La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo colectivo del Tribunal de Casación que otorgaba prisiones domiciliarias a las personas detenidas por delitos leves y que integren los grupos de riesgos frente al COVID19. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza esta decisión que significa un grave retroceso frente a la única medida estructural efectiva que tomó la justicia bonaerense para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y comisarías, tal como lo recomendaron organismos internacionales de derechos humanos.

La Corte bonaerense ordenó además revisar las morigeraciones otorgadas, pero no definió ninguna norma práctica de actuación judicial. Como si se tratara de una situación normal, cada juez deberá analizar los pedidos de arrestos domiciliarios que formulen sus detenidos, en un trámite lento e ineficaz frente a la gravedad y necesidad de medidas urgentes.

Luego de admitir el recurso de queja que presentó el fiscal de Casación, Carlos Altuve, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA) decidió “reencauzar” el fallo del 8 de abril del máximo tribunal penal de la Provincia, que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la sentencia de la Corte provincial que, en los hechos, revoca las líneas de actuación recomendadas por Casación y así clausura la única iniciativa estructural efectiva  para atender la crisis sanitaria que se vive en cárceles y comisarías bonaerenses por el avance del coronavirus.

El máximo órgano de justicia de la Provincia reconoce “el grave problema estructural de la superpoblación y hacinamiento” —situación sobre la que ya se explayó en varias ocasiones—, que se aprecian “hechos que comprometen la dignidad humana y la integridad personal de los detenidos» configurando un «estado de cosas lesivo de derechos humanos básicos» y, por último, advierte la grave contingencia y amenaza que genera la pandemia para las personas detenidas.

Sin embargo, a pesar de este lapidario diagnóstico, revoca un fallo que había significado la posibilidad de iniciar un camino de resolución estructural a esta grave situación. En este punto, la sentencia de la Corte bonaerense no sólo anula las reglas comunes de actuación dispuestas y recomendadas por el juez Víctor Violini sino que, además, no dicta ninguna norma práctica para la actuación judicial.

El fallo del Tribunal de Casación Penal, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores generales —la CPM adhirió como amicus curiae y fue parte en un pedido de ampliación—, resolvió otorgar el arresto domiciliario de las personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. En los casos que estén verificados estos supuestos, la resolución aclaraba que el “el arresto deberá aplicarse e implementarse desde los juzgados y tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”. Por otra parte, respecto a las personas en grupos de riesgo que hubieren cometido delitos graves, señala que cada uno de los casos deberá ser analizado por cada Juzgado o Tribunal.

Esas líneas de actuación no sólo estaban en consonancia con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además coincidía con resoluciones emitidas por la Corte bonaerense y la Procuración General.

En marzo pasado, mediante la resolución n° 52/20, la misma Corte pidió a los jueces  competentes “evaluar la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad, que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”. La demora en estas resoluciones o el rechazo directo a estas presentaciones motivó el habeas corpus colectivo presentado por todas las defensorías generales.

Ahora, la Corte bonaerense remite nuevamente a esos jueces para que resuelvan los pedidos de morigeración de la prisión.

Lo preocupante es que los jueces deciden con criterios regresivos y contrarios a estándares internacionales de derechos humanos. Tal es así que, en diciembre pasado, la Corte los convocó a una reunión y les llamó la atención sobre la crisis carcelaria, el uso poco racional de las prisiones preventivas y la necesidad de apelar a medidas alternativas a la prisión, adecuando sus resoluciones a lo dispuesto por el Sistema Interamericano de DDHH.

Por último, en las más de 60 páginas de la resolución, los jueces de la Corte no consideraron en ningún momento la situación conflictiva que se vive en las cárceles y comisarías, por la desesperación que provoca en las personas detenidas conocer su vulnerabilidad extrema frente a la pandemia. A esto debe agregarse que la atención sanitaria es inexistente y no se proveen elementos para la prevención del coronavirus (jabones, alcohol en gel, barbijos, etc).

En definitiva, un lamentable retroceso de la Corte provincial en la protección de los derechos humanos y la lucha contra el  coronavirus en los lugares de encierro.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

El fiscal Pablo Fermento destacó la necesidad de analizar cómo reanudar los juicios de lesa humanidad. “Es una situación que no sabemos qué plazo va a tener. Lo cierto es que no se va a normalizar todo de un día para el otro y que no se van a poder realizar concentraciones de gente. En vista de eso, está bueno que se ponga en el tapete, que empiece a planificarse”.

“Va a haber un sacrificio cualquiera sea la vía que se adopte. Tenemos este juicio con estas características, no es lo mismo Triple A que Ejército. Al de Ejército vamos a llegar con muchísimas víctimas que ya pasaron por juicios, los acuerdos con la defensa de cuáles van a ser los puntos a probar, cosas que se utilizan en otros juicios y acá no: la existencia de un plan criminal y situaciones tales que ya ni se discuten. Hay que sentarse, pensarlo, buscar soluciones, medios, escuchar a las partes y tratar problemas concretos”, dijo a FM De la Calle.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas sobre el terrorismo de Estado reanuden los debates «con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria» respecto de los procesos «cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes».

Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A. El TOF bahiense solicitó al Consejo de la Magistratura la adecuación del sistema de videoconferencias.

“Los juicios, por las características que tienen, se vienen haciendo de manera mixta. Cada vez hay más jueces e imputados por videoconferencia. No es novedoso pero sí algo que va a avanzar más allá de lo que pase con la pandemia en lo inmediato. Plantea toda una cuestión, hay sectores que dentro de los organismos de derechos humanos y de las víctimas que tienen posiciones no del todo coincidente“, dijo Fermento.

Dentro de los motivos para no demorar más el debate, mencionó que el paso del tiempo “juega con las domiciliarias o el cese de preventivas, los plazos siguen avanzando, se van estirando y las miradas desde la justicia empiezan a titubear, hay idas y vueltas con respecto a los criterios que son difusos y después el punto final biológico”.

Según el fiscal, la plataforma que utiliza el Poder Judicial es de “una calidad muy inferior que Zoom y Jitsi, con lo cual es todo un problema porque la mediación en el juicio depende de eso y de las medidas sanitarias”.

Las falencias del sistema ya generaron demoras e inconvenientes en los juicios anteriores y podrían ser verdaderos obstáculos en causas como la de Ejército que llegará con el debate más numeroso en cuanto a imputados, defensores, jueces, querellantes y testigos.

En cuanto a las y los testigos Fermento afirmó que “muchos quieren estar presentes, es el caso del hermano de Víctor Oliva Troncoso. Vino al principio del juicio y quiere volver cuando haya que declarar porque entiende que no es lo mismo que los jueces lo vean por una pantalla que tenerlos cara a cara”.

“Yo voy a plantear estar en sala y que los jueces estén en sala. Hay una cuestión que es que hay dos que no son de acá. La cuestión será con los grupos de riesgo”, adelantó.

Agregó que”lo primero que van a querer sacar es el público por la concentración”. Si bien en muchas audiencias la participación mermó, “lo cierto es que el volumen simbólico de los juicios en gran medida se va a perder. Son situaciones complejas, miradas encontradas, lo estamos charlando todos”.

Domiciliarias y excarcelaciones

El fiscal destacó que en la jurisdicción no se otorgaron prisiones domiciliarias por la pandemia de coronavirus. “La situación de detenidos en sede carcelaria, de acuerdo con los informes que mandaron los servicios, es muy diferente a lo que se ve en un escenario común. Están en pabellones muy por debajo de la capacidad, con otras condiciones de higiene, ventilación”.

Respecto a la excarcelación de tres represores ordenada por Casación la semana pasada, explicó que “no guarda relación con la pandemia en un punto y sí guarda relación indirectamente. En el criterio en cuanto a la razonabilidad de los plazos de preventivas de detenidos por delitos de lesa ya se viene haciendo una lectura favorable a los imputados desde hace unos años. Sin embargo, en estos casos la decisión respecto a Gandolfo, Bonini y Maidana es contraria al criterio de Corte”.

“El fallo Acosta dice que el plazo de la preventiva debe analizarse caso por caso de acuerdo a situaciones concretas y no aplicar el plazo de la ley de los dos años y prórroga por un tercer año. La Sala II de Casación no hace mención a Acosta, omite toda consideración sobre ese tipo de parámetros que la Corte dice que hay que contemplar”.

“A los tres imputados se le prorrogó el cese de la prisión en marzo aplicando el fallo Acosta, cantidad de víctimas, complejidad de los hechos, dificultades para investigar este tipo de hechos. Va a Corte y no dice nada de eso, dice que es infundado porque el juicio está parado y no hay una fecha de inicio del debate.

¨Ahí sí ya está la pandemia porque uno de los factores por los cuales está parado es ese. Si bien ese juicio no tenía fecha, depende de la realización del juicio de Triple A. Ahí sí hay una incidencia, más allá de que se podría plantear que se realicen juicios simultáneos”, concluyó.

“No queremos juicios virtuales, queremos juicios públicos, con gente en la calle, con actividades en las escuelas. Para nosotros los juicios son un elemento de la lucha cultural no un ejercicio de reparación que, por supuesto, respetamos y no vamos a obstaculizar”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas de lesa humanidad reanuden los debates “con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”. Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Schulman afirmó que “hay que diferenciar entre los juicios que están comenzado si queremos que terminen pero prestamos mucha atención a la repercusión social de los juicios. Nosotros buscamos disputar contra las ideas de quienes eliminaron y desaparecieron a los compañeros y para eso los juicios virtuales nos quedan muy chicos”.

“Por supuesto, en todos los casos nos atendremos a la opinión de las víctimas y de los sobrevivientes, no somos nosotros los que vamos a decidir por encima de ellos. Sí recibimos la opinión de muchos compañeros que no quisieran que sus juicios sean virtuales, esperaron 40 años para otra cosa”, agregó.

El titular de la Liga concluyó que “como en tantas otras cosas, después nos moveremos dentro del terreno de lo posible pero vamos a intentar que los juicios sean lo más públicos posibles. Tengo en mi memoria el inicio del primer juicio en Bahía cuando estábamos todos en la calle y después entramos a la Universidad Nacional del Sur. Eso es lo que queremos, eso es lo que tiene sentido, lo que le duela la derecha. No creo que un juicio por zoom le moleste mucho”.

Piden activar la Comisión Interpoderes

Las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes” para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19.

“Conscientes de las dificultades que conlleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio para la continuidad de los juicios, pero también atentos a los derechos de las víctimas como de los imputados en los procesos que se están llevando adelante, manifestamos ante la Corte que ‘se hace imprescindible la creación en su ámbito de un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda planificar y poner en marcha estos procesos de una manera coordinada e integral, de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción, ya que lo realizado hasta el momento ha demostrado ser ineficaz e insuficiente’”.

El 30 de abril, los organismos también reclamaron a la Cámara de Casación Penal que se reanuden los juicios y, a su vez, que se convoque a la Comisión Interpoderes para atender inmediatamente la situación de estos procesos y pedir además el acompañamiento de testigos víctimas del terrorismo de Estado en el contexto de aislamiento social.

La fiscal federal y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), María Ángeles Ramos, solicitó la semana pasada ante la Cámara Federal de Casación Penal que se reanude una parte de los juicios orales relativos a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que quedaron suspendidos por el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Casación recomendó esta semana en un escrito firmado por su presidenta, Ángela Ledesma, que los tribunales orales que tengan en trámite este tipo de causas “procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”.

Entre los procesos mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Ramos había pedido a la Cámara que ejerza sus atribuciones de superintendencia e “inste a los distintos tribunales a reanudar la tramitación de estos procesos judiciales con los recaudos que impone la Autoridad Sanitaria” y los que aquella disponga. En la respuesta de ayer, Casación Federal se pronunció en ese sentido, en los términos de la Acordada 10/20 “y en atención al tiempo transcurrido desde los hechos materia de juzgamiento”.

La fiscal federal había argumentado que “el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora, y la capacidad de gestión de estos juicios por parte de los Tribunales que ya venía aletargada hoy se agrava por estas nuevas y especiales circunstancias que atraviesa el pueblo argentino y el mundo”.

En ese sentido, propuso también que se “evalúe convocar a sesionar a la Comisión Interpoderes y conformar un equipo interdisciplinario para elaborar protocolos de trabajo en la gestión de juicios complejos”. Sobre este punto, la Cámara de Casación indicó que esa Comisión “ha funcionado en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, de manera que sugirió “consultar al cimero tribunal acerca de la viabilidad de reanudar su funcionamiento, a fin de atender a las solicitudes efectuadas y procurar su avance”.

“El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora”, señaló Ángeles Ramos.

Por otro lado, la titular de la Procuraduría había destacado que Mar del Plata fue el “ejemplo” de la posibilidad de continuar, ya que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad “reanudó la audiencia de juicio, escuchó últimas palabras y dio a conocer el veredicto en el juicio conocido como ´Juicio Acumulado”. Fue “con la presencia mínima de las partes, con distancia entre ellas y con la transmisión en vivo por CIJ y redes sociales”. En el mismo sentido se pronunció respecto del TOF 2 de Rosario, que reanudó las audiencias para escuchar el alegato de las defensas en la causa conocida como “FECED III”; y del TOF 1, también de Rosario, que resolvió retomar el debate con el acuerdo de todas las partes en la causa “Saint Amant”.

La nómina de juicios orales mencionadas en la nota

La Procuraduría detalló los juicios orales que se encuentran en distintas etapas del desarrollo del plenario y quedaron paralizados por las medidas dispuestas frente a la pandemia, y uno en el que resta conocer los fundamentos de la sentencia.

A) Juicio oral con veredicto:
TOF 6 CABA, “SUPERINTENDENCIA”, causa CFP 16.441/02/TO1, “Gallone, Carlos Enrique y otros”. Estaba pendiente la lectura de los fundamentos fijada para el 19/03/20.

B) Juicios orales paralizados con prueba concluida:
1) TOF 5 CABA, “ESMA IV”, causa 1891. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

2) TOF 2 San Martín, “ARSENAL ZARATE – CAMPANA”, causa 3238, “Di
Nappoli, Omar Edgardo”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

3) TOF 1 La Plata, “BRIGADA DE SAN JUSTO”, causa 373/2011,“Etchecolatz, Miguel O. y otros”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y
dúplicas.

4) TOF Mar del Plata, “CNU 2”, causa FMP 33013793/2007, “Corres, Oscar
y otros”. Estaba pendiente la delaración indagatoria de un imputado y alegatos.

5) TOF Comodoro Rivadavia, “BEL”, causa FCR 24000925, “Hermello, Hernán Alvaro; Rodríguez, Watsonm; Delfín Heriberto-Nichol Tito”. El MPF alegó el 9/3/2020. Quedó pendiente continuar con alegatos, réplicas y dúplicas.

C) Juicios orales paralizados con prueba pendiente de producción:

1) TOF 1 CABA, “ORLETTI V” causa 2637/04, “Vaello, Orestes y otros sobre privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado”

2) TOF 4 CABA, “VESUBIO III”, causa 14.216/03, “Lugo, Eduardo David y otros”.

3) TOF 4 San Martín, “CONTRAOFENSIVA”, causa 3055, “Riveros, Santiago Omar – Caso 459”.

4) TOF 1 San Martín “CAMPO DE MAYO – ÁREA 400”, causa 3005, “Riveros, Santiago Omar y otros”.

5) TOF Bahía Blanca, “TRIPLE A” causa 93000165/2013, “Aceituno, Raúl Roberto y otros”.

6) TOF Mar del Plata, “LA CUEVA III”, causa FMP 13000001/2007/TO3, “Ullúa Eduardo Salvador y otros” -se reanudó hoy-.

7) TOF 1 Tucumán, Megajuicio “TÁRTALO”, causa 400795/2004- “Tártalo, Guillermo y otros”.

8) TOF 1 Mendoza, “Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aerea” causa FMZ 14000591/2009/TO1, “Escobar, José Antonio y otros”.

9) TOF San Juan, Megajuicio III, causa FMZ 54004613, “Cardozo, Eduardo Daniel y otros”.

10) TOF Jujuy, “LA NOCHE DEL APAGÓN”, causa 76000048/2012,
“Braga, Rafael Mariano y otros”.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal liberó a tres represores que esperan ser juzgados en una nueva etapa de la causa Ejército. Se trata de Adalberto Bonini, Ricardo Gandolfo y José Maidana, dos de ellos estaban en sus casa con prisión preventiva.

Brevemente, los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques indicaron al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que reemplace las detenciones con “una medida restrictiva morigerada de control cautelar”.

La resolución no está vinculada a la emergencia sanitaria sino a la “curva” de domiciliarias y excarcelaciones de genocidas que en los últimos años no paró de crecer.

Los jueces argumentaron que fueron superados los tres años de preventiva sin juicio ni condena, demora que solo puede achacársele al propio Poder Judicial. Alejandro Slokar votó en disidencia y afirmó que “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

Mencionó como antecedente el fallo de la Corte Suprema respecto al genocida de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el cual estableció que ninguna decisión sobre la continuidad o anulación de medidas en expedientes que investigan delitos de lesa humanidad debía ser automática sino que debía analizarse caso por caso si la medida de encierro preventivo era necesaria según el proceso.

Adalberto Bonini era enfermero general de la División Sanidad del Departamento IV del Ejército cuando concurría al centro clandestino de detención, torturas y exterminio “La Escuelita” de nuestra ciudad. Maidana y Gandolfo eran jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181. Este último ya fue condenado en 2013 y estaba excarcelado porque el fallo todavía no está firme y se cumplieron dos tercios de la pena.

Desde las redes sociales y con el apoyo de dirigentes vinculados al macrismo se convocó a romper la cuarentena esta tarde para participar de una “Marcha de los barbijos contra el comunismo”. Más allá de los memes, el secretario de la Liga por los Derechos Humanos afirmó en FM De la Calle que “el anticomunismo no es un chiste, es la ideología del genocidio”.

“El discurso del anticomunismo despierta fantasmas muy poderosos en la historia argentina. Tenía muy presente un texto que había encontrado cuando fue la batalla que encabezó Roca del genocidio del sur y dice que a los indios los matan por comunistas, dice que lo que más les molestaba era que se negaban a aceptar la propiedad privada como normal. Eso fue en 1886. En 1902, Miguel Cané elabora un proyecto de ley para perseguir a los comunistas libertarios y a los ácratas que era un modo de llamar a los anarquistas”, recordó.

Schulman mencionó que “muchos se sienten incómodos hablando de comunismo y pretenden que no existe más pero quisiera recordar que en China gobierna lo que se autodenomina Partido Comunista Chino y que tiene como objetivo construir el socialismo, después discutimos infinitamente lo que significa eso. Lo mismo se llaman los que gobiernan Vietnam y Cuba”.

“La segunda cuestión de porqué me resisto a reírme es que el comunismo siempre ha funcionado como un discurso totalizador de los colonizadores. En 1974 la ley con la que se fulmina a la insurgencia bajo el genocidio fue aprobada por el Congreso de la Nación”.

Por otra parte, señaló que “hay una frase muy famosa de los principales genocidas, van a perseguir a los subversivos, a los que ayudan a subversivos, a los que son neutrales y a los que no saben que son subversivos. En el mismo sentido que una frase anterior de otro genocida que decía que hay comunistas en el Partido Comunista, en peronismo, en partido radical, en la iglesia y que hay comunistas que no saben que son comunistas”.

Señaló que el error es creer que cuando se nombra al comunismo se nombra a una u otra institución. “En Argentina siempre ha tenido un carácter amplio. Cuando se nombra como comunistas se refieren a todos los que quieren aplicar un impuesto a las grandes ganancias, quienes creemos una salida de la crisis que no afecte a los pobres”.

Calificó a Bahía Blanca como “unas de las bases más poderosas de la ocupación del imperio en Argentina. La Nueva Provincia, el V Cuerpo de Ejército, la Base Naval, son instituciones que persisten. Sigue dando vueltas Montezanti que se jactaba de ser amigo de Vilas, de Bussi. Reírse del comunismo con un Montezanti dando vueltas es de tontos”.

“Hay pocas cosas que le dan más pánico a un progresista que el resto piense que es comunista. No veo que el presidente salga a defender la postura política del comunismo que es, por otro lado, parte del Frente de Todos donde hay tres instituciones que representan o que se autoreferencian y están dentro”.

A casi un año de la explosión en la planta de Dow que estremeció a Bahía Blanca, el fiscal Cristian Aguilar desestimó la causa judicial porque “no se cometió ni configuró ningún delito”.

“La conmoción e inevitable preocupación que se generó en función del gran estruendo que sintió ese día en todos los que vivimos en Bahía Blanca e Ingeniero White, me llevaron a extremar las precauciones en miras a determinar si se había ocasionado estrago alguno; si algún operario había resultado lesionado, y si había existido un peligro común para los bienes o se había puesto en peligro la vida de las personas y la sociedad”, afirmó Aguilar.

Concluyó que “la respuesta fue negativa. Ninguna de esas hipótesis se verificó. De modo que las conductas analizadas, no constituyeron un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal”.

La Fiscalía específicamente analizó si se configuraron los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y/o incendio o estrago culposo.

El fallo firmado el 30 de abril aclara que “la ley no habilita al Ministerio Público Fiscal para la investigación y persecución de cuestiones vinculadas al ámbito administrativo u a cualquier otro ámbito que no sea el penal en su ámbito correccional y criminal”.

Ese camino se ocuparon de despejarlo el Comité Técnico Ejecutivo y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, organismos que ni siquiera infraccionaron por ruidos molestos a la multinacional.

La pericia de la UNS

La resolución describe la prueba producida desde la recorrida inicial de planta realizada horas después de la explosión y destaca la pericia de la Universidad Nacional del Sur y la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Dicho estudio evaluó que “el recipiente se encontraban en buen estado” y la rotura se produjo con “más de 10 veces la presión máxima de operación”.”El hecho de haber alcanzado tal presión, indica que el equipo no cuenta con una válvula de alivio de presión; que en este caso hubiese protegido la instalación y evitado que se produzcan fallas”.

En cuanto a la onda expansiva de la explosión, “se determinó que el radio fue de diez metros en todos los sentidos (semiesfera), si se considera como onda expansiva la remoción de material aislante de los equipos aledaños. Se precisó que el mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Ya que algunas partes fueron encontradas a aproximadamente treinta y cinco metros. No se encontraron en la zona del incidente dispositivos cuyo daño hubiera podido provocar una reacción en cadena”.

Finalmente, la pericia estableció los siguientes resultados:

a. Los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encontraban a más de cincuenta metros del lugar del incidente.

b. Como consecuencia del incidente, el riesgo de daño a bienes indeterminados que no fueren propiedad de la empresa Dow Argentina fue muy bajo o prácticamente nulo.

c. La explosión hubiera sido de carácter fatal para quien se encontrara dentro de un radio menor a diez metros. Ello a causa de los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). Si alguien se hubiera encontrado dentro de un radio de cuarenta metros el riesgo habría sido alto por el impacto de las proyecciones de material.

El gobierno abandonó las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio del Mercosur con Corea del Sur, Canadá, Singapur, Líbano e India. La investigadora del CONICET y coordinadora de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC, Luciana Ghiotto, explicó el significado de la decisión.

“Es una movida interesante del gobierno en un contexto convulsionado en la coronacrisis. Hay mucho ida y vuelta de información, Argentina no se salió del Mercosur, lo que hizo fue suspender su participación en las negociaciones del Mercosur como bloque. Esto excluye lo que es Mercosur- Unión Europea. Es como una situación muy anómala y va a abrir interrogantes de cómo seguir”, dijo a FM De la Calle.

Ghiotto comentó que “hay que tener en cuenta que los Tratados de Libre Comercio de comercio y de libres tienen muy poco. Son tratados que comprenden una gran cantidad de temas, no solamente de aranceles, sino compras de servicios, compras públicas, patentes, inversiones, es un conjunto de normativas. Se convierten en chalecos de fuerza para los Estados y sus capacidades para llevar a cabo políticas públicas”.

“Muchas de las políticas que se van a desarrollar en los próximos meses en el marco de la pandemia no están permitas por los TLC, los cuales prohíben estas medidas que puedan avanzar sobre los privilegios de las trasnacionales. Grobocopatel es el único que sale ganando del lado Mercosur con estos tratados”.

Respecto a las negociaciones con Corea del Sur, la investigadora señaló que “fue un acuerdo cuestionado porque no hay ningún acceso al texto y también porque se cuenta con experiencias de otros países que han firmado tratados con Corea”.

“Corea firma en su favor, por ejemplo, Samsung es una megacorpoación coreana que produce un montón de cosas, Daewo, Kia, qué van a ‘competir’ con industrias de América Latina. En Colombia se hizo una campaña en contra muy fuerte porque sabían que iban a afectar la producción nacional de línea blanca”.

En relación al impacto de los TLC en el capítulo de la propiedad intelectual, Ghiotto explicó que lo que han hecho es “extender cada vez más el uso monopólico de las patentes por parte de las farmacéuticas. Les encuentran pequeños engaños para que una patente pueda ser extendida en el tiempo a medida que se le descubren más propiedades. Eso hace que vos no puedas producir con laboratorios nacionales un genérico y bajarle el precio -por ejemplo, aquellos que son usados para grandes campañas de VIH o Hepatitis C- y se los puedas dar gratuitamente a la población. Pone de igual a igual a grandes empresas a competir en licitaciones públicas, como podría ser Bayer contra Bagó”.

Para Ghiotto, la salida de la mesa de negociaciones del acuerdo con Corea “es una jugada compleja porque la urgencia más grande es Unión Europea- Mercosur. Ese acuerdo va a estar para ser firmado en unos poco meses. Ahí hay una urgencia real que es que estamos exigiendo que el gobierno tome una posición contraria”.

Pablo Becher es profesor y licenciado en Historia y Magíster en Sociología. Colaboró con esta nota para el Boletín Tramas. Compartimos, además, la entrevista realizada con el autor esta mañana en Redacción de la Calle.

Breve repaso de la situación histórica local (Bahía Blanca).

En Argentina, la estructura ocupacional se ha caracterizado en las últimas décadas por una profunda heterogeneidad y fragmentación en la clase obrera, marcada por un aumento significativo de la desocupación, la sub-ocupación horaria, la sobreocupación y otras formas de explotación laboral. Esta tendencia se visibiliza en una creciente pauperización y empobrecimiento de amplios sectores sociales, incluyendo la clase media. La ciudad de Bahía Blanca ha mostrado, cíclicamente en los últimos años, altas tasas de informalidad y precarización laboral, trepando en ambos casos al 35% (EPH- Indec, 2014- 2019), siendo bastante elevadas en comparación con el promedio nacional. En este sentido, el panorama del mercado laboral bahiense ha presentado una desmejora notable, agudizando mayores procesos de desigualdad tanto en el acceso como en la permanencia.

En medio de este contexto, la expansión de los servicios de logística, distribución de documentos, gestiones, pagos y cobranzas a pedido, como de entregas de diferentes mercancías a domicilio, se intensificó en diferentes ciudades de la Argentina. Ya sea como parte una nueva forma de relación entre consumidores y vendedores en el mercado, por los cambios en los hábitos de consumo  o por la inmediatez en el disfrute de una “entrega eficiente”, la figura del cadete, delivery o mensajero ha cobrado notable visibilidad.

Bahía Blanca ha comenzado a extender la cadetería y la mensajería con el crecimiento del propio ejido urbano y la instalación de diferentes comercios gastronómicos fuera del macrocentro. De esta forma el crecimiento exponencial de los trabajadores de la moto fue una constante desde mediados de la década de 1990 hasta la actualidad, contabilizando a partir de estadísticas informales un número aproximado de 800 cadetes y mensajeros (en su mayoría varones) que circulan por las calles.

Como parte de una investigación más amplia y a partir del relevamiento de periódicos, informes estadísticos, laborales, sindicales y un conjunto de diversas entrevistas, se ha logrado una caracterización del trabajador de la moto que permite avanzar en la comprensión de su situación específica. En general, se utiliza el concepto de motoquero o trabajador de la moto asociado a un asalariado que utiliza su vehículo (principalmente motocicleta) como herramienta o medio de trabajo. Existe una falsa concepción del cadete o mensajero como como cuentapropista (que paga un monotributo) y trabajador autónomo: esta identificación encubre relaciones asalariadas y de subsunción laboral, ya que como personificación asalariada responde a un patrón que lo contrata para efectuar un servicio, y le extrae un plusvalor relativo por la entrega de mercadería dentro de un tiempo estipulado.

Los cadetes y mensajeros se encuentran englobados mayoritariamente entre los trabajadores informales o no registrados. La proporción de trabajadores en blanco es de un 20% en toda la ciudad.  A su vez este grupo se puede dividir en dos subgrupos: los trabajadores regidos por contrato de trabajo, encuadrados bajo algún convenio colectivo, y los monotributistas, trabajadores cuentapropistas que facturan autónomamente a terceros por contraprestación de su trabajo, que carecen de derechos de las conquistas históricas de los trabajadores (aguinaldo, convenio colectivo, vacaciones pagas, pago de feriados, regulación de la jornada de trabajo, indemnización, antigüedad, art). En general, los motoqueros se encuentran bajo una condición de precarización total lo que reduce sus derechos a mínimas condiciones.

Entre las características propias de la actividad el trabajo en la moto, se percibe entre los trabajadores como una tarea ardua, de mucho esfuerzo físico y psicológico, muy intensa y desgastante, con muchas horas bajo la presión de la empresa, de los compradores o mediadores y del propio tránsito. Los peligros abundan en la tarea con una situación permanente de riesgos por accidentes, caídas, golpes e inestabilidad permanente. Es común la polivalencia y la multifuncionalidad de tareas, donde los empleados realizan más actividades además de repartir mercancías o realizar trámites. La actividad se paga principalmente por hora de trabajo aunque se ha acrecentado en el último tiempo el pago por jornada. La mayoría no llega al salario mínimo vital. Muchos trabajan a “destajo” lo que significa mayor velocidad en horas de trabajo sobre la moto para recuperar tiempo y hacer un poco más de “ganancia”.

Se visibiliza una manifiesta diferenciación dentro del rubro, ya sea si es cadete, mensajero o ambos, por su relación de contratado con grandes empresas, medianas empresas o tercerizadoras, o por su antigüedad y estabilidad en el empleo. Los cadetes de deliverys sufren peor paga y deben trabajar más tiempo y en horarios nocturnos. En general se notan diferencias entre aquellos que están en blanco (un 15%) y el resto. En este sentido, las diferencias entre cadetes y mensajeros se acentúan como parte de la heterogeneidad de la actividad: la mensajería se realiza en un horario diferente, bajo otro tipo de relaciones patronales, con otro salario y en muchos casos con menos exposición que la cadetería, muchas veces en mayor precarización laboral. Sin embargo, ambas actividades comparten una misma problemática como trabajadores precarizados, aún en situación de blanqueo.

Ambos rubros tienen sobre ocupación horaria, malas condiciones de salubridad o nulas, y los derechos percibidos muy contados. La mayoría de estos trabajadores se encuentran sin la rúbrica de convenios colectivos de trabajo (CCT), aunque algunos manifiestan que ha podido establecerse algunos parámetros del Convenio Colectivo de Trabajo de Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM). Sin embargo, en varias empresas de comidas rápidas se establece el convenio de los gastronómicos o de los pasteleros con serias desventajas en términos salariales y de condiciones de empleo en relación al convenio específico para cadetes o mensajeros, con lo cual no se pueden establecer tarifas fijas, ni salarios similares en el mismo rubro. Su tarea queda “poco aclarada” contractualmente y permite a los dueños utilizarlos de diferentes formas. Los trabajadores registrados, en proceso de blanqueo con prestaciones pagas son una parte minoritaria, ubicándose principalmente en farmacias y rotiserías grandes. Un 80% de los trabajadores lo hace en negro, bajo convenios por empresa. La cobertura es mínima, reemplazando las ART por un seguro contra accidentes. El tiempo de trabajo empleado de más de ocho horas (ejercido periódicamente) no resulta remunerado en su totalidad, ya que en general facturan por seis horas, obligados por las empresas. Cuando hacen horarios extras todo se paga bajo condiciones del empleador.

En el año 2013 y emulando la experiencia del Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes (SIMECA) y de otras organizaciones sindicales de base, comenzaron a reunirse los primeros activistas en Bahía Blanca, que tenían como idea central conformar un sindicato que legalmente les permitiera obtener derechos mínimos establecidos por el artículo 14 bis de la constitución. En el año 2017, luego de múltiples luchas y procesos de organización en los lugares de trabajo se realizó  una asamblea constitutiva de más de 50 trabajadores de la moto que estableció el estatuto general de la Asociación Sindical de Trabajadores mensajeros y cadetes (ASTRAMYC). Entre las demandas fundamentales que aún hoy el sindicato continúa peleando se consigna: el blanqueo de todos los empleados, el reconocimiento de la moto como herramienta de trabajo, el plus por lluvia, el pago de beneficios como el combustible y mantenimiento de la moto,  y la mejora en las condiciones de trabajo y de salud laboral.

Apelando a la acción directa y los métodos asamblearios, Astramyc ha mostrado un ejercicio de lucha por los derechos de este sector, sosteniendo un conjunto de prácticas sindicales basadas en la democracia de base, el anti-burocratismo, el activismo en la calle y la reivindicación de la unidad y solidaridad entre los trabajadores.

Contexto actual y desafíos de la actividad.

La actual situación mundial y nacional marcada por la expansión del Covid- 19, declarada por la OMS como pandemia, han generado nuevas problemáticas para este sector de por sí golpeado por la crisis durante el macrismo. El decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio ha llevado a diversos sectores laborales a buscar formas de sustentabilidad y solidaridad en común para mantener su propia subsistencia. Mientras las empresas recortan salarios, despiden o suspenden trabajadores, mantienen el empleo bajo condiciones insalubres, o pactan horarios reducidos, la resistencia de colectivos obreros han marcado un rumbo para que el Estado tome medidas que intentar paliar –levemente- las consecuencias negativas de este contexto.

Los trabajadores de delivery y motos fueron asignados dentro de una categoría de servicios esenciales, con lo cual la situación implicó desde un comienzo la búsqueda de garantías institucionales para que se respeten condiciones de higienes y salud en los establecimientos laborales así como un protocolo de uso común para las entregas.

Andrés Siebenhar, cadete y secretario de Astramyc, y Leonardo Scafoglio, mensajero y miembro de la comisión directiva del sindicato, nos comentaron sobre la situación en una entrevista:

– Andrés: “Nos encontramos en una situación complicada, desde que comenzó toda esta cuarentena, algunos locales de comida cerraron pero a eso se contrarresta con que otros sectores incrementaron el servicio de delivery, y empezaron a trabajar el tema de las aplicaciones… con eso comienzan a haber irregularidades con el tema del cuidado y la higiene….Nosotros salimos a hacer denuncias sobre la situación de nuestros compañeros que es una situación de riesgo. En ese sentido el municipio nos llamó para generar algún tipo de protocolo de seguridad e higiene para aconsejar a las patronales de comida de cumplir un protocolo, higienes personales del trabajador/a o que provean de alcohol en gel, barbijo y guantes. Esas condiciones se fueron dando en algunos sectores empresariales, la gente comenzó a tomar conciencia, en eso estamos un poco mejor… En las mensajerías se ha cumplido el protocolo garantizando los elementos de higiene., pero en muchos lugares no se cumplen. No hay pruebas ni registros, eso le exigimos las patronales y las plataformas.”

– Agregó Leo:

“Las plataformas no cumplen con las normas. A eso se agrega que los trabajadores de este rubro ni siquiera tienen un baño en donde trabajan, ningún patrón se hace cargo de su higiene”.

– Andrés afirmaba:

“En este momento es importante sostener los puestos de laburo, que se generen condiciones optima de trabajo, porque nosotros podemos enfermarnos y ser a la vez transmisores del virus, y por eso enseguida a resguardar a los compañeros el tema de la salud… No queremos en este momento presionar a las patronales pero seguramente seguiremos en la pelea del blanqueo y la mejora de las condiciones de trabajo luego de la pandemia…Los compas no quieren perder el laburo, la situación se complica en términos de lucha”

Leo dijo:

“en algunos lugares los patrones son más contemplativos y te dan los elementos de seguridad, pero en otro lugares no. Una de las cosas que nos vemos perjudicados es que el laburo en blanco, en farmacia o rotisería está ganando el mismo sueldo pero trabaja el triple”.

En relación con los trabajadores de App

– Andrés comentó:

“La demanda por plataformas ha crecido exponencialmente, hay mucho más demanda y nuevos compañeros. Están trabajando mucho más los que estaban… entre 12 y 14 horas le están metiendo, laburan mucho tiempo a destajo, cobran por kilometraje, es una situación difícil la que tienen…Las patronales de las APP no pagan el barbijo ni el alcohol en gel todo lo ponen de su bolsillo, como también pagan ingresos brutos, contador y monotributo…compleja la situación, lo único bravo es la concientización de los compas en ese rubro… Podríamos decir que no hay competencia entre mensajero y cadetes con los trabajadores de Pedidos Ya o Glovo… nosotros buscamos de demostrar que no hay diferencia, que somos todos trabajadores tercerizados y precarizados…salimos con ellos a hablar de las realidades que son iguales de alguna manera y que son compañeros a la hora de trabajar… Es un sector que falta llegada, se complica su organización sindical y mucho más en la actualidad, tienen mucha presión empresarial”.

En la actualidad muchos nuevos desempleados han comenzado a realizar el delivery utilizando estas aplicaciones. En una situación critica aceptan cualquier tipo de explotación. Por esa razón, la situación puede complicarse si las patronales empiezan a despedir empleados en blanco cadetes por otros cadetes de pedidos ya en negro. En algunos lugares, los despidos comenzaron a suceder en Bahía Blanca, expresaba Leo.

Las diferencias de criterio entre el sindicato y los trabajadores de Pedidos Ya o Glovo, que trabajan en bicicletas o motos, pueden observarse fácilmente. En una reciente nota periodística de un medio local (Telefé Noticias) comentaban que su prioridad es “cuidarse y ser lo más pulcro posibles”. Algunos sostenían: “Yo tomo las medidas, y el trabajo sucio alguien lo tiene que hacer”. En algún caso hasta romantizaban la cuarentena: “Uno busca ayudar a alguien con  este servicio, terminar bien con gento de amabilidad, da gusto hacer este trabajo en cuarentena”.

La conciencia de que el empleo está precarizado y la explotación es mucho mayor cuesta ser comprendida: “Yo trabajo hace cuatro meses, y empecé por deudas que tengo y por problemas en mi familia… Es cierto que la empresa no facilita los elementos, pero bueno es una decisión de cada uno si quiere trabajar o no,  esto de pagar  nuestra higiene es como una inversión para protegernos y continuar el trabajo…”

Mientras el sindicato pelea por mejorar las condiciones de trabajo, el grado de aceptación de las condiciones de explotación y subordinación laboral de trabajadores individuales que pelan por subsistir, complica la situación. En última instancia permite el avance de las decisiones del capital en los despidos y suspensiones, al tiempo que desregulariza el empleo para obtener más plusvalía.

La cuarentena, como mecanismo de salud pública ha generado algunos avances para contener la curva de contagios en Argentina. Pero deja muchas complicaciones en el mundo laboral: claramente, la crisis golpea a todos indefectiblemente, pero en un contexto de desigualdad previa, se siente mucho peor en unos que otros. Los trabajadores de la moto se encuentran en dificultades y su lucha irremediablemente se ralentiza frente a la pandemia.

Por Pablo Becher. Colaborador invitado del Boletín Tramas.

Foto: “Un trabajador descansa en la plaza mientras espera por otro viaje durante la cuarentena del COVID-19″ por Horacio Culaciatti

(Por Nacho Urruspuru) A más de dos años y medio de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, conversamos con Sergio, su hermano mayor. Desde su cuarentena en Bariloche brindó precisiones sobre la causa judicial y compartió parte de las experiencias acumuladas durante este tiempo en el cual su vida cambió de manera definitiva.

El Vikingo, así lo llaman quienes lo conocen, nos avisa que ya tiene preparado el mate y, por ende, está listo para empezar a contarnos quién era Santiago. Ese joven de 28 años que un primero de agosto en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, cercado por el río Chubut de un lado y por un operativo plagado de gendarmes desde el otro, “mágicamente” desapareció.

A partir de todo esto empecé a conocer otros aspectos de Santiago, porque había un montón de cosas de las cuales yo no estaba al tanto. Así me enteré del caso en que ayudó a construir una casa con adobe. En todos los lugares en los que él paraba estaba vinculado con la tierra. Es más, hace poco en una pizzería de acá de Bariloche empezó a trabajar un mozo que cuando me reconoció se acercó para contarme que había conocido a Santiago en Mendoza haciendo un curso sobre hierbas naturales. Pero más que un amante, él era un defensor de la naturaleza. De hecho, en el lugar donde lo desaparacen estaba acompañando un reclamo por tierras. Él tenía la convicción de que a cada persona al nacer se le debía adjudicar una porción de tierra. Son todas cosas que se van sumando sobre ese Santiago que yo no conocí y un poco me perdí por la diferencia de edad y esta cuestión de estar en distintos lugares.

Para muchos, Santiago fue una figura que los alentó a comenzar una carrera, a militar, o incluso a ir a una marcha por primera vez en sus vidas; para otros era sólo un artesano, un tatuador, un simple hippie sucio, un vago. El año pasado comenzaron a difundir algunas canciones que él había hecho donde puteaba a todos: a Cristina, a Néstor, a Macri y al Papa; eso lo hizo la derecha porque en ese momento le servía. Los mismos que decían que era un hippie sucio, reflotaron sus canciones y ahora lo trataban de artista. Recuerdo que en ese momento Lorena (compañera de Abuelas de Plaza de Mayo) me dijo “pero si Santiago era anarquista, ¿qué pretenden, que cante la marcha peronista?”. Él era eso pero cada persona le puso el rótulo o etiqueta que quiso,. Para mí Santiago era mi hermano.

Desde casi el momento mismo de la desaparición, el caso de Santiago Maldonado despertó en la sociedad expresiones muy contrapuestas. Por un lado, enormes muestras de solidaridad, empatía, compromiso y acompañamiento inundaron masivamente las calles de todo el país. Por el otro, potenció expresiones dolientes e irresponsables impulsadas por el odio que tienen muchos hacia las personas que se revelan. ¿Qué cosas pasan por la cabeza de alguien que, habiendo perdido a su hermano en circunstancias tan extraordinarias, se le presentan en simultáneo estas dos caras de nuestra sociedad? ¿La seguirá viendo de la misma manera?

Una cosa es cuando lo ves de afuera y otra cuando lo vivís en carne propia. Me acuerdo del asesinato de Nora Dalmaso en Córdoba, no estoy seguro en qué año fue, pero no existían como ahora las redes sociales. Se llegaron a hacer remeras con la leyenda: “Yo no estuve con Norita”. Fue de una bajeza terrible, esa deshumanización se me emparenta mucho con lo vivido con Santiago. Hay una porción muy grande de gente con saña y también tenés a los que incluso han conocido a Santiago de chico, pero sabés la clase de discurso que tienen. En esas personas pesa esa cosa de “mejor no me meto” o “algo habrá hecho” o “no opino para no quedar mal”. Todo eso al principio es doloroso y provoca indignación, te dan ganas de decirle: “che, acá estoy, soy de carne y hueso y lo que digo lo digo de verdad, no es que está inventado que Santiago no está y lo estamos buscando”. Acá hasta hubo una diputada nacional que dijo que Santiago estaba en Chile con la RIM (en referencia a la RAM) y que, cuando apareció el cuerpo, llegó a bromear con que estaba conservado como Walt Disney. Esa persona, a días de haber dicho esto, obtuvo el 50% de los votos en Capital Federal. Entonces, hay cierto sector de la sociedad que necesita de ese discurso. De hecho, yo sé que el día de mañana, cuando se pueda llegar a saber la verdad, esa misma gente va a seguir pensando igual. ¿O escuchamos a alguien decir “que idiotas fuimos los años pasados cuando decíamos que no queríamos tanto Estado”? Y ahora, si no hubiera un Ministerio de Salud qué estaríamos haciendo. El año pasado, cuando salimos a apoyar al personal del Hospital Posadas, del Garrahan, eran todos unos vagos. Ahora salen a aplaudirlos puntuales a las nueve.

Acerca del limbo y del loop Judicial

Hoy la causa está paralizada. Pero la verdad es que a pesar de todo ese letargo de la justicia, yo creo que hemos logrado cosas que quizás hoy no se ven pero van a dejar un precedente. En este proceso hubo tres rastrillajes en el lugar, pero el cuerpo recién aparece en un cuarto rastrillaje casualmente dos días antes de las elecciones. Ahí existe un sinfín de responsabilidades, desde el juez Guido Otranto, a quien el día de mañana le cabrá un juicio político como corresponde; al juez Lleral que después de más de un año sin hacer absolutamente nada cerró la causa un día antes de que Argentina sea anfitriona del G-20 y a muchos otros. En el gobierno de Macri todo era pura burbuja, necesitaban hacer aparateadas y cosas infladas como cuando hicieron ese mega operativo con 400 efectivos que estuvieron en el mismo lugar donde después apareció el cuerpo pero no vieron nada. Ahora, en concreto, ningún perito, ni siquiera el Equipo de Antropología Forense, pudo determinar ni cuándo, ni dónde, ni cómo murió Santiago. Eso en la autopsia no está. Tampoco se pudo explicar cómo el cuerpo de Santiago, después de 77 días, aún contaba con cuero cabelludo, uñas y huellas digitales, cuando, de haber estado realmente sumergido en esas aguas, debería haberlos perdido en el lapso de 16 a 35 días.

Hasta este momento el expediente no ha parado de girar dentro de un loop judicial. Primero se cerró, se reabrió cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego se volvió a cerrar.  Se volvió a reabrir, pasó de un juez a otro, ese otro juez no la aceptó, pasó a Cámara, luego a Casación Penal, luego volvió a Cámara hasta que por tercera vez volvió a caer en manos de Lleral, cuando está demostrado que no puede sostener imparcialidad y hasta él mismo se inhibió de tomar la causa nuevamente. Hoy pedimos simplemente que la causa tenga un juez y tenga un fiscal.

Al escuchar a Sergio hablar sobre los golpes bajos y canallas que desde el poder intentaron asestar contra él y su familia o relatar los artilugios de los distintos funcionarios judiciales para congelar la causa, cualquiera puede percibir su grado de determinación. No se exaspera nunca pero su voz no vacila. Relata hechos dolorosos y traumáticos con una naturalidad y aplomo que, mientras me sigue contando lo que piensa del gobierno macrista y del actual, me lleva a preguntarme si este tipo habrá sido siempre así. Enseguida, como si estuviera leyendo mi mente, Sergio suelta: “No es que yo esté en contra de un gobierno en especial, yo estoy en contra del Estado”. Personalmente, yo no sé nada sobre la vida de Sergio antes de toda esta locura, pero esa frase, tan anarquista, me da indicios de que efectivamente algo en él cambió. Por un momento se escucha hablar al Lechuga en la voz de su hermano, el Vikingo.

Mientras yo divago, Sergio sigue hablando. Hace instantes le había preguntado si el cambio de gobierno le generaba algún tipo de expectativa en lo que respecta al avance de la causa. Había empezado con una rápida descripción de cómo el régimen macrista presionaba y se inmiscuía sistemáticamente en la administración de la justicia. De ahí pasó a explicar el hecho de que si bien tiene buena relación con muchos de los actuales funcionarios, incluso amistad con el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, si lo tiene que putear a la hora de llevar un reclamo no va a dudar en hacerlo. “Así como te dije que valoro que hoy tengamos nuevamente Ministerio de Salud, tampoco puedo mirar para otro lado cuando las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires a cargo de Berni reprimen como el otro día, más allá de que Berni haya sostenido y expresado que lo de Santiago fue una desaparición forzada. Eso no impide que yo cuestione, no quiero ser obsecuente, y no me gusta el grupo de aduladores. Cuando hay que llamar la atención se hace, cuando hay que felicitar o agradecer también se hace.

Ya pasó más de media hora de entrevista así que me dispongo a hacer mi pregunta final, la cual encerraba una respuesta de las que más me interesaba conocer. Luego de repasar el accionar vulgar y mafioso de la ex ministra Patricia Bullrich o de la ex diputada Elisa Carrió, entre otres, quienes incansablemente se encargaron de confundir a la opinión pública, de sembrar pistas falsas, de presionar, de extorsionar y de calumniar, no puedo dejar de pensar en la condición de víctimas por partida doble de Sergio y su familia, a quienes nunca dejaron vivir su dolor en paz. Resumidamente, lo que pretendía era que Sergio me dijera si para él alcanzaba con un fallo condenatorio a los responsables de la desaparición y muerte de Santiago, o si, además, esta debía alcanzar a aquellas altas esferas del poder que tanto habían jugado a embarrar la cancha. Después de todo lo vivido, ¿qué sería para vos lograr Justicia?

Tras un breve silencio, por primera vez Sergio respira hondo antes de responder. Que se logre Justicia sería que Santiago esté nuevamente con vida. Entonces, parto de la base de que no hay Justicia porque es imposible que eso suceda. Ahora, algo que se asemeje a eso sería llegar a la verdad. Me gustaría conocer la verdad y creo que a todos los que acompañan el reclamo, y a los que no también porque hay una necesidad de verdad. Yo quiero saber qué le pasó a Santiago, quiero saber dónde está Julio López, quiero saber qué le pasó a Luciano Arruga, quiero saber qué le pasó a Daniel Solano. Eso es la necesidad de la verdad. Porque la desaparición forzada es más que un título o una carátula. Es algo horrible porque sentís que se te cagan de risa en la cara. Estás en un lugar dónde todos saben lo que pasa y, mientras vos no te enteras, hay un montón de gente que sí sabe lo que le pasó a Santiago, dónde estuvo. Hay genocidas que están con vida y saben dónde están los y las desaparecidas y no lo dicen, se lo llevan a la tumba.

Después de esa necesidad de la verdad por supuesto que me importa la condena. No sólo para los que lavaron las camionetas, los que rompieron las fajas de seguridad, los peritos que firmaron y después recibieron subsidios, no solo toda esa cadena sino también para los de arriba, Macri, Bullrich y todos los que están en esa línea.

Mentalmente doy por finalizada la entrevista, Sergio ya me respondió todo lo que me interesaba y más. Sería bueno que empiece a pensar en algún tipo de saludo y agradecimiento antes de que termine de hablar. Pero de repente escucho: “Sentís que todos te mienten, el juez te miente, el fiscal te miente, los gendarmes mienten, todos mienten y nadie investiga nada porque a nadie le conviene. Es como dice la canción de Sara Hebe: “nadie se suicida en una comisaría y los cuerpos no aparecen flotando río arriba”. Pero el otro día apareció una chica que oh casualidad! se suicidó en una comisaría. En Gesell, días antes de lo de los rugbiers, apareció en la puerta de la comisaría un chico de 38 años que pesaba 85 kilos ahorcado con un buzo. Todo eso queda tapado. Me parece que hay que hacer un trabajo de fondo y los que lo tenemos que impulsar somos nosotros. Si yo me quedo reclamando sólo por lo de Santiago, me quedo en la cómoda mía. Hay que involucrarse. A mí me llena un montón poder hacer de puente para un pibe en Tucumán que no sabe cómo llegar a pedir ayuda. No me dedico a eso y tampoco quiero en mi vida esa mochila de hacerlo todo el tiempo, pero no me puedo quedar sólo con lo de Santiago, de hacerlo estaría mirando mi ombligo y nada más. Si todas las personas empezamos a avanzar un poquito, todo ese Poder Judicial, todos esos Cané, todos esos Bullrich se van a terminar cayendo.

En sus palabras encuentro, y estoy seguro de que ustedes también, un altísimo grado de compromiso, dignidad, humanidad y empatía. El mensaje que transmite Sergio no se circunscribe a un reclamo de justicia por una pérdida personal. Bien podría ser así y absolutamente nadie podría reprocharlo. Por encima de ello, su mensaje toma una dimensión colectiva. Él lo dice bien clarito y simple: Santiago no es el primero ni será el último en desaparecer forzadamente. Y comprender esto no parece llevarlo a ninguna resignación, más bien parece conducirlo al entendimiento de que la de Santiago, como tantas otras, es una causa colectiva.

En mi cabeza comienza a trazarse un paralelismo entre el caso de Sergio y el de la enorme Nora Cortiñas, a quienes casualmente -o no tan casualmente- conocí un mismo día. Fue en el Centro Cultural La Panadería, el 27 de marzo de 2019, donde me encontré compartiendo una mesa con Norita, “la Madre de todas las Batallas”, acompañada por el “Vikingo” Sergio Maldonado: “el Hermano de todas las Luchas”.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró hasta ayer 97 casos de femicidio, de los cuales 10 corresponden a femicidios vinculados, 2 personas trans y 2 suicidios feminicidas.

De la investigación surge que las provincias que registraron mayor cantidad de casos son Buenos Aires con 35 (incluye 2 en CABA), en Santa Fé 12, Tucumán 7, Córdoba y Santa Cruz 6 casos respectivamente, Misiones 5 y Jujuy 4 casos.

También se puede asegurar que el 38,4% de los asesinatos fueron cometidos por parejas/esposos, el 25,3% por ex parejas, el 11,1% por desconocidos y el 31,3% incluye a padres, padrastros, tíos, hijos y nietos. En tanto que el lugar de mayor peligrosidad para la víctima es su domicilio o el domicilio compartido con el victimario.

El registro y sistematización de datos incorporado por este observatorio fue realizado a partir de un seguimiento exhaustivo de información periodística, tanto de medios nacionales como de medios locales y es por eso que se destaca la labor periodística, ya que ha hecho posible que, en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, se hayan podido visibilizar estos hechos de violencia extrema hacia las mujeres.

En base a la medición elaborada por el observatorio, durante los últimos cuatro años se reflejó un número similar de casos entre los meses de enero a abril, con un resultado de 110 casos en el año 2017, 95 casos en 2018, 94 casos en 2019 y 97 en el 2020, teniendo en cuenta que aún hay casos del período actual que se encuentran en investigación.

Si bien la cantidad de femicidios se mantuvo a lo largo de estos años, se pudo observar un destacado incremento en la cantidad de denuncias efectuadas por mujeres en riesgo de violencia desde el período que comenzó el aislamiento preventivo, y también gran cantidad de denuncias de familiares y allegados de las víctimas que reclaman por falta de perspectiva de género en el tratamiento de los casos.

Respecto a lo anterior, resulta necesario que los responsables de intervenir ante estos hechos accedan a la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, permitiendo un buen abordaje y mejor manejo de sus funciones, el cumplimiento de la Ley Micaela debe ser efectivo para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Así también de necesaria y urgente debe ser la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional. El cumplimiento de estas leyes permitirá encarar desde los distintos niveles etarios una problemática basada en una situación de desigualdad que históricamente ha priorizado al hombre en desmedro de la vida de la mujer.

A la luz de las denuncias efectuadas ante diferentes medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, rechaza las recientes medidas adoptadas por Jueces que ponen en riesgo a las mujeres que han sido víctimas de violencia y pide a los mismos a rever cualquier decisión que las afecte directamente y que se extremen las medidas de control frente a cualquier tipo de amenazas a las que pudieran estar expuestas.

“Está claro y acreditado que hubo un apriete a personas para que no investiguen, para que se callen, hay 19 personas amenazadas. Hay un desvío para no llegar a las fiestas que hacían los personajes del poder, con patovicas de Arenas y otros boliches con chicas de extrema vulnerabilidad”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia de Katherine Moscoso, Leandro Aparicio.

Días atrás la familia de Kathy presentó un escrito de 325 páginas en el cual denunciaron a 21 personas por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías”.

La denuncia será tramitada por la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul. Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios.

“Planteamos en la denuncia quiénes son los autores del encubrimiento porque una vez que aparece el cuerpo se organizó todo para matarlo a Canini, o dejarlo matar, y permitir el incendio de los edificios y de una casa particular donde estaban las filmaciones que comprometían a quienes podían a haber matado a Kathy”, mencionó Aparicio.

Agregó que “antes de que aparezca el cuerpo de Canini todos los inspectores del centro de monitoreo fueron amenazados. El fiscal Del Cero, mal y tarde y dándole ventajas a las personas, hace allanamientos a fines del 2017 y habla de asociación ilícta, habla de policías. Hace eso para cumplir y después se va. Viego aparece desde un plato volador y me dice que cuando yo hablo de asociación ilícita soy un irresponsable”.

La investigación señala que Katherine Moscoso ingresó al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso y con los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell, y David “Kun Kun” Tello. Y luego se dirigieron a la casa de Sergio “el Pelado” Sánchez en el barrio El Sauce”.

“Todos mienten, hay varias páginas donde se prueba que mienten. No es el único femicidio el de Katherine, no es la única chica violada en Monte, hay chicas desaparecidas que se quieren tapar. No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas”, finalizó el abogado.

Me llamo Ezequiel Moscoso y soy tío de Katherine Moscoso, quien fuera asesinada, enterrada viva cuatro o cinco días antes de su aparición ocurrida el 23 de mayo de 2015 en Monte Hermoso.

Como ya lo hemos dicho, después de solicitarlo desde mayo de 2016 al fiscal, el 21 de mayo de 2018 solicitamos el legajo reservado a la sra. jueza de Garantías junto con un análisis del expediente hasta allí, denunciando también distintas irregularidades sin todavía tener conocimiento de las irregularidades que obraban en el legajo reservado.

Después de solicitarlo al procurador de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2019 volvimos a pedir vista del legajo reservado. Recién en el mes de julio de 2019 tuvimos acceso al legajo reservado.

El 2 de octubre de 2019 denunciamos las amenazas a 18 testigos y solicitamos declaración testimonial de 29 testigos.

El 8 de abril de 2020, junto con mi mamá Marta Angeliza Mesa y nuestro abogado, denunciamos penalmente, en un escrito de 325 páginas presentadas en soporte virtual ante el procurador general, a 21 personas. Entre ellos fiscales, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales. Fue por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado; sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías.

Al día siguiente, 9 de abril, ampliamos la denuncia solicitando la detención de dos comisarios por nuevas pruebas recibidas.

El 21 de abril pedimos la detención de una persona, aportando más pruebas, buscadas por nosotros, las víctimas.

Desde la Procuración le comunicaron a nuestro abogado que la denuncia primigenia quedó radicada en el Departamento Judicial de Azul. Además, se mandaron actuaciones al área de control disciplinario para que investiguen la conducta de los funcionarios del Miniterio Público denunciados (fiscal general, fiscales y letrados).

La hipótesis de la querella es que Katherine Moscoso fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso y que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de policía de Monte Hermoso en los primeros tres días, direccionar y encubrir a los verdaderos culpables los días posteriores a través de la Policía Departamental (DDI), borrar la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para ello, la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente se lo sindicó intencionalmente como sospechoso y, al unísono, incendiar la Comisaría y distintos lugares públicos y, por sobre todo, aquellos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos. Simultáneamente, el sábado 23 sobre las 20 horas), amenazar a los inspectores de tránsito que pudieran haber visto algo en las cámaras durante la semana del 18 al 23 de mayo de 2015 y direccionar en un primer momento la imputación hacia la amiga de la víctima, una chica con retraso mental, la única procesada en la causa y quien no tiene la capacidad para matar a Katherine, lavar su cuerpo, esconderla, hacerla aparecer, organizar y planificar el homicidio de Canini y los distintos incendios que ocurrieron para lograr su impunidad.

Todo esto pudo ser ejecutado por una asociación ilícita de policías, funcionarios municipales -entre ellos ex policías como Ricardo Triches, recordado por el caso de Natalia Melmann de Miramar, quien era secretario de Seguridad de Monte Hermoso- y de instructores y fiscales, de quienes detallamos en las presentaciones realizadas.

Las pruebas que presentamos nos permiten afirmar que Katherine Moscoso ingreso al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso, y los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell y David “Kun Kun” Tello.

Otras pruebas indican que estas cuatro personas estuvieron con la víctima, yendo para el Sauce a una casa llamada “La Erica” con la colaboración de Sergio “el Pelado” Sánchez.

Los nombrados mintieron cuando afirmaron no haber hablado con la víctima en el boliche, cuando varios testimonios dicen lo contrario, brindaron versiones contradictorias sobre muchos aspectos de la noche y de la semana posterior al hecho y, por sobre todo, del conocimiento con el señor Sergio Sánchez, el “Pelado” del Sauce, propietario del sitio donde se encontró ADN de la víctima, en unos palos de su patio y en su camioneta el día martes 26 de mayo.

La camioneta fue incendiada intencionalmente en el incendio contra la Comisaría de Monte Hermoso ocurrido horas después de que el cuerpo de la víctima fuera “plantado” por policías en complicidad con bomberos, oportunamente denunciados en la presente.

Estamos convencidos que nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de los distintos fiscales denunciados.

A casi cinco años ya del asesinato de Katherine pedimos justicia!!!!!

La mujer que denunció por abuso sexual al cura católico Mauro Enrique Cantanhede Ferreira contó a FM De la Calle que la causa judicial no registró avances y que continúa sufriendo presiones mediáticas y de integrantes de la comunidad de la Parroquia San Roque.

El 13 de noviembre se presentó en la Comisaría de la Mujer. Luego declaró en Fiscalía y, desde entonces, está a disposición de la justicia. Sin embargo, las pericias fueron programadas recién para este mes y finalmente suspendidas por la feria. Tampoco se peritaron pruebas materiales como celulares, mensajes, fotos, videos y correos electrónicos.

En una extensa entrevista, la cual puede escucharse en el audio que acompaña esta nota, la víctima señaló que hay otros dos casos de abusos de chicas que no se animaron a denunciar. “Cuando me enteré dije no soy solo yo, hay otras. Él sabía que no iba a poder hablar, no necesitaba ponerme un arma en la cabeza para que yo haga o diga una determinada cosa”.

La joven manifestó que en primera instancia no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría: “Me decían que vaya a Fiscalía, que se movía mucho más rápido. Sin embargo, la hice. En Fiscalía me tocó hacer la ampliación y fue revictimizante por el tipo de preguntas que me hicieron. ¿Vos sabés si tiene una contextura diferente? ¿Si es más flaquito? ¿De qué manera te amenazó? Un abuso no se da si a vos te gusta o no o si la persona es más flaquita que vos, tiene que ver en el poder que ejerce sobre uno”.

A pesar de las recomendaciones en sentido contrario, la mujer decidió avanzar también en la búsqueda de justicia en el ámbito eclesial. Los juicios canónicos son procesos institucionales donde autoridades de la Iglesia Católica escuchan a la víctima y deciden -sin ninguna garantía ni devolución hacia ella- si corresponde sancionar o no al acusado. Las “condenas” van de “castigos espirituales” a la excomunión. Aunque la historia suele terminar en algún archivo secreto.

“El proceso eclesiástico quedó detenido. Me llamaron a declarar en una habitación chiquita, yo sola, con un cura de Italia especialista en derecho canónico y el padre hindú era el notario, es el que oficia misa en San Cayetano y San Roque. Me hicieron preguntas tremendas porque fue relatar todo nuevamente”.

“Hablo de vulneración de derechos porque no te permiten acompañamiento del abogado, en este caso sabían cómo estaba yo, no me dejaron entrar ni con psicóloga, ni psiquiatra, ni acompañante. Salí muy mal, temblando. Lo único que se me dijo es que se iba a analizar si dejan todo archivado o no”, relató sobre la audiencia realizada en la Curia bahiense.

Agregó que contó “todo delante del obispo, llegué a mostrarle las imágenes y conversaciones que me mandaba y él mismo obispo se tapaba la cara. No creo que la conducta se haya dado solo conmigo. Evidentemente si la iglesia lo respalda, está respaldando este tipo de conductas. Por eso digo que no quiero que le pase a más nadie, no quiero que nadie más salga dañado”.

Para la denunciante notas como la publicada semanas atrás por La Nueva en abierto apoyo al párroco cuando aún ni siquiera se realizaron las pericias a víctima y victimario, son un mensaje para acallar a otras personas abusadas.

“Las notas diciendo que él va a seguir siendo cura, que él sigue siendo normal, que ya va a poder hablar… para quienes fuimos víctimas es tremendo. Y para quienes no denunciaron les da más miedo, esa sensación de impunidad, de que si hablan no va a tener sentido. Sumado a que con esto del encierro yo tengo que estar 24 horas donde ocurrió el hecho”.

La mujer recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico: “Duermo pocas horas y me despierto con pesadillas donde vuelvo a revivir esto. Vivo con miedo constante, cualquier estímulo que vea en una imagen, un sonido, una sensación táctil me da miedo, asco, me quiero bañar y sacarme la sensación de asco y suciedad. Quiero que esto se sepa para que se pueda actuar y que reciba la sanción necesaria, a nivel de la justicia y de la iglesia”.

(Por Sabrina Guerstein, Natalia Aguilera y Luciana Colla) El siguiente texto es producto de charlas y reflexiones que tuvimos (y seguimos teniendo) un grupo de docentes que trabajamos en distintas escuelas secundarias de la ciudad, que giran en torno a una temática siempre presente en nuestra práctica: el rol de la escuela en la sociedad actual.

Con el cambio rotundo de contexto ante la pandemia de coronavirus, el cierre de los edificios educativos y el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio, estas reflexiones adquirieron un protagonismo renovado. La decisión de las autoridades de continuar con las clases de manera virtual nos enfrentó desde el primer día con un montón de dificultades de todo tipo.

En cada escuela se eligió una plataforma distinta para comunicarse con el alumnado: en algunas Facebook, en otras Classroom, mail, WhatsApp. Y en las privadas, videoconferencias por Zoom, Meet y Hangouts. Lo primero que notamos fue la dispar recepción de la propuesta virtual entre lxs estudiantes. Hubo cursos en los que la mayoría de ellxs entregaban los trabajos, pero en otros, solo una minoría lo hacía. En los grupos de WhatsApp de las escuelas (públicas), las directoras y preceptoras empezaron a alertarnos: muchas familias no tienen celular ni wi-fi; y a los pocos días: muchas familias no tienen para comer. Así, nos empezó a preocupar también la forma en la que esta situación agranda la desigualdad educativa ya existente.

Y sí, estamos un poco desconcertadas. No es para menos: la cantidad de canales para comunicarse con lxs alumnxs de un mismo curso, aumentó exponencialmente pero paradójicamente nos sentimos “lejos” de ellos. Hay muchxs con quienes no pudimos siquiera establecer contacto.

Pero con el tiempo la pregunta que nos empezamos a hacer cada vez con más fuerza es PARA QUÉ: ¿Puede seguir siendo el mismo el objetivo de las tareas que les damos a los chicos que en un ciclo lectivo normal? ¿Estamos enseñando contenidos nuevos? ¿Estamos evaluando saberes? ¿Estamos conteniendo y acompañando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué deberíamos hacer?

Y rompiéndonos la cabeza sobre estas preguntas que tanto nos interpelan, nos dimos cuenta de que ninguna autoridad dijo absolutamente nada al respecto. Nos dijeron: “los edificios cierran pero las escuelas siguen enseñando” Pero no nos dijeron cómo, qué o para qué. Por parte del mismo ministro Trotta hubo declaraciones y contextualizaciones genéricas, pero difusas y hasta contradictorias. Por eso mismo, esas declaraciones resultan ser de escasa utilidad y de un gran contraste con la realidad y el descontrol que se estaba (y se está) viviendo. No hay claridad, no hay objetivos, no hay métodos, no hay dirección, no hay presupuesto extra.

Muchos equipos directivos están haciendo lo imposible por contener esta situación tremenda, haciéndose cargo de todos los frentes: las familias que no tienen para comer, la inspección, la incertidumbre y los sueldos de lxs docentes. Buscan la mejor manera de acompañar al alumnado. Y nosotrxs estamos haciendo lo que podemos, según lo que nos parece mejor. Porque ante la ausencia de una política global, recayó sobre el criterio de cada docente en forma individual la responsabilidad de decidir qué estrategia tomar para realizar esta continuidad. Este hecho nos resulta triste, grave y negligente. La heterogeneidad de situaciones producto de esta no-política incrementará el caos que cuando toque volver a las aulas, pero sobre todo aumenta la desigualdad educativa de la que hablábamos antes.

Como si las problemáticas planteadas hasta acá no fueran suficiente ya, en la semana comenzó a circular una noticia entre las escuelas: “vayan viendo cómo evaluar este primer trimestre”, ultimaron los directivos. “¿Queé?” -dijimos nosotrxs-. Pretenden que el calendario escolar continúe exactamente igual, como si nada hubiera pasado, como si fuera un año normal, como si pudiéramos establecer un vínculo cotidiano y genuino con el alumnado. Las autoridades educativas se desentendieron de ponerse al hombro la definición de la forma que adquiriría la educación en este período, pero nunca se van a desentender de la exigencia de cumplir con los tiempos formales, los “180 días de clase”, la entrega de papeles inútiles, las formalidades. Esto pone en evidencia más que nunca que la burocracia se fagocitó a cualquier sentido que pueda tener la educación en cualquier contexto. También da cuenta de la importancia que tiene para algunxs mantener intacto cascarón, sin importar lo que haya adentro. Al punto de plantear la continuidad virtual sabiendo que un sector muy importante de la población no tiene acceso a internet, al punto de difundir la entrega de cuadernillos impresos (que en muchos casos ni siquiera han llegado) como la solución que viene a salvar esta desigualdad cuando justamente lo que hace es lo contrario, ensancharla.

Y no solamente estamos a la deriva y cargados de incertidumbre. Lxs docentes también sufrimos un desproporcionado aumento de nuestra carga laboral. Debemos adaptarnos a las exigencias y ritmos de trabajo que cada escuela, curso y contexto nos imponen; nos vemos en la obligación de aprender en tiempo récord y muchas veces sin ayuda a utilizar diferentes aulas virtuales y plataformas; debemos planificar, adaptar y reelaborar absolutamente todo de nuevo (pues lo que teníamos preparado para la presencialidad no sirve para la modalidad virtual); tenemos que hacer lo imposible para lograr comunicación con el alumnado: ver qué pasa, por qué no responde, probar por otro medio, avisar en la escuela… También contenemos a nuestrxs alumnxs, nos preocupamos si no comen y nos organizamos para que puedan comer, elaboramos y entregamos informes, planillas, planificaciones, notas… Estamos frente a una computadora o celular todo el día, utilizando y pagando nuestros propios recursos e insumos, a merced de la hiperconexión.

En suma: esas variables que de por sí jamás son reconocidas en nuestro salario en épocas de trabajo ordinario, se profundizan enormemente en este estado de excepción volviéndose, lisa y llanamente, una situación de explotación.

Incluso sentarnos a pensar nos fue difícil: ¿cómo encontrar el momento para sistematizar y traducir por escrito esto que nos atraviesa en medio de tanta vorágine? Sin embargo, desde nuestra práctica docente, conociendo de primera mano la importancia que tiene la educación pública para el presente y el futuro de nuestrxs alumnxs, consideramos que no podemos darnos el lujo de omitir un debate serio. Políticas claras que definan cómo acompañar a los estudiantes durante esta pandemia apremian. Desde ya, no alcanza con la directiva “educación virtual” y con esporádicas salidas en radio o TV para mostrar preocupación. Sin un compromiso real del Ministro de Educación y sus funcionarios no hay política integral posible.

Centenares de personas, organizaciones y asambleas de países de Latinoamérica, América del Norte, Europa, Asia, Africa y Oceanía, en tiempos de cuarentena se autoconvocaron para realizar un llamado a la Acción Global por una Democracia de la Tierra.

La pandemia nos recuerda que violamos los derechos de la Tierra y de todas sus especies por nuestra cuenta y riesgo, y que sería prudente que consideráramos los conocimientos y la sabiduría ancestrales de los pueblos originarios, guardianes de la Tierra a lo largo de los tiempos, cuyo profundo respeto por la Tierra se basa en la conciencia de la interconexión de toda la vida. Dañar una parte significa dañar el todo.

Esta pandemia no es un “desastre natural”, al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos no son “desastres naturales”. Las epidemias de enfermedades emergentes son antropogénicas – causadas por actividades humanas.

La emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos como comunidad mundial está relacionada con la emergencia sanitaria a la que se enfrenta la Tierra: su constante degradación, la extinción y desaparición de especies y la emergencia climática.

Cuando utilizamos venenos y agrotóxicos, como insecticidas y herbicidas para matar insectos y plantas en el modelo industrial de agricultura, producimos desertificación, contaminamos el agua, el suelo, el aire y destruimos la biodiversidad.

Los agrotóxicos están llevando a la extinción a las especies, incluyendo a los agentes polinizadores, como hemos visto en la drástica disminución de las abejas.

Cuando hacemos minería metalífera a cielo abierto utilizamos millones de litros de agua que es esencial para la vida humana y la naturaleza.

Cuando practicamos la fractura hidráulica o “fracking”, alteramos la conformación geológica y aumentamos el riesgo sísmico.

Cuando quemamos el carbono fósil que la tierra ha fosilizado durante 600 millones de años, violamos las fronteras planetarias. Al industrializar y globalizar nuestros sistemas alimentarios contribuimos hasta un 50% de los gases de efecto invernadero y el cambio climático es la consecuencia.

En el Día de la Tierra, pidamos disculpas por el daño que le hemos causado con la ilusión de la separación, creando paradigmas y herramientas violentas que han hecho la guerra contra la Tierra. Apreciemos su magnificencia y su belleza que tanto eleva nuestros espíritus y comprometámonos a hacer la paz con la Tierra y todas sus especies co-creando con ella sobre la base de sus leyes de la vida.

La Tierra nos ha dado un claro mensaje a través de la pandemia del Coronavirus. Es nuestro imperativo moral, dedicar este momento en el tiempo para hacer una transición a una civilización ecológica para que sembremos las semillas de un futuro común para la humanidad y todos los seres.

Acceso al documento en español: www.naturalezadederechos.org/TIERRA.pdf

(Por Astor Vitali) Durante el programa de hoy nos hemos ocupado de una de las situaciones más angustiantes que sufre nuestra sociedad: la deuda. La deuda que tenemos todos, todas y todas. Esa que nos caga la vida, que no nos deja dormir, que nos posterga los sueños porque llega el día y, zas, hay que pagar. Y así un mes y otro mes y otro mes. Hasta que otros se endeudan para pagar el cajón más barato o la leña para consumir el último fuego.

En los medios masivos de comunicación solemos escuchar la palabra deuda referida a los “organismos multilaterales de crédito”, “los mercados”, “tenedores de bonos” y otros asuntos tan lejanos al saber popular que de tan lejanos suenan a lo irreal, es decir, a la mentira. Los conductores –cuyos sueldos pagan posibles tenedores de bonos- hablan de estos actores como las víctimas, es decir, personas a las que se les debe algo.

¿Por qué no hablan de la otra deuda de la que estamos hablamos hoy aquí? ¿Por qué la deuda subterránea, que no es una sola sino millones de deudas pequeñas imbricadas, es tan evidente como invisible?

Arrojamos hipótesis. La primera: todo ese dinero que les falta a quienes se endeudan a lo micro (pero que les lleva todo –la vida incluso-) lo tienen los organismos multilaterales de crédito, los mercados y los tenedores de bonos. Son esos actores de la economía que no trabajan en nada productivo los que, por ejemplo, a mediados de los noventa pusieron a cotizar en bolsa a los alimentos, y con ello, a girar los granos y las cosechas en la calesita de la competitividad global por el aumento de los precios en pantalla, y con ello, devaluaron la capacidad de trabajo de quienes tenían la tierra -porque no eran competitivos contra los grandes inversores que rosearon el suelo de pestes para obtener más grano en menos tiempo-, y con ello mandaron a endeudarse a millones de pequeños tenedores de tierra que tuvieron que malvender su quintita y, claro está, no daban más por las deudas que pagaron con su migración a hacia las grandes ciudades y, claro está, con su título de ciudadano de segunda que “no quiere trabajar” y que “no es exitoso porque no quiere” y que “qué barbaridad con toda la tierra que hay para trabajar en este país”. Pero resulta que no, que ya no hay nada de lo que el capitalismo prometía un siglo atrás, con el esfuerzo y la pequeña propiedad, porque ya no hay lugar para los pequeños y porque los grandes son tan glotones que se devoran todo. Ahí su riesgo también: devorarte a tus deudores puede generar falta de pago.

Lo que ocurre es que en el fondo ya recibieron su pago, y lo que cobran, son intereses de intereses de intereses de intereses de un dinero inverosímil que sigue alimentando la maquinaria de la deuda global e insoportable. Ya no son actores económicos interesados por la economía, es decir, por la manera en que las sociedad resuelven la distribución de la riqueza para el bienestar general (¿o no esta la economía?) sino que son interesados actores por su economía (es decir, por sus propias finanzas).

La segunda hipótesis es más vulgar, más simple y más comprobable: hace tiempo que las grandes redacciones, los grandes medios de comunicación y los conductores de mayor audiencia no son empresas periodísticas¸ esto es, una forma de organización económica cuyo objetivo es la puesta en marcha de instituciones abocadas a la práctica del periodismo (entendido aquello de “publicar lo que alguien no quiere que sea publicado”) sino que se trata de unidades de negocios que se desprenden de empresas mayores cuyo objetivo es operar: 1) en favor de sus intereses; 2) en la lucha por el sentido común pro capitalista; 3) en contra de las organizaciones políticas que consideren inconvenientes; 4) en contra de sus competidores de mercado.

Los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares hablamos de este tema porque no trabajamos para ellos sino a pesar y contra ellos, en favor de nuestros pueblos. En términos de masividad de llegada, hace tiempo que los holdings se han apropiado de las radios históricas, emisoras de televisión y diarios para competir por el señalado sentido común y luego han avanzando en la convergencia tecnológica manejando otro tipo de tecnología vinculada a internet como redes, bases de datos y más yerbas que nos dejan casi fuera de juego, entrenando para ganar el partido cuando decidamos ingresar a la cancha por la copa del poder y de la distribución de las riquezas.

Y una tercera hipótesis: porque todo el mundo sabe de qué se trata la deuda, porque todo el mundo está endeudado y así es que todos, todas y todes estamos perdiendo el tiempo para ganar el mango para salir a pagar nuestras pequeñas deudas en lugar salir a cobrarnos lo que se llevaron los mercados, los tenedores de bonos y los organismos multilaterales de crédito. El mecanismo de la micro deuda es también una estrategia de distracción de los vilipendiados (sí, utilizo con toda razón, capricho y conciencia un término acuñado por Guevara), una estrategia de ocupación de las maltratadas y una estrategia de humillación de les invisibilizades; la deuda, es la estrategia de prorrateo del horror capitalista cuando ve en su ventanilla de pago el espejo que refleja la decrepitud inhumana de su derrotero y es, a su vez, la procrastinación de los millones de endeudados por tomar lo suyo.

¿Cuánto más dura este juego? Nadie lo sabe. Pero sí sabe que, aunque este editorial no cotice en bolsa, la ilusión del enriquecimiento ilícito e inmoral de los que se quedan con todo, va cotizando a la baja en la bolsa de los pueblos.

 

Imagen: Natalia Godoy

“Hasta la hacienda baguala cae al jagüel con la seca”

Martín Fierro- José Hernández

(Por Ricardo Vicente López) Le pido, amigo lector, que no se enoje por lo que dice el título. Perdóneme hasta el final de la nota, y entonces vuelva a juzgarme. Estamos inmersos en un mundo que en pocos días giró violentamente respecto de sus doctrinas básicas. La ortodoxia económica, en las Academias se habla del pensamiento dominante, de la mayor parte del siglo XX, con la excepción de los “treinta años gloriosos (1945-1975) dominó la certeza de que la libertad debería ser la regla de todos respecto de la vida política y económica, a esto se lo denominó mainstream:

Se habla de mainstream, o corriente/tendencia mayoritaria​ para referirse al pensamiento actual que se ha extendido a toda la cultura popular, la cultura de masas, dominante en los medios de comunicación. La ciencia del mainstream, fundamentalmente la economía, es la a un campo de estudio establecido subordinado a las teorías ortodoxas.

Es la doctrina que domina la casi totalidad de la enseñanza de la mayor parte de las universidades y academias, y que encuentra una expresión política sólida, compartida por la mayor parte del mundo empresarial. La catedral de esta doctrina encuentra su máxima expresión política en los encuentros anuales de Davos, y se puede sintetizar de este modo:

El liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre sin la intervención del Estado… De acuerdo a esto, las fuerzas de oferta y demanda son las que, de una forma natural, convergen en un equilibrio por el cual los precios reflejan la escasez relativa de los bienes; lo que se verifica en una correcta y eficiente asignación de los recursos.

Este fue, en síntesis, el discurso dominante de una religión laica que no admitió herejes ni ateos, cuya verdad adquirió, desde el siglo XIX, casi una valor bíblico. Su consistencia teórica, según sus defensores, fue tal que las dos grandes crisis mundiales (1929 y 2007/8) no lograron producir grandes fisuras en ese cuerpo teórico, aunque no logró ofrecer una explicación satisfactoria respecto de lo sucedido.

Desde fines de los ochenta en adelante el capitalismo dejó de ser un tema de debate. Algo así como un gran telón ocultó el escenario de las miserias que generaba y un exitismo desvergonzado se instaló en él. La caída del Muro de Berlín (1991) como símbolo, incentivó una publicidad abundante de ese capitalista liberal como el único posible.

Un virus logró quebrar la fe

Los fundamentalismos son, en apariencia, muy sólidos salvo cuando la duda comienza a corroer sus certezas y se esparce con una tozudez arrasadora incontenible. Entonces, las columnas fundamentales de ese pensamiento, el liberalismo económico, sostenidas por lo más importante de la masa académica, entra en crisis y su voz enmudece. Un silencio atronador inunda el espacio público.

En ese momento una voz sagrada, que representa ese fundamentalismo doctrinario, se atreve a publicar un editorial que suena como un tiro de gracia en su corazón. Es nada menos que el Financial Times, periódico de origen británico con especial énfasis en noticias internacionales de negocios y economía: es la voz de la Bolsa de Londres [[1]]. Celosa defensora, con su mejor British Style (estilo británico), de los mercados libres y de la globalización, que mejor expresó el eje Margaret Thatcher y Ronald Reagan, durante la larga década de 1980,

La semana pasada, para sorpresa y estupor de sus feligreses, anuncia que esa etapa ha muerto. Propone en su editorial la necesidad de una nueva doctrina, nueva para ella, a pesar de haber sido la voz hereje de los heterodoxos, los que no se sometieron a su prédica liberal-conservadora.

Afirma la palabra del editorial del influyente diario económico británico:

“La crisis causada en todo el mundo por la pandemia de coronavirus provocó un hundimiento económico sin precedentes, pero al mismo tiempo ha resaltado la desigualdad existente en nuestras sociedades y la necesidad de respuestas inéditas. Es la hora de recuperar un  Estado más fuerte ante el avance de la enfermedad que afectó a cientos de miles de personas en todo el planeta. Se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos“.

Continúa más adelante:

Las reformas radicales –revirtiendo la dirección política que ha prevalecido en las últimas cuatro décadas– deberán estar sobre la mesa. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones, no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución será debatida otra vez; los privilegios de las personas mayores y de los más ricos serán cuestionados. Políticas consideradas excéntricas hasta ahora, como la renta básica y los impuestos a las rentas más altas, tendrán que formar parte de las propuestas

Continúa la Editorial del Financial Times:

“Si hay un lado positivo en la pandemia de Covid-19, es que ha inyectado un sentido de unión en las sociedades polarizadas. Pero el virus, y los bloqueos económicos necesarios para combatirlo, también arrojan una luz deslumbrante sobre las desigualdades existentes, e incluso crean otras nuevas. Como los líderes occidentales aprendieron en la Gran Depresión, y después de la segunda guerra mundial, para exigir sacrificios colectivos se  debe ofrecer un contrato social que beneficie a todos“.

Completando su giro programático arroja esta advertencia, que sorprende por su contenido:

“El extraordinario apoyo presupuestario de los gobiernos para la economía, aunque necesario, empeorará las cosas de alguna manera. A los países que han permitido la aparición de un mercado laboral irregular y precario les resulta particularmente difícil canalizar la ayuda financiera a los trabajadores con un empleo tan inseguro”.

Hay algunas expresiones que pueden sorprender como cuando afirman que “La redistribución volverá a estar en la agenda”. No aclara a qué pasado hace referencia, es difícil de creer que habla de países socialistas, menos aún peronistas.

“Las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en una nueva consideración; se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos“.

Por otra parte puede decir que:

Pero el virus, y los bloqueos económicos necesarios para combatirlo, también arrojan una luz deslumbrante sobre las desigualdades existentes, e incluso crean otras nuevas. Los sacrificios son inevitables, pero cada sociedad debe demostrar cómo ofrecerá una restitución a aquellos que soportan la mayor carga de los esfuerzos nacionales”.

No parece necesario agregar más comentarios. Sugiero, amigo lector, probar con un respiro hondo, volver a leer quién dice todo esto, y concederse un largo tiempo para reflexionar sobre tantas cosas que, tal vez, cueste salir del asombro. Por otra parte, puede pensarse que la crisis del sistema capitalista es de tal envergadura que, en el templo de las finanzas internacionales tengan una apreciación más grave de la que podemos observar desde este sur con un gobierno peronista. Parafraseando a William Shakespeare podemos decir: “Algo huele bien en Londres”, pero sospecho que vamos a ver a muchos resfriados que no están en condiciones olfativas para apreciarlo.

Ah, me olvidaba, amigo lector ¿podrá perdonarme?

[1] La Bolsa de Londres es la bolsa de valores localizada en Londres, Inglaterra. Fundada en 1801, es una de las mayores bolsas de acciones del mundo y un baluarte de las finanzas.