de obstrucción. (…) Desde que nosotros somos gobierno, ellos y los que pertenecen al gobierno anterior lo único que hacen es hacer cada día más cortes de rutas, más piquetes”.

Desde el organismo no tardaron en retrucar afirmando que “la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática, son el megáfono de las demandas sociales. En nuestro país han sido inseparables de transformaciones sociales que ampliaron derechos. Frente a estas demandas, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos a través de mecanismos no represivos o pueden hacer prevalecer el orden público y la represión. Pueden dar el mensaje de que van a controlar la actuación policial o el de que van a dejar que actúen con sus propios criterios. Este es un debate político de fondo en el que están en juego derechos fundamentales”.

La Comisión Provincial por la Memoria rechazó la “criminalización de la protesta social” que propone el nuevo protocolo “en un escenario de conflictividad social” en el cual “la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático”.

“Amparándose en el derecho a transitar y mediante la utilización de términos ambiguos y laxos, la nueva legislación delimita de manera arbitraria el derecho fundamental de la ciudadanía a manifestarse y peticionar ante las autoridades y, al mismo tiempo, permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas”.

Por otra parte, el organismo repudió “las limitaciones impuestas a la participación de los medios de comunicación, que siempre funcionaron como un reaseguro de la legalidad de las intervenciones de las fuerzas de seguridad. (…) Cualquier limitación al trabajo de los medios de comunicación resulta también inconstitucional en tanto vulnera la efectiva libertad de prensa. Además, con el pretexto de evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad, se permite tomar registro fílmico y fotográfico de las manifestaciones. Sin embargo, existen innumerables antecedentes en donde este tipo de información pasa a engrosar los archivos de inteligencia”.

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional el protocolo es “un dispositivo ideológico que tiende a restringir las libertades públicas, al tiempo que consolida el proceso creciente de exclusión social, y estigmatiza y moldea la opinión pública, allanando el camino para que gobiernen en contra de las clases subalternas. No se diferencia sustancialmente de otros intentos, como el del anterior gobierno, con el consenso de todos los partidos patronales, a partir del discurso presidencial de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1º de marzo de 2014”.

En cuanto a los registros audiovisuales que deberán realizar las propias fuerzas de seguridad para ser utilizadas en sede judicial, CORREPI sostiene que es “una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno”. “De este modo, y considerando que en otro punto se vincula la protesta con la infracción a varios delitos del Código Penal (art. 183, daño; art. 194, corte de calles, etc.), se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos”.

“Criminalizar la protesta, devaluar el derecho a ejercerla, rebajando incluso su trascendencia al asimilarla al derecho al libre tránsito de las calles, importa propiciar un verdadero estado policíaco que la clase dominante necesita, porque se trata de enfrentar el peligro que para esa clase implica su ejercicio. Niveles inflacionarios devastadores del bolsillo de los trabajadores y del pueblo, techo a las paritarias, tarifazos, despidos masivos, impuesto al salario, cortes de luz, persecución política y social, represiones varias, son la contracara de las enormes ganancias transferidas a los más ricos en los últimos dos meses”, agrega el comunicado y convoca a la clase trabajadora a “tomar nota de esta amenaza concreta y disponerse a enfrentarla con redoblados esfuerzos organizativos para no dejar las calles”.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y secretario general de la Federación Judicial Argentina, Hugo Blasco, opinó que el gobierno está interpelando el modelo democrático argentino: “Tenemos una larga tradición de más de 20 años, recordemos los piquetes del del ’94, ’95, de desocupados que inclusive significaron el asesinato de compañeros y compañeras. Hay una larga tradición respecto a la movilización popular, al corte de calle, al corte de rutas, cuando hay toda una instancia previa que no ha sido atendida por el Gobierno, por el Estado como trabajadores despedidos de un día para el otro, trabajadores que no cobran el salario hace 3, 4, 5 meses, poblaciones enteras que se ven afectadas en su calidad de vida por la contaminación ambiental y no tienen ninguna respuesta ni solución”.

“Ahora la respuesta del Estado es la represión porque en definitiva en esta democracia que no es tal, no es la que pretendemos los trabajadores, siempre se nos dice, desde los medios de comunicación fundamentalmente y de toda la catarata ideológica liberal que hay que garantizar los derechos de todos como la libre circulación ahora los otros derechos que son vulnerados y que son gravísimos, porque yo puedo tener una demora un día siendo automovilista, puedo tomar por otra calle que me signifique llegar más tarde a donde tengo que ir, ahora el que no tiene para comer, no tiene para comer, el que perdió el empleo, perdió el empleo y eso no lo resuelve caminando tres cuadras más o una hora por un embotellamiento de tránsito”.

Victorio Paulón, titular del área de Derechos Humanos de la CTA que conduce Hugo Yaski, dijo que el plan de Bullrich “es un enorme retroceso respecto a todo lo que se había construido en los últimos años no solamente en la sociedad civil, en el propio parlamento. El Acuerdo de Seguridad Democrática había establecido un claro protocolo en el que estaba prohibida la portación de armas a los agentes de seguridad, la obligación de la mediación y generar espacios de negociación que permitieran abordar los motivos del conflicto y todo esto de un plumazo es borrado por la ministra de Seguridad y volvemos al viejo esquema de un emplazamiento de pocos minutos para desalojar la calle, caso contrario la represión”.

“En términos históricos es un retroceso de una década, en términos prácticos esta es la antesala de que empecemos a contabilizar heridos, detenidos, procesados y por qué no también algún muerto como consecuencia de la represión. Esto es reiterativo. Kosteki y Santillán siguen presentes en la memoria colectiva, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, y lo que hace este protocolo es generar exactamente el mismo escenario que teníamos en aquel momento”.

La Asociación de Reporteros Gráficos se opuso al “corralito periodístico” y argumentó que “una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.

“No es necesario tampoco abundar en ejemplos donde la cobertura periodística justamente desnudó y ayudó a castigar ese accionar abusivo o ilegal de las fuerzas de seguridad. Fotos icónicas de la Matanza de Tlatelolco o de la universidad de California lo demuestran, y las fotos de nuestros colegas que cubrieron y denunciaron y facilitaron el castigo de los asesinatos de Kosteki y Santillán lo confirman”, afirmaron y responsabilizaron al gobierno nacional “por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social” exigiendo que “se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable”

En el mismo sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) mostró “particular preocupación” por “la limitación del trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación. La historia también nos ha dejado la lección de que muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores”.

“La prescripción de una ‘zona de ubicación determinada’ para los trabajadores de la comunicación implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.

Este lunes, en el marco de reanudación del juicio Escuelita IV en Neuquén, los organismos de derechos humanos de la región adherirán al proyecto de repudio al protocolo presentado en la legislatura provincial por el diputado del PTS-FIT, Raúl Godoy. Natalia Hormazabal, del CeProDH, expresó que el proyecto del gobierno “resulta ilegítimo e ilegal desde todo punto de vista, y que constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta. Es escandaloso que se brinde poder ilimitado a las fuerzas de seguridad dejándoles la potestad de definir qué protestas permiten y cuáles no. Asimismo, el hecho de que bajo la argucia de la ‘flagrancia’, las fuerzas encargadas de la represión y el Ministerio de Seguridad puedan definir arbitrariamente quién comete delitos, juzgado ‘in situ’ sin intervención judicial, basándose en el artículo 194 del Código Penal impuesto por el general Onganía, constituye un real ataque a las más amplias libertades democráticas”.

“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo.

Finalmente, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada aseveró que “mientras el pueblo se encuentra abocado a preparar los actos de repudio al golpe de Estado genocida de 1976, reivindicando las 30.000 compañeras y compañeros detenidos – desaparecidos y la lucha antidictatorial, el gobierno de Mauricio Macri ha decidido reivindicar el accionar de esa dictadura genocida. Así, el nombramiento de funcionarios ligados a la dictadura militar, la reunión del secretario de DDHH Carlos Avruj con la ONG CEITYV, el negacionismo del ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido y el proyecto elaborado en el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, es una muestra inequívoca que el gobierno nacional a poco de cumplirse los 40 años del golpe genocida, se coloca claramente junto a los represores que tiñeron de sangre la historia de nuestra tierra”.

La Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bahía Blanca informa que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó ayer a la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. por emisión de humos negros.

La empresa informo que debido a una falla en la generación de energía eléctrica se produjo la parada de la planta localizada en General Daniel Cerri. Como consecuencia de esto se produjo una emisión una emisión de humos negros desde la antorcha de la planta.

La emisión fue constatada y calificada por un inspector del CTE. La calificación fue de grado 5 (100 % de la escala de opacidad) según la Escala de Ringelmann y superior a un minuto, tiempo máximo permitido por la legislación para dicha opacidad. Se procedió al labrado del acta de infracción imputando falta al artículo 2° de la Ley 5965, Articulo 10 Decreto Reglamentario 3395/96, conforme Anexo V, Escala de Ringelmann.

Artículo 2

El acta de infracción será enviada junto a un informe de lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

Artículo 10

 

Tabla

Foto: Sebastián Gutiérrez

Fuente: Bahía Blanca

(Por José Rigane*) La declaración de la “emergencia energética” por el gobierno de Macri y la anunciada quita de subsidios y aumento de tarifas, junto al incremento del costo de vida producto del fuerte shock devaluatorio y el nuevo impulso inflacionario, imponen la necesidad de implementar una Tarifa Social.

La Tarifa Social nació en nuestro país a finales del año 1999 en la ciudad de Mar del Plata, al calor de la lucha popular y donde nuestra organización, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, junto a las agrupaciones barriales, fomentistas y de desocupados de Mar del Plata, desafiamos a las multinacionales Camuzzi y United Utilities para lograr la implementación de una iniciativa que discutiera la lógica de las ganancias empresarias plenas impuesta desde la privatización de los servicios.

La Tarifa Social es Ley de la Provincia de Buenos Aires. Lleva el número 12.698 y es uno de los primeros reconocimientos legislativos a las luchas de los desocupados y pobres por recuperar su derecho a ciudadanía.

La Tarifa Social, con metas de quitas hasta del 50% del valor final, es un paliativo concreto para el desangrado de los bolsillos de las familias populares, pero también es un pilar en el reconocimiento de la energía como un derecho humano. Nadie puede estar privado de un servicio esencial para la vida en nuestras sociedades contemporáneas como es la energía.

La Tarifa Social es el precio diferenciado para el uso de los servicios públicos esenciales (agua y cloacas, electricidad y gas) dirigido a la población de escasos recursos. Supone, además, el no corte de los servicios ante la comprobación manifiesta de incapacidad de pago de las facturas y facilidades financieras para saldar las deudas.

Aranguren, ministro de Energía y Minería del actual gobierno de Macri, ya adelantó sin demasiadas precisiones que con el nuevo esquema de quita de subsidios se prevé como contraparte la implementación de una “tarifa social”, que seguramente se intentará aplicar como un servicio a la demanda, depositando el dinero (un porcentaje del valor final) en las cuentas del beneficiario como ya se ha hecho, por ejemplo, con el gas en garrafa.

La cuestión que se impone es preguntarnos quién va a poner estos aportes. ¿Serán nuevamente los trabajadores los que respondan, a través del estado y sus recursos, garantizando las ganancias a las empresas que supuestamente iban a solucionar la crisis de energía en Argentina? ¿Qué van a poner las empresas que han amasado fortunas desde 1999 hasta la actualidad? ¿Continuaremos en la senda de garantizar las ganancias a las multinacionales como lo venimos haciendo con el sistema eléctrico o con el precio de barril “criollo” de petróleo, donde el gobierno le garantiza a fuerza de subsidios de más de 12 millones de dólares por día un precio de u$s 60 el barril cuando en el mundo está debajo de los u$s 30?

La crisis actual en energía y el cambio de gobierno nacional habilita a repensar y revisar las condiciones con las cuales se viene desarrollado el sistema privado en materia de energía.

La tarifa social debe ser responsabilidad de las empresas y no del Estado.

Para conocer más sobre la tarifa social, su lucha para convertirla en Ley y los textos legales presentados para crear un Proyecto Nacional de Tarifa Social pueden visitar el siguiente URL

* José Rigane es Secretario Adjunto de CTA Autónoma y Secretario General de la FeTERA

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria publicó el libro “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente” durante el mes de diciembre de 2015.

El trabajo revisa el marco regulatorio de los temas medioambientales, realiza un repaso por la historia de los métodos de análisis y parámetros de medición de contaminación, conceptos sobre el suelo, perjuicios de las técnicas de siembra directa del suelo, entre otros aspectos.

El Scanner de FM De la Calle deja algunos de los extractos destacados.

“El actual modelo de agricultura industrial o modelo extractivo ha pretendido que la química (en este caso, los plaguicidas) controle a la biología, simplificando así la toma de decisiones. Sin embargo, dentro de este modelo, no se ha tenido en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo al recurso suelo, debido a que se disminuye la capacidad del mismo para cumplir con una de sus funciones vitales que es actuar como reactor bio-físico-químico”.

“En el concepto establecido por Comerford (2003) en el que se considera al suelo como un Reactor Natural capaz de transformar, filtrar, amortiguar y depurar las sustancias que lleguen a su superficie, así como regular los ciclos biogeoquímicos. De todos los contaminantes presentes en el medio ambiente, los plaguicidas son los más criticados debido a su aplicación masiva y directa en los sistemas naturales. En este sentido, nos preguntamos si la introducción de plaguicidas al suelo estará afectando la capacidad potencial de Reactor Natural de los mismos”.

“El objetivo de la incorporación de plaguicidas en los sistemas productivos es el control de malezas y plagas, en este sentido, se aplican tanto sobre los cultivos como en el suelo descubierto. Sin embargo, no es la única “función” que tienen estos químicos en el medio ambiente, es decir, no sólo pueden afectar las malezas del suelo y/o las plagas que combaten, sino que su efecto adverso residual se ve aumentado al atacar de forma indirecta a los organismos no blanco del suelo y de otros ambientes (acuáticos y aéreo), que también son destino de estas moléculas”.

“En Argentina, la actividad agropecuaria se encuentra fuertemente ligada a la disponibilidad de agua, lo cual resulta en una relación directa de la localización de los campos cultivados con ecosistemas acuáticos superficiales y/ó subterráneos. Asimismo, el uso de aeroplanos y/o pulverizadores autopropuslados (mosquitos) para la aplicación de plaguicidas en toda la extensión de los campos, puede causar una introducción directa en los cursos de agua superficiales. A este hecho se le suman la incorporación de plaguicidas por eventos de lixiviación, escorrentía y deriva”

“En los estudios realizados en estuarios del sudeste bonaerense (Laguna de Mar Chiquita y Estuario de Bahía Blanca) se observa que los niveles de POCs (Plaguicidas organoclorados*) detectados en los organismos, tales como cangrejos y espartillo, son similares a los detectados en pejerreyes que habitan en la Laguna de los Padres, ubicada de forma adyacentes al cinturón hortícola de la ciudad de Mar del Plata. Este hecho indica que la llegada de POCs hasta los estuarios se debe al transporte por ríos y arroyos que atraviesan zonas cultivadas (Menone et al., 2000a), así como también al proceso de volatilización que experimentan los POCS, debido a que presentan altas presiones de vapor que presentan”.

“Argentina es un país mundialmente reconocido por su rol de proveedor de productos primarios agropecuarios. Según datos de la FAO (2015), respecto de la utilización de herbicidas por superficie arable por país, Argentina está en el segundo lugar de mayor utilización de herbicidas por hectárea en sus sistemas productivos”

Km Herbicida

“Sin embargo, este uso intensivo de herbicidas no se ve reflejado en un mayor rendimiento por hectárea comparado con otros países como Estados Unidos, Alemania, Francia y Dinamarca (Banco Mundial, 2015) donde hay una mayor eficiencia en la producción de granos por cantidad de herbicida empleado. Para visualizar esto seleccionamos países del mundo que contaran con información sobre utilización de herbicidas (FAO, 2015) y rendimiento por hectárea arable, para un mismo año (Banco Mundial, 2015), y vemos que Argentina es el país menos eficiente en producir granos (Tn de grano por Kg de i. a) seguido de Chile y Brasil”.

“El suelo es un recurso natural no renovable a escala de vida humana que se puede conceptualizar como un reactor biofísico-químico con funciones potenciales de filtración, amortiguación, depuración y regulación de los ciclos biogeoquímicos (Comerford, 2014). La presencia de plaguicidas en distintas matrices ambientales indica un agotamiento en la capacidad del suelo de funcionar como reactor. El suelo, al operar como una interfase entre el aire y el agua, estaría provocando un impacto en estos dos recursos vitales”.

“La presencia de plaguicidas en distintos compartimentos ambientales genera una preocupación genuina en la sociedad. El sistema científico-tecnológico ligado a la producción agropecuaria debe tener una posición que jerarquice la discusión y establezca un mensaje claro. El manejo de los suelos, los sistemas de labranzas, los sistemas ecológicos, las tecnologías de procesos, la reducción de dosis de plaguicidas y el uso de insumos en el marco de las buenas prácticas agrícolas, entre otras prácticas agronómicas, son herramientas a debatir para proponer, desde INTA, alternativas al modelo agropecuario actual”.

“El principal objetivo del modelo actual es maximizar la renta con una mirada de corto plazo, poniendo en situación crítica al Sistema Agroalimentario Argentino en el mediano y largo plazo. Por otra parte, algunos estudios indican que, si bien los rendimientos en toneladas de cultivo por hectárea han aumentado en diferentes porcentajes para diferentes cultivos (Fig. 13), la capacidad de captación de esa ganancia por parte del productor agropecuario argentino es menor debido justamente a que hay una transferencia de esa rentabilidad a las empresas que producen y venden los paquetes tecnológicos de altos insumos, esto indica una baja eficiencia productiva de Argentina. Sumado a que las empresas que producen y venden plaguicidas son en su mayoría internacionales y/o multinacionales, existe una pérdida en la competitividad de los productores locales (aquellos capaces de garantizar un desarrollo territorial eficiente) y, a su vez, esa captación de ganancia por parte de las empresas multinacionales no queda dentro de las fronteras nacionales, sino que contribuye a una fuga de divisas al exterior”.

*Los plaguicidas organoclorados (POC) son compuestos orgánicos que persisten en el medio ambiente durante años, pudiendo ser introducidos en el organismo humano a través de la cadena alimentaria (1), particularmente por el consumo de alimentos con elevado contenido de grasa, entre los cuales se encuentran los aceites vegetales

FICHA TÉCNICA

INTA Ediciones

2015

Compiladores

Ing. Agrónoma (Dra) Virginia Aparicio Bioquímico (Dr) Eduardo De Gerónimo Lic. en Microbiología (Ms C) Keren Hernández Guijarro Lic. en Cs. Biológicas (Dra) Débora Pérez Ing. en Recursos Naturales (Ms C) Rocío Portocarrero Ing. Agronóma (Esp Riego) Claudia Vidal

Revisores

Ing. Agrónomo (PhD) José Luis Costa Ing. Agrónomo (PhD) Adrián Andriulo

iNTA aMBIENTE Y PLAGICIDAS

Durante la jornada de ayer, vecinxs de diferentes barrio de Bahía Blanca se manifestar en reclamo por el derecho al acceso al agua. La convocatoria fue realizada a través de redes sociales.

El suministro de agua potable fue vedado a la ciudadanía durante 48 horas. El problema no es nuevo en la localidad y evidencia el déficit de inversión.

Sumado a esto, el Anexo 0 firmado en el marco del contrato de concesión de agua potable a fines de los noventa a través de Azurix expresa que a partir del “séptimo año el concesionario deberá destinar el agua proveniente del Dique Paso Piedras prioritariamente al abastecimiento de agua para el Polo. Y si no hubiera agua suficiente para proveer agua potable a los ciudadanos de Bahía Blanca, deberá comprometerse a buscar fuentes alternativas del suministro”.

FM de la Calle registró en imágenes el recorrido de la marcha y las voces de las personas que se acercaron para reclamar por el servicio básico del agua potable y la ecuación de sentido común que sugiere priorizar a las personas por sobre las empresas.


Siempre hay que apostar a la esperanza, sobre todo a los jóvenes, transmitirles que la vida es maravillosa. Esto me conmueve un poco porque lo asocié directamente con la frase que dijo mi padre el día antes de morir: ‘Qué bella que es la vida, qué hermosa que es la vida’. Eso me lo llevo grabado también. Uno debe aferrarse a la vida“, dijo años atrás Hugo Omar Cañón en los estudios de la FM De la Calle.

El militante y ex fiscal general de Bahía Blanca murió este domingo en el Partido de Olavarría, tras un choque de autos en el que también fallecieron su nieto Santiago y otras dos personas. Desde el Colectivo de FM De la Calle realizamos el programa especial que aquí compartimos como homenaje y agradecimiento por su vida.

La Comisión Provincial por la Memoria informó que despedirá a quien fuera uno de sus fundadores este martes, entre las 8 y las 16, en la sede del organismo (calle 54 nº 487, e/ 4 y 5, ciudad de La Plata). “Esta casa que se convirtió en un símbolo de la memoria y la defensa de los derechos humanos, es el lugar que elegimos para esta triste y dolorosa despedida, recordando su compromiso, sus convicciones y su lucha que nos seguirán guiando”.

La escritora y profesora Alicia Partnoy recordó ayer su primer contacto con Cañón y el comienzo de las investigaciones sobre los crímenes del V Cuerpo de Ejército. “Me impresionó su profesionalismo y su valentía porque en aquel momento todavía la gente tenía mucho miedo”, aseguró desde Estados Unidos la sobreviviente de La Escuelita.

“A nivel humano era una persona extraordinaria, tuvimos una conexión extraña en un momento, lo que yo llamo marxismo mágico. Esta iniciativa de incluir el libro La Escuelita como evidencia en los juicios, allá por los Juicios por la Verdad en el año 99, fue algo visionario. Yo pensé que estaba loco realmente. Nunca me voy a olvidar la mirada de los jueces cuando él pidió incorporar un relato de La Escuelita como evidencia, me acuerdo que dijeron ‘bueno, si es relevante’ y él dijo: ‘es relevante'”.

El camarista mandato cumplido, Luis Alberto Cotter, advirtió que “desde que me enteré de este trágico suceso estuve pensando qué palabras se podrían utilizar para que realmente representen lo que uno está viviendo ante la pérdida de un hombre como Cañón. No las he encontrado”. “Cañón era un hombre de convicciones arraigadas, cuando él ubicaba el camino que consideraba que era el correcto era difícil separarlo del mismo”.

“Recuerdo que en la oportunidad de la iniciación de los juicios de los comandantes, los jefes supremos de la dictadura sangrienta que sufrió el país, la mayoría del Poder Judicial, por conveniencia, por cobardía, o por afinidad tal vez con los dictadores, pensaban que ahí había que terminar la cuestión si no la democracia iba a caer o se iba a debilitar o no se iba a poder gobernar. Cañón sostenía en esa época contra todos que, al contrario, se fortalecía la democracia si se castigaba hasta el último de los autores de estas atrocidades. Era la única manera en que no se iban a volver a repetir estos episodios”, manifestó sobre “el único fiscal, repito, el único fiscal federal de todo el país que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida”.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel destacó en diálogo con FM De la Calle que “fue un compañero, un hermano apreciado en todo el trabajo que veníamos realizando juntos y con su personalidad tiene una pérdida muy grande no solo la Comisión Provincial por la Memoria, (también) Bahía Blanca, que era su lugar de residencia y actividad como fiscal durante 23 años. Un hombre que tuvo posiciones muy claras de los juicios y los crímenes de lesa humanidad buscando la Verdad, la Justicia, la represión del daño hecho y que nunca más vuelva a ocurrir”.

Pérez Esquivel compartió la copresidencia de la CPM con Cañón desde su fundación y por casi 15 años. “Siempre fue un hombre que aportó desde su experiencia jurídica fundamentalmente pero también su gran compañerismo y aportes que hizo en el trabajo que la Comisión hace en cárceles y comisarías, los crímenes de lesa humanidad, él siempre estaba atento a todo eso como a Jóvenes y Memoria, que en el último encuentro que tuvimos en Chapadmalal en noviembre participaron 12 mil jóvenes”.

“Nos cuesta pensar que Hugo Cañón no está. Casi creo que mejor pensemos que fue un compañero que se fue antes y nos queda un legado enorme, un legado inmenso”, dijo el dirigente de CTA Bahía Blanca y Suteba, Enrique Gandolfo, y agregó que “es cierto que la Historia se construye entre muchos, pero hay veces que algunos hombres juegan un rol determinante, creo que no se puede hablar de la historia de los derechos humanos y del juicio y castigo a los culpables en Bahía Blanca sin mencionar el rol principalísimo que ha jugado Cañón”.

Para cumplir un rol de esa magnitud “los hombres necesitan algo de sapiencia, algo de tozudez y también algo de locura, de locura de la buena, de esa locura que hace que uno pueda seguir andando cuando parecería que toda la situación empuja para atrás”.

Finalmente, el secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, comentó la militancia sindical de Cañón al rememorar cómo “se sumó a la organización del gremio y trabajó intensamente, con una decisión, con un compromiso, con una pasión, con una intransigencia, con una capacidad de organización que acompañó los pasos fundantes de la Asociación Judicial Bonaerense”.

“En la huelga del año 71, cuando el onganiato reprimió una lucha por reivindicaciones muy puntuales que estábamos llevando los judiciales de la provincia, la primera gran huelga, se deja cesante a tres secretarios que en aquel momento acompañaron la lucha. Y en esa situación es que Hugo redobla su compromiso en la vida gremial, es más, con otros compañeros lleva adelante una huelga de hambre una cantidad de días en la sede de nuestro gremio en calle 13 frente a Tribunales, 13 y 48, y posteriormente la lucha continúa y a consecuencia de esa perseverancia, de esa capacidad de indignarse todos los días contra la desigualdad, contra el autoritarismo o contra la violación de los principios y normas constitucionales hizo que esa pelea” diera frutos durante el gobierno de Cámpora.

“En la vida no hay que tener metas para aferrarse a lograr o llegar a un destino determinado. Creo que como dice Machado el camino se hace al andar y el objetivo está en andar y correr detrás de la utopía también. Qué sentido tendría llegar a la estación y terminar la carrera. Lo importante es el andar, el hacer cosas, el brindarse y tratar de resolver. Y si no puedo hacerlo o me veo agobiado o es tal la imposibilidad me dedicaré a otra actividad. (…) Siempre buscando resolver algo y ayudar a los demás. En el fondo uno trata de ayudar a los demás pero también se ayuda a sí mismo porque uno se salva a sí mismo en la medida que actúa desde acá. Si uno actúa desde el odio, desde la venganza, desde el rencor, se autodestruye. Eso es indudable”.

Hugo Cañón tras conocerse su candidatura a diputado provincial por Nuevo Encuentro.

Programa Pensemos Juntos la Vida (IEMA), FM De la Calle, 2009.

La Municipalidad infraccionó a la empresa Profertil por emisión de olores molestos y por no dar aviso del escape ocurrido el sábado 26 en su planta de urea. El evento fue advertido a las 18:20 por el detector de Amoníaco ubicado en el club náutico. Defensa Civil activó el Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas Nivel 1.

Según informó el Comité Técnico Ejecutivo, la presencia de dicho gas en el aire fue “en bajas concentraciones” aunque motivó la evacuación de quienes se encontraban en la pileta del Club Comercial. “La guardia del CTE se comunicó con la empresa Profertil la cual informó que estaban parando la planta de amoníaco”, aseguró el ingeniero César Pérez.

El titular del organismo de control agregó en un comunicado que “un guardia del CTE recorrió el sector del club náutico donde detectó la presencia de amoníaco en bajas concentraciones utilizando un medidor portátil por un corto período de tiempo” y que “la empresa informó que el problema se debió a una pérdida en un instrumento de planta y que la situación está controlada”.

La noche del sábado el municipio comunicó la infracción, la parada de la planta de urea de Profertil y que las mediciones que arrojaba el sistema de monitoreo constante eran “normales”.

El hecho repercutió este lunes en el Concejo Deliberante, donde la edila Paola Ariente (FpV) presentó una minuta de comunicación “considerando la preocupación que el mismo generó en las comunidades aledañas”. En la misma, se indaga sobre cuál es la conclusión respecto del escape, ante las manifestaciones fehacientes de muchos vecinos sobre la existencia de “olores extraños” que podrían denotar la existencia del algún escape de sustancias químicas, y si se pudo constatar esta situación a través del equipamiento tecnológico instalado para tal fin.

Asimismo, y ante la información que desde el Municipio se resolvió aplicar una sanción a la empresa por emisión de olores molestos y por el no aviso del evento mencionado, se requieren precisiones sobre si se podría aportar una fundamentación técnica sobre los datos que motivaron tal actuación, e informar el monto de dicha sanción y a qué se destinará dicho monto.

También se consulta sobre cuáles son los motivos que llevaron a decidir el desalojo de instalaciones deportivas cercanas a la planta siniestrada, y las acciones previstas desde el Municipio para evitar que incidentes similares puedan reiterarse.

 

“Respondiendo a intereses electorales , los gobiernos  no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que pueden afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones financieras”

“…hacer creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero”

Laudato SI

(Por Laura García Vazquez) Cop21 fue la sigla de la Conferencia sobre el Cambio Climático de París que se conoce oficialmente como la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), órgano de la ONU responsable del clima, cuya sede se encuentra en Bonn, Alemania. La Conferencia también funcionó como la 11ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto.

Según los medios “La COP21 finalizó exitosamente con la adopción del Acuerdo de París, que facilitará que 195 países puedan reducir sus emisiones y adaptarse a un clima diferente.”

El conocido como Acuerdo de París al que se ha arribado el sábado 12 de diciembre pasado en el marco de la COP21 es celebrado con bombos y platillos, pero, quiénes celebran?  veamos algunos datos concretos:

China va a seguir aumentando sus emisiones, al menos hasta el año 2030 por ende las emisiones continuarán aumentando a nivel mundial.

Los países no estarán internacionalmente obligados a cumplir con sus objetivos expresados en las Contribuciones ni se establecen sanciones para los mismos.

El primer balance del Acuerdo de París se realizaría recién en 2023 (dentro de ocho años)

Dentro del mismo acuerdo hay un desfasaje entre los niveles de disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero prometidos por  las partes (los países) y las metas a alcanzar que se señalan en el mismo acuerdo.

Hay un excesivo énfasis en señalar que los países llamados “desarrollados” tienen que ayudar a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático.

Nada se dice con respecto a la justicia ambiental y la deuda climática ocasionada por los países más poderosos, es decir “más desarrollados” del mundo. Han sido Estados Unidos y la Unión Europea quienes imponen su postura en este punto protegiéndose y protegiendo a sus empresas de los juicios por daños causados al clima mundial, la desaparición de glaciares y la subida del nivel del mar.

Nada se dice con respecto a las prácticas extractivas más peligrosas y contaminantes, entre ellas el fracking o fractura hidráulica, lo cual también conlleva un contrasentido en sí mismo.

No quedan compromisos vinculantes de reducción de emisiones.

La sobre-oferta actual de combustibles fósiles y su precio barato, y también la deforestación, hacen improbable que se limite el aumento de temperatura, contrariamente a lo proclamado en París. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera seguirá aumentando.

Es decir, el objetivo principal no ha sido logrado, al menos, no por ahora, desconociendo la gravedad y la urgencia del tema.

Decía Naomi Klein hace unos días:

“…el tiempo es tan corto, que no vamos a llegar a donde tenemos que ir con pasos de bebé.

Communities should own and control their own renewable energy projects. Las comunidades deben poseer y controlar sus propios proyectos de energía renovable.

We have to go for it, on all fronts, and tell a coherent story about how all of our issues are connected by a different set of values about how we should treat one another and the natural world that is the source of all life. Tenemos que ir a por ello, en todos los frentes, y contar una historia coherente sobre cómo todos nuestros problemas están conectados por un conjunto diferente de valores acerca de cómo debemos tratarnos unos a otros y el mundo natural que es la fuente de toda vida.

Friends, time is not just short. Amigos, el tiempo no es sólo corto. We have run out of time. Nos hemos quedado sin tiempo. This is our historical moment. Este es nuestro momento histórico.”

Evo Morales participó de la Cumbre presentando las extensas  conclusiones  de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y defensa de la Vida realizada en octubre de este año 2015 en Cochabamba, Bolivia, que dice, entre otras cuestiones, en su extenso texto:

” La colonización atmosférica con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, producto de la excesiva e irracional industrialización de los países desarrollados, ha quebrado el equilibrio en la Madre Tierra. Si la temperatura se incrementa más allá de los 1,5 grados centígrados estaremos viviendo una catástrofe planetaria. Ante la impunidad de los delitos de los países contra la Madre Tierra, es una necesidad inmediata contar con un sistema jurídico internacional que castigue a los países que no cumplen con sus compromisos internacionales de proteger la integridad de la Madre Tierra.”

“El capitalismo ha contraído múltiples deudas con la humanidad y con la Madre Tierra, como ser la deuda climática, deuda social y deuda ecológica. Los países capitalistas y desarrollados han profundizado la brecha entre ricos y pobres que existen en el mundo, han impulsado la expropiación y la usurpación de recursos naturales de los pueblos y países del Sur, han acumulado la riqueza, en detrimento del bienestar de nuestros pueblos, deteriorando su riqueza espiritual y moral.”

En su breve intervención en París, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, expresó con claridad la necesidad de señalar tanto las causas del calentamiento global así como denominar la triada del individualismo, el egoísmo y el consumismo como la “plaga” que destruye la humanidad.

Desde Argentina, en este momento donde nuestro país se destaca por contribuir a lo que algunos denominan el fin de ciclo de los “gobiernos progresistas” en América Latina (me refiero a las recientes elecciones ganadas por Mauricio Macri y la alianza Cambiemos) , creemos necesario, una vez más, reflexionar sobre el tema que nos ocupa y las responsabilidades de estos gobiernos y preguntarnos:

¿Han podido, al menos establecer como idea, otro modelo de desarrollo que no responda al lenguaje de los poderosos del mundo, sean estos países o empresas transnacionales?

Para desarmar  las trampas deben ofrecerse alternativas que puedan contradecir de forma concreta  los argumentos de las mismas.

Por eso es necesario salir de la lógica de que para lograr vida digna para toda la población la única forma posible es la expansión del consumo, cuando en realidad lo que hay que expandir son los derechos y para que estos derechos sean visibilizados es necesario dar una batalla cultural que ponga la vida humana como la prioridad a cuidar. De allí en más, y como consecuencia de esta premisa cuidar la Madre Tierra de Evo Morales o la Casa Común del Papa Francisco es un deber insoslayable.

¿Si el IndividualismoEgoísmoConsumismo es una plaga, no hay que combatirla con todas nuestras fuerzas?

Se nos sigue ofreciendo el modelo de desarrollo tradicional, con todo lo que implica como la única forma de combatir la pobreza, y esto es una burda mentira. Nunca nos mostrarán la diferencia real, económica y ecológica, entre una economía dominada por la industria automotriz, basada en el automóvil particular e individual y lo que significaría un sistema de transporte público democrático, económico y ecológico que asegurara derechos de la población y calidad de vida. Este simple ejemplo demuestra quién manda y determina nuestras conductas. Las categorías tradicionales con respecto al poder continúan plenamente vigentes, lo que ha cambiado es el modelo cultural cuyo basamento es la plaga a la que se refiere Evo Morales, entonces, el mayor desafío consiste en combatirla para defender la vida.

Cuando el Acuerdo de París hace hincapié en la “ayuda” que deben brindar los países “desarrollados” a los países “en desarrollo” lo que se pretende seguir es un modelo basado en la dominación y que traerá, quizás, un negocio más, el de la “Economía Verde” dentro de la cual los países “desarrollados” “ayudarán” a los países “en desarrollo” a “adaptarse” al cambio climático, que no es una fatalidad como se pretende mostrar sino el resultado de un sistema, de un orden mundial injusto e inhumano.

Dice el Acuerdo de París en su Artículo 2:

“El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza,…”

Nuestro nuevo gobierno, el encabezado por el ingeniero Mauricio Macri, sostuvo, también como objetivo, pobreza 0, y, según dicen, para lograrla, casualmente, también necesitamos “desarrollo” y por lo tanto infraestructura, y por lo tanto “inversión privada y extranjera” y, por lo tanto, endeudamiento, y, por lo tanto, en nuestra condición de país dependiente condicionarán nuestras políticas los que vienen a “ayudarnos” y quizás, esto disminuya la pobreza, cuyo “objetivo” era llevarla a 0. Obviamente son eufemismos calcados y correspondientes entre el texto del Acuerdo de París y el discurso del flamante gobierno argentino.

Tantas comillas son necesarias para poner en cuestionamiento la realidad a través de las palabras utilizadas. El cambio climático sigue siendo un tema crucial para la humanidad y construir una alternativa una necesidad urgente.

Entonces,  decimos, no es cierto que necesitamos “desarrollarnos” para vivir todos dignamente.

La Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó hoy a la empresa Profertil S.A. por ruidos molestos.

A las 4:40 de este martes la Guardia del CTE detectó emisiones de ruido que provenían de la empresa Profertil. Tres minutos después se comunicó con la planta para solicitar información acerca del evento, desde donde informaron que “tuvieron problemas con un compresor de vapor con apertura de su válvula de seguridad, debido a lo cual se produjo el ruido constatado”.

Una vez analizados los resultados de las mediciones, se verificó que superaban los límites permitidos. Razón por la cual se procedió a labrar un acta de inspección por falta al Art. 1 del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex – SPA) (norma IRAM 4062/84) modificada por la Resolución 94/02 (ex – SPA).

“El ruido medido fue calificado como molesto de acuerdo a la norma antes aludida. El nivel sonoro fue medido con un decibelímetro certificado, calibrado y homologado según normas vigentes y organismos competentes”, aseguró la Agencia Ambiental.

El acta de infracción será enviada junto a “un informe pormenorizado” al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

La empresa Dow tomó la decisión de “despedir a un mecánico. Lo responsabiliza de la explosión” ocurrida en una de sus plantas el 3 de noviembre, dijo a FM De la Calle Julio Leguizamón, titular del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Bahía Blanca.

“Nosotros tuvimos reuniones en Buenos Aires con directivos de Dow para que nos den una explicación de esta decisión y de esta investigación porque no coincide para nada con lo que nosotros tenemos”.

Ayer, durante una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, “la empresa ratificó el despido sin escuchar los argumentos de parte del sindicato. Nosotros estamos seguros que no es como ellos plantean”.

A las 18, un plenario de delegados definió “realizar un paro por 24 horas en Dow a partir del jueves a las 6 de la mañana, pidiendo la reincorporación del trabajador. De no tener respuesta, el conflicto puede ir aumentando”.

La ganancia empresaria por sobre la seguridad

A diferencia de la empresa, que responsabiliza a un trabajador por la explosión, la organización gremial apunta a decisiones gerenciales que priorizan la puesta en marcha de la planta en función de necesidades económicas en lugar de tomar todas las medidas de seguridad, y con ello, los plazos requeridos para garantizarla.

“Si hay que investigar, ver cuáles son las causas verdaderas, hay que tomarse todo el tiempo, hay que hacerlo. No se puede ser tan simplista de decir ´un mecánico no puso un bulón´ y listo. Es un disparate y a parte no pasó eso”.

Según el SPIQyP, “lo que generó el incidente es el mal manejo de cierta jefatura intermedia que prioriza la producción a la seguridad, a la inversa de lo que dice la política de la empresa. Ellos actúan en desesperación por arrancar las plantas. Hay que tener en cuenta que la planta estuvo parada por un incendio anterior. Se estaba reparando. Siempre pasa lo mismo. El hecho del apuro de producir. Eso les hace cometer errores como este”.

Un directivo de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), “bajo estricto pedido de confidencialidad”, reveló a un sitio especializado que la empresa analiza instalar la quinta planta atómica del país en Bahía Blanca. “De todos modos, recién se están llevando a cabo los primeros estudios de factibilidad al respecto”, sostiene la publicación.

La titular de BIOS, Silvana Buján, aseguró a FM De la Calle que un noticia similar se conoció tiempo atrás en Mar del Plata donde “hubo primero sorpresa, después posicionamientos muy claros, nadie la quiere, ni siquiera las autoridades” municipales o universitarias. “Me parece que está pasando lo mismo en Bahía Blanca, es muy raro que suceda en estos momentos donde dentro de horas todos estos acuerdos van a ser una papa caliente para el entrante sea quien sea. Yo creo que es una bomba de humo”, dijo.

Agregó que “la ficha está puesta en la participación de la gente, la licencia social, fijáte que están pasando cosas increíbles, se está logrando frenar emprendimientos mineros, cosa que antes era imposible”.

Entre los pocos detalles referidos a la planta, El Inversor informa que “la idea es que sea la primera del tipo ‘PWR’ (de uranio enriquecido y agua natural) en toda Latinoamérica” y que “contemplará un 50% de componentes nacionales. Al promover una transferencia completa de tecnología, permitirá su exportación a otros países de la región”.

En nuestra ciudad, la ordenanza 12.976 prohíbe la instalación de usinas nucleares; la importación definitiva o temporal de residuos radiactivos; las instalaciones de gestión de residuos radiactivos, incluyendo las de combustibles gastados, y los repositorios de residuos radiactivos, incluyendo los de combustibles gastados, entendiendo por repositorios de depósitos de dichos residuos como forma de disposición final.

NA-SA está a cargo de la producción y comercialización de la energía generada por Embalse, en Río Tercero, Córdoba; y por Atucha I (ahora llamada Juan Domingo Perón) y Atucha II (rebautizada Néstor Kirchner), que se ubican en Lima, dentro del partido bonaerense de Zárate. Adicionalmente, la firma es responsable de las obras de extensión de la vida útil de Embalse y de la construcción de la cuarta usina nucleoeléctrica argentina (que también estará localizada en Lima), por lo que suma un total de 1.750 megawatts (Mw) de potencia eléctrica bruta.

“Es una locura la energía nuclear en términos de todas sus características negativas. Por un lado la inseguridad que conlleva. Por otro, lo no renovable del recurso y el descomunal costo que tiene, es algo que se está cayendo a pedazos ya con la argumentación”, explicó Buján y agregó que “así como en algún momento entró el fracking como algo maravilloso que iba a salvar las economías, bueno, ya empezaron países enteros a prohibirlo por todos lados, es un problema tener que ir siempre a la cola del problema, cuando ya está instalado y le arruinaste la vida a un montón de gente”.

La integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico opinó que “si Bahía Blanca no quiere esa central nuclear estamos en una etapa de nuestra democracia en la cual las audiencias públicas previas son obligatorias, en las cuales yo creo que aunque sea a punta de denuncia judicial uno puede lograr que alguien muestre alguna vez una evaluación de impacto ambiental, cosa que jamás la Comisión de Energía Atómica ha mostrado nunca de sus centrales construidas o en construcción, son secretos de Estado y eso es ilegal”.

Destacó el “pedigrí” de la CNEA que, en cuanto a “la parte tecnológica satelital, de energías alternativas, es fantástica” aunque “por el lado nuclear los muchachos hacen agua feo, han dejado pasivos ambientales por todo el país, jamás se hicieron cargo de nada y lo han reconocido oficialmente después de mucho tironeo de sus distintos emprendimientos mineros. Por ejemplo de uranio, están absolutamente abandonados, han empezado tímidamente una remediación que según sus propios cálculos va a llevar un siglo y pico en una de sus minas en Malargüe. Lo demás está completamente abandonado, la gente sigue viviendo alrededor con polvillo de minería de uranio volando por ahí y drenajes de ácido sulfúrico bajando por los ríos a lugares tan aislados como Carlos Paz”.

En cuanto al costo de generación de este tipo de energía, Buján comentó que por un lado está la respuesta de “cualquier gobierno que apueste a la energía nuclear”, que podría equipararse al valor de la producida por una hidroeléctrica o una central termoeléctrica tradicional de combustible fósil.

“La verdadera, si a fin de mes revisas lo que ganaste, lo que invertiste y lo que tenés que gastar a futuro, no te da de ninguna manera. Porque en la cuenta trucha no estás poniendo lo que no gastaste en remediar la basura que dejaste por ahí, las grandes minas de uranio abandonadas que tiene la CONEA, no consideran el transporte, los riesgos de seguridad, no consideran más que la construcción peladita de cuánto vale la vasija, la mano de obra, los caños, el hormigón y el terrenito. A futuro, cero. Y a futuro estamos hablando de miles y miles de años de un repositorio que no existe para poner los residuos nucleares gastados allí que voy a tener que cuidar de alguna manera por miles de años”.

La especialista concluyó que “no tenemos ética diacrónica, o sea, en el tiempo, el humano se manda la macana porque total se va a morir pronto y los que vienen después que se arreglen. Ese es un poco el concepto de los que están haciendo fracking, de los que contaminan aguas, de los agrotóxicos, los que vengan después que vean cómo lo pueden resolver”.


“Un polo energético tienen sus límites”

La asociación ambientalista Unión 20 de Agosto expresó su “rotundo rechazo” a la posibilidad de instalación de una planta nuclear y recordó que en 2002 trabajó en la elaboración de un proyecto de ordenanza consensuado en su texto y alcance durante 2003 con todos los bloques del Concejo Deliberante y aprobado a fines de 2004.

La norma prohíbe expresamente, entre otras cosas, la instalación de usinas nucleares en el partido de Bahía Blanca. “Se reguló con total responsabilidad el tránsito de material radioactivo por el distrito como también los usos permitidos de material nuclear en ciertas actividades y usos acotados como en el caso de medicina, docencia, industria, veterinaria y agricultura”.

“No rechazamos la energía nuclear para determinados usos en la sociedad que supongan por un lado un beneficio notable respecto del riesgo que signifique su utilización a esa escala, con los controles ya establecidos en los organismos del Estado, pero rechazamos rotundamente su aplicación en la producción de energía eléctrica, teniendo en cuenta los antecedentes nefastos que existieron y existen en muchos países del globo, y máxime teniendo en cuenta que el direccionamiento de producción de energía en el mundo se efectúa en el sentido de aumentar su producción a partir de energías renovables, tales como las de origen eólica, solar, hidroeléctrica o mareomotriz”, advirtió la ONG.

PARA VER: Into the eternity

Onkalo es un lugar planificado para que se pueda guardar con seguridad los residuos radioactivos de alta actividad. Una obra faraónica formada por una red de túneles perforando la dura roca a razón de 25 metros por semana, y que se sumerge hasta más de 6km de profundidad. Es el primer intento para dar una solución definitiva a los peligrosos residuos radioactivos mortales que no se ve, no se nota, ni se huele, pero que mata tras una corta exposición al mismo. Para que los residuos nucleares dejen de ser una amenaza mortal para los humanos tienen que pasar 100.000 años, este es el tiempo que los ingenieros tienen planeado ocultar estos residuos nucleares en Onkalo, pero la pregunta es: ¿Y si civilizaciones futuras encuentran estos residuos nucleares, sabrán que tienen las horas contadas?

Legisladorxs de la oposición e integrantes de organizaciones socioambientales denuncian que el kirchnerismo pretende aprobar un proyecto de ley que facilita la instalación de antenas de telefonía celular sin intervención de los municipios afectado aún más la salud de las poblaciones vecinas y beneficiando a las empresas del rubro.

“Se va a tratar en el día de mañana (por hoy) en la Comisión de Legislación General, ya se trató en la de Comunicación. Un poco hizo ruido porque si bien existen otros proyectos de leyes referidos a este tema tienen en cuenta la potencia de la antenas, o sea, tienen una restricción en cuanto a lo que puede ser perjudicial para la salud de las personas donde está colocada la antena”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional del Partido Socialista Gabriela Troiano y agregó que “en cambio, el proyecto que salió de la Comisión de Comunicación con mayoría no contemplaría ese aspecto. Estamos preocupados porque se le facilita a las empresas la instalación de antenas si tener en cuenta la contraparte que es la salud de los habitantes”.

La iniciativa declara de interés público nacional la instalación de estructuras soporte de antenas y sus recursos asociados al servicio de las comunicaciones móviles y crea una servidumbre administrativa de telecomunicaciones que afecta al terreno y comprende las restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema de instalaciones, entrada de edificios, cableado de edificios, antenas, torres, conductos, mástiles, etc.

“De esta manera, las empresas usarán y tendrán libre acceso todo el tiempo a la vivienda, terreno, local, etc., de los particulares cuyos inmuebles sean elegidos para colocar antenas, sin que pueda mediar ninguna oposición por parte del propietario. Lo mismo para propiedades del estado”, advirtieron Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, Ayuda Le y la Asociación en Defensa del Ambiente de Gral. Cerri, entre otras.

Dichas agrupaciones manifestaron que “en el caso de Bahía Blanca desconocemos exactamente la cantidad de antenas instaladas debido a que el Municipio jamás hizo cumplir la Ordenanza Municipal 17.130 que exigía a las empresas presentar declaración jurada bajo apercibimiento de pedido de suspensión de servicio, pero estamos en una situación similar a La Plata, donde se encuentran más de 2300 antenas colocadas y en funcionamiento, estando la mayoría sin control por parte del estado provincial y los entes nacionales sobre la intensidad de los campos electromagnéticos que emiten, estados de instalaciones, seguros y permisos. Tener mayor cantidad de antenas no garantiza la mejora del servicio. El problema radica en que las empresas no realizan las inversiones equipamientos necesarios para los más de 22 millones de clientes que poseen”.

“Recordamos que en el año 2015 unos 206 científicos reconocidos a nivel mundial hicieron un llamamiento a la Organización Mundial para la Salud, solicitando que se modifiquen los parámetros porque numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los CEM (campos electromagnéticos) afectan a organismos vivos a niveles muy por debajo de las directrices internacionales y nacionales. Los efectos incluyen el aumento de riesgo de cáncer, daños genéticos, estrés celular, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductor, entre otros. Además, la relación entre radiofrecuencias y cáncer ya fue establecida en 2013 por el Equipo del dr. Hardell, médico oncólogo y científico reconocido por la OMS”.

La iniciativa firmada por Mario Oporto, Liliana Mazure, Gastón Harispe y otrxs diputadxs del oficialismo puede leerse aquí.