Sobrevivientes de la Triple A y familiares de víctimas de Río Negro no pudieron seguir la primera audiencia testimonial realizada ayer en Bahía Blanca por la falta de transmisión en vivo por parte del tribunal.

La intención era proyectar los testimonios en la Casona de la Memoria Eduardo “Bachi” Chironi ante la imposibilidad de viajar a nuestra ciudad e ingresar a la sala por la pandemia.

Entre otras familias, tampoco pudo participar desde Chile la de Víctor Oliva Troncoso, una de las víctimas de la causa, de cuyo secuestro y asesinato se cumplieron 45 años este jueves.

“Estamos viendo la nada, intentando ver cosas donde no se pueden ver, muy preocupados por esta situación de desinformación, de incertidumbre, porque no se sabía hasta hoy por la mañana si se iba a transmitir, si se iba a continuar o no el juicio y la situación de los testigos”, dijo a FM De la Calle Julia García. 

La hermana del “Negrito” afirmó que “el juez dijo que dado el tiempo transcurrido iba a continuar con la audiencia. Es cierto, pasaron 46 años, vaya si pasó tiempo. Estamos de acuerdo con que se realice pero el coronavirus no puede ser excusa para desvirtuarlo. Es un juicio significativo para Bahía y el país, habla de una participación de civiles amparados en el Estado matando gente y secuestrando en Bahía Blanca”. 

García y otras integrantes de su familia tendrán que declarar en el transcurso del debate aunque ya manifestaron que no aceptarán hacerlo por videoconferencia. “Tenemos el derecho a declarar en condiciones adecuadas, en el caso nuestro son 46 años esperando este momento, cuidando todo recuerdo y cada detalle para no olvidar. El juicio es una instancia reparadora, es la posibilidad que te escuchen y que los imputados se sientan señalados por nuestros dichos y por nuestro relato, no en sus casas tranquilos”.

A su lado, Verónica Alduvino -hermana de Fernando- agregó: “Tanto yo como mi familia esto lo estamos viviendo con un alto nivel de frustración. Los 46 años no estuvimos sentados esperando que se abriera el cielo y bajara la justicia, hicimos un montón de acciones. Mi papá y mi mamá se cansaron de hacer cosas, incluso en el gobierno militar poniendo en riesgo su vida como la de mi hermano más chico, es absolutamente injusto”.

“Estamos enjuiciando al Terrorismo de Estado que ocurrió en un gobierno democrático legítimamente elegido por el pueblo del ’73 al ’76, amparados por este gobierno mataban personas cuando, si alguien era señalado por algún delito, estaban los resortes del Estado para enjuiciarlo, pero no sacarlo de la casa y matarlo”.

“Esto ocurrió y fue metido debajo de una alfombra durante muchísimos años. Nosotros intentando levantarla y sistemáticamente lo volvían a ocultar. Una vez que pudimos por favor que se haga con la máxima seriedad que nosotros y nuestros hermanos se merecen. Se está buscando que este juicio sea entre cuatro paredes y que la gente no se entere. Lo que no se da a luz, mañana vuelva a pasar”, aseguró.   

El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, dijo que “esta causa es importante porque hay familiares de víctimas en Río Negro, la seguimos de cerca, fuimos a la primera audiencia, íbamos a transmitir la audiencia en vivo en la casona ‘Bachi’ Chironi en Viedma. Esta precariedad técnica que impide la transmisión es difícil de comprender que en el siglo XXI, que se dependa de la situación de aislamiento de la ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente subrayó la importancia “de la comunicación permanente con los familiares, tener en cuenta su opinión, mirar las audiencias en simultáneo, que no se pierda el carácter oral y público y que se mantengan la declaración presencial por el sentido reparatorio que tiene”.

El Tribunal Oral Federal no garantizará la prometida transmisión en vivo de la audiencia que abrirá este jueves la etapa testimonial de la causa Triple A. Argumentó que el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema vio afectadas sus funciones por el cambio a Fase 1 en el AMBA.

Cabe destacar que el reinicio del debate será con una modalidad mixta con presencia de las partes en Colón 80 y la posibilidad de testigos e imputados de participar por videoconferencia. El público no podrá ingresar a la sala, por ende, no habrá alternativas de publicidad en directo.

Algunos de los testigos convocados y la Comisión de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca reclamaron la postergación de la audiencia. La Universidad del Sur está en condiciones de grabar la sesión aunque depende de permisos del Poder Judicial para transmitir en vivo, es por ello que ofreció subir el material a internet una vez concluida la jornada.

“Teniendo en cuenta que los responsables de la transmisión están en conocimiento de la convocatoria a la audiencia desde hace tiempo y que el cambio de fase en el AMBA fue anunciado el viernes pasado es vergonzoso que no se hayan previsto los inconvenientes técnicos ni la comunicación de los cambios a los testigos convocados”, manifestaron desde la CTA.

La Comisión que tiene como referente a Dante Patrignani, uno de los citados a declarar este jueves, agregó que “los juicios por crímenes de lesa humanidad no solo buscan condenar a los represores con todas las garantías que ellos violaron sistemáticamente durante el terrorismo de Estado sino además cumplen una función reparatoria para las víctimas y educativa para que la sociedad sepa lo que ocurrió en nuestra ciudad y no permita la continuidad y reiteración de las prácticas genocidas”.

Por su parte, desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca afirmaron que “rapidamente debería solucionarse y buscar las herramientas adecuadas para ‘garantizar de manera plena el principio de publicidad del debate’ como planteó el mismo tribunal, cuya responsabilidad es la de realizar los juicios de manera oral y pública y con pleno acceso a la divulgación del mismo”.

El inicio de la audiencia está anunciado para las 10 en Colón 80. Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso de las medidas necesarias para la reanudación del juicio postergado, a raíz de la pandemia, a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A.

Los acusados se encuentran señalados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.

Según la disposición del Tribunal, las audiencias de debate se realizarán en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, a puertas cerradas, a fin de cumplir con el distanciamiento social entre los presentes, entre otras medidas, con el mismo fin. Previo a fijar la fecha de reanudación, se dio traslado a las partes para que expusieran las objeciones y solicitaran las medidas que consideraran pertinentes. Las audiencias seguirán una modalidad mixta, participando por conexión virtual remota todas las personas pertenecientes a población de riesgo o que opten por dicha alternativa.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal -a través de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia- compartió las pautas fijadas por el tribunal. Además solicitaron medidas adicionales para reforzar la seguridad y tranquilidad de víctimas, familiares y testigos, y requirieron la fijación de fecha de debate. El juicio había comenzado el 9 de marzo y fue interrumpido por el aislamiento obligatorio.

Entre otras pautas, se pidió que se tenga en cuenta el carácter especial que, en estos procesos, reviste el acto de declaración presencial ante el tribunal, para muchas víctimas sobrevivientes y familiares convocados como testigos; al respecto, marcaron que debe tomarse en consideración su voluntad en cuando a la modalidad de participación en la audiencia. También se señaló la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.

Cabe recordar que, al requerir la elevación a juicio de la causa, la fiscalía había calificó los crímenes de los acusados como de lesa humanidad y genocidio. Se encuentran señalados por ellos Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. También había sido procesado Héctor Oscar Chisú que murió antes de llegar a juicio y fue declarada extinta la acción penal en su contra.

Aceituno es quien se encuentra acusado “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”, por el asesinato del militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. La víctima fue asesinada el 3 de abril de 1975 de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur). Se encontraba en una convocatoria a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, que tenía como objetivo revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que conducía.

Resolución del Tribunal

En su resolución, los jueces recordaron el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que recomendaba a “los tribunales orales que tengan en trámite juicios cuyo objeto de investigación fueran hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y cuya conclusión fuera posible por vía remota y/o sin gran desplazamiento de participantes, a que procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”. También se citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la instrumentación del “protocolo para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria, el referido a la convocatoria de funcionarios y empleados y lo más importante, el que establece las medidas de higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación”.

De esta manera, el Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y señaló “la obligación de extremar los recaudos y considerar las alternativas que permitan continuar con los procesos, siempre bajo la condición necesaria de garantizar los derechos de las partes”. Asimismo, el TOF hizo alusión al deber “impostergable e irrenunciable que tiene el Estado de investigar, identificar y sancionar a los autores de las violaciones a los derechos humanos”, en el marco del cumplimiento “de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (…), garantizando el cuidado de la salud de todas las personas que se vean involucradas en el desarrollo del juicio”.

En este mismo sentido se había manifestado el Ministerio Público Fiscal, cuando consideró que “están dadas las condiciones para la reanudación del debate oral y público en la presente causa, siempre y cuando se adopten rigurosamente las medidas previstas en el Protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación por la pandemia de Covid-19”.

Fuente: fiscales.gob.ar