La Comisión por el reconocimiento académico de David “Watu” Cilleruelo denunció que el concejal Federico Tucat (JxC) pretendió utilizar como “moneda de cambio”, para la aprobación del aumento del boleto del transporte, el apoyo a una adhesión al pedido para que la UNS entregue el título honoris causa al dirigente asesinado por la Triple A.

“Nos parece repudiable este toma y daca en este tipo de iniciativas de memoria y justicia por una víctima del terrorismo de Estado”, dijo a FM De la Calle, Gabriel Cena, desde el colectivo de organizaciones.

Mencionó que tomaron conocimiento a través del concejal Walter Larrea (FdT) del pedido para que el bloque opositor habilite el tratamiento sobre tablas del aumento del transporte. “Entendemos que el parlamento local tiene mecanismos de acuerdo pero no todo es negociable”.

En un comunicado, la Comisión manifestó que “estas expresiones demuestran la praxis de una política no solo intimidatoria, sino carente de sensibilidad, sentido histórico y de una mínima ética de reconocimiento de nuestros asesinados y desaparecidos. Invocar el nombre de David Cilleruelo como moneda de cambio pone de manifiesto una concepción de la política sujeta a la lógica de mercado en la que el valor de cambio arrasa con los valores humanos.”.

Consultado por FM De la Calle Tucat reclamó “a quienes enviaron ese comunicado que rectifiquen y pidan disculpas porque lo que dicen es mentira y lesionan gravemente la memoria de lo que pretenden reivindicar”.

“Es una falta de respeto no solo a mí, sino a toda la institución y la memoria de Watu. No se merece semejante mentira y boludeo por algo que es tan importante como el título honoris causa”.

En cuanto al condicionamiento insistió en que “es mentira” y “no hay negociación posible si el proyecto no está pedido”. “Lo que nosotros sí dijimos, esto si fue parte de labor parlamentaria, es que entre los otros expedientes solicitados (por el FdT) -donde no estaba el de Watu- íbamos a dar el acompañamiento para el ingreso y no el acompañamiento sobre tablas, dado que no eran expedientes urgentes. Considerábamos que es urgente el tratamiento del boleto”.

Por su parte, Walter Larrea declaró que “es cierto que no estaba formalmente presentado. No sé si es así en términos de condicionamiento pero dijeron: el bloque nuestro tiene una postura, no nos están dando el tratamiento del boleto y nosotros no le vamos a aprobar nada”.

“No lo presentamos porque, incluso admitiendo que pudo haber algún error administrativo, si hay acuerdo de tratar un expediente se incorpora. No es que lo sacamos de la galera, se viene conversando de hace tiempo, lo hablé con (Nicolás) Vitalini, (Marcos) Streitemberger y con el propio Federico (Tucat)”.

Por último, Larrea afirmó que su postura fue “no presentemos si no van a acompañar, vamos a manosear un expediente que tiene mucho valor simbólico”.

“El de Colombia es un gobierno democrático que tiene metodologías exactamente iguales al terrorismo ejercido por la dictadura cívico militar eclesiástica en los años 70 y hasta el 83 en Argentina: se están cometiendo asesinatos, desapariciones, habilitan centros comerciales como centros de torturas y y detención”, describió a FM De la Calle Pablo Pimentel.

El titular de la APDH La Matanza integró la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de DD.HH. que viajó para recabar testimonios sobre la represión del gobierno de Iván Duque.

En ese escenario jugará esta tarde la selección argentina de fútbol por las eliminatorias del Mundial de Qatar. Con el hashtag #LaPelotaEstaManchada se realizará un tuitazo durante el encuentro.

“Lo que va a pasar en Barranquilla es pan y circo, nuestro gobierno tendría que haber influenciado sobre la AFA para que no se haga partido ahí, están matando la gente afuera. Tiene que haber empatía del deporte popular, la mayoría de los jugadores nacieron en barrios populares”, dijo Pimentel.

Agregó que “tendría que haber una toma de conciencia de los jugadores y plegarse al paro. Mientras estén matando al pueblo afuera no podemos presentar un acto deportivo que tiene que ver con la recreación, es un mal ejemplo para la juventud. Colombia es un país muy futbolero. El pueblo lo está reclamando, sobre todo los jóvenes de la primera línea que van de 16 a 21 años”.

“Quieren una Colombia libre de violencia, de marginalidad, apuestan a un candidato que proviene de la izquierda, de la guerrilla. Lo que está viviendo Colombia es el fracaso del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016. La esperanza es que llegue vivo al año que viene, fíjense cuál es la máxima de los que apoyan a este candidato. La vida está degrada, hay un montón de organismos de derechos humanos, nos tienen como referencia. Un poco por lo vivido con Madres y Abuelas, hemos marcado un camino de que deben juzgarse adentro las atrocidades de gobiernos fascistas”, sostuvo.

La Misión contabilizó “70 asesinados por la policía y grupos paramilitares amparados por la policía, delitos sexuales, invasión a la propiedad privada. Gente que murió de ataque al corazón por haber sido allanado por el ESMAD que es un grupo parecido al GAD de acá, fuertemente armado”.

El día a día en Colombia “se llevaba adelante con mucha responsabilidad y organización, charlas organizativas ante cada punto de paro, comités de apoyos, comerciantes que apoyan las ollas populares. Los jóvenes decían preferimos estar acá y no en nuestras casas que comemos una a vez al día, acá comemos 2 o 3 veces por día”.

El dirigente subrayó la connivencia empresarial con la estructura represiva: “Fuimos a 5 ciudades, me tocó Cali, al costado de Éxito -una cadena de supermercados- ahora funciona como acopio de infraestructura militar, previo a cada represión se habilitan los sótanos para detener a la gente, los persuaden para que dejen el paro, intentar blanquearlos, negocian con las fiscalías y a otros los desaparecen, han aparecido en ríos flotando o en basurales. También se ve cómo la policía es aliada de grupos paramilitares y balean a civiles”.

“Ya se crearon las Madres del Dolor de los asesinados de hace 40 días, es un pueblo que ha dicho basta a un régimen narcoterrorista que responde exclusivamente a Estados Unidos, un país que ha visto descendientes que fueron por izquierda a cambiar la realidad injusta sumándose a grupos guerrilleros y, por derecha, creando grupos paramilitares para cubrir a los ricos que sigue sometiendo a la comunidad afro, indígenas y campesinos”.

Pimentel relató que “cuando dicen yo soy un desplazado, significa que han sido echados de sus territorios originarios, campesinos o afro y terminan en laderas de la montaña siendo una villa de material, con calles muy chiquitas. Les preguntábamos cómo van a hacer para que esto se pueda urbanizar, por qué no se planifica cuando hay una toma. Ellos dicen no podemos porque primero está salvar la vida y comer”.

El ex presidente Andrés Pastrana señaló a la Misión como parte de un supuesto plan de desestabilización del gobierno de Duque. Para Pimentel “eso responde a la debilidad de una política caduca. ¿Qué podemos desestabilizar 22 personas, de las cuales una no entró porque había una decisión política? ¿Qué podemos desestabilizar haciendo un relevamiento y acompañando?”.

La Cámara Federal ordenó el allamiento del domicilio de Jana Curuhinca y Siomara Flores, agentes de la Policía Bonaerense de Villarino investigadas por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

La Gendarmería Nacional interviene en la vivienda de Juan A. Pradere en busca de los celulares que no fueron entregados oportunamente. En el lugar se encuentran Cristina Castro y su abogado Luciano Peretto y Sebastián Martínez, defensor de Flores y Curuhinca.

“Un procedimiento más que tardó muchísimo. Gracias a la Cámara Federal a lo cual la jueza Marrón no tuvo más que actuar. Tendría que haber sido hace mucho tiempo, los teléfonos supuestamente algunos se habían caído al inodoro, otros muy deteriorados”, dijo la madre de Facundo a FM De la Calle.

Jana Curuhinca.

Agregó que les sorprendió la presencia del abogado defensor de las policías: “Estando yo tan cerquita de este pueblo, son cinco kilómetros de Pradere a Pedro Luro, tardé media hora en llegar y él que es de Bahía Blanca ya estaba adentro con estas mujeres”.

En febrero, la Cámara habilitó medidas de prueba que previamente habían sido rechazadas por la jueza federal Gabriela Marrón, quien pretende cerrar la causa con la hipótesis de muerte accidental.

Ante la apelación de la querella y las Fiscalías, la Alzada ordenó un nuevo allanamiento al puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de los celulares de los cuatro policías más comprometidos en el crimen.

La medida comprendía los teléfonos personales y oficiales que, durante el tiempo de la investigación, tuvieron o fueron asignados a los policías Alberto González, Mario Gabriel Sosa, Flores y Curuhinca.

Son los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, estuvieron en contacto con Facundo el día de la desaparición. Cabe recordar que el pedido de fiscales y querellantes incluía el secuestro de los celulares de más de 40 funcionarios policiales, entre ellos los superiores de los policías directamente involucrados en la investigación.

“Esperamos que surjan nuevas cosas, sabemos que el proceso es largo, que cada pericia lleva mucho tiempo en resolverse y obtener resultados. Pero esperamos poder empezar a pedir imputaciones y detenciones”, concluyó Cristina.

Un equipo de FM De la Calle informa desde el lugar.

Actualización 14:30. Terminó el allanamiento. Fueron secuestrados tres teléfonos celulares. Cerca de las 14 había arribado al luga, Mario Gabriel Sosa, otro de los policías investigados.

Una semana después del atentado a la sede de La Cámpora, la presidenta del bloque de Frente de Todos dijo a FM De la Calle que la teoría “del loquito suelto” no se sostiene y que pensaron el hecho desde la matriz represiva local. “En la AFI, en los juicios de la Triple A que estamos transitando en este momento, el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, esto es motivo de análisis político para adentro”.

“Hay bastante hermetismo en las investigaciones, aparecieron difundiendo videos de cámaras, se sabía que había 2 personas, un coche cercano, se supone que son 3 porque uno manejaba, el tipo de explosivo, el radio por el que habrían circulado. Lo peor que nos puede pasar es que quede la sensación de impunidad absoluta”, afirmó la concejala.

Ghigliani sostuvo que “es un claro hecho de violencia política, quiere amedrentar, silenciar y disciplinar. También lo ligamos a la violencia verbal que existe, estamos en un segundo año particular, donde todos estos discursos calan de manera distinta en las personas. Estás anunciando que tenés 17 millones de vacunas y generan una noticia falsa de 100 mil vacunas de Pfizer que no vinieron y hoy salió el titular del laboratorio a decir que esto no es así, así como con las vacunas con un montón de cosas”.

Por último, enfatizó: “No creo que mis oponentes sean todos lo mismo, hay un recorte muy sectorizado que alimenta este discurso”.

Son dos causas que la Unidad Fiscal bahiense calificó como emblemáticas. En una de ellas están acusados el médico Luis Fortunato Adalberti y el enfermero Adalberto Osvaldo Bonini por la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 141 víctimas.

Los acusados realizaron la atención médica y sanitaria de las personas recluidas en el centro clandestino de detención y tortura (CCDT) “La Escuelita”. Será la primera oportunidad en que se juzgue, en esta jurisdicción, la participación de profesionales de la salud por su actuación en campos de exterminio.

En la restante causa se acusa a doce oficiales y suboficiales de la misma fuerza por abuso deshonesto en perjuicio de una víctima, cometidos durante su cautiverio en el CCDT que funcionó en el Batallón de Comunicaciones 181. También será la primera vez que en Bahía Blanca se juzguen delitos sexuales en causas de lesa humanidad.

Además de Fermento, intervienen en la causa el fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal subrogante José Nebbia.

Los funcionarios destacaron la importancia de que los hechos sean analizados desde una perspectiva de género, para lo cual solicitaron la citación de distintas testigos expertas en la materia.

Por otra parte, dictaminaron a favor de la concentración de la totalidad de los procesos por crímenes contra la humanidad radicados ante el mismo tribunal en un único debate, pedido que fundó en la coincidencia parcial de los objetos y sujetos procesales, la complejidad del fenómeno delictivo, la correlación entre los aportes criminales, las relaciones orgánicas dentro del aparato delictivo y la sistematicidad en la modalidad de comisión de los crímenes.

Además, consideraron que tal criterio es el que mejor se adecua a la pronta realización de los intereses fundamentales en estos procesos: por un lado, la declaración de las responsabilidades penales acreditadas en juicio y aplicación de sanciones adecuadas y, por otro, la importancia para víctimas y familiares de que los hechos lesivos se ventilen en un debate oral y público en el que puedan ejercer el derecho a ser oídas y obtener una reparación a través de un pronunciamiento por parte de las autoridades jurisdiccionales del Estado Argentino, sin perjuicio del interés de la sociedad argentina en la realización de estos debates.

De hacerse lugar a la acumulación, el proceso se encamina a la realización de un mega juicio –el más grande de los celebrados en esa jurisdicción– donde de juzgarán 42 imputados por los hechos que damnificaron a 175 víctimas.

A su vez, para lograr una mayor celeridad del debate, la Unidad Fiscal solicitó la adopción de medidas tales como la fijación de la mayor cantidad de audiencias por semana, con la mayor duración posible y la menor cantidad de interrupciones, siguiendo las Pautas para la actuación de los y las fiscales en la investigación de crímenes de lesa humanidad de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Fuente: fiscales.gob.ar

Desde la columna cultural de En Eso Estamos definimos oponer reflexión contra la reacción que genera la violencia organizada. Por eso, FM De la Calle invitó a debatir al escritor, poeta y docente Mario Ortiz, a la actriz y delegada general de la Asociación Argentina de Actrices y Actores Belén López, y al actor, director, integrante del Centro Cultural La Panadería y militante por los derechos humanos Alberto Rodríguez.

¿Qué análisis hacen a partir del atentado?

Belén López: Es algo que conmueve, o debería conmover, esto que sucedió, a lo que le doy el nombre de atentado. No cualquier atentado, porque por ahí hay chicos o chicas que salen o atentan contra la propiedad privada y escriben un grafiti… sino que esto tiene un tinte político más ligado a lo terrorista porque está estrechamente vinculado con un partido político, hacia un sector político y casualmente es el que está gobernando, al menos a nivel nacional y provincial. Y que acá en Bahía Blanca tendrá su trabajo en torno a la política.

Levantarme a la mañana y escuchar esta noticia me dejó perpleja. Es algo que no se puede permitir en democracia y no hay que minimizarlo diciendo fue un grupo de dos o tres loquitos que no saben en qué ocupar el tiempo y están enojados con la cuarentena. Hay que tomarlo con la seriedad que esto amerita porque vivimos en democracia, porque las ideas no se deben imponer mediante la violencia, porque para eso están las urnas: para decidir qué rumbos tome el gobierno que fuere.

Me dejó perpleja y a la vez con este estado de alerta que se expresa en el cuerpo; ponerse la piel de gallina, quedarte anonada. Nosotros conocemos del terrorismo de Estado, no queremos repetir. Estamos atravesando un nuevo período de juicios en Bahía Blanca y pensar en la posibilidad de que puede haber este tipo de atentados nos ubica en un lugar en que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cauteloso y sobre todo no minimizar la situación.

En un contexto, además, de pandemia donde seguramente se tomen medidas que no son agradables para nadie pero que tenemos que poner por delante, preservar la vida de la gente. Sabiendo que la situación económica se viene atravesando y se arrastra hace más de cuatro años. Es una situación muy compleja en términos económicos y laborales, nadie lo discute, pero la salud y la vida de las personas tienen que estar por encima de cualquier mezquindad política, personal de algún sector. Creo que lo ocurrido tiene que estar profundamente analizado y que la sociedad tiene que tomar conciencia de que estas cosas no pueden ocurrir. Esto tiene un tinte mucho más político y profundo que no podemos naturalizar.

Mario Ortiz: Ante todo, coincido con Belén. Lo que hemos sentido, en primer lugar, ha pasado por el orden de lo corporal. Por esa sensación de escalofrío, de angustia. Porque, para los que ya peinamos algunas canas, esto nos hace retrotraer a viejas épocas. Yo lo primero que sentí es estamos retrocediendo cuarenta casilleros. Porque es pasar ya a la política por el hecho, a la política por el acto, a la acción directa.

Desde otro punto de vista, es la materialización, la puesta en acto de un estado de violencia que ya está instalado y lamentablemente muy instalado. Lo que pasa es que hasta ahora esa violencia es verbal, es simbólica. Por ahora no ha pasado mucho más allá de las palabras. Sin embargo, hemos estado viendo una escalada de violencia. Efectivamente, lo hemos visto ya en las pintadas del Frente de Todos el año pasado. Pero esto es algo que no se da solamente aquí, es algo nacional e internacional. Lo hemos visto en las pintadas en la escuela hebrea.

Pero esto es algo que estamos viendo cotidianamente en todos lados. En los comentarios de las redes sociales, en los diarios. No nos asombremos que ocurran estas cosas cuando los periódicos, los principales portales de noticias de Bahía Blanca habilitan sus espacios para que los lectores escriban las bestialidades más horrorosas que en otras épocas le hubiese valido la cancelación del diario o la apertura de un juicio por instigación a la violencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado o visto carteles qué se muera la yegua o que hay que limpiar el país de kakarulos, etcétera? Esto está. Era cuestión de tiempo para que esto pasase a la acción. Y es lo que hemos visto.

Bahía Blanca lamentablemente siempre es como un laboratorio político del país. No sé si esto va a desaparecer tan rápido. Si en las próximas horas no hay un esclarecimiento completo y absoluto de la justicia eso va a ser una señal de que aquí va a haber un modus operandi al que lamentablemente vamos a seguir viéndolo en el tiempo.

No quiero ser derrotista o dramático con esto. Pero estos son lamentablemente los modos de hacer política que se están instalando en Latinoamérica y en el mundo. Ayer o antes de ayer, en México, mataron a una precandidata a intendente y, en los últimos años, ya llevan cien muertos políticos. Recordemos lo que ha ocurrido en Colombia. Esto es parte de un clima de recalentamiento social.

Alberto Rodríguez: Comienzo por adherir a lo que dijeron les compañeres. Mi solidaridad con los compañeros de La Cámpora. Y siguiendo con las reflexiones que termina de exponer Mario, creo que Bahía Blanca todavía no ha juzgado lo que sucedió hace más de cuarenta y seis años. Cuando la justicia no llega, deja el camino abierto a que esos grupos sigan operando con total libertad.

Acá se ha tratado de pasar al olvido y cuando una sociedad quiere olvidar hechos trágicos como los que nos sucedieron en Bahía, vuelve como un grotesco a reproducirse con los mismos métodos. Para colmo, en una situación donde escucho a políticos decir que ojalá haya sido un loquito. Otros que me sorprendieron diciendo que Bahía Blanca es una ciudad armoniosa, que no ha tenido nunca sectores fascistas. Entonces, si dos políticos de distintos lugares hablan de esta forma, yo ya me estoy preocupando y mucho. Creo que no va a ser con ellos con los que vamos a tener que contar.

Para colmo, la justicia federal, en un primer momento, dice que no tiene nada que hacer. Así que más me preocupo. Quien va a investigar es un fiscal con el cual evidentemente no tengo muchas garantías, un fiscal que ha dejado a los genocidas en libertad.

Y recuerdo que en la época, como decía el amigo Mario hace cuarenta casilleros atrás, voló el Teatro El Tábano, en calle Estomba, le pusieron otra bomba a la Caja de Crédito Bahiense. Hoy toca a La Cámpora. La justicia esperemos que lo resuelva. Todavía no ha resuelto lo de hace cuarenta casilleros atrás, pongámosle fichas para que este casillero lo pueda cubrir.

Yo tengo mis dudas porque esta es una ciudad donde los grandes sectores de poder han tenido mucho que ver con los atentados de otras épocas, han sido los que pusieron plata y pusieron ideas. Es más, yo tengo la certeza de que los alegatos de la defensa de los imputados en el juicio de la Triple A los escribió un ex juez e imputado también por pertenecer a esa organización. Por lo tanto, es muy difícil dar una sensación de seguridad a una sociedad que no ha sabido llevar adelante un hecho de justicia durante cuarenta y seis años, ni ha exigido como sociedad, no digo como organizaciones políticas que sí lo hemos hecho.

Es un llamado de atención a los sectores populares que todavía miramos de reojo a los compañeros que tenemos al lado. Creo que es un momento donde la necesaria unidad de los sectores que vamos a ser atacados estemos juntos.

Creo que hay que tener en cuenta a la Constitución, que dice que como ciudadanos tenemos derecho a defender la democracia frente al ataque que estamos teniendo. No confío en algunos políticos, no confío todavía en la justicia, en lo único que confió es en mis compañeros. Por eso los invito a conformar una unidad férrea para que podamos indicar y señalar dónde están los culpables.

Han señalado en distintas intervenciones la presencia de la violencia con un grado de plafón social. Pensando desde la cultura, que suele ser un lugar en el que se reflexiona con la mente, con el espíritu y con el cuerpo, donde se interviene en lo que va aconteciendo socialmente, una pregunta es recurrente ¿qué hacer con esta cuestión? Porque lo primero que aparece es la bronca ante la violencia y la bronca suele ser fuente de reacción que es el estímulo al que nos están llevando a jugar. A una reproducción de un modo de la política que va en sentido contrario a la necesidad de unirse en la diversidad. El interrogante abierto, una vez que hemos analizado qué significa este atentado es qué hacer en estas circunstancias y, obviamente, en una situación de poder muy dispar, situados en la cultura.

Belén López: Escuchaba lo que decía Mario con respecto a que son situaciones que no son aisladas o que no son privativas de nuestro país. Hay una escalada a nivel mundial de una ultraderecha que está queriendo pedir pista y que en algunos lugares viene aterrizando con efectividad, si lo pensamos en cuánto a lo que ocurrió hace poco en Madrid con la alcaldesa que ganó las elecciones. La ultraderecha hizo un trabajo muy delicado utilizando el discurso de la pandemia.

Yo creo que, como lo hemos venido diciendo desde el sector cultural en Bahía Blanca, la pandemia no es lo que vino a generar la crisis sino que la pandemia fue para muchos la excusa ideal para establecer desde allí un discurso del odio. Agarraron la idea de la pandemia para que estas ideologías de ultra derecha surjan con un discurso acerca de las libertades y de la democracia en estas épocas cuando en realidad ellos nunca fueron proclives justamente a hablar de libertad y a defender las democracias. Esta condición de pandemia es una bandeja de plata que vino para soportar y dar lugar a este tipo de discursos, donde la gente se envalentona y sale a replicar por las libertades individuales: yo en democracia hago lo que quiero.

Me parece que tenemos que pensar que en democracia tampoco es que se puede decir y hacer lo que se me antoja sin consecuencias. Porque lo que no se miden son las consecuencias. Yo hago y digo lo que quiero total no me hago responsable de lo que pueda provocar en el otre. Y ahí me parece que tiene que estar la justicia.

Lo estamos viviendo en la Argentina. Los medios de comunicación hegemónicos salen y dicen lo que se les ocurre. Inventan mentiras sobre las fantasías más impensadas en estas épocas y no hay consecuencias.

Pasamos cuatro años de un gobierno que contrajo la deuda más grande, que generó un quiebre total en la sociedad argentina, desde el punto de vista que lo mires, y no hay consecuencias de todo esto. El tipo que afanó se puede ir y no va a pasar nada. El tipo que quebró un país y se apropió de infinidad recursos y no pasa nada. Personas que salen en los medios a decir barbaridades y no pasa nada. Y este no pasa nada se replica socialmente, se reproduce en las diferentes clases sociales y no se reflexiona.

Entonces, desde el sector de la cultural, desde el sector de la educación tenemos también una fuerte responsabilidad en cuanto a cómo llevamos nuestro mensaje, en este caso a los adolescentes, a los chicos y chicas de las escuelas, a la gente en los espacios culturales. Me parece que en las futuras generaciones es donde tenemos siempre que aportar en la reflexión, en la construcción de un pensamiento crítico.

No podemos pensar que hacemos y decimos lo queremos sin que haya consecuencias. Las consecuencias son gravísimas y las estamos viviendo día a día con ese discurso del odio. No puede ser que pensemos en términos monetarios solamente. Lo que ocurrió con el decreto del presidente hace un tiempo atrás, que se lleva a la justicia, se judicializa la decisión de un presidente que tiene la facultad para definir destinos de su país en situación de catástrofe. Un intendente, viene y dice yo las escuelas las abro igual y me cago en lo que diga un presidente… me parece que estamos mirando de manera muy parcial y no hay responsables de las consecuencias de esas decisiones.

Culturalmente tenemos que llamar permanentemente al diálogo pero también a la firmeza: hasta acá se llega. Si no hay una reflexión desde el conjunto de la sociedad de ponernos a pensar que tiene que haber un límite a esta escalada de violencia y de discursos del odio, me parece que no nos va a alcanzar con que un sector salgamos y tratemos de abrir los ojos.

El individualismo se instaló y muy fuerte. Digo y hago lo que quiero, total yo pago mis impuestos. No puede ser todo gratuito. Hay gente que se está muriendo, que está pasando hambre, hay gente que no tiene trabajo. Hay que cuidar eso y hay que cuidar las fuentes laborales. Tenemos, como sociedad, que empezar a reflexionar que nuestras acciones tienen consecuencia y no podemos salir de esto solos. La salida siempre será colectiva o no será.

Mario Ortiz: Coincido completamente. Yo creo que a los que somos trabajadores, trabajadores intelectuales, artísticos, los que estamos en el campo de la enseñanza, de la educación, del arte, nos compete una responsabilidad y una tarea muy grandes. Porque precisamente en estos momentos de profunda irracionalidad –y el fascismo es tremendamente irracional, apela a lo peor, a lo más visceral, el odio del ser humano- nos toca la misión de llevar una cuota de racionalidad, de reflexión y de docencia.

Ayer, en las clases que tuve, lo primero que hice fue destinar diez, quince minutos a reflexionar sobre esto. Les decía: chicos, ustedes que son jóvenes tienen que empezar a agudizar el pensamiento crítico y no prenderse en la locura de los adultos porque los adultos están locos, estamos todos locos.

Desde la educación hay una tarea, desde el arte también. Pienso en Alberto que han hecho desde La Panadería obras de Bertolt Brecht, que hacía teatro didáctico, para hacer reflexionar a la clase trabajadora. Ellos hicieron la obra Arturo Ui, sobre como asciende el fascismo. Yo creo que una de nuestras principales tareas en estos momentos es precisamente la de movilizar la reflexión. Como bien se dijo, el primero impulso es de bronca, pero no. Porque eso es entrar en la lógica de ellos, es responder lo que ellos querrían que uno haga, entonces uno reduplica.

Ahora, al mismo tiempo hay que exigir también a la clase política que haga una suerte de pacto. Si no hay entre ellos un pacto de convivencia democrática, si ellos mismos no les hacen bajar los decibeles a sus referentes nacionales, vamos hacia un enfrentamiento cada vez peor. Y estoy pensando en las vociferaciones de los referentes políticos que ya conocemos todos. Basta con las arengas porque si todo sirve para hacer una mínima diferencia de voto, entonces la política está yendo muy mal. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué volvamos a épocas antiguas en donde en la mesa de negociación política poníamos muertos arriba? No. Pongamos argumentos, pongamos intereses en pugna, en liza, pero no pongamos muertos en la mesa de negociación.

Alberto Rodríguez: Es así, partiendo de esto último que decís, entonces, falta decisión política. Pero ellos la tienen. Mencionabas México, Belén a Madrid, yo agrego Colombia. Entonces reflexiono, pienso, y digo Chile. Ese es el camino.

No quedan más caminos que buscar una nueva forma de pensar, no solo el pensamiento en la política sino también en la acción. ¿Cuál va a ser nuestro pensamiento desde lo político para la unidad y la unidad en acción para frenar a esta locura?

A la derecha no le importa: llamarlos a una reflexión, si no es con la gente en la calle no lo veo. La reflexión la podemos hacer en una mesa, en un ámbito de compañeres, donde analicemos y obtengamos cuáles son nuestros errores y cuáles son las virtudes de esta derecha fascista. Ustedes han puesto sobre la mesa las virtudes de ellos. Falta que analicemos cuáles serían nuestras virtudes para frenar esta situación. Creo que eso todavía no lo tenemos claro. Sabemos que somos buena gente, de todos mis compañeres, sé que cuento con excelente gente. Pero lo que nos falta es tener claro por dónde y con qué ideas llevar adelante la acción. Y creo que ahí es donde ellos nos van ganando esta batalla.

Espero que los muertos no aparezcan. Espero que los Facundo tengan justicia. Espero que los Watu tengan justicia. Y espero que aquellos que hoy están avanzando nuevamente, podamos frenarlo, pero que reflexionemos, que analicemos y que luego accionemos. De otra forma vamos a ser muy buena gente en las mesas de diálogo pero no vamos a frenarlos si no es en la movilización y en la unidad.

Les propongo hablar a aquellas personas que no se sienten politizadas, que laburan todo el día, que no están haciendo lecturas de la política, fuera de los microclimas, que están estudiando y no encuentran la vinculación entre su estudio y la política, el que está changuendo y el sonido de las tripas le resulta un sonido más fuerte que el estruendo de esta bomba o las resonancias de la discusión política.

Belén López: Hay que pensar en este juego del hartazgo al que nos están llevando, con esta reproducción constante en los medios. Pero no nos olvidemos que estamos en pandemia y hay que ser muy respetuosos de la vida del otro. Porque el contexto nos está también dando los tiempos para decir cuándo y cómo. Yo creo que el día que sea posible, nuestro pueblo va a salir a la calle. Pero también nuestro pueblo es muy consciente de lo que está pasando.

Creo que también la charla uno a uno, con el vecino, con la escuela, con el familiar, con el amigue, con quien nos vamos cruzando, permitirnos ese debate que a veces nos resulta desgastante.

Y también pensar en que no necesariamente está todo perdido. Quiero ser optimista, porque lo que ocurrió me tiró abajo un montón de estanterías. Me parece que es no bajar la guardia, tener una defensa de nuestros principios ante quien quiera venir a hablar en este contexto de pandemia.

Algo que a mí me sostiene es pensar en la defensa de la alegría. Siempre me queda en la mente tintineando esta frase de defender la alegría como trinchera, como bandera. Le agregamos la democracia, los derechos del pueblo, el arte, la cultura. Defenderlas como un destino que necesitamos, parafraseando a Mario Benedetti. Esta gente viene para instalar en nuestras mentes el cansancio, el hartazgo, la frustración. No nos olvidemos que Mauricio Macri quería crear el Ministerio de la Felicidad. Es muy retorcido lo que dijo. Manejan las emociones y las sensibilidades de la gente con sus manipulaciones.

Coincido plenamente con Alberto y con Mario con la idea de sostener una unidad. Llevarla adelante porque cuando se nos diga, el pueblo va a estar donde tiene que estar. Allí seguramente nos encontraremos, nos abrazaremos porque sabemos que esto es entre todes y no de manera individual.

Mario Ortiz: A mí me parece que es el momento en que hay que hablarle mucho a la juventud, a los adolescentes. Hoy, lamentablemente, lo progresista, lo fashion es ser libertario, es Milei, es Espert. Cuidado con eso. Porque en su momento, no nos olvidemos, los muchachos de las camisas pardas también fueron muy populares en la juventud. No me refiero a los boy scouts: me refiero a las juventudes hitlerianas. Lo que pasó una vez, puede llegar a pasar.

Es decir, que el progresismo pase a la retaguardia, a ser lo conservador, y que lo progresista ahora sea Milei lamentablemente puede ocurrir. Tenemos que estar atentos a esto. Tenemos que hablar. En las juventudes tiene que haber un compromiso muy importante. De todos los partidos, porque todos los partidos tienen sus militancias juveniles. Si no hay un acuerdo político de base, que ellos mismos presionen a sus dirigentes, ahí sí estamos complicados.

Es como decir, bueno, marquemos una cancha, un territorio, los límites. ¿Cuáles son los límites dentro de lo que vamos a jugar y cuáles son los que no tenemos que pasar? Este tiempo he estudiado algunas cuestiones históricas de la masonería y tiene una cosa que se llaman los Landmarks, las reglas, los límites, qué es lo que define qué es masonería y lo que no lo es. Tenemos que definir en qué territorio, en qué cancha vamos a jugar: quien se pase de aquí, listo, este es el límite más allá del cual comenzamos a hablar otras palabras… ya no hablamos palabras sino que empezamos a hablar de acción.

Alberto Rodríguez: Las personas que hoy van cayendo en la acción individual, en el sálvese quien pueda, son el caldo de cultivo de aquel fascismo, del ascenso de Hitler, y también de la dictadura en nuestro país.

Hoy la dictadura no va a llegar a través de las fuerzas armadas, quiero pensar. Pero la metodología con la que se maneja esta gente tiene mucho que ver; endeudaron al país para someterlo económicamente y ahora comienzan pequeñas acciones de eliminación de aquellos que no van por el camino que ellos quieren.

Hoy es una bomba. Está bien, que investiguen, pero no seamos ingenuos. Yo le diría a mi vecino o a los jóvenes, que no seamos ingenuos: ellos no vienen para darte la libertad, ellos vienen justamente para atar tus pensamientos, para hacerte obedecer a aquellos que el poder pretende instaurar, que es un poder económico. No vas a salir beneficiado, monotributista, te vas a cagar de hambre, sos una herramienta de la mano de obra que ellos necesitan tener ahí afuera.

Van a venir por achicar el mundo sindicalizado. Vienen por el fin de los sindicatos, el fin de los trabajadores en relación de dependencia. Todo aquello que le va a dar mayor ganancia a los grupos más concentrados del poder económico.

Lo que pretenden los Milei y los libertarios no es libertad, es sometimiento. Estoy seguro que el freno no va a ser solo charlar sino unidad, con estos límites que planta Mario, en el pensamiento, con esta fuerza que plantea Belén, pero en la acción.

No sé cuánto tenemos que esperar. Yo no estoy loco ni quiero el contagio de mis compañeros pero en algún momento tenemos que decirle a nuestros dirigentes dónde están los límites, qué esperamos de ellos y que no se hagan los tontos en Bahía Blanca, por lo menos.

No se puede mirar al costado: hay que decir nombres, hay que decir de dónde viene esta bomba y qué es lo que pretende. Bahía Blanca no es una ciudad armoniosa, en Bahía Blanca el fascismo ha hecho escuela. Aprendamos, por favor.

La Cámara de Diputados avanzó con el debate de un proyecto para la prevención de la violencia institucional. En el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías se escucharon testimonios de familias de víctimas, entre ellos, el de Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro.

“Me ha costado mucho entender de leyes, la ley ya existe, lo que no llega a saberse es el daño y sufrimiento que ocasionan al no cumplir la Ley de Víctimas. Es el continuo amedrentamiento, no lo cumplen jueces y fiscales que no investigan y hostigan a las víctimas y ni hablar de los desaparecidos. No hacen su trabajo, encima de que tenemos que estar lidiando con la muerte de nuestros hijos también tenemos que lidiar con fiscales, jueces y políticos”, dijo Castro.

En relación al control sobre las fuerzas de seguridad y sus responsables políticos dijo: “Nos pasó a nosotros con el ministro de Seguridad (Sergio Berni), no existen leyes para controlarlos a ellos, para que los policías involucrados no sigan trabajando, no sigan ejerciendo, no sigan torturando. No nos escuchan, tampoco hay comisiones independientes”.

En medio de la reunión, el diputado Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) se ofuscó porque no le aceptaron una moción de orden y antes de terminar de escuchar a las madres de víctimas, protagonizó una discusión con otres legisladores y se desconectó.

Luego, la madre de Facundo manifestó que “cuando hablamos de violencia institucional también tiene que ver con estos arranques de violencia y el hecho de no poder dejar un segundo la bandera política de lado para fijarte que acá estamos hablado de personas. Mi hijo no es un número, somos familias que perdieron no solo un hijo, abuelos, tíos, y ver estos arranques de violencia duele y duele saber que estas personas nos están representando. Les pido dejen sus banderas políticas de lado y nos unamos para que no hayan más víctimas y mamás como yo. No hay reparación que calme el dolor que siente una familia”.

Previamente, la diputada radical Karina Banfi le pidió perdón “porque representamos al Estado, porque no pudimos ayudarte en esa búsqueda de ciento y pico de días. ¿Cuáles son los mecanismos que puso el Estado y en qué estado esta la causa?”.

“A mí me han recibido todos. Lo único que he conseguido en la parte de gobernación y nación es un avión sanitario para traer el cuerpo de mi hijo a Pedro Luro. Me interesa que se haga justicia, que se sepa la verdad, que estén a favor de la vida. La causa está con muchas cosas probadas, el accionar policial en la desaparición forzada de Facu, no solo de la policía sino que se ha necesitado muchísima complicidad del gobierno local, del Ministerio de Seguridad. Han seguido bancando un ministro que dice que Facundo se suicidó, que tuvo un accidente, cuando está probado que a Facu lo desapareció y lo mató la policía bonaerense de Villarino”, dijo Castro.

Agregó que “la violencia no solo fue de la policía hacia Facundo sino de la justicia hacia nosotros. Cada prueba que se pide tenemos que ir a pelearla a la Cámara, tenemos una jueza denunciada por los fiscales y por las 2 querellas. Mientras siga habiendo juezas como esta y fiscales como Ulpiano Martínez les pido que nos ayuden porque desde acá no vamos a poder avanzar. En la causa de mi hijo los únicos denunciados son mis abogados. Lo que comprendo es que nos siguen golpeando y tratando mal, denunciándonos, falta que me denuncien a mí y listo, completamos el círculo”.

La noche del jueves 7 de mayo efectivos del Comando Patrulla Rural de Villarino golpearon a dos adolescentes de 14 años que circulaban por Hilario Ascasubi. Se trata de un chico y una chica a quienes agredieron y apuntaron con armas mientras iban a bordo de una camioneta.

El hecho sucedió a pocos kilómetros de Pedro Luro con integrantes de la misma fuerza policial que está señalada como responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

“Si ellos lo agarran, me lo golpean y hoy tendríamos otro caso como Facundo. Lo estaría lamentando. Doy gracias a dios que se escaparon”, relató a FM De la Calle, Juan Carlos, padre del joven.

El 7 de mayo “el chico mío sale en la camioneta, se me escapa con una chica a 200 metros del pueblo. Aparece una patrulla rural, se le pone de frente sin luces. Cuando llegan prenden la sirena. Se baja un oficial y una chica del otro lado y empiezan a golpearles los vidrios con un arma. Los chicos ven eso y disparan, que doy gracias a dios que no se quedaron ahí”, relató Juan Carlos.

El hombre identificó a los oficiales como Luciano Martínez y Cecilia Choque de Mayor Buratovich.

Afirmó que su hijo y la chica “rajan y se meten al pueblo, a 4 cuadras del pueblo le cruzan el patrullero, le fuerzan la puerta, le pegan en los tobillos y le daban contra el portón de la camioneta. A la nena la bajan, le apuntan con el arma y la ponen contra el patrullero. Ahí vino la gente del pueblo porque lo estaban golpeando. Le doy gracias a dios que la gente lo salvó, porque si no lo hubiesen salvado hoy lo estaría lamentando”, agregó.

Juan Carlos relató que los vecinos le avisaron lo que estaba ocurriendo. “Fui hasta la comisaría, me tuvieron hasta las 3 de la mañana. Estábamos la nena, el nene mío, mi señora y yo. Me llevaron la camioneta al corralón, la multa era mía pero no tenían porqué golpear a los chicos. En el momento en el que estaba firmando, este Martínez me agredía de atrás como para que yo le haga algo, él y la chica”.

“A esta gente no pueden darle armas. No sé cómo los tienen, sé que siguen trabajando, todo normal”.

El titular del Juzgado de Garantías N°2, Esteban Usabiaga, hizo lugar a un pedido de habeas corpus interpuesto por la Comisión Provincial por la Memoria para evitar que continúen las amenazas. El abogado de Cristina Castro, Luciano Peretto, representa a la familia del joven agredido.

“Quiero que a estos dos los saquen de Villarino. Pero los van a sacar de acá y los van a mandar a hacer cagadas a otro lado. Ese chico hace 2 años que está de policía y ya está haciendo macana”, enfatizó Juan Carlos.

Cuando el hombre les dijo “están golpeando a un chico de 14 años”, la respuesta fue :”Nosotros sabemos cómo golpear y dónde golpear”.

La Universidad Nacional del Sur recibió el pedido de entrega del título de Ingeniero Industrial Honoris Causa Post Mortem a David “Watu” Cilleruelo, dirigente estudiantil asesinado por la Triple A el 3 de abril de 1975.

El proyecto, que deberá ser tratado en el Consejo Superior, fue entregado al rector Daniel Vega y al subsecretario de Derechos Humanos, Claudio Gallegos, quienes mostraron interés y voluntad para impusarlo.

El pasado 3 de abril un grupo de militantes políticos, sociales, sindicales y miembros de la comunidad universitaria se constituyeron en comisión para la elaboración del homenaje que a un mes de su lanzamiento supera las 500 adhesiones.

Watu fue militante de la Federación Juvenil Comunista y secretario general electo de la Federación Universitaria del Sur. Fue asesinado en el ala de Ingeniería del edificio principal de la UNS, a manos de personal de seguridad designado por el rector interventor Dionisio Remus Tetu, quienes integraban la Alianza Anticomunista Argentina.

La lista de adhesiones y de integrantes de la comisión evidencia un acompañamiento que además de multitudinario es federal y representativo de diversos sectores académicos, variadas identidades políticas, sindicales y sociales.

Familiares de Watu y de otras víctimas de la represión estatal y para-estatal de aquellos años, como Raquel Cilleruelo (hermana de Watu), Julia García (hermana de Luis Jesús “Negrito” García, también víctima de la “Triple A”), Gervasio Díaz (miembro de H.I.J.O.S. Río Negro – Neuquén); referentes en Derechos Humanos a nivel internacional, nacional y local, como Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, José Schulman y Dante Patrignani; miembros del Poder Judicial de destacada actuación en defensa de los Derechos Humanos, como el ex juez federal Luis Cotter y el fiscal federal Abel Córdoba; dirigentes, autoridades y funcionarios políticos como el diputado provincial Gabriel Godoy, el diputado nacional Itaí Hagman, el ex intendente de Bahía Blanca Jaime Linares, Claudia Korol, Víctor de Gennaro y Claudio Lozano; autoridades y ex autoridades universitarias, como los actuales directores-decanos de los departamentos de Ingeniería, Física y Humanidades, y el ex-Decano del Departamento de Matemática y ex-dirigente de la Federación Universitaria del Sur Edgardo Fernández Stacco; dirigentes y militantes sindicales como Enrique Gandolfo (CTA Bahía Blanca) y Gabriel Cena (miembro de Agrupación Bordó No Docentes UNS y de la Corriente Comunista Watu); especialistas de las áreas de Historia, Letras, Filosofía, Antropología, Ciencias Jurídicas, Economía, Ciencias de la Educación, Sociología y Ciencias Políticas como el vicepresidente del CONICET Dr. Mario Pecheny, el sociólogo-politólogo Dr. Atilio Borón, el conjunto de renombrados especialistas en Historia Reciente, violencia política, represión y Memoria que integran el Colectivo de Historia Reciente, así como docentes e investigadores de múltiples áreas y especialidades de la UNS y otras instituciones científicas y académicas.

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(Agencia Andar) El viernes a la noche sonó el teléfono. Eran más de las 22h y los vecinos llamaron para avisarle que a su hijo de 14 lo estaba golpeando la policía. En seguida fue al lugar y llegó para verlo: dos oficiales pertenecientes al Comando de Patrulla Rural del partido de Villarino tenían al chico agarrado de los pelos y le pegaban patadas en los tobillos.

“Lo salvaron los vecinos”, asegura hoy el hombre que siente que llegó a tiempo y sabe que quienes intervinieron lo llamaron porque conocen el accionar ilegal de la Policía con la gente de pueblo. “Cuando yo hice preguntas por lo que habían hecho, me dijeron ‘nosotros sabemos bien dónde golpear’”, agrega.

Al tomar conocimiento de la situación la Comisión Provincial por la Memoria entrevistó al joven víctima de la violencia policial y a su padre, así como a vecinos y testigos, e interpuso una acción de Habeas Corpus preventivo ante el Juzgado de garantías N°2 de Bahía Blanca para que cesen las amenazas y malos tratos hacia el joven. El juez Esteban Mario Usabiaga hizo lugar al pedido.

Esa noche el joven estaba con una amiga estacionando en una camioneta en un camino de tierra a 200 metros del pueblo cuando llegó la patrulla rural con luces apagadas. Dos oficiales se bajaron, una mujer, que desenfundó su arma apuntando a la camioneta, y un hombre. Gritaban, pero el joven no llegaba a escuchar lo que decían. Se asustó y de la desesperación arrancó hacia el pueblo. A tres cuadras de la entrada frenó voluntariamente, la patrulla le cruzó su vehículo; el oficial bajó y le pegó una piña al vidrio de la camioneta, insultándolo, y lo bajó del brazo con violencia. Después lo empujó contra el móvil policial agarrándolo de los pelos, lo sostenía con la cabeza para abajo mientras seguían los insultos y los golpes “¿cómo te vas a dar a la fuga, hijo de p***?!´´.

Alertada por las sirenas la gente comenzó a salir de sus casas y un vecino intervino: “No lo podés tocar, es menor”, la respuesta de la mujer policía fue apuntarlo con su arma: “no te metas”.

“Podría haber terminado como ocurrió con Facundo”, teme el padre. El joven también sabe que no es la primera vez que se despliega de esa forma la violencia policial en Villarino, otros amigos y conocidos suyos ya la padecieron, y tiene miedo. No quiere salir de su casa por temor a estar “marcado” y le costó hacer la denuncia.

Al aceptar la presentación el juez Usabiaga subrayó que lo que exige no es más que la “absoluta y estricta legalidad en el obrar de las fuerzas de seguridad y prevención del delito”.

La CPM presentó además la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de Bahía Blanca y un informe ante la Auditoría de Asuntos Internos para que investiguen el accionar de los agentes y tomen las medidas pertinentes.

Aunque ahora están más tranquilos y conformes con el fallo el padre del joven atacado espera “que esa gente no esté más en la calle. Es lo único pido, ese tipo de policía no puede estar en la calle”, afirma.

Desde el 28 abril se realizan en Colombia movilizaciones contra la reforma tributaria que quiso aprobar el gobierno de Iván Duque. Si bien las manifestaciones lograron frenar el proyecto, las protestas no cesan debido a la represión por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.

La Defensoría del Pueblo colombiana reportó 19 fallecidos, 800 heridos, así como 87 personas desaparecidas en los últimos días.

“Todo explotó y aceleró el proceso una propuesta de ley de una reforma tributaria. Los movimientos sociales no entendemos cómo, en medio de la crisis sanitaria y económica, el gobierno pretendía aumentar el IVA, poner IVA a los bienes de consumo de la canasta familiar, gravar el sueldo. Una reforma totalmente agresiva, contra el bolsillo de la gente. Esto generó que de manera rápida la gente saliera a manifestarse”, dijo a FM De la Calle Gustavo Gallardo, abogado defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación Lazos de Dignidad.

Agregó que “esta movilización ha significado el descontento de la juventud, de organizaciones sociales, barriles, campesinas y sindicales. Además de lo constante de la manifestación, ha sido duramente reprimida, por órdenes del gobierno nacional”.

“Se está desarrollando una masacre contra el pueblo movilizado exigiendo cambios profundos para una nueva Colombia”, sentenció.

Las protestas incluyen un amplio abanico de exigencias: “La falta de implementación del gobierno del Acuerdo de Paz que hizo retornar a Colombia a un conflicto interno, la reforma tributaria y de salud, el tratamiento a espaldas del pueblo que le ha dado el gobierno a la pandemia y no tender a políticas sociales y económicas para que la gente tuviera mayor estabilidad”.

Gallardo comentó que inicialmente hubo un descontento generalizado por la forma en la cual el gobierno abordó la pandemia. “Que los índices de muertos por Covid hayan subido exorbitantemente es por el nefasto modelo de salud que tenemos. Pero, a pesar de eso, el gobierno se atrevió a radicar una reforma a la salud, que no tiene la vocación de enmendar la privatización sino que pretendía que fuera aun más privatizada”.

Con estas demandas confluyen las del movimiento estudiantil que “viene exigiendo una reforma a la educación, gratuidad y mayor cobertura. Exige matrícula cero porque la gente está aislada y eso ha generado para todas las familias una merma en su capacidad adquisitiva pero los gastos son los mismos”.

“En los sindicatos también se viene generando con la pandemia el trabajo en casa y eso produce dificultades muy fuertes porque no existen subsidios para la conectividad”.

Acuerdo de Paz

“Se firmó en noviembre del 2016, estamos cursando el quinto año y esos acuerdos han sido incumplidos casi en su totalidad”, dijo el abogado.

Ese pacto incluía “la reforma rural integral, no existe una sola política que haya sido cumplido por el gobierno, hablaba de la devolución de la tierra al campesino desarraigado, del uso del suelo, de la formalización de la tierra.
En términos de participación política, podríamos decir que en la actualidad las FARC tienen 9 de los 10 curules (bancas) que les dio el acuerdo. Eso implicaba garantías de seguridad para la oposición, el desarme del paramilitarismo, eso no ha sido posible”.


“El tercer punto era el fin del conflicto que implicaba una política integral de reincorporación para quienes dejaban las armas, un punto neurálgico. A los reincorporados no se les ha dado la reincorporación económica, política, social y familiar”, dijo.

El dirigente denunció que “llevamos más de 270 reincorporados asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y algo más de 800 líderes sociales asesinados. No existen realmente políticas encaminadas hacia la consolidación del fin del conflicto”.

Gallardo señaló que el gobierno de Iván Duque “todas las semanas realiza acciones políticas tendientes a desconocer y atentar contra la desaparición de la Jurisdicción Especial para la Paz que es de los únicos puntos medianamente cumplidos”.

“En Colombia estamos ante un nuevo conflicto interno, anteriormente existía una guerrilla unificada, ahora no, hay muchos grupos, se ha exacerbado a partir de que no hay confianza en el Acuerdo de Paz y eso ha aumentando las disidencias de las guerrillas de las FARC. Contamos con grupos paramilitares en los territorios, carteles de diferentes tipos. El conflicto interno es más agudo y complejo que el que existió antes y eso fue producto de una política direccionada del gobierno para no cumplir el Acuerdo de Paz”, finalizó.

La tercera parte de “¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real” se estrenó este domingo. La causa judicial: encubrimiento vs. investigación”, es la propuesta del trabajo colectivo de FM De la Calle.

Se trata de poner el foco en “la tremenda situación de la causa, presa de las tensiones judiciales, policiales y políticas y la evidente voluntad por no avanzar de la jueza María Gabriela Marrón”, señaló el director, Federico Randazzo.

“Ante un episodio de la gravedad de lo de Facundo, la Fiscalía, que es el Estado investigando, pide pruebas concretas sobre la responsabilidad del Estado en la desaparición de Facundo y la jueza niega su producción”.

Randazzo apuntó que “de esa maraña compleja habla el capítulo. Cada vez queda más en evidencia lo que dice Cristina (Castro) y la familia de Facundo con la investigación que desarrollan”.

Respecto a la cobertura mediática del caso opinó “que hoy en día en Argentina las grandes empresas periodísticas están muy atravesadas por la tensión política, lo podemos sintetizar en ese concepto tramposo de la grieta”.

“Es asombroso ver coberturas como la de Adriana Meyer, una compañera, periodista comprometida de toda la vida con este tipo de casos, trabajando con coberturas similares en Clarín o La Nación que de repente, por oportunismo político de cuestionar al gobierno nacional o provincial, tienen interés en el caso. Y por el contrario hay casos más vinculados a compañeres del mundo de los derechos humanos genera mucha tensión o no se cubre, es interesante para verlo y debatirlo”, afirmó.

A nivel local destacó cómo La Brújula “ha logrado heredar un trabajo sucio, de compromiso con la impunidad, de comprometerse en la acción psicológica e ir instalando pruebas evidentemente falsas con una explícita intencionalidad política”.

Mirá el capítulo 1

Mirá el capítulo 2

En el marco del primer aniversario de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, FM De la Calle dialogó con la periodista y redactora de la sección Política de Página/12 y columnista de Marca de Radio, Adriana Meyer, y el periodista editor de La Izquierda Diario, Daniel Satur. El eje de la conversación fue cómo pensar la cobertura periodística de este tipo de casos desde la perspectiva de los derechos humanos.

¿Qué significa el primer impacto en la opinión pública en estas causas en las que el Estado se investiga a sí mismo?

Adriana Meyer: Estoy haciendo un estudio profundo, comparativo, de desapariciones forzadas. El impacto es fuerte, en la memoria colectiva está el escalofrío del desaparecido, sin embargo también está un sector del periodismo que su trabajo habitual tiene que ver con fuentes policiales. Ahí vuelve a aparecer casi acríticamente la contra versión de la policía, que en este caso es la principal sospechada. Cuando fue el caso de Santiago esto era más evidente porque además había un gobierno que tomaba la vocería de los uniformados.

En este caso, donde supuestamente había otro tipo de sensibilidad en los funcionarios del gobierno, esto que te cuento de difundir la versión policial, de que el pibe se fue solo a dedo en la ruta, todo lo que ya sabemos que sucede en estos casos, en boca de columnistas en prime time de televisión. Ahí hay un agujero, cuando estamos en un caso donde es el Estado el que se tiene que investigar, a pesar de los años que hace que terminó la dictadura el Estado cuando se trasforma en sicario de sus habitantes sigue teniendo sus voceros en la opinión pública y eso es muy grave.

Daniel Satur: Yo tengo una mirada marxista de la sociedad, del mundo, de la vida, que tiene que ver con la división en clases sociales y con  la relación opresores oprimidos, explotadores explotados. En ese sentido, también siento que las grandes empresas periodísticas, que son las que tienen la capacidad de difundir masivamente los mensajes, en su gran mayoría tienen sus intereses. Frente a casos como estos la situación no cambia, va a impactar en la medida que a esos medios les sirva usar esos casos.

Por otro lado, hay algo que a lo largo de los años, con el sello que dejó la dictadura, la cuestión de la desaparición ha generado por responsabilidad del régimen político cierta naturalización, que desaparecer no es algo extraño. ¿Cuándo vemos en los grandes medios un análisis a fondo de cuál es la estructura de una red de trata? Ni hablar de narcotráfico, ni de los grandes delitos que son los grandes negocios ilegales donde siempre está metida la policía, un sector de los capitalistas, el poder político, el poder judicial.

En el caso de Facundo gracias a la lucha de Cristina y sus abogados, un sector que los ha rodeado, la radio de ustedes que en Bahía cumple un papel importante, creo que la posibilidad de impactar viene por esa organización misma y porque en determinados temas los casos son incontrastables. Kicillof puede decir lo que quiera pero que la policía está metida no puede negarlo, solamente le alcanza para decir acá no se va a encubrir a nadie, cosa que es mentira porque ha encubierto a todos. No dejó de estar impactado, tuvo que recibir a Cristina como Fernández y el procurador general, Y era solo una trabajadora de una estación de servicio de Luro, ahí está la lucha de clases y tiene que ver con lo incontrastable de los hechos más allá de lo que quieran inventar.

En algunas coberturas se hace mucha referencia al “expediente”, ¿cómo trabajan en relación a la versión oficial de la justicia y cómo la complementan con otras fuertes?

AM: Eso es increíble y remite a la ausencia de un aprendizaje, considero que esta profesión debería estar colegiada, bajo la chapa de yo cubro policiales hace tantos años se dicen barbaridades, con una actitud paternalista y condescendientes en prime time se dice a las víctimas hay que escucharlas pero lo que vale es el expediente. Es aberrante e ignorante porque estamos hablando de desaparición forzada de personas, tipificado en el Código Penal, Argentina condenada por este delito que es delito múltiple e incluye lo que hace ese periodista en televisión.

Quienes se ajustan a lo que diga la “verdad” absoluta del expediente también falsean, porque el expediente nunca es lo que te muestra tu fuente, pueden ser pedidos no contestados, hay muchas formas de leer un expediente y si encima tomás la voz de las víctimas como decorativa estás en un problema.

Lo primero es la voz de quien está sufriendo, después voy a intentar hablar con el fiscal, la jueza, etcétera, porque a veces no hablan con nosotros, cuando ven que ya escuchaste a la víctima no te atienden el teléfono. Hay múltiples fuentes, es el ABC del periodismo, es una excusa para reproducir los intereses.

DS: Veo que es muy gráfico en las secciones policiales. Llamarle policiales es tomar una posición, es la voz de la policía, más allá de esto también tiene que ver qué posición tenés vos, en los expedientes se vuelcan lo que jueces y fiscales quieren. Eso no significa que el expediente no sirva para descubrir cosas.

En el caso de Facundo, la aparición de Heim y Azzolin, que como dicen Cristina y sus abogados, han sido la contra tendencia al rol que ha cumplido Ulpiano Martínez y que sigue cumpliendo la jueza Marrón en este momento, pero son excepciones. La regla es que el poder marca la agenda y directrices, la visión o quienes reproducen discursos van a manifestar su posición.

En este año pasaron dos cosas: por un lado muchos referentes de derechos humanos, para un montón que estuvieron al lado de Sergio Maldonado no existió el caso de Facundo o cada tanto alguna proclamación formal para cumplir. También he visto a lo largo de este año a periodistas que desde la pantalla de C5N han tomado la misma posición que La Brújula y La Nueva, eso es grave, sobre todo para el gremio.

Esa es la figura de hasta dónde llegan los tentáculos de quienes no quieren que se sepa la verdad y quienes estamos desde otro lugar. La experiencia te ubica en un lugar determinado, decidís estar de esta vereda o cruzarla y estar de la de enfrente.

Medios y hasta referentes de derechos humanos deberán explicarle a Cristina porqué no hicieron lo que no hicieron teniendo todo para hacerlo. (…)

AM: Esto que menciona Daniel, ese momento en que esos voceros en la tele dicen eso, alcanza para sembrar la duda. Tenés a un grupo de periodistas, encabezados por ustedes, el laburo de los medios del lugar es clave, en esa construcción. Nosotros estamos detrás de ustedes, de nuevo rebatiendo barbaridades y mentiras que se dijeron, pero alcanzó para sembrar la duda esa intervención televisiva. Lo dice la tele, es muy grave.

¿Cómo salvar distancias físicas con el lugar de los hechos para poder contar un suceso periodístico?

AM: Si tomás contacto con los protagonistas de la historia, escuchás todo lo que tienen para decirte y después confrontás con las otras fuentes, claramente no hubiera salido las historias que salieron, eran burdas vocerías.

Cada vez que hay una desaparición forzada y está vinculado con fuerzas de seguridad hay que escuchar ‘se fue’, ‘está perdido’, ‘se enojó’, esto venía de fuentes importantes del poder y me ha tocado discutirlo con altos voceros de funcionarios nacionales. Tenías a La Brújula, La Nueva y a Berni, vamos a imaginar que tomás esa actitud de ese periodismo acético que escucha las dos campanas, aún así no hubieran salido esas historias. Lo único que se les pide a quienes no tienen este compromiso es que hagan su laburo y cotejen, que las notas sean equilibradas.

Hay que rescatar que a Cristina en soledad, con Luciano en la primera etapa pelando en provincia, la verdugueaban, no le tomaban la denuncia, las barbaridades que hicieron en el fuero provincial. Cuando Cristina tiene ese escalofrío donde sintió que le habían hecho algo a su hijo, ahí se enfrenta con la policía y ahí fueron a buscar a Leandro Aparicio para dar otra batalla. Si uno puede leer eso igual choca contra todo lo demás, esas crónicas que reproducían, el discurso oficial que buscaba exculpar a los policías, era solo el discurso oficial, no estaba la historia de Facundo, su mamá, y sus abogados.

DS: Es muy difícil en esta época de redes sociales y demás que alguien diga ‘desapareció mi hijo’ y esté mintiendo, en todo caso descubrir si esa persona desapareció o no es muy sencillo, sobre todo para el Estado que tiene todas las herramientas para lograrlo. En un punto vos elegís dónde pararte y qué cosas que te ofrece la realidad agarrás o descartás.

La jurisprudencia ha avanzado para cosas que no se van a cumplir en lo más mínimo. Ese es el régimen político en el que vivimos. Supongamos que nos agarramos de las letras a veces muertas de las constituciones y las leyes, escuchar a la víctima es algo que está en todos los tratados internacionales. No hay prácticamente casos de desapariciones forzadas en Argentina o América Latina o de gatillo fácil donde el Estado haya escuchado a las víctimas.

Lo que hacemos nosotros es eso, levantar el teléfono, preguntar y preguntar a otros también. Yo recibí el bloqueo del sector de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos, Cristina me atendió el teléfono, Aparicio, los fiscales -menos Martínez- me atendieron el teléfono. ¿Qué quiere decir?

¿Qué mirada tienen sobre lo que viene en la causa?

A: Está a punto de salir una denuncia concreta contra la doctora Marrón, con destino al Consejo de la Magistratura. No es fácil porque por algo se quedó, obstruye. Cristina me dijo ‘toda la energía que tenemos que poner en buscar la verdad se nos va en discusiones infantiles donde nosotros decimos A y ella dice B’. Sé que hay mucho nuevo fuerte para que esa frase de Cristina se concrete. Este grupo de fiscales, al cual se unió Iara Silvestre, han hecho un laburo donde está muy claro el devenir de la causa. Independientemente de lo que pase, la verdad ya está, falta la justicia.

D: Si uno la escucha a Cristina en cada instancia puede hacer dos lecturas. Una más de sentido común, pobre mujer, mirá lo que está pasando. Y si hilás más fino, decís esta chabona la tiene re clara y sabe a dónde tiene que ir. Si uno se basa en eso tendría que confiar en que de no existir alguna maniobra del Estado que pueda llegar a trastocar todo, muchas cosas pueden suceder. Es cierto que te comentan con reserva estamos a la espera de cosas incluso más contundentes de las que vimos, lo que ya está es un montón, ameritaría para que estén presos al menos 4 policías.

Esperemos ver qué pasa en el Consejo de la Magistratura, que sabemos cómo funciona y lo que es. Pero más allá de eso, Ulpiano Martínez tuvo que renunciar a la causa, había una enorme evidencia que lo contraponía a él con el propio expediente. Si quieren tener un rol diferente los fiscales tienen que decir ‘estamos desde este otro lado’. La puerta está abierta para todo, centralmente por la tenacidad y convicción de quienes la acompañan, ahora bien, no hay que parar un minuto en esa pelea. Berni sigue siendo el ministro y el lunes está en Bahía. Berni, Kicillof -NdR: su visita se postergó para el jueves- y decenas de patrulleros de la policía desaparecedora y encubridora, van a hacer un festejo porque, entre comillas, va a haber más seguridad en Bahía, eso es tomar una posición. Esos, como dice Cristina, son los gigantes contra los que se pelea.

“Para nosotros ha pasado una vida, un año que parece una vida. Recordar lo bueno y lo malo todo este mes fue recordar estas cosas que nos ponen más sensibles. Sigo sin entender la maldad, el odio hacia el joven y la vida. Que lo que le hicieron a Facu no se lo hagan a nadie más”, dijo a FM De la Calle Cristina Castro, a un año de su desaparición forzada de su hijo.

Su familia junto a amigas y amigos organizaron una serie de actividades para honrar la memoria de Facundo y reclamar justicia.

“Vamos por el juicio político a la jueza”, dijo la Cristina. “Cuando empezamos todo esto les dije que estábamos frente a gigantes, logramos sortear a Ulpiano Martínez, estamos frente a un paredón que es la dra. Marrón, que sigue ninguneando, chicaneando a los fiscales que tienen ganas de trabajar”.

Enfatizó que “no tenemos que dejar que nos pisen la cabeza, Bahía es complicado en temas judiciales. Estamos esperando las respuesta de la Cámara, me hubiera gustado que nos reciban, que nos escuchen, no se puede y la estamos peleando desde donde podemos y como podemos”.

Cristina comentó que ya compartió reuniones de trabajo con la fiscala Iara Silvestre, designada días atrás en lugar de Martínez. “He tenido charlas personales con ella. Su primer gesto fue llamarme y ponerse a disposición, me pareció una persona integra. Me interesa que no se venda, que no pase lo de Ulpiano Martínez que entregaba información, que haga su trabajo no importan los resultados. Esta mujer me ha demostrado que va a ir por la verdad y la justicia”.

Mil flores para Facu

Esta tarde se realizará un bocinazo en Pedro Luro con réplicas en distintas ciudades del país. Mañana el colectivo #MilFloresParaFacuCastro transmitirá por redes sociales un festival cultural y el informe que presentarán integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria.

Comenzará a las 10:30 y se podrá seguir por Youtube y Facebook. En el lugar habrá solamente un grupo de personas invitadas por las restricciones vigentes en el marco del aislamiento.

“Los amigos de Facu no me han dejado en ningún momento, somos muchos, no podemos estar todos juntos y abrazarnos pero nos fuimos dividiendo durante el día para estar todos y poder honrar la memoria de Facu como a él le hubiera gustado”, finalizó Cristina.

Entre las actividades previstas está la pintura de un mural en vivo, actuaciones musicales, lectura de poesía.

Este domingo a las 20 FM De la Calle difundirá el Capítulo 3 de “¿Quién mató a Facundo?” – Documental urgente en tiempo real“. Información, testimonios en primera persona e imágenes exclusivas que relatan los aprietes de parte de agentes involucrados en la investigación, los obstáculos y dilaciones de la justicia, el relato tergiversado de altas cúpulas policiales.

El lunes la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca acompañará la lucha de Cristina y la querella por conocer la Verdad y lograr Justicia con el conversatorio “Justicia por Facundo Castro, contra la impunidad, verda y justicia”.

Participarán Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto; Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Sergio Maldonado, hermano de Santiago; y Margarita Jarque por la Comisión Provincial por la Memoria.

Se podrá acceder desde las 18 al Zoom (ID de reunión: 899 3811 3927
Código de acceso: 325556).

En el primer aniversario de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, el abogado querellante Leandro Aparicio repasó las evidencias que constan en la causa. Las sospechas recaen sobre un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense aunque aun no hay nadie imputado.

Destacó que luego de la reunión con les fiscales Andrés Heim, Horacio Azzolin y Iara Silvestre “decidimos profundizar y analizar situaciones respecto a las conexiones entre la policía de Villarino y la de Bahía Blanca. Eso lo pudimos realizar después del análisis que hace la DATIP en relación a los teléfonos secuestrados”.

“Estamos frenados en la producción de más pruebas porque tenemos una jueza en la que no confiamos. Resolvimos algunas pruebas sensibles no pedirlas mientras esté esta jueza”, dijo a FM De la Calle.

Comentó que están “analizando las fotografías encontradas en los teléfonos secuestrados por segunda vez a los policías. (Alberto) González entregó el suyo pero (Mario Gabriel) Sosa, (Jana) Curuhuinca y (Siomara) Flores no entregaron todos los teléfonos, entregaron solo algunos, por eso los fiscales piden un nuevo secuestro, la jueza dice que no y los fiscales apelan”.

“Ahora estamos esperando la resolución de la Cámara respecto de la nulidad planteada por los fiscales en cuanto a la incorporación por parte de la jueza de un informe trucho de un señor que dice que Facundo se ahogó (NdR: refiere al titular del IADO, Eduardo Gómez). Ese informe le llega a los fiscales con otro del estudio de mareas del día 30 de abril y que no estaba firmado por ningún profesional”.

“Aparece este informe de Juan de los Palotes sin ningún rigor científico que dice que Facundo se accidentó. Eso lo devuelven, la jueza lo quiere meter para enviarlo a Naciones Unidas cuando tenía que contestar el informe, los fiscales dicen que ya lo devolvieron, la jueza ahí toma la tarea de investigación y los fiscales la recusan por eso”, recordó.

Heim y Azzolín solicitaron a la Cámara Federal la nulidad del documento presentado desde el IADO. “Si la Cámara dice que esa medida es nula, entiendo que la jueza no puede seguir investigando”.

Por otro lado, les representantes del Ministerio Público Fiscal recurrieron a Casación para insistir en el apartamiento de la titular del Juzgado Federal N°2 rechazado por la Alzada local.

Conexión de la policía de Villarino y la de Bahía

“Hay un informe que hace la DATIP donde establece conexiones y vinculaciones respecto de uno de los policías de un móvil, con alto mandos de la policía de acá y con altos mandos de la policía de Villarino”, indicó Aparicio.

El letrado señaló que hay que tener en cuenta algunos elementos ante la hipótesis que pretende imponer Marrón: “El teléfono de Facu se activa el 1 de mayo cerca del mediodía en una celda cerca de la comisaría donde fue secuestrado el Toyota Etios donde se encontró la turmalina, en el destacamento (de la Policía Local) de Pacífico al 200. Si es cierto que se ahogó, ¿primero se vino a Bahía, activó su teléfono, se volvió a ese lugar, dejó el bolso a 3 km de donde se lo encontró, dejo toda la ropa en el bolso, se fue desnudo, dejó una zapatilla y se metió en el agua para ahogarse?”.

Por último, Aparicio insistió en que “nunca vamos a poder tener justicia con esta jueza, tampoco sé si con esta Cámara. Tenemos una base muy firme de prueba para seguir peleando esta causa en donde sea. Cristina está muy fuerte en su reclamo de justicia. La Municipalidad de Villarino está haciendo todo lo posible para hostigar y apretar a distintas personas. No es ningún capricho ni antojo, estamos soportando la justicia o injusticia de Bahía”.

La directora de Litigio de la Comisión Provincia por la Memoria, Margarita Jarque, afirmó que “el Estado está en deuda” con la eliminación de la violencia policial que padecen les jóvenes. “A veces es más visible en el Conurbano pero el caso de Facundo pone de manifiesto que también existe en estos lugares pequeños”.

A un año de la desaparición forzada seguida de muerte del joven de Pedro Luro, Cristina Castro y la CPM denunciaron por mal desempeño a la jueza Gabriela Marrón ante el Consejo de la Magistratura. “La idea es que se la remueva  y se analice su conducta, porque va más allá del caso de Facundo”, dijo la abogada a FM De la Calle.

Jarque explicó que “el mal desempeño de un juez tiene que ver con comportamientos frente aquello que el Estado le ha dado en sus manos para administrar que es nada más y nada menos que la justicia. Pero también con que ha sido el obstáculo fundamental para avanzar en la investigación”.

“No estamos ante un caso donde no hubo prueba, hay mucha y no se ha podido consolidar en imputaciones, indagatorias, detenciones, en lo que entendemos es lo lógico y el camino que sigue”, agregó.

La integrante de la CPM detalló que “la jueza eligió hacer una interpretación del resultado de la autopsia y ejercer un cierre virtual de la causa. Lo vimos con la incorporación del informe del IADO de manera antojadiza, viene de la nada a imponer en la causa una teoría del accidente que no tiene ningún fundamento, y vulnerando la delegación de facultades investigativas que tienen los fiscales”.

Jarque estará este sábado en Pedro Luro -junto a Roberto Cipriano García y Sandra Raggio- para acompañar a Cristina Castro y a familiares y amigues en el aniversario de la desaparición de Facundo. Presentarán un informe de la CPM sobre el estado de la causa.

El documento “pone blanco sobre negro lo que ha sido el relato oficial y el comportamiento judicial en relación a la búsqueda de justicia y lo que en la causa se ha podido constatar como pruebas muy contundentes y que, cuanto menos, debieran interrogar a la magistrada Marrón que ha sido quien ha decidido obturar una cantidad de pruebas importantes”.

Se refiere al secuestro de teléfonos de los y las agentes de la Bonaerense involucrados, análisis de elementos de Facundo hallados en patrulleros y sedes policiales y las comunicaciones y vínculos entre policías de Villarino y de Bahía Blanca.

Jarque sostuvo que en otros casos en los que interviene la CPM “muchas veces existe complicidad de las fuerzas policiales, lo que llamamos espíritu de cuerpo. Eso acá también se ve con la Policía Federal que luego fue apartada, con quienes trabajaba conjuntamente el fiscal Martínez. Además de esa solidaridad inter fuerza aparece por supuesto la intromisión judicial beneficiando de diferentes modos a los agentes estatales”.

“No debemos olvidar que la causa pasó por la justicia provincial que hizo muy poco y vulneró normativa dictada hace 20 años por la Corte bonaerense respecto a que en casos en los cuales esté sospechada la fuerza policial esta no puede investigar. Eso sucedió acá, se ve ese continuado de acciones que tienden a obturar la verdad y la justicia”, aseguró.

La querellante subrayó que “incluso se han desoído los señalamientos del propio Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas y la Comisión Interamerica de Derechos Humanos. Para el caso de Facundo  recomendaron en las acciones urgentes -sigue abierta la de Naciones Unidas-: exhaustividad, profundidad, nada de eso se constata en la causa”.

Por último, Jarque destacó que “hay una necesidad de replantear y otorgar calidad a la justicia mediante el control de los actos de los magistrados. También una respuesta muy tardía por parte de los organismos de control del propio personal policial, que es la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Generalmente son trámites muy largos, en los que muchas veces se producen desafectaciones pero como no se resuelven los sumarios uno encuentra a los policías haciendo lo mismo en otras comisarías”.

A un año de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, cuyo paradero se perdió el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto, la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal se centra en precisar el derrotero del joven y en establecer si integrantes de la Policía bonaerense tuvieron intervención en la desaparición seguida de muerte.

Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González. (FM De la Calle)

El sitio oficial del Ministerio Público Fiscal difundió este informe elaborado por la fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim, quienes llevan adelante la investigación.

De acuerdo a las pruebas, Facundo salió a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca -debía recorrer unos 120 kilómetros- para visitar a su ex novia, en el contexto en el que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de COVID-19. La norma prohibía la circulación en la vía pública, salvo al personal denominado “esencial”, y establecía la intervención de las fuerzas de seguridad para que hicieran cesar la acción de quien la violara.

El joven había pasado la noche del 29 de abril en la casa de un amigo y en la mañana del 30, a las 5, inició el viaje a pie por la Ruta Nacional N°3. Tras recorrer los primeros 30 kilómetros del trayecto, Facundo arribó a Mayor Buratovich, donde llegó gracias a un automovilista que lo acercó. El joven tuvo allí su primer encuentro con una autoridad policial alrededor de las 10.

A partir de entonces, la investigación se abre en una serie en incógnitas; la evidencia forense obtenida en diferentes procedimientos, los datos técnicos que se desprenden de dispositivos de telefonía celular y las declaraciones testimoniales relevadas no son suficientes para conformar un relato uniforme y cronológico del derrotero de Facundo.

Las dudas se centran en:

  • Lo sucedido Mayor Buratovich.
  • La forma y circunstancias en las que Facundo continuó su viaje hacia Teniente Origone, lo acontecido en ese lugar y con posterioridad.
  • La relación íntima entre una testigo del caso que dijo haber trasladado a Facundo y el personal policial que lo detuvo previamente en Mayor Buratovich.
  • Las razones por las cuales estuvo en posición de morir por asfixia por sumersión en algún lugar del estuario de Bahía Blanca.
  • La desaparición de su DNI con cuyos datos se obtuvieron líneas de teléfono.
  • La aparición dentro de su mochila -hallada en el estuario casi un mes después que su cuerpo- de la ropa que tenía puesta al momento de ser detenido por primera vez por la policía.
  • Los extraños movimientos de algunos patrulleros cuyos dispositivos de georreferenciación los sitúan en fechas y horarios relevantes para la investigación.

Mayor Buratovich

De acuerdo con los elementos recabados en la causa, Facundo fue interceptado alrededor de las 10 por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca a la altura del kilómetro 779, en la localidad de Mayor Buratovich. Durante el procedimiento, Facundo fue fotografiado de espaldas junto a Sosa. La foto fue hallada durante la extracción forense de datos de un dispositivo de ese oficial, pero no se ha dado aún con el aparato desde el cual se tomó la imagen. Esa fotografía permitió determinar cómo estaba vestido Facundo, quiénes lo interceptaron, el horario y la identificación del móvil policial, N°23.360.

Al momento de su interceptación, Facundo llevaba su DNI: la policía tomó una foto del documento y la incorporó en el sumario formado por la violación del ASPO. El DNI nunca fue hallado, pese a que en septiembre apareció la mochila de Facundo, y después de su desaparición fue utilizado para dar de alta líneas de telefonía celular, aspecto que es objeto de investigación en un legajo de la causa: la fiscalía intenta determinar si quien utilizó los datos de la víctima tiene el DNI en su poder.

En el mismo dispositivo secuestrado a Sosa se halló un audio remitido por la oficial María Delgado, quien le transmitió a su colega la orden del oficial subayudante a cargo de la subcomisaría de Mayor Buratovich, Andrés Daniel Gerbatin, para que le enviaran “los datos completos y la foto” de Facundo y les advertía que “si se hacía el pajero que lo bajaran”. En la jerga policial, “bajar” significa que lo debían trasladar a la dependencia. Todavía se investiga si Facundo continuó su viaje después de ese encuentro con la policía o si, antes de retomar el camino, fue trasladado a la subcomisaría. Los movimientos del sistema de georreferenciación instalados en el patrullero indican que el móvil se dirigió hacia la dependencia tras el episodio.

En las declaraciones testimoniales que les recibió la justicia provincial -a cargo inicialmente de la búsqueda de Facundo-, Sosa y Curuhinca aseguraron que, tras haberle labrado la infracción, le indicaron que retornara a su domicilio. De las actuaciones se desprende que ambos agentes no consultaron con el juzgado de turno cómo debían proseguir, tal y como disponen las normas de procedimiento.

Teniente Origone

Facundo continuó su viaje. Siomara Flores, quien resultó ser miembro de la Policía bonaerense, medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa -cuestión que pudo conocerse a través del análisis del teléfono celular de este último-, declaró que trasladó al joven desde Buratovich hasta Teniente Origone. Unos 25 kilómetros separan las dos localidades. La testigo aseguró que vio al joven haciendo dedo sobre la ruta y que aproximadamente a las 13 descendió del vehículo en la entrada al pueblo, sobre la ruta. Agregó que, durante el diálogo que tuvieron en el viaje, Facundo se dio cuenta que ella conocería a su madre y que entonces le solicitó que no le dijera que lo había visto.

Puesto Policial Teniente Origone (FM De la Calle)

La investigación tuvo noticia de este traslado sólo a través del testimonio de Flores, quien compareció cuando el caso tramitaba en el fuero ordinario como una búsqueda de paradero.

Una prueba técnica contradice o pone en duda esa versión. Cristina Castro, madre del joven, habló a las 13.33 con su hijo; en esa comunicación Facundo le manifestó que “no lo iba a ver nunca más”. La antena de telefonía celular que activó el teléfono del joven fue la de Buratovich, no la de Origone donde -según Flores- había arribado media hora antes.

Aunque no existe certeza del horario de arribo y de quién lo trasladó hacia allí, Facundo llegó igualmente a Origone. Alrededor de las 15 fue visto por dos testigos en el kilómetro 755 de la Ruta Nacional N°3. De acuerdo con el relato, el joven se encontraba recostado a la vera de la ruta y dado su contextura física los testigos creyeron que se trataba de un niño.

Los testigos se comunicaron con un amigo de Origone y esa persona dio aviso al puesto de vigilancia policial. Esa secuencia fue reconstruida con los relatos y los informes concordantes de las prestatarias de telefonía celular.

A las 15.27, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la policía, esta vez por el teniente primero Alberto González. El agente declaró en el expediente provincial que encontró a Facundo a 6 o 7 kilómetros de la entrada del pueblo y que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI. González fotografió el carnet a las 15.43, de acuerdo con la extracción forense de datos realizada en su teléfono celular.

Alberto González (FM De la Calle)

González añadió que en la oportunidad había consultado con la comisaría de la localidad de Médanos qué debía hacer con Facundo y que el jefe, Juan Carlos Reynoso, le indicó que debía dejarlo continuar. El policía registró lo sucedido en una libreta manuscrita, que fue secuestrada y forma parte de las pruebas de la causa.

Agregó que había visto que Facundo subió luego a una camioneta Renault Duster u Oroch, con sentido a Bahía Blanca. Tanto del relato del policía como de las constancias documentales -notó el equipo fiscal-, se desprende que la fuerza de seguridad no siguió el procedimiento establecido por ley: no avisó a la autoridad judicial ni hizo cesar la conducta violatoria del aislamiento.

No obstante la versión de González y los datos emanados de los peritajes, otros testigos aseguraron haber visto a Facundo entre las 15.20 y las 15.40 en cercanías de Buratovich, en dirección hacia Bahía Blanca, subiendo a la parte trasera de una camioneta negra y blanca de la policía. Los testigos, además, individualizaron al conductor del vehículo como el oficial Sosa.

Entretanto, otros elementos de la causa permiten suponer que Facundo pudo haber pasado por el puesto de vigilancia de Origone. En efecto, sus datos identificatorios -nombre, documento y domicilio al cual se dirigía en Bahía Blanca- figuran en el Libro de Guardia del puesto. Además, el geolocalizador del patrullero de González da cuenta que, tras la interceptación del joven en la ruta, se dirigió a la sede policial. Con posterioridad, en el registro realizado sobre ese patrullero se encontró un pelo. La evidencia no permitió recabar ADN nuclear, pero sí le permitió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema establecer que presentaba identidad con el haplotipo mitocondrial de Cristina Castro. Semanas después el patrullero fue nuevamente inspeccionado con la ayuda de perros y se detectaron nuevos rastros que se están analizando en este momento.

Asimismo, en el allanamiento realizado a la sede policial de Origone el 31 de julio pasado fue hallado en un montículo de basura un amuleto de madera con forma de sandía que contiene en su interior una vaquita de San Antonio tallada, el cual fue identificado por la madre de joven y otros testigos como propiedad de Facundo: un regalo que le había hecho la abuela materna, idéntico a otros que también le entregó a sus hermanos, y que tenía un alto valor afectivo.

En un segundo allanamiento ordenado por la Cámara Federal por un recurso de la fiscalía, la investigación detectó en el interior del mismo puesto de Teniente Origone un trozo de piedra turmalina que formaría parte de un colgante que podría corresponderse con el que lucía Facundo sobre su cuello. La piedra estaba entre la tierra, en el mismo lugar donde se encontró el otro amuleto. Ese elemento y otras muestras todavía están siendo peritadas por la Gendarmería Nacional.

Continuación del viaje a Bahía Blanca

En la pesquisa es objeto de indagaciones la declaración prestada por un testigo de identidad reservada, el Testigo H, quien dijo que conducía por la Ruta Nacional N°3 a la altura de Origone, aparentemente momentos después de que González hubiera dejado continuar a Facundo. El testigo contó que levantó al joven en su vehículo Honda HRV y que se dirigió rumbo a Bahía Blanca. Dijo que Facundo le pidió que lo dejara en el primer cruce ferroviario viajando en dirección a aquella ciudad, situado a unos 27 kilómetros de Origone. El joven le dijo que pasaría antes por la localidad de General Cerri a visitar a un amigo, para luego continuar camino. Le explicó, siempre según la versión del testigo, que quería evitar el paso por el control zoo-fitosanitario, ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional N°3.

Desde el cruce donde supuestamente el testigo dejó a Facundo, la vía se introduce y se alza en medio del estuario durante casi 19 kilómetros hasta que llega a General Cerri, la supuesta parada intermedia. Situado en el punto donde dijo haberlo dejado el Testigo H, a Facundo le faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Bahía Blanca.

El Testigo H afirmó que, al retirarse del lugar, alcanzó a ver al joven caminando por el medio de las vías. En esa zona y en la dirección que según el relato habría tomado Facundo, la topografía cambia al ritmo de las mareas. Los fiscales recorrieron la zona y también entrevistaron a varios testigos que conocen el lugar. Todos coinciden en que las vías son el lugar más seguro para caminar ya que, por la forma en la que fueron construidas, nunca se inundan.

No hay personas que hayan visto a Facundo después del Testigo H. Su último rastro fue un mensaje que partió de su teléfono celular a las 20.21 del 30 de abril hacia el de un amigo, en el cual le informaba que no tenía señal ni batería en el dispositivo y que en un rato lo llamaría. El testigo puso en duda que el mensaje que recibió hubiera sido escrito por Facundo, dado que -según dijo- no redactaba de esa forma. El amigo de Facundo declaró que le había enviado un mensaje de respuesta, pero que nunca había llegado.

Fin de la desaparición

Facundo Astudillo Castro estuvo desaparecido desde entonces hasta el sábado 15 de agosto. Ese día tres pescadores encontraron su cuerpo, totalmente esqueletizado, en el canal denominado “Cola de ballena”, un cangrejal situado en la zona de Villarino Viejo, contigua a la localidad de General Cerri.

En la zona del hallazgo trabajó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) con la asistencia del Gabinete Científico de la Policía Federal. Además de los restos óseos, se encontró una de las zapatillas que vestía el joven a unos 30 metros, “en estado casi intacto”, describió el equipo fiscal.

El 1° de octubre pasado el EAAF dio a conocer los resultados de la autopsia: fue una muerte violenta producto de una asfixia por sumersión. Las microalgas obtenidas en la médula ósea del cadáver se correspondían con las que se desarrollan en el estuario de Bahía Blanca, pero el avanzado deterioro del cuerpo no permitió determinar si en la muerte existió participación de terceros o si fue producto de un asesinato, accidente o un suicidio.

La perito de la parte querellante, Emma Virgina Creimer, presentó una disidencia en el dictamen. Indicó que el fenómeno de pink teeth (dientes rosados) que se observó en el cadáver era la consecuencia de un traumatismo vital antemortem, es decir, en vida, y que por lo tanto no podía descartarse la hipótesis de participación de terceras personas.

Patrulleros en la zona

El equipo fiscal recabó información sobre otros móviles policiales que podrían haber tenido contacto con Facundo o que, de acuerdo a sus dispositivos de georreferenciación, estuvieron en la zona en la que se encontraron los restos óseos.

En efecto, el 8 de mayo un móvil de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca estuvo ubicado en cercanías del lugar donde se produjo el hallazgo del cuerpo. Todavía llama la atención del equipo fiscal que un vehículo urbano haya ingresado y permanecido en ese lugar.

Al advertir el dato, la fiscalía solicitó el allanamiento de la UPPL y el secuestro del móvil. Semanas más tarde, durante una inspección llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, se halló un trozo de piedra de color negro en el interior del baúl, que fue reconocido inmediatamente por Cristina Castro. El estudio pericial desarrollado por un geólogo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad determinó que se corresponde con una piedra turmalina, tal como había referido la madre del joven.

Entretanto, el 12 de septiembre otro pescador de la zona encontró una mochila a unos metros del punto donde fue hallado el cadáver de Facundo. En el interior se encontró la licencia de conducir, dos teléfonos celulares deteriorados y una muda de ropa que presentaba daños, sometida actualmente a estudios para determinar si se corresponden con la biodiversidad del lugar, las condiciones climáticas y/o la acción de otras personas. Para sorpresa de los investigadores y la fiscalía, en esa muda estaba el pantalón que Facundo lucía en la foto que le tomaron de espaldas en Mayor Buratovich cuando había sido interceptado por Sosa y Curuhuinca. Sorprende a los investigadores, además, el buen estado de conservación de la mochila a diferencia del resto de la ropa que estaba en su interior.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene pendiente el estudio de los dos teléfonos celulares encontrados en la mochila con una técnica denominada chip-off, que permita extraer la mayor información posible.

El equipo fiscal y las medidas pendientes

El 12 de febrero el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez se inhibió de seguir interviniendo en el caso. Su pedido fue aceptado por el Juzgado Federal y el procurador general interino, Eduardo Casal, designó en su lugar a la fiscala federal Silvestre, quien pasó a integrar el equipo del MPF en este caso junto a Azzolin y Heim.

El equipo fiscal aguarda actualmente que la Cámara Federal haga lugar a medidas de prueba rechazadas por el juzgado, las cuales consisten en el secuestro de dos patrulleros que habrían transitado por Origone en el horario en el que Facundo se encontraba en la zona y otras medidas de coerción que los fiscales consideran indispensables.

También se encuentra cuestionada la continuidad de la jueza federal María Gabriela Marrón a cargo del caso. El equipo fiscal la recusó, la solicitud fue rechazada y actualmente la fiscalía prepara un pedido para que la Cámara de Casación Federal admita el tratamiento del caso. El equipo considera que la jueza no es imparcial porque ha abrazado como única hipótesis posible la de un accidente.

La obligación de llegar a la verdad

Cuando Facundo se encontraba desaparecido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar para que el Estado Argentino adopte las acciones “necesarias para determinar la situación y paradero” del joven, “con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”. Luego de la aparición del cuerpo, la CIDH levantó la medida cautelar, lamentó la muerte de Facundo y recordó -de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos- que “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte” del joven. El organismo regional precisó que “corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. En tal sentido, la CIDH instó al Estado “a continuar la investigación y esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte de Facundo José Astudillo, de ser el caso, estableciendo las responsabilidades de cualquier índole a que dieren lugar”.

Esa es la manda que guía el trabajo del equipo fiscal a un año de la desaparición del joven.

“El compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante”, afirmaron les fiscales de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

En una entrevista difundida por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, Iara Silvestre, Horacio Azzolín y Andrés Heim reflexionan acerca de la responsabilidad institucional del Ministerio Público Fiscal ante la familia del joven de Pedro Luro y cuentan cómo organizan y despliegan su trabajo en el marco de la pandemia de Covid-19.

-¿Cuál es la responsabilidad institucional frente a este caso? ¿Qué puede esperar la sociedad, y en especial su familia, de la actuación del MPF?

El compromiso institucional es absoluto y así está expresado desde la integración de un equipo de trabajo, que implica el involucramiento y la responsabilidad de un grupo de hombres y mujeres integrantes del Ministerio Público Fiscal que día a día trabajan en la sistematización de datos, relevamiento de hipótesis, recolección de pruebas, presentaciones judiciales, etc. Todo el equipo de trabajo ha tomado este caso con un gran compromiso, no sólo porque es nuestra función investigar exhaustivamente para establecer la verdad sobre lo sucedido con Facundo, mucho más cuando entre las hipótesis barajadas se encuentran comprometidos agentes estatales (de la policía de la Provincia de Buenos Aires), sino además porque de no hacerlo de tal manera estaríamos nosotros incumpliendo con el deber del Estado de agotar todos los medios a nuestro alcance para llegar a esa verdad.

En ese sentido, el compromiso de cara a la sociedad y en especial a la familia de Facundo y su mamá Cristina, es el de llevar adelante una investigación profunda que siga cada pista e intente responder cada interrogante.

La responsabilidad institucional de litigar este caso está definida, por un lado, desde la Constitución, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el resto de las normas que rigen la actuación del MPF. La Constitución nos exige promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad y nuestra Ley Orgánica nos manda dirigir nuestras acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a la que debemos brindarle asistencia. La ley de víctimas establece disposiciones similares. Por el otro, por el tipo de caso, ya que al tratarse de una investigación por desaparición forzada de personas seguida de muerte hay una serie de criterios de actuación, definidos por organismos e instrumentos internacionales, que se deben seguir para concretar investigaciones exitosas y evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Estos criterios forman parte del cristal a través del cual debe mirarse el caso, y esa mirada es la que venimos sosteniendo desde que asumimos nuestra intervención directa en la investigación.

(FM De la Calle)

-¿Qué implica la conformación de un equipo fiscal? ¿Cuáles son sus ventajas?

Las ventajas de la integración de un equipo de trabajo están dadas por la diversidad, las múltiples miradas y el intercambio de ideas: cada integrante aporta sus conocimientos y experiencia para enriquecer la posición; de la diferencia de opiniones suelen salir productos más elaborados en cuanto a la estrategia de litigación y la solidez técnica. Ayuda, además, a alivianar la carga del fiscal titular al poder repartir las tareas entre más magistrados. Es un sistema previsto en nuestra ley orgánica y es la forma de trabajo habitual en sistemas acusatorios. Todo es sometido al análisis del equipo y las decisiones se adoptan en función de esos aportes, sobre los que luego decidimos también en conjunto.

La circunstancia de que los y las integrantes del equipo conozcamos y asumamos nuestra ubicación y responsabilidad institucional, hace que tengamos claro el objetivo y estemos cohesionados en función de ello.

La conformación del equipo implica la decisión institucional de reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal en un caso que por sus características es complejo, tal y como ha pasado en otras ocasiones de graves violaciones a los Derechos Humanos. En ese sentido, se debe tener en cuenta el contexto en el que ocurrió el hecho -vigencia de la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional-, los lugares en los que se desarrollaron diversas secuencias del caso que se están reconstruyendo -en la ruta Nacional nº 3, en zonas rurales y/o despobladas y casi sin circulación de personas-, la intervención y ubicación en la escena del suceso de diversos integrantes de una fuerza policial, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones del ASPO al momento de la interceptación de la víctima y de comunicación a las autoridades judiciales competentes, la situación de vulnerabilidad de la víctima, las enormes dificultades en la recopilación de la prueba, los obstáculos en su producción, la presentación de elementos distorsivos en la investigación, en especial, en la etapa previa a que el caso pasara a tramitar ante la justicia federal bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas, entre otras.

Un trabajo a distancia, pero articulado

Silvestre se encuentra en Santa Rosa, La Pampa, a cargo de las fiscalías de primera instancia y de juicio, y su desempeño tiene lugar en el ámbito de la jurisdicción de la justicia federal de Bahía Blanca. Azzolin y Heim son titulares de la UFECI y la PROCUVIN, respectivamente, que tienen oficinas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente y sus evidencias se encuentran físicamente en Bahía Blanca, donde también trabaja parte del equipo de colaboradores. Fiscales.gob.ar les preguntó también cómo transitan este periodo de investigación, pandemia mediante, y cómo coordinan el trabajo:

El trabajo se coordina básicamente a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, como grupos de WhatsApp, mails, Zoom, etc. Eso hace que podamos estar cerca a pesar de la distancia y continuamente comunicados seguir el trámite de la causa.

Por las características propias de las unidades, trabajamos con fiscales del resto del país en forma remota, por lo que estamos familiarizados a trabajar en las actuales condiciones. Eso nos facilitó el proceso de gestionar un caso a distancia, especialmente durante los momentos en los que no es conveniente desplazarse por la situación epidemiológica.

Ante la imposibilidad de vernos en persona, el diálogo por videoconferencia está a la orden del día. De esa forma nos conocimos primero y discutimos diversos aspectos del trabajo después.

La utilización de servicios en la nube y documentos colaborativos son las herramientas que nos permiten gestionar el expediente, cuya versión física es administrada por un colaborador de nuestra máxima confianza. La digitalización del legajo y el uso de la firma digital optimizan la concreción de la labor en las actuales condiciones que impone la pandemia.

-En la causa colaboran las direcciones generales de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). ¿Cuáles son y cómo evalúan los aportes de cada área? ¿Y de otras dependencias del MPF?

La colaboración de las áreas del MPF es indispensable. DATIP, para aportarnos una mirada interna (y por ende, de confianza) sobre diversos aspectos técnicos en un caso en el que no podemos depender íntegramente de los laboratorios de la policía; algunos de sus aportes fueron claves para el avance del caso. La DOVIC es otra área indispensable, ya que gestionan la relación con la familia de la víctima y los testigos, los acompañan, contienen, orientan, y nos ayudan a gestionar algunas diligencias que tenemos que hacer con ellos. La Dirección de Comunicación Institucional del MPF también ha sido de enorme ayuda para definir una estrategia de comunicación adecuada para un caso de trascendencia como éste, y para concretar la difusión de esa información.

Las distintas áreas administrativas de la Procuración General de la Nación han sido de inestimable ayuda en la gestión de las diversas situaciones que se van presentando en la tarea del equipo; por ejemplo, la Oficina de Pasajes y Viáticos, para gestionar nuestros traslados motivados en el caso.

Fuente: fiscales.gob.ar