El 30 de diciembre se cumplen ocho meses desde la partida de Facundo Castro de Pedro Luro y de su interceptación por parte de efectivos de la Policía Bonaerense. Nada más se supo de él hasta que sus restos fueron encontrados a mediados de agosto en Villarino Viejo.

“La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros, se nos hacen lentos pero en la tardanza han surgido siempre más pruebas que conllevan a no descartar la desaparición forzada y la muerte de Facu”, señaló Virginia Góngora, madre de uno de los amigos del joven.

Días atrás, la jueza Gabriela Marrón rechazó la recusación que en su contra habían planteado las querellas y la Fiscalía. Ahora es la Cámara Federal de Apelaciones la que debe definir si continúa o no al frente de la causa.

“En lo personal he pasado por todas las emociones, lo hemos vivido con tranquilidad, mis hijos, yo, el equipo Turmalina que son sus amigos. Nos hemos contenido muchísimo, siempre entre todos. Se que se va a hacer justicia, va a tardar. Confío plenamente en los abogados, esto no tiene que volver a pasar más”, afirmó Góngora.

Señaló que “se tranquilizaron los hostigamientos policiales gracias a que se hizo público”. Sin embargo, hace algunos días el Municipio de Villarino multó a un amigo del joven con más de 200 mil pesos por realizar una pintada pidiendo justicia.

“Pensamos que nos iban hacer pagar lo que hicimos como para dejar tranquila a la gente, pensé que quedaba así nomás. El intendente le puso precio al pedido de justicia”.

“Lo que queríamos era visibilizar, no dejar que la gente vea que se tiene que hacer justicia. Primero se había organizado hacer con stencil algo lindo, en color violeta, el color de Facu y después seguimos haciendo pintadas”.

Al momento de balancear los resultados de la semana que pasó Cristina Castro en Buenos Aires, durante la cual se reunió con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, entre otros funcionarios, Góngora manifestó que “fueron más palabras que promesas”.

“Personalmente no esperaba nada de los políticos pero no dejó de ser positivo que vaya a Buenos Aires, se integraron dos fiscales nuevos y eso hizo que se movieran un montón de cosas. Pero las palabras se las lleva el viento”.

Dos candidatos a integrar el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca expusieron esta semana en la Comisión de Acuerdos del Senado. Sus pliegos se tratarán en la sesión del próximo martes. Deberán intervenir en causas de lesa humanidad, trata de personas, narcotráfico y delitos económicos.

Son el fiscal Sebastián Foglia y el juez subrogante de Viedma Ernesto Sebastián. El tercer candidato es el juez Eduardo D’Empaire, cuestionado por ser uno de los autores de la condena a ocho años de prisión de Rosalía Reyes.

Por otra parte, Alejo Ramos Padilla fue respaldado para hacerse cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia.

Foglia planteó que tiene una trayectoria de veinte años en el Poder Judicial, catorce de ellos desempeñándose como fiscal del Departamento de Bahía Blanca. Realizó cuarenta juicios orales promedio por año y tiene a cargo a 25 personas.

En cuanto al TOF que pretende integrar describió que cuenta con veinte personas empleadas en tres secretarías: General, Ejecución y Lesa Humanidad. “Es el único del país que no tiene ninguno de los tres jueces. Los tres primeros habían jurado en el 95, en 2013 falleció uno, en 2015 se jubiló otro y desde 2018 no hay ninguno”.

“Hay 60 causas para realizar juicio oral y unas 70 personas detenidas con prisión preventiva a la espera del juicio. Esa es la labor prioritaria. El TOF tiene demoras de tres años o más en algunas causas”.

Foglia destacó que, fuera de la sede de Lavalle y Chiclana, en el edificio del Rectorado de la UNS funciona la sala de los juicios de lesa humanidad. “Ha sido un éxito abrir las puertas de esos juicios a la comunidad”, dijo y recordó que resta desarrollar un “megajuicio” en la causa Ejército: “Se puede realizar un juicio integral con todas las elevaciones de los últimos años que restan juzgar”.

Por su parte, el actual juez subrogante del Juzgado Federal de Viedma, Ernesto Sebastián, relató que ingresó al Poder Judicial hace veinte años y que conoce “perfectamente la jurisdicción” de Bahía Blanca.

“Vamos a implementar el sistema adversarial y en particular soy un ferviente partícipe de los juicios por jurados”, afirmó. Agregó que la reglamentación debería tener en cuenta la participación de pueblos originarios en provincias “como Rio Negro y Neuquén”.

En cuanto a la demora en el trámite de las causas del tribunal aseguró que “están limitadas a causas de narcotráfico de popularidad respecto a la gran cantidad de material de estupefacientes pero que están prorrogadas por Casación”. Una de ellas es la de Bobinas Blancas referida a las casi dos toneladas de cocaína secuestrada en el Parque Industrial bahiense.

Respecto al pago del impuesto a las ganancias por parte de jueces y juezas Foglia manifestó que es “justo y razonable”. “La intangibilidad en aras de la independencia del Poder Judicial no se ve afectada por el pago de un impuesto general, eso no puede eso constituir una persecución a los jueces. Hay que contribuir a solventar los gastos del país. No es una garantía sino un privilegio”.

Por su parte, Sebastián también se mostró de acuerdo y afirmó que “para alcanzar la igualdad de cargas públicas y de tributos deberían tributar todos los miembros de los tres poderes del Estado”.

Ramos Padilla se refirió a causas bahienses

Alejo Ramos Padilla subrogó el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca luego de que el Consejo de la Magistratura corriera a Santiago Ulpiano Martínez por obstaculizar las causas de lesa humanidad.

En el marco de la presentación de su candidatura para ser juez federal platense recordó que estuvo a cargo de los procesamientos del juicio pendiente en la causa Ejército mencionado por Foglia y Sebastián.

“Actualmente se está llevando adelante el primer juicio oral y público por los hechos llevados a cabo por la Triple A, me tocó dictar el procesamiento de aquellos miembros. En su momento llegué a convocar a prestar declaración indagatoria al propio presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que no concurrió en tres oportunidades, fue declarado rebelde, y al poco tiempo el Consejo de la Magistratura llevó adelante una acusación y el tribunal de juicio, un día antes de dictar sentencia se le aceptó la renuncia. Me enteré que hace pocos meses el juez que vino cuatro años después retomó ese camino y lo procesó”, afirmó.

Recordó que tras relevar a Ulpiano Martínez encontró “un grave desorden, enorme, con centenares de personas privadas de su libertad a las que no se les resolvía su situación procesal, a los cuales no se les había tomado declaración indagatoria y más de treinta prisiones preventivas vencidas”. 

Se refirió a cuestionamientos recibidos de dirigentes de Juntos por el Cambio vinculados a la causa Suris y otras derivadas. “Estuve seis meses en el juzgado. Es difícil que a un juez le hagan un cuestionamiento por una demora de seis meses, eso alcanzaría como para no ahondar mucho más. Sin embargo hubo una investigación penal que duró cuatro años y que determinó que yo no demoré la causa sino que la avancé”.

Las acusaciones fueron ampliamente difundidas por varios medios, entre ellos La Nueva Provincia. “Había una investigación que involucraba a Juan Suris con una usina de facturas truchas. Esa causa la elevé a juicio. Había otra causa paralela en el tribunal oral por narcotráfico donde decretan la nulidad de lo actuado por el juez que me había antecedido, que era un secretario, Suris me plantea la excarcelación y digo que la causa tenía que ir rápidamente a juicio y se la deniego. Esta era la causa madre”.

“La otra era la de Ficadenti que era uno de los usuarios de estas facturas. Cuando uno investiga una evasión tributaria necesita una determinación contable. Le pedí a la Corte que determine quiénes habían sido los usuarios de esas facturas”.

Explicó que cuando llegó el primer informe parcial convocó a declaraciones indagatorias. “No solo acomodé el expediente desde el punto de vista procesal sino que la impulsé adecuadamente. Luego se hizo una investigación y el propio fiscal dijo que no había ninguna irregularidad de mi parte”.

El presidente de la Coalición Cívica ARI y senador provincial de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, se refirió en FM De la Calle al espionaje ilegal con fines políticos sobre organizaciones y referentes bahienses durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Más allá de que estamos preocupados por este intento de hacer caer la causa Cuadernos, esta investigación nos lleva a ver que si esto ocurrió es muy grave y berreta”, dijo el funcionario.

Agregó que “hemos sido críticos de la actuación del juez (Alejo Ramos Padilla) vinculado al operativo de tratar de hacer caer la causa Cuadernos, pero desde la Coalición Cívica de todas maneras hemos tenido una posición crítica respecto de organismos de inteligencia”.

“Además de ser condenable lo vemos como algo berreta, no vemos ni siquiera que tenga un sentido, ni siquiera un sentido perverso, es preocupante, repudiable y queremos que se investigue”, remarcó De Leo.

En relación a las responsabilidades políticas sobre el accionar delictivo de la AFI de Cambiemos mencionó que “está claro que se debe investigar y avanzar. Si los servicios de inteligencia se dedican a hacer un ciberespionaje nos preocupa porque cualquiera pueda ser víctima. Se trató de un revelamiento bastante berreta, lo cual no le quita la gravedad del caso y si hay responsabilidades políticas me parece muy bien que se las investigue”.

“Desde la Coalición siempre dijimos que los servicios de inteligencia se han dedicado a cuestiones de política interna. Históricamente han cobrado vida propia y algunos gobiernos han querido utilizarlos y terminan siendo víctimas ellos mismos”.

“De (Silvia) Majdalani habíamos fijado postura crítica y habíamos pedido que sea reemplazada porque no estaba cumpliendo con lo que pensamos que tiene que hacer”, dijo en relación a la segunda autoridad de la AFI, procesada junto a Gustavo Arribas y otros funcionarios de la ex Side.

Al ser consultado sobre si tenía conocimiento sobre el accionar de la AFI local De Leo dijo: “Honestamente, no”.

“Desconocíamos absolutamente y tampoco sabemos cuál era la intención de una investigación como esta. No le encuentro ninguna clase de sentido, no veo ni tensión política, me parece lamentable que se haya querido buscar una línea en este sentido”, señaló.

En su fallo, Ramos Padilla se detiene en la persecución a los gremios docentes en el contexto de la paritaria y la campaña electoral de 2017. “La situación del conflicto docente era algo de la tensión política razonable en democracia, podríamos pensar distinto con la dirigencia sindical pero no vimos ninguna situación que pudiera pensarse en estos niveles”.

Jorge Sebastián Novais, era el titular de la delegación local de la AFI durante el espionaje. De Leo mencionó que no lo conoce: “Es la primera vez que me entero de su existencia”. Junto a él otros tres espías conformaban la sede local en el marco del proyecto ilegal.

“Lo que me preocupa es que quien tiene la capacidad de remover esto es el gobierno y esperamos que se lo haga con un sentido, donde hay una intención del gobierno a través del juez de hacer caer la causa de los Cuadernos”, finalizó.

El juez federal Walter López Da Silva dispuso y concretó la semana pasada la detención de cuatro ex militares en cumplimiento de la resolución de la Cámara Federal por la cual se hizo lugar al recurso interpuesto por la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad para que se les imponga la prisión preventiva.

Las capturas de los cuatro imputados tienen como antecedente la resolución dictada por el tribunal de alzada el 3 de diciembre, por la cual se confirmó su procesamiento por el delito de abuso deshonesto contra una víctima que permaneció cautiva en la compañía Combate My. Keller del Batallón de Comunicaciones 181 y se ordenó que fueran detenidos.

Los militares detenidos son el ex jefe de sección, Enrique Stel; el ex oficial de Estado Mayor, ex ayudante del jefe de la Unidad y ex jefe de Sección, Raúl Esteban Andrés; el ex jefe del Grupo Artillería, Vicente Alfredo Flores; y el ex jefe de grupo, Eduardo Carlos Videla.

Los cuatro imputados revistaron durante 1976 en aquel destino. La compañía tuvo una destacada participación en la ejecución de los operativos de secuestros y constituyó el principal grupo de tareas con el cual contaba el batallón.

El juez López Da Silva solicitó cupo al Servicio Penitenciario Federal para alojar a los cuatro ex militares, aunque decidió que a raíz de la pandemia de COVID-19 cumplan la medida cautelar en sus domicilios.

Esa resolución fue recurrida por la Unidad Fiscal. No es la primera vez que estos imputados son detenidos pero se encontraban en libertad porque habían sido excarcelados en otros expedientes.

En el recurso ante la Cámara Federal, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, sostuvo que la decisión apelada se apartaba de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia. También señaló que no se habían analizado los peligros procesales que provoca la omisión del dictado de la medida cautelar.

Los cuatro militares detenidos a raíz de la decisión de la Cámara Federal fueron imputados de varios hechos de violencia sexual, pero ese tribunal consideró que había prueba suficiente para uno de los hechos, calificado como abuso deshonesto, que tuvo como víctima a una mujer. Respecto de los demás hechos, dictó el sobreseimiento. La Unidad Fiscal informó que se encuentra en preparación el recurso de casación para revertir esa decisión. Para la representación del MPF el análisis desde una perspectiva de género en los procesos de lesa humanidad resulta determinante a la hora de demostrar el carácter sistemático de este tipo de conductas.

Con la confirmación del procesamiento de los doce imputados, el proceso se encamina hacia el primer juicio -el juez López Da Silva ya corrió traslado a la fiscalía para que solicita la elevación del caso a debate oral y público- en el que se juzgará a miembros del Ejército Argentino por delitos sexuales ocurridos en centros clandestinos bajo su jurisdicción. En 2015 el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca encontró responsables por este tipo de delitos a varios integrantes de la Armada Argentina.

Fuente: fiscales.gob.ar

Representantes de organizaciones que fueron espiadas ilegalmente por la base local de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri se manifestaron esta mañana para repudiar la persecución.

Nuestro compañero, Astor Vitali, dijo que “quien ha sido un elemento central en la conducción de Cambiemos en la provincia, el intendente Héctor Gay, tiene que decir si sabía, si fue parte y dar toda la información y una respuesta a la comunidad. No es a quienes estamos aquí a quienes han perseguido sino a referentes del pueblo de Bahía Blanca”, afirmó.

Destacó que, a diferencia de lo realizado en otras jurisdicciones, la AFI en nuestra ciudad incluyó el seguimiento a un medio de comunicación -como FM De la Calle– y a organismos oficiales como la Universidad Nacional del Sur.

“En los 90 la radio también había padecido espionaje ilegal desde la DIPPBA, similitudes entre el menemismo y el macrismo”, recordó.

Mencionó que muchas de las personas señaladas en el informe son “compañeros y compañeras con los cuales nos hemos encontrado en la calle, en nuestro caso a través de radios abiertas, durante el macrismo y con algunos nos seguimos encontrando ante situaciones que consideramos injustas”.

Vitali saludó en nombre de FM De la Calle “a las personas y organizaciones a las cuales este informe nos liga, al compañero Gabriel Cena que estuvo al frente de la radio durante muchos años y a la radio de la Universidad Nacional del Sur”.

“Se señala que de la radio participan todos los movimientos de izquierda, de pueblos originarios, populares y alguna que otra cosa más. Claramente eso es una radio comunitaria, un espacio del que participan y que abrimos a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales que consideren que la comunicación es un derecho. Para eso estamos y renovamos nuestro compromiso en ese sentido”.

“La inteligencia debería estar abocada a problemas más graves. A la trata, al narcotráfico. El mismo año que nos estaban investigando salía el cargamento de Bobinas Blancas y cuanto no sabremos que habrá salido. Ni que hablar de los crímenes financieros, se investiga a la militancia política, social y cultural mientas se saquean recursos a través de mecanismos, algunos legales otros ilegales, que vacían los recursos de la población”.

Foto: Raúl Gallardo.

“Referente del SADOP. Aliada al Frente para la Victoria”, detalle de estudios y militancia sindical son los datos registrado por la inteligencia ilegal macrista sobre la actual concejala del Frente de Todos Analía López.

La gremialista dijo a FM De la Calle que “no consideré que pensaran que era una amenaza para ellos, estoy intentando interpretar por qué tenerme en la mira de su espionaje”.

“Esto demuestra que uno siempre ha estado alineado y militando del lado correcto, de la justicia social y del lado de un gobierno nacional y popular. Aquellos que están del lado contrario, que nos consideran una amenaza tenían la mirada puesta en nosotros”, apuntó.

López señaló que su militancia política es anterior a la sindical: “Estoy afiliada al PJ desde los 18, milité en la unidad básica en Villa Mitre, tuve un impasse mientras me dediqué a criar a mi familia y luego retomé en la militancia sindical y fui profundizando el activismo político. Uno sabe que tiene un cierto grado de exposición, de cuestionamiento de las y los otros que piensan distinto, esa exposición termina perjudicando a los más directos que nos rodean, mis hijos y esposo lo saben y me bancan”.

“Nací a la militancia política junto con la democracia, cumplí 18 años en ese momento, pensé que habíamos dejado atrás esas prácticas oscuras propias del Proceso, evidentemente no ha sido así”, destacó.

López argumentó que “la dirigencia sindical docente ha sido la más constante, ha estado fuertemente ligada al espacio político peronista kirchnerista y ha sido la que ha mostrado una oposición más dura en las prácticas antilaborales que perjudicaban a sus representados. Cambiemos ha tomado nota de eso y había un ensañamiento con el sector docente. Tiene que ver con políticas de persecución a quienes se oponían al proyecto que ellos proponían”.

Desde la delegación de SADOP local emitieron un comunicado en repudio a lo sucedido en la ciudad y con la sede de Mar del Plata, también víctima del espionaje.

“Se me puso la piel de gallina cuando me lo mandaron”, dijo a FM De la Calle Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales ante la aparición en los informes de espionaje realizados por la Agencia Federal de Inteligencia.

“Te espían sin autorización, vulnerando cualquier principio legal. Hemos sido un sindicato muy aguerrido, defendiendo los derechos de trabajadores en el gobierno de Héctor Gay, somos referentes de la sexta sección, un sindicato que no deja que se vulneren los derechos, todo eso lleva a pensar ¿por qué no me lo van a hacer?”, destacó.

Agüero destacó que es un sentimiento “ambiguo, por un lado porque te sentís mal, no hubo un solo dirigente de Cambiemos -porque convivimos con el poder político, desde el presidente del Concejo hasta los demás funcionarios- que haya dicho somos solidarios, no convalidamos este procedimiento de cualquier gobierno, tampoco tuve el llamado del intendente”.

“Cuando veo el tweet de un colega tuyo y deja foto en blanco y negro se te pone la pile de gallina porque te hace volver a los años 70”.

Comparo el sentimiento con “un robo en tu casa porque decís lo material no importa, porque lo que más duele es que se metan en tu intimidad, pienso en mis hijas y que nadie haya salido a decir nosotros no convalidamos esta situación. Evidentemente estamos atravesando una grieta más grande de lo que cualquier oyente puede entender”.

“¿Me escucharon lo que hablaba por teléfono? ¿Me siguieron? ¿Me buscaron en Wikipedia? Uno nunca sabe lo que hay detrás de esta investigación, esto es el Estado, esto es terrorismo de Estado”, apuntó el gremialista.

Agregó que se presentarán como querellantes: “El staff de abogados del sindicato está evaluando a ver si presentan una demanda judicial porque somos víctimas”.

“Estas cuestiones te dan un poco más de fuerza, significa que estamos haciendo bien las cosas, leí el informe integro, asusta porque sabían muchas cosas más de lo que uno cree. No hay peor cosa que se vulnere la privacidad de las personas”, finalizó.

“Más allá de mí, están atacando a la institución”, señaló a FM De la Calle la ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, espiada por la AFI cuando era subsecretaria de Derechos Humanos de la institución.

Agregó que la noticia la tomó por sorpresa aunque “no me debería sorprender del anterior gobierno. Dije ¡ay Dios! gastaron su tiempo espiándome a mí. Después estaba muy indignada”.

“A esta gente todo lo que sea Secretaría de Derechos Humanos le paran los pelos, fui funcionaria, están atacando a un área creada democráticamente, que es autárquica y autónoma”, subrayó.

La ex funcionaria de la alta casa de estudios mencionó: “Después me fui enterando del listado, a todas las organizaciones sociales, a los partidos de izquierda, a la radio de ustedes, a los sindicalistas”.

“Macri asumió procesado porque espiaba a su propia familia, era la cabeza de Juntos por el Cambio y ahí lo integra también el radicalismo. Un partido centenario, democrático, que tuvo en Alfonsín a un tipo que defendió a los Derechos Humanos y que ahora no digan nada, no es solo acá en Bahía. A mí no me llegó que el radicalismo como partido condene estas prácticas de la dictadura”, resaltó.

Respecto a la labor de la Subsecretaría destacó que “había sido una universidad muy atacada, nos presentamos como querellantes del caso de Watu, no solo por lo que había pasado con los desaparecidos y los crímenes en la UNS sino porque hay muchos otros casos que siguieron en la actualidad. Aparecen (en las fichas) tres o cuatro actividades que desarrollamos que tienen que ver con Memoria, Verdad y Justicia, teníamos un Consejo Asesor que lo integraban todas las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad”.

Durante su mandato, Vaquero señaló que “había presentado la defensa en temas de género, de defensa laboral, el término derechos humanos es muy amplio. Fui una de las impulsoras de la Red de Derechos Humanos de todas las universidades del país, teniendo la memoria viva sobre todo”.

“Me pone contenta, algo bueno debo haber hecho para haberlos molestado”, concluyó.

Entre la documentación secuestrada en la base de Bahía Blanca de la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de la investigación sobre el espionaje ilegal se encontró el archivo titulado “informe_organizaciones.docx”.

Para el juez federal Alejo Ramos Padilla “resultó ser un insumo que finalmente dio lugar a otro caratulado informe_abril2017.docx, en el cual se retoma la información contenida en el anterior y se agregan otros datos”.

Allí se menciona el listado completo de las organizaciones sobre las cuales recayó el seguimiento ilícito del gobierno de Mauricio Macri en nuestra ciudad hasta abril de 2017.

–Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).
–Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur.
–Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA Bahía Blanca).
–Centro de Educadores Bahienses en la Federación de Educadores Bonaerenses (CEB–FEB).
–Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS).
–Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP Bahía Blanca).
–Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STM).
–Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).
–Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC).
–Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
–Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
–Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA).
–Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.).
–Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos (SUPA).
–Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
–Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
–Partido Obrero (PO).
–Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
–Frente Popular.
–Patria Grande.
–Partido Comunista.
–WATU – Corriente Comunista.
–Frente del Colectivo Pueblo en Lucha.
–Grupo 83.
–FM De la calle.
–Unidad Socialista Para la Victoria (USPV).
–Federación Juvenil del Partido Comunista.
–Tesis XI.
–Cardumen.
–Puño y Letra – Estudiantes para la Liberación.
–Franja Morada.
–La Caldera – Unión de Juventudes por el Socialismo.
–Frente Único de Estudiantes en Lucha (FUEL).
–Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca.
–Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
–Pan y Rosas.
–Plenario de Trabajadoras (PDT).
–Corriente Clasista y Combativa (CCC).
–Partido Comunista Revolucionario (PCR).
–Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).
–Movimiento Evita.
–Unidos y Organizados.
–La Cámpora.

El juez Alejo Ramos Padilla confirmó que la sede bahiense de la AFI realizó espionaje ilegal “con un objetivo netamente político” durante el gobierno de Mauricio Macri. La base local, creada a principios de la década del 70, estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais.

“Es dable destacar que la producción de información no se limitó, como en otras bases relevadas, a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles, sino que en este caso se relevaron incluso medios de comunicación, como la radio ‘FM de la calle’, y organismos públicos como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur”, subrayó el magistrado.

El fallo incluye un informe de abril de 2017 con el seguimiento a 43 organizaciones: “Las características del documento se condicen con las de un mapa político de la ciudad de Bahía Blanca. Las referencias a la afinidad ideológica de personas y organizaciones, su carácter de opositoras al gobierno, la reseña de las actividades políticas más relevantes en las que participaron y las imágenes de sus referentes no permiten otra interpretación”.

El “Proyecto AMBA” consistió en la instalación de seis bases de  inteligencia en el conurbano -Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes- desde mediados de 2016, a las que se sumaron las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en la provincia durante 2017.

Oficialmente debían “investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas” aunque se probó que “se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”.

Para ello se reclutó a 70 personas que se sumaron a los 20 agentes que revistaban en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. La delegación local estaba a cargo de Jorge Sebastián Novais, quien ingresó a la AFI en 1995 y se jubiló en junio de 2017, ocasión en la cual fue contratado nuevamente.

“A pesar de sus esfuerzos por mostrarse lejano –geográfica y funcionalmente– a las labores de las restantes bases de inteligencia provinciales, lo cierto es que aquella división interna de la base bahiense pasó a depender directamente, desde abril de 2017, de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, la que tenía ámbito de competencia en toda la provincia y no sólo sobre el conurbano bonaerense”, dijo el juez.

La resolución advierte que una mirada comparativa a los acervos documentales de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) y de la AFI “permite identificar el modo en que la Agencia Federal de Inteligencia, a través de las bases que nos ocupan, vino a reinstaurar institucionalmente una serie de prácticas ilegales”.

El Proyecto AMBA “dio lugar o cobertura a una intensa red de inteligencia ilegal que se había iniciado unos meses antes y logró un conocimiento bastante acabado de todas las actividades de tipo de actividad política, en las que se incluyen las acciones de protesta, las articulaciones políticas de cada zona, los referentes, los movimientos de los intendentes, las estructuras locales de los partidos políticos y de cada agrupación de base, gremial, entre otras”.

Docentes en la mira

Durante la campaña electoral de 2017, la cual llevaría al ministro de Educación Esteban Bullrich al Senado, el espionaje puso el foco sobre los sindicatos docentes y sus organizaciones de base. Entre muchos otros: ADUNS, Suteba, CEB-FEB y Sadop. Este es solo un ejemplo de la persecución a objetivos específicos dentro de la planificación ilegal.

Además del fichaje de algunes referentes de los gremios bahienses se encontró en los archivos una publicación de la Confederación de Educadores Argentinos titulado “Formación y entrenamiento sindical para dirigentes, delegados y afiliados del sector docente”.

“No se advierte cuál era la hipótesis de afrenta a la seguridad interior, la defensa nacional o qué investigación sobre delitos complejos pudo motivar a que la Agencia Federal de Inteligencia tuviera en su poder un manual de formación sindical para el sector docente”, manifestó Ramos Padilla.

Por otra parte, el juez subrayó que “la delegación Bahía Blanca tenía en su poder una base de datos de todas las personas que participaban de la vida política institucional de la Universidad Nacional del Sur, con sus números de documento y legajo universitario”.

Falta de mérito para el jefe local

Ramos Padilla dictó la falta de mérito con prohibición de salir del país y una caución de diez millones de pesos para Novais.

En su declaración, el imputado manifestó que su jurisdicción era muy grande y no tenía recursos humanos ni tecnológicos para hacer su tarea. Respecto a sus superiores afirmó que “no nos daban ni cinco de bolilla”. El juez destacó que el espía se refirió a la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires como “Dirección AMBA” o directamente “AMBA” y a la base que tenía a cargo como “base AMBA” y que insistió que “fuera del área del conurbano bonaerense poco podía aportar”.

Además de la distancia que intentó establecer con la actividad ilícita de la AFI en el conurbano, el jefe local declaró: “Realmente es prácticamente imposible que haya hecho algún tipo de inteligencia porque en Bahía Blanca tanto 2015, 2017, 2019 con amplia mayoría el partido que estaba en ese momento –perdón, el gobierno que estaba en ese momento– ganó ampliamente, entonces realmente no tengo ninguna, nada que decir con respecto a eso”.

Para el magistrado, de esta manera, Novais “asume que la inteligencia de tipo política sólo se realiza frente a un panorama electoral adverso”.

“La información hallada vinculada a la Base AMBA, si bien en su mayoría es anterior a la asunción de Novais, da cuenta de un amplio registro ilegal de inteligencia y que es compatible con la misión que les fue asignada formalmente y por resolución escrita, a todos quienes integraran la estructura de inteligencia dependiente de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, Novais incluido”, agregó.

Otro de los espiados por la AFI en Bahía Blanca durante la presidencia de Mauricio Macri es José Lualdi, a quien señalan como cabecilla del Partido Comunista (PC).

En el informe de la ex SIDE se señala que el PC tiene un “centro de ‘adoctrinamiento’ llamado CEFMA”. El dirigente, en la actualidad, participa de La Watu – Corriente Comunista, otra de las organizaciones espiadas ilegalmente.

“Parece paradójico que hoy que la Comisión Provincial por la Memoria está exponiendo (en el Juicio Triple A) cómo se manejaba la inteligencia desde los años 50 en adelante aparezca este informe. No es una novedad ni es patrimonio del gobierno anterior, el Estado siempre espía a quienes pensamos diferente, como si fuéramos subversivos”, comentó a FM De la Calle.

Agregó que “venimos trabajando desde la Central (CTA) para ver si podemos, más allá de las diferencias, dar una respuesta colectiva, una conferencia de prensa de todos los sospechados. Yo lo califico como una barbaridad, era un ataque que parecía habíamos superado en el imaginario colectivo”.

Señaló: “Mi preocupación es si seremos capaces de dar esta respuesta política colectiva, para demostrarle a quienes nos espiaban que no vamos a tolerar este tipo de avasallamiento a las libertades y a la propia Constitución”.

Por último, en relación a las reminiscencias con el espionaje durante la última dictadura cívico militar, Lualdi mencionó que “no deja de ser preocupante porque hasta sin darnos cuenta nos acostumbramos. Es muy grave que se vuelvan a repetir estas cuestiones después de lo que ha pasado. Que un gobierno elegido democráticamente vuelva a incurrir en esta cuestión de espiar al conjunto de los opositores, intentar generar miedo y zozobra es una actitud que repudiamos”.

El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó a las autoridades y varios integrantes de AFI durante el macrismo por espiar a referentes y organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos y medios de comunicación de la oposición entre 2016 y 2017.

Entre las delegaciones que participaron de la tarea de inteligencia, aparece señalada la de Bahía Blanca, y dentro de la larga lista de los espiados se encuentra Sergio Zaninelli, secretario general de ADUNS.

“Lo que siento es que algo bueno estábamos haciendo si nos espiaba la AFI ilegal de Macri”, dijo el dirigente a FM De la Calle.

“En Bahía hay muchos informes y coinciden con los referentes y referentas de organizaciones que estuvimos en las calles durante todo el periodo macrista manifestándonos contra sus políticas de ajuste. Algunas nos seguimos manteniendo en esa línea a pese a que Macri haya perdido las elecciones”, agregó.

“Lo grave es que con Macri se instaura la inteligencia ilegal. El gobierno de Macri quería información centralizada de lo que ocurría, en el 2017 fueron las primeras elecciones legislativas y en las que Cambiemos se ponía en competencia siendo presidencia, querían datos de las bases. Dice Padilla, un ensañamiento particular con las gremiales docentes, hay 45 informes de diversos sindicatos. Acá en Bahía al único que nombra es ADUNS, eso también deja en claro que los sindicatos docentes a todo nivel combatimos duramente las políticas de Mauricio Macri”.

En 2017, con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, “se le reclamaba a estas agencias que informaran las acciones que se llevaban a cabo entorno al pedido de aparición con vida y de hacer un testeo de como afectaba la imagen de Cambiemos la desaparición de Santiago”.

En el ámbito local, Zaninelli destacó que el responsable es “Jorge Sebastián Novais, que se jubiló en julio del 2017, al mes siguiente lo contrata la AFI y lo asigna como jefe de Proyecto AMBA en Bahía. Relata que poco podían hacer porque tenían 4 agentes, dos vehículos y equipamiento obsoleto. Por eso los informes que hacían se relevaban obteniendo las noticias de internet”.

“Cuando Cambiemos pierde en 2019 en la base de Mar del Plata se destruyó mucha información, algo se pudo rescatar. Novais vive en Bahía, tiene una empresa de servicios aéreos, compartimos la calle con él. Le tomaron declaración, no lo procesó pero le prohibió la salida del país”

En relación al rol que debería cumplir la Agencia Federal de Inteligencia, el gremialista señaló que “su función es otra, prevenir ataques de terrorismo internacional, investigar el narcotráfico a gran escala, no investigar a organizaciones sindicales y políticas. Esas manifestaciones son públicas, legales y legítimas”.

Concluyó que “es lo que hacía el terrorismo de Estado en al dictadura o la Triple A, que no solamente hacían investigación sino que asesinaban a los investigados. Me acordé mucho de la DIPPBA, es un poco eso. Esta claro que tenemos más herramientas para estar alertas y para protegernos de estas ilegalidades”.

“Más allá de la nueva prueba insistimos con que hubo una incorrecta interpretación de la prueba que ya había en la causa. La Cámara de Casación Penal y la Corte no entraron a revisar, eso quedó allí dando vueltas y es lo que plantea la defensa de Massot. Hay que convertir esa decisión en un sobreseimiento o en un procesamiento”, dijo a FM De la Calle el fiscal Pablo Fermento.

Fue luego del pedido de ampliación de la indagatoria y posterior procesamiento al ex propietario de La Nueva Provincia, Vicente Massot. El juez Walter López Da Silva deberá analizar nuevamente la causa y decidir si ratifica o no el fallo exprés que el abogado Claudio Pontet entregó al empresario en 2015 para prolongar su impunidad.

“Pontet reconoce que el diario, la empresa y la familia apoyaban la prédica de la dictadura y la lucha contra la subversión pero que solo lo hicieron en lo que él considera un aspecto legal de esa lucha y no en el genocidio que funcionaba en la clandestinidad. No existe una lucha contra la subversión legal sino que existió un proceso legal para ocultar lo que sucedía”, argumentó.

Más info: “Habla el juez que benefició a Massot”

Fermento subrayó que “el discurso del diario, de toda la producción editorial y periodística estuvo abocada a un llamamiento al exterminio y no a detenciones legales, hay pedidos de pena de muerte y el ejercicio de la violencia irrestricta sin medias tintas. La prédica del diario fue ir a más allá y correr el rumbo del proceso por derecha en cuanto al ejercicio de la violencia, siempre pidiendo más”.

Massot y los servicios de Pinochet

En relación a la prueba nueva, Fermento señaló que “se trata de los archivos que se secuestraron en el 78, 79, del agente chileno Arancibia Clavel. Cuando se da el conflicto del Beagle pierde su apoyo y termina detenido y torturado por la dictadura, eso quedó en una causa y muchos años después se pudo desempolvar”.

“Ya en el año 74, Arancibia Clavel conformaba la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) chilena que uno de los contactos que había establecido en la actividad ilegal era Vicente Massot. Señala que lo vinculaba una amistad antigua y que Massot le pidió información para realizar una campaña contra el marxismo en Perú y que se reunía con el grupo directivo de Cabildo uno de cuyos fundadores era Massot”, añadió.

Fermento resaltó que “detectamos reportes a sus superiores e informes que tienen que ver con infiltraciones ideológicas en distintos ámbitos de la ciudad que tienen correlato con las publicaciones de la revista Cabildo como El Fortín, a tal punto que en algunos casos aparece la crónica con fecha posterior al reporte de Arancibia Clavel. Eso es una confirmación de las publicaciones pidiendo limpieza y hablando de soviets en el diario, en la universidad, en los gremios. Vemos esta confirmación dos años antes de los hechos que imputamos a Massot y consideramos que se rebate lo que señalo Pontet de que Massot era joven y recién se iniciaba en el periodismo y que no tenía gran incidencia en la empresa. Dos años antes tenía vínculos con el jefe de la DINA, lo hacía en plena colaboración con los servicios locales”.

Otra línea de investigación que se incorporó está relacionada a la persecución a los sectores progresistas de la Iglesia Católica, a partir de documentos y testimonios ya reseñados en esta nota.

¿Cómo sigue la causa?

“Está para resolver por el juez, el pedido de la defensa y la contestación de nuestro dictamen que es sobreseer o procesar. De hacer lugar a las medidas probatorias que solicitamos se va a abrir la prueba previo a un nuevo auto de mérito. Siempre es apelable, la diferencia es que los procesamientos confirmados por Cámara permiten pedir la elevación a juicio, independientemente de lo que siga. El Código Procesal permite avanzar en juicio aún cuando hay recursos pendientes. López Da Silva es el que evalúa toda la prueba”, detalló el fiscal.

Triple A: el juicio en pandemia

En relación a las audiencias del Juicio Triple A, Fermento señaló que “el balance es muy positivo, pudimos retomar un juicio casi desde el inicio en plena pandemia, hicimos un gran esfuerzo para que no quedara encorsetado en una reunión por zoom, se lograron las transmisiones por el canal de la UNS”.

“El papel de la audiencia no está previsto por el Código pero es fundamental, son las personas que vivieron esta historia y mucha gente se acercó a contar situaciones y pedir declarar. Se marca la importancia de que estas causas lleguen a juicio, no pueden morir en un expediente cerrado. Causas como las de Massot merecen que lleguen a juicio y sean ventiladas ante la sociedad, merecen una mirada institucional particular”, finalizó.

La última audiencia de 2020 será el próximo jueves desde las 9 cuando se escuche a la perito de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Berlingeri.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó la ampliación de la indagatoria de Vicente Gonzalo Massot, la revocación de la falta de mérito y el dictado de su procesamiento por los crímenes contra la humanidad en los que habría tomado parte el diario La Nueva Provincia en la ciudad de Bahía Blanca y la región.

En el mismo escrito, dictaminó que se rechace el pedido de sobreseimiento formulado por el defensor del acusado, y pidió la producción de nuevas medidas de investigación. Las presentaciones  se produjeron luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara, el 30 de julio de este año, un recurso contra la falta de mérito dictada en 2015 en primera instancia, que había sido confirmada en 2016 tanto por la Cámara Federal de Apelaciones bahiense como la Cámara Federal de Casación Penal.

Relación de Vicente Massot con Arancibia Clavel

El pedido fue fundado en el análisis de un conjunto de pruebas que no se encontraban disponibles al dictarse la resolución de falta de mérito, entre la que se destacaron los archivos secretos que fueron secuestrados al agente chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, condenado por los crímenes contra la humanidad cometidos en el país contra opositores políticos al régimen de Augusto Pinochet, cuyo grupo de tareas -según el Informe Rettig- tenía “el objetivo de conocer, controlar, detener y aún eliminar a opositores chilenos asilados o que vivían en el exterior y realizaban allí actividades estimadas peligrosas para el gobierno militar”.

Se trata de reportes que el agente remitía periódicamente a la Dirección de Inteligencia chilena, sobre el progreso de las operaciones desarrolladas en territorio argentino. En uno de estos documentos (memorando N° 5, del 29 de octubre de 1974), Arancibia Clavel informa cómo uno de los “contactos establecidos” en el país, el de “Gonzalo Massot, subdirector de la revista CABILDO (nacionalista de derecha y dueño del diario, televisión y radio de Bahía Blanca, [quien] me pidió material informativo sobre el armamentismo peruano para hacer una campaña en los medios que él controla sobre la penetración soviética en América Latina. También con Gonzalo me une una antigua amistad”.

El pedido de Massot luego se vio reflejado en artículos sobre la penetración marxista en Perú, publicados tanto en el diario La Nueva Provincia como en la revista El Fortín en los días posteriores al memorando.

Otro de los reportes (número 9-A, del 3 de diciembre de 1974), vuelve a hacer referencia a la revista Cabildo, informando: “Mi relación con su equipo de redacción son muy buenas y mantengo una reunión semanal con ellos”.

A partir de la documentación recabada, la presentación de la fiscalía concluyó sobre el conocimiento que Vicente Massot disponía sobre aspectos que se mantenían en los más estrictos niveles de clandestinidad, tales como la verdadera identidad del agente chileno y la naturaleza de la actividad de espionaje que realizaba: “el propio pedido de información en el marco de una campaña de propaganda anticomunista, determina que el trato y la amistad de MASSOT no era con el ‘banquero’ Luis Felipe ALEMPARTE [identidad de cobertura], sino con el agente de información clandestina Enrique Lautaro ARANCIBIA CLAVEL”, indicó la representación del MPF.

El pedido de procesamiento también se detuvo en el idéntico propósito que tenía el intercambio de información entre Massot y Arancibia Clavel, consistente en la producción de operaciones psicológicas antisubversivas. En el caso del chileno, se trató –entre otras– de la “Operación Colombo”, montada para presentar al público la desaparición de 119 chilenos como sus muertes atribuidas a peleas internas de los movimientos de izquierda en Argentina.

Según los fiscales, en el caso de Massot, el destino de la información para operaciones psicológicas no sólo fue graficada con el memorando comentado, sino también a través de otros artículos publicados en las revistas Cabildo y su sucesora El Fortín, cuyo contenido reproduce párrafos literales de los informes especiales que Arancibia Clavel giraba a la DINA. El caso más llamativo es del Memorandum 34-C, del 17 de abril de 1975, que contiene un informe especial titulado “IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ORTODOXA AMERICANA”, cuyo texto fue literalmente transcripto un día más tarde en la revista El Fortín.

La fiscalía solicitó que esta prueba sea valorada de manera conglobada con las relaciones demostradas entre Massot y el comandante del 1er. Cuerpo Guillermo Suárez Mason y el general Acdel Vilas, tratadas en anteriores presentaciones en la causa judicial.

Persecución de religiosos progresistas

Otros de los nuevos elementos probatorios analizados en la presentación se trata del diario del obispo Victorio Bonamín y la revista Nro 18 del Servicio de Documentación e Información Popular Latinoamericano (SEDIPLA) de junio de 1975, relacionados con el asesinato del sacerdote salesiano y vicerrector del Instituto Superior Juan XIII Carlos Dorñak en la ciudad de Bahía Blanca.

Dorñak fue ultimado en la residencia de los padres salesianos el 21 de marzo de 1975, misma madrugada en que fueron secuestrados María Isabel Mendivil y Fernando Antonio Alduvino, en un raid delictivo que incluyó el intento de secuestro de Carlos Entraigas y la hermana Norma Gorriarán y la colocación de una bomba en el domicilio de Jorge Riganti. Los cadáveres de Mendivil y Alduvino fueron hallados acribillados junto a caminos vecinales. Los hechos forman parte del juicio a la Triple A de Bahía Blanca, que se encuentra en curso en la actualidad.

El clima de asesinatos, amenazas y atentados motivó al padre Juan Cantini, autoridad de la congregación salesiana, a solicitar ayuda al provicario castrense Victorio Bonamín, quien dejó registro de la reunión en su diario personal: “Según el registro en los diarios de Bonamín, la respuesta emitida fue la siguiente: “Lo aconsejé: 1) tratar con la Marina de P. Belgrano; 2) Idem Sub Jefe Policía Bs. As.; 3) Reconciliarse con ‘La Nueva Provincia’”.

La crítica situación que atravesaba la comunidad cristiana de Bahía Blanca fue descripta en un informe especial de SEDIPLA publicado en junio de 1975, en el que se transcribe una carta dirigida “POR TODOS LOS PARROCOS Y DIRECTORES DE COLEGIOS CATOLICOS DE BAHIA BLANCA” al presidente de la Confederación Episcopal Argentina solicitando que se garantice su seguridad. En el mismo número, se reseña la respuesta a los religiosos emitida por el diario La Nueva Provincia, en su editorial del 25 de mayo de 1975, titulada “Colegios Católicos y Autoridades. No se Puede Sembrar Violencia Y Esperar el Fruto de la paz…”.

El dictamen fiscal reproduce distintos pasajes del artículo periodístico, en el que la familia Massot advierte que “…muchos de los que hoy se lamentan están recogiendo lo que sembraron” y que “Se dejó que ocurrieran cosas que no fueron denunciadas –y si, auspiciadas– como ignorando que ‘quien siembra vientos recoge tempestades’”.

Apuntando a los religiosos, el diario predicaba que “ciertos núcleos religiosos –que hoy firman junto a santos sacerdotes– sembraron la semilla de una violencia que, mientras no los tocó, prefirieron ignorar, cuando no labrar… Los lamentos de los culpables no atenúan esta realidad”. Luego cerraba su discurso con “un llamado a los padres de los alumnos… Son los padres los que deben mantener una estricta vigilancia… Se acabó el tiempo de los arrepentimientos tardíos, más aun si están en juego el futuro y la salud moral de los hijos”.

La prueba reseñada llevó a los fiscales a preguntarse: “¿de qué manera puede interpretarse el mensaje de condena, justificación de los ataques cometidos y a cometer (trasladando la culpa a las víctimas) y llamando a la población a participar activamente del señalamiento de los blancos, como una adhesión que se limitaba a un supuesto costado legítimo de la denominada lucha contra la subversión (como tuvo para sí el auto de mérito sobre MASSOT), pero que nada tenía que ver con la actividad criminal cometida en ese marco?”.

Y relacionando el editorial con los consejos de Bonamín, explican los representantes del MPF en el escrito: “Reconciliarse con La Nueva Provincia no significaba otra cosa que atenerse al (auto) disciplinamiento que exigía el diario en el editorial comentado, puesto que de otro modo la violencia (las tempestades) continuaría. No sólo ello: el hecho de que la reconciliación tuviera que ser específicamente con la familia MASSOT, indica que no alcanzaba con aquel auto-disciplinamiento, sino se obtenía la aprobación (perdón) por parte de aquellos empresarios. Para que la situación de persecución cesara, el acto de perdón no debía provenir de ninguna autoridad política, militar y/o de seguridad, sino de la familia MASSOT”.

El que siembre vientos…

Otra de las constancias probatorias valoradas fue el testimonio prestado por Eduardo Alfredo Tindiglia en el juicio a la Triple A, en el que relató la entrevista que mantuvo con el sacerdote fallecido José Del Col, testigo presencial del ataque a la residencia salesiana de la que resultó el asesinato de Dorñak. Según Tindiglia, Del Col le habló de una carta que los salesianos recibieron por aquellos días, firmada por el grupo de los 30, en la que utilizaban la misma frase elegida por los Massot: “el que siembra vientos, cosecha tempestades”.

Según la presentación, aquel episodio fue también relatado en el mismo número de SEDIPLA, en el que se hace referencia a “una carta que recibieron una semana después de la muerte del P. Dorñak, el arzobispo de Bahía Blanca y el Inspector Salesiano Juan Cantini, anónimamente firmada por ‘30 católicos’”. En la nota, los firmantes reclamaban “una buena limpieza en el Juan XXIII” y anunciaban “la hora… de entrar en acción”.

Tocar el pianito

También analiza el pedido de la fiscalía la declaración de Higinio Calamita en el mismo juicio. El testigo relató que en el transcurso del año 1974 concurrió al diario de los Massot para publicar una solicitada convocando a un congreso político. Dijo que le pidieron que ingresara por un lugar, dentro de la empresa, diferente a aquel en el que se recibían tales publicaciones, en donde dos policías de uniforme le tomaron las huellas digitales (“me hace tocar el pianito”).

Para su sorpresa, tanto el episodio como el contenido de la solicitada fueron asentados en las planillas de antecedentes que sobre el testigo administraba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), en donde se deja registro de que “la solicitada no fue publicada y el importe de la misma se le restituyó al Dr. Raúl José Reyes”, tal como reseña el escrito de la fiscalía.

Los fiscales relacionan el hecho con un dato que ya fue señalado en el anterior pedido de procesamiento: por aquel entonces, la persona elegida por la familia Massot como jefe de seguridad era el subcomsario Héctor Ramos, 2do. Jefe de la delegación SIPPBA, quien –según un documento de inteligencia de la Prefectura citado en la presentación– se encontraba investigando un proceso de infiltración subversiva dentro de la empresa.

Los obreros gráficos asesinados

El dictamen explica que aquél se trata del mismo archivo de inteligencia en el que se señalaba a los obreros gráficos de la firma Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola encabezando la lista del personal a ser “raleado”, y en el que se dejaba constancia del “proceso de sabotaje, ampliamente documentado por la empresa día a día por actas notariales que obran en su poder y denuncias tanto públicas, como a los comandos militares y navales de la zona. En ellas se podrán encontrar, llegado el momento, elementos de juicio con respecto a altos funcionarios gubernamentales y sindicales en extremo comprometedores”.

Ambos obreros fueron secuestrados de sus domicilios. Sus cadáveres fueron hallados el 4 de julio de 1976 en el paraje conocido como la Cueva de los Leones. Por tales hechos también se encuentra imputado Vicente Massot, quien interviene en varias de las actas notariales –agregadas a la causa– a las que se refiere el informe de inteligencia.

Los fiscales solicitaron que también sea revocada la falta de mérito por la participación del acusado en ambos homicidios: “la línea de continuidad detalladamente descripta por esta fiscalía en la presentación de hjs. 1123/1448 –que va desde la activa militancia gremial de ambas víctimas exclusivamente dentro de la empresa, las reiteradas denuncias –amenazas mediante– emitidas por el medio (a través de editoriales, notas al Ministerio de Trabajo, denuncias de sabotaje ante autoridades militares con entrega de constancias notariales) sobre la existencia de un caso de infiltración subversiva (‘soviet […] de nuestra propia casa’ decía en sus páginas el diario), las intimidaciones y los atentados contra empleados activistas, y el pedido personal realizado por la directora del medio al Comandante de la Zona 5 para que se encargue de ambos obreros luego asesinados bajo la advertencia de que sino habría que hacerlo ‘por izquierda’– no puede analizarse al margen de la serie de constancias traídas a cuenta, en las que los MASSOT aparecen: estableciendo contactos con un agente de inteligencia condenado por crímenes contra la humanidad, y concertando y coordinando con el mismo operaciones psicológicas ‘antisubversivas’; participando de amenazas contra grupos religiosos vinculados al tercermundismo, y justificando asesinatos, atentados e intentos de secuestro, bajo la consigna de transferencia de culpa a tales sectores y aquellos que no los controlaran; cobijando a agentes de inteligencia de jerarquía de la policía provincial dentro de la empresa, para desbaratar la infiltración interna (nuevamente, el soviet en su casa) y ejercer inteligencia sobre el público”.

Discurso de exterminio

Para la fiscalía, la prueba del propósito de exhortación y justificación del exterminio está dada por el discurso diario e incalificable que sostenía el medio periodístico: “existen doscientos treinta y siete ediciones diferentes en las que, en las páginas del diario, se aborda la ‘lucha contra la subversión’, de las cuales en ciento setenta y siete ediciones le agregaron (textualmente) a la ‘subversión’ los siguientes verbos: eliminar, aniquilar, combatir, luchar, matar, atacar, extirpar, limpiar, erradicar y estado de guerra.

De dicho acervo documental, destacaron los siguientes pasajes:  “[…] llegó el día en que las Fuerzas Armadas […] asumieron el control de la Nación y comenzaron a realizar, sin tolerancias ni indiferencias, la tarea que se imponía sin más demoras: rescatar al país del caos –en todos sus órdenes-, y aniquilar a la subversión”; “o se derrota a la subversión marxista y a todos sus aliados hasta su aniquilamiento o ésta persistirá en su intento de tomar el poder”; “el paulatino aniquilamiento de las hordas insurrectas”; “aniquilamiento del enemigo solapado”, “¿Aniquilada la subversión […] arribaremos, naturalmente, a la tierra de paz? ¡No! […] recién se habrá cerrado el primer capítulo […] habrá que […] defenderse de todos los males que casi la llevan [a la Nación] a su quiebra definitiva […]”; “[…] es preciso ganarles la guerra. Y ésta debe librarse en todos los campos donde se presente, sin descanso, ininterrumpidamente, hasta tener certeza de que han sido aniquilados”; “[…] tomar medidas revolucionarias y –séanos permitido decirlo– totalitarias en el campo donde la subversión ha calado hondo […]”; “¡Qué ironía el que, en esta nueva guerra no convencional, los comunistas demuestren ser más capaces que las sociedades abiertas en sus esfuerzos por incorporar a sus filas a un máximo de fuerzas que los secunden!”; “soslayar las medias tintas y empeñarse en un esfuerzo patriótico y mancomunado para extirpar el flagelo subversivo”; “aniquilar la subversión en todos los ámbitos”; o “exterminar a la guerrilla”; “La subversión es una hidra de siete cabezas. Apenas se ha cercenado una de ellas; restan, pues, seis más”; “El período ‘normalizador’, si bien despejó las malezas del camino en cierta medida, no logró completar su cometido en la proporción aconsejada por las circunstancias”; “Cuando el campo esté limpio de malezas”; “Más que hablar de la guerra, hay que hacer la guerra”.

Fuente: fiscales.gob

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana con 131 votos el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo 117 votos en contra y 6 abstenciones.

Fue tras un extenso debate que se prolongó durante más de 20 horas, mientras manifestantes ‘verdes’ y ‘celestes’ siguieron las alternativas de la sesión durante toda la noche en las inmediaciones del Congreso y, en nuestra ciudad, en Plaza Rivadavia.

La iniciativa fue girada al Senado, que deberá debatir si transforma o no en ley el proyecto.

En los últimos 25 años, más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Sudáfrica, Uruguay modificaron su legislación  reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres.

Finalmente la mamá de Facundo, Cristina Castro, recusó a la jueza Gabriela Marrón. En el escrito presentado por sus abogados sostiene que la actitud de la magistrada tuvo “un antes y un después” de la recusación contra el fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

“Su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad”, manifestó.

Tras el rechazo al pedido de secuestro de celulares policiales y el allanamiento al puesto de Teniente Origone, Castro le reprochó a la jueza: “Seguramente para la sociedad sea ‘fácil creer que haya sido la policía’ como usted manifestó, más si las medidas de coerción son denegadas. No hay manera entonces de refutar ciertas hipótesis”.

Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que Marrón perdió la imparcialidad y adelantó que la denunciarán al Consejo de la Magistratura.

El abogado cuestionó “la actuación de Marrón a partir del 13, 14 de abril, con el chico en Bahía al que le pegó la policía. Se abre un protocolo donde ya no te llevan a la comisaría y te hacen un ‘acta volante’. Esa información no es la oficial pero la jueza no recibe más en formato papel. El 26 de junio recién recibe la causa de Facundo. Eso es un antecedente de porqué la Policía tenía esa carta blanca para hacer lo que quería sin rendir cuentas a la jueza”.

La magistrada “dejó de controlar, uno ve la diferencia entre las causas que empiezan el 1 de mayo con el dr. López Da Silva, él sí pide las actas en formato papel, había una demora de unos días pero llegaban. Eso es muy importante cuando nadie ve como irregular que a Facundo lo hayan parado tres veces”.

Otros de los motivos de la recusación son “la denuncia que le hace a (Luciano) Peretto por una supuesta filtración cuando ese Juzgado es un colador y la denuncia que pretenden hacer a Marcos Herrero. Además, desconfía del relato de la víctima -de lo que dice Cristina de la sandía-, es una abogada más de los policías, no incorpora la prueba, además del esfuerzo que realiza por dar por sentado hechos que no están en el expediente”.

“Marrón, en la recusación al fiscal, cita una serie de fallos y nos explica muy bien cuál es el comportamiento de un fiscal respecto de la víctima. Después de toda esa manifestación, entendemos que el comportamiento fue dejar hacer y dejar pasar entre la jueza y el fiscal. El fiscal no pide medidas de prueba, no apela nada. Se quedó esperando a ver cómo se archiva la causa”, destacó el letrado.

“En este caso particular, como no había personas mencionadas, lo que hace es delegar toda investigación en Fiscalía, una vez que delega no puede investigar como ella quiere. Está metiendo pruebas que son absurdas e ilógicas las formas de llegar a esas conclusiones. Está forzando los resultados y las pruebas para proteger policías”.

Otras novedades

Más allá de la recusación, en los últimos días declaró nuevamente la ex novia de Facundo. “Contó cómo el 7 de julio a las 10:30 la llevaron hasta el Penna para que diga que la ropa (que se halló en el lugar) era de Facundo. Sin orden de nada. Esto aparece a partir del 18 de agosto en el expediente, dos días después que aparece el cuerpo. Insiste la Fiscalía y aparece el acta. (…) El comisario Bezos le dijo que se quede tranquila que estaban trabajando”.

Aparicio mencionó que tuvieron otra audiencia por la activación de un celular a nombre de Facundo a las 11 de la mañana del 15 de agosto, día en que aparecieron los restos del joven. “La empresa nos dice que vende chips y el kiosco los revende. Esta empresa nos dice que tiene zonas de Mar del Plata ¿Cómo puede ser posible que este chip que alguien pide a nombre de Facundo tenga característica de Bahía? ¿Que cuando lo activa pide un número diferente y la segunda es un call center?”.

Un testigo declaró en el juicio a ex integrantes de la Triple A que el hotel de Brown al 600 podría haber sido un lugar de reunión de la patota comandada por el diputado nacional Rodolfo Ponce y el rector de la UNS, Remus Tetu.

Se trata de Luis Sellán, quien vivió hasta 1977 en la casa aledaña al Hotel Canciller. Afirmó que en los años previos al golpe de Estado se veían movimientos sospechosos de hombres armados. “Siempre me quedó la duda. Yo creo que fue una especie de centro de operaciones de las Tres A”.

En diálogo con FM De la Calle, Sellán recordó que el hotel de los hermanos Liberman solía tener pasajeros de la zona que visitaban ocasionalmente la ciudad. Así fue hasta 1974 o 1975.

“Un día no estuvieron más y fue ocupado por un grupo de hombres. La particularidad es que se instaló una guardia permanente frente al hotel, un auto durante las 24 horas con armas largas tipo itacas, fusiles, todo a la vista. Entraban y salían del hotel”, dijo.

El testigo contó que “eso duró bastante tiempo, al principio tuvimos un poco de miedo, yo fui seguido cuando salía en mi auto en dos oportunidades. Siempre me quedó la idea de que ese hotel fue alquilado o cedido a este grupo y funcionaba como un cuartel de operaciones”.

“Después de las diez u once de la noche se empezaban a escuchar golpes fuertes, como si alguien se golpeara contra la pared, nunca recuerdo haber escuchado gritos. Los golpes eran casi todos los días, era no solo misterioso sino preocupante”.

Comentó que “algunos días el auto que estaba de guardia se juntaba con otros que venían a esa hora, había un grupo de cinco o seis personas que salían con bolsos, se subían a los autos y se iban. Era probable que a la mañana siguiente nos enteráramos de alguna persona encontrada en el boliche Landa o en La Vitícola”.

Destacó que los vehículos “eran siempre los mismos”: un Fiat 1600 azul, un Dodge Polara verde y de vez en cuando un Falcon. También solía verse un patrullero de la Policía Bonaerense que aún tiene una de sus sedes a la vuelta, sobre calle Pueyrredón.

Sellán ofreció su testimonio a la Fiscalía luego de escuchar la declaración de Benjamín Stochetti. “Yo pertenecía al coro universitario pero tenía dos hermanos que cantaban en el del Juan XXIII con el cura Dorñak. Había una relación de amistad, él y los otros curas que vivían en la casa del Juan habían sido compañeros de Seminario de dos de mis hermanos. Además, muchos de los integrantes del coro también eran del coro universitario. Me enteraba por los amigos las cosas que iban pasando por las facultades”.

Por último, el hombre recordó que alrededor de las cuatro de la madrugada del 21 de marzo de 1975, tras el asesinato de Dorñak, fue con uno de sus hermanos hasta la sede salesiana. “Estaba cortada la calle por la policía, no pude más que acercarme hasta ahí como otra gente y nada más”.

Héctor Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero son los imputados en el juicio que continuará los días 3 y 4 de diciembre desde las 9 de la mañana con transmisión por Youtube en Audiovisuales UNS.

Se cumplen tres años del asesinato de Rafael Nahuel en el contexto de la defensa de un territorio ancestral mapuche en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. El prefecto Javier Pintos fue señalado por la querella como autor del disparo que asesinó al joven por la espalda.

“El Poder Judicial se ha mostrado incapaz de investigar un caso donde está involucrado el poder, porque a Rafa lo mató el poder. La división de poderes indica que lo haga otro y ese otro no lo hizo, entonces, no sabemos qué pasó, un poder mató y el otro poder no hizo lo que tenía que hacer y eso lo padecen Graciela y Alejandro en un barrio humilde de Bariloche. El fracaso de ese sueño de un poder controlado y de un estado de derecho se ve en el rostro de una señora humilde en un barrio de Bariloche”, comentó a FM De la Calle el abogado de la familia, Sebastián Feudal.

El letrado afirmó que están convencidos “de que fue Pintos, lo dice la primera pericia. Desconfío de la segunda pericia de Gendarmería, que el juez ordenó con torpeza o mala intención. Les dio dos armas y Gendarmería dijo que no fue ninguna de las dos y de ahí no podemos salir al día de hoy. Después de eso no avanzamos porque por la pandemia se suspendió una tercera pericia. La orden es que se haga una pericia balística a los dos o tres días de la muerte de Rafita, estamos en ese mismo lugar”.

Feudal mencionó que después de la primera pericia el juez penal Leónidas Moldes, “hizo algo bastante difícil de comprender que es (caratularlo como) exceso en legítima defensa, eso fue recurrido por nosotros. En la Cámara de Fiske Menuko, Mariano Lozano, Richar Gallego y Ricardo Barreiro hicieron un fallo ejemplar: procesaron a Pintos por homicidio agravado de armas por ser funcionario público”.

“Hay una patrulla que dice vamos a hacer lo que queremos, agarraron las armas y se fueron a la montaña a dispararle a una comunidad indígena. Ninguno (de los mapuche) tenía armas de fuego, tiraron piedras y corrieron. ¿Quién persiguió a quién? ¿Quién le dio el diálogo a Michetti para decir que había movimientos tácticos y lanzas? No hay duda que los Albatros persiguieron a la comunidad, a menor altura hay prueba de balas de goma y ascendiendo a la montaña todavía se encuentran vainas de plomo. Los prefectos persiguieron ascendiendo a la montaña a la comunidad. La comunidad no respondió a la voz de alto y corrieron. Frente a la huida de los mapuche la patrulla los persiguió”.

Por otro lado, Feudal hizo referencia al reclamo territorial de la comunidad: “La gente tiene miedo a la propiedad comunitaria. ¿Cómo puede ser que en este sistema capitalista me hablen de algo no binario? Soy o no soy dueño. Acá apareció una figura ancestral que es una propiedad comunitaria y esto tiene estas reacciones increíbles. Es un derecho constitucional reconocido a partir del 94, que el Estado argentino históricamente ha incumplido. Los pueblos originarios tienen razón y les tienen que dar la tierra que les pertenece ancestralmente”.

En relación a la respuesta estatal tras el cambio de los gobiernos nacional y provincial, el abogado comentó que “hay un trato distinto, es decir, ahora no los matan. En el fondo hay incumplimientos de los gobiernos, la actitud es diferente porque en el gobierno que precedió a este los atacaron a los tiros, yo veo que ahora eso no pasa”.

Por último, subrayó que “a Rafa no lo matan en un intento de desalojo, no estaban intentando desalojar, habían cumplido con el desalojo y la comunidad se asentó a 1000 metros y nadie tenía que ir ahí”.

Imagen: Notas Periodismo Popular