“Va a ser lo mismo aquí o allá, mi camino está elegido”

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“A mi hermano lo mataron el 2 de julio del 1975. Hoy hace 47 años cruzó la frontera hacia la Argentina tratando de salvar su vida”, dijo desde Chile Carlos Oliva Troncoso. Afirmó que tanto la Universidad Católica de Temuco como la Universidad del Sur tienen responsabilidades en el crimen.

Lo hizo el viernes pasado ante el tribunal oral que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense. Su hermano Víctor, estudiante de Filosofía y Letras, llegó a la ciudad con una convicción: “Va a ser lo mismo aquí o allá, mi camino está elegido”.

“Su vida era la militancia, su vida era el futuro. Me siento orgulloso de su decisión porque a pesar del riesgo y el peligro el no renunció, intentó hacer su vida completa”, destacó.

Las audiencias continuarán el jueves 29 y el viernes 30 desde las 9 con transmisión por el canal de youtube de Audiovisuales UNS.

Carlos Oliva declaró que su hermano, “a pesar de ser refugiado de ACNUR y tener la residencia argentina, no fue protegido por el Estado. En noviembre del 75, apenas unos meses después de su asesinato, la justicia argentina sobreseyó el caso, no hubo ninguna intención de averiguar qué pasó y por qué lo mataron, sabiendo que se utilizaron armas de guerra y que la motivación fue política”.

Lalo era buen hijo y buen estudiante. Le gustaban los deportes y el arte. Un pibe como cualquier otro, “la diferencia es que en mi casa se discutía mucho lo que sucedía en el mundo y eso lo llevó a militar desde joven”.

“Su presencia física en este mundo fue terminada cuando no cumplía los 24 años. Fue una existencia muy rica, muy potente, que dejó huella en todos los lugares donde pasó”.

A fines de la década del 60, Chile vivía un proceso de movilizaciones populares. Lalo empezó a militar en el secundario y continuó como dirigente estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en la universidad.

“En el gobierno de Allende su tiempo fue en gran parte absorbido por su compromiso político. Su entrega y su coraje probablemente lo llevaron a perder la vida”, dijo su hermano menor.

Juntos, fueron detenidos algunos días por la dictadura de Pinochet. Al tiempo, Víctor cayó nuevamente en manos de la policía civil. “Lo logramos sacar por gestiones de mi padre ese mismo día pero la orden era asesinarlo. La orden venía de la Universidad Católica de Temuco”.

“Lalo no se quería ir de Chile. Lo convencimos pensando que era la única manera que podía mantenerse con vida”. El 23 de octubre de 1973 los hermanos se abrazaron sin dramatismo. “Me dijo una frase que fue lo último que escuché de él: va a ser lo mismo aquí o allá, mi camino está elegido”.

Víctor vivió un tiempo entre Cipolletti y Buenos Aires hasta que supo de un grupo de profesores de Temuco que daban clases en la Universidad Nacional del Sur. Llegó a Bahía Blanca a principios de 1974 y se matriculó en Filosofía y Letras de la UNS.

“En un año y medio envió unas 15 cartas donde cuenta lo que podría contar. No menciona nombres, dice que está bien, estudiando, menciona que estaba de novio. Mi mamá estuvo en Bahía en el 75, unos meses antes de que lo asesinaran, y volvió preocupada. Nos dijo que el Lalo estaba nuevamente participando en política. No veo por qué allá iba a ser distinto. Yo me quería ir con él y me pidió que no, que mi deber era estar al lado de los viejos y que su intención era volver”, afirmó Carlos.

En 2014 la familia comenzó a viajar a la ciudad para reconstruir la historia de Víctor y buscar justicia. Conocieron detalles de su secuestro y asesinato, de su participación en asambleas, del recuerdo de la comunidad de Villa Nocito. “Siguió militando y eso para mí tiene un valor, a pesar de los riesgos eligió su camino de compromiso social y político y lo llevó hasta el final”.

“¿Don Lalo, vio el diario?”, preguntaron al padre de Víctor en el almacén de su barrio en Temuco. Un chileno fue encontrado muerto en las afueras de Bahía Blanca, 22 años, 35 impactos en el cuerpo, respondería al nombre de Víctor Oliva.

“Esto fue dos días después. A la noche llamamos por un teléfono con mensajero a mi tío Manuel en Cipolletti. Pasó mucho rato y no hubo respuesta. Al segundo llamado responden diciendo que Don Manuel estaba en Bahía Blanca por un accidente que sufrió un familiar. Ahí tuvimos certeza que la persona que habían matado era Lalo”.

Carlos relató que su madre nunca se recuperó: “Creo que hizo un pacto de no volver a sonreír para transitar por el resto de vida que le quedaba sufriendo la pérdida de su hijo. Entre ellos había una complicidad muy particular”.

“Estábamos en casa de unos familiares. Mi papá se agarró a cabezazos contra una chimenea, gritaba y decía por fin lo mataron estos asesinos, lograron lo que querían. Paradójicamente Lalo fue asesinado en el lugar que buscó para salvar su vida”.

El cuerpo de Lalo fue abandonado en ropa interior con dos ejemplares del diario del PRT ERP. Su tío lo sepultó en Cipolletti, a donde sus padres lo visitaron durante años. En 1986, en plena dictadura chilena, fueron trasladados a Temuco.

Lalo es mencionado en el Informe Rettig. “Se dice que fue una colaboración entre la DINA y la Triple A. No fue el único chileno asesinado allá, era una preparación para asesinatos anteriores como la Operación Colombo o la Operación Cóndor. Las dos universidades tienen responsabilidades de lo que le pasó”.

Para Carlos dar testimonio en el juicio “es trascendental, es el deber que uno tiene como ser humano, como militante y como hermano. Es lo que Lalo hubiera hecho por mí”.

Fotos Calos Oliva: capturas “Memorial Universidad Católica de Temuco“.

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#Facundo: ¿Quién está metiendo el perro?

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La jueza federal Gabriela Marrón mandó investigar al perito Marcos Herrero, quien acompaña la querella de la familia de Facundo en la causa por su desaparición forzada seguida de muerte. Lo ordenó a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el fallo que denegó medidas vinculadas  al accionar de la Bonaerense.

Ante el fracaso de las intervenciones de los canes de la Policía Federal, recientemente apartada, Marrón reprochó los resultados positivos de Yatel. El perro marcó el patrullero en el cual se encontró un pelo cuyo ADN es compatible con Cristina Castro, encontró el amuleto en el Puesto Policial de Origone y la piedra turmalina en un patrullero bahiense.

¿En qué se basa Marrón para denunciar al adiestrador? ¿Después de cuánto tiempo pueden los perros detectar el olor humano? ¿Quiénes son los expertos traídos al expediente por el fiscal Ulpiano Martínez?

En la resolución, la jueza puso en duda que la sandía con la vaquita de San Antonio en su interior perteneciera a Facundo y se preguntó si la “trasladaba con él a todos lados como refiere la madre”. Tras ello, atacó directamente su “legalidad” y “validez”.

El amuleto fue encontrado por Yatel en el segundo allanamiento a la estación policial de Origone, a la cual ella misma autorizó el ingreso de Marcos Herrero como perito de parte. “Los canes de la fuerza de seguridad no marcaron la bolsa de basura donde se encontró el amuleto pero sí lo hizo el perro de Herrero”, plantea Marrón en referencia a los animales de la Policía Federal, institución que fue apartada del caso por su parcialidad.

Sin embargo, dijo, “la ciencia” y “la técnica –a través de profusa bibliografía-” dan cuenta que los canes entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo.

Para la jueza, de la combinación de “la fecha probable de muerte y el lapso que los perros pueden oler a una persona viva o a un cadáver” surge “que al momento del hallazgo del amuleto el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima”.

Aplicó la misma lógica al hallazgo de la turmalina en el patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca: “Este caso es mucho más grave aún ya que la piedra fue encontrada con posterioridad al otro amuleto y cuando la víctima, según informe pericial, llevaba casi dos meses fallecido, como mínimo”.

Por ello, concluye que es “necesario y también forzoso” que la Fiscalía “investigue el accionar del perito”.

Rastro criminal

Lo extraño del caso es que la magistrada, que controla la investigación delegada en la Fiscalía, habiendo reconocido la aptitud y legalidad de Herrero para ser perito de parte, ahora lo cuestione sin reproches hacia las fuerzas federales y los testigos que firmaron las actas de los allanamientos en los que actuó.

Fuentes allegadas al adiestrador explicaron a FM De la Calle que la técnica utilizada en Origone se denomina “rastro criminal” e implica la búsqueda de material biológico humano en un determinado perímetro y no necesita un olor de referencia.

«Mi persona explicó que el perro identificó una esencia de rastros biológicos que podrían o no ser de Facundo. El hecho importante es cuando se abre la bolsa, (…) Cristina (…) reconoce un elemento que le había regalado la abuela a sus tres hijos», dijo Herrero en aquella oportunidad.

Diferente fue el trabajo sobre el Toyota Etios en Bahía Blanca, en el cual se aplicó la técnica de “rastro específico”, que sí requiere del olor humano.

Sin embargo, los antecedentes de Herrero destruyen las conclusiones de los peritos convocados por Santiago Ulpiano Martínez para desacreditar al rionegrino, quienes hoy son invocados como “la ciencia” y “la técnica” por la jueza Marrón.

Dichos “expertos” informaron que el olor humano no podría detectarse después de 72 horas. ¿Cómo hicieron entonces Herrero y sus perros para encontrar el cuerpo de Micaela Ortega y pertenencias de su femicida 35 días y once meses después del crimen, respectivamente?

Otro caso en el cual se destacó la labor del perito fue el de Araceli Fulles, otra víctima de femicidio cuyo cuerpo fue encontrado por uno de los canes de Herrero 25 días después de su desaparición, enterrado debajo de un contrapiso.

“La ciencia” y “la técnica” tienen nombre propio

Se trata de dos de los tres “especialistas” requeridos por el recusado Martínez para relativizar las pericias de Yatel y su guía. Uno es el Director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut, José Mazzei, y el otro el veterinario y comisario correntino Mario Rosillo.

Cuando la jueza dice que “el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima” lo hace sobre una de las conclusiones de Mazzei. Aunque lo informado sea que “en rastro por olor referenciado se sabe que el umbral de latencia se ubica alrededor de las 72 hs., si bien se han conseguido buenos resultados con un rastro de mayor edad'”.

Agrega el director de Defensa Civil: “Lo cierto es que a partir de las 72 hs. el rastro empieza a perderse, estando directamente relacionado con las condiciones ambientales, climáticas, meteorológicas, topográficas y tipo de superficie”. Condiciones que el propio Herrero reconoce como obstáculos a considerar, si bien en el caso de la sandía y la turmalina se trató del interior de un calabozo abandonado y el de un vehículo.

Por otro lado, Mazzei indica que la justicia debería convocar peritos “certificados por la Dirección Nacional de Cinotecnia dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación” aunque, tal como manifiesta, “está pendiente (estaba prácticamente a ponerse en marcha el año pasado) la certificación de canes y guías Detectores de Restos Humanos (de RH) y canes y guías de Rastro por Olor de Referencia”.

Más contradicciones

La predisposición de Rosillo hacia el pedido de Martínez es aún más generosa. En la causa manifestó que “se ha sugerido que el intervalo calificado para una búsqueda abierta es de 24 a 72 hs. como óptimo. El ideal para una búsqueda rápida son 12 hs.”.

Sin embargo, en su libro “La identificación humana forense con caninos” (2017) sostiene: “La resistencia del olor humano se ha demostrado en los objetos sometidos al calor, las explosiones, el envejecimiento y la contaminación por otros olores. De manera similar, el olor humano en el campo se ha demostrado viable a pesar de la influencia del medio ambiente y el envejecimiento. (…) También se cree que el olor no va a sobrevivir por largos períodos de tiempo fuera. Sin embargo, los últimos estudios conllevados con la experiencia indican que el olor humano es más resistente de lo que se creía anteriormente”.

Rosillo citó en la causa de Facundo un protocolo de odorología forense de Salta que menciona procesos para la recolección de olor “con más de tres meses de antigüedad” y comentó que en 2010 encontró a un puestero de estancia de Cipoletti desaparecido por “más de 5 meses”.

El comisario retirado mostró su entusiasmo con el expediente en una segunda presentación en la cual sugiere a Ulpiano Martínez hacer un peritaje con olor de referencia en laboratorio sobre la zapatilla encontrada intacta a metros del esqueleto del joven. Evidentemente creyó que, aun habiendo pasado tres meses y medio de la desaparición forzada, todavía podría dar resultados. Quien no tenía ningún apuro ni interés era el fiscal recusado: “toda vez que dicho elemento será sometido a un examen pericial, de momento no se producirá la medida propuesta”.

Rosillo también ha sostenido versiones contradictorias según el lugar que ocupe en las causas. Por ejemplo, como perito de la defensa en la causa por el abuso sexual y muerte de Marito Salto afirmó que el olor humano solo persiste 72 horas y, convocado por el Tribunal Oral correntino en el Caso Schaerer dijo que “el habitáculo de un automóvil es idóneo para preservar huellas olorosas por un tiempo de dos a dos años y medio”.

Un atentado contra la verdad

Los fiscales Heim y Azzolin y las querellas apelaron el fallo de Marrón. Desde la Comisión Provincial por la Memoria destacaron en un comunicado que “los argumentos para desacreditar los peritajes recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender”.

Agregaron que “en el transcurso de la causa, la policía bonaerense cometió una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación” y “a pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación”.

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Sin justicia: la jueza federal Gabriela Marrón no investiga ni busca la verdad

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(Por Comisión Provincial por la Memoria) La jueza federal de Bahía Blanca Gabriela Marrón rechazó una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas de la causa Facundo Astudillo Castro. La decisión se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz; sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta y de seguir este camino, sólo será garantía de impunidad.

Con las pruebas que existen en la causa Facundo Astudillo Castro, la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte. Esta valoración es compartida por la querella familiar, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -querella institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura- y los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia.

Sobre la base de ese material probatorio, los fiscales pidieron una serie de nuevas medidas de prueba; entre ellas, el secuestro de los teléfonos celulares de los policías superiores de los agentes vinculados a la investigación y el allanamiento de destacamentos policiales donde se encontraron objetos pertenecientes a Facundo Astudillo Castro.

A pesar de la enorme pertinencia de este pedido, fundado en pruebas ya existentes en el expediente, la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón rechazó una gran parte las diligencias solicitadas por los fiscales y las querellas. La decisión será apelada ante la Cámara Federal, sin embargo la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad.

Cuando se investiga delitos de gravedad institucional, como la desaparición forzada de personas, las recomendaciones internacionales y las reglas y principios procesales de la normativa nacional obligan a las y los funcionarios judiciales a adoptar medidas que promuevan una investigación profunda, expeditiva, eficaz y respetuosa de las víctimas. Todo lo contrario a lo que está haciendo la jueza Marrón.

La decisión de rechazar masivamente las medidas de prueba se fundan en una temprana valoración que arrojará un solo resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Una decisión parcial y antojadiza que no se ajusta a las reglas de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales. Más grave aún, denegar las peticiones probatorias de los fiscales, tiende a establecer una peligrosa brecha entre la verdad material y la verdad judicial.

Contrariamente a lo que quiere suponer la jueza Marrón, hacer lugar a estas medidas de prueba de ninguna manera significa desconocer el principio de inocencia. En cambio, rechazar las medidas como hizo, sí es una falta institucional grave: la debida diligencia le impone a la jueza, ante un conflicto de garantías constitucionales, la necesidad de preservar la investigación. Una vez más, con toda claridad, la decisión de la jueza parece estar adoptada en la voluntad de no investigar.

En la arbitrariedad de sus decisiones, insistimos todas tendientes a concluir la investigación sin llegar a la verdad, llega a cuestionar la palabra de Cristina Castro, la mamá de Facundo, víctima y querella de la causa. Y, fundamentalmente, se pronuncia extensamente para desacreditar el perito de parte, el adiestrador canino Marcos Herrero.

De esta manera, busca restar valor a dos pruebas claves de la causa: el amuleto hallado en el puesto de vigilancia de Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, el mismo que el 8 de mayo, sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación, estuvo en la zona donde posteriormente fueron hallados los restos de Facundo. Según la información brindada por la empresa Megatrans, prestataria del monitoreo del servicio AVL, el móvil se geolocalizó durante aproximadamente tres horas (entre las 12 y 15:45) en diverso puntos del cangrejal, llegando a estar a sólo 800 metros del lugar del hallazgo del cuerpo esqueletizado.

Los argumentos para desacreditar los peritajes recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender: por un lado, invalida el hallazgo de estos objetos sin cuestionar las actas de allanamiento y registros, y sin poner en duda a los funcionarios actuantes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y los testigos. Por otro lado: si como ella sostiene fuera imposible encontrar rastros 72 horas después de la desaparición de una persona, ¿por qué ordenó y avaló el peritaje en su momento? Una verdadera sinrazón.

Más aún, en el transcurso de la causa, la policía bonaerense cometió una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación: allanaron el domicilio de la ex pareja de Facundo sin orden judicial; amenazaron, hostigaron y pretendieron imputar al ex-cuñado de Facundo; persiguieron y atemorizaron a testigos, abogados y familiares y presentaron testigos falsos o que declararon sin informar que eran policías. Una maquinaria policial puesta al servicio de generar impunidad.

A pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación.

El Estado argentino se comprometió ante los organismos internacionales a investigar y juzgar los delitos de gravedad institucional; incluso en este caso, a partir de una presentación de la CPM, interviene el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. La jueza federal Gabriela Marrón debe estar a la altura de esta responsabilidad; y si no lo está, entonces deberá el Estado encontrar el camino institucional para garantizar que la investigación continúe hasta llegar a la verdad.

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Para Peretto el fallo de la jueza habilita la eliminación de pruebas

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Uno de los abogados de Cristina Castro, Luciano Peretto, dijo que el fallo de la jueza Gabriela Marrón que deniega medidas de prueba como el allanamiento a dependencias policiales y el secuestro de teléfonos de efectivos de la Bonaerense es “escandaloso”.

“Es doblemente grave porque rechaza esta medida y las vuelve no operativas. Si en un fallo que se carga en el sistema público se advierte de los 50 teléfonos que se van a secuestrar, ¿que van a hacer los primeros que se enteran? Eliminar, cambiar, perder y esos teléfonos no van a estar, esa información no va estar”, declaró a FM De la Calle.

Afirmó que la titular del Juzgado Federal 2 “se ha dedicado a defender a ultranza el rol de la policía y ha relativizado sus actitudes autoincriminatorias”.

En el marco de una entrevista para el tercer capítulo del documental ¿Quién mató a Facundo?, Peretto destacó que “nada deja de escandalizarnos” en la causa y lo ejemplificó con la convocatoria por parte del fiscal Ulpiano Martínez a peritos que “contradigan la postura de Marcos Herrero cuando el procedimiento se llevó a cabo en el marco de la legalidad, con testigos, sin reservas en el acta, absolutamente filmado”.

“A la jueza Marrón hay que definirla por cuál ha sido su comportamiento. Lo cierto es que, a 160 días de la desaparición, a la única persona que tiene denunciada en el expediente es a mí porque supuestamente había revelado un secreto profesional que yo en esta causa no tengo. El secreto profesional es de los peritos, dice que yo suscribo a un acta de confidencialidad que no lo puede probar porque no lo suscribí”. 

Peretto mencionó los “mensajes de texto entre los policías que dicen ‘vos quedate tranquilo que nadie va a saber que fuimos nosotros’. Encontrar material genético de Facundo arriba de un patrullero después de un contacto no declarado. De encontrar pertenencias de Facundo en un calabozo, después de borrar mensajes, aplicaciones. Después de todo eso la jueza no solamente no tiene a nadie imputado sino que se ha dedicado en este fallo a defender a ultranza el rol de la policía”.

 “En un momento del fallo dice ¿quién no borra mensajes? ¿quién no desinstala aplicaciones? ¿quién no cambia el número de teléfono? Y ataca a los que han sumado a la construcción de esta hipótesis: a Marcos Herrero, no es normal que haya encontrado la sandía de Facundo, el hermano tiene una igual, dejando entrever que podría haber sido colocada cuando la primera que llega es la Federal, cuando nadie tuvo contacto salvo el jefe del operativo, cuando está filmado el procedimiento policial, cuando se repite la escena,  la bolsa con la vaquita se coloca en el mismo lugar y los perros no lo advierten”.

El abogado se preguntó: “¿Va a decir que los mensajes lo colocamos nosotros? ¿Va a decir que la turmalina la colocamos nosotros? ¿Que intervenimos los GPS de los patrullero y colocamos un Toyota Etios de la Policía de Bahía 35 minutos detenido al lado del cuerpo, merodeando donde aparece la mochila? Es inexplicable”.

Sin embargo, el querellante aseguró que están convencidos de que “hay cosas que no van a dejar dormir nunca a los que intentan encubrir, que fueron burdos y evidentes”.

“(El policía de Origone Alberto) González ha sido el mal alumno que en su libreta anotaba datos de la causa. No los van a dejar dormir los mensajes de texto, los testigos que vieron, los GPS que hablaban, las capturas de pantalla del facebook de la mamá, la manipulación de información en lectoras de patente”.

“Con todas esas circunstancias, sea con esta jueza u otro, la causa de Facundo está muy cerca de la verdad, independientemente de que eso sea un escollo más dentro de la investigación, nada ha sido fácil”, concluyó Peretto.

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#Facundo: la jueza rechazó medidas para profundizar la investigación sobre la Bonaerense

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La jueza Gabriela Marrón rechazó allanar el destacamento policial de Teniente Origone y la comisaría de Cerri y secuestrar los teléfonos celulares de decenas de efectivos vinculados a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

Las medidas habían sido solicitadas por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim con la intención de reconstruir la jornada del 30 de abril y, si se determinase que el joven no falleció ese día, conocer con quiénes se comunicó y en qué lugares habría estado. También investigan si intervinieron terceras personas en su deceso, “lo que -destacaron- no fue establecido en el informe pericial remitido por el EAAF”.

Marrón dedica su fallo a excusar a los policías implicados y a atacar al perito de la querella, Marcos Herrero, a quien pretende que se investigue por los hallazgos de su perro. Por otra parte, acusa a Heim y Azzolín de no buscar la verdad sino “solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento”.

La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal. Las querellas analizan recusar a Marrón.

Fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín.

La jueza sí ordenó que el policía Alberto González presente su libreta personal, en la cual registró los datos de Facundo aunque aparece “información antedatada” sobre la Testigo H. De no cumplirse voluntariamente será la Gendarmería la encargada de hacerlo.

Por otra parte, ordenó al Municipio de Villarino que entregue la información de todas las lectoras de patentes cercanas al puesto de control fitosanitario con el registro de los vehículos que pasaron del 30 de abril hasta el 8 de mayo. En la causa hay tres versiones: una planilla incompleta aportada por Senasa y dos versiones recortadas y “disímiles” entregadas por funcionarios municipales.

Aceptó, además, el pedido de información a las empresas correspondientes respecto a la titularidad de cuentas de redes sociales y correos electrónicos que pertenecerían a varios policías.

“Una actuación sistematizada para entorpecer la investigación”

Los fiscales encontraron “comunicaciones sugestivas entre miembros de la policía y el borrado de otras” en el análisis efectuado por la DATIP sobre las extracciones forenses de algunos de los teléfonos secuestrados, junto a imágenes que “no tendrían anclaje en su versión de los hechos”.

Advirtieron que existen rastros con ADN compatible a Facundo “en el interior de un móvil policial en el que supuestamente no habría estado”, lo que se suma al hallazgo de su amuleto en la sede policial a la que pertenece dicho vehículo y que, a su vez, “tenía asignado un celular del que se borraron registros de comunicaciones”.

Mencionaron la piedra turmalina del colgante de Facundo encontrada en el baúl del patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca que reportó “movimientos, cuanto menos extraños”, que lo ubicaron cerca del lugar donde se encontró el cuerpo del joven.

Y agregaron que en el interior de la mochila de Facundo estaba el pantalón con el que se lo ve junto a Mario Sosa en la foto tomada por Jana Curuhinca la mañana del 30 de abril. Allí también había otras prendas “aparentemente dañadas”, su registro de conducir pero no su DNI y un cartel con la inscripción ‘Médanos’ que “no habría sido escrito por Astudillo”.

Estas son algunas de las pruebas que llevaron a Heim y Azzolín a reclamar que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad entregue los teléfonos personales y oficiales de 46 agentes policiales de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, Gral. Cerri y Bahía Blanca.

Horas después de conocer las conclusiones de la autopsia, escribieron: “En el particular contexto de actuación general de la policía de Villarino, (las diligencias solicitadas) permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, aunque encaminada a entorpecer el curso de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte”.

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“Se le comunica que ha sido sentenciado a muerte”

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El profesor Edgardo Luis Fernández Stacco fue sentenciado a muerte por la Alianza Anticomunista Argentina. La banda comandada por el diputado nacional Rodolfo Ponce lo condenó por el supuesto “delito de traición a la patria y al gobierno del pueblo por sus vinculaciones con el ERP y la entrega de la universidad a la sinarquía internacional”.

Al igual que su esposa, fue cesanteado por el interventor de la UNS, Remus Tetu, y se exilió en Venezuela hasta 1983. “Me honró de integrar esa lista”, dijo semanas atrás al tribunal que juzga a cuatro sicarios de la Triple A.

Están imputados Héctor Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero. Las audiencias continuarán los días 23, 29 y 30 de octubre.

Tras la dictadura de Onganía, la llegada de Cámpora al gobierno fue acompañada por la movilización estudiantil y la reacción de sectores que, representados por La Nueva Provincia, denunciaban que el marxismo se “adueñaba” de la UNS.

En 1974, Fernández Stacco fue electo secretario académico del Departamento de Matemáticas y nombrado por el rector Víctor Benamo. En octubre “fue renunciado” el referente peronista y asumió en su lugar Antonio Tridenti, quien designó a Stacco como director del Departamento de Matemática.

Un día, recibió un sobre a su nombre con una carta escrita a máquina: “Comunicado. Por haberse reunido el tribunal del pueblo (del verdadero pueblo) y ser encontrado culpable del delito de traición a la patria y al gobierno del pueblo por sus vinculaciones con el ERP y la entrega de la universidad a la sinarquía internacional, se le comunica que ha sido sentenciado a muerte. Esta sentencia será cumplida en el lugar que sea encontrado”. En manuscrita, firmaban: AAA. 

Fueron cinco los profesores amenazados. Entre ellos estaba Benamo, director del Diario El Eco, a quien ordenaban publicar la lista de “condenados” a lo cual el ex rector se negó.

“Tuvimos una reunión con Tridenti y cada uno trató de resolver el problema por su lado. Hubo una solicitada del personal de Matemática que publicó La Nueva Provincia. Debo agradecer a todo el personal de ese momento porque, salvo dos profesores, fueron hasta el diario a presentar sus documentos y firmaron, cosa que era bastante peligrosa. Junto con esa salió otra de la universidad que firmaba Tridenti”.

Consultado por las motivaciones de las amenazas en su contra, el profesor dijo desconocerlas, a diferencia de lo que ocurría con Benamo dado que los ataques surgían del enfrentamiento entre “la Tendencia –dirigida por el abogado- que era la parte más radicalizada del peronismo y la CGT local” encabezada por Ponce.

“Era conocida mi militancia en el Partido Comunista, lo comprobé cuando ya en democracia se pudieron pedir los prontuarios que había preparado la Policía de la provincia de Buenos Aires. Debo decir con orgullo que tenía un dossier bastante importante. Se veía cómo funcionaba la policía dentro de la universidad, pero mi actividad fue siempre pública. Fui vicepresidente del COFACHI, que presidió el doctor Pablo Lejarraga, cuando empezaron a venir los compañeros chilenos perseguidos por Pinochet”.

El matemático recordó que para potenciar algunas áreas del Departamento recurrieron a la contratación de varios profesores extranjeros. Por ello, en más de una ocasión tuvieron que ir a dar explicaciones a la Policía Federal.

“Ellos hacían la extrapolación de que toda persona que venía de un país socialista debía ser comunista, totalmente erróneo. (…) A junio de 1974, al decir de un profesor visitante, el Departamento era una fiesta. Pero se ahogó todo en octubre con las amenazas a mi persona y con el clima que se vivía en Bahía Blanca”.

Fernández Stacco mencionó que la aparición pública de la Triple A fue con el asesinato de Luis Jesús García. “Debe haber unos 25 o 30 estudiantes que fueron secuestrados y asesinados en esa época”.

“Era vox populi que el director de ese grupo era Rodolfo Ponce. Remus Tetu una vez que asume el rectorado de la UNS le da entidad a esta patota, los nombra, eran más de 20. Argibay era el jefe porque figuran en la resolución con su libreta de enrolamiento y el sueldo de cada uno. Siempre Argibay ganaba mil pesos más que el resto”.

Para el autor de “Abandono de la contemplación. Apuntes para la historia de la Universidad Nacional del Sur”, Tetu fue el responsable intelectual del asesinato de David Cilleruelo. “Era el último día de inscripción, así que había más de 200 testigos que vieron cómo llegaron estos señores con el auto con las dos patentes de bronce que decían Rectorado. Suponemos que no tomaron el auto robándolo, se los prestó seguramente el rector para cometer el asesinato”.

No bien ocupó la UNS, el rumano cesanteó a más de 200 docentes. “Me honró de integrar esa lista, lo mismo que mi esposa. El Departamento de Matemática quedó diezmado, hubo más de 25 expulsados y tres o cuatro profesores que creyeron conveniente abandonar Bahía Blanca”.

Ante las amenazas, Fernández Stacco aceptó una invitación para conformar el Departamento de Ciencias en la Universidad de Mérida, Venezuela. “La situación familiar era complicada porque mi señora el 8 de octubre tuvo mi segundo hija. Yo hice punta y me fui. Al poco tiempo pudimos reunir la familia en un exilio que duró hasta diciembre de 1983”.

“Volvimos muy pocos. Había una cuestión sínica de Tetu, cuando un rector de otra universidad consultaba, él recomendaba a los que expulsaba”. El profesor intentó reincorporarse a la UNS pero no pudo hacerlo inmediatamente. Durante tres años participó del proceso de normalización del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Comahue.

Tetu seguía trabajando en ambas casas de estudio y viajaba semanalmente “con su esposa y Guglielminetti”, a quien había designado como director de Construcciones Universitarias aunque “era su guardaespaldas”. El testigo mencionó que en esa época el rumano fue entrevistado por el diario Rio Negro, al cual dijo que “no tenía nada que ver con la Triple A” y que estaba seguro que “defendían al país”.

La toma de la Tecnológica

Consultado por la toma de la UTN, ocurrida en agosto del 74, aseguró que fue en el marco del enfrentamiento interno del peronismo. El conflicto tuvo repercusión nacional mediante un pedido de informes que el diputado Héctor Sandler realizó al ministro de Educación “para que tomara alguna medida por el atropello que había sufrido la docencia y los estudiantes”.

El testigo leyó una solicitada de la CGT: “El diputado Sandler ha expresado que la UTN Bahía Blanca ha sido ocupada por matones a sueldo, calificaba de matones a sueldo a quienes siempre han puesto la cara para salvar la estructura docente que había caído en manos de una camarilla internacional (…) Jamás los trabajadores universitarios entregarán una universidad que nos pertenece desde sus inicios aunque se alíen todos los enemigos del país, cualquiera que sea el disfraz que utilicen en la emergencia”.

“O sea, reconocían que la toma de la UTN había sido hecha por parte de la CGT local”, concluyó.

En cuanto a los motivos de la represión en los claustros, el profesor afirmó que “como se desprende de los editoriales de La Nueva Provincia, la universidad era un lugar del marxismo que conspiraba contra el país, contra el gobierno legal. Cuando fallece Perón, el 1 de julio de 1974, es nombrado Oscar Ivanissevich como ministro de Educación. Era un ultramontano católico que había sido ministro en la primera presidencia de Perón. En su discurso inaugural dice: ‘Volvemos después de 24 años con la doctrina de Cristo que Perón transformó en el justicialismo’”.

Nazis y ultramontanos en las aulas

“De inmediato, en Buenos Aires, nombra al rector Ottalagano y en Ciencia, que era un departamento modelo desarmado durante la Noche de los Bastones Largos, nombró como decano a Zardini, un geólogo ignoto. Este llamó al padre Menvielle -director de la revista fascista Cabildo- que hizo un exorcismo por los pasillos de los edificios de Núñez donde funcionaba Ciencias Exactas de la UBA. Su primer acto de gobierno fue comprar 50 crucifijos para poner en todas las aulas. Ese era el ambiente que se respiraba en la casa de altos estudios”.

En Bahía Blanca en enero del 75 asumió Remus Tetu. “Era uno de los tantos refugiados que llegaron en la época de Perón. Decía que tenía título pero nunca lo mostró, decía ser profesor de Sociología y Demografía. Fue contratado por el Instituto Tecnológico del Sur, hubo varios profesores contratados, sobre todo en Economía y otros que llegaron a Física que eran muy buenos que los llevó Richter a Bariloche”. 

Fernández Stacco dijo que el profesor de Economía Florín Manoliú había firmado un pacto de ayuda mutua cuando Rumania fue invadida por Hitler, “siempre hacía manifestaciones de tipo anticomunista y elogios a lo bien que se vivía en Rumania en la época que habían sido invadidos”.

En cuanto al ex presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti –recientemente procesado por su participación en la Triple A- dijo que lo recordaba como un abogado que trabajó en el Departamento de Administración hasta la creación del Departamento de Derecho. “Traducía libros para sus alumnos de autores franceses y alemanes que hacían profesión de nazismo”.

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Receta repetida: subsidio a la extracción de gas sin horizonte de transición

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El presidente Alberto Fernández anunció en Neuquén un nuevo programa de incentivo a la inversión en gas, atando los subsidios al valor del dólar. El argumento es la necesidad de cubrir la demanda de gas evitando la salida de divisas, dinamizar las economías provinciales y generar encadenamientos productivos, necesidades construidas al calor de un modelo que tropezó cien veces con la misma piedra. La transición, como salida a ese laberinto, no aparece en el horizonte. 

Por OPSur .- El plan anunciado establece una forma de fijar el precio del gas por cuatro años. Y define un tope promedio de 3,70 dólares por millón de BTU, monto que será cubierto por las tarifas y por subsidios, es decir por las y los usuarios y el Estado. El programa pretende cubrir la demanda nacional de gas -con la urgencia del próximo invierno- aunque va en contra del objetivo de desdolarizar la economía, al tiempo que supone el riesgo de que cada devaluación implique aumento de tarifas y una mayor erogación fiscal en un contexto de estrechez presupuestaria. 

Tras las necesidades del consenso fósil

Más de la mitad de la matriz de energía primaria de Argentina está compuesta por gas y el 45% de ese recurso se extrae mediante fracking, fundamentalmente en Vaca Muerta. El macrismo, a fuerza de una gigantesca transferencia, se entusiasmó con los resultados obtenidos en la explotación mediante fracking. Esa política benefició fundamentalmente a Tecpetrol (del grupo Techint de Paolo Rocca) y a CGC (de Eduardo Eurnekian). La neoliberal administración energética de Macri parece más una regla que una excepción: durante las últimas décadas la política del sector ha estado dominada por los intereses corporativos que consolidaron un consenso fósil, en el que la dependencia de los hidrocarburos es total tanto para el sistema energético en general, como para las provincias productoras en particular. 

El consenso fósil centró su atención en Vaca Muerta durante la última década, y hoy que la expansión se frenó, podría no haber recursos suficientes para el próximo invierno. En este marco, el Ejecutivo despliega tres argumentos para incentivar la explotación:

  • La necesidad de cubrir la demanda nacional de gas y evitar así la salida de dólares por importación.
  • La necesidad de dinamizar las economías de las provincias o regiones que dependen de estas explotaciones.
  • La  idea de que la explotación generará encadenamientos productivos dinámicos que permitan a su vez beneficiar a otras cadenas y sectores.

Las dos primeras necesidades existen. Ambas se han constituido en el tiempo, con políticas y decisiones que formaron esta actualidad. Construir una economía y una energía desde otras bases debiera ser un objetivo fundamental de este tiempo, signado por la pandemia, que revela los aspectos más injustos de nuestra sociedad: las dificultades de millones de personas para el acceso a la energía, combinado con el despojo y los conflictos sociales y ambientales en los lugares de extracción de energía, en particular, los hidrocarburos. 

Esos cambios estructurales no se consolidan en pocos años pero algún día hay que empezarlos. El problema de las fuentes energéticas -es decir qué energía se produce- es central en ese sentido. Incluso más del 60% de la electricidad que consumimos proviene de la quema de combustibles fósiles que son, además, los principales responsables del cambio climático. Por eso es necesario transitar hacia energías renovables, las que por sí solas no serán la solución. Se requiere también un encadenamiento con tecnología y conocimiento nacional, y de un Estado que promueva la desmercantilización de la energía y la entienda como un derecho. El acceso a la energía debiera estar combinado con la justicia socioambiental.  

Por otro lado, se deben promover políticas serias de diversificación productiva en las provincias que hoy dependen de los hidrocarburos. En cada crisis la población de esas regiones queda rehén de las demandas corporativas por mayores beneficios, mientras sus indicadores socioeconómicos dan muestras claras de fragilidad de esas economías, como hemos podido ver en la profunda crisis fiscal de Chubut durante los últimos años y más recientemente en la acuciante situación de Neuquén. Esos Estados, en tanto, se han constituido como parte integrante del entramado hidrocarburífero y eso dificulta aún más constituir alternativas. 

El tercer argumento en pos del desarrollo petrolero es, en realidad, un discurso que no ha podido contrastarse en la realidad. Hasta el momento los encadenamientos productivos han sido escasos y totalmente dependientes de las inversiones hidrocarburíferas apalancadas en ingentes subsidios. Seguramente, se podría aceitar esos entramados productivos, pero pensar que la explotación de Vaca Muerta será el motor de la economía nacional ha sido el sueño frustrado de las últimas dos administraciones. Si ayer la propaganda estatal y corporativa era de una Vaca Muerta exportadora, hoy estamos viendo si pasamos el invierno. 

Hasta ahora los dólares se fueron

En el frente externo, en tanto, otro problema agrava el panorama: las divisas no solo se van cuando se compra energía, también lo hacen cuando las empresas extranjerizan sus excedentes. Entre 2016 y 2019, trece empresas extractoras fugaron 3.830 millones de dólares: la mitad de lo fugado por las 209 energéticas mencionadas en un informe del Banco Central. Esas trece compañías son las que protagonizan la intervención en Vaca Muerta: en conjunto explican el 76% de la extracción de petróleo y el 92% de la de gas no convencional. 

Uno de los mecanismos de fuga es el pago de préstamos que financiaron la explotación. En Vaca Muerta los préstamos implicaron el 55% del financiamiento externo de YPF y el 77% de Tecpetrol. Este año, se preveía que la balanza financiera del sector genere un saldo negativo de 2.000 millones de dólares por préstamos financieros. Por otro lado, el balance cambiario del sector hidrocarburífero entre 2013 y 2019 arroja un saldo negativo de 8.600 millones de dólares.

La matriz energética no puede ser transformada de un día para otro, pero es necesario comenzar a transitar hacia un modelo energético económica, ambiental y socialmente sustentable. Una propuesta que debe diferenciarse del plan macrista de instalar parques como grandes negociados trasnacionalizados y sin participación de las poblaciones locales y la industria nacional. Pero que al mismo tiempo debe ser una propuesta seria. Hay posibilidades para avanzar. Hay una necesidad real de hacerlo. Pero ese no parece ser el camino elegido por el gobierno de Fernández. 

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La Comisión por la Memoria envió un nuevo informe a la ONU sobre la causa de Facundo

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(Agencia Andar) Ante las dilaciones en la investigación para conocer qué pasó con Facundo Astudillo Castro, la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, presentó un nuevo informe ante Comité contra la Desaparición Forzada de ONU y solicitó su intervención.

Para el organismo es urgente que el Estado cumpla y averigüe las circunstancias de la desaparición y muerte del joven y se garantice con mayor celeridad que los responsables sean condenados.

En julio, cuando se desconocía el paradero de Facundo Castro, desaparecido el 30 de abril en Mayor Buratovich, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ordenó al Estado Argentino una serie de medidas urgentes para encontrarlo, llevar adelante una investigación independiente y brindar protección a los testigos que declararon en la causa cuyos testimonios fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial.

Esta acción de la ONU fue en respuesta al pedido realizado por la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y querellante en la causa conjuntamente con la familia.

Luego de enviar sus observaciones preliminares al Comité en septiembre, el organismo presentó un nuevo informe donde reitera medidas de protección para los testigos de la causa, el cese de la persecución de los defensores de los derechos humanos involucrados, la realización de las pericias requeridas y solicita se evalúe las actuaciones llevadas hasta el momento por la Justicia Federal.

El 1 de octubre el Equipo Argentino de Antropología Forense presentó las conclusiones de los estudios realizados sobre los restos humanos hallados de Facundo Astudillo Castro. Dichos peritos dictaminaron que la muerte de Facundo se produjo por “asfixia mecánica por sumersión (ahogamiento) tratándose de una muerte violenta, no pudiéndose determinar con rigor científico que se trate de uno u otro modo de muerte: suicida, homicida o accidental”.  Llamativamente, minutos después de la presentación de ese informe, la Jueza Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, emitió un comunicado donde hacía referencia a que Facundo habría alcanzado la muerte “sin participación de terceros”.

Según el informe presentado por la CPM dicha aseveración es producto de una lectura sesgada del informe de la autopsia, donde se insinúa que la muerte no fue homicidio. Según lo declarado por la médica forense Virginia Créimer, perita de parte de la familia de Facundo Castro, en el caso se descarta “in limine” el suicidio y, sobre las hipótesis de accidente que se plantean, el informe explica que no hay lesiones vitales que, si se hubiera accidentado en el lugar, el cuerpo las tendría que tener.

Estos datos del informe final de la autopsia, sumados a las pruebas que se siguen volcando a la causa a nivel testimonial, pericial y documental, resultado del trabajo de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, quienes lograron avanzar y superar los obstáculos interpuestos por el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez (fiscal inicial de la causa que fue recusado por ambas querellas sin éxito),  permiten sostener como hipótesis que Facundo fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte y profundizar la investigación al respecto.

Cabe recordar que en agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH  también se pronunció luego de reconocer el planteo realizado por la CPM, de tomar medidas cautelares donde se señaló la intervención de la policía bonaerense, la misma fuerza sospechada de la desaparición del joven, en la investigación. La resolución 43/2020 de la CIDH remarcó a necesidad de acciones urgentes, que ya habían sido solicitadas por el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas también a pedido de la CPM y, reclamó al Estado una investigación exhaustiva donde además se garantice la protección e integridad de los familiares y sus representantes. Lamentablemente, esas recomendaciones no han sido escuchadas.

Por otro lado, la intimidación a testigos por parte de las fuerzas de seguridad, a la familia de Facundo, a sus abogados, amigxs y compañerxs de trabajo no ha cesado, muy por el contrario, se han agravado con el paso del tiempo. Para resguardar la integridad de estas personas, la CPM  ha presentado hábeas corpus en el ámbito de la Justicia Federal pero, y como expresa en la denuncia, “las resistencias y la insuficiente gestión de la jueza Gabriela Marrón hace que continúe en trámite. Un caso que tiene estrecha vinculación con una grave violación de derechos humanos, que está en investigación, el estado de temor de los y las afectadas, ameritaban el dictado de la protección convencional requerida”. A quince días del planteo, no hay resolución firme.

Avances de la investigación

La CPM detalló pormenorizados detalles sobre los avances en la investigación que refuerzan la hipótesis de desaparición forzada.

  • En relación al móvil policial que el 8 de mayo se habría detenido durante unos 35 minutos a unos 800 metros del lugar donde se hallaron los restos de Facundo y, que según el Ministerio de Seguridad tenía una anomalía en el funcionamiento del sistema de georreferenciación, se informó que la empresa Megatrans, prestadora y encargada de realizar el mantenimiento de los sistemas de A.V.L. afirmó que del estudio de las posiciones GPS tomadas en días previos y posteriores, no se hallaron ningún tipo de fallas en los equipos instalados en los móviles policiales. A su vez, se explicó que el “salto” producido entre la Localidad de Bahía Blanca y Villarino que se debió a la intermitencia de satélites en vista para geo posicionar correctamente al móvil, lo que para la CPM indica “que en la zona de Villarino existen suficientes reportes que permiten determinar con certeza que el equipo geo posicionó al móvil en esa zona, permaneciendo allí durante más de tres horas”, dicen en la denuncia.
  • Los perros  del perito de parte Marcos Herrero dieron el alerta de la existencia de rastros sobre la posible permanencia de Facundo en el patrullero secuestrado. De la revisación completa surgieron varios elementos que se encuentran bajo análisis (manchas, filamentos pilosos, etc.) pero la prueba  más contundente, reconocida por Cristina Castro, mamá de Facundo, fue “un conjunto de fragmentos “vidriosos” que se corresponderían con un mineral conocido como turmalina”. Facundo, al momento de su desaparición, utilizaba un colgante en su cuello con una turmalina engarzada.
  • Un testigo de identidad reservada (M. P.), quien declaró que la noche del 11 de mayo, mientras se encontraba a bordo de una embarcación cumpliendo tareas en el Puerto de Ingeniero White en la costa de Bahía Blanca, visualizó un conjunto de luces inusuales sobre la zona en la que meses después se encontraría el cuerpo de Facundo.
  • En la causa se secuestraron ocho celulares pertenecientes a la policía bonaerense. Sólo 5 fueron periciados y están incorporados a las miles de fojas del expediente. De tres teléfonos celulares aún no hay información: uno pertenece un agente de la dependencia policial de Teniente Origone, otro al puesto policial de la misma localidad y por último, el de la policía Siomara Flores, quien dijo haber llevado a Facundo desde la Localidad de Mayor Buratovich a Teniente Origone el día 30 de abril de 2020.
  •  El 13 de septiembre un pescador halla la mochila con  pertenencias de Facundo en la zona. Cristina da cuenta de que faltan cosas: documento de identidad, un tarjetero, una tarjeta bancaria, un cinto, entre otras pertenencias; verifica que parte de la ropa está con roturas no se corresponden con su estado preexistente.
  • En el cangrejal en que se encontró el cuerpo de Facundo, también se halló una cantidad de huesos humanos que no pertenecían a  la víctima  y que han sido sometidos a peritajes aun en trámite. Estos hallazgos harían prever que podría tratarse de un lugar utilizado para descarte de cuerpos humanos.
  • Aún se esperan los resultados de algunas de las pruebas de cotejo de A.D.N. a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre material hallado en los levantamientos de rastros realizados sobre los móviles policiales de Mayor Buratovich, Teniente Origone y la U.P.P.L. de Bahía Blanca. Con fecha 1 de octubre, la última prueba presentada por la unidad fiscal confirmó que las muestras halladas en el móvil que era utilizado por el agente Gómez, son compatibles genéticamente con Facundo.

Simultáneamente, la CPM presentará un informe de similar contenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otra parte, requerirá información a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires respecto del estado de las actuaciones relativas al accionar de los policías involucrados en diversos tramos de los hechos que se investigan del Partido de Villarino, de la ciudad de Bahía Blanca y de la localidad de Gral. Daniel Cerri.

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Crimen de madrugada, rayo a mediodía

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El ex rector del Instituto Juan XXIII, Benjamín Stochetti, declaró en el Juicio Triple A sobre el crimen del sacerdote salesiano, Carlos Dorñak. La madrugada del 21 de marzo de 1975 la banda paraestatal realizó un raid se secuestros y fusilamientos que también tuvo como víctimas a Fernando Alduvino y a María Isabel Mendivil.

“Lo que ocurrió esa noche fue tan fuerte para mí que, por años, lo que tal vez le pedía a dios era que nunca estuviera un tiempo más pacífico, más nuestro, más acogedor que el que teníamos en ese momento. Le pedía a dios que siempre tuviera alguna dificultad porque no quería tener la experiencia de un rayo a mediodía”, afirmó.

Según su relato, el hecho fue “un desmoronamiento” para la institución que provocó que “cosas que se quisieron hacer en ese momento recién se realizaran en los últimos años”.

El cura y docente mencionó que junto a compañeros de su congregación como Benito Santecchia, José Del Col, Oscar Barreto y Juan y Valentín Reebok trataban “de animar al alumnado de acuerdo a lo que la Iglesia Católica nos proponía desde hacía unos años”. Al grupo solían sumarse párrocos diocesanos para “preparar las predicaciones del domingo”.

En alguna ocasión, Stochetti participó con Barreto de reuniones del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. “En el país había surgido de acuerdo al ejemplo de una veintena de obispos que después del Concilio propiciaba la mejora del mundo a través de la práctica de la justicia auténtica y la preocupación por los más necesitados”.

Destacó que “algunos de ellos, aunque no estuvieran enrolados en ese movimiento, por su acción o por su mentalidad habían tenido problemas. El más conocido es el caso del padre José Zamorano, un misionero español. Irrumpieron en su casa en horas de la noche, creo que eran fuerzas de seguridad”.

Stochetti dijo que Dorñak era un “músico muy exigente que hasta que no lograba la perfección en lo que hacía no se quedaba tranquilo”. Dirigía el coro de la institución y “su proclama de cura había sido de un salmo que dice: yo amo la belleza de tu casa”.

“Si había alguien que en cuestión de compromiso, de preocupación, no tuviera nada que ver con ni subversión ni siquiera con trabajo entre los pobres, era justamente Carlos Dorñak. Era docente, encargado de todo lo que tiene que ver con la documentación, el ecónomo de la casa, de tal manera que era muy amable, bondadoso y sensible”.

El asesinato de Dorñak

La vivienda del Juan XXIII era una casa de familia con varias habitaciones. En las dos del frente dormían Santechia y Dorñak. La de Stochetti daba al patio y, sobre esa, había otras dos que ocupaban Barreto y Del Col.

Aproximadamente a las dos y media de la mañana el cura escuchó explosiones y, unos segundos después, el padre Santecchia golpeaba la puerta de su habitación. “Le pedí que no hablara, me quedé quietito, él subió para avisar. Una vez que se silenció todo salí por la puerta o por la ventana y quise avisar al Colegio Don Bosco”.

Trepó uno de los árboles del patio. “Miré hacía la calle con la intención de saltar y vi a muy corto espacio, unos dos metros, a unos tres jóvenes, más bien altos, delgados, con armas, probablemente eran metralletas. Me quedé quietito en el follaje y unos minutos después, cuando vi que ya no estaban salté”.

Volvió con otros sacerdotes del Don Bosco y se encontraron con “el cuerpo tirado y fallecido, con un charco grande de sangre, que era el padre Carlos”. La patota destruyó e incendió con bombas molotov una sala donde funcionaba el mimeógrafo, dejó “un montoncito de escritos subversivos” y robó “una pistolita” que había en la casa.

Luego del asesinato de Dorñak, los curas del Juan recibieron una carta en la cual les daban un plazo para abandonar la ciudad. “Algunos se fueron, pensaron que era mejor distanciarse y otros nos quedamos. Yo era rector, me quedé más de una semana. Tal vez suspendimos las clases uno o dos días pero luego continuaron. Después de unos días el inspector opinó que era mejor que me fuera”.

Stochetti afirmó que a partir de allí “comenzó una vida de control” que lo llevó a Chos Malal, Junín de los Andes y, finalmente, a Luis Beltrán como director de una escuela agrícola. “Dentro de ese colegio había alguien que pasaba información de mis salidas”, comentó. Años después volvió como inspector y profesores del Juan XXIII le contaron que habían sido amenazados e interrogados respecto a su paradero. Mencionó además, una falsa alarma de bomba en la iglesia de Don Bosco cuando estaba por encabezar una misa en 1984.

El salesiano afirmó que se decía que la Triple A “era un sector político social violento”, gente “reclutada o que había optado por esos grupos” y que estaba vinculada “sobre todo a un gremialista, (el secretario de la CGT, Rodolfo) Ponce, también al sindicato de la Uocra y luego, sin definir bien las cosas, a las fuerzas militares, la policía, a las tres armas, sobre todo a la Marina”.

“Sé que esa misma noche hubo otros crímenes y tal vez antes y después también. Se comentaban casos de allí y de otras partes que hasta muy tristemente se habían confundido con alguno que habían asesinado”, sostuvo.

Sostuvo que La Nueva Provincia “tenía su ideología, por allí no la podían ocultar. Tenían el monopolio de información en Bahía Blanca y por supuesto que no estaba para nada de acuerdo con nuestra postura posconciliar del Juan XXIII”.

La casa de los curas estaba frente a la delegación de la Policía Federal. Sin embargo, el testigo aseguró que “jamás” pensó en pedirles ayuda porque en las fuerzas armadas y de seguridad “hay de todo”.

En el juicio están imputados Héctor Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero. Las audiencias continuarán los días 23, 29 y 30 de octubre.

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¿ADN de Facundo en el patrullero de Origone?

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“Esto recién empieza”, dijo Cristina Castro tras conocer los resultados de la autopsia a los restos de su hijo. Afirmó, además, que recibió resultados de análisis de ADN que identificaron su perfil genético en una de las pruebas secuestradas en la investigación.

Se excusó de brindar mayor información pero sostuvo que “si hay ADN concordante conmigo es porque mi hijo estuvo en ese lugar”. Según pudo conocer FM De la Calle, la muestra correspondería a un pelo sin bulbo con ADN compatible con Facundo.

Se trataría de uno de los elementos encontrados en el patrullero Toyota Hilux, interno 22788 patente EPH-491, que el día de la desaparición del joven era conducido por el policía Alberto González del destacamento de Teniente Origone.

En un calabozo externo de dicha sede de la Bonaerense, el perro Yatel, del entrenador Marcos Herrero, encontró el amuleto de Facundo. El mismo can había ladrado, gemido y rascado de manera “concluyente” en la patrulla. “En algún momento Facundo estuvo en esa camioneta”, dijo entonces Herrero.

Con los resultados positivos del allanamiento del 31 de julio, la querella pidió ampliar el relevamiento del puesto de Origone junto a Herrero e integrantes de la Policía Científica. Quieren que se “proceda a requisar, recolectar rastros y someter a pruebas de sustancias hemáticas a través del dispersado de luminol”. La jueza Gabriela Marrón nunca lo permitió.

González declaró que el 30 de abril un vecino lo llamó porque había un chico caminando a la vera de la ruta. Relató que se dirigió al KM 750, requisó a Facundo y tomó una foto de su carnet de conducir. Como desde Médanos le advirtieron que ya había sido infraccionado, lo dejó seguir.

En el marco de un rastrillaje, González dijo a Cristina Castro que su hijo continuó camino a pie hacía Bahía Blanca. Sin embargo, días atrás había declarado en sede policial que lo había levantado una Duster Oroch.

Allí se vincula con el testimonio de la Testigo H, acercado a la causa por les bonaerenses Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores cuando su fuerza ya estaba apartada. Sosa y Jana Curuhinca fueron quienes infraccionaron a Facundo por la mañana en Buratovich. Flores es media hermana de Curuhinca.

Los testimonios de González y la Testigo H son contradictorios en varios puntos. Por ejemplo, hay una diferencia de siete kilómetros entre el sitio en el que cada cual ubica los hechos, en si hubo o no participación de un segundo policía y en la manera en que estaba estacionado el patrullero.

A mediados de junio, González recordaba llamativamente con exactitud el domicilio de la novia de Facundo a donde le habría manifestado que se dirigía.

Otro documento “curioso” es su libreta de trabajo. En una de sus hojas se leen los datos de la Testigo H y debajo los de Facundo. “En la hoja donde tomé los datos de este chico, figuran los datos de una señora (XX), recuerdo que eso fue anotado porque varios días antes me avisan que esta señora se había escapado de un control de tránsito en Mayor Buratovich y que salga y la intercepte, por eso yo anoté en la libreta eso”, intentó explicar el teniente primero.

Foto libreta: Adriana Meyer.
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Medidas económicas en el marco de la segunda llegada de la misión FMI

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Los anuncios económicos realizados la semana pasada por el gobierno nacional se inscriben en el marco de la presentación del Presupuesto 2021 y la visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional que comienza este martes.

El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, analizó las medidas y repasó quiénes son los ganadores de las negociaciones.

“Lo que apuró la decisión fue la caída de las reservas Banco Central. En este momento las reservas de libre disponibilidad están en torno a 6 o 7 mil millones de dólares y, a raíz de esta imposibilidad de frenar la fuga, se incorporó el endurecimiento de los controles de cambio y aun así no se detuvo la salida, con lo cual tuvieron que salir a ver como frenarla”, afirmó.

Ante este cuadro, el gabinete económico anunció:

1- Reintegros a las exportaciones, “devoluciones de saldos pagados sobre todo por pequeños productores. Esto estaría llegando a la producción de mediana escala. Al sector minero le reducen las retenciones de 12 al 8%. Al sector sojero se les reducen las retenciones de manera temporal, se le reducen más a la exportaciones de granos de aceite que a las de soja”.

“El lobby agroindustrial también cerró el compromiso de discutir una ley de estabilidad fiscal de los impuestos durante 5 o 10 años”.

Cantamutto afirmó que “el lobby minero logra que le bajen las retenciones. El kirchnerismo, después del conflicto del campo, consiguió un interlocutor que le permite sortear el conflicto con la Mesa de Enlace. Se conformó una Cámara de Agroexportadores liderados por las aceiteras que, sin dejar de ser un sector industrial, puede tomar medidas de fomento hacia el agro, maquillado como política industrial pero que no arrastra los conflictos con la Mesa de Enlace”.

“Esto viene a ser un pacto, puede ser efectiva la medida porque era momento de liquidar divisas, salir a vender soja para solventar la campaña que sigue pero, además, porque esto fue negociado, hay un acuerdo político para conseguir esas divisas de manera más o menos veloz. Esto le daría aire justo para cuando viene el Fondo a negociar”, destacó .

2- Apoyar el desarrollo de cadenas industriales, “sobre todo automotriz, esto implica al mediano plazo impulsar las exportaciones industriales atadas a la de economía del conocimiento”.

3- Beneficios impositivos para estimular la inversión en la construcción: “Captar dólares de ahorro y que sean invertidos en el sector. Al mismo tiempo se envían dos proyectos de ley para apuntalar el desarrollo, un sistema de crédito hipotecario y de construcción de vivienda popular. Puede ser una nueva alternativa para impulsar el crecimiento y atraer dólares”.

4- En lo que tiene que ver con frenar la corrida del dólar, crean un nuevo título público, “que se conoce como Dólar Linked, que significa atado a la cotización del dólar, con lo cual podés invertir y cotizar en pesos sin perder contra el dólar. Los bancos tienen incentivo a prestar en este sentido y después comprar bonos del Estado”.

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Mirá el capítulo 2 de ¿Quién mató a Facundo?

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“Ser joven no es delito”, es el título de esta segunda entrega de la serie ¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real. El capítulo cuenta la vida y militancia de Facundo en Pedro Luro, un pequeño pueblo del partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires.

En este capítulo acompañamos durante un mes a Cristina Castro, la madre de Facundo, que comenzó peregrinando por comisarías y llegó a la Quinta de Olivos exigiendo nuevas autoridades en la causa judicial. También grabamos con Vanesa Ganduglia y Mercedes Hollmann, ex docentes de la experiencia cultural-educativa Semillero Cultural, quienes relatan el contexto en el cual Facundo se convirtió en un militante involucrado con los derechos humanos y la realidad política.

También conocemos a algunos de los amigos de Facundo, o el Kufa como solían llamarlo, quienes reconstruyen la personalidad y las actividades que realizaron durante la adolescencia. El archivo del documental muestra a Facundo en todas sus facetas, el rapero, el militante por los derechos humanos, el peronista y el más divertido de sus amigos.

“¿Quién mató a Facundo?” es un documental urgente porque busca responder y desarticular una enorme maquinaria de prensa montada para encubrir a los responsables del crimen. Se produce y emite en episodios, que van siguiendo en tiempo real la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, luego de tres controles de Policía Bonaerense.

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Desarraigar para sobrevivir

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(Por Pablo Duca) La palabra “desarraigo” está formada por raíces latinas y significa “acción de arrancar raíces”. Sus componentes léxicos son el prefijo dis (divergencia, separación múltiple, de allí el sufijo romance des- que indica la inversión de la acción), ad (hacia), radix (raíz), más el sufijo -icus (igo= relativo a).  En el mundo moderno la plasticidad humana nos permite salir de los lugares conocidos e intervenir las nuevas circunstancias. La cotidianidad se emplaza, emerge y cristaliza. Hasta que se rompe. Nada nuevo bajo el sol o todo es nuevo bajo el sol. Recuerdo a la mirada de mi padre como un pregón: “El arraigo me sostiene”. Lo recuerdo tanto como la energía dispuesta a destrozar en mí mismo ese concepto. Al menos tres amores a distancia, una carrera y un post grado lejos de familia-ciudad-amigxs-parejas. La búsqueda del teléfono pinchado caminando por las madrugadas de La Plata en los finales de los `80 para comunicarnos. Deshabitar la casa luego del divorcio. Elegir la duda por sobre la certeza como leiv motiv. Escribir para buscar. Actuar para buscar. Nunca (o pocas veces) encontrar.

El mundo moderno no se apiada, cambia. No pregunta, cambia. Insiste y muta. La manera de relacionarnos, vincularnos, tratarnos, mirarnos, amarnos, comercializar, comunicar, trabajar y todas las acciones que imaginemos han mutado. El arraigo impide ver la vida desde la vereda de enfrente. La puesta del sol es siempre la misma, clara, presumible. ¿Y si el mundo cambia de la noche a la mañana? ¿Obligaremos al mundo a arraigarse tal como nos sucede a nosotrxs o trataremos de mutar en el mismo sentido? Resignificar también es una manera de desarraigarse. Saberse permeables, plásticxs, flexibles.  No postulo la creencia en una obediencia a órdenes superiores. Claro que no. La rebeldía y las revoluciones son los mayores actos de desarraigo que pudieran postularse. Sólo insisto en la suelta de las ataduras, el vaciado de las mochilas y la apertura ocular como gesto solidario para el cambio. Un pueblo que endurece sus posiciones no crece. Una comunidad que robustece las diferencias no se ambiciona mejor. Dejar atrás aquellas veredas que transitábamos como seguras nos permiten ver otras baldosas como posibles. ¿Serán flojas? Pues sí. Siempre lo son. Pero la posibilidad de mi cambio permite al otrx ser más empático, más benigno, más humanx.

¿Y si solo es cuestión de desarraigarse para sobrevivir?

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Facundo: la Fiscalía profundizará la investigación de la desaparición forzada

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Los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin informaron que contextualizarán los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Castro con los demás elementos incorporados a la causa e informes de diferentes organismos cuya producción se encuentra en curso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal participaron del acto en el que se notificó el informe integrado de los estudios periciales realizados al cuerpo hallado en Villarino Viejo y escucharon de primera mano el parecer de las y los peritos intervinientes.

Por la tarde la fiscalía mantuvo un nuevo encuentro con la mamá de Facundo, Cristina Castro Alaniz, y los abogados de la querella, en el que analizaron e intercambiaron opiniones y puntos de vista respecto de los resultados al que arribó el equipo interdisciplinario que llevó a cabo la autopsia sobre los restos de Facundo.

Asimismo, en el marco de la hipótesis de trabajo que constituye el objeto procesal de la causa, es decir, la posible desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que motivara la intervención de la Justicia Federal, se acordó continuar y profundizar la pesquisa.

La autopsia fue realizada el 25 de agosto por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Cuerpo Médico Forense (CMF), el CONICET, las universidades de Quilmes (UNQUI) y del Centro (UNICEN) y una perito de parte.

La fiscalía recibió con cautela los resultados volcados en el informe y expresó que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se están trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Oficial: Facundo murió por “asfixia por sumersión”

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El EAAF determinó que Facundo Castro murió por “asfixia por sumersión (ahogamiento)”, aunque el informe final de la autopsia advierte que “el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.

COMUNICADO DEL JUZGADO FEDERAL N°2

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó el informe integrado de los estudios de la autopsia realizada el 25 de agosto en el marco de la causa que investiga este juzgado Federal nº2 de Bahía Blanca a cargo de la doctora María Gabriela Marrón. Los principales resultados científicos son que:

• Los restos analizados, hallados el día 15 de agosto de 2020 en la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como “Villarino Viejo”, provincia de Buenos Aires, pertenecen a Facundo José Astudillo Castro de acuerdo al proceso de identificación que combinó el análisis antropológico forense, médico forense, odontológico forense y genético forense.

• Los resultados del estudio biológico llevado a cabo en médula ósea determinaron la presencia de un número significativamente alto de restos de diatomeas (algas microscópicas), coincidentes con las de las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo.

• Dichos resultados permiten aseverar, con el rigor científico necesario, que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento). La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica).

• El fenómeno “Pink Teeth” (diente rosado o coloración rosada por transparencia del esmalte) observado en las piezas dentales anteriores del maxilar inferior, debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte.

• Respecto al signo del diente rosado con relación a la causa de la muerte, descrito por la odontología forense en casi 200 años de investigación, los distintos autores han concluido que su presencia en forma aislada debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte, ya que puede hallarse en patologías infecciosas (fiebre tifoidea), en alteraciones de la hemoglobina (porfirias congénitas), en alteraciones químicas con cambios bruscos de presión (accidentes aéreos), como fenómeno postmortem en cuerpos hallados en ambientes fríos y húmedos, o en muertes violentas por asfixias mecánicas o químicas (ahogamiento, estrangulación, intoxicación por monóxido de carbono). Sin embargo, asociado a la presencia de diatomeas en médula ósea, complementa la condición de una asfixia por sumersión.

• El hecho de que la identificación de los géneros y especies de diatomeas halladas en la médula sean coincidentes con las recuperadas en muestras de agua y de sedimentos recogidos en el lugar del hallazgo de los restos es altamente indicativo de que se trata del medio en el cual se produjo la muerte.

• Se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental.

• Los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte).

• En las diferentes piezas óseas observadas, y mediante el estudio de imágenes radiográficas, no se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponderse con aquellos que producen injurias o lesiones (como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, segmentos de arma blanca, entre otros).

• No se observaron cambios de coloración, u otros signos, en los huesos bajo estudio compatibles con el uso de sustancias ácidas, alcalinas o por exposición a una fuente emisora de calor.

• No se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados.

• Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales que presentaban los restos estudiados son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental.

• El tipo, intensidad y tamaño de las modificaciones identificadas en los diferentes restos óseos analizados indican la acción de carnívoros de la familia de los cánidos de pequeño tamaño. De acuerdo a la fauna presente en el área, el zorro pampeano o gris constituye el principal agente que afectó al cuerpo.

• El patrón de ausencia de algunas partes del cuerpo de pequeño tamaño y de destrucción parcial de algunas partes de los elementos presentes es el esperado para la acción del zorro pampeano.

• La desarticulación y desplazamiento de ambos miembros superiores (uno de ellos hallado a 73,9 metros del cuerpo) y del miembro inferior derecho fue producida por este mismo cánido.

• Las marcas y fracturas producidas por carnívoros se produjeron con posterioridad a la muerte siendo, en consecuencia, no vitales. Presentan un patrón compatible con un acceso inicial a un cuerpo con presencia de órganos y tejidos blandos.

• Los hallazgos relacionados con la preservación y dispersión de los restos humanos son consistentes con procesos tafonómicos provocados por agentes medioambientales y bióticos (fauna) de la zona donde fueron encontrados.

• El cuerpo hallado en este ambiente habría estado sujeto -además de a la acción de animales carnívoros- a la fluctuación de agua por las mareas, la presencia de invertebrados (cangrejos) y aves, entre otros. Esta dinámica posiblemente generó el movimiento del cuerpo y la pérdida de las prendas de vestir.

• El intervalo postmortem estimado, es decir el tiempo mínimo transcurrido entre la muerte y el hallazgo, sería no menor a 30 días determinados por tafonomía (acción del ambiente) y entomología (micro fauna asociada a los restos); siendo el tiempo máximo estimado del período transcurrido desde la muerte mayor, pero no pudiendo determinarse científicamente.

• Del estudio forense no surgen elementos que permitan suponer que los restos humanos hayan estado en otro ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem consignado.

Todo lo descrito se encuentra fundamentado en los hallazgos, análisis y estudios complementarios realizados en los restos óseos de quien en vida fuera Facundo José Astudillo Castro por los peritos que participaron de la autopsia y firmaron el Informe integrado recibido por el juzgado: Dr. Luis Fondebrider (Antropólogo Forense, Director ejecutivo del EAAF), Lic. Analía Simonetto (Antropóloga Forense, Coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense del EAAF), Dra. Mercedes Salado Puerto (Bióloga y Antropóloga Forense, Coordinadora de Identificación del EAAF), Dr. Luis Alberto Bosio (Médico Forense del EAAF); los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) Dr. Roberto Cohen (Médico Forense, CMF), Dr. Alejandro Rullan Corna (Médico Forense, CMF), Dra. Marta Maldonado (Odontóloga Forense, CMF), Dr. Jorge Pereyra (Radiólogo Forense, CMF), Lic. Mariana Selva (Antropóloga Forense, CMF); y los especialistas propuestos por el EAAF, Dra. Nora Irene Maidana (Laboratorio de Diatomeas Continentales del CONICET), Dr. Néstor Centeno (Entomología Forense de la Universidad de Quilmes), los especialistas en tafonomía, Dra. María Amelia Gutiérrez (Ciencias Naturales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN), Dra. María Clara Álvarez (Arqueóloga, UNICEN) y el Dr. Cristian Ariel Kaufmann (Ciencias Naturales, UNICEN); y la perito de parte Dra. Virginia Creimer, consultora en Medicina Legal.

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Rechazan habeas corpus: para la justicia las amenazas policiales no representan riesgo

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(Agencia Andar) El Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca desestimó un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por intimidación policial contra Cristina Castro, sus abogados y personas del círculo íntimo de Facundo Castro.

En un fallo contradictorio, el juez no desconoció las denuncias ni el testimonio de las víctimas, incluso remitió las copias del expediente para que se investigue si hubo delitos de acción pública pero concluyó que estos actos no representaban un riesgo inminente para la libertad e integridad.

La jueza Gabriela Marrón, quien debía atender esta presentación, se negó a hacerlo desobedeciendo el fallo de la Cámara. La CPM apeló en la instancia revisora la denegación del habeas.

Para la justicia, ni los patrulleros merodeando sus domicilios con luces apagadas ni los seguimientos en la vía pública sin orden judicial alguna representan un riesgo inminente a la libertad de las personas.

Esta decisión va a contramano de la actitud que se adoptó en otro momento; desde el comienzo de la causa que investiga la presunta desaparición forzada seguida de muerte, la justicia reconoció hechos de amedrentamiento. Hay dos antecedentes concretos: uno de ellos, el habeas corpus por el hostigamiento policial al ex cuñado de Facundo; el otro, la investigación judicial que se inició por las amenazas del subcomisario de Mayor Buratovich, Pablo Reguillón, al abogado Luciano Peretto.

El habeas corpus había sido presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como querellante institucional en la causa central. La presentación del organismo denunciaba que “efectivos de la Policía Bonaerense continúan con sus apariciones repentinas y vigilan, sin causa legítima ni orden judicial, los domicilios y lugares de trabajo de los familiares de Facundo, así como de testigos importantes y abogados de la familia”.

Uno de esos episodios tomó notoriedad pública días atrás: un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires estacionado, sin razón aparente, frente a la casa de Luciano Peretto. Cuando el abogado llamó a funcionarios de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense le dijeron que había móviles haciendo controles en el acceso al pueblo. Peretto vive a unas 15 cuadras del ingreso de Pedro Luro.

“Tengo mucho temor no sólo por mí sino, especialmente, por mi familia, porque tengo hijos pequeños”, declaró el abogado en la audiencia de habeas corpus citada por el titular del Juzgado Federal N 1 de Bahía Blanca, Walter Lopez Da Silva. En la misma audiencia, las siete personas amparadas por el habeas ratificaron los hechos denunciados.

El mismo juez valoró los testimonios eran “creíbles y verosímiles”, sin embargo rechazó el habeas corpus porque sostuvo que no existía una “amenaza actual, ilegítima e inminente a la libertad física”. Incluso, llegó a suponer en su resolución que la presencia y el merodeo de patrulleros de patrulleros podría sencillamente “tratarse de actividades congruentes con las propias funciones asignadas a las fuerzas de seguridad” en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En los fundamentos, el juez Lopez Da Silva también justificó su decisión en la inexistencia de orden judicial de detención sobre las personas amparadas; una interpretación extraña puesto que el temor, que amerita el habeas, es por la consumación de acciones ilegales de la policía.

A pesar de intentar minimizar el riesgo que significan estos actos intimidatorios, ante la evidencia de los testimonios y la sistematicidad de estas prácticas, el juez abrió la posibilidad para que estos hechos sean investigados y remitió copia de la audiencia a la Fiscalía Federal N 1, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, en donde tramita la causa central, para que “de estimarlo conducente” investigue la posible comisión de delitos de acción pública.

Es decir, la decisión de desestima la pertinencia del habeas corpus para atender esta denuncia y delega la respuesta judicial en el mismo fiscal que ya fue recusado en más de una oportunidad por la querella; sobre su actuación, Cristina Castro ya dijo haber perdido toda confianza. Los cuestionamientos sobre su intervención llegaron a tal punto que el Procurador General de la Nación designó dos fiscales —Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia— para sumarse a las tareas investigativas.

Cabe destacar que el tratamiento del habeas corpus fue ordenado el viernes pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca luego de haber sido desestimado en primera instancia por la titular del Juzgado Federal N 2 María Gabriela Marrón. Sin embargo, la jueza desoyó a la Cámara: ese mismo viernes decidió que no iba a tomar audiencia y en cambio iba a pedir informes a distintas fuerzas de seguridad; dos días después remitió el expediente al Juzgado Federal de turno.

Al momento de decidir por primera vez en el habeas, la jueza Marrón había declarado su incompetencia porque, contrariamente a lo señalado por la querella, entendía que no había relación con la causa por presunta desaparición forzada seguida de muerte que tramita en su juzgado. La Cámara antes y el Juzgado Federal N 1 ahora consideraron que estos hechos de intimidación policial debían tratarse en el juzgado y fiscalía donde tramita la causa central porque existe entre una pesquisa y otra una estrecha vinculación.

La suerte del habeas corpus vuelve, nuevamente a la Cámara; la CPM apeló la decisión del juez Walter Lopez Da Silva que rechazó el habeas corpus por no declararlo pertinente, pero reconoció al mismo tiempo que podrían existir delitos de acción pública.

En el escrito de apelación, la CPM sostuvo que la presencia policial en los hechos descriptos aparece como una amenaza velada y una vigilancia continua, e ilegítima por irrazonable, que no pueden considerarse como casualidades ni acciones desplegadas en el ejercicio del deber policial. Y agregó: “Los testimonios deben valorarse en el contexto de estar inscriptas en el curso de la investigación penal por la desaparición y muerte de Facundo”. Por ello el organismo ya había requerido “con carácter excepcional la radicación directa y asunción de competencia por el Juzgado Federal que se encuentra a cargo de la pesquisa principal”.

En cuanto a los argumentos técnicos utilizados por el juez federal López Da Silva para declinar la procedencia de la acción, la CPM resaltó que, de conformidad a la doctrina constitucional, indicios vehementes o incluso la duda bastan para otorgar la protección que brinda el habeas corpus. Y que el otorgamiento de esta acción no resulta incompatible con la posibilidad de denunciar la comisión de un delito de acción pública, tal como pudo prever el mismo juez.

El antecedente inmediato es promisorio: con el voto mayoritario de sus miembros, la misma Cámara Federal de Bahía Blanca entendió que, por la gravedad de la denuncia, era necesario dar trámite a la acción.

Mientras tanto, este jueves 1º de octubre, las partes recibirán en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense el informe de la autopsia al cuerpo de Facundo. Una medida de prueba que puede arrojar más luz sobre las causas de la muerte del joven que estuvo desaparecido desde el 30 de abril, luego de ser demorado por violar la cuarentena por agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

A cinco meses de la última vez que alguien vio con vida a Facundo, en la causa judicial la hipótesis más firme sigue siendo la desaparición forzada y una gran cantidad de indicios apuntan hacia la responsabilidad policial.

Foto: Facebook Cristina Castro.

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#HastaLaVerdad: a cinco meses de la desaparición de Facundo

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A las 20:30 familiares, amigues e integrantes de la comunidad de Pedro Luro se reunirán en la estación del ferrocarril para encender velas en memoria de Facundo Castro al cumplirse cinco meses de su desaparición.

Será en vísperas de la entrega de los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del joven, encontrado a mediados de agosto en Villarino Viejo. En el marco de la causa por desaparición forzada seguida de muerte el trabajo está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La audiencia comenzará a las 9 de la mañana y a su término el Juzgado Federal N°2 difundirá un comunicado con las conclusiones. La querella estará representada por la perito Virginia Creimer.

Por otra parte, este miércoles el bloque de concejales/as del Frente de Todos propuso poner el nombre de Facundo al predio del ferrocarril de Pedro Luro.

El edil Ignacio Dallavia dijo a FM De la Calle que el lugar “significó mucho para Facundo, era su casa, donde él pasaba gran parte de su tiempo, era un lugar de aprendizaje, de encuentro, de lectura, de trabajar por el otro, de trabajar por verdad y justicia, por la memoria. Facundo era un comprometido con la causa”.

“Hemos trabajado con vecinos de Pedro Luro y con compañeros en esta iniciativa, nos parece importante marcar ese lugar y que sea el símbolo de encuentro de todos los villarinenses con Facundo”, agregó.

Dallavia destacó que “es un proyecto muy completo, con todo el trabajo que realizaba y cómo se veía reflejado en el otro: un pibe bueno, alegre, de familia, murguero. Creemos que es en estos casos donde tenemos que visibilizar estas tareas que hacía Facundo como un montón de pibes más que trabajaban en el Semillero Cultural con un objetivo claro que era mantener viva la memoria del pueblo”.

Les concejales pretenden realizar un mural en uno de los galpones del sector para que “cuando nos acerquemos todos los vecinos a tomar un mate o compartir una actividad física estemos más cerca de Facu compartiendo ese mate”.

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“Si se hace el pajero, que lo bajen”

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Uno de los policías de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich que retuvo en la ruta a Facundo Astudillo Castro el día en que fue visto con vida por última vez recibió un mensaje a su celular de parte de otro efectivo de esa jurisdicción en el que le dijo “si se hace el pajero, que lo bajen”, informaron este domingo fuentes de las investigación.

“Mensaje recuperado de un policía (si se ase el pajero vajalo –sic-) asesinos hijos de p—a”, publicó esta tarde en su cuenta de Twitter Cristina Castro, la madre de la víctima, aunque la mujer no dio precisiones sobre el emisor ni el receptor de ese mensaje.

Leandro Aparicio, uno de los letrados que representa a la madre de Facundo, confirmó a Télam la existencia de esa frase recuperada a través del análisis de las comunicaciones entre los policías investigados pero también se excusó de brindar mayores detalles para preservar el avance de la pesquisa.

Sin embargo, una fuente de la investigación explicó a Télam que ese mensaje fue recibido por el oficial Mario Sosa cuando se encontraba en la ruta el 30 de abril último, (día en que desapareció Facundo), alrededor de las 10.11 y luego de hacer una consulta a la Subestación Comunal de Buratovich.

De acuerdo a la investigación, Sosa y la oficial Jana Curuhinca fueron los dos efectivos que retuvieron al joven cuando transitaba por la ruta hacia la ciudad de Bahía Blanca aunque ellos afirmaron que luego de infraccionarlo por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) lo dejaron seguir.

Según la fuente consultada, a partir del análisis de las comunicaciones que realizó Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración, cuando los efectivos que estaban en la ruta consultaron a la Subestación, una oficial que se encontraba allí le mandó luego un mensaje a Sosa en el que le indicó que otro oficial pedía que le pasaran a él “los datos completos y la foto” y un segundo en el que señaló “y si se hace el pajero que lo bajen”.

Mientras que Sosa, estando el móvil aún detenido en la ruta, le respondió minutos después con un “dale”.

Fuente: Télam.

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