El Observatorio Geopolítico en la Energía y Soberanía (GENSUR) realizó un informe sobre la cuestión energética en Argentina y consideró los reacomodamientos en la región, que hacen del tema un asunto de política internacional y establecen una geopolítica de la energía que concatena todas las variantes ejercidas por los países centrales sobre nuestros bienes energéticos.

Ramón Gómez Mederos, integrante del GENSUR, dijo a FM De la Calle que “la energía en América Latina en general, no está siendo vista como un derecho humano y como un bien social. No es un solamente slogan o una apreciación filosófica sobre lo que debe ser la energía sino que, precisamente, la energía hoy por hoy es un elemento importante a la hora del desarrollo, no solamente de lo que tiene que ver con la transformación de la materia prima, sino que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades”.

Consultado respecto a la importación y exportación de combustibles en nuestro país por parte de empresas que priorizan, en muchos casos, la comercialización por sobre la producción comentó que “extranjerizar la economía energética no significa solamente importar combustibles, sino que significa importar excedente de petróleo y no ponerlo en las plantas que refinan el petróleo. Acá hay un punto importante porque, a finales de 2015 se importaba de tres países inclusive de la región, hoy se importa de 14 países y los que están a la cabeza en Argentina es Trafigura y Shell, precisamente las empresas que tienen que ver con el gobierno de Macri”.

En cuanto a las expectativas gubernamentales sobre una baja en las tarifas a partir de la explotación de Vaca Muerta  explicó que “es muy simple, nosotros importábamos gas de Bolivia de seis dólares. Con el negocio de la importación de combustible del gobierno de Macri, se empezó importar desde Chile, que en realidad es una importación de GNL que Chile trae del exterior, lo regasifica y lo vende a Argentina por el doble de lo que se lo compra a Bolivia. O sea, el esquema es regional”.

Un grupo de militantes que conforman la Multisectorial 21F fueron amedrentados mientras viajaban al lanzamiento a nivel nacional de dicha organización.

Desde este espacio, emitieron un comunicado en el cual destacan la impunidad con la actuaron integrantes de las fuerzas de seguridad. Allí relatan que “mientras almorzaban en una estación de servicio de Saladillo fueron demorados por policías que lisa y llanamente los acusaron de robar “algo” del interior de un automóvil Chevrolet Cruze blanco. El vehículo en cuestión pertenece, oh casualidad, al Ministerio de Justicia de la Nación”.

“Los efectivos policiales revisaron la combi de la delegación y a ningún otro de los tantos vehículos que había en el lugar, ni demoraron a ninguna de las demás personas que allí se encontraban. Revisadas las cámaras de seguridad de la estación de servicio y comprobándose lo evidente (que nadie sacó nada del auto blanco), la delegación fue autorizada a continuar el viaje”. Algo similar ocurrió también con la delegación que viajaba desde la provincia del Corrientes, quienes fueron demorados por efectivos de Gerdarmería.

El delegado de la Asociación Argentina de Actores a nivel local e integrante de dicha organización, Ángel Dantagnan, se refirió en FM De la Calle sobre este episodio y además destacó lo que fue el acto celebrado ayer en la cancha de Atlanta: “La parte interesante y lo que debería trascender es un movimiento muy interesante, muy variado. Movilizado sí, por camioneros, pero también por las dos CTA, que son los impulsores de este movimiento 21F con Yasky y Micheli a la cabeza y se han ido sumando gremios y movimientos sociales”, aseguró.

“De acá de Bahía pudieron asistir: APOPS, SUTEBA Celeste, La René Salamanca, La Norma Plá, nosotros desde Actores, el gremio de seguridad privada y camioneros. Y después de todo el país es muy variado y con un objetivo claro de pararse frente a estas políticas neoliberales de avallasamiento de derechos de los trabajadores. Los oradores fueron muy breves y Gustavo Vera, que es de La Alameda y quien también estuvo recorriendo el país, tuvo un discurso muy interesante donde se planteó un plan de lucha, con movilización de acá a noviembre cuando se armé la reunión del G-20. La idea es que el G-20 encuentre a todas las agrupaciones pertenecientes al 21F en la calle, para decirles que no nos interesan este tipo de políticas que quieren implementar y que está llevando adelante este gobierno”, manifestó.

Consultado sobre cómo se empiezan a articular los debates de la Multisectorial en nuestra ciudad, Dantagnan explicó que “está abierto a quién se quiera sumar y empezar a hacer alguna otra acción concreta de movilización en la calle, para acompañar las luchas locales de cada uno y pensando en que en algún momento la conducción, sea el partido que toque gobernar, esté atravesada directamente por los trabajadores”.

“Es interesante, es difícil, la unidad siempre es difícil pero es un camino. Lo interesante es que es muy variado y que da una esperanza para plantarse a este tipo de políticas que se llevan puesto los derechos que se han conseguido a lo largo de tantos y tantos años de lucha”, enfatizó.

(Por Giuliana Crucianelli) Ayer en las inmediaciones del Congreso hice cola para todo porque nada alcanzaba.

Fui a un baño que encontré y por supuesto no era la excepción. Las chicas que estaban adelante mío estaban comentando que una conocida se hizo un aborto con misoprostol con recomendaciones de una médica que le había dicho “ponete dos en la boca y cuatro en la vagina” y comentaban que por suerte funcionó.

Yo, que estaba inmediatamente atrás de estas pibas, no pude disimular mí cara fastidio y asombro, ellas respondieron con una risa nerviosa y me miraron. Es muy peligroso hacerlo de esa manera, les dije. Son 12 pastillas. 4 cada 3 horas, debajo de la lengua. Siempre en la boca. Y esperar media hora a qué se disuelva. Y que te produce ? Me preguntó una. Contracciones, le contesté. Son como cuando tenés cólicos, ubicas ? Dolores que van y vienen. Podes tomar ibu.

Y por qué entonces le dijo eso la médica? Preguntó una.

Y, que se yo. Tal vez por ignorancia o porque quería darle una lección. Cómo un castigo, le respondió la otra.

Si, dijo la de al lado. Cómo un castigo. Nos quieren castigar por ser mujeres. Nos quieren obligar a la muerte. Por qué imagínate que le pasaba algo ? Ella hizo lo que le dijo un médico. Qué se iba a imaginar que era falso. Eso quieren: castigarnos.

Yo permanecía en silencio mientras ellas dialogaban conmigo y con ellas mismas.

Ojalá que salga esta ley, yo estaba en contra hasta que me enteré que mí mejor amiga abortó y nunca me lo dijo porque sabía lo que yo opinaba. Y lo hizo sola, sin mí digamos, porque sabía cuál era mí opinión. Y la pasó re mal. Fue el cierre de una de ellas hasta que una voz nos interrumpió: Che, chicas, ustedes están en la cola del baño? Si, le decimos a coro.

Acto seguido ellas entran al baño, yo me quedo esperando.

Cuando se van me dicen, ojalá que salga esta ley. Así mí amiga ya sabe que cuenta conmigo.

Y la otra responde: y con un montón de pibas más.

Y así como nosotras hablamos de aborto en la cola de un baño público, otras lo hacen en la cola de un supermercado, esperando el bondi, en el recreo de la escuela, en el aula tambien. En la oficina, en el campo, a la salida de misa, en la cola del banco, en el mate de la mañana.

Está marea verde logró sacar a los abortos de clóset. Logró poner nuestra subjetividad en primer plano. Logró que podamos decir que abortamos sin temor a ser juzgadas, sabiendo que hay alguien allá afuera o acá adentro que nos va a entender.

Esa es nuestra victoria, como así lo es el movimiento de pibitxs organizadxs e independientes que aprendieron de política y organización con esta ley. Estoy segura de que en las próximas elecciones no se van a olvidar la cara ni el nombre de lxs senadores que avalaron el aborto clandestino y que nos despreciaron abiertamente frente a los ojos del mundo.

Nuestros cuerpos son políticos, nuestros abortos también. El feminismo logró politizarlos y ponerlos en el medio del asunto. Discutan esto. Por qué discutir aborto si o no, no es válido.

Nuestros abortos no vuelven más al clóset.

#VaASerLey

Mientras tanto en Bahía Blanca…

El 19 de abril el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad un proyecto de instalación de buzones para “denunciar a narcotraficantes”. La iniciativa fue propuesta por el empresario y periodista Germán Sasso. A su vez, contó con el apoyo de funcionarios judiciales como el fiscal general Juan Pablo Fernández  y el titular de la UFIJ Nº 19 (Drogas), Mauricio del Cero.

FM De la Calle consultó a diferentes especialistas sobre la flamante ordenanza: “Fulbito para la tribuna”, “No protege a los ciudadanos”, “Es discriminatoria”, “Podría generar situaciones de violencia”, “Es una acción superficial”, fueron algunas de las respuestas.

Adriana Rossi, doctora en Filosofía y especialista en lucha contra el narcotráfico.

No me gusto para nada. El punto de partida del municipio es una política represiva y no de intervención social en el territorio. Convierte a los ciudadanos en policías, lo cual ha sido desaconsejable siempre por las derivaciones autoritarias. Se da pie a distorsiones (acusaciones por venganza, por ejemplo).

Podría tener efectos adversos. Podría transformarse en un instrumento que grupos narcos podrían utilizar para deshacerse de los rivales. No protege a los ciudadanos por el hecho mismo que al acercarse al buzón el denunciante podría quedar marcado.

Es discriminatorio porque apunta a los circuitos de venta de los barrios más marginales. Los otros circuitos para clase más alta son generalmente menos visibles y más protegidos.

Se apunta a los puntos de ventas. Se elimina uno y surge otro si no hay otro tipo de política. El consumo no se elimina con la intervención en la venta. Para enfrentar la oferta sobre todo en el narcomenudeo se debería tener en cuenta no sólo la dimensión puramente social sino también cultural para contrarrestar la cultura o subcultura que se genera en esos circuitos.

Denunciar, arrestar, solo va a atiborrar a las cárceles e institutos de menores con “delincuentes” de poca monta y, como dije antes, en lo referente a destruir un punto de venta lo mismo vale para las bandas. Sale una de la escena y se arma una violencia terrible (y no sólo narco) ejercida por pequeños grupos para apoderarse del territorio dejado libre por esa banda. La solución está por otro lado, y estas medidas, como la del buzón, terminan con la criminalización de grupos sociales desfavorecidos dejando intacto el circuito.

Carlos del Frade, diputado provincial, Santa Fe. Autor de la investigación “Geonarco, narcotráfico, poder y esperanza” y del libro “Ciudad blanca, crónica negra: historia política del narcotráfico en el Gran Rosario”.

Los buzones por la vida en Rosario y Funes, que es una localidad cercana a Rosario en el sur de la provincia de Santa Fe, fue una idea que comenzó a desarrollarse en los años 90. Después de casi 20 años de implementación arrojaron un resultado muy malo porque de hecho el desarrollo del negocio fue cada vez creciendo con mayor proporcionalidad, incluso la aritmética.

Así que estamos convencidos de la inutilidad. Supone filosóficamente que el vecino se tiene que convertir en una especie de celador y perseguidor de sus propios vecinos, algo que en realidad tiene que ver con la prevención y las tareas de las fuerzas de seguridad tanto nacional como provincial.

Allí hay una cuestión fundamental: mientras las principales fuerzas policiales de cada provincia sean en realidad las que manejan el negocio del narcotráfico en las principales provincias argentinas como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán la cosa no se va a solucionar con un buzón de denuncias anónimas contra el narcotráfico.

También es fundamental decir que los jueces federales, por lo menos en las dos grandes ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe, no se han caracterizado por trabajar mucho el tema. Al contrario, la principal banda narco en la provincia ha sido juzgada y condenada por asesinatos y asociación ilícita, pero no por narcotráfico.

Estas cuestiones también marcan que son respuestas espasmódicas, fulbito para la tribuna, pero nunca determinan un ataque en serio al gran corazón de todo esto que es el negocio del dinero a partir de los inversores y los que después lavan el dinero. Estamos muy lejos de encontrar una solución con los buzones de denuncias anónimas.

ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia).

La propuesta de instalación de Buzones Anti-Narco en Delegaciones Municipales, Salas Médicas y otras reparticiones aparece como una medida innecesaria frente a la existencia de múltiples instancias en las que es factible la realización de denuncias anónimas, tal como se plantea en los mismos considerandos de la ordenanza. Así, sin sumar de manera contundente al abordaje del problema, la medida podría generar situaciones de violencia desplegadas en el territorio y en lugares en los que se carece de las herramientas de contención adecuadas frente a estas situaciones.

Como aporte a la prevención del narcotráfico en el ámbito municipal, un camino más fructífero podría ser el de avanzar en diagnósticos más precisos de las manifestaciones del problema en el territorio, generando evidencias que sustenten las políticas concretas que podrían ser impulsadas localmente.

Victoria Darraidou, Investigadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS.

La iniciativa ya ha sido probada en varios municipios del país, si bien no se conocen evaluaciones de los distritos que implementaron estas acciones, las mismas suelen desactivarse con el tiempo. En ese sentido, este tipo de respuesta está más orientado a generar una idea de intervención que a crear acciones involucradas en la resolución de conflictos.

Con relación a la ordenanza de Bahía Blanca: 

o    la iniciativa propone una vía de denuncia anónima, pero no facilita a los ciudadanos la posibilidad de realizar un seguimiento sobre su denuncia;

o   las denuncias no necesariamente contienen los datos esenciales para motorizar un proceso de investigación, no hay control de calidad sobre lo que se denuncia. Por otra parte, ello posibilita que muchas cuestiones que se denuncien no necesariamente constituyan delitos;

o   alienta a la participación de la ciudadanía aportando pruebas y “colaborando en la tarea investigativa”, siendo que estas no son responsabilidades de la sociedad, sino del Estado. Ello puede alentar a la escalada de intervenciones punitivistas y estigmatizaciones sobre sectores la sociedad;

o   nada indica sobre fortalecer las capacidades en investigación de las áreas de gobierno del municipio con el supuesto de nuevo caudal de denuncias;

o   tampoco detalla cómo se va a gestionar, sistematizar y evaluar la cantidad y calidad de la información recibida y cómo esa información va a ser tenida en cuenta para tareas de prevención.

Experiencias previas de este tipo de iniciativa suelen demostrar una recepción positiva por parte de las comunidades que se va desmoronando con el tiempo. Ello ocurre o bien porque la información recibida es de baja calidad, o porque los gobiernos no cuentan con estructuras con capacidad de gestión. Es por ello que este tipo de iniciativas suelen ser consideradas como acciones superficiales que poca capacidad tienen para abordar los conflictos en los territorios.

(Por Fernando Tebele para La Retaguardia)  El tribunal presidido por María Evelina García Balduini condenó a prisión perpetua por el crimen del joven salteño de origen guaraní, a los policías de Río Negro Sandro Berthe, Pablo Albarrán Cárcamo, Diego Cuello, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Francisco Barrera y Pablo Quidel.

En una larga lectura de más de cuatro horas que comenzó hoy a las 10, el tribunal tomó casi todos los pedidos de los abogados de la familia, Sergio Heredia y Leandro Aparicio. El fallo fue seguido en una sala colmada, por referentes de Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, familiares de víctimas de represión estatal como Mónica Alegre (mamá de Luciano Arruga) y Sergio Casas (papá de Matías Casas), entre muchos otras personas que acompañaron la causa.

La lectura completa pudo escucharse a través de una transmisión especial de Radio Zona Libre, la radio de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y Radio La Retaguardia la replicó. A las 14:23 se escuchó la condena a perpetua que fue festejada en la sala. El actual embajador argentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, fue vicepresidente de la empresa Expofrut, la empresa para la que trabajó indirectamente Daniel Solano, cuyo cuerpo aún no fue encontrado. 

Los 7 policías que llegaron a juicio por el crimen del joven salteño Daniel Solano, fueron condenados esta tarde a prisión perpetua como coautores del delito de homicidio agravado por alevosía y por el hecho de ser policías.

Daniel Solano era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta; en octubre de 2011 viajó desde su Tartagal (Salta) natal a la zona de Valle Medio de Río Negro para trabajar en forma temporaria en la cosecha de manzanas, a través de la empresa tercerizadora Agrocosecha SRL, en el establecimiento de la multinacional belga Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque. Al cobrar su primer sueldo, un mes más tarde, descubrió que el dinero recibido era menor al acordado y comenzó a organizar un reclamo junto a sus compañeros. En la madrugada del 5 de noviembre fue visto por última vez mientras era sacado por policías del boliche Macuba, en Choele Choel.

Su papá, Gualberto Solano, y otros familiares de Daniel, vivieron en un acampe en esa ciudad durante estos años de impunidad hasta llegar al juicio. Gualberto murió durante el juicio y no alcanzó a ver la justicia que llegó para su hijo, aunque según contó su abogado Sergio Heredia a La Retaguardia pocos días después de su muerte “Gualberto Solano murió sabiendo quiénes mataron a Daniel, cómo lo mataron y quiénes encubrieron”. La tristeza que lo llevó a la muerte hoy se mezcló, en muchas de las personas que lo acompañaron en la larga lucha, con la emoción de haber conseguido desarmar la trama de impunidad que hay detrás de su crimen.

El caso de Daniel Solano desnuda la trata de personas, explotación y violencia de todo tipo a la que son sometidas miles de personas que cruzan el país para trabajar en las peores condiciones como “golondrinas”, la manera en la que se conoce a los laburantes que vuelan kilómetros incontables para llegar a realizar esas tareas generalmente mal pagas, y poco tiempo después regresan a sus lejanos hogares.

Solano había viajado por segunda vez para realizar este tipo de trabajo. Con su entereza quiso organizar a sus compañeros tras asumir la estafa a la que estaban siendo sometidos. Eso le costó la vida, pero su muerte no ha sido en vano y hoy se levantan su nombre y su rostro como bandera para denunciar que, aún con esta condena, la situación de miles de personas en los campos de las grandes empresas agroexportadoras continúa siendo la misma. Lo que intentó ser una lección para el resto de los laburantes, quizá pueda terminar siendo la bandera que ayude a cambiar esa realidad.

Así como durante estos 7 años costó una enormidad denunciar que Solano estaba desaparecido, el actual gobierno premia a los empresarios de este tipo de empresas con las embajadas más importantes. Será interesante escuchar la opinión acerca de esta condena de Fernando Oris de Roa, nuestro representante ante los Estados Unidos. Aunque uno supone que quizá sea imposible.

Vale acotar que la emisión de la señal que nos permitió hoy escuchar la larga lectura de la sentencia, la generaron los integrantes de Radio Zona Libre, Fermín Martínez y Nadia París. Ambos están mencionados en el nefasto informe acerca de la RAM que generó hace unos meses el Ministerio de Seguridad de la Nación. A Martínez se lo acusa incluso por la participación en un supuesto hecho de sabotaje contra un pozo petrolero de la región. Hoy quedó claro que en realidad son culpables de hacer cosas peligrosísimas como la de esta jornada: difundir causas demasiado incómodas para el poder. Sus armas estuvieron a la vista de todo el mundo: consolas, micrófonos y cables que nos permiten informar lo que gente muy importante quiere ocultar.

Foto: Jóvenes por la Memoria.

Elsa Bruzzone, integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, analizó en FM De la Calle los alcances del decreto del macrismo que habilita a las fuerzas armadas a intervenir en seguridad interior.

Planteó que “obedece a dos razones. Una de carácter externo, que es  cumplir con el pedido realizado por el jefe del Comando Sur, el almirante Kurt Tidd, donde en la última reunión sostenida en la semana del 16 al 18 de agosto del 2016 en Montevideo, en Uruguay, solicitó a aquellos países que tenían una línea divisoria entre defensa y seguridad que la rompieran, para que las fuerzas armadas pudieran intervenir en la seguridad interior. Como les remarcó: en ‘lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, en los desastres naturales, pero también en la represión de la propia población si es que las fuerzas de seguridad eran sobrepasadas’”.

“Y por otro lado, una decisión interna previendo que este modelo social y económico iniciado en diciembre de 2015, sin represión no cierra”.

Para Bruzzone el nuevo funcionamiento de las fuerzas armadas  es un regreso a la doctrina de la seguridad nacional, “donde el enemigo vuelve a ser de nuevo el pueblo y no los deseos de cualquier potencia extranjera que tenga apetencia sobre nuestros recursos naturales”.

El decreto 683 establece que tanto el Ejército, como la Armada y la Fuerza Aérea “conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional, el cual deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propia de cada una de esas fuerzas”.

 Así se modifica el Decreto 727/06 del gobierno de Néstor Kirchner y deroga el Decreto 1691 de noviembre de 2006.  “Lo que él (Mauricio Macri) está haciendo es  ilegal e inconstitucional, modificando por decreto la esencia de ambas leyes, la de seguridad y la de defensa, sabiendo que esto lo debe hacer exclusivamente el Poder Legislativo, porque así está determinado por la Constitución Nacional”, aseguró Bruzzone.

“Puedo decir con absoluta certeza que las fuerzas armadas no están contentas de volver a la seguridad interior, bastan tres ejemplos. El primero fue cuando al jefe del Ejército durante el gobierno de la Alianza, en la semana del 19 y 20 de diciembre de 2001, De la Rúa lo quiere implicar y le ordena que saque el Ejército a la calle para reprimir a la población y el jefe le dice que ‘de ninguna manera, es inconstitucional, que el Congreso de la Nación declare el estado de sitio, que hagan las modificaciones y a mí me den las órdenes por escrito’”.

“En diciembre de 2016 Macri, ya se había reunido con el jefe del Ejército actual con Patricia Bullrich y Martínez, que era el ministro de Defensa, para pedirle lo mismo, y le contestan exactamente lo mismo: que el Congreso de la Nación es el único que tiene la facultad de eso. Y el 31 de mayo de este año, luego de los anuncios de Macri en la cena del Ejército de Camaradería, el actual jefe del Ejército hace declaraciones y dice que las fuerzas armadas están exclusivamente para defender al país de una agresión exterior, que no están preparadas, que no es su función intervenir en seguridad interior”.

La especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional también hizo referencia a las características de las fuerzas armadas formadas en democracia, aseverando que ya no quedan en ellas aquellos que fueron parte de la última dictadura,  “la clase social a la que pertenecen ya no son mas las oligarquías que eran antes. Vienen de las clases medias, de las clases bajas, son de una clase social totalmente diferente a la que hubo hasta hace unos cuantos años atrás”.

“Esto genera inestabilidad, genera inquietud y también desestabiliza la democracia y  la República. Ahora le corresponde al Poder Legislativo y nos corresponde a nosotros también como pueblo, revertir esta situación y emplear todas las herramientas que tengamos a mano, porque no nos podemos permitir retornar a lo que nosotros ya hemos vivido, a una historia tan dolorosa del país como hemos tenido”, finalizó Bruzzone.

Tras la autorización para la instalación de una base militares estadounidense cerca del yacimiento petrolífero Vaca Muerta y ante el decreto que otorga a las fuerzas armadas la posibilidad de intervenir en asuntos de seguridad interior, conversamos con Jorge Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén.

“Esta noticia que anunció el presidente se suma a todo un estado de preocupación, porque se ha dibujado una imagen de terrorismo, de violencia extrema, de atentando que no tiene nada que ver con la realidad. Porque acá, si hay alguien que está actuando al margen de la ley y violando todos los preceptos constitucionales y legales, es la industria petrolera que ingresa con total libertad y protegida por la fuerza pública que sea necesaria y que le permite a estos grupo corporativos explotar a plena luz del día”, manifestó.

“Nosotros tenemos a Gendarmería apostada. Hay un contingente de 400 gendarmes para proteger Vaca Muerta, el Municipio de Añelo ya ha otorgado un predio para construir una base de operaciones para Gendarmería”.

“Entonces, cuando se suma eso, la base militar que ya también tiene un terreno otorgado, más el anuncio presidencial, sentimos todo verde oliva acá alrededor”, enfatizó.

Nahuel explicó que “lo que se sabe es la información pública que ha hecho el Gobernador anunciando como una verdadera burla al sentido común de que, acá se va a instalar una base del Comando Sur de Estados Unidos, para realizar tareas humanitarias”.

“Esta base no tiene ninguna lógica más que, poder generar una base militar que controle y proteja todos los interés que el fracking hoy está aplicando. Recordemos que el fracking, hoy es una técnica que está manejada, fundamentalmente, por empresas norteamericanas. Entonces, toda es inversión es la que, se supone, vienen a proteger semejante destacamento militar”, aseguró.

El secretario nacional del Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, se refirió en FM De la Calle al Decreto 683/2018 que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en asuntos de la seguridad interior.

“Se recoge en las primeras horas mucha sensibilidad, mucha voluntad de rechazarlo. Nosotros aportamos una mirada un poco larga y un poco más amplia. La decisión de Macri se debe contextualizar en el tiempo, los milicos fueron inhibidos al final de la dictadura. Menem intentó un camino de profesionalismo, una camino de crear una fuerza pequeña, moldeable para las cooperaciones internacionales”, manifestó.

“Pero luego, cuando empezaron las luchas populares, el Estado, el menemismo primero y los gobiernos que lo sucedieron, todos apelaron a un truco que todavía muchos callan, que es usar a la Gendarmería como fuerza armada. ¿Por qué entonces esta decisión de Macri? Yo creo que hay dos temas fundamentales: uno simbólico-cultural de revancha de reivindicar al ejército asesino y otra cuestión es la internacional, es evidente que no puede enviar junto con el Comando Sur a Gendarmería a Venezuela”, aseguró.

En ese sentido, Schulman sostuvo que “hay que empezar a hablar de Macri-fascismo, no será el fascismo de Videla, no lo es, no será el fascismo de Onganía, no lo es. Pero esto tampoco es un gobierno burgués de derecha. Esto es un gobierno que no tiene límites y que ya hemos comprobado no tiene límite en matar”.

“Yo creo que hay un cambio social y también hay un cambio político (en las fuerzas armadas). No todos los militares están felices con esto. Como en tantas otras cosas, es un momento de prueba en el que se verá que es lo que es cada uno. Hasta ahora, lamentablemente en el país, pocas veces las personas que tienen armas han obrado con dignidad y con decoro. En principio, yo diría que las actitudes de los militares han sido bastantes complacientes con las concesiones en términos de soberanía”.

 

Le otorga un rol en la seguridad interior, bajo la figura de “integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”. Se multiplican las voces de rechazo.

El presidente Mauricio Macri firmó este martes el decreto 638/2018 que reestructura las Fuerzas Armadas y oficializó de esta manera los anuncios que hizo ayer en Campo de Mayo.

El texto publicado en el Boletín Oficial y suscripto por el presidente, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y el ministro de Defensa Oscar Aguad, sustituye el artículo 1° del decreto 727 estableciendo que las Fuerzas Armadas en el caso de las misiones establecidas en la Ley de Seguridad Interior, el Ministerio de Defensa “considerará como criterio para las previsiones estratégicas la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”.

Asimismo, establece que tanto el Ejército, como la Armada y la Fuerza Aérea “conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional, el cual deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de esas fuerzas”.

De esta manera se modifica el decreto 727/06 emitido durante el gobierno de Néstor Kirchner, y se deroga el decreto 1691 de noviembre de 2006.

La misión primaria del Instrumento Militar “consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa”, sostiene el texto oficial. En ese marco, el Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos.

Macri encabezó el lunes un acto en Campo de Mayo, desde donde anunció la puesta en marcha de la reforma del Sistema de Defensa Nacional, donde las Fuerzas Armadas cumplirán un nuevo rol, haciendo énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior”, anunció el primer mandatario, habilitando que los militares puedan intervenir en el futuro en un área que hasta ahora les está vedada.

El jefe de Estado señaló que los miembros de las Fuerzas Armadas actuarán como “apoyo logístico en la zona de fronteras”, así como ante “eventos de carácter estratégico”.

El decreto incluye párrafos que abren la puerta a una actuación interna de las Fuerzas Armadas. Dice, por ejemplo, que “este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”.

Fuente: En Estos Días.

Un grupo de madres y padres de de niñxs con discapacidad presentó un amparo colectivo para que la obra social IOMA garantice las prestaciones que necesitan.

“IOMA tiene un retraso en todas las prestaciones de niños discapacitados tanto de psicología, fonoaudiología, transporte. Todo tipo de prestaciones que necesiten los niños discapacitados están siendo trabadas por el tiempo que tardan en aprobarla. Quizás de algunas niños no las aprueban, entonces nos vemos perjudicados ahí y sobre todo nuestros niños son los mayores perjudicados”, aseguró desde Miramar, María Laura Cela.

Agregó que “esto conlleva una demora muy grande en los pagos tanto de acompañantes terapéuticos, como de transporte. Hay transportes que hace un año les deben, entonces los prestadores tiene que dejar de trabajar porque no pueden seguir sosteniendo su situación y los niños se ven afectados porque no pueden asistir a sus terapias”.

Sobre su caso particular explicó que “por el momento psicología todavía no la tiene aprobada, la chica todavía no cobró y ni siquiera llegó la autorización de la plata. Y las otras las tengo autorizadas pero no han cobrado”.

“Dependo de la buena voluntad, del profesionalismo del profesional. Estamos como arriba de una bicicleta, tambaleando lamentablemente. Por eso estamos en esto que lo iniciamos en Mar del Plata, pero queremos que sea extensivo a toda la provincia”, manifestó.

“Somos muchas mamás y papás trabajando en este amparo y tenemos como estandarte la esperanza de que esta acción sirva para que se protejan y restituyan derechos vulnerados a todo el universo de afiliados y prestadores afectados”.

Cela aseguró que “las adhesiones y las firmas en los amparos colectivos revisten mucha importancia, ya que demuestran la magnitud del reclamo”. Quienes tengan interés en sumarse pueden escribir a [email protected]

Personalidades de la política y la cultura argentina firmaron una carta dirigida a la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, para advertirle que el acuerdo firmado con el gobierno nacional viola la Constitución argentina por no haber pasado por el Congreso.

En diálogo con FM De la Calle el secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, sostuvo que “la intención claramente es hacer reserva de derechos, como se diría en término legal. Advertirle a Christine Lagarde y, a través de ella, a todo el directorio de ese organismo internacional que el supuesto acuerdo refrendado por el gobierno no reunió los requisitos que establece la Constitución por tratarse, en este caso, de una deuda que contrae el Estado Nacional”.

“Por otro parte se hace un pormenorizado análisis de cómo estos recursos que endeudan a la Nación argentina fueron utilizados para seguir sosteniendo la fuga de capitales que beneficia a unos pocos”.

El diputado por Unidad Ciudadana explicó que “el gobierno ha decidido seguir beneficiando a los sectores más poderosos de la economía. Ese pequeño y reducido núcleo se beneficia a tal punto que el gobierno se debate entre suspender o seguir bajando las retenciones a las exportaciones de soja cuando no duda un segundo en meterle la mano a los jubilados o hacer lo mismo con los maestros”.

“Está claro que el Fondo Monetario Internacional no es el que va a definir quienes son los que van a pagar el ajuste. Esto depende de decisiones que, si el gobierno las va a tomar, debería discutirlas por lo menos en el Congreso de la Nación. El gobierno ha decido unilateralmente volcar el peso del costo brutal de este ajuste sobre los más débiles, esto también se señala en la carta”, manifestó.

A CONTINUACIÓN TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:

Sra. Christine Lagarde

Directora Gerente

Fondo Monetario Internacional

Washington, D.C. 20431

EE.UU.

“Artículo 75: Corresponde al Congreso:

Inciso 4: Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación.

Inciso 7: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, 

Constitución Nacional de la República Argentina.

Sra. Lagarde:

El día 20 de junio del corriente año, el Directorio del FMI dio por aprobado el acuerdo stand by con la República Argentina. Pocos días antes, se había dado a conocer la Carta de Intención fechada el día 13 de junio y firmada el 07 de julio de 2018 por dos funcionarios del Poder Ejecutivo, uno de los cuales, presidente del BCRA, fue relevado de su función y el otro ascendido al cargo de Ministro Coordinador.

El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo. El propio Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo ni a firmar un acuerdo con el FMI. Lo mismo hicieron todos los ministros del área económica.. Comprenderá Usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo.

Debemos también poner en conocimiento del FMI que en vistas de esta situación, se le exigió públicamente al Gobierno desde múltiples sectores que el Acuerdo, los montos del empréstito, los términos y condiciones aceptadas fueran sometidas a la discusión y aprobación del Parlamento. Es que según el artículo 75 de nuestra la Constitución Nacional “corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. El Presidente, sin embargo, basándose en ciertas interpretaciones legales, desoyó este reclamo y se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo rechazaría. Tampoco accedió a aplicar otros mecanismos participativos como la consulta popular o referéndum frente a una decisión de vital trascendencia para el futuro de nuestro país.

También queremos trasmitirle objeciones al uso que hará el gobierno de los créditos concedidos. La aplicación de los fondos en estos días contradice claramente no sólo la búsqueda del desarrollo humano integral en la Argentina sino los preceptos y objetivos del FMI. Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que Usted preside, consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al Directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos.

Basta para comprenderlo un ejemplo: diariamente se están rifando entre 100 y 150 millones de dólares del empréstito, mediante el cuestionable mecanismo de subastas, al que sólo acceden empresas financieras cartelizadas que compran dólares y luego provocan su suba para aumentar su rentabilidad. Los antecedentes de esta conducta son notorios y no debieron pasar desapercibidos al Organismo. Desde que asumió el Presidente Macri, en 32 meses, la deuda pública aumentó en términos netos en más de USD 80.000 millones, a través de la colocación de emisiones equivalentes a más de USD 224.000 millones, de los cuales USD 140.400 millones fueron en moneda extranjera con privados. El peso de la deuda sobre el PIB de Argentina pasó del 41% en 2015 a representar el 69,8%, según reconoció el Secretario de Finanzas ante el Congreso de la Nación el pasado 2 de julio. Es decir, pusieron al país en una situación de alto riesgo, según sostiene el propio FMI al evaluar los márgenes prudentes para esta relación. De este modo, bajo la presidencia de Mauricio Macri, la República Argentina ha sido el país de mayor emisión de deuda en el mundo en el año. Y éste, el gobierno que más títulos emitió en nuestra historia.

Estos volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social. Se destinaron a la fuga de capitales, de modo que tampoco engrosaron las reservas ni proveyeron mayor estabilidad financiera. En efecto, pese a este proceso de acelerado y cuantioso sobre-endeudamiento, las reservas internacionales, que se encontraban en USD 25.092 millones el día de la asunción, 10/12/2015, sólo ascendían a USD 48.102 millones el 19 de junio de 2018. Es decir que se incrementaron en sólo USD 23.000 millones. Para conocer el despilfarro que se ha hecho de la deuda contraída basta con repasar el balance cambiario del BCRA que muestra que en este período se erogaron USD 25.236 millones en concepto de intereses, justamente como resultado de este fuerte sobre-endeudamiento. Pero, llamativamente, la exorbitante cifra de USD 47.724 millones terminó financiando la Formación de Activos Externos, generalmente asociada a la denominada “fuga de capitales”. Es una verdadera irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del FMI otorgar en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida para evitar que, con los nuevos recursos, la política económica del gobierno arroje los mismos resultados.

Seguramente sabe Usted que el actual gobierno colocó a la tasa de interés en el mercado interno en niveles elevadísimos. Los más altos del mundo. El propósito declarado por el gobierno era reducir la inflación. Aquel objetivo nunca se logró ya que la inflación alcanzó según la oficina de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires el 41% el primer año, el 26,1% el segundo y acumula ya 15% en los primeros seis meses de 2018, totalizando más de 107,5% desde la asunción de Macri. Un nivel también récord. Sin embargo, lo que sí produjo esa elevada remuneración es una inmensa acumulación de pasivos por parte del BCRA, cuyo volumen llegó a 1,2 billones de pesos, una suma mayor que la base monetaria completa y el total de las reservas internacionales. Una verdadera bomba de tiempo financiera.

También corresponde que el Directorio conozca los números que exhiben el carácter fraudulento que tuvo la administración de la corrida cambiaria que resultara en el intempestivo pedido del empréstito en cuestión. Entre el 19 de abril al 21 de junio de 2018 tuvieron lugar a la vez tres fenómenos que nunca deberían haber ocurrido simultáneamente. La tasa de interés en pesos pasó de 26.3% a 47% anual, el tipo de cambio creció de 20,16 a $/dólar 27,55 y, por su parte, las reservas se redujeron desde USD 62.456 millones a USD 48.478 millones. En este marco, se realizaron innumerables operaciones que favorecieron intereses especulativos de inversores locales, extranjeros y a los propios funcionarios permitiéndoles la dolarización de sus carteras a tasas de cambio que resultaron ser 35% menores que las que hoy imperan. Entre las más resonantes, podemos citar el caso de JP Morgan, o el del fondo de inversión Templeton.

Por otra parte, el déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados, cuyos privilegios viene a financiar este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y corporaciones mineras. La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en USD 5.500 millones, que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar la oferta de dólares en la plaza local. La misma lógica puede aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la reducción de impuestos a los bienes personales. Lejos de corregir estas injusticias que distorsionan las cuentas públicas, las medidas establecidas en el Memorándum y el Acuerdo las agravan.

Queremos, además, alertar al Directorio sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas. Buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno con dinámica de círculo vicioso. Las tan publicitadas “salvaguardas” que establece el Acuerdo aplicables “en caso de que las condiciones sociales empeoren” parecen una burla a quienes hoy ya ven peligrar sus haberes jubilatorios, salarios, empleos o directamente sufren hambre. Si se distribuyera la suma establecida como “salvaguarda” entre los 13 millones de pobres durante los 6 meses que restan a 2018, son USD 6 mensuales que alcanzan para consumir menos de dos kilos de pan per cápita al mes, en un contexto de suba generalizada de precios que afecta particularmente los alimentos, el trasporte público y los servicios esenciales. Es evidente que nada de ello permitirá atenuar una catástrofe anunciada.

Es por eso que los abajo firmantes no tenemos otro camino que repudiar este Acuerdo ya firmado y considerar a la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como “odiosa o execrable”. Bregaremos, además, para que los compromisos suscriptos en el Acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la Justicia como del Parlamento. Le solicitamos que en su carácter de Directora Gerente transmita al Directorio que este acuerdo entre el Organismo y el Poder Ejecutivo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social; que los fondos comprometidos se utilizarán de manera claramente fraudulenta en perjuicio del país; que el programa económico impuesto producirá una catástrofe social; y que, por lo expuesto, ante un cambio de gobierno, será puesto en crisis.

Primeras firmas

Dirigentes de organizaciones gremiales, sociales, DDHH, indígenas, mujeres

Adolfo Perez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) – Juan Carlos Schmid  (Secretario General Confederación General del Trabajo) – Héctor Daer  (Secretario General Confederación General del Trabajo) – Esteban Castro (Secretario General Confederación de Trabajadores de la Economía Poular) – Lidia Miy Uranga “Taty Almeida” (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) – Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) — Víctor Santa María (Secretario General SUTERH) — Sergio Palazzo (Secretario General Asociación Bancaria) — Vanesa Siley (Secretaria General de FE.SITRAJU) – Hugo Yasky  (Secretario General de la CTA de los Trabajadores) -Pablo Micheli (Secretario General de la CTA Autónoma) – Pablo Moyano (Sindicato de Camioneros) Hugo Cachorro Godoy (Secretario General Asociación de Trabajadores del Estado) – Sonia Alesso (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) – Roberto Baradel (Sec. Gral. SUTEBA),Roberto Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP – Subterraneo) -Daniel Catalano (ATE Capital) (Secretario General ATE Capital) – Sergio Sánchez (Secretario General Federación de Cartoneros y Recicladores) – Eduardo López (Sec. Gral.  UTE) – Fani Espinola (Secretario General Federación de Cooperativas Textiles) – Jorge Hofffman, (Sec. Gral. ATE Santa Fe) -Rita Colli (Secretaria General Sindicato de Amas de Casa Reo Argentina Santa Fe) -Carlos De Feo, Sec. Gral. (Federación Nacional de Docentes Universitarios  -CONADU)- Emilio Pérsico (Secretario General Movimiento Evita) – Daniel Menendez (Coordinador Nacional Movimiento Barrios de Pie) -Juan Grabois (MTE/CTEP) – Deolinda Carrizo (Movimiento Nacional Campesino Indígena – CLOC) – Eduardo Murua (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) – Walter Correa (Secretario General del Sindicato de Obreros Curtidores-CGT) –  Cristian Miño (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) – Damian Gabriel Rojas (Cooperativa de Trabajo Gallo Rojo Ltda.) (Ingeniero Agronomo) – Nacho Levy (La Poderosa) – Maria Rachid (Secretaria General de la Federación LGBT de Argentina) – Fernanda Miño (Mesa Nacional de Barrios Populares) – Gervasio Muñoz (Federación de Inquilinos Nacional) -Luis  Cáceres  (Secretario Gral. UOLRA) – Flor Minici (Colectivo Ni Una Menos)- Susana Trimarco (Fundación María de los Ángeles contra la Trata de Personas) – Eugenio Zaffaroni (Jurista) – Sergio Maldonado y Andrea Antico –  Josefina  Arévalo (Karaí de Comunidad Guaraní Rincón Ava) – Ceferino Ríos (Karaí de Comunidad Guaraní Ñupy) – Miriam Sotelo (Pueblo Guaraní de Corrientes en el Consejo de Participación Indígena.) – Elida Barriga (Comunidad Mapuche Lafquenche Neuquén) – Luis Pilkiman (Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro ) – Hernán Sotelo (Karaí de Comunidad Guaraní Jahavere) – Jesica Millalonco (Nawe Wapy Ñgein) – Eduardo “Negro” Montes (Frente de Economía Social) – Hernán Sotelo (Karaí de Comunidad Guaraní Jahavere) – Ever García Lizarraga (MTE Rural CTEP) – Carlos Pissoni (H.I.J.O.S.) – Sergio Val (Fundación Che Pibe) – Gildo Onorato (Sec de politicas sociales Movimiento Evita) – Arnaldo Bocco (Ex Presidente del Banco Central, Director del Observatorio de la Deuda Externa) – Adrián Lutvak (Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires)- Mariel Fernández  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Carolina  Brandariz  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Juan Manuel  Abal Medina  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Gerardo  Rico  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Raul “Pucho”  Lorenzo  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Ernesto “Indio”  Paillialef  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Lis  Díaz  (Secretario Nacional del Movimiento Evita) – Alejandro “Peluca”  Gramajo  (Secretario de Organización del Movimiento Evita) – Eduardo “Cholo”  Ancona  (Defensor del Pueblo Adjunto Buenos Aires) – Jonathan  Thea  (Seamos Libres) – Elizabeth Gomez Alcorta (Movimento de Profesionales por los Pueblos) – Natalia Vinelli (Barricada TV) Marina  Cardelli  (Seamos Libres) – Itai Hagman (Patria Grande) – Milagro Sala – Eleonora  Pedot  (Via Campesina) – Enrique Quique Viale (Abogado Ambientalista)

Dirigentes políticos

María Emilia  Soria (Diputada Nacional) – Lucila  de Ponti  (Diputada Nacional) – Felipe Solá (Diputado Nacional) Máximo  Kirchner (Diputado Nacional) – Axel  Kicillof (Diputado Nacional) – Fernando  Espinoza (Diputado Nacional) – Jorge Capitanich  (Ex Jefe de Gabinete de la Nación/ Ex Gobernador del Chaco/ Intendente de Resistencia) – Verónica Magario (Intendenta de La Matanza) – Facundo  Moyano  (Diputado Nacional) – Daniel Arroyo (Diputado Nacional) – Agustín  Rossi (Diputado Nacional) – Leonardo  Grosso  (Diputado Nacional) – José Luis Gioja (Diputado Nacional) – Silvia  Horne  (Diputada Nacional) – Fernando Pino  Solanas (Senador Nacional) – Leopoldo Moreau (Diputado Nacional) Laura  Alonso (Diputada Nacional) – – Martín  Sabbatella  (Presidente de Nuevo Encuentro) – Mario  Mazzitelli (Secretario General Partido Socialista Auténtico) – Wado De Pedro (Diputado Nacional) – Fernando “Chino”  Navarro  (Secretario Político del Movimiento Evita) – Andres Larroque (Secretario General La Cámpora) – Josefina González (Diputada Nacional) – Cristina  Britez  (Diputada Nacional) – Juan  Cabandie (Diputado Nacional) – Guillermo  Carmona (Diputado Nacional) – Pablo Carro (Diputado Nacional) – Silvina Frana (Diputada Nacional) – Carlos Castagneto (Diputado Nacional) – Daniela Castro (Diputada Nacional) – Daniel  Filmus (Diputado Nacional) – – Carlos  Kunkel (Diputado Nacional) – – Gustavo Cardesa (Presidente Partido Intransigente) – Araceli Ferreyra  (Diputada Nacional) – Nilda  Garré  (Diputada Nacional) – Mayra  Mendoza  (Diputada Nacional) – Horacio  Pietragalla (Diputado Nacional) – Gabriela Estevez (Diputada Nacional) – Monica  Macha (Diputada Nacional) – Analía Rach Quiroga (Diputada Nacional) – Oso  Leavy (Diputado Nacional) – Fernanda  Vallejos (Diputada Nacional) – Darío Martinez (Diputado Nacional) – Lucila  Masín (Diputada Nacional) – Martín  Pérez (Diputado Nacional) – Martín Doñate (Diputado Nacional) – Adrián Grana (Diputado Nacional) – Fernanda  Raverta (Diputada Nacional) – Rodrigo  Rodriguez (Diputado Nacional) – Santiago  Igon (Diputado Nacional) – Luana Volnovich (Diputada Nacional) – Rodolfo Tailhade (Diputado Nacional) – Alicia  Soraire (Diputada Nacional) – Veronica  Mercado (Diputada Nacional) – Josefina González (Diputada Nacional)- Roberto  Salvarezza (Diputado Nacional) – Marcelo Santillan (Diputado Nacional) – Alberto Siampini (Diputado Nacional) – Susana  González (Senadora Nacional) – Maria Ines  Pilatti Vergara  (Senadora nacional) – Rodolfo Filipponi (Intendente de Pascanas) – Gabriel Fernández (Intendente de Laborde) – Antonio  Bonfati  (Ex gobernador) – Silvina  Batakis (Ex Ministra PBA) – Alfredo  Beliz  (Diputado de Parlasur por Chubut) – Damian Brizuela  (Diputado de Parlasur por Provincia de Catamarca) – Jorge  Cejas  (Diputado de Parlasur por Rio Negro) – Eduardo Fuentes  (Diputado Provincial por Neuquén) – Hernán  Cornejo  (Diputado de Parlasur por Salta) – Tulio Enrique Caponio  (Diputado de Parlasur por Tucuman) – Gabriel  Mariotto  (Diputado de Parlasur por Buenos Aires) – Ana María  Corradi  (Diputada de Parlasur por Santiago del Estero) – Fernanda  Gil Lozano  (Diputada de Parlasur por Capital Federal) – Oscar Laborde  (Diputado de Parlasur por Provincia de Buenos Aires) – Cecilia  Merchan (Diputada de Parlasur por Córdoba) – Mario Metazza  (Diputado de Parlasur por Santa Cruz) – Julia Perié  (Diputada de Parlasur por Misiones) – Franco  Saillen (Legislador de la provincia de Córdoba) – Julio  Sotelo  (Diputado de Parlasur por Chaco) – Juan José  Strada  (Diputado de Parlasur por San Juan) – Jorge  Taiana (Diputado de Parlasur por Buenos Aires) – Eduardo Valdés (Diputado de Parlasur por Caba) – Diego Mansilla (Diputado de Parlasur por Santa Fé) – Patricia  Chialvo (Diputada Provincial) – Vilma Chiapell (Legisladora de la provincia de Córdoba) – Andrea  Conde  (Legisladora  CABA) – Martín Fresneda (Legislador de la provincia de Córdoba) – María Teresa Garcia (Senadora Provincial por Buenos Aires) – Patricia  Núñez (Concejal de Ciudad de Coronda) – Deborah Giorgi (Secretaria de Producción – Partido de la Matanza) – Alejandro  Karlem  (Diputado de Parlasur por Corrientes) – Carmen  Nebreda (Legisladora de la provincia de Córdoba) – Juan Monteverde (Concejal de Ciudad Futura) – Caren  Tepp  (Concejala por Ciudad Futura) – Patricia  Núñez (Concejal de Ciudad de Coronda) – Patricia “Colo”  Cubría  (Diputada Provincial) – Luis  Bhom  (Senador Provincial) – Martin  Sereno  (Diputado Provincial) – Natalia  Soria  (Diputada Provincial) – Ricardo  Vissani  (Diputado Provincial) – Eduardo  Tindiglia (Diputado La Pampa) – Cuto Moreno (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Martín Ogando (Referente Patria Grande) – Itai Hagman (Referente Patria Grande) Florencia Saintout (Diputada Provincial por Buenos Aires) – José Ignacio Rossi (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Facundo Tignanelli (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Juan Agustín Debandi (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Gabriel Godoy (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Mariana Larroque (Diputada Provincial por Buenos Aires) – Lauro Grande (Diputado Provincial por Buenos Aires) – Fernanda Diaz (Diputada Provincial por Buenos Aires) – María Cristina Alvarez Rodríguez (Diputada Provincial por Buenos Aires) – Sergio Berni (Ex-Secretario de Seguridad de la Nación) – Maria Teresa Garcia. (Senadora Provincial) – Santiago Carreras (Senador Provincial) – Juan M Pignocco (Senador Provincial) – Cecilia Comerio (Senadora Provincial) – Gervasio Bozzano (Senador Provincial) – Gustavo Barrera (Intendente Villa Gesell) – Malena  Defuncio (Concejala 9 de julio) – Silvina  Batakis  (Ex ministra de Economia PBA) – Dario Díaz Perez Senador Provincial – Karina Nazabal Diputada Provincial (MC)

Dirigentes Religiosos

Padre Pepe Di Paola (Integrante del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia) – Jorge Elbaum (Presidente del Llamamiento Argentino Judío) – Marcos María García (Sacerdote COMUN UNION) – Padre Toto de Vedia (Sacerdote) – Diác. Ricardo Carrizo (Integrante del Grupo de curas en la Opción por los Pobres) – Eduardo  de la Serna  (Integrante del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres) – Ernesto  Narcisi (Sacerdote diocesano en Parroquia de Los Pirpintos, diocesis de Añatuya, Santiago del Estero) – Rodolfo  Viano (Cura franciscano en Arquidiócesis de Bahía Blanca) – Pbro. Juan Carlos  Di Sanzo (Parroquia Cristo Re, Diócesis de Chascomus) – Pbro. Ignacio J. Blanco (Parroquia Santa María Hudson, Diócesis de Quilmes) – Padre Carlos  Gómez (Parroquia Stella Maris, Arquidiocesis de La Plata) – Pbro. Gustavo Ricardo  Varela (Asesor Diocesano de Pastoral Social, Alto Valle de Rio Negro) – Padre Alejandro C.  Llorente (Parroquia Ntra. Sra. de la Merced, Arquidiócesis de Bs. As.) – Pbro. Juan Ángel  Dieuzeide (Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Bariloche, Río Negro) – Pbro. Juan  D´Amico Parr (N. S. del Carmen dioc. B.Bca) – Natalia Noemí   Rodríguez (Grupo Justicia, Paz e Integridad de la Creación – Córdoba) – Movimiento de Misioneros de Francisco.

Intelectuales, académicos y dirigentes estudiantiles

Adrián  Paenza  – Adriana  Puiggros  – Alicia  Castro  – Daniel  Campi  – Ana  Franchi  – Marisa  Herrera  – Leandro  Andrini  – Carolina  Mera  (Decana Facultad de Ciencias Sociales UBA) – Graciela  Morgade  (Decana Filosofía y Letras UBA) – Fernando  Salino (Rector de la Universidad de La Punta) – Adrián  Lutvak (Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires) – Alejandro  Villar  (Rector Universidad Nacional de Quilmes) – Nicolás  Trotta  (Rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) – Jaime  Perczyk (Rector Universidad Nacional de Hurlingham) – Juan  Castelucci  (Rector Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) – Ana  Catalano  (Vice Decana de la Fac. Cs Sociales UBA) – Gabriela  Dicker  (Rectora Universidad de Gral. Sarmiento) – Ana  Jaramillo (Rectora de la UN de Lanus) – Mauricio  Erben (Decano Fac. Ciencias Exactas UNLP) – Fernando  Porta  (Economista / Docente UNQ)  – Ana  Castellani  (Investigadora Conicet-UNSAM) – Arnaldo  Bocco  (Director Observatorio Deuda Externa UMET) – Emilce  Mooler (Investigadora Peptis – Citra / UMET) – Marta Novick  (Directora CITRA – CONICET / UMET) – Mariano  De Miguel  (Director del Instituto Estadístico de los Trabajadores) – María Mercedes Ferrero (CONICET)  – Sergio F. Job (Abogado/ Docente UNC) – Candela de la Vega (Investigadora UCC/ CONICET) – Daniel  Campi  – Ana Franchi  – Marisa  Herrera  – Leandro  Andrini  – Jose  Paruelo  – Hugo  Aimar  – Raquel  Chan  – Ayelen  Petracca (Presidenta del Centro de Estudiantes Sociales UBA) – Fabiana  Rios  – Victoria  Tolosa Paz  – Paula Lenguita  (Investigadores Autoconvocados) – Mara  Brawer  – Juan Manuel  Valdes  – Alberto  Kornblihtt  – Diego  Tatian  (ensayista, Universidad Nacional de Córdoba) – Marcelo  Ruiz  – Eduardo  Dvorkin  – Juan Pablo  Paz  – Sandra  Carli  – Rolando  Gonzalez  – Felix Requejo   – Mirta  Iriondo  – Patricia  Schilardi  – Jorge  Geffner  – Osvaldo  Uchitel  – Dora  Barrancos  – Andres  Kreiner  – Federico  Thea  (UNPAZ) – Hugo  Andrade  – Juan  Castelucci  – Diego  Hurtado  – Oscar  Galante  (Secretario Vin.Tec. UNGS) – Sergio  Angel (Inv Principal Conicet en INTECH) – Federico  Machado  (Secretario Ejecutivo FUA) – Gisella  Cernadas  (Presidenta de la Federación Universitaria de la Plata)  Mariana  Gotardo (Presidenta del Centro de estudiantes de Psicología UBA) – Lucas  Tavolaro (Presidente de Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas UBA) – Silvina Pedraza  (Secretaria General de la Federación Universitaria de Villa María) – Johana Gabriela Lacour  Consejera Superior por el claustro estudiantil UNSE – Regina González  (Presidenta del CESOC de la Facultad de CP y RRII – UNR) – Estefania  Genesio  (Presidenta del CEP Facultad de Psicología UNR) – Sabrina  Márquez (Secretaria de Articulación Obrero Estudiantil de la Federación Universitaria de Córdoba) – Melanie Infante  (Secretaria General de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNCo) – Juan Pablo Paz (científico) – Jorge Aliaga (CONICET) – Fernanda Beigel (CONICET – Mendoza) – María Litter (Comisión Nacional de Energía Atómica) – Andrés Kreiner (Comisión Nacional de Energía Atómica – UNSAM) – Alicia Motta (investigadora principal CONICET) – Verónica Vildosola (CONICET) – Araceli Bellota (historiadora) – Marcelo Ruiz (Universidad Nacional de Rio Cuarto) – Juan Carlos Suarez Sandin (científico) – Diego Hurtado (docente UNSAM) – Rolando González José (CENPAT –CONICET)

Artistas

Mempo Giardinelli (escritor) – Martín  Kohan (Escritor)- Luciana Abad (Distribuidora de cortos) – Hugo Alvarez Rey (Actor) – Rodolfo Balocco (Docente) – Lola Berthet (Actriz) – Erna Elena Bonfiglioni  – Luciano Borges (Actor) – Victor Alejandro Camba – Ivan Chernov – Martín Coman (Actor) – Guido D’Albo (Actor) – Ale Darin (Actriz) – Ramiro Daniel Diaz  – Enrique Dumont (Actor) – Hugo Fernandez Panconi (Músico) – Debora Fideleff (Actriz) – Luisa Kuliok (Actriz) – Soledad Leone (Actriz) – Monica Lerner  – Virginia Lombardi (Actriz) – Maria Gabriela Lombardi – Omar Lopardo (Actor y director) – Maria Jose Malvares (Fotógrafa) – Adriana Mareque (Titiritera) – Alejandra Marino (Directora de cine) – Sebastian Mogordoy (Actor) – Gabriela Moyano (Actriz) – Marina Olmi (Artista plástica/Actriz) – Juan Palomino (Actor) – Marcelo Panizza (Actor) – DANIEL  Reyes (Actor) -Ximena Rijel (Actriz)- Mario Enrique Suarez (Actor) – Delia Tedin (Artista plástica) – Gimena Tur (Fotografa) -DANIEL  Valenzuela (Actor)-Alex Vanelli -Representante)-Susana Varela (Actriz)-Coni Vera (Actriz)-Eliana Wasserman (Actriz)-Juan Pablo  -lsson  (Sociólogo – Activista ambiental)-Francisco Alejandro Muzzio (Abogado/Profesor)-Eduardo  Hecker  (Economista UBA) – Felix  Herrero (Economista)  – Guillermo  Celaya (Abogado) – Cristina Banegas (Actriz) – Dolores Sola (Actriz y cantante)- Horacio Gonzalez (Filósofo) – Liliana Herrero (Cantante) – Carlos Berraymundo (Actor) -Juan Forn (Escritor)-Sergio  Chejfec (Escritor)-Ricardo  Straface (Escritor) – Ezequiel  Adamovsky (Escritor)  – Sergio  Bizzio (Escritor) – Lucía  Puenzo (Escritor) – Gustavo  Ferreyra (Escritor) – Anibal  Jarkowski (Escritor) – Marina  Mariasch (Escritor) – Juan José  Becerra (Escritor) – Paula  Pérez Alonso (Escritor) – Rodolfo  Rabanal (Escritor) – Selva Almada  (Escritor) – Guillermo Saccomano  (Escritor) – Guillermo Martínez  (Escritor) – Fernanda García Lao  (Escritor) – Daniel Link  (Escritor) – Tununa Mercado  (Escritor) – Noe Jitrik  (Escritor) – Liliana Heer  (Escritor) – Adriana Pérsico  (Escritor) – Cecilia Palmeiro  (Escritor) – Gabriela Bejerman  (Escritor) – Diego Bentivegna  (Escritor) – Esteban López Brusa  (Escritor) – Daniel Krupa  (Escritor) – Mariana Dimopulos  (Escritor) – Ariel Magnus  (Escritor) – Sebastián Bianchi  (Escritor) – Juan Bautista Duzeide  (Escritor) – Christian Kupchik  (Escritor) – Jorge Consiglio  (Escritor) – Luciana De Mello  (Escritor) – José Pablo Feinmann  (Escritor) – Virginia Feimann  (Escritor) – Liliana Viola  (Escritor) – Maristella Svampa  (Escritor) – Horacio GonzáleZ  (Escritor) – Norberto Galasso  (Escritor) – Aurelio Narvaja  (Escritor) – Ilda Lucchini  (Escritor) – Ricardo Straface  (Escritor)Daniel Devita (músico) – Carlos March (actor) – Horacio Peña (actor) – Marcela Ferradas (actriz) – Nicolas Pauls (músico) – Diego Frenkel (músico) – Ignacio Copani – Leo Vinci (artista plástico) – Marcelo Figueras (escritor) – Erika Halvorsen (escritora) – Hugo Urquijo (director de teatro) – Javier Margulis (director de teatro) – Liliana Herrero – Dady Brieva – Pablo Echarri – Darío Grandinetti – Adriana Varela – Cristina Banegas – Federica Pais – Viviana Saconne – Dolores Solá (cantante) – Eleonora Wexler – Mex Urtizberea – Jean Pierre Noher – Paola Barrientos – Osmar Nuñez – Luisa Kuliok – Pompeyo Audivert – Ingrid Pellicori – Maria Fiorentino (actriz) – Victoria Onetto – Horacio Roca – Beatriz Spelzini (actriz) – Ana María Picchio – Horacio Fontova – Claudio Villaruel – María Onetto – Benjamía Avila (director de cine) – Pedro Saborido – Luis Ziembrowski – Katya Alemann – Carlos March (actor) – Horacio Peña (actor) – Marcela Ferradas (actriz) – Nicolas Pauls (músico) – Diego Frenkel (músico) – Ignacio Copani – Leo Vinci (artista plástico) – Marcelo Figueras (escritor) – Erika Halvorsen (escritora) – Hugo Urquijo (director de teatro) – Javier Margulis (director de teatro) – Juan Benitez (músico) – Barbara Gravinsky (cantante) – Gabriel Torres (músico) – Mavi Diaz (cantante) – Ana Pauls – Raul Rizzo – Conrado Geiger – Cristina Fridman – Arturo Bonin – Ernesto Larrese – Roly Serrano – Gonzalo Urtizberea – Maria Glezer – Claudia Carpena – Coni Vera – Susana Cart – Lola Berthet (actriz) – Raquel y Jorge Witis – Mónica Scaparonne – Anabel Cherubito – Daniel Fanego (actor) – Celsa Mel Gowland (cantante) – Ariel Prat (músico) – Esteban Morgado (músico) – Bruno Signaroli (músico Non Palidece) – Bernarda Llorente (actriz) – Claudio Da Passano (actor) – Carlos Barragán – Sandra Russo (periodista) – Juan Benitez (músico) – Barbara Gravinsky (cantante) – Gabriel Torres (músico) – Mavi Diaz (cantante) – Ana Pau – Rolando Andrade Stracuzzi (fotógrafo) – Marian Farias Gomez – Marcelo Melingo (actor) – Roxana Randón (actriz) – Claudio Da Passano (actor) – Victor Hugo Morales – Jorge Alemán (psicoanalista) – Araceli Bellota (historiadora) – Edgardo Mocca (periodista) – Noralih Gago (comunicadora) – Hugo Paredero (periodista) – Gabriela Radice (periodista) – Enrique Masllorens (periodista) – Carlos Barragán – Sandra Russo (periodista) –  –

…………………. Siguen las firmas  –

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre Trafigura y el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles por la intención de la empresa de despedir a unos 200 trabajadores.

Sin embargo, la situación sigue siendo de incertidumbre y está semana habrá una nueva reunión entre sindicato, empresa y funcionarios municipales, provinciales y nacionales.

Jorge Montero, trabajador petrolero jubilado de la Refinería Shell Dock Sud (Avellaneda), analizó la decisión de Trafigura y las políticas energéticas en FM De la Calle.

La situación de los trabajadores de la Refinería Elicabe no difiere de otros antecedentes históricos, “por la experiencia que hemos tenido esto realmente no nos sorprende. Esto lo vimos en la década del 90’ donde fundamentalmente las refinerías multinacionales del petróleo a lo que apuntaban eran a reducir el personal con la excusa de que con eso iban a reducir los costos, iban a poder trabajar en mejores condiciones e iban a poder dotar al mercado de más gasoil, más nafta y más barata; y ya sabemos lo que resultó de todo eso. Yo lo que veo es que un poco es una historia que se viene repitiendo y hoy le toca a la refinería de los compañeros de Bahía Blanca”.

Respecto a las consecuencias de la política de despidos para Montero originaría “problemas de seguridad y problemas de salud, no únicamente para los que trabajan dentro de la refinería sino para los que viven fuera de la refinería y creo que en ese aspecto Bahía Blanca ya tiene una historia bastante negra. Recuerdo bien cuando pasó los escapes de urea en el Polo Petroquímico y el enorme inconveniente que generaron esas nubes entre los habitantes de Bahía Blanca, y eso es un miedo que siempre está presente. Reducen la dotación de personal de tal manera que el mismo trabajador, que trabaja muchas horas y generalmente hace turnos rotativos, tiene que realizar dos o tres trabajos para los cuales muchos no están preparados para realizarlos; y eso origina accidentes dentro de los trabajadores e incidentes ambientales de una magnitud enorme”.

“El asunto, para ellos es sacar ganancias rápido y si no se puede sacar ganancias, amenazan con el cierre de la refinería, con despedir gente o lo que es peor, la amenaza de desabastecimiento; esa es una amenaza latente que ya han utilizado las grandes multinacionales del petróleo como para tratar de liberar el mercado, llevar el precio de las naftas al valor dólar y ahí perdemos todos. Es una pérdida total para que las multinacionales se lleven más plata”.

Jorge Montero contó a FM De la Calle que “la firma Trafigura realmente tiene una historia reciente bastante negra. Trafigura es un trader, tiene barcos fletados con los cuales llevan petróleo, combustible, de un lado al otro: son una especie de fondos buitres pero de las empresas petroleras. Es decir toman, compran, dejan las partes rentables, se deshacen de las partes no rentables o venden a un determinado precio y en realidad tienen poco manejo de la producción, de la refinación y menor manejo de la comercialización. Ellos se dedican a todo lo que sea rentable dentro de la industria petrolera, pero no están asentados como pueden ser otras multinacionales que tienen años de experiencia”.

“Acá en la Argentina uno de sus CEOS, José Latorraca, visita asiduamente la casa de gobierno y es uno de los más importantes aportantes a la campaña del PRO en política. O sea ellos van, vienen, se juntan, se abrazan con los gobiernos y siempre salen con algún negocio importante abajo del brazo y no importa quien caiga o no importa lo que cuesten esos negocios que se llevan adelante”.

Montero también expresó su análisis respecto a Vaca Muerta, “por un lado la problemática que genera el fracking, no únicamente por la fractura de tierra, sino también por la enorme cantidad de agua que se necesita y cómo esa agua con componentes químicos, que incluyen el cianuro, se contamina. Pero más allá de eso las famosas inversiones prometidas por las multinacionales extranjeras están prácticamente estancadas”.

“Yo lo que leo es que Vaca Muerta está produciendo muchísimo menos de lo que tendría que producir a esta altura del año, y que hay problemas por parte del gobierno con el tema de la infraestructura, que incluso incorporaba este famosos tren que iba a correr desde de Bahía Blanca hasta allá. Lo que sí es evidente es que el interés de los EEUU está vivo, porque por algo están montando ahí una base militar disfrazada de ayuda social a pocos kilómetros de Vaca Muerta”.

“Aparentemente la política es mantenerlo como una reserva estratégica y hacerlo operar cuando sea realmente operable, es decir que pese a los despidos, la flexibilización; la reducción de costo no es suficiente para que las multinacionales inviertan como se habían comprometido en ese famoso viaje de Macri donde se encontraría con Trump. Así que todavía el panorama de Vaca Muerta es bastante incierto y está muy lejos de generar algún tipo de autoabastecimiento en nuestro país”, concluyó.

(Por Mauro Llaneza) El Concejo Deliberante derogó por unanimidad la ordenanza 17.130 que regulaba la “instalación de estructuras soportes de antenas de telefonía celular” y exigía “la utilización de la mejor tecnología disponible para conformar una adecuada Plataforma de Comunicaciones Móviles”.

La norma había sido sancionada en 2013 ante las demandas vecinales en distintos barrios y fue resistida judicialmente por las empresas telefónicas. Cuando asumió Cambiemos se propuso “barajar y dar de nuevo” y contó para ello con el acompañamiento de los bloques de Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y Frente Renovador.

En diciembre pasado se realizó una audiencia pública de la cual nunca se conocieron sus conclusiones. El texto del proyecto solo fue difundido una vez aprobado de manera exprés en la sesión de ayer y a pesar de los pedidos de la ONG Salud Ambiental en Acción y de vecinas y vecinos que se acercaron al recinto de Sarmiento y Estomba.

La nueva ordenanza legisla solamente sobre las torres y, si bien prohíbe su instalación en escuelas, centros de salud y de ayuda a pacientes oncológicos y hogares de niñxs, ancianxs o discapacitadxs, no establece restricciones en los clubes.

El texto refiere a las “estructuras de antenas de telefonía celular” para “sistemas radioeléctricos que operan entre 100Khz a 300Ghz de frecuencia” exceptuando a las utilizadas por radioaficionados, las de uso domiciliario, las afectadas a la defensa nacional, la seguridad pública y la defensa civil y las del Sistema Argentino de TV Digital.

Obliga a las empresas a “conservar y mantener” las estructuras con los “elementos indispensables de seguridad y señalización” y diferencia tipos de soportes, alturas y distancias de la línea municipal y ejes medianeros, según las zonificaciones del Código de Planeamiento Urbano y si son a nivel del terreno o sobre edificios o terrazas.

La prohibición para su instalación alcanza además a zonas declaradas como patrimonio histórico, cultural, artístico, reservas naturales o ambientales.

Otros “espacios verdes libres y públicos y espacios de equipamiento comunitarios” se podrán utilizar con aval municipal tras la demostración de la “necesidad de la adopción de la localización propuesta y su justificación por la no disponibilidad de sitios alternativos y necesidad de cobertura de servicio, conjuntamente con la evaluación de alternativas posibles”. Además, las empresas tendrán que realizar “obras vinculadas con el interés público dentro del sector de 100 metros radiales”.

Las torres deberán tener un tratamiento arquitectónico integrado con el paisaje circundante para atenuar el impacto visual e informar “de manera clara e inequívoca” la existencia de las antenas.

Finalmente, el Concejo estableció que “no obstante ser competencia provincial y nacional”, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y la Secretaría de Infraestructura controlarán el cumplimiento de la ordenanza.

“En el caso de mediar denuncias o ante sospechas sobre inadecuadas condiciones de funcionamiento de un sistema irradiante, el municipio elevará la denuncia al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y al Ente Nacional de Comunicaciones”.

Fernández Suñer, Girotti y Ghigliani analizaron la ordenanza en FM De la Calle

 

El delegado de ENACOM, Leandro Fernández Suñer, se refirió a las mediciones que realiza el organismo y afirmó que “no hay ningún nivel que pueda estar por fuera de lo que establece la Organización Mundial de la Salud”.

La titular de Salud Ambiental en Acción, Gladys Girotti, comentó que desde la oposición “dicen ‘a los clubes los sacaron porque pidieron que tienen que poner antenas porque necesitan el dinero, no estábamos de acuerdo’. Entonces, ¿si no estaban de acuerdo por qué no votaron en disidencia? ¿Por qué matan la poca democracia que tenemos?”.

Destacó que con la ordenanza anterior “el municipio podía medir” y “las asociaciones civiles podíamos participar”. “Lo que mida ENACOM siempre va a dar bien por dos razones. La primera es porque el límite de potencia máximo es tan alto que siempre va a dar dentro del parámetro establecido. La segunda, lo sabemos por experiencia porque lo ha dicho la misma gente del OPDS en reuniones que tuvimos en La Plata, es que van bajando las potencia de las antenas en la medida que se va sabiendo a dónde se va a medir”.

Por otra parte, aclaró que “la OMS no establece límites, o sea que decir que está dentro de los límites que establece la OMS es una mentira. Me parece un hecho grave que personas que están a cargo de estas instituciones no tengan la suficiente información”.

Gisela Ghigliani, concejala de Unidad Ciudadana, manifestó que algunas propuestas del bloque fueron incorporadas al proyecto y agregó que votaron a favor porque, en el oficialismo, “los votos los tenían y la ciudad se encontraba sin ningún tipo de marco regulatorio”. “Pretendíamos que los clubes estuvieran incorporados (en la prohibición) pero no fue posible”, dijo.

Al ser consultada por su opinión como médica respecto a la afectación a la salud de las radiaciones de las antenas de telefonía celular, Ghigliani afirmó que “hoy nadie puede hacer una asociación directa”.

“Ahora, nadie puede decir que los campos electromagnéticos, las radiofrecuencias, no provocan alteraciones corporales, somos seres vivientes. Una puede ser el aumento de la temperatura corporal -un grado-, pero como es tan diverso el campo de alteraciones que no necesariamente van a confluir en una enfermedad terminal es muy difícil una expresión univoca en esto. Pero no es un tema para decir no pasa nada”.

Luego de que el Ministerio de Trabajo dictaminara a la conciliación obligatoria a los trabajadores de refinería Trafigura y el posterior envió de telegramas de despidos por parte de la empresa, el dirigente del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Fabio Pierdominici, conversó con FM De la Calle.

“Lo que pudimos avanzar es que, en el acta firmada quedan sin efecto todas esas cartas documento, sino creíamos que era imposible iniciar cualquier tipo de negociación. Después la conformación de una mesa de trabajo, porque a las claras quienes habían venido en representación de la empresa no tenían mandato para discutir cuestiones técnicas”, aseguró.

Consultado sobre si en el marco de esta conciliación están contemplados todos los trabajadores, incluyendo a los jerárquicos despedidos previo a esta situación, Pierdominici argumentó que “entendemos que sí porque es extraño porque la conciliación se la dicta a la institución de primer grado. Pero entendemos que así lo entendió la empresa y el Ministerio”.

Respecto a la reunión con el Ministerio planteada para el próximo jueves 19 sostuvo que “esperamos que todos los actores vengan con las ganas de trabajar y aportar ideas. Nosotros estamos convencidos de que esta refinería tiene que estar en marcha”.

“Ningún espacio político manifiesta otra herramienta como camino para sacar Argentina que no sea tomar la materia prima de nuestro país, agregarle un valor agregado y dar empleo de calidad. Bueno, eso es lo que hace la refinería”, finalizó.

Veintinueva organizaciones civiles exigieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que de marcha atrás con sus intenciones de de impulsar un proyecto de ley que restringe las posibilidades de demandar judicialmente al Estado y empresas.

El proyecto se enmarca en el programa de Justicia 2020 y de ser aprobado por el Congreso de la Nación coartaría las acciones colectivas, herramienta legal que es amparada por nuestra Constitución.

En diálogo con FM De la Calle, el director de Clínica Jurídica de Interés Público de la UNLP, Pedro Sisti, comentó que el anteproyecto “establece una serie de requisitos para entablar un proceso de acción colectivo que claramente es incumplible para ongs y asociaciones civiles porque implica costos millonarios”.

“Esta es una serie de trabas que se ponen para beneficiar, justamente, a quienes van a ser demandadas, lo cual deriva en negación de acceso a la justicia”, aseguró.

Consultado sobre cómo afecta este proyecto a las medidas cautelares, Sisti argumentó que “este proyecto es restrictivo en distintas cuestiones. No nos olvidemos que ya tenemos una ley de medidas cautelares que de alguna manera pone algunas trabas para poder acceder contra el Estado”.

“Esto va más allá de lo que establece eso, sobretodo desnaturaliza muchas cuestiones sobre todo respecto de la gratuidad de manera que se garantice el impacto económico. Simplificando termina haciendo que casi nadie pueda demandar a las grandes empresas, salvo un estudio de los millonarios”, aseguró.

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Organizaciones indígenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar rechazaron la decisión del Ministerio de Agroindustria de dar de baja el Monotributo Social Agropecuario.

El MSA es un derecho que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la tierra desde el año 2009 y que les permite entre otras cosas, poder acceder a una obra social, facturar y contar con aportes jubilatorios.

Nahuel Levaggi, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra sostuvo en FM De la Calle que “hace más de un año que el Ministerio de Agroindustria no estaba inscribiendo nuevos monotributos y en los últimos días nosotros presentamos un amparo para que reabran la inscripción para pequeños productos y, lejos de reabrir la inscripción, el Ministerio e Agroindustria anuncia formalmente que va a darlo baja a partir del primero de enero del año que viene. Esto significa dejar desamparados a miles y miles de pequeños productores que dependen de esa herramienta social básica para tener acceso a la salud”.

“Este gobierno lo que tiene son todas políticas a favor de generar las condiciones macroeconómicas para que los grandes exportadores ganen cada vez más plata, mientras que los pequeños productores que compran sus insumos en dólares para vender después en pesos estén cada vez más pobres”, aseguró.

Esta mañana trabajadores de la refinería iniciaron medidas de fuerza luego de saberse que 200 compañeros perderían sus puestos de trabajo. Gabriel Matarazzo, titular del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible (SPGyB), se refirió al respecto en FM De la Calle: “Los telegramas no han llegado pero la empresa envió abogados, y a personal fuera de convenio se les está notificando personalmente”.

Desde la empresa aducen que los “números no cierran” pero según el sindicalista no hay ningún argumento válido para los despidos, “es una estupidez total, es tomarnos de idiotas a todos. […] Si la refinería tiene que ser ajustada en este número, quiero saber si echan a 200 trabajadores cómo van a poner en marcha la planta. No tienen ninguna intención de poner en marcha la planta”, concluyó.

También estimó que alrededor de mil familias están en relación directa con la actividad de la refinería, y aclaró que a pesar de que “la situación coyuntural -y más en la actividad energética- no ayuda, la misma situación ocurre en otras refinerías (Refi Pampa o Refinor) y ninguna despidió gente o paró. Claramente es una política de esta empresa de no venir a producir, de rebalsarnos de productos importados, cagandose en nosotros”.

Matarazzo indicó que tuvo contacto con el Intendente, quien se puso a disposición para intentar mediar, “contamos con que lleve el conflicto al gobierno, al Ministerio de Energía y nos acompañe. […] Recién termino de hablar con el Ministro de Trabajo, donde apuran una reunión de una mesa de trabajo que contenga organismos nacionales, provinciales, empresas y nosotros, para poder salir del conflicto”.

“Entiendo que el Ministerio va a convocar una audiencia, probablemente emitiendo alguna conciliación obligatoria que obligue a la empresa a retrotraer los despidos y nosotros las medidas”. Asimismo manifestó que entiende que hoy, en relación al valor del crudo y combustibles hay un problema, “pero hacer foco en los trabajadores, el menor de los costos que tienen, es tomarnos de giles”.

Al momento continuarán con el paro total, el bloqueo de despacho de combustibles por tiempo indeterminado y la planta tomada. Por otro lado, diferentes gremios expresaron su solidaridad y apoyo en comunicados a través de las redes sociales.

La mayoría de los represores imputados en causas por crímenes de lesa humanidad está libre y de los detenidos la mitad está en sus casas. Según un nuevo reporte estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son 867 las personas condenadas por estos delitos y 115 las absueltas.

De los 1038 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 602 están en prisión domiciliaria y 375 en cárceles federales. Hay 715 procesados y 36 prófugos. Los procesados son 715, 175 tienen falta de mérito y 76 fueron sobreseídos.

Ese cómputo comprende los juicios realizados desde la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el 15 de junio pasado, período en el cual se dictaron 206 sentencias. En octubre comenzará un nuevo debate oral en Bahía Blanca. 

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El relevo, realizado en base a la información remitida por las fiscalías federales de nuestro país que intervienen en causas por estos crímenes, muestra que son 36 los prófugos y que existen unas 469 personas imputadas que aún no fueron llamadas a prestar declaración indagatoria.

Con relación a las medidas restrictivas de la libertad, el informe devela que son 1038 las personas privadas de su libertad en todo el país, de las cuales 602 (57%) se encuentran cumpliendo arresto domiciliario.

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La cantidad de causas abiertas por crímenes de lesa humanidad asciende a 597. De ese universo, 275 (46%) se encuentran aún en etapa de instrucción, 100 (17%) se encuentran elevadas a juicio, 16 (3%) transitan el debate oral y, finalmente, en 206 casos (34%) se ha dictado sentencia.

El 26 de octubre comenzará el sexto juicio en Bahía Blanca. Será el segundo tramo de la causa Armada la cual tiene 15 represores imputados y 68 casos de secuestros, torturas y, en algunos supuestos, el asesinato de las víctimas. 65 de ellos resultaron acreditados en el debate oral finalizado en 2015, tras el cual fueron condenados a prisión perpetua 18 militares y otros cuatro tuvieron penas de entre 8 y 18 años.

Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu reemplazarán a los renunciantes Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti en la subrogancia del Tribunal Oral bahiense. La Fiscalía estará representada por Miguel Ángel Palazzani.