“Nunca Más… Para todos los sectores…”, reclamó la vicepresidenta PRO del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, al cumplirse cuarenta años del último golpe de Estado cívico militar, haciendo tanto ruido como el silencio de la gestión municipal de Héctor Gay sobre la dolorosa efeméride. La docente subió su deseo a su cuenta de Facebook y linkeó un “listado completo de ataques y asesinatos de montoneros y erp”.

Tanto la acción o la omisión mencionadas contrastan con la contundencia del repudio al terrorismo de Estado demostrada por centenares de miles de ciudadanas y ciudadanos en las plazas del país el jueves pasado, en el aniversario del inicio formal del plan sistemático genocida para la eliminación de lxs opositorxs a la dictadura, cuya denuncia por parte de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos fuera ratificada por más de 150 sentencias judiciales.

Perdriel fue electa en octubre de 2015 y es una de lxs cuatro representantes del macrismo en el órgano educativo. El oficialismo local la propuso como candidata a presidenta del Consejo aunque perdió la elección a manos de la larraburista Susana Rodríguez.

pedrielEn su curriculum virtual, Perdriel detalla que se desempeña en la Escuela Primaria Nº10 y hasta el año pasado lo hacía como directora de la EP Nº17 “Cnel. Leonardo Rosales”. También pasó por el Instituto Julio César Avanza como “profesora de EGB para I y II Ciclo” y “Docencia”. Entre sus “aptitudes” apunta: “negociación”, “inglés” y “oratoria”.

El reclamo de la consejera no sorprende en las filas de la Alianza Cambiemos donde militan varios funcionarios ligados a la dictadura y muchxs de sus dirigentes, a pesar del esfuerzo por contenerse o disimular, muestran la hilacha habitualmente. Desde “el curro de los derechos humanos” que prometió abolir el actual presidente durante su campaña hasta su más reciente nunca más a la difusa “violencia institucional“, pasando por el bache de Quilmes del cocinero Molina, el encubrimiento de la participación civil en el golpe denunciado por el SiPreBA, hasta el negacionismo del ministro porteño Darío Lopérfido.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj milita por el encierro domiciliario de genocidas y, en sintonía con Perdriel, recibió en la mismísima ex ESMA al Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización de militares y familiares creada para pedir “memoria completa” y juicio y castigo para los “crímenes de la guerrilla”.

¡Escuchá! Cuentos, rimas, y versitos para los más chiquitos (y no tanto)” de Alicia Partnoy y Ruth Irupé Sanabria -con ilustraciones de su madre y abuela Raquel-, será editado próximamente en La Pampa por la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 mediante su editorial 7 Sellos.

Alicia es sobreviviente del centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita de Bahía Blanca y exiliada en Estados Unidos, donde se desempeña como profesora de Filosofía y Letras. El libro recopila textos de finales de los 70 y principios de los 80, escritos en la cárcel de Devoto para “jugar” con su hija “a través de sus líneas”.

Para Yanina Lofvall, integrante de 7 Sellos, la edición es “una alegría inmensa” porque “era un anhelo de Alicia, que es una gran militante y ha escrito cosas inmensas de valor histórico como ‘La Escuelita’ pero tenía ese sueño de poder publicar los cuentos y los versos que alguna vez escribió a su hija y en eso estamos”.

“Este libro para niños tiene escondido entre sus líneas el amor de Alicia. Nos muestra el ejemplo de una madre que en las épocas más oscuras de nuestra historia, que atraviesa su vida particular, el amor vence al odio”, aseguran desde la editorial en el lanzamiento de la preventa de la obra.

“Introduce el libro una carta que tiene que ver con las cosas que Ruth pensaba o preguntaba sobre su mamá mientras estaba detenida”, comentó Lofvall a FM De la Calle y agregó que los textos permiten abordar el terrorismo de Estado “desde un lugar un tanto particular que quizás no siempre se analiza, que tiene que ver con el vínculo de amor de una madre detenida con su hija, y cómo a través de esos cuentos, de esos relatos, ella trataba de que no se quiebre el vínculo de amor”.

La editorial publicó un adelanto de la obra para trabajar en las escuelas en el marco del 40º aniversario del golpe de Estado y su resultado puede verse en la página de 7 Sellos, en la cual comparten los dibujos de lxs niñxs que escucharon el cuento “Un sueño muy loquito”.

“Pedimos el acompañamiento de la gente para que Alicia sienta que este libro llega y que es una manera también de reestablecer la presencia de los desaparecidos en este contexto histórico tan complejo, volver a poner el tema en cuestión desde los lugares que hay que analizarlo, porque este vínculo entre Alicia y Ruth sigue marcado por esta historia”, dijo Yanina.

Para adquirir el libro en la etapa de preventa que finalizará en mayo pueden consultar mediante Facebook o escribiendo a [email protected]

Carta de Alicia a Ruth no incluida en el libro, publicada por su autora en Facebok:

V. Devoto, 17-4-79

HOLA RUTI!

¿Cómo te va? A mí más o menos porque estoy engripada. Aat chús! Estoy meta estornudar y sonarme la naríz, qué rabia! Me de bonca estar resfriada. Aat chús! Y cada vez que estornudo me tengo que agarrar el diente porque sino !ZAS! se me vuela ¡qué lío! Entonces con una mano me tengo que tapar la boca para que no se me vuele el diente. !At chús! Y con la otra mano tengo que buscar rapidito el pañuelo para sonarme la naríz. ¡At chús! At chús! Aaat chús! Ahora estoy acostada y bien tapadita, tomé té y remedios y tengo que esperar un poco hasta que se me vaya este resfrío hincha. ¿Sabés por qué uno se agarra un resfrío? Resulta que en el aire andan una especie de bichitos tan chiquitos que ni se ven, a veces no te hacen nada, pero a veces cuanto se te meten adentro te resfriás; esos bichitos se llaman VIRUS. ¡Qué nombre! ¡VIRUS! me da risa y cuando es uno solo no se llama VIRU se llama VIRUS igual! Resulta que si una se queda en la cama o adentro de la casa y no toma frío y se toma el remedio que le da el doctor, el cuerpo toma fuerza y más fuerza y zás! Mata a todos los VIRUS y uno se cura. Sabés que cuando eras chiquita y vivías con papito y conmigo, cuando te resfriabas o te agarraba tos – también por culpa de los virus – yo me quedaba cuidándote y papito iba a llamar por teléfono al doctor y a comprarte los remedios o si no al revés, yo te iba a comprar los remedios y papi te cuidaba y te ponía la bolsita de agua caliente para darte calor en el pechito y la espalda, eso hace bien para que el cuerpo se ponga fuerte fuerte y pueda echar afuera todos los virus. Ahora cuando te enfermás te cuidan el Chino y la Raquel o los abuelitos Berta y Carlos. ¿Cierto? Ellos te cuidan siempre porque te quieren mucho. Papito y yo también te queremos mucho pero no te podemos cuidar porque no nos dejan estar con vos ahora, pero cuando podamos te vamos a cuidar corazoncito. Ahora te mando besos…

PD: Besos y mas besos! ¡Aat chús! Te quiero mucho

MAMÁ

Concurso literario: últimos días para participar

logo-identidades-768x861Uno de los desafíos de la editorial 7 Sellos es “buscar la identidad del autor y su texto, para que la edición del libro refleje un producto acabado de la inspiración del escritor”. Por ello propusieron a niñxs y adolescentes, escritorxs, movimientos cooperativos, ONG’s e instituciones participar del “Concurso Literario Identidades” para “conocer, profundizar y comunicar las identidades que atraviesan a autores y sociedades”.

Se puede participar enviando textos hasta el último minuto del próximo 30 de marzo según estas bases y condiciones.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia presentaron un recurso para que la Cámara de Casación Penal revierta el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que benefició con falta de mérito al director del diario LaNueva. (ex La Nueva Provincia), Vicente Massot. Reseñaron las pruebas sobre la acción psicológica ejercida por el diario y documentos sobre los aportes de Massot al crimen de dos obreros gráficos.

La presentación apunta a torcer el rumbo fijado en la causa por el juez subrogante Claudio Pontet, quien dictó en primera instancia la falta de mérito y luego fue apartado del expediente, y la confirmación -fechada el 25 de febrero- de esa decisión por parte de los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro, quines deberán tratar ahora la admisibilidad del recurso y rechazarlo o enviarlo a Casación para su tratamiento.

Massot está acusado por la Fiscalía de haber realizado aportes indispensables en el homicidio en 1976 de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola tras un conflicto sindical registrado el año anterior. También, le imputan haber efectuado desde el diario aportes “esenciales” en el “ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica realizadas al servicio de las Fuerzas Armadas antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar.

En el recurso de casación, Palazzani y Nebbia señalaron que la resolución de la Cámara Federal era nula “por ausencia de mayoría válida de votos coincidentes” para analizar la actuación como juez subrogante del secretario judicial Pontet y la consecuente validez de su fallo. La Fiscalía había tachado de ilegal la actuación de ese funcionario, a quien incluso había recusado -sin que esa petición hubiera sido tratada a tiempo- por su relación con Massot y su parcial actuación en las causas por crímenes de lesa humanidad. Por ese motivo señalaron oportunamente que correspondía “declarar la inexistencia de la falta de mérito dictada en primera instancia”.

Por otro lado, los fiscales señalaron que la resolución “padece de arbitrariedad y fundamentación aparente” y remarcaron que “el dictado de la falta de mérito resulta equiparable a sentencia definitiva”, lo cual -sostuvieron- es suficiente motivo para fundar la admisibilidad del recurso.

Acción psicológica

Palazzani y Nebbia pusieron de relieve que la resolución de los camaristas “reconoce que las acciones psicológicas eran parte del plan criminal (lo que implica admitir su relevancia penal), que para su ejecución resultaban necesarios los medios de comunicación y que no sólo la misma se ejerció a través de La Nueva Provincia, sino que está resultaba indispensable para tal tarea”. Y subrayaron que, en ese contexto argumental, la confirmación de la falta de mérito es la “tergiversación” de los hechos. “De acuerdo al resolutorio, la imputación penal reprocha a Vicente Gonzalo Massot el ser dueño de un monopolio mediático regional, durante el período de los años de plomo”.

Los representantes del Ministerio Público explicaron que “la sentencia invierte completamente los términos de la hipótesis imputativa, pues esta última no parte de lo que era La Nueva Provincia, sino de lo que hizo, es decir, qué publicó durante el período de tiempo investigado, y de qué modo dicha actividad se encontraba funcionalmente inserta dentro del plan criminal sistemático, de un modo general (incitando a todo el tejido social a participar del genocidio, legitimando las acciones genocidas, y ocultando su ilegalidad) y particular (publicando información falsa en relación a las víctimas del accionar genocida)”.

También subrayaron que los tomos con los diarios de la época -secuestrados en un allanamiento encabezado por los fiscales en la sede del medio gráfico- son la prueba de esa hipótesis.

Los fiscales señalaron que en el diario, la radio y la televisión conducidas por la familia Massot “quedó plasmado un mensaje de incitación al genocidio, a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano (el ‘enemigo’, el ‘subversivo’, el ‘apátrida’, el ‘ideólogo’), un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella ‘tarea histórica’, una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad”.

Esa misma conducta se dio con “una amplísima empresa de persecución y señalamiento del blanco (la configuración y selección del “otro”), en buena parte orientado hacia aquellos que denunciaban y/o reclamaban por las personas desaparecidas, calificándolos como acción psicológica del enemigo”, describieron.

En este sentido, los fiscales cuestionaron la interpretación que los camaristas hicieron de la acusación, al considerar -los jueces- que la Fiscalía puso todo el peso de la acción psicológica desarrollada por las Fuerzas Armadas en La Nueva Provincia y señalar que la empresa fue “utilizada” por los responsables militares de la zona. Esas dos aseveraciones, señalaron, son erróneas, pues “como toda actividad criminal compleja realizada como parte del terrorismo de Estado, la acción psicológica constituía uno de los planos del plan criminal consumado de manera general sobre la población, y particular sobre cada una de las víctimas. Además, la acción psicológica implicaba en sí misma una actividad colectiva, que abarcaba diferentes actores y etapas”.

Al respecto, puntualizaron que “una vez reconocido que la acción psicológica era parte del plan criminal general y particular y que La Nueva Provincia participó materialmente de tales procedimientos, lo que correspondía sopesar era si dicho aporte resultaba penalmente relevante”.

Inteligencia de manual militar

Los fiscales citaron además los reglamentos militares de la especialidad de inteligencia, que definen los objetivos y los medios, y recordaron que el jefe del V Cuerpo del Ejército, Adel Vilas, definió por entonces a La Nueva Provincia como “un valioso auxiliar de la conducción” en las tareas de acción psicológica, luego de que el diario presentara como muertos en un enfrentamiento a víctimas de una ejecución.

Por otro lado, los fiscales cuestionaron que la Cámara pretendiera presentar que el diario alentó a la denominada “lucha contra la subversión” sólo en su aspecto “legal” y recordaron al respecto que “la exhortación cotidiana y constante al exterminio de un grupo de la población, no sólo no puede considerarse un apoyo a aspecto legal alguno, sino que se encuentra expresamente contemplado por el Derecho Internacional Público, como uno de los más graves delitos que puede concebir la humanidad”.

En ese sentido, añadieron que “no puede predicarse sobre una misma actividad un carácter legal y otro ilegal. Lo que correspondía determinar es si Vicente Gonzalo Massot, como miembro del núcleo decisional de la empresa, participó voluntariamente de dicha ilegalidad”.

Además, remarcaron que la Cámara Federal bahiense no dio tratamiento a “la plena coincidencia entre la actividad emprendida por el núcleo decisional de La Nueva Provincia y los reglamentos militares y fines del plan criminal”, pese a que “se trataba de un aspecto de análisis esencial para comprender el ‘qué’ de la imputación”.

El verbo y la acción

Los fiscales cuantificaron que entre 1976 y 1977 “existen doscientos treinta y siete ediciones diferentes en las que, en sus páginas, se aborda la ‘lucha contra la subversión’, de las cuales en ciento setenta y siete ediciones le agregaron (textualmente) a la ‘subversión’ los siguientes verbos: eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar, erradicar y estado de guerra”. Al respecto, indicaron que “la verdadera dimensión de su alcance y relevancia criminal se adquiere de su completa lectura”.

La Fiscalía recordó en esta nueva instancia las relaciones personales de Vicente Massot con algunos de los principales ejecutores del terrorismo de Estado, como el jefe del Cuerpo I del Ejército Carlos Suárez Mason y el del V Cuerpo, Osvaldo Azpitarte; y el recientemente conocido -revelado por Fiscales- vínculo con el espía de la DINA chilena, Enrique Arancibia Clavel, a quien -según el propio archivo del agente trasandino- le pidió en 1974 información para “hacer una campaña” en sus medios “contra la penetración soviética en América Latina”.

También cuestionaron la resolución judicial que confirma la falta de mérito por “la aseveración acerca de que la intervención de Vicente Massot fue menor” durante la protesta gremial protagonizada por Heinrich y Loyola, pues “soslaya que dicha actuación personal al frente de la empresa (adoptando decisiones en su nombre) tuvo lugar en el momento más crítico del conflicto (mes de septiembre de 1975), si se computa que durante casi la totalidad del mes de agosto la familia Massot no pudo publicar el diario, hecho inédito en la historia del medio, que tampoco volvió a suceder con posterioridad”. En ese sentido, ponderaron, la sentencia de la Cámara “pasó por alto lo sustancial: que conforme surge de todas esas actas notariales, el único que negociaba cara a cara con los delegados gremiales era Vicente Massot”.

Finalmente, pusieron de relieve que “a pesar de estar indagado por la instigación o determinación de estos homicidios, no se aborda la cuestión ni siquiera tangencialmente”. En ese sentido, los fiscales recordaron que entre las pruebas figura un informe de la Sección Informaciones de la Prefectura Naval, que da cuenta de una “lista de personas a ser raleadas de un medio de difusión fundamental”, en referencia al diario bahiense, encabezada por Heinrich y Loyola. En el informe la fuerza de seguridad dice que la propia empresa había contratado a un jefe de inteligencia de la Policía bonaerense para la “realización de tareas de inteligencia en relación a un proceso de infiltración ‘subversiva’, y que en esa tarea reportaba a los directivos de la empresa”.

A la muerte de ese efectivo policial, indica, el “proceso de infiltración fue asumido por los propios directivos de la empresa a través de actas notariales (en las que intervino personalmente el imputado) y denuncias a las autoridades militares”, información que fue puesta a disposición de la Prefectura, algunos de cuyos miembros fueron condenados -precisamente- por su intervención en el homicidio de los dos obreros gráficos.

Con ocho debates realizados desde la implementación del nuevo sistema, Bahía Blanca encabeza la lista de distritos con más juicios por jurados. Seis de ellos culminaron en absoluciones y dos con veredictos condenatorios. Los datos contrastan con la estadística provincial -veintiuna condenas y catorce absoluciones- y levantan polémica entre operadores judiciales, políticos y mediáticos.

“El modelo antidemocrático que La Nueva Provincia le ha dado en toda su historia a su línea editorial está permeando e influyendo en este tema. Es gente que trabaja en contra de la democracia, va a opinar mal del juicio por jurados y lo que tienen que hacer los bahienses es no dejarse llevar por discursos fascistas”, dijo a FM De la Calle Guillermo Nicora, fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, en relación a la campaña del diario de la familia Massot contra dichos procesos.

El funcionario integra además la dirección del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), organismo que difundió una fuerte crítica hacia fiscales bahienses que protestaron contra los jurados locales por la alta tasa de absoluciones y el escaso tiempo destinado a las deliberaciones y señalaron la necesidad de “revisar la ley”.

“No tengo ninguna duda que el sistema por jurados es el que establece la Constitución, no tengo ninguna duda de que es el mejor sistema de justicia que podemos tener y hay un problema, pero lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no pensando en Bahía Blanca, tenemos una necesidad de reentrenamiento de todos los abogados para que esto funcione bien. No es un entrenamiento de los ciudadanos “, comentó Nicora.

Para el especialista los “abogados que están formados para hacer expedientes tienen que nacer de nuevo, aprender de nuevo para trabajar en un sistema oral, hablándole a gente que no es abogado. Esto no es un defecto, es un gran mérito del sistema, una justicia que no es comprendida por el ciudadano común es una mala administración de justicia”.

Ante la crítica que sostiene que el juicio por jurados fue implementado con espíritu abolicionista, Nicora recordó que “sin el jurado hemos tenido enormes niveles de absolución” porque “muchas veces llegamos con investigaciones amañadas por la policía, atadas con alambre, que dejan muchas dudas”. “Lo que pasa es que los jueces profesionales -y este es el problema que el jurado viene a curar- se comen las críticas de los medios cuando absuelven gente, entonces hacen un esfuerzo sobrehumano para condenar personas sin tener elementos de prueba reales porque si no, para decirlo en criollo, se arma quilombo”.

“No es mala noticia que personas que tienen dudas declaren inocente una persona. Claro, seguramente si fuese culpable sería un caso de impunidad, pero no sé si son casos de impunidad, no estoy opinando de qué tan apropiado sería o no el resultado de los otros juicios de Bahía Blanca, lo que estoy diciendo es que si tenemos dudas lo mejor que nos puede pasar es que se esté absolviendo a los imputados porque si los estuvieran condenando y nos equivocamos estamos metiendo gente inocente presa y este sería el peor de los errores”.

Finalmente, en cuanto a la imposibilidad de conocer los argumentos del veredicto del jurado, el fiscal explicó que “toda la prueba, todos los elementos de información que el jurado tiene a su disposición se ventilan en la sala de audiencia y cualquier persona que vea o escuche el juicio sabe exactamente lo mismo que sabe el jurado. A partir de ahí el juez profesional con sus instrucciones, que previamente ha acordado con los abogados, le da el marco jurídico a los miembros del jurado que no son abogados ni necesitan serlo para que sepan cuál es el significado jurídico de los hechos que van a tener o no por ciertos”.

“La decisión interna del jurado está garantizada en su calidad por la deliberación y por el número. De hecho uno de los mayores problemas que tienen, y que la solución es al revés de lo que postula La Nueva Provincia, es el sistema de mayorías. El jurado funciona bien cuando es unánime, cuando las doce personas tienen que ponerse de acuerdo para condenar o para absolver. (…) El número de jurados estancados, es decir, cuando después de dos o tres días de deliberación no salen de la situación de no llegar a unanimidad, es más o menos en el 2% o 2,5% de los casos, en el 97% o 98% se logra un veredicto unánime”.

“No creo en los jurados porque absuelven sin razones”

Por su parte, el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, calificó a la manifestación del INECIP como “un ataque personal absolutamente disparatado”, cuestionó la “modernidad” del sistema de juicio por jurados y opinó que con su implementación “se quiso hacer participar al pueblo en la decisión de las sentencias judiciales para transferirle la responsabilidad por la decisión”.

“Yo no creo en los jurados porque absuelven sin razones, una persona es culpable o inocente sin dar una explicación” porque “no conocen derecho y solamente se expiden sobre los hechos”. “Plantear que porque se absolvió a una persona en un juicio por jurados el fiscal trabajó mal es un disparate”, agregó en torno a los cuestionamientos contra Mauricio del Cero.

Para Fernández “el juicio por jurados está estructurado para generar más absoluciones, por eso el sector de pensamiento abolicionista o neoabolicionista que antes se oponía terminantemente ahora lo receta y lo apoya, porque solamente es a pedido de la defensa del imputado, lo que indica en primer lugar que es falso que se crea en el pueblo porque cuando se cree en el pueblo o en lo que resuelve el pueblo no importa quién pida su decisión”.

Asimismo, el titular del Ministerio Público criticó que “cuatro votos de ese jurado del pueblo por la absolución le ganan a ocho votos del mismo jurado por la culpabilidad. (…) Imagínese lo que podría llegar a ocurrir en los delitos de lesa humanidad, donde los hechos son gravísimos, homicidio, todos con penas de prisión perpetua en un juicio por jurados, donde usted piensa que de doce no va a haber uno que a lo mejor no comparta determinada política en materia de derechos humanos. Y esto aseguraría por falta de una mayoría una absolución de un criminal o de un represor”.

Las playas de Punta del Este fueron las elegidas para el “descanso” del propietario y director de LaNueva., Vicente Massot, imputado por la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Los jueces Jorge Ferro y Pablo Candisano Mera autorizaron su salida del país entre el 18 y el 27 de marzo. El empresario fue beneficiado recientemente por la confirmación de su falta de mérito por los mencionados integrantes de la Cámara de Apelaciones aunque continúa vinculado a la causa.

Massot está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario La Nueva Provincia. En abril de 2014, al ser convocado a indagatoria la justicia prohibió su salida del país.

Es por eso que debió pedir autorización para esta escapadita a las costas uruguayas, que seguramente permanecerán más calmas que las calles argentinas por las cuales se movilizarán el próximo jueves miles de ciudadanxs para repudiar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y gritar su rechazo a la visita del presidente estadounidense Barack Obama.

El viaje de Massot, de quien se supo semanas atrás que también fue contacto de la DINA chilena, fue cuestionado por la Fiscalía aunque recibió el aval de la titular del Juzgado Federal Nº1, María Gabriela Marrón.

El fiscal Antonio Castaño apeló y destacó que “los peligros procesales surgen del estado del proceso, pues no se encuentra firme la resolución de esta Cámara Federal que confirmó la falta de mérito probatorio del encausado, que continúa siendo necesario asegurar el sometimiento del imputado al proceso, en donde se  investigan delitos de lesa humanidad constitutivos de genocidio; no se valoraron los  amplísimos recursos –tanto económicos como de otro tipo­ con los que cuenta el imputado Massot para concretar y tornar sostenible su permanencia fuera del territorio  nacional”.

Sin embargo, Ferro y Candisano Mera resolvieron el viernes rechazar el recurso y respaldar la decisión de la jueza. Para ello, retomaron la argumentación ya invocada para habilitar anteriores salidas del país del empresario y mencionaron que “la limitación impuesta a la libertad ambulatoria de que goza el imputado es -por su naturaleza cautelar– provisoria, no una conclusión inmutable, y que lo prohibido es salir del país sin permiso del magistrado a cuya disposición se encuentra”.

(Por Laura García Vazquez) A las diez de la mañana del sábado 19 de marzo comenzaron en Bahía Blanca una serie de actividades enmarcadas en los 40 años que se cumplirán el próximo 24 de marzo del Golpe cívico-militar que entre otros males cometió un genocidio en la Argentina cuyas consecuencias aún estamos pagando. El genocidio lo sufre todo el pueblo, los desaparecidos nos faltan a todos.

10349977_552649224894179_9212247624327363685_nEn la Plaza Rivadavia se realizó la muestra “40 años-30.000 compañeros detenidos desaparecidos-MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA” con fotos de cientos de compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos, de Bahía Blanca y de otros lugares de nuestro país. Esta actividad fue organizada por ATE Bahía Blanca y Emancipación Sur Bahía Blanca y concentró mucha participación, siendo así, que, como propuesta surgida de las personas que se acercaron la misma continuará todos los días hasta el 24 de marzo inclusive.

Para culminar las actividades del día planificadas en conmemoración de los 40 años del golpe genocida, a 20 años de la creación del Encuentro MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, se realizó una Charla-Debate en la sede de ATE, convocada por su titular, Viviana Marfil y la cual contó con la presencia de los miembros de conducción de ATE pcia. de Bs. As., Emiliano Hueravilo, Germán Mogilner y la compañera Laura García Vázquez del espacio Emancipación Sur y miembro de dirección de CTA Autónoma provincia, los mismos HIJOS que nos compartieron sus historias construyendo Memoria.

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Los testimonios se alternaron con imágenes proyectadas constituyendo “una emoción apretando por dentro”. El comienzo fue la lista de los desaparecidos de los que hay registro de la ciudad de Bahía Blanca, los 8 minutos que dura esta compilación, ilustrada con fotografías tomadas por el padre de Laura García Vázquez evidencia la dimensión del genocidio, máxime teniendo en cuenta lo que señala más tarde Emiliano Hueravilo: estos son un tercio de los desaparecidos en cada lugar de nuestra Patria.

Comenzó Laura con su relato, una parte dedicada a sus padres: María Ester Vázquez y Néstor Enrique García, ambos militantes del peronismo de base, y otra parte a algunos momentos de esta larga historia de 40 años de búsqueda de justicia y también de búsqueda de identidad por parte de los hijos que siguen conservando los ideales de construir una sociedad justa, una Patria libre y soberana. En sus palabras estuvieron presentes el origen del CELS y su importancia en plena dictadura en las figuras de Luis Zamora, Marcelo Parrilli y Emilio Mignone. También dedicó un párrafo a Rodolfo Walsh y su histórica carta relatando no sólo el horror de la metodología de la represión sino los objetivos finales: un país más dependiente y el padecimiento del pueblo.

Continuó Germán, complementando el relato, contando la historia de sus padres: Juan Jacobo Mogilner y Norma Beatriz Regalía, contando como parte de los hijos mayores de edad el haber compartido con sus padres la militancia y el sueño de tomar el poder, como que era una realidad cerquita, combinando en una hermosa imagen lo grande del sueño y la imaginación de su edad de niño: cuando imaginaba la toma del poder la música que escuchaba era el Himno a la alegría de Beethoven. Su relato posterior incluyó un profundo análisis de las razones políticas del genocidio y también la realidad actual que una vez más, nos pone a prueba a los argentinos en la defensa del país y de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Le tocó terminar los testimonios de hijos a Emiliano, quien contó cómo fue sabiendo de sus padres: Mirta Mónica Alonso y Oscar Lautaro Hueravilo, ya que él nació en la ESMA durante el cautiverio de su madre de la que fue separado a los 22 días. También en este caso se entremezcló la emoción con la convicción de este hijo que no sólo busca justicia por lo propio sino que sigue en la construcción del proyecto de sus padres con su militancia diaria, en este caso, desde la Asociación de Trabajadores del Estado.  En ese momento empezó una serie de intervenciones por parte de los asistentes emocionados e interesados, con testimonios de todas las edades reflejando claramente que esto nos pasó a todos los argentinos. El intercambio de palabras fue un objetivo plenamente logrado en esta actividad.

11885226_552653491560419_6667144944996186484_nSe proyectaron los trailers de los avances de “El sonido de las voces” y “A Eduardo”, ambos de Luis Rojas, se mencionó especialmente a Celia Korsunsky, madre emblemática de Bahía Blanca y también se recordó a Susana Matzkin recientemente fallecida, y su trabajo en busca de justicia por su hermana Zulma y por los derechos humanos para todos los familiares. Terminamos con las imágenes del documental de Emiliano Hueravilo, emotivas imágenes del Acto en la ESMA del 24 de marzo de 2004, con la participación de HIJOS y la emblemática canción de León Gieco “Todo está guardado en la memoria”.

Desde este Colectivo de Trabajadorxs expresaron su “preocupación por el futuro del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario en que trabajamos”.

Son más de dos mil docentes y cerca de veinte mil niños y niñas “que participan y toda la comunidad de familias y barrios que forman parte del programa en todo el país”.

“Pese a los dichos de la directora entrante del área Socioeducativa del ministerio de educación y deporte de la Nación, María Pace, acerca de la continuidad del Programa, la mayoría de los docentes de Orquestas y Coros no tiene noticias acerca de los contratos correspondientes al año lectivo en curso y cuenta con salarios adeudados correspondientes a 2015 y 2016, situación que nos deja una incertidumbre absoluta respecto a la continuidad de esta hermosa y enorme propuesta educativa”.

La tarea es llevada a cabo bajo contratos precarios, relación de dependencia encubierta bajo la facturación como proveedores monotributistas, retrasos en los cobros, salarios con valores desfasados, sin reconocimiento de la labor docente que desarrollamos.

“En un contexto de creciente estigmatización y despidos en el área pública, cierre de Programas que garantizan el acceso a la cultura, salud y educación de todos los ciudadanos, desmantelamiento de las diferentes propuestas del área Socioeducativa, represión a los trabajadores que se manifiestan, el creciente desempleo; nuestra situación de precariedad laboral y la falta de noticias sobre nuestro futuro como docentes, nos deja aún más vulnerables y pone en duda la propia existencia de las políticas de inclusión”.

El Colectivo de Trabajadorxs exige la regularización en el pago de los sueldos adeudados. La continuidad y profundización del Programa, el reconocimiento y regularización como trabajadores de la educación, la inclusión en el Presupuesto Nacional y la continuidad de la coordinación Pedagógica Nacional.

Finalmente, lxs docentes expresaron que abogan por “educación pública de calidad, queremos seguir siendo parte de un Estado presente que no piensa que la educación y la cultura sean gastos, sino una inversión y herramienta de transformación social y de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Queremos que haya cada vez más orquestas y coros, queremos que el Programa crezca y se multiplique. Y queremos ser parte de este crecimiento”.

(Por Astor Vitali) Pocas veces la radio da qué hablar. Más bien la radio habla de la tele, del diario, de otras cosas y, al margen de hallazgos tecnológicos, lejos de renovar su lenguaje está llena de personajes mediáticos que desconocen el lenguaje propio del medio o neófitos que se sientan igual ante un micrófono que ante una cámara. Prima el palabrerío sobre la inteligencia de la palabra. Da igual una música que otra y cómo ponerla al aire. Los silencios aparen más como “bache” que como recurso y los efectos son emulaciones de la estética de programas mediocres de TV abierta.

Por el contrario, uno de los hechos culturales de relevancia para la radiofonía argentina fue la aparición, hace diez años, de El desconcierto. Se trata de un programa de conduce Quique Pesoa desde un estudio montado en San Marcos Sierras, donde erigió una hostería.

A su vez, cada semana las radios que integramos la Red Surcos re emitimos la propuesta en los horarios que nos es conveniente.

“Tengo las pelotas infladas de la polarización porque creo que no nos hace crecer. Nos sentamos a discutir de un lado y del otro. Y nadie escucha al otro. Y nadie está pensando” dijo Pesoa a FM De la Calle.

“Quiero que escuchen cuáles son mis argumentaciones y yo a la vez sentarme a escuchar cuáles son las argumentaciones del otro. No tentemos incorporadas las argumentaciones del otro: nos encerramos y suponemos que estamos respetando al otro únicamente porque esperamos que haga un punto en su frase para meter nuestro bocadillo  y no hemos escuchado un pomo de lo que el tipo dijo. No estamos dispuestos a cambiar de esquema de pensamiento. Estamos hechos un hato de pelotudos. Tenemos que empezar a escucharnos”.

En este sentido, Pesoa ejemplificó el problema de la polarización haciendo alusión a un lugar común en los debates de las mesas de café hasta hace no mucho. “No puedo asentar mis argumentaciones en algo que dijo el gordo Lanata, tengo que ser un imbécil. Lo mismo me pasaría si argumento algo que dijo Victor Hugo Morales. Tengo que ser un imbécil para no tener albedrío, pensamiento propio, pensamiento independiente, estoy comprando pescado podrido todo el día”.

Este domingo el aire De la Calle comienza a desconcertarse. De 10 a 13, Pesoa está en De la Calle.

Escuchá la entrevista completa:

Integrantes de organizaciones ambientales de la ciudad participaron ayer en la Cámara de Diputados de un encuentro para debatir un proyecto de ley que logre “un equilibrio entre salud y comunicaciones” en la regulación de radiofrecuencias, “fijando límites de protección similares a las normativas más estrictas implementadas en distintos Estados” para mejorar “la calidad y objetividad de la información brindada a los usuarios sin perjudicar la eficacia o factibilidad de los servicios”.

Gladys Girotti, presidenta de Salud Ambiental en Acción y vocera del nutrido grupo de agrupaciones que participaron de la jornada consultiva, comentó a FM De la Calle que el encuentro surgió tras el “escandaloso proyecto 1941 que trataba de que las telecomunicaciones móviles fueran nombradas de interés público nacional y, de esta manera, podían poner antenas en las propiedades de todas las personas sin necesidad de pedir autorización”.

Las ONG´s y sindicatos, con el acompañamiento de lxs legisladorxs Gabriela Troiano, Carlos Rubín, Diana Conti y Carolina Gailalrd, revisaron y reimpulsaron una iniciativa que ya fue presentada en 2011, 2012 y 2014 por lxs diputadxs Verónica Benas y Antonio Riestra sin lograr su tratamiento. “Hicimos algunas modificaciones que creíamos necesarias pero los fundamentos son los mismos solo con mayor aval científico”, explicó Girotti.

Las jornadas consultivas contaron con la participación del dr. Ignacio Casas Parera, especialista en neurooncología, jefe del Departamento de Neurología del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, quien analizó la incidencia de tumores del sistema nervioso central; la dra. María Inés Sasiain, integrante del consejo directivo de CICOP, quien se refirió al costo que representaría al Estado un incremento eventual en el número de pacientes oncológicos. Por otra parte, el bioquímico Eduardo Legaspe explicó los efectos biológicos de las radiofrecuencias y el ingeniero Guillermo Defays discutió los aspectos técnicos involucrados en la normativa.

Girotti destacó que profesionales de la salud se involucren en el tema dado que muchas veces “reconocen a sus pacientes que la causa de su enfermedad pueda ser por las antenas pero al momento de tener que salir a investigar y hablar públicamente no quieren meterse en discusiones”.

El Concejo prorrogó plazos para que las empresas adecuen sus antenas

Durante la entrevista, la titular de Salud Ambiental en Acción se mostró sorprendida por la prórroga de los plazos para que las empresas ajusten su tecnología a la normativa local. “La ordenanza 17.130 pedía que en el plazo de noventa días las empresas presentaran la declaración jurada de todo lo que tenían instalado y a partir de ahí había 18 meses para adecuación de la tecnología que tenían instalada más lo que vayan a instalar para bajar los niveles de potencia”.

 “Nos sorprendió que el miércoles, sin que haya llegado con tiempo como para que los concejales pudieran analizar la situación, se pidiera un plazo de prórroga para la presentación de estas obligaciones que tenían las empresas y darles un plazo de 24 meses. Son cosas que no entendemos, en primer lugar, por qué ampliar rápidamente los plazos, que llegue a la mañana algo para votar al mediodía que los concejales no tienen tiempo para analizar y muchos ni siquiera saben lo que es una torre antena, la mayoría no intervino cuando se votó la ordenanza en 2013. En segundo lugar, ¿para qué quieren prórroga en una ordenanza que está suspendida? Recordemos que la Municipalidad, el gobierno anterior, no presentó apelación en su defensa cuando la judicializó por quinta vez Telecom, dejó que se vencieran los plazos cuando en las cuatro veces anteriores había sido respaldada por la justicia federal”, se preguntó Girotti.

Adhieren a la iniciativa presentada en el Congreso las ONG’s Aletheia por la Vida, Nuevo Ambiente, Consumidores Responsables, Red de Barrios Irradiados, Vecinos Subestación  Sobral Ezpeleta, Asamblea Rigolleau, CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, ATE Provincia de Buenos Aires, Vecinos Autoconvocados de Campo Quijano (Salta), Vecinos autoconvocados de Gral. Güemes (Salta), AVDA  Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente Gral. Cerri (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento y Cultura de Villa Amaducci (Bahía Blanca), Sociedad de Fomento Ing. Pedro Pico, Ayuda-Le “Ayuda al leucémico” (Bahía Blanca), Vecinos Autoconvocados de Gral. Roca, Foro de la Niñez Bahía Blanca, FUNAM, Asociación Vecinal Dr. Enrique Finochietto Ciudad Autónoma,  ONG Ambiente Comarca (Tornquist), UETTEL (Unión de empleados y técnicos  de las telecomunicaciones) y Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca, con el valiosísimo apoyo del Servicio de Paz y Justicia que preside Adolfo Pérez Esquivel.

(Por Francisco J Cantamutto) La política económica de Cambiemos se ha destacado por generar un notable aumento de la inflación, superando con creces cualquier herencia. El ataque al bolsillo.
Pocos fenómenos económicos tienen un impacto tan visible y directo como la inflación, notable en las compras cotidianas, que permiten a cualquiera tener una noción. Y sin embargo, la discusión científica sobre su medición y sus causas es compleja, normalmente en el debate por marcados sesgos ideológicos.
Los últimos años han sido muy prolíficos en este debate, debido a la evidente reaparición del fenómeno. Argentina tiene una larga historia con la inflación, encontrando incluso episodios hiperinflacionarios que sirvieron de excusa para programas económicos muy regresivos: el ocasionado por Celestino Rodrigo en 1975 (prolegómeno de la avanzada neoliberal), las explosiones en la sucesión de Alfonsín a Menem (1989 y 1990, prolegómeno de la Convertibilidad). La lógica es relativamente simple, y no por eso menos efectiva: crear caos económico para justificar medidas regresivas, vendidas como la solución. Sin que nos hayamos siquiera acercado a una híper, lo cierto es que la dinámica inflacionaria de dos dígitos que arrastramos desde hace algunos años sirvió de excusa a la entonces oposición para fomentar el programa de ajuste que hoy aplican en el gobierno.
Es posible que la explicación más difundida de la inflación es la promovida por el neoliberalismo, repetida hasta el hartazgo: el Estado gasta de más y para financiarse usa la “máquina de imprimir billetes”, lo que genera inflación. Cuando además se acusa al gobierno de populista, se repite otro anatema neoliberal –legado de un pésimo estudio de Dornbusch, autor muy leído en los cursos de macroeconomía básica- que es señalar que este gasto estatal busca redistribuir “lo que hay”, dañando la producción. El legado último del populismo sería entonces estancamiento e inflación. No es difícil ver –no hay que ser economista para entenderlo- que se trata de un dogma político, que se esfuerza por enseñar que el más mínimo intento de modificar la situación social se paga caro (ver si no, la evidente avanzada política sobre los gobiernos populares de la región).
El mérito neoliberal es haber vuelto sentido común este dogma, que se pretende como argumento aún cuando carece de pruebas. La ventaja política es simple y perversa: siempre desde un punto de vista liberal, se presenta al Estado como una entidad ajena, separada incluso, extraña a la sociedad, cuyo accionar siempre es opresivo. Si hay inflación, la culpa no tiene que ver con clases o dinámicas propias de la sociedad y el mercado: se trata del monstruo que imprime billetes. Y si este es el problema, la solución es su subversión: evitar que emita billetes, evitar que gaste.
El programa de Cambiemos es explícito y claro en esto: el ataque a la inflación viene por la vía de reducir cierto gasto público y evitar monetizar lo que quede. La reducción del gasto está expresada en el recorte de subsidios de las tarifas y los despidos masivos, mientras que otros gastos no se tocan –como los sueldos de funcionarios políticos. Para evitar emitir por el saldo restante, su proyecto es financiarlo con deuda: por ello el énfasis obsesivo del gobierno para arreglar con los fondos buitres. Vale aclarar que la nueva toma de deuda financiaría el mismo programa de ajuste, incrementando sus costos vía intereses, con lo cual ese camino sólo lleva a mayores problemas que los actuales.
¿Y qué está pasando con la inflación? Son conocidos los problemas de credibilidad que arrastra el INDEC desde la intervención en 2007. Como “solución”, el nuevo gobierno ha procedido a un “apagón” de información, dejándonos sin datos hasta agosto. Si usamos los datos de las consultoras privadas, auspiciados en el Congreso, o el del instituto de estadística de CABA, el resultado es incontrovertible: la inflación, aunque alta, venía desacelerándose el último año, y a partir de noviembre ha sufrido una marcada aceleración. Esto significa, sin dudas, que Cambiemos le agregó varios puntos a la “herencia”.
¿Cómo los agregó? Mediante el anuncio de la devaluación en campaña, su puesta en práctica inmediata al asumir, la quita de retenciones y liberación de cuotas para la exportación de productos de la canasta básica, el aumento de tarifas de electricidad (y anuncio de aumento de gas y transporte), la nueva devaluación de febrero y la desarticulación del programa Precios Cuidados (despidos filmados incluidos). Todas resoluciones del nuevo gobierno que elevaron la inflación, que son de su exclusiva responsabilidad.
Los datos relevados muestran que estas medidas han acelerado el ritmo de aumento de precios. Haciendo números redondeados, la tasa mensual fue del 4% en diciembre y enero, y 5% en febrero. Ese ritmo marca un 35% de inflación respecto del año pasado. Pero si extendemos este ritmo al resto de 2016, indicarían un incremento total del 60%. Un trabajo firmado por Panigo, Rosanovich, García y Monteagudo –provenientes de diversas universidades nacionales- calculan que el efecto dispar de esta aceleración, que afecta particularmente a las clases populares, debido a la mayor incidencia de la canasta de alimentos y servicios básicos en su consumo, que son justamente los rubros de mayor aumento relativo (frente a otros servicios). Así, calculan que en CABA, mientras que quienes se ubican en el primer decil de la distribución de ingresos (los hogares más pobres) perdieron casi 24% de su ingreso en los últimos meses, quienes se ubican en el decil 10 (los hogares más ricos encuestados), perdieron “apenas” el 11%. Es decir, el costo de la inflación no se reparte parejo. Vale recalcar que en este cálculo no incluye –debido al alcance de la encuesta- a los verdaderos ricos del país, los dueños de las grandes empresas, quienes difícilmente hayan perdido.
Es que, en última instancia, son los despidos y la reducción del salario real los que llevarán a una caída de la demanda y una recesión –ambas ya en curso. La recesión será la que ponga límite al aumento de precios. El gobierno contribuye activamente a esta recesión, al elevar la tasa de interés de referencia del Banco Central al 38%, con la excusa de atraer capitales, lo que hace inviable cualquier inversión productiva. Al evitar monetizar, genera iliquidez, lo que impulsa la recesión. De allí que las expresiones sobre el impulso a la inversión, y la toma de deuda como salida al ajuste son simples engaños, como nos acostumbró Cambiemos desde la campaña. El ajuste ya está en curso, y las políticas de este gobierno van en esa misma dirección.
Qué parte de este programa es perversidad y qué parte ideología pura, es difícil de determinar. Lo que queda claro es que es un programa a favor de unos pocos. Quizás su crítica a la inflación durante el kirchnerismo era que no lo hacían con suficiente brutalidad.

(Por Laura García Vazquez) El presidente Mauricio Macri en su discurso frente a la Asamblea Legislativa dijo: el año del Bicentenario sin nombrar la palabra Independencia. Similar “olvido” sucedió durante su jura, en este caso la olvidada fue la palabra “patriotismo”.

Como hemos venido señalando, y en esto las palabras ganadas o perdidas son cruciales, en una economía gobernada por los países dominantes con el papel destacadísimo de las empresas llamadas “transnacionales” defender el “interés nacional” en sentido soberano es una condición de defensa fundamental para cualquier país dependiente y nosotros somos uno de ellos. Por eso la política basada (solamente) en llevar adelante negocios privados y extranjeros  es funesta para los países dependientes, como el nuestro.

Este período, el de los primeros meses de gobierno de Cambiemos, está produciendo muchos daños, pero, es necesario señalar el daño cultural que promueve hacia toda la sociedad en lo que representa la desaparición simbólica del país, de la nación, de la soberanía, no solamente por la falta de un proyecto sino también por las ausencias simbólicas de los intereses que todos los argentinos debiéramos defender. Me refiero puntualmente a la palabra Independencia, justamente, en el año del Bicentenario. El gobierno profundiza la dependencia y no pronuncia la palabra Independencia, es decir, la hace “desaparecer”.

Este hecho trajo a mi pensamiento una frase de John Berger, de su libro “Modos de ver”:  “Una persona o una clase que es aislada de su propio pasado tiene menos libertad para decidir o actuar que una persona o una clase que ha sido capaz de situarse a SÍ misma en la historia. “

Parece una trampa del destino, una ironía cruel de la historia, algo que todos nuestros hermanos que han dado la vida por la descolonización de nuestro país no merece, que el año 2016, el del Bicentenario de la declaración de nuestra INDEPENDENCIA nos encuentre en esta situación, con un gobierno recientemente elegido que cínicamente habla sólo de la igualdad de oportunidades, un concepto inconsistente si contemplamos el aumento de los alimentos en estos meses y lo comparamos con los salarios, y también habla, de esperar años para que lleguen las “supuestas mejoras”, mientras todas sus medidas económicas han empobrecido al pueblo y profundizado la desigualdad. No hay medidas compensatorias, porque, según el presidente Mauricio Macri,  todo depende de cada uno.

(Por Julio Gambina) El partido de la deuda avanza en el Parlamento para convalidar la estafa de los holdouts o fondos buitre, empujados por la justicia de EEUU, cuando los fallos o investigaciones judiciales locales vegetan entre la maraña de archivos que escamotea la burocracia legislativa y judicial.

La dependencia económica y política es evidente en la iniciativa, una más, para privilegiar usos de recursos públicos destinados a cancelar deuda ilegal, ilegitima y odiosa, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, lo que requiere de una profunda auditoria con participación popular. Esa investigación, luego de conocidos sus resultados, habilitaría a la convocatoria a una consulta popular para definir el pago o la anulación total o parcial de la deuda.

Claro que esa no es la idea de un gobierno y sus aliados parlamentarios que responden a una estrategia de inserción internacional de la Argentina diseñada desde Wall Street.

Fue curioso escuchar en la ronda de expertos sobre el acuerdo en marcha del lunes 7/3 pasado, como los apologistas del mercado, la negociación y el endeudamiento exponían sus hipótesis de bajas de tasas a futuro y la buena noticia que suponía el arribo de inversores y prestamistas externos. No se trataba de lobistas, sino de los representantes de la Bolsa y el Mercado de Valores, de las entidades bancarias y de los profesionales de la economía, habituales consultores en estos ámbitos en que se define la especulación local.

Esta semana, la Provincia de Buenos Aires tomó 1.200 millones de dólares al 9,37% y por 8 años. Una tasa usuraria si se la compara con el costo del financiamiento de otros países de la región, que logran tasas del 50% de lo que pagará el Estado bonaerense. No se entiende la urgencia en la toma de préstamos externos a ese precio, si la hipótesis es la baja del costo del dinero como resultado del acuerdo parlamentario. Lo real es que aun con acuerdo, hay probabilidad de continuidad de la litigiosidad contra la Argentina, lo que supone elevadas tasas de interés, más allá de los dichos por el gobierno y sus aliados del partido de la deuda.

Resulta evidente que solo son hipótesis infundadas sobre crédito barato y que en ese imaginario no se piensa seriamente en conseguir recursos externos para la promoción del empleo, ya que los préstamos, hasta ahora son para tapar huecos derivados de la crisis fiscal y resolver vía endeudamiento la disputa de consenso ante un ajuste que resulta cada vez más evidente. Es lo que quedó claro en la reunión del presidente con los gobernadores, que a cambio de anticipar fondos mayores de coparticipación, instruirán a sus diputados y senadores para acompañar una votación favorable en el Congreso para derogar las leyes cerrojo y de pago soberano e instrumentar el mecanismo de endeudamiento para cancelar a los especuladores buitre y otros no ingresados a los canjes del 2005 y 2010.

Deuda, ajuste y liberalización

No es deuda o ajuste como sugieren desde el Ministerio de Economía, es deuda y ajuste, que se descarga sobre la mayoría empobrecida del país.

La convergencia de ambas cuestiones, se manifiesta en la continuidad de los despidos estatales y del sector privado, exacerbados con una política monetaria restrictiva que enfría la economía y agrava todo pronóstico recesivo para el 2016. La estanflación en curso es la razón por lo que avanza la convergencia de las diferentes centrales sindicales en una protesta a corto plazo, que no solo involucra al salario y las negociaciones colectivas, sino también a la demanda contra el impuesto a las ganancias y los ingresos derivados de la política social.

El problema es la dispar evolución de los precios y los salarios. Mientras los ingresos salariales están en proceso de actualización en negociaciones paritarias, los precios aumentaron 8,3% entre enero y marzo. Si se cuenta desde diciembre pasado el incremento asciende a 12,5%. La proyección anual dispara un 32,9%. Todo en un marco donde la evolución del tipo de cambio entre el peso y el dólar promueve una política de elevación de tasas de interés de parte del Banco Central que obstaculiza cualquier opción de crédito para la producción. La realidad es el estancamiento y la inflación, un cuadro desfavorable para la mayoría de la población.

Vale mencionar que la dupla ajuste y mayor endeudamiento previsto con el acuerdo sobre los fondos buitre, es una condición para incorporar al país a las negociaciones de los tratados internacionales de libre comercio, especialmente el Acuerdo del Pacífico, instrumento de reinstalación de la lógica aperturista del ALCA, que fuera rechazado por el Mercosur desde Argentina en 2005.

La inserción en esa lógica de libre cambio y apertura económica requiere de bajas de salarios para mejorar la competitividad local y la promoción de inversiones externas en condiciones muy favorables para la rentabilidad deseada por los inversores externos. Es el caso de Chevron e YPF, que por ahora motoriza la renuncia del titular de YPF y de la jueza interviniente en develar el contrato secreto (exigido por la Corte Suprema de Justicia) y con el escándalo que supone la voltereta del PRO, ayer críticos de la cláusula secreta y hoy a favor. Todo sea por los negocios.

Contrario a lo que algunos pueden pensar, no hay improvisación en el rumbo económico del gobierno Macri, sino decisión de avanzar en el programa de máxima del gran capital por la liberalización económica de la Argentina. El sendero que lleva a ese destino es el ajuste en curso financiado por nuevo y mayor endeudamiento externo, y ante e conflicto, represión y protocolo de seguridad.

(Por Jorge Cardelli y Julio C. Gambina)

I

El ataque a los derechos de los/as trabajadores/as es una política explícita y deliberada del gobierno Macri, en los marcos de la profundización de la dependencia, por lo que es necesario discutir qué tipo de Central necesitamos.

A más de dos meses, las medidas anunciadas son claramente a favor de las empresas más concentradas y monopólicos: devaluación que no cesa y por ahora en torno a los 16 pesos por dólar (70% desde los 9 pesos por dólar); quita de retenciones que favorece a los exportadores y agrava el déficit fiscal; acuerdo con los fondos buitres en camino y con incremento de la deuda pública por lo menos en 15.000 millones de dólares; sumados a otros préstamos por 5.000 millones de dólares.

Parte de las medidas son los despidos de estatales y la habilitación a cesantías y suspensiones en el sector privado; la burla de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y tirar las reformas impositivas hacia adelante; desfinanciamiento del Estado para agravar la crisis fiscal y así fundamentar el ajuste. Situación agravada con la presentación y aplicación del protocolo de represión en el marco de la vigencia de la ley antiterrorista y la criminalización de la protesta.

La inflación en curso es expresión de la impunidad de los fijadores de precios y la respuesta del gobierno se concentra en política monetaria restrictiva ejercida desde el BCRA y búsqueda de deuda pública por el Ministro de Economía. Mientras tanto, la carestía la sufren los de abajo, los sectores de menores ingresos que somos la mayoría de la sociedad. El tarifazo energético es expresión del traslado de la crisis inflacionaria sobre el pueblo.

Para nosotros, compañeros afiliados a la CTA Autónoma, es un momento para profundizar nuestro carácter de Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.

Es un momento para más unidad y más  debate fraterno sobre el momento y los desafíos políticos. El mayor desafío que tenemos es promover la unidad del Movimiento popular. Para esto es clave la unidad de nuestra Central. Por eso sostuvimos el paro de ATE y otras organizaciones sindicales del 24/2 y promovimos la máxima unidad de acción posible para enfrentar el ajuste en la nueva situación generada desde el gobierno Macri.

Las/os trabajadoras/es somos los creadores de la riqueza social que es apropiada fundamentalmente por los sectores más concentrados del capital local y por el capital imperialista. Por lo que no solo se trata de disputar las orientaciones políticas al gobierno Macri, sino al poder económico, político y social de las estructuras del capitalismo mundializado de los monopolios.

II

Resulta imprescindible discutir el modelo de organización de las/os trabajadoras/es. El régimen capitalista se ha modificado sustancialmente en el último tiempo, desde la ofensiva neoliberal de los centros imperialistas del capitalismo a partir de la crisis mundial de los 70´. En nuestro país promovió la Dictadura Genocida del 76 cuyas consecuencias se proyectan hasta nuestros días, por lo que ante este 40° aniversario del golpe promovemos la organización de iniciativas de movilización unitarias que articulen al movimiento popular.

El principal motivo del terrorismo de Estado apuntó a debilitar al movimiento obrero, su lucha y su organización. La propuesta era desorganizar y desarticular al movimiento gestando salidas individualistas, acompañadas de flexibilización laboral, salarial, precariedad y variados procesos de tercerización y fragmentación de la condición laboral.

Este proyecto continuó con el menemismo en los 90 y contó con la complicidad de muchos dirigentes sindicales. Ante eso nos propusimos responder en 1990 con un nuevo modelo sindical y no dudamos en confrontar con el unicato hegemónico de la CGT. Fuimos por la organización de una nueva Central, que además de desafiar los límites del posibilismo y el sindicalismo de negociación, tuviera como horizonte la autonomía y la libertad y democracia sindical.

El posibilismo fracasó en todo el mundo y destruyó la rica tradición combativa del movimiento obrero, subordinando la estrategia de la clase obrera a la ofensiva capitalista.

Más que nunca debemos orientar nuestro accionar desde los intereses y las necesidades de las/os trabajadoras/es, rompiendo las fronteras de lo posible e imaginando las condiciones de unir al conjunto de la clase, gran parte de la cual está fuera de los sindicatos.

Nuestra respuesta fue y es hacia el conjunto de las/os trabajadoras/es y por eso no somos Central sindical y si una Central de trabajadoras y trabajadores.

III

Necesitamos discutir porqué ganó Macri y su coalición para entender la etapa que nos toca enfrentar.

El gobierno obtuvo votos sustentados en el deterioro del consenso electoral al kirchnerismo, y que este espacio político no reconoce ni errores ni limitaciones de su proyecto que abrió las puertas al gobierno Macri.

Más aún, algunos buscan chivos expiatorios en quienes fuimos críticos en estos 12 años previos, desde la lucha por la democracia y la libertad sindical, en la búsqueda de la construcción de un nuevo modelo sindical que imaginamos con la CTA en su fundación.

Por eso es que el momento actual acrecienta nuestra definición por un nuevo modelo sindical, sustentado en la libertad y la democracia en nuestras organizaciones, que tienen que abrir las puertas a todas y todos las trabajadoras y trabajadores, inclusive a los movimientos sociales, a Pueblos originarios y organizaciones de defensa de derechos ambientales, civiles, de consumidores, etc.,  y no cerrarse corporativamente como reclama el viejo sindicalismo.

Pensamos que es momento de fortalecer al sindicalismo y especialmente a la Central en el carácter de expresión necesaria de la convocatoria a las/os trabajadoras/es en momentos de extensión de la informalidad y la súper explotación de la fuerza de trabajo.

En ese marco, sostenemos que la unidad de acción no es nueva, ni de la última etapa, sino histórica en el movimiento obrero local y mundial. Ahora debe privilegiar articulaciones de nuestra Central con otras organizaciones sindicales y con los movimientos populares. La unidad propuesta con la CTA de los trabajadores es en la lucha y no supone planteos de unidad orgánica.

La unidad de acción tiene años de existencia y no se la puede apropiar nadie y menos expropiando el contenido decidiendo arbitrariamente a quienes se excluye y a quienes no de la actividad unitaria.

Nuestros debates en la CTA están asociados a la caracterización del presente, pero también a un balance de estos 12 años, de la crisis del 2001 y en definitiva de la ofensiva de los centros imperialistas del capitalismo en 40 años desde el golpe de la dictadura genocida. En año del bicentenario de la independencia recuperamos la lucha de los pueblos originarios y de todas las generaciones que propusieron alternativas soberanas contra toda forma de dominación.

Somos conscientes que los motivos que nos convocaron a conformar la CTA siguen vigentes y que no es tiempo de refugiarse en las organizaciones sindicales, por muy grandes que ellas sean o crean ser. Lo estratégico es la CTA, su nuevo modelo sindical y la pretensión de articular un bloque popular amplio en la perspectiva histórica de la lucha por la emancipación social.

IV

El gobierno Macri promueve la función esencial del Estado capitalista por las ganancias, la acumulación y la dominación en condiciones de crisis mundial del capitalismo, que integra las diferentes dimensiones: alimentaria, energética, medio ambiental, económica, financiera, civilizatoria.

Por eso el gobierno Macri se muestra amigable con el imperialismo y los principales jefes de Estado del capitalismo mundial, tanto como con los principales dueños y ejecutivos de las transnacionales de la producción y los servicios, especialmente la banca, a quien se le apunta como muleta para sustentar este momento crítico del capitalismo local y global.

Su propuesta se asienta en los cambios regresivos construidos desde hace 40 años y no modificados esencialmente en tiempos constitucionales, aún con el discurso crítico al neoliberalismo de estos últimos años. Por eso alentamos una gran movilización unitaria para este próxima 24/3 en repudio al golpe genocida y sus consecuencias sobre nuestro pueblo, y muy especialmente contra la ley antiterrorista y el protocolo de la represión.

Desde la concentración y extranjerización construida en estos años y profundizada en la actualidad, pretenden ir por más en la consolidación del modelo productivo, de desarrollo y consumo, basado en el agro-negocio, saqueo de nuestros recursos naturales y súper-explotación de los trabajadores. Ello nos convoca a discutir y disputar consenso sobre otro modelo productivo y de desarrollo, para lo que es imprescindible la fuerza de los trabajadores y en consecuencia alentar el nuevo modelo sindical propuesto de nuestra CTA. Nuestro programa es el de la soberanía popular y ante la crisis alimentaria y energética sostenemos la propuesta de la soberanía alimentaria y energética, por los derechos a la alimentación y la energía.

La cuestión no es macrismo vs. kirchnerismo como estas fuerzas pretenden instalar. El Kirchnerismo se asume como el límite de lo posible y el macrismo como el “gran cambio”. Así se constituyen como par binario que disputa todo el espacio político. Nosotros pretendemos ir más allá, construir una verdadera propuesta política alternativa e irrumpir con decisión y voluntad en la disputa del espacio político.

Nuestro desafío es la autonomía del movimiento obrero, por eso la unidad de acción contra el ajuste y la promoción de la lucha anticapitalista. La autonomía es uno de los pilares en materia de principios desde la fundación de la CTA. Es autonomía de los gobiernos, de las empresas y de los partidos políticos.

Estamos desafiados a romper ese carácter binario de la política institucional expresado en las elecciones de noviembre del 2015. El proyecto alternativo emerge más allá de la polaridad macrismo y kirchnerismo.

Pretendemos partir de lo reivindicativo concreto para disputar consenso social para otra sociedad contra y más allá del capitalismo y sus estructuras de dominación imperialista.

Nos proponemos la participación activa de la Central y el movimiento popular en la toma de decisiones, en el Consejo del salario, el empleo y la productividad, que sigue siendo un objetivo fundamental de nuestra CTA Autónoma la lucha por un Pueblo sin Hambre y sin Pobreza; la recuperación de las instituciones de la seguridad social y previsional, así como el protagonismo en todos los espacios que están asociados a la vida de las/os trabajadoras/es y de los pueblos originarios.

Aspiramos a una sociedad que privilegie el interés de la mayoría contra todo intento de reposicionar el libre comercio, aspiración sostenida desde el derrotado ALCA y que ahora se manifiestan en los acuerdos del Mercosur con Europa o la Alianza del Pacífico. Son todas formas de privilegiar el interés de los grandes capitales hegemónicos del sistema mundial.

Nosotros estamos por instalar la consigna de que otro mundo es posible, y por eso luchamos y nos organizamos por la reforma agraria, la defensa y promoción del hábitat asociado a la autogestión, como a todas las demandas sustentadas desde el movimiento popular.

Sustentamos la iniciativa de luchar por construirnos como sujetos para el cambio y al mismo tiempo construir el programa articulador de todas las proposiciones que constituyen al movimiento popular. Será esa nuestra contribución a la construcción de alternativa.

Desde la reivindicación por la participación en la toma de decisiones y nuestra convicción por discutir el modelo productivo de consumo y de desarrollo, es que nos proponemos ir más allá en la disputa del poder.

V

Convocamos a recuperar los sueños y la imaginación creativa de los 90´, que nos otorgó en la CTA la mística de la disputa del poder y nos presentó en sociedad como expresión de una nueva institucionalidad popular.

Debemos analizar críticamente lo que hace dos décadas nos permitió romper con el unicato sindical y luego, con la iniciativa del poder se promovió la división política y orgánica de la Central.

Hoy estamos desafiados, como en los inicios de los 90´ para pensarnos críticamente y definir una amplia política de alianza en la lucha contra el Estado capitalista y el poder empresario del capitalismo, siempre desde la autonomía de gobiernos, patrones y partidos.

No se trata solo de un análisis nacional o local, sino que es un desafío mundial y que también discute el movimiento obrero. Están los que defienden el viejo modelo sindical desde la lucha por lo posible y los que se definen en una amplia unidad de acción para intentar lo imposible en la lucha de la clase obrera contra el capitalismo y el imperialismo.

Debemos continuar y profundizar nuestra política de unidad y lucha con diferentes organizaciones y movimiento sociales en un sentido multisectorial. Y en este plano ratificar la vigencia del programa de los 33 puntos elaborados  por la Multisectorial que integra nuestra Central.

Por eso debemos retomar el espíritu originario de la Central, relativo a la autonomía de todas las centrales internacionales del movimiento obrero y promover sólidos vínculos con todas las centrales y sin la asociación a una en especial, lo que se manifiesta en el espíritu que compartimos en el Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA.

La agresión del gobierno Macrí es fuerte. Es tiempo de respuesta en unidad de un amplio movimiento popular que fortalezca a la CTA como núcleo organizador de la ofensiva que necesitamos para superar el momento y construir el poder del pueblo.

El lunes 22 de febrero de 2016 el Instituto Nacional de la Música realizó una conferencia de prensa de la que participaron, entre otrxs, Charly García, León Gieco, David Lebón, Pipi Piazzolla, Miguel Cantilo, Raúl Porchetto y Miguel Mateos. Además Gustavo Santaolalla y Billy Bond hicieron llegar un video.

Durante la rueda, las autoridades del INAMU anunciaron la recuperación de más de 1.500 discos argentinos que podrán volver a ser editados por sus intérpretes principales o sus herederos.

Al respecto, el titular del INAMU dijo a FM De la Calle los materiales “estaban como rehenes de una quiebra judicial que se origina en el año 93 y se decreta en el año 94. A partir de ese año todo el catálogo comúnmente conocido como Music Hall quedó inmovilizado, sin posibilidad que esos fonogramas puedan ser editados en cualquier soporte”.

El histórico catálogo discográfico que pertenecía a Sicamericana, sociedad anónima que se desempeñaba comercialmente a través de los nombres Music Hall, Sazam y/o TK, estuvo paralizado dentro de un proceso judicial de quiebra desde 1993. Esto impidió que obras claves de distintos géneros, como discos de Serú Girán, Astor Piazzolla, Pappo´s Blues, Anibal Troilo, Eduardo Falú, Leopoldo Federico, Los Carabajal, Porsuigieco, ZAS, Waldo de los Ríos y León Gieco, entre tantxs otrxs, puedan volver a publicarse. Esto también imposibilitó que se generen recursos económicos para sus intérpretes, pese a que ellos fueron quienes realizaron esas grabaciones.

La recuperación del catálogo “fue trabajo de constancia y derrumbar los mitos. Había rumores que los discos se habían vendido a Paraguay o a México”.

De esta forma obtuvieron el expediente y observaron que “esas ventas habían sido declaradas fraudulentas. El catálogo estaba entero. Averiguamos quiénes eran los acreedores de la quiebra. Estudiamos bien todo e hicimos una oferta para poder cubrir el dinero que se debía. El INAMU con 2.750.000 pesos se hizo acreedor de ese catálogo”.

Consultado por la situación de lNAMU respecto de las modificaciones que el gobierno argentino hizo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Boris aclaro que la norma “es esencial para la vía del Instituto porque sus recursos salen del artículo 97 inciso g de la ley de medios y esos artículos no se han modificado. El INAMU es un ente público no estatal y tiene autonomía económica y financiera”.

“Si se debate en el Congreso una nueva ley de medios sería imposible pensar de que se va a sacar el financiamiento del Instituto porque los músicos empezamos a asumir que tenemos un órgano de fomento específico de la actividad musical”, finalizó.

La concejal del FpV, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón (Mar del Plata) y referente política de La Cámpora, Marina Laura Santoro, dijo a FM De la Calle que  “a las 0:59 (del domingo) impactaron cinco disparos de un arma de guerra sobre el frente de nuestro local. Es el local central de la agrupación. Queda en pleno centro de Mar del Plata en calle 9 de julio y 20 de septiembre”.

Durante la mañana de hoy, asistieron a una conferencia de prensa en repudio de lo sucedido “representantes del poder político, legislativo, dirigentes de todos los partidos políticos, una representación en nombre del obispo, la universidad nacional, la universidad privada, un fiscal provincial, el poder judicial. O sea que hemos logrado, gracias a Dios, un repudio de la gran mayoría del poder político de Mar del Plata y de toda la sociedad”

“Esto es lo que hace falta, porque estos grupos son una minoría organizada cada vez más violenta, los que están operando y perpetrando estos hechos repudiables vengan de quién vengan. Han recibido hoy el repudio de toda la sociedad en su conjunto”.

nuevo enucentroPor su parte, ayer a las 14:40 referentes de Nuevo Encuentro denunciaron, a través de una conferencia de prensa acompañada por personalidades de la política, movimientos sociales y la cultura, otro ataque con armas de fuego cuando se encontraban reunidxs en la inauguración de un nuevo local en el barrio de Villa Crespo (Padilla y Gurruchaga), el sábado por la noche.

Fueron heridas dos mujeres, una de 30 años y otra de 19. La última, llevaba a su hermana menor en brazos al momento del ataque. Ambas fueron derivadas al Hospital Durand y se encuentran fuera de peligro.

Durante la tarde hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió al titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quién reclama al gobierno argentino que repudie enérgicamente el atentando a esta organización política democrática. También participaron de la reunión Gabriela Cerruti y el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

(Por Francisco J Cantamutto) El viernes pasado, el ministro Prat Gay presentó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda la propuesta oficial de arreglo con los buitres. Una entrega sin reparos.

Continuando el camino del Gerente de la Nación, que abrió las sesiones ordinarias del Congreso el martes, el ministro Prat Gay fue el viernes a presentar el pre-acuerdo con los fondos buitres a la comisión de Presupuesto y Hacienda. La propuesta, que se difundió en la edición matutina del diario La Nación antes de ingresar al Congreso, va en línea con lo que ya conocíamos del pre-acuerdo negociado en Nueva York. El gobierno abiertamente pidió por un tratamiento veloz, que permita tener dictámenes –por mayoría y minoría- para tratarlo en pleno del Congreso esta misma semana. Un apuro evidente para poder cumplir con la exigencia del juez Griesa de tener el acuerdo cerrado antes del 14 de abril, para que el acuerdo tenga validez.

El borrador de proyecto tiene 17 puntos, que incluyen la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la habilitación para emitir nueva deuda por 15.000 millones de dólares. Como ya explicamos, la derogación de las leyes apunta a un acuerdo político amplio, que el gobierno se está esforzando en conseguir (la actividad de Marcos Peña en este sentido es frenética). El Frente Renovador ha hecho críticas tibias para poder obtener algo a cambio en la negociación: al igual que el resto de los gobernadores peronistas, están interesados en conseguir fondos de la co-participación para sus alicaídas finanzas. El Frente para la Victoria tampoco tomó posición contundente, disponiéndose a negociar. El Frente de Izquierda, en cambio, ya expresó su repudio.

La presencia del ministro en la comisión tuvo su momento mediático ante los cruces con su predecesor en el cargo y actual diputado, Axel Kicillof. Más allá de las chicanas, el intercambio puso de soslayo algunas continuidades reales. Prat Gay defendió el acuerdo como “una cuestión de Estado”, lo que se acerca de manera evidente a la declaración del pago de deuda como de  “interés público”, tal como figura en la Ley de Pago Soberano del kirchnerismo. Se trata, en efecto, de una auténtica política de Estado, de continuidad que excede a las fuerzas políticas en el gobierno, garantizando los intereses de los acreedores por encima de los vaivenes nacionales. Tal como Prat Gay retrucó a Kicillof, la gestión de este último convalidó los pagos al Club de París, a REPSOL y los juicios ante el CIADI. El actual acuerdo de Cambiemos es apenas una versión menos camuflada de este mismo rumbo.

En efecto, el “equipo Cambiemos” no tiene reparos en dar cuenta de su intención de gobernar para unos pocos poderosos. El Financial Times –genuino representante mediático del poder financiero estadounidense- editorializó que este arreglo se trataba de una conquista de los fondos buitres. En esa nota, se explicó que estos operadores estarían obteniendo ganancias que van de 846% hasta 3.186% del capital invertido, un negocio formidable que no tiene nada que ver con los supuestos recortes que promociona Prat Gay. Los fondos buitres están obteniendo ganancias siderales por este arreglo, que percibirán en efectivo. Una bicoca de 11.648 millones de dólares, que se obtendrían mediante nuevos bonos, que pagan el 7,5% de interés anual –por los que se pide autorización al Congreso. Es la emisión de deuda más grande de un país periférico en los últimos 20 años. El remanente por el que se pide autorización tiene que ver con otros fondos que aún no entran al arreglo (en Nueva York, Alemania y Japón, principalmente). Es decir, la farsa no termina aquí, sino que las entregas continuarán.

Según el ministro, se espera que tras arreglar con estos fondos, Argentina podrá endeudarse al 6% de interés, lo que representaría un punto y medio menos que lo que paga actualmente. Esto resulta interesante, porque nos explica cuál es el beneficio esperado de este arreglo, que sería el endeudamiento más barato. Ahora bien, para que los intereses ahorrados superen el costo de este arreglo, habría que emitir nueva deuda por… ¡778.933 millones de dólares! Esto es aproximadamente (usamos el último dato oficial conocido) el triple de la deuda pública actual, o diez veces la deuda pública externa. O, puesto de otra manera, es cerca de dos PBI completos de Argentina. Una auténtica locura: la única manera de “amortizar” el arreglo con los buitres sería endeudarnos hasta la médula.

Cuando el ministro habla de que es la única vía para frenar el ajuste, simplemente está chantajeando. Aunque los perfiles de vencimiento de esta nueva deuda van de los 5 a los 30 años, los pagos de intereses anuales consumirán fondos públicos que deberán quitarse de otros usos, llevando, de manera directa, al ajuste. Dado que el gobierno entiende que la presión fiscal argentina es excesiva, no se pueden prever incrementos de la tributación: ¿a qué tasa debería crecer el país para que el Estado tenga fondos para pagar esta deuda sin ajustar? A una tasa mayor a la que promete por intereses, es decir, por encima del 7,5% anual, lo cual constituiría una auténtica proeza en el marco global recesivo actual. Si el país no crece a esas tasas y el Estado no aumenta la recaudación, no queda otra salida que el ajuste. Es decir, arreglar con los buitres significa más ajuste.

El argumento de que la deuda se utilizará para invertir en infraestructura es simplemente una pantalla para negociar con los gobernadores. La inversión pública, salvo por contados insumos, se paga en pesos, por lo que la deuda en dólares no es necesaria para financiarla. Y, de cualquier modo, está por verse que los mercados estén dispuestos a prestar más fondos después de la gigantesca emisión de bonos para pagarle a los buitres.

Argentina no tiene por qué aceptar este arreglo. No traerá ningún beneficio económico al país, aunque sí suculentas ganancias a los peores actores del sistema financiero internacional. Argentina no se cae del mundo por no aceptar este acuerdo, más bien cae al abismo en caso de aceptarlo. La deuda que se reclama es ilegal, ilegítima y usurera. El fallo de Griesa es cuestionable por todos sus ángulos: Argentina no tiene por qué aceptarlo como válido. Detener los pagos y auditar es el camino: no sólo por legítimo y legal, sino por económico.

(Por Francisco J Cantamutto) Macri dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso, y adelantó el pedido de aval para el pre-acuerdo con los fondos buitres.

Luego del anuncio informal de pre-acuerdo, el mediador Pollack y el ministro argentino Prat Gay confirmaron la semana pasada los términos de la negociación. Según el ministro de la JP Morgan y el Gerente de la Nación, se termina así el prolongado conflicto y el país verá llover crédito barato. “Mucho se habló del acuerdo con los holdouts. Ahora dependerá del Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 años. Confío en que va a primar la responsabilidad sobre la retórica”, explicó Macri en el Congreso. Sin embargo, sus afirmaciones son fruto de la imaginación o simples falsedades.

¿El conflicto lleva 15 años?

En el 2001 se declaró el default de la mitad de la deuda pública, dando inicio a una serie de prolongadas negociaciones que llevaron adelante Duhalde, Kirchner y Fernández a través de sus equipos. En el curso de esas negociaciones, se pagó por adelantado al FMI y a otros organismos internacionales de crédito, se arregló con el Club de París, se aceptaron los reclamos ante el CIADI del Banco Mundial. En todos estos casos se pagó toda la deuda, más intereses caídos, punitorios y costas de juicios.

Pero además, se realizó el mega-canje en 2005, reabierto en 2010 y en 2013, regularizando así el 93% de la deuda originalmente defaulteada. Para esto, se realizó una quita de capital, pero se reconocieron todos los intereses caídos, capitalizándolos (integrándolos al principal de la deuda) con excelentes rendimientos financieros, y en algunos casos con premios atados al crecimiento del PBI. La enorme parte de estos bonos canjeados habían sido comprados tras el default por debajo de su valor (algunas compras se hicieron al 20% del valor nominal), por lo que se trató de un excelente negocio para los acreedores.

La presidenta Cristina Fernández aseguró –acertadamente- que su gobierno era un “pagador serial”, dispuesto a asociar a los acreedores en el crecimiento del país. En tal brío, la última información oficial indica que el país pagó 192.000 millones de dólares durante la “década larga” kirchnerista. La orientación general fue: abonar deuda a privados, en especial, deuda en moneda extranjera, colocando deuda en el mercado interno, en especial, dentro del propio Estado. Este cambio tiene la ventaja de un manejo más fácil (el Estado negociando consigo mismo), pero de ninguna forma resolvió el problema de fondo. Tanto así, que una de las primeras medidas de Macri fue canjear bonos intransferibles en manos del Banco Central por títulos negociables, que vendió a 5 bancos extranjeros a precio vil (pagaron la mitad de su valor) y pagando el elevadísimo interés del 7,8% anual. El cambio, aun si valorado positivamente, era superficial.

En estos 15 años, los sucesivos gobiernos se esforzaron denodadamente por cumplir con el capital financiero mundial, pagando y negociando hasta el único límite de la sustentabilidad: pagar “sólo” hasta donde se pudiera pagar.

Cambiamos, empeoramos

La negociación macrista fue una concesión entre pares. Enviar a negociar a JP Morgan-Prat Gay y a Deutsche-Caputo con viejos camaradas no podía tener un resultado diferente. Desesperados por obtener fondos para su programa de ajuste –que está llevando la economía a una recesión-, abiertamente aceptaron cualquier reclamo. La quita promocionada del 25% se trata de una estafa: la deuda en negociación fue adquirida por la séptima parte de su valor, representando este pago una descomunal ganancia para los buitres.

No en vano, finalmente aceptaron la oferta NML Capital y Aurelius, los fondos buitres administrados por Paul Singer, beneficiarios de las sentencias del juez Griesa. Con ellos y los fondos que ya habían aceptado, quedaría regularizado el 85% de los holdouts, que son un 7% de la deuda total defaulteada en 2001. Este dato es muy relevante, porque entonces aún queda un 1% de acreedores sin acordar, que bien podrá iniciar nuevos juicios al país para obtener más concesiones. Desconocemos aún si el 93% que canjeó su deuda antes no abrirá también reclamos para obtener las ventajas, encontrando su propio Griesa que interprete la ley según lo que convenga al acreedor.

El pre-acuerdo incluye una cláusula política. Se trata del pedido de derogación de la ley Cerrojo (N° 26.017) y la mal llamada de Pago Soberano (N° 26.984). La primera está de hecho suspendida desde 2013, pero en su texto señala que no podrían ofrecerse mejores condiciones a los acreedores que las del canje 2005. La segunda, aunque declara de interés público el pago de deuda, obstaculiza los pagos y la jurisdicción extranjera (aunque no los prohíbe). Ninguna es un problema real para el arreglo, pues ambas se pueden sortear: la preocupación es política. Sabiendo que este pre-acuerdo implicará un cuantioso pago en efectivo (un total de 6.500 millones de dólares, según el propio gobierno) en el marco de un programa de un brutal ajuste social, es esperable que tarde o temprano desate una reacción popular. Los buitres quieren asegurarse el apoyo de toda la camarilla política ante este acuerdo, no sólo el gobierno; tal es el motivo de este requisito.

El gobierno de Cambiemos –como reverso del kirchnerismo- nos quiere convencer que, en efecto, el discurso previo era un enfrentamiento real, y que llegó la hora de suavizar las cosas. Que si cedemos en todas las demandas, lloverán fondos para el país. Además de lo falso del diagnóstico sobre lo pasado, la idea de que nuevos fondos llegarán y que además serán baratos es la expresión del más puro deseo, sin ningún aval real. No se ha ofrecido ningún dato que muestre: 1) que los intereses que pagará el país vayan a bajar (la emisión de bonos de enero fracasó en este sentido); 2) si esa potencial baja de intereses será mayor que el costo de pagar este arreglo; 3) si esos posibles fondos tienen alguna beneficio para el pueblo, o seguirán financiando más pagos al capital (o sea, deuda para la deuda).

Es prioritario y urgente bloquear la aprobación de este acuerdo en el Congreso, y repudiarlo en las calles. Este negocio entre camaradas no traerá nada bueno para el pueblo argentino. Hay que reactivar la comisión de investigación, con participación de las organizaciones sociales.

(Por Alfredo Grande) La revista dislocada fue un programa, de tinte humorístico, que debutó en Radio Argentina en 1952 y su día y horario inicial era el domingo, entre las 12.30 y las 13.30. Posteriormente, pasó a Radio Splendid y en 1959 se trasladó a Canal 7. Más tarde, se emitió por el Canal 13, emisora en la que permaneció hasta 1973 cuando fue prohibido bajo la dictadura de Alejandro Lanusse. La popularidad de “deben ser los gorilas, deben ser…” también es un aporte de la Revista Dislocada. Wikipedia permite precisiones que la memoria desdibuja.

La palabra “dislocada” se asocia con “alocada” y desde ahí hay un pequeño paso a la “asociación libre” siempre ponderada por los psicoanalistas. Alocada, dislocada, trastocada, hacen referencia a la pérdida de una idea directriz. Y no por asumir la creatividad de líneas de fuga rizomáticas como diría un deleuziano, sino a mi sencillo criterio, por una manera estéril y suicida de irse siempre por las ramas. Por las lianas lo hacía Tarzán, un blanco inglés criado por gorilas. Metáfora de cuya potencia histórica dejaremos para otros trabajos. Actualmente la argentina dislocada es la argentina del converso, del oficialista serial (como le gustaba decir al inefable Bernardo Neustadt), quien en una noche de alucinógenos lo vio a Menem alto, rubio y de ojos celestes.

“En una cultura no represora
siempre que llovió no paró.
Lloverá hasta ahogar
a toda la canalla gobernante.”
(Aforismo implicado A. G.)

Quizá lo profetizó a Macri, pero los profetas siempre generan desconfianza y temor. La verdad a futuro no es muy popular en estos pagos. Lo dislocado alude también a los súbitos cambios de lugares. O estar de los dos lados del mostrador. O del bando privatizador y años después del bando nacionalizador, sin que haga mella ni nadie cuestione demasiado. Poliladrones de guante blanco, aunque por la reiteración de eso que llaman corrupción, cada vez están más grises. Supongo que algunos me contestarán desde la teoría del caos. O desde el principio de incertidumbre. O desde la física cuántica. Pero la política que es el movimiento real de la lucha de clases, nada sabe de estas sutilezas. Las incoherencias, las falsedades, las verdades a medias que son mentiras sin medias, están en la superficie. Pero no es una superficie plana. Tiene pliegues, recovecos, sus cavernas y sus penínsulas. No hay tarifa plana para conocer e intentar transformar la realidad. Entendiendo la realidad como modo de producción de cosas y personas. Hay fábricas con trabajadores (algunas quedan) y hay cárceles con esclavos y esclavos que producen especialmente ropa y sexoplacer. Pero están en diferentes planos.

La cultura represora anhela una realidad aplanada y achatada. Dos planos como máximo, sin la dimensión del tiempo histórico ni del espacio de la lucha política. Todas las formas de la esclavitud corporal, mental y social. Gracias al sitio “El Sudaméricano” me reencuentro con este texto de Simón Bolívar en su discurso de Angostura: “La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Semejante a un robusto ciego que instigado por el sentimiento de sus fuerzas marcha con la seguridad del hombre más perspicaz, y dando en todos los escollos no puede rectificar sus pasos” (15 de Febrero de 1819 Citado por Silvio Frondizi en La Realidad Argentina)

Es lo que denomino el “alucinatorio social”. Los espejos que deforman y pervierten al vero icono, o sea, la verdadera imagen. Hoy el anti macrismo se nutre de todas las izquierdas, pero también es una estrategia del “robusto ciego” que gobernó una década y más y nos regaló como opción al “absoluto mal” el “relativo mal” del peor gobernador que en la provincia ha sido. Daniel el Tranquilo fue elegido y luego, despreciado. Y antes también, así que tenía una vacuna contra el veneno del deprecio.

“Tenemos que construir lugares para resistir y para insistir.
Pero resistir al represor
y para insistir con el deseo.”
(Aforismo implicado A. G.)

El anti macrismo único es una estrategia canalla. Porque se están colando aquellos que todo hicieron para que llegara lo que ahora pretenden combatir. El recurso de buscar al peor para extrañar al malo. No es casual que a diferencia del 83 cuando Luder vio hundirse su proceso de reconstrucción nacional, no hayan aparecidos mariscales o mariscalas de la derrota. Lo que transforma la derrota en fracaso. Se derrotó a sí mismo el otrora Frente para la Victoria. Eligieron un candidato para sabotearlo. Con alevosía agravada por el vínculo. Un antimacrismo brutal permitirá que “mister músculo” lave toda la inmundicia de la suicida estrategia electoral. Suicida y homicida porque ha entregado indefensos a trabajadores precarizados hace más de 5 años a las fauces del tiranosaurios rex.

La Argentina dislocada es como un Tetris psicótico donde nada encaja. La fragmentación, la dispersión, la dislocación del llamado campo popular, que es un campo minado por el oportunismo, por la demagogia y por todas las formas de corrupción, incluyendo las ideológicas, obligan a una tarea previa a intentar la Unidad. A la que me permito denominar “UNIÓN EN LA DIVERSIDAD”. Como fundante diferenciar lo diferente de lo incompatible. Lo incompatible son los relatos que postulan la comunidad organizada y la anulación del conflicto. O sea: la abolición de la lucha de clases. Lo incompatible: discriminar en el Instituto que lucha contra todas las formas de la discriminación. El Inadi echó por mail a 60 de sus 400 empleados como vienen haciendo de a miles otras áreas del Estado.

Es la Argentina dislocada. No conozco otro remedio para esta letal enfermedad, este dengue psicosocial y político que insistir con el deseo y resistir al represor. Y construir como en la película Kamchatka “lugares desde donde resistir”. O sea: colectivos militantes. Donde haya ternura con el compañero y dureza con el enemigo.