Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

El tribunal está integrado por los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y APDH, respectivamente.

El fiscal Palazzani destacó ante FM De la Calle que “hay un contexto discursivo, simbólico, de cierta regresión. Es la instalación de discursos que uno pensaba que estaban superados a esta altura”.

“Es una conquista de toda la sociedad argentina, hay un hecho notorio -y eso tiene su significación judicial, es un hecho que no debemos probar ni discutir- que es la existencia del terrorismo de Estado. Y uno viene escuchando en ciertas esferas de producción discursiva reverberancias de la teoría de los dos demonios, de la palabra guerra, de reivindicaciones del sector que fue victimario y no víctima”, afirmó.

Miguel Ángel Palazzani.

Miguel Ángel Palazzani.

Palazzani aseguró que ver “en el público algunos cursos de chicos del secundario” hace que los juicios “tengan sentido”.

Consultado respecto a la generalización de las detenciones domiciliarias, el fiscal explicó que fueron recurridos en Casación y en la Corte todos los casos que consideran injustos o en los cuales los genocidas, incluso con alguna dolencia, pueden ser atendidos dentro del Servicio Penitenciario Federal. “El resultado es este que estamos viendo. Fiscalía no deja recurso ni petición por efectuar. Luego, los que deciden son los jueces”.

Mario José Bilesio.

Mario José Bilesio.

 

Minutos antes del inicio de la audiencia, integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S. leyeron un comunicado en el cual repudiaron las domiciliarias y el escaso tiempo dedicado por el Poder Judicial para las causas de lesa humanidad.

“En momentos de profundos retrocesos en materia de derechos humanos y de derechos en general en nuestro país, a lo largo y ancho de Argentina, se sigue juzgando genocidas gracias a la convicción y valentía de los sobrevivientes y testigos, de un sector del Poder Judicial que continúa avanzando a pesar de las dificultades y del compromiso de organismos y ciudadanos que sostenemos los juicios”.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

Luis Oscar Conti y Carlos Enrique Lacoste.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego, Dante Patrignani, afirmó que estamos atravesando “un momento histórico en el cual desde el gobierno se están ralentizando estas cuestiones y hay una clara política en contra de la memoria, la verdad y la justicia, desde el negacionismo de Lopérfido a poco de asumir el gobierno pasando por el intento del 2×1 se trata de silenciar todo esto y, como organización de los trabajadores, teníamos que estar presentes”.

El dirigente agregó que la designación como fiscal del ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, a pesar de las impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos por su complicidad con los genocidas, va “en la misma dirección que el nombramiento de Carlos Rosenkrantz (como presidente de la Corte) y las presiones hacia los jueces que cumpliendo las normas legales se niegan a seguir las directivas del gobierno. Hay toda una ofensiva del Poder Ejecutivo, de los pro genocidas del gobierno, para que el Poder Judicial se someta a sus políticas”.

Arturo María Quintana.

Arturo María Quintana.

Tras la lectura de la acusación, la Fiscalía adelantó que su alegato contendrá el pedido para que los delitos sexuales cometidos o avalados por varios de los imputados sean considerados de manera autónoma a las torturas, tal como se plasmó en la sentencia del primer debate de la causa.

Las defensas se escandalizaron aun antes de escuchar el planteo fiscal y deberán argumentar su oposición en la apertura de las sesiones de principios de noviembre.

El ex presidente de Huracán Víctor Hugo Iglesias y el prefecto Eduardo Horacio Gutt fueron absueltos por el tribunal oral en el mayor juicio por trata de mujeres para explotación sexual de la historia judicial bahiense. El administrador del Bar Broadway, Alfredo García, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por facilitación de la prostitución.

El fiscal Sebastián Roldán había requerido ayer una pena de diez años para Iglesias por trata y facilitación de la prostitución, cinco años y medio para García y cinco años para Gutt. Respecto al propietario de El Gran Chaparral, Martín Vargas, había pedido su absolución por falta de pruebas.

En los próximos días los jueces Luis Salas, Oscar Albrieu y Marcos Aguerrido darán a conocer los fundamentos del fallo. Víctor Hugo Iglesias, quien fue defendido por Maximiliano De Mira y Dámaso Larraburu, deberá afrontar otro juicio oral por una investigación iniciada en 2012.

Antes de la lectura de los alegatos, un conjunto de organizaciones realizaron un llamamiento para que “la explotación sexual no quede impune y que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas”.

Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género y firmante del documento, agregó que consideran a la trata de personas “como una forma de violencia extrema en el que se vulneran todos los derechos; el derecho a la identidad y a la vida misma. Lógicamente la ciudadanía y los organismos que peleamos por los derechos humanos tenemos que estar presentes aquí para reivindicar una vida digna para todas las personas”.

Además opinó sobre la actuación del tribunal: “Tendrían que haber difundido más toda esta cuestión que está en discusión. Hay que evitar la revictimización de las víctimas rescatadas en toda esta situación de trata pero sí quedaron algunas cosas pendientes que nos hubiera gustado que se manejaran de otra manera”.

Miriam Iantosca, integrante de Bahía Contra la Trata, aseguró a FM De la Calle que “se debatió muchos años y costó mucho. Verlos acá y que tengan que rendir cuentas hace que nosotros sigamos luchando, por esto que es una violación a los derechos humanos. A las mafias hay que seguirles los pasos, porque estas mafias mutan, hay que perseverar y permanecer en esta lucha porque es la única manera que vamos a estar rescatando a las niñas, niños y ahora, adolescentes”. Antes de conocer el veredicto afirmó que “lo que queremos es que queden adentro, lo que parece es que puede haber un poco de impunidad”.

Para la concejala de Unidad Ciudadana Gisela Ghigliani el juicio fue “hermético”, con irregularidades y poca información. “Hay algunas cuestiones con las pruebas que fueron bastantes dudosas, en un juicio que ha sido el operativo más grande en la ciudad de Bahía Blanca. Nos preocupa porque seguimos viendo que se declama desde los estados municipales, provinciales y nacionales pero cuando vamos a la práctica, cuando realmente tenemos que demostrar lo que se hace y dar fallos ejemplificadores, todo queda muy licuado. Ellos mismos solicitaron la Declaración de Emergencia en Materia Social de Violencia de Género que sigue vigente y hemos pedido dentro del marco de la emergencia saber qué medidas se tomaron. Acá murieron tan solo este año cuatro mujeres y nos parece que el Ejecutivo al no responderte claramente nos está diciendo qué es lo que hace”.

Al ser consultada por los vínculos de Iglesias con el peronismo y en particular con el dirigente Dámaso Larraburu, Ghigliani dijo que “cuando estuvo en la interna del Partido Justicialista nosotros fuimos en la otra lista y es uno de los puntos que planteamos y, por suerte, ganamos la interna porque nos parecía que era aberrante que figurara como si fuese una persona que pudiera venir a decidir en un espacio político partidario”.

El documento leído este jueves frente al tribunal fue firmado por más de cuarenta organizaciones. La ex diputada nacional Virginia Linares, integrante del Frente Julieta Lantieri, aseveró que “Bahía y Punta Alta le han dado la espalda a la trata de personas, como si no existiera en esta ciudad. La idea es empezar a decir esto: existe en Bahía Blanca la trata de explotación sexual y también la laboral y que hay que empezar a denunciar”.

Verónica Bajo de Acciones Feministas brindó un marco más amplio desde dónde pensar la explotación sexual: “Siempre decimos que la prostitución es la cosificación extrema de un ser humano, de las mujeres en este caso. Es la conjunción máxima entre capitalismo y patriarcado. Usar a las mujeres para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos es la visibilización más patriarcal que hay. Y no es casual que hoy estemos asistiendo a un juicio que ha sido invisibilizado por los medios donde hay un silencio muy grande y donde hay complicidad. No es casual que sea uno de los negocios más grandes del mundo, tiene complicidad de los estados, de los gobiernos, de los poderes económicos y de la justicia”.

Ana Canullo, integrante de CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, instó a que “la gente que va a la Cantina Royal  sepa a dónde va, que sepa quién es el dueño de la cantina y dónde se sienta a comer. Evidentemente estas cuestiones de poder son tan dificiles de desenmarañar que es una tarea de las militantes salir a denunciar”.

Finalmente Laura García Vázquez, secretaria adjunta de CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, agregó que “lo importante es todo lo que se ha avanzado en conciencia social. Hace unos años parecía que estar en contra de la trata estaba bien pero daba un poco de miedo. (…) Lamentablemente todos estos delitos aberrantes para la condición humana, y en este caso para las mujeres, cuentan con el apoyo del poder real: económico, político, judicial. Y esa es una batalla muy grande que tenemos que dar por las mínimas garantías democráticas”.

Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.

18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.

Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.

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En septiembre de 2012 fue la histórica sentencia con condenas de prisión perpetua para 14 genocidas y otras tres de entre 17 y medio y 18 años. El grupo de criminales estaba conformado por integrantes del Comando V Cuerpo de Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181, de la Policía Federal de Viedma y por ex responsables de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta.

Además, el fallo incluyó decisiones relevantes en el proceso judicial como fue la orden de abrir y profundizar investigaciones contra genocidas civiles: el clan Massot y La Nueva Provincia, el capellán Aldo Omar Vara y de quienes ocuparon la Secretaría del Juzgado Federal: Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti.

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca difundió el segundo veredicto en la Causa 05/07 que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

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Hubo cuatro penas a prisión perpetua y el resto a once, cuatro y tres meses y tres años y cinco meses. Los siete condenados pertenecían al Batallón de Comunicaciones 181 y al V Cuerpo de Ejército, entre ellos se destacaba un grupo de guardias del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita.

Los magistrados ordenaron abrir una investigación sobre la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna durante el terrorismo de Estado y, a modo de reparación, dictaron la nulidad absoluta de una sentencia del Consejo de Guerra del V Cuerpo.

El 25 de noviembre de 2015 el TOF bahiense condenó a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Los sentenciados fueron miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

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Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “el diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía” que ocho militantes peronistas “fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y, en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que señalice “el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías” como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados”.

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En mayo de 2017, el comisario Gustavo Abel Boccalari fue condenado a prisión perpetua por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a Julio Argentino Mussi. Tras el debate los jueces Luis Roberto Salas, Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido ordenaron señalizar como “sitio de la memoria del terrorismo de Estado” el predio de Chile y España donde funcionó el centro clandestino de detención de la División Cuatrerismo.

En octubre del mismo año, 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Fue el Juicio Ejército III, en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo requerido por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Luego de realizarse la audiencia preliminar del juicio que ahora comienza, los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti renunciaron a sus subrogancias en el tribunal oral y fueron reemplazados por Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu.

16 de los imputados serán juzgados por primera vez en la ciudad. Otros dos ya fueron condenados a prisión perpetua en el primer tramo del juicio. De todos ellos, uno solo está en la cárcel.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y feministas convocamos a la comunidad a la lectura del documento “No a la impunidad” en el marco del juicio por trata de mujeres para explotación sexual más importante de la historia judicial bahiense.

Será este jueves a las 11 frente al Tribunal Oral de Chiclana y Lavalle donde se escucharán los alegatos contra el dirigente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

La investigación del fiscal Antonio Castaño y del titular de la Protex, Marcelo Colombo, destacó la “evidente connivencia policial y política” con la que actuaban los proxenetas en Ing. White. 25 mujeres y niñas fueron rescatadas.

Martín Vargas, Víctor Hugo Iglesias, Alfredo García y Eduardo Gutt.

 

ANTE EL JUICIO DE TRATA MÁS IMPORTANTE

DE LA HISTORIA DE BAHÍA BLANCA, NO A LA IMPUNIDAD

En el marco de un juicio histórico por trata de personas con fines de explotación sexual que se está llevando a cabo en la ciudad, queremos transmitir un mensaje claro.

Se llega a esta instancia judicial con evidencias concretas de un armado en red, destinado a la trata de mujeres. En este marco, se efectuó el mayor operativo de desarme de tramas de explotación sexual en la ciudad, en el cual fueron rescatadas 25 mujeres. Asimismo, señalamos que en este caso se destacó la connivencia entre los explotadores y las fuerzas de seguridad, lo cual constituye una de las principales características de este delito a nivel mundial. Nuestro objetivo es hacer ver lo que se pretende silenciar o invisibilizar: que la explotación sexual es una forma de vulneración de Derechos Humanos, la cual no puede ser tolerada, naturalizada, ni avalada por los Poderes de la República.

Es por lo mencionado que, desde organizaciones y referentes sociales, políticas/os, sindicales y feministas, hacemos un llamamiento a que la explotación sexual no quede impune, y a que se brinde una reparación integral a las mujeres victimizadas, en pos de restituir todos sus derechos vulnerados.

ADHIEREN:

Bahía Contra la Trata – Frente Julieta Lanteri – Red Local de Violencia de Género – Consejo Local de las Mujeres – Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional del Sur – Grupo de investigación UNS Prostituir es tratar – El Nido – Acciones Feministas – Desbandadas – Comisión de Género y Diversidades sexuales del Colegio de Psicólogos Distrito 1 – Bahiensas Feministas – Asociación Civil Manos Entrelazadas de Punta Alta – Colegio de Psicólogos – La Misión – Centro de estudiantes de trabajo social Bahía Blanca – Centro de pensamiento jurídico Inclusivo – FM De la Calle – Centro de estudiantes de Abogacía UNS – Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca – Equipo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Congregación Claretiana Bahía Blanca – Comisión de Cultura y Deportes venezolana de Bahía Blanca – Programa Aquelarre Radio Urbana Bahía Blanca.

Ate Bahía Blanca – Suteba Bahía Blanca– Sadop – Adef Bahía Blanca – CGI (Comisión Gremial interna) Banco Credicoop – Jaime Linares Senador Nacional MC – Frente feminista nacional y popular – Integración Ciudadana – Nuevos Vientos – Unidad Ciudadana – Bloque de Concejales Cambiemos – Bloque de Concejales PJ Cumplir – Frente de Mujeres Nuevo Encuentro – Juventud Radical – Jóvenes Pro Bahía Blanca – Puño y Letra Comunismo Revolucionario – Juventud Sindical Peronista – Socialistas para la Victoria – Melina Rebollo secretaria de DDHH e igualdad de género Secasfpi Anses – CTA Autónoma Nacional Pablo Micheli secretario general y Dora Martinez secretaria adjunta – CTA Provincia de Buenos Aires Cristian Echeverría secretario general, Laura García Vazquez, secretaria adjunta – Jesús Felix, secretario general CTA Autónoma Bahía Blanca Coronel Dorrego.

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

Durante el fin de semana se realizará en Trelew el 33º Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis que cada año reúne mayor cantidad de participantes.

Miles de mujeres llegan desde todo el país y del exterior para participar de un evento único. Este año se esperan más 50 mil participantes durante las dos intensas jornadas de debate y aprendizaje.

“Llegar a un encuentro no te garantiza que vas a salir feminista pero sí que vas a descubrir el movimiento de mujeres y ver cuantas hay viviendo historias como la tuya, vas a dimensionar lo que está sucediendo en América Latina donde las mujeres estamos demandando derechos, un mundo más justo, más igualitario, donde el mercado no nos lleve puesta a nosotras y a las generaciones futuras”, dijo a FM De la Calle Marcela Rodríguez.

El Encuentro comenzará con un acto de apertura en el cual se leerá un documento consensuado por quienes integran la comisión organizadora. En ese momento se toman las inscripciones opcionales y las participantes hacen un aporte de dinero para solventar los gastos.

Durante todo el año, la comisión organizadora gestionó alojamiento y comida para las participantes del evento. Este año habrá por primera vez una Feria Gastronómica “Al horno el patriarcado”.

“Tener que abastecer a tanta gente de comida demando la necesidad de esta feria. La idea es que tenga precios accesibles, esta desde la calle Edison hasta el centro y unas cuadras más adelante empieza todo el paseo de feria artesanal. Esta feria tiene el nombre de ‘Evelyn Moli Artesana de Sueños’, era una artesana que murió víctima de femicidio”, comentó Rodríguez.

Otra de las particularidades del encuentro de este año es la Campaña por un Encuentro Plurinacional que llevan adelante las mujeres de los pueblos originarios.

Las escuelas se abren para alojar a las viajeras y para ser cede de los 73 talleres, se incorporan dos nuevos “Mujeres y fútbol” y “Mujeres por la libre autodeterminación de los pueblos” y centenares de actividades culturales en paralelo.

Es un encuentro festivo, donde las diferentes demandas del movimiento de mujeres y feminista confluyen en un solo evento que finaliza con una marcha multitudinaria de todas las organizaciones en conjunto con independientes. Y finalmente se realiza un acto de cierre donde se elige la próxima sede.

“Estamos exigiendo al gobierno provincial que no haya medidas de represión, no pedimos seguridad de Gendarmería ni de la Policía en los momentos en que nosotras nos encontramos y transitamos por los espacios públicos”, dijeron desde la organización.

“El encuentro es un espacio de maravillosos, de crecimiento y formación para cada una que participa. Esta sociedad patriarcal y machista nos genera experiencias que no son agradables, nos deja las marcas del patriarcado en la sensibilidad de la piel, en la memoria. Eso es lo que nosotras seguimos construyendo, proponiendo nuevas formas de relacionarnos, de entender y mirar el mundo”.

Les pibes en la escuela. Hombres y mujeres martillan los restos de las viviendas de chapa que ayer destrozó la policía. Se organizan entre sí. Este rato ayudan a una mujer a levantar lo poco que le tiraron. Otro rato ayudan a otra vecina a colocar el techo. Trabajadores/as sin trabajo. Uno de ellos despedido recientemente de Servicios Integrados Bahía Blanca.

Esta mañana, presentaron un recurso de amparo. “Vinieron sin orden de desalojo”, dijo Juliana a FM De la Calle, y reprimieron “sabiendo que hay chicos menores”. “Se metieron a las casas”, agregó su vecina, en situación de calle con dos niños a cargo. “Hay menores con balas de goma”.

Ambas se acercaron a la municipalidad, en otras oportunidades, frente a la difícil situación económica que atraviesan. “En este caso vivieron con agresión y amenazas” sin mediar diálogo político.

“Por algo estamos acá” suma Luciano, quien recuerda que están anotados en “planes de vivienda desde el 2006. Son tierras que el municipio quiere negociar porque es mucha plata. Queremos un lugar donde poder vivir dignamente”.

“No queremos que nos lleven a un hogar donde hay más mugre que acá. Queremos una respuesta. Queremos que se haga cargo el intendente. Que se haga responsable. Que no se olvide que estamos en un rincón de Bahía Blanca. Que les dé una solución a la familia. No estamos usurpando. Estamos ocupando un lugar que nos pertenece como bahienses. No queremos que nos den materiales, lo vamos a levantar de cero”.

A su vez, denunciaron que durante la represión de ayer el municipio les “robó lo poco que teníamos. Se llevaron chapas, todo. Buscan que nos peleemos entre pobres y no lo van a lograr”.

Mientras tanto, el intendente Héctor Gay, junto a un puñado de dirigentes nacionales, lanzan la Unión Industrial de la Patagonia Argentina en el Teatro Municipal.

Por 33 votos a favor y 20 en contra el Senado aprobó ayer el pliego de Santiago Ulpiano Martínez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Federal Nº2 de Bahía Blanca. De esta manera, la mayoría de las y los senadores desoyó las graves denuncias de los organismos de derechos humanos y de víctimas del genocidio.

“Ulpiano Martínez es parte de la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para garantizar la impunidad para los culpables de crímenes de lesa humanidad”, afirmaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Bahía Blanca, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, y Rosana Heinrich -hija de Enrique Heinrich, obrero gráfico de La Nueva Provincia asesinado por la última dictadura cívico-militar-.

Una de las impugnaciones presentadas en abril fue realizada por el CELS y planteaba que Martínez “carece de idoneidad para el cargo” dado que “sus tres años a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad”.

En cuanto a las investigaciones sobre el genocidio, los organismos destacaron que las “reiteradas irregularidades” se “convirtieron en estrategias de impunidad”.

“Entre los beneficiados está Vicente Massot, uno de los responsables de La Nueva Provincia, acusado por el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y Miguel Ángel Loyola, tesorero del mismo sindicato”.

“Además, Ulpiano Martínez se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, rechazó el pedido de detención de Aldo Vara, capellán acusado por delitos de lesa humanidad, lo que facilitó que se fugara y muriera impune, y omitió informar sobre prisiones preventivas cuyos plazos estaban vencidos”.

El comportamiento irregular de Ulpiano Martínez fue informado por el juez Alejo Ramos Padilla, su sucesor como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, ante el Consejo de la Magistratura y la Comisión Interpoderes.

Ayer votaron a favor: Federico Pinedo, Julio Cobos, Miguel Ángel Pichetto, Esteban Bullrich, Luis Naidenoff, Ángel Rozas, Néstor Braillard Poccard, Humberto Schiavoni, Carlos Espínola, Roberto Basualdo, Inés Blas, Inés Brizuela y Doria, Miriam Boyadjian, Mario Fiad, Julio Catalán Magni, Eduardo Costa, Alfredo De Angelli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Daniel Lovera, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Dalmacio Mera, Claudio Poggi, Blanca Porcel de Riccobelli, Laura Rodríguez Machado, Guillermo Pereyra, Magdalena Solari Quintana, María Belén Tapia, José Uñac, Marta Varela, Silvia Beatriz Elías de Pérez y Pamela Verasay.

En tanto, los votos en contra fueron los de: Anabel Fernández Sagasti, María Inés Pilatti Vergara, Eduardo Aguilar, Ana Almirón, Norma Durango, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Nancy González, Pedro Guastavino, Ana María Ianni, Alfredo Luenxo, José Mayans, Beatriz Mirkin, María de los Ángeles Sacnún, María Odarda, José Ojeda, Juan País, Eugenia Catalfamo, Sigrid Kunath y María Teresa González.

El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.

La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.

Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.

Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.

El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.

Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.

Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca


 

Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados


 

Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani


 

Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico


 

Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle


 

Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani


 

Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago


 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano.

(Por Giuliana Crucianelli) En noviembre tendrá lugar en Buenos Aires el G20, cumbre de los presidentes de 19 países más la Unión Europea. Se presenta como el “principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política” que “aborda los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan”.

Mientras tanto, comenzaron a realizarse las reuniones de los grupos de afinidad en los cuales líderes de diferentes áreas proponen lineamientos para cumbre. La agenda de género es uno de los capítulos: Women 20. ¿Qué significa la equidad de género para este foro? ¿Cuál es su modelo de mujer?

“Propone empresarias exitosas pero para el resto el emprendedurismo, te las tenés que arreglar con lo que tenés, con lo que conseguiste. Ahí no vale ningún tipo de organización social, ni respuesta del Estado, ni de política social. Eso se contrapone con el ajuste y los despidos que estamos viviendo, esa realidad está totalmente avalada por el W20”, dijo a FM De la Calle Mariana Iturriza, integrante del Foro Feminista Contra el G20.

“Cerrar la brecha de género es un objetivo impostergable. La única medida para que alguien lleve a cabo un proyecto y logre sus objetivos debe ser su capacidad y su talento”, afirmó la esposa presidencial Juliana Awada durante la apertura oficial.

Uno de los puntos centrales del foro es aumentar la tasa de participación de las mujeres en el mercado del trabajo. ¿De qué inclusión estamos hablando? ¿Hay alguna forma de pensar esa inclusión sin incluir el trabajo doméstico y de cuidado?

Según la Asamblea NO al G20 “las perspectivas de esta confluencia tienden a asociar la posibilidad de mejora en la inclusión de ‘los trabajos del futuro’ cuando sabemos que hoy ‘el trabajo’ está en crisis y que son las mujeres y otras identidades disidentes quienes se encuentran en una situación de mayor precariedad y flexibilidad, con crecientes niveles de de desempleo y de empleo informal”.

Por otro lado, Iturriza agregó que “hablan de inclusión laboral, de inclusión financiera. Es una farsa porque se apropian de nuestros términos, de nuestro lenguaje y de nuestro discurso pero en realidad los vacían de sentido” .

Susana Balbo, la “chair” o presidenta del W20, fue diputada por Cambiemos hasta que dejó su cargo para abocarse a la planificación de la cumbre. Es empresaria, tiene viñedos y una bodega de alta gama en Mendoza. También aparecen Juliana Awada y Máxima Zorreguieta, entre otras.

“Ese tipo de mujeres son las que, supuestamente, nos representan. Desde el Foro lo que decimos es que el término mujeres nos queda chico, nosotras somos un movimiento de mujeres, lesbianas, trans, tarvestis y bisexuales y de un montón de diversidades que tienen que ver con las realidades que vivimos como, por ejemplo, mujeres negras, mujeres migrantes, indígenas, campesinas, de la economía popular”.

Mientras tanto, la liberalización de los mercados, el avance de las empresas trasnacionales sobre las economías regionales de “países emergentes” -como llama este foro a los países subdesarrollados- impactará diferencialmente sobre los cuerpos de mujeres y disidencias. El G20 solo viene a ofrecer soluciones parciales y superficiales lejos de dar respuestas a los grandes problemas estructurales que dejan a las mujeres empobrecidas y en estado de vulnerabilidad permanente.

La docente e investigadora de la Universidad Nacional del Sur, María Celia Vázquez, se jubiló para dar paso a una nueva etapa de su vida después de casi 31 años de trabajo y aporte a la comunidad.

FM De la Calle conversó con ella para conocer sus deseos, expectativas y opiniones sobre la actualidad de la tarea docente.

María Celia se inició en 1985 en escuelas secundarias y nocturnas e ingresó dos años más tarde a la UNS como ayudante de cátedra.

“Desde el momento que empecé a evaluar la posibilidad de jubilarme, un poco apremiada por la coyuntura, empecé a ver como una película de lo que fue la trayectoria. Recuperé imágenes que tenía super olvidadas, se ve que se activa la idea de cierre de algo; la proximidad de eso me activó un montón de recuerdos. Estoy muy contenta de lo que pude hacer, para empezar porque pude trabajar siempre en el contexto de la actividad de la educación pública, a la que reivindico y defiendo. Me parece que es una pieza clave en la construcción del tejido social, de la sociabilidad y de la conciencia, fundamentalmente”.

A lo largo de su historia Celia aseguró haber pasado por momentos difíciles en la docencia pero también reconfortantes: “Pienso en los noventa, que fue un momento tremendamente áspero en la universidad, no sólo en lo que respecta a lo salarial o a lo presupuestario, sino que ahí refundan una universidad copiando el modelo norteamericano, con la idea de la eficiencia, de la productividad… Ese fue un momento muy duro donde los docentes universitarios o los sindicatos que nos representan, no pudimos oponernos con la suficiente fuerza. Esa refundación de los noventa en la universidad todavía tiene hoy muchas cosas que no se desmantelaron”.

Consultada por su mirada de la docencia en perspectiva de su trayectoria, María Celia contó que a pesar de que siempre supo que era un trabajo, “ser docente es desempeñar una función social muy importante, no sólo de instruir, de impartir conocimiento sino de crear conciencia y en los últimos años yo sentía que había que trabajar con la construcción de una sensibilidad y una empatía entre los alumnos como un dato nuevo, había que profundizar e incentivar situaciones que promovieran el desarrollo de la empatía”.

“A mí me impresionaba bastante cierta impronta del individualismo, del encierro, del ensimismamiento, como poco registro más colectivo como una dato que se había agudizado bastante. (…) A lo mejor tiene que ver también con que algunas cosas están y yo no las puedo percibir porque están en un modo muy diferente al modo al que estaba acostumbrada a verlas”.

Además de la docencia, Vázquez continuará su tarea de investigación que en lo que va de su carrera se ha centrado en la historia de la crítica literaria en Argentina, los debates en torno al peronismo clásico del ‘45 al ‘55 y a Victoria Ocampo: “Ese lugar incómodo me cuesta pero lo reivindico”.

“Cualquier docente en cualquier tramo que enseñe literatura ya está ejerciendo un modo de la crítica, esa me parece que es una función política y social fundamental. Qué enseñamos a leer, a quiénes leemos, qué modelos de lectura planteamos, todo eso va construyendo un sentido común, pero también una idea de la inteligibilidad del mundo, de quiénes somos, por ejemplo, si trabajamos con literatura argentina”.

-¿Qué le diría a aquellos/as que están por emprender el camino de la tarea educativa?

“La docencia es un camino de ida, en el sentido de que si uno es docente, cuesta mucho dejar de serlo, pero es un camino áspero, es difícil y, en este contexto, es doblemente difícil. Se trabaja con personas que en este momento están tan vulnerables como uno, entonces es difícil lograr los cometidos, lograr que los alumnos aprendan, compartir entusiasmos comunes… Pero ese es el gran desafío; cómo encontrar el punto en común para que los alumnos digan: ‘A lo mejor esta tiene algo interesante para decir’. Ser docente es tener que remarla para que el alumno te dé esa chance, no viene dada, hay que ganársela”.

Organismos de derechos humanos se reunieron con las CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y ATE “ante la profunda preocupación por la vulneración del Estado de Derecho en nuestro país”.

El secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, dijo a FM De la Calle que la iniciativa es “de las pocas cosas esperanzadoras que hay en la Argentina de hoy porque muestra un recorrido de unidad del movimiento de derechos humanos”.

“Fue un encuentro entre dos procesos de unidad donde se respiraba la convicción de que hay que enfrentar al macrismo, en la movilización popular, en la disputa de la sociedad. No se trata solo de caminar y caminar sino de pensar modos de intervención que pongan en cuestión la dominación cultural que tiene el macrismo sobre una parte importante de la sociedad”.

Para dar continuidad a la articulación avanzarán con dos iniciativas: “una solicitada en contra de todas las amenazas” recibidas por trabajadorxs y militantes populares y la participación en la misa convocada por el sector sindical para el 20 de octubre en Luján la cual, a pedido del MEDH, tendrá un carácter ecuménico.

Schulman aseguró que “lo que ocurre en la Argentina es una operación continental de reorganización de la dominación colonial” a partir de la cual “hoy menos que nunca se puede pensar la represión por fuera de la política general”.

“El acuerdo con el FMI es la consumación de ese proceso de dominación. (…) Habrá tanta represión como permitamos, así de sencillo, en términos teóricos la cuota de plusvalía, la voluntad de explotar y ganar no tiene límites”.

El dirigente manifestó que “nosotros ya veníamos re contra jodidos, todos los días calculo mi pensión en dólares y pierdo siempre, pero ahora ya empiezan a estar amenazados los grupos medios y la historia muestra que se suicidan, que no solo son reaccionarios sino que son bastante tontos. Como la burguesía liberal de Argentina que con tal que persigan al peronismo o a Cristina o a no sé quién están aceptando de manera cómplice la destrucción del estado de derecho”.

“Argentina se va encaminando hacia una situación en que lo espacios terceristas, las propuestas de hagamos un poquito cada vez tienen menos sentido. Eso hace más difícil derrotar al macrismo pero también de que la derrota del macrismo va a ser muchísimo más contundente para el capitalismo argentino que otros períodos.

“Nada es gratis en esta vida y ceder la moneda… bueno, el que quiera salir de ese esquema no tiene otra que romper con el Fondo, eso equivale a poner límites al manejo del dólar, volver a controles, hay una cadena de decisiones que tendrá que tomar aquel que quiera separarse un poquito del macrismo que en la Argentina derivará en un enfrentamiento enorme entre la Nación y el poder colonial”, dijo Schulman.

El secretario de la Liga advirtió que el espacio avizora dicha situación y con sus pergaminos y diferencias “se propone representar nada menos que al sujeto pueblo”.

Participaron del encuentro representantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,  Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH de La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

Fotos: ATE Capital.

El economista Julio Gambina comentó que la salida de Luis Caputo del Banco Central responde a “diferencias de política monetaria y económica dentro del gabinete” y que parece haber ganado la pulseada Nicolás Dujovne al poner a su segundo al frente de la entidad monetaria.

“Tampoco sé qué quiere decir que va creciendo el poder de Dujovne”, dijo a FM De la Calle y agregó que “todavía no se informa el acuerdo con el Fondo Monetario y el presidente del Banco Central renuncia, no es una señal de fortaleza del gobierno Macri, digamos que es un momento de mucha turbulencia en medio de un inmenso paro general”.

“A nivel mundial esto se lee, hay un fortalecimiento de las organizaciones sindicales, sociales, con una movilización muy importante en el día de ayer no solo en Buenos Aires sino en varias ciudades y hoy paros con piquetes, es una situación de mucha incertidumbre en la política nacional”, declaró.

Gambina adelantó que “cualquiera de las cifras mencionadas -entre 20 y 3 mil millones de dólares extra- no alcanza para cubrir el déficit externo de la Argentina, con lo cual va a hacer falta reforzar, si no presta el Fondo Monetario habrá que ir a algún otro organismo internacional, seguramente se está negociando con algunos bancos”.

“Y el resultado es un gigantesco crecimiento de la deuda pública argentina. Ya el Presupuesto 2019 dice que el año que viene se van a pagar 600 mil millones de pesos en intereses que, para tener dimensión, es mayor que los 530 mil millones en salarios que va a pagar el Estado nacional: salarios de la educación, de la salud, de la seguridad, de la administración pública”.

El economista explicó que “el endeudamiento es una hipoteca gigantesca que destruye cualquier perspectiva de asegurar un equilibrio fiscal en Argentina porque, por mucho que alardean con el déficit fiscal 0, el déficit fiscal total -que incluye el financiero pagando intereses de la deuda- es gigantesco, son 3.2% del PBI”.

Al ser consultado sobre la legitimidad de la deuda y la obligatoriedad de su pago, a pesar de haber sido esta vez tomada por un gobierno democrático, Gambina afirmó que “según la Constitución la deuda la arregla el Parlamento” y eso no ocurrió.

“El acuerdo con los holdouts sí pasó por el Congreso, ahí tenés la complicidad no solo del gobierno sino de la oposición. El planteo de la izquierda solo tiene sentido en tanto y en cuanto se logre una mayoría política popular que rompa la hegemonía del partido de pago de la deuda que hay en el Parlamento y en la sociedad, es un problema político por excelencia”.

Para el economista cabría preguntarnos “por qué se tomó la deuda, cuáles son las comisiones, cuáles son los acuerdos con los bancos, por qué se canalizó de la forma que se canalizó, es más, cómo se dilapidaron los recursos en estos meses de corrida cambiaria”.

“Esas reservas internacionales, ¿por qué se usaron para ser depositadas en cuentas de especuladores y no se utilizaron para una pensar una política económica de carácter alternativo?”.

“Yo haría una consulta popular: el Banco Central gastó 15 mil millones de dólares en especulación, ¿estaría de acuerdo la población en que se utilizaran para el desarrollo de la agricultura familiar, de la economía comunitaria, la economía social, solidaria, cooperativa, de las empresas recuperadas, las pymes, en el estímulo y aliento a la producción local, de la economía regional, una política energética de soberanía?”, concluyó.

La ex diputada nacional Alcira Argumedo tuiteó luego de la renuncia del titular del Banco Central que “la Justicia debe impedir que Luis Caputo abandone el país”.

“Debe ser investigado por dólar futuro, negociados con el FGS, emisiones de deuda con sus antiguos bancos empleadores y su manejo del Banco Central dónde dilapidó miles de millones de dólares”, amplió.

Minutos después, en diálogo con FM De la Calle, recordó que el Financial Times realizó a fines de 2017 una encuesta mundial preguntando cuál había sido la operación financiera más delirante del año 2017 y “el 7% de los lectores votaron que había sido el bono a cien años al 8% anual -hay que ver que hay un gran escándalo porque subió la tasa de interés de EEUU al 3% anual-“.

“Al poco tiempo de esa operación aparecen los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panamá Papers, y ahí sale que el fondo de inversiones más beneficiado con el bono a cien años fue Noctua Partners, fundado por Luis Caputo y que a su vez le pertenece a través de una combinación de empresas tipo muñecas rusas”, agregó.

Argumedo afirmó que bancos como el JP Morgan, al cual presidió Caputo “hasta que entró a trabajar en la especulación finaciera”, con los fondos de inversión ganaron “miles de millones de pesos”. “Esto de que se fugan 50 mil millones de pesos, no! Van amanos de estos sectores”.

“Este caballero ha hecho negocios descomunales”, destacó la socióloga y mencionó la venta de acciones que pertenecían al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Los amigos presidenciales Joe Lewis y Marcelo Midlin compraron acciones de Petrobras Argentina “avalados, entre otros, por Caputo que estaba en el consejo directivo”.

Las adquirieron “a 10 dólares la acción con tal buena suerte que a la semana estaba 18 dólares la acción. Una ganancia de 80% en cinco días y una pérdida para la ANSES del 80% en este rubro y después dicen que hay una crisis. Esto no es una crisis, es un brutal saqueo por parte de los sectores especulativos”, concluyó.

Caputo fue reemplazado al frente del Banco Central por Guido Sandleris, ex funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal. Durante 2016, se desempeñó como subsecretario provincial de Finanzas.

Pablo Becher es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Sur. Además, es coordinador del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO) y miembro del Seminario de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad (SISMOS) de Mar del Plata.

Recientemente presentó en nuestra ciudad el libro “El Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs en Bahía Blanca: formas de organización y experiencias de lucha (1995-2003)”, producto de la labor para su tesis de magister en Sociología de la UNS. En diálogo con FM De la Calle amplió parte de su trabajo:

-¿Con qué características se empieza a conformar el movimiento de trabajadorxs desocupadxs en Bahía Blanca?

La aparición de los desocupados es un tema, desde mi punto de vista, crucial porque nos permite ver que la situación en Bahía Blanca no era de progreso y de alta actividad económica.

Es una situación -en los noventa- donde se percibe: por un lado, la enorme privatización de áreas públicas pero también de áreas privadas que comienzan a expulsar una gran cantidad de trabajadores. (…) Bahía Blanca va a presentar, a diferencia de otras ciudades de Buenos Aires pero también del país, una enorme tasa de desocupación. Estábamos hablando de casi un 36% de la población con problemas de empleo, donde habían fracasado en muchos casos, las llamadas indemnizaciones, las jubilaciones anticipadas, los retiros voluntarios… y toda esa situación que había sido pactada de alguna manera con los sindicatos, en este momento, empezaron a generar problemas que implicaron una gran masa de personas que no podían permanecer en su empleo. (…)

En el 2000/2001 hace su aparición un movimiento de desocupados que ya tenía su raigambre nacional, como el Polo Obrero, el MTL, la CCC. Son esos años donde comienzan a aparecer estas organizaciones que realizaban un trabajo territorial, sindical y político, y esto es importante aclararlo porque muchas veces se ha pensado en los movimientos de desocupados ocupando un espacio específico, el territorio y su relación específica con los planes sociales, pero en realidad no deben ser vistos de esa forma, sino desde la complejidad que implicó amalgamar lo político, la necesidad de las personas y generar lo que ellos llaman conciencia: una pelea permanente por generar conciencia y participación en las luchas colectivas. El 2001 también va a generar un movimiento de trabajadores estatales muy importante donde los docentes van a ser los protagonistas fundamentales. (…)

Con posterioridad al 2001, 2002, 2003 hay una organización importante del movimiento desocupado ya relacionado a nivel nacional que van a intentar realizar luchas colectivas, entre ellas diversos piquetes, vinculadas a empresas como el polo petroquímico para obtener empleo genuino. Fue un movimiento social muy heterogéneo, muy complejo donde vemos en muchos casos no solamente la visión de la alternancia de la militancia política, sino también la visión de la gente común, los sectores populares, de su cultura de organización que en muchos casos estaba vinculada con las luchas vecinales, barriales, y ahí me parece importante visibilizar eso: cómo el movimiento de desocupados y, en este caso distintas organizaciones, van a captar esas demandas para luchar no solamente por el eje transversal, en este caso el derecho del trabajo, sino también por mejoras circunstanciales en las condiciones de vida.

-Mencionas en tu libro la organización del acampe de casi tres meses en la Plaza Rivadavia y la presencia de la UTD, ¿qué características tenía esta organización y qué la diferenciaba de la otras?

La UTD es una organización que va a nacer específicamente en el barrio Maldonado y va a tener como referentes a distintos actores que tenían una militancia previa en el MAS, pero que de alguna forma por diferentes circunstancias, se habían alejado. Estas personas van a empezar a visibilizar esos bolsones de pobreza, las dificultades que tenían para poder obtener empleo y empiezan a organizarse lentamente en un pequeño programa que tenía ejes fundamentales en relación a obtener mejoras en las condiciones de vida y trabajo genuino, esas eran las dos cuestiones fundamentales desplegadas en múltiples puntos.

Van a empezar, por ejemplo, a participar en las bolsas de empleo que daba el municipio llevando volantes, van a ir a hablar con el MTA y le van a proponer poder hacer alguna actividad, se van a acercar a la gente de la CTA, van a ir a las actividades de San Cayetano (…) Aparecen entonces con fuerza y deciden frente a la negativa del gobierno de poder anotarlos en empleos que se estaban otorgando acampar hasta que se les de visibilidad, en ese acampe aparecen distintas organizaciones como el PC, el PCR, aparece la CTA… es decir la izquierda en este sentido va a acompañar, al igual que los medios alternativos a esa lucha, y eso es importante aclararlo, es decir no estaban solos.

Fue una cosa interesante porque amalgamó también la lucha de otros sectores que venían también en una situación de desocupación. Por ejemplo, en ese momento Aerolíneas aparece privatizado, aparecen los jubilados con muchos problemas en el PAMI, médicos que no estaban cobrando, la UTA con una reconversión en los colectivos, los boleteros directamente desaparecen, es decir, veíamos en ese momento una serie de cambios muy grandes que hacían que la inestabilidad fuera permanente. (…) Y la UTD va a tener en un primer momento una enorme cantidad de gente y luego se va a ir disolviendo. (…) Después va a aparecer más adelante en el 2000/2001 dando el espacio para que pudieran de alguna forma empezar a organizarse en Bahía Blanca en Lucha.

-¿Qué vínculos y continuidades podés hacer entre lo que contás en el libro y lo que lees en los diarios hoy?

En primer lugar, a mí me parece que el enfoque sobre la desocupación muchas veces aparece poco problematizado; aparece como un flagelo, como una anormalidad y en realidad es una normalidad del sistema capitalista. El problema es cómo nosotros logramos de alguna forma generar un cambio ante esa situación permanente. La desocupación es algo que de alguna forma se presenta como algo cíclico y en esta mirada tenemos que tener en cuenta que cada vez más la población sobrante va a aumentando, cada vez más los desocupados se van convirtiendo en un elemento que además es sostenido por el propio capital, para bajar salario, poner techo, permitir que no haya un mejor empleo, etc.

Hoy en la Argentina hay un millón y medio de desocupados y en Bahía Blanca las cifras nos están dando un 8 y un 10% de desocupación de tasa abierta, no quiero imaginar la subocupación, es decir, el empleo precarizado que también se sostiene.

Es decir que estamos viviendo un problema de desocupación permanente y estas organizaciones nos invitaron a reflexionar acerca de cómo los sujetos se organizan para poder generar alternativas al capitalismo. No siempre son alternativas socialistas, sino que a veces son alternativas para acomodarse de mejor manera a este sistema. (…)

-Esos movimientos se plantearon también como alternativas a los partidos tradicionales. ¿Cuánto ha favorecido al movimiento piquetero el desarrollo de la conciencia de clase, la necesidad de formación ideológica? ¿Cuánto hay de autocrítica en el movimiento?

Creo que vas a un punto importante… que es de qué forma los sectores populares junto con la militancia de izquierda, contestataria, etcétera, permite construir una contrahegemonía, es decir, de qué forma podemos construir una nueva hegemonía que tenga nuevas prácticas sociales en los sectores populares y eso es una dificultad que las organizaciones de desocupados vivieron permanentemente. (…) Por supuesto que esto es una construcción en permanente estado de discusión y debate.

Trabajadoras y trabajadores de Página/12 realizaron este martes un paro por el no pago del acuerdo paritario por parte del Grupo Octubre, que alegó como excusa la falta de homologación por la secretaría de Trabajo, requisito que la legislación vigente no exige.

El delegado del Sipreba, Fernando Dondero, dijo a FM De la Calle que el plan de lucha iniciado continuará con “un paro de 36 horas la semana que viene, que tiene que ver con el acto y paro de la CTA del lunes y el de la CGT del 25 y la comisión interna está mandatada a un paro de 48 horas el mes que viene si no se resuelve la situación”.

Por el paro y por primera vez en su historia, la empresa decidió no imprimir el diario del miércoles. “Los diarios tienen siempre una estructura con un sector pequeño que puede garantizar la salida de un diario de emergencia en medio de un conflicto, es lo que ha hecho siempre la patronal de Página/12 cuando teníamos que hacer una medida extrema como un paro total”.

En este caso, afirmó Dondero, “adoptaron una resolución inversa, la vemos como una amenaza, una especie de castigo que no nos modifica en nada porque entendemos que la justicia esta de nuestro lado. (…) Si el objetivo era invisibilizar algo lo han potenciado”.

Las medidas votadas por unanimidad continuarán frente a lo que también es una situación inédita: por segundo año consecutivo la empresa desiste de cumplir un acuerdo paritario que está lejos de cubrir una inflación que va a superar el 40 por ciento.

“Creemos que no es posible la libertad de prensa sin el pago de salarios dignos que, como mínimo, alcancen a cubrir los aumentos de precios”, afirmaron desde la comisión gremial.

El Concejo Deliberante convocará al Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y a responsables del Plan Integral de Monitoreo (PIM) del Instituto Argentino de Oceonagrafía luego que se conociera la pericia judicial de la Facultad de Agronomía de la UBA, la cual recomendó la inmediata prohibición de la pesca y consumo de peces de la ría y del vertido de contaminantes.

“Lo peor que podemos hacer es dejar que pase el tiempo, no decir nada, no hacer nada y esperar a que la justicia resuelva. Con las tecnologías que hay, en pleno siglo XXI, no se puede desconocer que hay un impacto real sobre la ría y que ese impacto tiene que empezar a ser mitigado”, dijo a FM De la Calle la concejala Paola Ariente.

La edila del PJ Cumplir agregó que “la pericia demuestra algo que se viene comentando e inclusive por los informes medioambientales hechos por el CONICET y el IADO, que hay presencia de metales y otros contaminantes, lo que hay es una diferenciación en los valores”.

“Los informes que se vienen haciendo por parte del CTE tienen que ver con una toma sistemática de muestras y la pericia son tomas puntuales que se hicieron en un día y a una hora determinada. Para disipar cualquier duda, tendríamos que poner en la misma condición una serie de muestras sostenidas en el tiempo para poder evaluar si lo que está diciendo uno u otro es verdad o mentira para llevar certezas a la sociedad y ver cómo hacemos para empezar a mitigar los efectos que está teniendo la actividad propia del ser humano en la ría”, dijo.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

La integrante de las comisiones de Medio Ambiente y Asesora Ambiental propuso “sacar a licitación pública el nuevo estudio del estuario con alguien que no esté involucrado ni en una causa judicial ni en un informe medioambiental para ver si es real”.

“Más allá de la recomendación de no comer el pescado (la pericia) hace otras que pueden ser susceptibles de que se tomen en cuenta, que es la incorporación de caudalímetros las 24 horas para que con la tecnología que hay la recolección y la toma de la muestra sea totalmente objetiva. (…) Eso se podría implementar y el CTE cuenta con los fondos”.

Ante la intención de ampliar el polo petroquímico, Ariente aseguró que es un debate urgente: “¿Cuánto está capacitada ambientalmente Bahía Blanca para recibir más impacto del que tiene?”.

Por el momento

El integrante del IADO Jorge Marcovecchio dijo en relación a la presencia de metales pesados que la ría “es un sistema impactado pero que no pone en crisis la salud humana, por el momento”. Apuntó a ABSA y afirmó que “un problema muy concreto que sí hay que atender rápidamente” es el “bacteriológico”.

“Respecto al teórico alto contenido de algunos metales en peces de la zona podría decir que en estas últimas décadas hemos analizado ocho o nueve mil ejemplares de peces, entre los cuales sin duda hemos encontrado diez, doce, quince, que han tenido valores altos. Ahora, desde el punto de vista estadístico esto no es una cosa para alarmar a la población”, agregó.

Marcovecchio manifestó sobre la pericia judicial que “es un análisis que hicieron sobre un poco más de una docena de muestras pero no dicen concretamente ni dónde se tomaron, ni cómo se tomaron, ni en qué condiciones, etcétera”.

El Enacom adeuda cientos de millones a los medios comunitarios.

El Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM sigue quedándose los fondos de fomento para medios comunitarios y de pueblos originarios que establece la ley 26.522. En lo inmediato son casi 160 millones para proyectos ya presentados en concursos de 2017, que se encuentran cajoneados en el organismo. A lo que deben sumarse 300 millones que corresponderían a los concursos 2018, ni siquiera abiertos a poco más de tres meses de finalizar el año, cerca de 25 millones más en deudas que persisten de proyectos ganadores en 2015, y otros varios cientos entre la sub ejecución de 2016 y las diferencias que se acumulan todos los años entre lo asignado y lo establecido por la ley.

Nos preguntamos, ¿en qué se la gastan?

En un contexto inflacionario, con tarifazos que golpean duramente el sostenimiento de los medios, el Enacom que preside Silvana Guidici ahoga financieramente a los medios de comunicación populares. Así impide que se desarrollen proyectos de realización de contenidos radiales y audiovisuales, de gestión, equipamiento e infraestructura, y excluye del ecosistema mediático las voces comunitarias y alternativas, atacando la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la pluralidad de voces que la ley busca resguardar con este mecanismo.

No se trata de “subsidios” que un gobierno pueda otorgar o no según su humor y predisposición, sino de fondos que provienen de un impuesto de asignación específica, proveniente del mismo gravamen a la comunicación audiovisual que financia los institutos del Cine, el Teatro, la Música y al propio ENACOM. No pueden no utilizarlo, y utilizarlo para otros fines es un delito.

Reclamamos:
-Anuncio de los ganadores y el desembolso de los concursos vigentes en el mes en curso
-Actualización de los montos concursados por inflación
-Apertura de las líneas correspondientes a 2018.
-Saldo de todas las deudas anteriores
-Participación en la elección de jurados a través de propuestas y análisis de sus CV

Basta de dilaciones.

Sin medios comunitarios no hay democracia.

#enqueselagastan
#sinmedioscomunitariosnohaydemocracia