Lesa humanidad: en 14 años se dictaron 250 sentencias con 1013 personas condenadas y 164 absueltas

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Hasta el 4 de diciembre hubo 9 sentencias, con 51 condenas y 7 absoluciones, lo que implica una caída respecto de años anteriores y una tendencia a la baja. Se consolidó la prisión domiciliaria como modalidad de detención.

El 70% de las sentencias espera revisión. Las etapas recursivas tienen las mayores demoras. Las causas en instrucción, advierte, necesitan “la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento”.

Los datos corresponden al Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina que contiene el diagnóstico realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Desde la reapertura de las causas fueron dictadas 250 sentencias desde 2006 en las que resultaron condenadas 1013 personas y absueltas 164.

El trabajo realizado por la oficina a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos sistematiza, procesa y analiza la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país que intervienen en este tipo de procesos.

Entre las principales conclusiones respecto del proceso de juzgamiento de estos crímenes durante 2020, la Procuraduría explica que “más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”. Entre otros datos, indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.

Asimismo, pone de relieve que “disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior [de 22 a 9], y el número de personas detenidas” (863 en la actualidad) y que “se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante”. El 74 % de las personas detenidas (unas 638) transita la detención en su domicilio, lo cual implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.

De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Las causas

En relación con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría puso de relieve:

  • Al 4 de diciembre de 2020 se registran un total de 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad.
  • De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 de ellas (un 70 %) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, lo cual significa que no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país; involucran a 150 personas en 39 causas.
  • La caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso -en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018”, cuando se dictaron 18 sentencias en todo el año, lo cual contrastó con las 27 de 2017.
  • Durante el ASPO, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11.
  • Existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que “además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido”, indica el informe.
  • El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción, “un número estable en todo el período” de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el MPF formuló requerimiento de elevación a juicio. Respecto de estos últimos números, son “los niveles más bajos registrados desde 2015”, señala.
  • En relación a las causas en instrucción, “el informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible”, valora la Procuraduría.

Las personas

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde 2006 a la actualidad 3448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad. En ese universo se encuentran incluidas las 1013 condenadas y las 164 absueltas.

Hasta el 4 de diciembre del año que culmina, obtuvieron sentencia 58 personas, de las cuales 51 fueron condenadas y 7 absueltas. De esta forma, se “consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018”, precisa.

Mientras tanto, “continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia”, dado que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria, mientras que 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

Otras variables relevantes están expresadas en los siguientes guarismos:

  • Son 276 las personas condenadas con al menos una sentencia firme, y 24 las absueltas: 27% y 15% del total en cada caso, respectivamente.
  • A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En todo el país se registran 29 prófugos.
  • De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

Los plazos

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y el dictado de la clausura de la instrucción por parte del juez es de 5 meses. Desde la elevación a juicio hasta el veredicto, pasan 2 años y 4 meses en promedio. Y entre la sentencia del tribunal oral y el último fallo de la Corte Suprema pasan 3 años y 7 meses en promedio.

En torno a las demoras en la conclusión de los procesos, la Procuraduría regresa en el informe 2020 sobre el concepto de “espiral recursivo”, el cual desarrolló en su balance correspondiente a 2019. Ese concepto tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados. Ello implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.

Fuente: fiscales.gob.ar

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Covid en el penal de Saavedra: “No les importa la vida del preso”

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En la Unidad Penal de Saavedra los internos conviven hacinados y prolifera la Covid 19. Así lo denunció uno de los detenidos, Gustavo, quien contrajo el virus y recién fue aislado cuatro días después de los primeros síntomas.

Tras una presentación de su abogado, el interno fue trasladado a un aula de la escuela del penal con otro interno. Sin embargo, comparten baño con otras catorce personas contagiadas.

Gustavo dijo a FM De la Calle que, a pesar de que no los hisoparon, se siente “bien” aunque tiene dolor de cabeza y náuseas.

“Tratan de taparlo pero la gente se va contagiando igual”, señaló.

En un pabellón con capacidad para sesenta personas hay 120. Muchos internos con prisión preventiva solicitaron la detención domiciliaria pero la Justicia rechazó los pedidos. Si bien para salir del pabellón tienen que utilizar barbijo, adentro se comparte el mate y escasean las medidas de higiene.

“Dentro de los pabellones hay gente de riesgo, diabética, no les dieron bolilla. Gente de más de setenta años, con discapacidad, hay una persona con bastón que camina muy dificultosamente”, agregó.

Señaló que luego de hablar con su abogado comenzaron a suministrarle la medicación requerida. “Acá hay cero derechos humanos, esto es culpa de la Justicia que tiene que descomprimir las cárceles. No les importa la vida del preso”, finalizó.

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#Es ley: “Tenemos derecho a jugar y a contarlo”

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¿Para qué sirve el cuerpo de las mujeres? ¿Sólo para procrear y ser cuidadoras? ¿Para el goce sexual y visual de los hombres? ¿Para vender productos y fantasías? No y no. Con sus cuerpos mujeres, jóvenes y niñas pueden (y deben) jugar, correr, abrazar, entrenar, transpirar, relatar historias y aventuras.

Negar el derecho a abortos legales, seguros y gratuitos era persistir en el mandato que el cuerpo a la mujer no le pertenece. Era continuar ese concepto de que un cuerpo gestante es de la sociedad y el sistema capitalista que lo utilizan para reproducirse y multiplicar desigualdades e injusticias.

Y fue así como el mundo del deporte fue alejado durante décadas del alcance de mujeres y disidencias con deseos y habilidades para ser protagonistas tanto en el juego, entrenamientos y competencias, como en planos dirigenciales, arbitrales o en diversas profesiones en torno a ámbitos deportivos.

Camila Recalde es periodista deportiva y comunicadora feminista. Ella fue parte de la transmisión especial de FM De la Calle en la jornada histórica en la que se debatió y aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el último 29 de diciembre en Plaza Rivadavia. Con ella conversamos sobre los derechos y desafíos que se amplían desde ahora.

“Debatir esta ley, es hacer explícito el derecho que tenemos para decidir sobre nuestros cuerpos. Que nuestras voces sean escuchadas y nuestros deseos respetados. En el deporte se hace muy notoria la falta de pluralidad de voces de género y disidencias. En Bahía Blanca somos solo dos las mujeres que hacemos periodismo deportivo en radio. Junto a Fabiola Natalio, durante mucho tiempo trabajamos y nos formamos para estar a la altura de cualquier tarea relacionada a esta profesión. Sabemos que hay muchas mujeres capaces de ser parte de coberturas y transmisiones deportivas y no son convocadas para estar frente a la cámara y a los micrófonos. Hay mucho potencial acá, pero permanece esa mirada patriarcal sobre qué podemos o no hacer”, explicó Recalde.

Por deporte… y deseo

Jugar, entrenar, competir y ser protagonista del deporte es un poder más construido desde los feminismos. Animarse a sentir en los cuerpos todas esas sensaciones que fueron negadas durante décadas era impostergable. Sin embargo, el periodismo deportivo avanza muy lento hacia una perspectiva de comunicación más democrática.

“Es muy difícil hablar de perspectiva de género en la comunicación cuando las mujeres y disidencias no estamos en los medios, cuando nuestras voces no son escuchadas para contar lo que nos pasa o sucede alrededor. Surgen varios problemas allí, sobre todo en el modelo de medios hegemónicos, que nos guste o no, es más masivos. En esos espacios sigue existiendo discriminación y violencias. Creo que con diálogo, capacitaciones y ejemplos de trabajo cotidiano podremos construir otra comunicación más inclusiva”, aseguró la periodista.

Y fue más allá: “Busqué relacionar aborto y deporte en noticias o crónicas publicadas y de eso no se habla. Hay algunas periodistas o deportistas que se proclaman a favor de ley IVE, pero enseguida salta la implicancia de hacer actividad física con los riesgos de abortar. Y ahí otra vez aparece la estigmatización y la desinformación”.

Nos fue censurado el deporte, como palabra y ejercicio. Y se nos había negado transitar las experiencias corporales que a su vez, nos enseñaban a tener conciencia de nuestros derechos para decidir cómo nos queremos ver y qué queremos para nosotres. Hoy la deconstrucción que muchas realidades reflejan está pariendo nuevas oportunidades, merecidas conquistas y necesarias transformaciones en tal sentido.

Camila, integrante además de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, fue contundente: “Ojalá el periodismo deportivo pueda estar a la altura, y sus masculinidades (algunas lamentables cómplices de violencias que se perpetúan) tengan la voluntad y sabiduría para revisar sus privilegios y correrse del centro de la cancha. Tenemos derecho a jugar y a contarlo. Podemos discutir sobre fútbol o cualquier deporte, estamos capacitadas para ocupar cualquier rol profesional: relatar, comentar, entrevistar, y además pensamos estrategias deportivas como política de cuidado e inserción social y laboral”.

Camila Recalde y Fabiola Natalio. Foto: Ayelen Angerami.

Nos mueve el deseo amoroso que condena la clandestinidad y el individualismo. Queremos libertad y salud para todas las personas gestantes. Para que puedan gestar sueños, proyectos, dudas y revoluciones, además de embriones. Gestar la vida que deseen vivir. Con cicatrices y triunfos elegidos. Como derecho conquistado y destino merecido.

Y no podríamos expresarlo mejor que Tamara, militante de Las Martas Fútbol feminista888… “En el jugar hay una potencia hermosa y en el juego colectivo esa potencia se vuelve infinita. Si le agregamos jugar a algo donde se suponía que no debíamos estar nosotras, si le agregamos que nuestros cuerpos ocupen (desde el deseo y el placer) espacios pensados sólo para hombres, la combinación conlleva una irreverencia imparable. El fútbol jugado por mujeres es fútbol feminista y eso es revolucionario. (…) Que las canchas y la vida toda, sean nuestras”.

Que la comunicación y el periodismo… también.

888 Declaración publicada en el libro Feminismo para Jóvenas, editorial Chirimbote.

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El Presidente promulgará la ley de aborto

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Será este jueves en un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. La ley amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

Entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La ceremonia, prevista para las 18.30, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladoras/es y funcionaries.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por la cámara alta el 30 de diciembre pasado, con 39 votos favorables y 29 en contra.

En el acto, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1.000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado.

Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.

Ahora, las mujeres podrán un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

En tanto, el plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

La IVE tiene como eje central la consagración del “derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo” en los servicios del sistema de salud “en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento”.

Fuente: Télam.

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#EsLey: en América Latina continúa la lucha feminista, anticapitalista y anticolonial

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A pocas horas de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el pasado 29 de diciembre, las noticias internacionales llegadas del otro lado del mundo anunciaban que Corea del Sur se sumaba a la lista de los países que legalizan el aborto hasta la semana catorce del embarazo.

Dos pequeños, pero importantes, pasos que parecen indicar que los países del Sur caminan en dirección a disminuir la gran brecha con los países de Norte en la garantía del derecho a decidir sobre los cuerpos. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar.

Como muestran los mapas que circularon en las últimas semanas, mientras la mayoría de los países llamados ‘desarrollados’ contemplan hace años el derecho al aborto, el panorama no es tan favorable en las regiones ‘subdesarrolladas’ o dependientes. En América Latina y el Caribe, se calcula que más del 90% de las personas gestantes en edad fértil están prohibidas de realizar prácticas voluntarias de interrupción del embarazo y, según la CEPAL, se estima que las cifras de muertes por abortos clandestinos superan los cinco mil óbitos anuales. Entre los pocos países que ya garantizan este derecho en la región están Cuba (1965), Guyana (1995) y Uruguay (2013), y el Distrito Federal (2007) y el estado de Oaxaca (2019) en México.

Aunque, como sucedía en Argentina antes de la reciente sanción, existen diversidad de normativas algunas de las cuales permiten el aborto dentro de una serie de supuestos como violación, riesgo de la madre y/o malformación del feto, el problema de acceso a la salud y educación público, y la desinformación se amarra a las graves desigualdades de clase, género y raza que impide la garantía de estas mínimas excepciones en la región. Ese es el caso de Chile, Colombia y Brasil, donde la inestabilidad política y el fuerte peso de las derechas católicas son un nítido obstáculo al avance de la democracia. Entre los países más restrictivos, podemos mencionar El Salvador, Haití y Honduras, donde la prohibición del aborto bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual. 

Para Claudia Korol, comunicadora feminista, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, la sanción de la ley avanza en la conciencia antipatriarcal de la sociedad no sólo en Argentina, sino que estimula las luchas en el resto de Abya Yala – el continente americano- por el derechos a decir sobre nuestras vidas, modos de estar y de decidir con autonomía sobre nuestro cuerpo. La lucha por la interrupción voluntaria del embarazo evidencia el crecimiento del poder feminista y “da más fuerza para seguir organizándonos contra las violencias con las cuales pretenden reglamentarnos”; sin embargo, advierte Claudia, una ley no garantiza en sí mismo el derecho y hay que continuar organizadas para que se reglamente en las provincias.  “Esperamos que salgamos más organizadas y, a partir de eso, construir desde abajo, desde el pie, desde la raíz, más fuerza para seguir la lucha antipatriarcal, feminista, anticapitalista y anticolonial”, dijo Claudia Korol en conversación con FM de la Calle en la previa a la sanción de la ley.

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Encuentro de querellantes y víctimas del espionaje político en la provincia

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Más de 60 referentes de organizaciones sociales y políticas, militantes de organismos de derechos humanos y sindicatos, familiares de víctimas de la violencia policial, docentes y estudiantes, participaron de un primer encuentro organizado por la Comisión por la Memoria (CPM) con el objetivo de informar sobre el estado de las causas que tramitan en los tribunales federales de Dolores, Lomas de Zamora, La Plata y Comodoro Py, en las que se que investigan las acciones de espionaje ilegal desplegadas entre 2016 y 2019 por el gobierno de Cambiemos.

Quienes participaron, entre ellas/os un representante de FM De la Calle, forman parte de las querellas o fueron víctimas principales del espionaje realizado en estos años.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, inauguró el debate explicando que el objetivo principal del espacio era “compartir información para poder reflexionar sobre la trascendencia de la inteligencia ilegal y el espionaje político e ideológico en la Argentina, visibilizarlo y fundamentalmente dejar de naturalizarlo. La CPM tiene una expertiz sobre estos temas, ya que desde su fundación le fue conferida la custodia del archivo de inteligencia de la ex DIPPBA”.

La experiencia de la CPM en el trabajo de investigación y peritaje de documentos de lo que fuera la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), la ubican como un actor clave para reflexionar en torno a las rupturas y continuidades de las prácticas de inteligencia ilegal en tiempos de dictadura y democracia, y proponer acciones concretas para definir políticas de Estado.

Por su parte, Sandra Raggio, directora general de la CPM, precisó que “la política debe comprometerse con la erradicación de la inteligencia ilegal, ya que no se trata de algo que haya quedado en la opacidad de los pliegues del estado represivo sino que, por el contrario, es una trama muy compleja que llega hasta nuestros días y constituye una de las vulnerabilidades de nuestra democracia”.

En el mismo sentido se expresó Víctor Mendibil, integrante de la CPM: “La democracia no ha resuelto muchas de las demandas que tiene nuestro pueblo y una de ellas son las acciones de espionaje ilegal que tienen el objetivo de perseguir, espiar y disciplinar al conjunto de la sociedad que resiste”.

Estas acciones de espionaje que investiga la justicia y cuyo blanco fueron centralmente personas que militan en organizaciones del campo popular, comenzaron a consumarse en decisiones políticas tomadas inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2015. A partir de ese momento volvieron las reservas sobre la identidad de los agentes de inteligencia y se repusieron los gastos reservados: el crecimiento del presupuesto de inteligencia entre 2016 y 2019 llegó a los 8 mil millones de pesos, de los cuales más del 90% fueron gastos reservados, imprescindibles parea el despliegue de acciones ilegales.

Luego, Federico Schmeigel, director del Programa contra la corrupción y la inteligencia ilegal de la CPM, expuso con detalle las características de esta red de espionaje que investiga la justicia en la que aparecen trabajando de manera articulada los referentes políticos de la AFI con ex comisarios de la policía bonaerense o agentes de la misma fuerza y el SPB. “Las bases creadas por el gobierno de Cambiemos en los puntos calientes del conurbano empezaron a funcionar de manera secreta entre 2016 y 2018. Aunque su objetivo formal era la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, las investigaciones muestran que su motor real era el espionaje social y político”.

Por estos hechos, el juzgado federal de Dolores acaba de dictar el procesamiento de 11 ex funcionarios y agentes de la AFI acusados de formar parte de una red de inteligencia ilegal en el AMBA durante los años 2017 y 2018. La prueba acumulada en la causa y los hechos acreditados revelan la gravosa magnitud del sistema de vigilancia política implementado durante la gestión CAMBIEMOS, con rémoras de viejas prácticas autoritarias. Las tareas de inteligencia ilegal alcanzaron a centenares de militantes opositores y de diversas extracciones políticas. Asimismo, se produjeron infiltraciones en partidos políticos, cooperativas, organizaciones sociales y  gremios.

Durante más de dos horas participaron del debate referentes de estas organizaciones espiados y abogados querellantes en las diferentes causas. Gabriela Troiano, diputada nacional mandato cumplido por el Partido Socialista, agradeció a la CPM por el espacio y la iniciativa de llevar adelante las acciones necesarias, y manifestó: “Esto es algo que no podemos dejar pasar, somos responsable de hacer las cosas que hagan falta para vivir en una democracia, y para eso tenemos que hacer cumplir sus principios básicos: el espionaje ilegal no está dentro de estas premisas, pertenecen a una etapa oscura de nuestra historia”.

Por su parte, Guillermo Torremare, abogado y presidente de la APDH Nacional, habló también como querellante en una de las causas. Desde ese lugar explicó que “lo que resulta novedoso en este caso es la magnitud y la línea de responsabilidad política en los acciones de inteligencia que se advierte en la investigación judicial y que están diseñados para orquestar una represión hacia sectores opositores o enemigos”.

El juez Alejo Ramos Padilla llama la atención sobre el impacto que estas acciones de espionaje han tenido sobre la educación. Son numerosos los casos de trabajadores de la educación y estudiantes espiados y perseguidos. Muchos de ellos estuvieron hoy presentes en el encuentro y como contracara de estas acciones represivas reivindicaron su derechos a la organización y la protestas por los derechos.

En este sentido, Sergio Zaninelli de ADUNS señaló que “cualquier gobierno que espía a los sindicatos por lo hacen en defensa de sus representados, nos espía porque somos un peligro para quienes nos gobiernan”. En este punto también resultó conmovedor el testimonio de Clara, joven de Moreno que tenías 16 años y era estudiante secundaria cuando fue espiada en 2016 por sus actividades políticas. Clara participaba del programa Jóvenes y memoria de la CPM y militaba en la JP Cámpora de su localidad.

Quienes participaron del encuentro coincidieron en reforzar la línea de investigación iniciada por los juzgados de Dolores y lomas de Zamora y permanecer en alerta ante posibles acciones que pretendan derivar estas causas hacía los tribunales de Comodoro Py con el objetivo de frenarlas y garantizar impunidad para quienes diseñaron e implementaron este plan de espionaje ilegal.

También hicieron uso de la palabra la Secretaria Adjunta de SUTEBA Maria Laura Torres, el Secretario de DDHH de la  Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Mariano Fernandez, y el Secretario de DDHH de la CTA Autónoma y ATE provincia, Emiliano Huevarillo. A ellos se sumaron representantes del CEPRODH y otras organizaciones presentes. Asimismo participaron la concejal platense Victoria Tolosa Paz y la consejera escolar de Mar del Plata, Eva Fernández.

Por otro lado, se remarcó la necesidad de hacer visible estos hechos ante la opinión pública y alertar a la sociedad, desde todas las organizaciones, sobre la gravedad que tienen para la vida institucional de la democracia. En este punto, desde la CPM se anunció la realización de un encuentro sobre democracia e inteligencia para el año próximo y la coordinación de una serie de acciones tendientes a generar mecanismos institucionales de control adecuados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: CPM.

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¿Qué es y a quiénes beneficia la prestación básica de telefonía, internet y TV?

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Desde hoy queda operativa y en plena vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria. Es para servicios de telefonía móvil, fija, internet y TV por cable.

Está destinada a personas que ya tienen un dispositivo móvil, un celular, pero que hasta ahora se manejaban con un Plan Prepago por falta de recursos. Esta modalidad de cargar cuando se cuenta con algo de dinero en el bolsillo tiene finalmente un costo mucho más caro.

La misma tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas.

“La Prestación Básica Universal persigue el horizonte de la expansión de derechos establecidos por el Gobierno nacional como lineamiento general para asegurar que todos los argentinos y argentinas gocen de las mismas oportunidades”, indicó el Delegado Regional del Encom, Nicolás
Bartolozzi.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 del Poder Ejecutivo Nacional, determina que la TELEFONIA CELULAR, TELEFONIA FIJA, INTERNET y la TELEVISION POR CABLE (TIC’s-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) son servicios públicos, esenciales, estratégicos y en competencia.

¿Cómo se concreta el Beneficio?

*Se debe completar esta declaración jurada, la cual se envía la misma a las Compañías de Telecomunicaciones.

*Las Empresas tienen la obligación de iniciar el trámite para el otorgamiento de la prestación, la disposición de Enacom es de cumplimiento obligatorio.

*No es necesario cambiar de Compañía, aplica para personas que ya tenían Servicio, o que lo pueden pedir desde cero.

¿Quiénes son los Beneficiarios de la Prestación Básica, Universal y
Obligatoria?

El Padrón de Beneficiarios está construido con anterioridad, es clara su individualización y alcanza los 10.000.000 de Argentinas y Argentinos.

Los Usuarios y Usuarias que podrán optar por adherirse a las Prestaciones Básicas, Universales y Obligatorias son los siguientes:

1) Beneficiarias y Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo. También están incluidos sus hijos e hijas entre los 16 y los 18 años, y los miembros de su Grupo Familiar (Padre, Madre, Cónyuge, Conviviente).

2) JUBILADOS y PENSIONADOS que perciban un Beneficio en Bruto menor o igual a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($41.000). También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

3) Usuarias y Usuarios inscriptos en el REGIMEN DE MONOTRIBUTO SOCIAL. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

4) Beneficiarias y Beneficiarios de PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

5) Trabajadores y Trabajadoras en RELACIÓN DE DEPENDENCIA que perciban una Remuneración Bruta menor o igual a 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

6) Trabajadores y Trabajadoras inscriptas en el REGIMEN DE MONOTRIBUTO, en una Categoría cuyo ingreso mensual no supere los 2 (dos) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También están incluidos sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

7) Usuarias y Usuarios que perciban SEGURO DE DESEMPLEO, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

8) Trabajadores y Trabajadoras incluidas en el Régimen de PERSONAL DE CASAS PARTICULARES (Ley 26.844), y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

9) Beneficiarias y Beneficiarios de una BECA DEL PROGRAMA PROGRESAR. (Jóvenes entre 18 y 24 años, Estudiantes Argentinos de Nivel Primario, Secundario, Terciario o Universitario, o que estén realizando una Curso de Formación Profesional). Además, todos los Jóvenes pueden navegar por las Páginas Web Educ.ar y Edu.ar sin costo alguno, sin consumir Paquete de Datos.

10) Personas que se encuentren DESOCUPADAS, o que se desempeñen en la ECONOMIA INFORMAL, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

11) Beneficiarias y Beneficiarios de PROGRAMAS SOCIALES, y también sus hijos e hijas entre 16 y 18 años.

12) Entidades de Bien Público tales como Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones, que no persiguen Fines de Lucro (Ley 27.218); Organizaciones Comunitarias con Reconocimiento Municipal; Clubes de Barrio y de Pueblo (Ley 27.098); Asociaciones de Bomberos Voluntarios (Ley 25.054).

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El aborto es legal en Argentina. Y ahora, ¿quién nos para?

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(Por Analé Barrera – Tramas Boletín) El aborto es legal en Argentina.

Lo digo para adentro, lo digo en voz alta. Una y otra vez.

Se lo digo a mi hija de tres años ni bien se despierta, como se lo dije en una canción de cuna improvisada con la media sanción en 2018.  

Lo hicimos.

Ahora vos y tus amigas no van a tener que pasar por el dolor de clandestinidad.

Ellas escucharán los discursos en el Congreso y les resultarán increíbles, de otro mundo; como cuando nosotrxs escuchamos los planteos de quienes se oponían al voto femenino.

Las imagino fuertes y diversas, luchando por demandas nuevas. Rebeldes, libres, sonriendo.

El aborto es legal en la Argentina.

Detrás de esta conquista hay una larga historia de lucha en las calles y también dentro de las organizaciones, en los lugares de trabajo, de estudio y hasta en la mesa familiar. Están los encuentros, las campañas, las marchas, los pañuelos verdes, los brillos, los cantos… y también las peleas menos estridentes, del día a día. Las pibas que hacen una vaquita o buscan unx médicx que se juegue a recetar para acompañar a una amiga, las trabajadoras de la salud que peleaban porque se cumpliera con la ILE por causales (reconocidas en el Código Penal de 1921), las docentes que escucharon, las socorristas, las compañeras, las madres, tías, abuelas y hermanas que sostuvieron la mano.

Descripción: Archivo-Hasenberg-Quaretti-8-de-marzo-1984-5
Manifestación del 8 de marzo de 1984. Fuente: El Cohete a la Luna.

El aborto, ¿es “cosa de mujeres”?

Cuando esos diputados y senadores “viejos chotos” (no hablo en términos de edad, sino de una categoría política; pensemos si no las emocionantes palabras de Pino Solanas en 2018) nos dicen qué tenemos que hacer y cómo… nos empieza a subir la bronca. ¿Cómo se atreven a forzar a mujeres ¡a niñas! a llevar un embarazo? Ahí decimos, sin vueltas: no tenés útero, no opines. Callate de una vez, Raúl.

Sin embargo, la identificación de la demanda por el aborto legal como tema únicamente de quienes podemos gestar, supone un reduccionismo si queremos hablar de qué estructuras sostienen la organización de la sociedad y cómo hacemos para cambiarlas.

Al recorrer la historia de las luchas feministas, vemos que desde el movimiento obrero y partidos de izquierda, con vocación de representar intereses de la clase trabajadora… se ha reforzado el planteo del aborto, entre otras demandas, como una cuestión privada, como “tema femenino” y, como tal, posible de tirar para más adelante, cuando se pueda, cuando no genere inconvenientes hacia adentro, en las alianzas…

En este sentido, el aborto legal no es (sólo) “cosa de mujeres”. Y debe ser un eje programático de cualquier movimiento que se proponga la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La noción fundamental de que las mujeres y personas con capacidad de gestar tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos remite a la autonomía personal, claro, pero también es esencialmente una cuestión social.

En la demanda del aborto legal se juega algo más.

Los sectores fundamentalistas que hablan de la “ideología de género” acá y en el mundo así lo entienden: creen que el aborto legal es la punta de lanza para otras transformaciones que destruirán a la sociedad y blablablá.

Y acá bien vale decirles: ojalá que se destruya la sociedad desigual que pregonan, así como sus discursos de odio misógino, homolesbofóbico, transfóbico, racista, xenófobo, aporofóbico. (Disculpen si sueno un poco beligerante. Pero con estos sectores que ponen porotos en todos los casilleros de la opresión, no hay coreadelcentrismo posible).

El aborto legal es entonces, en principio, “cosa de mujeres” (y de las personas con capacidad de gestar). Pero tiene implicancias que van mucho más allá.

Recuerdo la primera marcha de Ni una menos. ¿Qué tiene que ver el aborto con los femicidios? se escuchaba por ahí , en la que creo que fue la marcha más grande en la que participé en Tandil, ciudad donde viví 12 años. ¿Que qué tiene que ver? Todo. Y también con la brecha salarial de género, con la precarización, con los pisos pegajosos y el techo de cristal. Tiene que ver con el miedo a caminar solas por la calle, el tener que juntar la mesa mientras los varones de la casa se rascan, el dejar proyectos propios por cuidar a lxs hermanxs menores, hijxs, enfermxs y ancianxs…

La legalización del aborto viene a, por lo menos, horadar el mito que asocia “lo femenino” y lo natural, lo intuitivo, lo maternal y que nos confina al ámbito de lo privado y de la reproducción; legitimando así la desigualdad y las violencias de género que sufrimos en los distintos ámbitos de la vida.

Esta conquista hace que las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda. Porque en la base de la negación de nuestros derechos y de las violencias que vivimos, está la idea de que tenemos una calidad inferior; de que somos accesorias, definidas en relación a los varones. Otras.

Ahora podremos dejar de ser vistas como vasijas vacías y reclamar nuestra condición de personas. Tan básico y radical como eso.

Entonces… ¿Por qué decimos que la consigna (¡y la conquista!) del aborto legal nos lleva a otras?

Porque esta lucha ilumina el hecho de que si bien el mandato de la maternidad pesa sobre las mujeres en general, no todas lo vivimos de la misma manera. Asumir una mirada interseccional implica así saber que hay vivencias que nos unen como mujeres pero que no hay una esencia biológica o abstracta ahí: las decisiones sobre maternar o no se dan en situaciones concretas, cruzadas por opresiones de género así como de clase y raza.

Porque expone estereotipos de género y nos da herramientas para romperlos. En este proceso, el aborto legal es coherente y confluye, entre otras, con las demandas por generar condiciones para garantizar y proveer los cuidados implicados en la crianza y educación de les niñes… Para que no caigan mayoritariamente sobre nosotras y se distribuyan de forma equitativa entre mujeres y varones y, también, entre hogares, comunidad, Estado.

Porque la experiencia de lucha nos da perspectiva y organización para ir por más.

Levantemos la copa y el puño

Este nuevo derecho nos deja el invaluable aprendizaje de que luchar, sirve.

(Así lo demostraron también anoche lxs trabajadorxs de la huelga aceitera, que después de tres semanas le ganaron la pulseada a la angurria clasista de las agroexportadoras. Vaya nuestro saludo para ellxs).

Mañana brindemos y dejémonos arropar por esta alegría conquistada, que tanto necesitábamos. Que la noticia les dé más fuerzas a las compañeras que luchan en todos los países del mundo en los que el aborto aún es clandestino. Como nos gusta cantar a los gritos: ¡… se cuidan, se cuidan los machistas; América Latina va a ser toda feminista!

La cosa no termina acá: queremos una vida no sólo menos dolorosa, sino también más justa y feliz.

Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Y ahora… ¿quién nos para?

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Es ley

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Con 38 votos a favor y 29 en contra el Senado convirtió en ley el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hubo una abstención y cuatro ausencias. También se aprobó el Plan de los 1000 días para el acompañamiento a las maternidades deseadas.

La votación llegó a las 4:12, luego de doce horas de debate que fueron seguidas con vigilias frente al Congreso y en muchas ciudades del país. En Bahía Blanca el encuentro fue en Plaza Rivadavia desde donde FM De la Calle realizó una transmisión especial de la histórica sesión.

Con el correr de las horas se conocieron las posturas de las senadoras y los senadores que aun no las habían explicitado y fueron los que permitieron revertir el resultado negativo del debate del 2018 cuando el proyecto fue rechazado por 38 votos contra 31.

El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar un veto parcial de dos artículos para sumar, entre otros, el voto del ex gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck. El cambio implicará una mirada más restrictiva para la realización del aborto luego de la semana 14.

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Ratifican a la jueza Marrón en la causa de Facundo

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El camarista Pablo Candisano Mera ratificó a la jueza Gabriela Marrón al frente de la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

Para el magistrado las querellas encabezadas por Cristina Castro y la Comisión Provincial por la Memoria “no han logrado demostrar la existencia de elementos que abonen a la afectación de la garantía constitucional invocada”, es decir, el temor de parcialidad.

La causa continúa con apelaciones pendientes en la Cámara Federal bahiense y con la producción de medidas de prueba. Las querellas recurrirán nuevamente la resolución contra el apartamiento de Marrón y la denunciarán ante el Consejo de la Magistratura.

Defensa corporativa de la Bonaerense

Mediante sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la madre del joven de Pedro Luro cuestionó a la jueza por denegarles medidas de prueba orientadas a dilucidar la responsabilidad de la Policía Bonaerense en los hechos.

Se le reprochó a la titular del Juzgado Federal N°2 hacer “una defensa corporativa” de la fuerza de seguridad y reclamaron revisar el comportamiento de los efectivos en el marco de las infracciones por violación al aislamiento obligatorio.

La querella denunció que la Bonaerense actuó de manera discrecional, sin control judicial y con criterio de selectividad -apuntando a personas humildes y migrantes– y abusando de la fuerza física.

De hecho, Facundo fue interceptado en Mayor Buratovich y en Teniente Origone y no hubo consulta a la propia jueza Marrón ni al fiscal Ulpiano Martínez -ambos de turno-, ni lo trasladaron a su domicilio.

Por otra parte, la querella planteó una queja por las sospechas de Marrón sobre la propia Cristina Castro, su orden de investigar al perito Marcos Herrero y la denuncia contra uno de los abogados de la familia.

Al rechazar su recusación, Marrón advirtió “una deformación del instituto utilizado para apartar al juez natural de la causa, tergiversando el alcance y contenido de reglas básicas del debido proceso, de los derechos de las víctimas, las garantías constitucionales, la validez probatoria, descontextualizando las circunstancias y los hechos de la causa”.

Candisano Mera afirmó que “el temor de parcialidad en el juzgador, aun cuando no esté incluida expresamente en el catálogo de motivos o causales de apartamiento de magistrados reglados en el art. 55 del CPPN, resulta una causal válida de recusación”.

“Sin embargo, los supuestos de recusación no deben constituir para las partes un instrumento para separar al juez interviniente del conocimiento de la causa”.

El camarista sostuvo que “la Corte Suprema ha sostenido la improcedencia de la recusación de los jueces fundada solamente en su intervención oportuna en un proceso, en el marco de sus propias funciones”.

“No compartir el criterio utilizado por quien decide, sólo habilita al presentante a deducir los recursos pertinentes pero carece de entidad como supuesto objetivo capaz de generar un ‘temor de parcialidad’ que justifique su recusación”.

Candisano Mera manifestó que “más allá del acierto o no de aquellas decisiones y de la terminología utilizada, en razón de tratarse de una resolución dictada en cumplimiento de una obligación constitucional, sobre los puntos sometidos a su consideración, habilitada y fundada, descalifica de plano la alegada parcialidad, por no verificarse sospechas objetivamente justificadas que permitan afirmar –fundadamente– que la magistrada no utiliza como criterio de juicio el previsto por la ley”.

Por último, aclaró que aún están pendiente de resolución las apelaciones a muchas de las medidas tomadas por la jueza Marrón.

Foto: LB24.

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Ocho meses sin Facundo: “La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros”

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El 30 de diciembre se cumplen ocho meses desde la partida de Facundo Castro de Pedro Luro y de su interceptación por parte de efectivos de la Policía Bonaerense. Nada más se supo de él hasta que sus restos fueron encontrados a mediados de agosto en Villarino Viejo.

“La justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros, se nos hacen lentos pero en la tardanza han surgido siempre más pruebas que conllevan a no descartar la desaparición forzada y la muerte de Facu”, señaló Virginia Góngora, madre de uno de los amigos del joven.

Días atrás, la jueza Gabriela Marrón rechazó la recusación que en su contra habían planteado las querellas y la Fiscalía. Ahora es la Cámara Federal de Apelaciones la que debe definir si continúa o no al frente de la causa.

“En lo personal he pasado por todas las emociones, lo hemos vivido con tranquilidad, mis hijos, yo, el equipo Turmalina que son sus amigos. Nos hemos contenido muchísimo, siempre entre todos. Se que se va a hacer justicia, va a tardar. Confío plenamente en los abogados, esto no tiene que volver a pasar más”, afirmó Góngora.

Señaló que “se tranquilizaron los hostigamientos policiales gracias a que se hizo público”. Sin embargo, hace algunos días el Municipio de Villarino multó a un amigo del joven con más de 200 mil pesos por realizar una pintada pidiendo justicia.

“Pensamos que nos iban hacer pagar lo que hicimos como para dejar tranquila a la gente, pensé que quedaba así nomás. El intendente le puso precio al pedido de justicia”.

“Lo que queríamos era visibilizar, no dejar que la gente vea que se tiene que hacer justicia. Primero se había organizado hacer con stencil algo lindo, en color violeta, el color de Facu y después seguimos haciendo pintadas”.

Al momento de balancear los resultados de la semana que pasó Cristina Castro en Buenos Aires, durante la cual se reunió con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, entre otros funcionarios, Góngora manifestó que “fueron más palabras que promesas”.

“Personalmente no esperaba nada de los políticos pero no dejó de ser positivo que vaya a Buenos Aires, se integraron dos fiscales nuevos y eso hizo que se movieran un montón de cosas. Pero las palabras se las lleva el viento”.

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Avanza la designación de jueces para el Tribunal Oral bahiense

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Dos candidatos a integrar el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca expusieron esta semana en la Comisión de Acuerdos del Senado. Sus pliegos se tratarán en la sesión del próximo martes. Deberán intervenir en causas de lesa humanidad, trata de personas, narcotráfico y delitos económicos.

Son el fiscal Sebastián Foglia y el juez subrogante de Viedma Ernesto Sebastián. El tercer candidato es el juez Eduardo D’Empaire, cuestionado por ser uno de los autores de la condena a ocho años de prisión de Rosalía Reyes.

Por otra parte, Alejo Ramos Padilla fue respaldado para hacerse cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia.

Foglia planteó que tiene una trayectoria de veinte años en el Poder Judicial, catorce de ellos desempeñándose como fiscal del Departamento de Bahía Blanca. Realizó cuarenta juicios orales promedio por año y tiene a cargo a 25 personas.

En cuanto al TOF que pretende integrar describió que cuenta con veinte personas empleadas en tres secretarías: General, Ejecución y Lesa Humanidad. “Es el único del país que no tiene ninguno de los tres jueces. Los tres primeros habían jurado en el 95, en 2013 falleció uno, en 2015 se jubiló otro y desde 2018 no hay ninguno”.

“Hay 60 causas para realizar juicio oral y unas 70 personas detenidas con prisión preventiva a la espera del juicio. Esa es la labor prioritaria. El TOF tiene demoras de tres años o más en algunas causas”.

Foglia destacó que, fuera de la sede de Lavalle y Chiclana, en el edificio del Rectorado de la UNS funciona la sala de los juicios de lesa humanidad. “Ha sido un éxito abrir las puertas de esos juicios a la comunidad”, dijo y recordó que resta desarrollar un “megajuicio” en la causa Ejército: “Se puede realizar un juicio integral con todas las elevaciones de los últimos años que restan juzgar”.

Por su parte, el actual juez subrogante del Juzgado Federal de Viedma, Ernesto Sebastián, relató que ingresó al Poder Judicial hace veinte años y que conoce “perfectamente la jurisdicción” de Bahía Blanca.

“Vamos a implementar el sistema adversarial y en particular soy un ferviente partícipe de los juicios por jurados”, afirmó. Agregó que la reglamentación debería tener en cuenta la participación de pueblos originarios en provincias “como Rio Negro y Neuquén”.

En cuanto a la demora en el trámite de las causas del tribunal aseguró que “están limitadas a causas de narcotráfico de popularidad respecto a la gran cantidad de material de estupefacientes pero que están prorrogadas por Casación”. Una de ellas es la de Bobinas Blancas referida a las casi dos toneladas de cocaína secuestrada en el Parque Industrial bahiense.

Respecto al pago del impuesto a las ganancias por parte de jueces y juezas Foglia manifestó que es “justo y razonable”. “La intangibilidad en aras de la independencia del Poder Judicial no se ve afectada por el pago de un impuesto general, eso no puede eso constituir una persecución a los jueces. Hay que contribuir a solventar los gastos del país. No es una garantía sino un privilegio”.

Por su parte, Sebastián también se mostró de acuerdo y afirmó que “para alcanzar la igualdad de cargas públicas y de tributos deberían tributar todos los miembros de los tres poderes del Estado”.

Ramos Padilla se refirió a causas bahienses

Alejo Ramos Padilla subrogó el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca luego de que el Consejo de la Magistratura corriera a Santiago Ulpiano Martínez por obstaculizar las causas de lesa humanidad.

En el marco de la presentación de su candidatura para ser juez federal platense recordó que estuvo a cargo de los procesamientos del juicio pendiente en la causa Ejército mencionado por Foglia y Sebastián.

“Actualmente se está llevando adelante el primer juicio oral y público por los hechos llevados a cabo por la Triple A, me tocó dictar el procesamiento de aquellos miembros. En su momento llegué a convocar a prestar declaración indagatoria al propio presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, que no concurrió en tres oportunidades, fue declarado rebelde, y al poco tiempo el Consejo de la Magistratura llevó adelante una acusación y el tribunal de juicio, un día antes de dictar sentencia se le aceptó la renuncia. Me enteré que hace pocos meses el juez que vino cuatro años después retomó ese camino y lo procesó”, afirmó.

Recordó que tras relevar a Ulpiano Martínez encontró “un grave desorden, enorme, con centenares de personas privadas de su libertad a las que no se les resolvía su situación procesal, a los cuales no se les había tomado declaración indagatoria y más de treinta prisiones preventivas vencidas”. 

Se refirió a cuestionamientos recibidos de dirigentes de Juntos por el Cambio vinculados a la causa Suris y otras derivadas. “Estuve seis meses en el juzgado. Es difícil que a un juez le hagan un cuestionamiento por una demora de seis meses, eso alcanzaría como para no ahondar mucho más. Sin embargo hubo una investigación penal que duró cuatro años y que determinó que yo no demoré la causa sino que la avancé”.

Las acusaciones fueron ampliamente difundidas por varios medios, entre ellos La Nueva Provincia. “Había una investigación que involucraba a Juan Suris con una usina de facturas truchas. Esa causa la elevé a juicio. Había otra causa paralela en el tribunal oral por narcotráfico donde decretan la nulidad de lo actuado por el juez que me había antecedido, que era un secretario, Suris me plantea la excarcelación y digo que la causa tenía que ir rápidamente a juicio y se la deniego. Esta era la causa madre”.

“La otra era la de Ficadenti que era uno de los usuarios de estas facturas. Cuando uno investiga una evasión tributaria necesita una determinación contable. Le pedí a la Corte que determine quiénes habían sido los usuarios de esas facturas”.

Explicó que cuando llegó el primer informe parcial convocó a declaraciones indagatorias. “No solo acomodé el expediente desde el punto de vista procesal sino que la impulsé adecuadamente. Luego se hizo una investigación y el propio fiscal dijo que no había ninguna irregularidad de mi parte”.

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Espionaje de la AFI: para De Leo “es grave y berreta”

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El presidente de la Coalición Cívica ARI y senador provincial de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, se refirió en FM De la Calle al espionaje ilegal con fines políticos sobre organizaciones y referentes bahienses durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Más allá de que estamos preocupados por este intento de hacer caer la causa Cuadernos, esta investigación nos lleva a ver que si esto ocurrió es muy grave y berreta”, dijo el funcionario.

Agregó que “hemos sido críticos de la actuación del juez (Alejo Ramos Padilla) vinculado al operativo de tratar de hacer caer la causa Cuadernos, pero desde la Coalición Cívica de todas maneras hemos tenido una posición crítica respecto de organismos de inteligencia”.

“Además de ser condenable lo vemos como algo berreta, no vemos ni siquiera que tenga un sentido, ni siquiera un sentido perverso, es preocupante, repudiable y queremos que se investigue”, remarcó De Leo.

En relación a las responsabilidades políticas sobre el accionar delictivo de la AFI de Cambiemos mencionó que “está claro que se debe investigar y avanzar. Si los servicios de inteligencia se dedican a hacer un ciberespionaje nos preocupa porque cualquiera pueda ser víctima. Se trató de un revelamiento bastante berreta, lo cual no le quita la gravedad del caso y si hay responsabilidades políticas me parece muy bien que se las investigue”.

“Desde la Coalición siempre dijimos que los servicios de inteligencia se han dedicado a cuestiones de política interna. Históricamente han cobrado vida propia y algunos gobiernos han querido utilizarlos y terminan siendo víctimas ellos mismos”.

“De (Silvia) Majdalani habíamos fijado postura crítica y habíamos pedido que sea reemplazada porque no estaba cumpliendo con lo que pensamos que tiene que hacer”, dijo en relación a la segunda autoridad de la AFI, procesada junto a Gustavo Arribas y otros funcionarios de la ex Side.

Al ser consultado sobre si tenía conocimiento sobre el accionar de la AFI local De Leo dijo: “Honestamente, no”.

“Desconocíamos absolutamente y tampoco sabemos cuál era la intención de una investigación como esta. No le encuentro ninguna clase de sentido, no veo ni tensión política, me parece lamentable que se haya querido buscar una línea en este sentido”, señaló.

En su fallo, Ramos Padilla se detiene en la persecución a los gremios docentes en el contexto de la paritaria y la campaña electoral de 2017. “La situación del conflicto docente era algo de la tensión política razonable en democracia, podríamos pensar distinto con la dirigencia sindical pero no vimos ninguna situación que pudiera pensarse en estos niveles”.

Jorge Sebastián Novais, era el titular de la delegación local de la AFI durante el espionaje. De Leo mencionó que no lo conoce: “Es la primera vez que me entero de su existencia”. Junto a él otros tres espías conformaban la sede local en el marco del proyecto ilegal.

“Lo que me preocupa es que quien tiene la capacidad de remover esto es el gobierno y esperamos que se lo haga con un sentido, donde hay una intención del gobierno a través del juez de hacer caer la causa de los Cuadernos”, finalizó.

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Detienen a represores imputados por violencia sexual

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El juez federal Walter López Da Silva dispuso y concretó la semana pasada la detención de cuatro ex militares en cumplimiento de la resolución de la Cámara Federal por la cual se hizo lugar al recurso interpuesto por la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad para que se les imponga la prisión preventiva.

Las capturas de los cuatro imputados tienen como antecedente la resolución dictada por el tribunal de alzada el 3 de diciembre, por la cual se confirmó su procesamiento por el delito de abuso deshonesto contra una víctima que permaneció cautiva en la compañía Combate My. Keller del Batallón de Comunicaciones 181 y se ordenó que fueran detenidos.

Los militares detenidos son el ex jefe de sección, Enrique Stel; el ex oficial de Estado Mayor, ex ayudante del jefe de la Unidad y ex jefe de Sección, Raúl Esteban Andrés; el ex jefe del Grupo Artillería, Vicente Alfredo Flores; y el ex jefe de grupo, Eduardo Carlos Videla.

Los cuatro imputados revistaron durante 1976 en aquel destino. La compañía tuvo una destacada participación en la ejecución de los operativos de secuestros y constituyó el principal grupo de tareas con el cual contaba el batallón.

El juez López Da Silva solicitó cupo al Servicio Penitenciario Federal para alojar a los cuatro ex militares, aunque decidió que a raíz de la pandemia de COVID-19 cumplan la medida cautelar en sus domicilios.

Esa resolución fue recurrida por la Unidad Fiscal. No es la primera vez que estos imputados son detenidos pero se encontraban en libertad porque habían sido excarcelados en otros expedientes.

En el recurso ante la Cámara Federal, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, sostuvo que la decisión apelada se apartaba de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia. También señaló que no se habían analizado los peligros procesales que provoca la omisión del dictado de la medida cautelar.

Los cuatro militares detenidos a raíz de la decisión de la Cámara Federal fueron imputados de varios hechos de violencia sexual, pero ese tribunal consideró que había prueba suficiente para uno de los hechos, calificado como abuso deshonesto, que tuvo como víctima a una mujer. Respecto de los demás hechos, dictó el sobreseimiento. La Unidad Fiscal informó que se encuentra en preparación el recurso de casación para revertir esa decisión. Para la representación del MPF el análisis desde una perspectiva de género en los procesos de lesa humanidad resulta determinante a la hora de demostrar el carácter sistemático de este tipo de conductas.

Con la confirmación del procesamiento de los doce imputados, el proceso se encamina hacia el primer juicio -el juez López Da Silva ya corrió traslado a la fiscalía para que solicita la elevación del caso a debate oral y público- en el que se juzgará a miembros del Ejército Argentino por delitos sexuales ocurridos en centros clandestinos bajo su jurisdicción. En 2015 el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca encontró responsables por este tipo de delitos a varios integrantes de la Armada Argentina.

Fuente: fiscales.gob.ar

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“Gay tiene que decir si sabía, si fue parte y dar una respuesta a la comunidad”

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Representantes de organizaciones que fueron espiadas ilegalmente por la base local de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri se manifestaron esta mañana para repudiar la persecución.

Nuestro compañero, Astor Vitali, dijo que “quien ha sido un elemento central en la conducción de Cambiemos en la provincia, el intendente Héctor Gay, tiene que decir si sabía, si fue parte y dar toda la información y una respuesta a la comunidad. No es a quienes estamos aquí a quienes han perseguido sino a referentes del pueblo de Bahía Blanca”, afirmó.

Destacó que, a diferencia de lo realizado en otras jurisdicciones, la AFI en nuestra ciudad incluyó el seguimiento a un medio de comunicación -como FM De la Calle– y a organismos oficiales como la Universidad Nacional del Sur.

“En los 90 la radio también había padecido espionaje ilegal desde la DIPPBA, similitudes entre el menemismo y el macrismo”, recordó.

Mencionó que muchas de las personas señaladas en el informe son “compañeros y compañeras con los cuales nos hemos encontrado en la calle, en nuestro caso a través de radios abiertas, durante el macrismo y con algunos nos seguimos encontrando ante situaciones que consideramos injustas”.

Vitali saludó en nombre de FM De la Calle “a las personas y organizaciones a las cuales este informe nos liga, al compañero Gabriel Cena que estuvo al frente de la radio durante muchos años y a la radio de la Universidad Nacional del Sur”.

“Se señala que de la radio participan todos los movimientos de izquierda, de pueblos originarios, populares y alguna que otra cosa más. Claramente eso es una radio comunitaria, un espacio del que participan y que abrimos a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, culturales que consideren que la comunicación es un derecho. Para eso estamos y renovamos nuestro compromiso en ese sentido”.

“La inteligencia debería estar abocada a problemas más graves. A la trata, al narcotráfico. El mismo año que nos estaban investigando salía el cargamento de Bobinas Blancas y cuanto no sabremos que habrá salido. Ni que hablar de los crímenes financieros, se investiga a la militancia política, social y cultural mientas se saquean recursos a través de mecanismos, algunos legales otros ilegales, que vacían los recursos de la población”.

Foto: Raúl Gallardo.

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Espionaje de la AFI: “Esto demuestra que uno siempre ha estado del lado correcto”

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“Referente del SADOP. Aliada al Frente para la Victoria”, detalle de estudios y militancia sindical son los datos registrado por la inteligencia ilegal macrista sobre la actual concejala del Frente de Todos Analía López.

La gremialista dijo a FM De la Calle que “no consideré que pensaran que era una amenaza para ellos, estoy intentando interpretar por qué tenerme en la mira de su espionaje”.

“Esto demuestra que uno siempre ha estado alineado y militando del lado correcto, de la justicia social y del lado de un gobierno nacional y popular. Aquellos que están del lado contrario, que nos consideran una amenaza tenían la mirada puesta en nosotros”, apuntó.

López señaló que su militancia política es anterior a la sindical: “Estoy afiliada al PJ desde los 18, milité en la unidad básica en Villa Mitre, tuve un impasse mientras me dediqué a criar a mi familia y luego retomé en la militancia sindical y fui profundizando el activismo político. Uno sabe que tiene un cierto grado de exposición, de cuestionamiento de las y los otros que piensan distinto, esa exposición termina perjudicando a los más directos que nos rodean, mis hijos y esposo lo saben y me bancan”.

“Nací a la militancia política junto con la democracia, cumplí 18 años en ese momento, pensé que habíamos dejado atrás esas prácticas oscuras propias del Proceso, evidentemente no ha sido así”, destacó.

López argumentó que “la dirigencia sindical docente ha sido la más constante, ha estado fuertemente ligada al espacio político peronista kirchnerista y ha sido la que ha mostrado una oposición más dura en las prácticas antilaborales que perjudicaban a sus representados. Cambiemos ha tomado nota de eso y había un ensañamiento con el sector docente. Tiene que ver con políticas de persecución a quienes se oponían al proyecto que ellos proponían”.

Desde la delegación de SADOP local emitieron un comunicado en repudio a lo sucedido en la ciudad y con la sede de Mar del Plata, también víctima del espionaje.

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Espionaje de la AFI: “No hubo un solo dirigente de Cambiemos que haya expresado solidaridad”

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“Se me puso la piel de gallina cuando me lo mandaron”, dijo a FM De la Calle Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales ante la aparición en los informes de espionaje realizados por la Agencia Federal de Inteligencia.

“Te espían sin autorización, vulnerando cualquier principio legal. Hemos sido un sindicato muy aguerrido, defendiendo los derechos de trabajadores en el gobierno de Héctor Gay, somos referentes de la sexta sección, un sindicato que no deja que se vulneren los derechos, todo eso lleva a pensar ¿por qué no me lo van a hacer?”, destacó.

Agüero destacó que es un sentimiento “ambiguo, por un lado porque te sentís mal, no hubo un solo dirigente de Cambiemos -porque convivimos con el poder político, desde el presidente del Concejo hasta los demás funcionarios- que haya dicho somos solidarios, no convalidamos este procedimiento de cualquier gobierno, tampoco tuve el llamado del intendente”.

“Cuando veo el tweet de un colega tuyo y deja foto en blanco y negro se te pone la pile de gallina porque te hace volver a los años 70”.

Comparo el sentimiento con “un robo en tu casa porque decís lo material no importa, porque lo que más duele es que se metan en tu intimidad, pienso en mis hijas y que nadie haya salido a decir nosotros no convalidamos esta situación. Evidentemente estamos atravesando una grieta más grande de lo que cualquier oyente puede entender”.

“¿Me escucharon lo que hablaba por teléfono? ¿Me siguieron? ¿Me buscaron en Wikipedia? Uno nunca sabe lo que hay detrás de esta investigación, esto es el Estado, esto es terrorismo de Estado”, apuntó el gremialista.

Agregó que se presentarán como querellantes: “El staff de abogados del sindicato está evaluando a ver si presentan una demanda judicial porque somos víctimas”.

“Estas cuestiones te dan un poco más de fuerza, significa que estamos haciendo bien las cosas, leí el informe integro, asusta porque sabían muchas cosas más de lo que uno cree. No hay peor cosa que se vulnere la privacidad de las personas”, finalizó.

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Espionaje de la AFI: “Viví la dictadura, pensé que se había superado”

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“Más allá de mí, están atacando a la institución”, señaló a FM De la Calle la ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, espiada por la AFI cuando era subsecretaria de Derechos Humanos de la institución.

Agregó que la noticia la tomó por sorpresa aunque “no me debería sorprender del anterior gobierno. Dije ¡ay Dios! gastaron su tiempo espiándome a mí. Después estaba muy indignada”.

“A esta gente todo lo que sea Secretaría de Derechos Humanos le paran los pelos, fui funcionaria, están atacando a un área creada democráticamente, que es autárquica y autónoma”, subrayó.

La ex funcionaria de la alta casa de estudios mencionó: “Después me fui enterando del listado, a todas las organizaciones sociales, a los partidos de izquierda, a la radio de ustedes, a los sindicalistas”.

“Macri asumió procesado porque espiaba a su propia familia, era la cabeza de Juntos por el Cambio y ahí lo integra también el radicalismo. Un partido centenario, democrático, que tuvo en Alfonsín a un tipo que defendió a los Derechos Humanos y que ahora no digan nada, no es solo acá en Bahía. A mí no me llegó que el radicalismo como partido condene estas prácticas de la dictadura”, resaltó.

Respecto a la labor de la Subsecretaría destacó que “había sido una universidad muy atacada, nos presentamos como querellantes del caso de Watu, no solo por lo que había pasado con los desaparecidos y los crímenes en la UNS sino porque hay muchos otros casos que siguieron en la actualidad. Aparecen (en las fichas) tres o cuatro actividades que desarrollamos que tienen que ver con Memoria, Verdad y Justicia, teníamos un Consejo Asesor que lo integraban todas las organizaciones de Derechos Humanos de la ciudad”.

Durante su mandato, Vaquero señaló que “había presentado la defensa en temas de género, de defensa laboral, el término derechos humanos es muy amplio. Fui una de las impulsoras de la Red de Derechos Humanos de todas las universidades del país, teniendo la memoria viva sobre todo”.

“Me pone contenta, algo bueno debo haber hecho para haberlos molestado”, concluyó.

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