Las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis continúan en decenas de ciudades de los Estados Unidos y enfrentan la amenaza de Donal Trump de desplegar a las fuerzas armadas para intensificar la represión. El rechazo al racismo se conjuga con la crisis sanitaria y económica que impacta con mayor fuerza entre afroamericanos e hispanos.

La escritora bahiense y activista por los derechos humanos, Alicia Partnoy, dialogó con FM De la Calle desde la ciudad de Los Ángeles, donde se desempeña como profesora de Lenguas Modernas en la Loyola Marymount University.

Participó del encuentro durante la emisión de En Eso Estamos, Jenae Lien, actriz y fotógrafa de la revista “These streets”. Lien interpretó el papel de la propia Alicia en una adaptación teatral realizada en Nepal de su libro “La Escuelita”, testimonio de su cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio que funcionó en nuestra ciudad durante el terrorismo de Estado.

“Yo estoy en casa porque tengo 65 años pero siguiendo de cerca con gran preocupación y, al mismo tiempo, con mucha emoción por lo que se está movilizando la juventud aquí.

-Las manifestaciones no solo se dan tras el asesinato de George Floyd sino también como consecuencia de la crisis desatada por el coronavirus en un país que ocupa el primer lugar del mundo en cuanto a cantidad de contagios y víctimas fatales.

A: No es casual. El sistema de salud de los Estados Unidos es un gran negocio y la gente de bajos recursos, la gente que está en las calles ahora, son en gran parte las minorías que han sido afectadas por la crisis que se ha agudizado por la situación del coronavirus, se han perdido muchísimos empleos.

Si bien se mandó un cheque que parece gran cantidad de dinero en términos argentinos, es un pequeño paliativo que no alcanza a cubrir las necesidades. Es la última chispa que encendió, es una larga historia de discriminación, de asesinatos a manos de la policía de jóvenes afroamericanos.

Las manifestaciones, en general, han sido pacíficas. Aquí se las quiere pintar como violentas. Ha habido saqueos pero la prensa, los grandes canales de televisión, la prensa comercial tradicional, si tenés estómago vas a ver que lo pintan como los subversivos que vienen a destruir todo, estos anarquistas que vienen a destruir todo.

J: Era una demostración pacífica, la cosa más frustrante es que el alcalde estuvo implementando toques de queda y el domingo estuvo incrementándolo. Nos llegaban mensajes que primero es a las ocho, después a las seis, ayer lo teníamos a las cuatro de la tarde. 

A: Esto es ostensiblemente para ilegalizar las manifestaciones y protestas pacíficas.

J: Estuve ahí, los reclamos eran pacíficos, estuvimos tratando de parar a las personas que querían tirarle cosas a la policía. Cuando llegué éramos como unos cien y después, cuando se juntó otro grupo de gente que venía a manifestarse, la policía se volvió violenta.

A: Estaba muy militarizada la policía. Este es un problema muy serio aquí. Ustedes saben que Estados Unidos vende y regala armamentos a todo el mundo, que el complejo industrial armamentístico se está alimentando de conflictos armados mundiales que ellos generan para poder enriquecerse. En este caso, la policía tiene gran parte del armamento que no les sirve en otros lados, se los regalan. Entonces, esta policía está altamente militarizada, altamente impunizada y es un peligro y lo han demostrado con los miles de asesinatos de gente inocente como el de Floyd.

-Donal Trump calificó como tibios a los gobernadores que no reprimían las protestas. ¿Cuál es la postura del gobernador de Los Ángeles? ¿Esta descripción que ustedes hacen corresponde a la de uno de esos “tibios”?

A: En teoría sería uno de los tibios. Es un gobernador muy progresista, que ha apoyado a los inmigrantes que están indocumentados, les ha dado servicios, ha implementado cosas muy progresistas. El alcalde de esta ciudad también supuestamente es alguien tibio según (el presidente). Aunque Trump amenaza que va a enviar las fuerzas militares a los estados que no cumplan con la represión, constitucionalmente todavía se está viviendo en una democracia. Es decir, se está usando un lenguaje dictatorial pero no creemos que los militares se plieguen a ese tipo de llamado, el sistema tiene otras formas de manipular y de reprimir.

Por ejemplo, (el alcalde Eric) Garcetti cerró los centros de test de coronavirus. Es un castigo y es mostrar un cuco, dijo que era porque tenemos miedo que haya violencia, es para proteger a la población. La violencia en este momento es la pandemia también, porque la gente va a las manifestaciones, es consciente de que se está arriesgando por estar con otra gente manifestando y necesita los test. Yo tengo una persona muy querida que testeó positivo y ahora no puede ir a hacérselo para saber si puede volver al trabajo.

– ¿Cómo ven las manifestaciones en cuanto al reclamo contra el racismo?

A: Hoy supuestamente yo no tendría que estar hablando con ustedes porque es Black Out Tuesday. Quiere decir que nos callamos en los medios, es en medios como instagram, ponemos una foto en negro para amplificar las voces de la gente afrolatina, afroamericana.

Aquí hay una variedad de respuestas, diversidad. Vas a encontrar gente afroamericana que dice acá no podemos estar usando ningún tipo de violencia y hay grandes sectores también que dicen ‘no nos digan a nosotros cómo demostrar, la violencia se ha ejercido sobre nosotros’. Esas cosas me recuerdan mucho a la lucha nuestra, de la Argentina, esto de que la violencia del pueblo no es violencia, es justicia. Cuando hay impunidad hay sectores, que no son necesariamente anarquistas, pero apoyan cuestiones violentas y hay grandes sectores que dicen ‘nos estamos arriesgando’. Cuando todo pueblo es reprimido hay una variedad de respuestas.

J: Quiero agradecerte por tomarte el tiempo para hablar de estas cosas porque venís de una experiencia de mucha lucha y tu voz es muy importante no solo para tener esperanzas sino para tener una mayor imagen…

Alicia y Jenae tras la entrevista con FM De la Calle.

A: Quiero mandar un abrazo gigante a mi gente en Bahía Blanca porque está preocupada por mí. Les mando un gran cariño, estoy bien, hay cosas que de pronto decimos ‘este es el lenguaje que se usaba en la dictadura’. En Atlanta, que hubo mucha resistencia, la alcaldesa dijo ‘acá viene gente de afuera a provocar’. Oh, es la misma cosa. Pero siempre hay que poner en contexto las cuestiones, no es exactamente lo que se vivió en ningún otro país.

– Están en medio de un proceso electoral, ¿hay alguna alternativa que surja de todo esto?

A: Yo creo que el problema es que se destruyó la alternativa de estos sectores marginalizados, empobrecidos, de la población y la juventud. Su expectativa se destruyó cuando el Partido Demócrata destruyó la candidatura de Bernie Sanders. De maneras ilegales, no podían tolerar que fuera elegido.

(Joe) Biden es un problema muy serio, no sé dónde está ahora, no se lo escucha decir mucho contra la represión pero tiene una historia bastante problemática y es el status quo. Obama de algún modo también, estuvo ocho años en el gobierno. Lo que te demuestra… nosotros tenemos experiencia con Isabelita que fue presidenta y mujer y no quiere decir que respondiera a nuestros intereses. Tenemos un afroamericano que estuvo y algún cambiecito pudo hacer, pero todo este problema policial que viene de antes de esa época, el de la intervención, del complejo carcelario, esos problemas no los intentó solucionar Obama y menos va a intentar Biden. Por mi parte no puedo votar por Biden.

J: No sé qué hacer, cuando empezás a hablar de esto te das cuenta de lo jodido que está el sistema. Esta democracia de dos partidos políticos no es una democracia.

– ¿Cómo fue interpretar a Alicia en La Escuelita?

J: Gracias por preguntar, todavía me faltan palabras para expresar lo que fue esa experiencia.  A través de ello pude entender más del mundo que conocía y que estamos viviendo en Estados Unidos pero hay problemas en todo el mundo, no podía creer lo que Alicia tuvo que atravesar. No podía creerlo. Que haya podido volver de eso, construir una familia en Estados Unidos, tener una hija con la que somos mejores amigas y ser una persona tan amorosa y dedicarse a la docencia. Eso me muestra que es tan fuerte que no importa lo que hayan hecho, no cambiaron quien era.

Fue una experiencia realmente maravillosa y aprendí mucho, no importa lo que tengas que atravesar, tenés la opción como ser humano de dar un paso más y eso me da mucha esperanza.

Se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso.

Días atrás informamos sobre la impunidad que reina en la causa y la denuncia de la familia contra 21 personas por la «probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías».

Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios. El trámite corre por cuenta de la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul.

Compartimos en esta nota el apoyo al pedido de justicia de decenas de organizaciones acompañadas por Nora Cortiñas y Dora Barrancos, la expresión de un centenar de mujeres convocadas por Acciones Feministas y la canción que Silvia Palumbo dedicado a Kathy como “un homenaje a todas las víctimas de femicidios del poder, muchas de las cuales aún no tienen justicia”.

Femicidio del Poder

Como espacios y organizaciones preocupadas por el estado de la causa de Katherine Moscoso, exigimos que el poder judicial de la provincia de Buenos Aires, resuelva con suma urgencia en las denuncias presentadas por la familia de Katherine Moscoso en torno a la impunidad que ha impedido esclarecer el aberrante femicidio de Kathy.

La familia ha denunciado dicha impunidad que reina en el caso a 5 años de que apareciera enterrada en un Médano después de que se la vió por última vez en un boliche bailable de la localidad y después de una semana de búsqueda.

Un entramado de complicidades que involucra al poder político de Monte Hermoso, al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, envuelve a este caso que ha gozado de un absoluto encubrimiento de quienes deberían investigar.

Incluso la amenaza e intimidación a testigos también es parte de este escandaloso caso en el que la única imputada que tuvo la causa es una jovencita con retraso madurativo amiga de Katherine.

En estos días 21 denuncias realizó la familia a través de su abogado Leandro Aparicio, solicitando asimismo detenciones; entendemos que es necesario que estas presentaciones tengan una respuesta a la mayor brevedad.

En Bahía Blanca reina una absoluta impunidad en casos de femicidios, siendo este escandaloso.

¡JUSTICIA POR KATHERINE!

Acompañan:

Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora)

Dora Barrancos (Investigadora CONICET, militante feminista, CABA)

ADHIEREN:

SERPAJ (Servicio Paz y Justicia)

Comisión Provincial por la Memoria (CPM)

CTA Bahía Blanca

Secretaría de Mujeres y Géneros CTA Bahía Blanca

Acciones Feministas (Bahía Blanca, BsAs)

Mala Junta Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Mujeres Autoconvocadas Punta Alta (Pta. Alta, BsAs)

Organizacion Feminista Guapabanda (Gral. Pico, La Pampa)

DesBandadas (Bahía Blanca, BsAs)

Ni una Menos (Luis Beltrán, Rio Negro)

Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (La Pampa)

Proyecto La Banda Lavanda

Mujeres Empoderadas Lincoln (Lincoln, BsAs)

Colectiva Feminista Abolicionista “Todas somos Andrea” (Santa Rosa, La Pampa)

Bahía Contra La Trata (B. Blanca, BsAs)

Mujeres por la Solidaridad (Santa Rosa, La Pampa)

ADUNS (B.Blanca, BsAs)

SUTEBA Bahia Blanca

Brujas Tamboras del Sur (Puerto Madryn, Chubut)

Les ATs PampaS Agrupación de Acompañantes Terapéuticos (Santa Rosa, La Pampa)

Corriente Clasista René Salamanca (B.Blanca, BsAs)

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Bahía Blanca (B. Blanca, BsAs)

Comunismo Revolucionario. Partido Marxista Leninista Maoísta (B.Blanca, BsAs)

Juntas y a la Izquierda MST (B.Blanca, BsAs)

Corriente Nacional Lohana Berkins, Partido Comunista (B.Blanca, BsAs)

Federación Juvenil Comunista (B-Blanca, BsAs)

Cardumen (B.Blanca, BsAs)

Artistas por la No Violencia (Bahía Blanca, BsAs)

Comisión de Género, Sexualidades e Identidades Disidentes. Colegio de Trabajadorxs Sociales. Distrito Bahía Blanca (B.Blanca, BsAs)

Bahía Rosa – Socorristas en Red, feministas que abortamos (Bahía Blanca, BsAs)

Cátedra Pedagogía II. Educación y DDHH. Proyecto de Investigación en Pedagogías Críticas y DDHH (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca)

Watu Corriente Comunista (B.Blanca, BsAs)

Frente Feminista Nacional y Popular

Red de Comunicadoras Bahía Blanca

Pan y Rosas – PTS en el FIT Unidad (B. Blanca, BsAs)

Feministas Humanistas Bahía Blanca

Estudiantes Autoconvocades Cs. de la Educación UNS (B.Blanca, BsAs)

Agrupacion Mujeres de Bahia Blanca, CEPA- Corriente estudiantil popular anti imperialista- UniTe humanidades

Pdt – tendencia del Partido Obrero BBca.

Una vez más y ante la pandemia que nos impide encontrarnos para reflexionar sobre aquellos hechos, compartimos este material producido durante la sexta edición del ciclo Bahía Originaria organizado por FM De la Calle y Kumelen Newen Mapu.

El 19 de mayo de 1859 las fuerzas de Bahía Blanca perpetraron una verdadera masacre indígena. El episodio registrado por la historia oficial como “el último malón” fue ordenado por el toqui mapuche Juan Calfucura luego una serie de ofensas y en una particular situación política.

Fabiana Méndez, integrante de Kumelen Newen Mapu, dijo esta mañana que se trata de “un 19 de mayo particular pero cada uno de los hermanos en sus territorios recuerda esta fecha con la fuerza de la ancestralidad que nos une. Estamos en permanente contacto con las comunidades”.

“Sabemos las dificultades, no solo del pueblo nación mapuche sino de los hermanos de las 36 naciones originarias. Los hermanos del norte, las hermanas, están haciendo un reclamo por el derecho de retornar a su casa, las comunidades mueren de hambre y dengue. El hostigamiento no ha mermado, hemos tratado de visibilizar todo lo que ha ocurrido con la comunidad Buenuleo. Las grandes empresas no han parado con el extractivismo, no hubo cuarentena. Se continúa con el asesinato de la tierra. Cuando no hay una resolución, la no resolución sigue siendo un acto de desprecio. El genocidio hacia los pueblos no ha parado, no cesa”, afirmó.

En el video que puede verse en esta nota, el historiador Sebastián Alioto (UNS) contextualiza los hechos que tuvieron su máximo punto de barbarie con “la hoguera del escarmiento”.

“El comandante Orquera, que había tenido una actuación más bien pálida el 19 de mayo, encima decidió que los cadáveres de los indígenas que habían muerto en el combate sean reunidos en lo que hoy es la Plaza Rivadavia y quemados. Se hizo una especie de pira funeraria en la cual se quemaron los cadáveres de los combatientes muertos para espanto de los propios pobladores de la ciudad”, relató.

(Por La Garganta Poderosa) Apretando los dientes, golpeando el teclado, aguantando la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para decirles todo eso que Ramona les dijo en tiempo pasado, todo eso que nos cansamos de gritar durante dos meses, todo eso que no quisieron escuchar, ni cuando postergaron 4 años la relocalización de su familia, ni cuando pedimos que registraran a los grupos de riesgo, ni cuando escondieron sus denuncias para cuidarse, ni cuando callaron por plata, ni cuando nos dejaron sin insumos en todas las postas de salud, ni cuando maquillaron la realidad con programas fantasmas, ni cuando jugaron a cubrirse las espaldas, ni cuando publicamos el primer contagio en la Villa 31, ni cuando demostramos que no habían aislado a tiempo a la primera fallecida, ni cuando denunciamos que no estaban asistiendo a los demás, ni cuando dejaron 12 días al barrio sin agua, ni cuando gritó desesperada que tenía 7 personas de riesgo viviendo hacinadas, ¡Ramona no se murió!

A Ramona la mataron los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los mudos de la justicia, ¡la mataron! Y ahora quién carajo nos explica cómo seguir, cómo seguirá su familia íntegramente internada, cómo seguirán sus hijas Maia y Guada, en silla de ruedas, contagiada, con oxígeno, con discapacidad, sin hablar, totalmente dependiente, ¡ahora sin su mamá!

Esto es un crimen.
Y no vamos a parar,
¡hasta que paguen todos los responsables!

NO PODEMOS MÁS.

JusticiaPorRamona

“El fallo de la Suprema Corte atrasa seis años. Pareciera que no existiera crisis sanitaria, ni superpoblación, ni hacinamiento, por eso me retrotraigo a seis años cuando había 26 mil detenidos. Actualmente hay 50 mil y el cupo es de 24, tenemos más de 120% de superpoblación”, dijo a FM De la Calle el defensor oficial Jorge Sayago.

La crítica apuntó a la decisión de la Suprema Corte de “reencauzar” el fallo de Casación que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19

Sayago explicó que “la Corte dice que cada juez, a los fines de salvaguardar cada caso, decida individualmente. Propicia soluciones individuales a un tema general como la superpoblación. El mensaje de la Corte es absolutamente contradictorio”.

“Lo plantea como una cuestión de competencia. Es una revocación, revoca las pautas del fallo de Casación. Dice que lo que dijo Casación lo tiene que resolver individualmente, con todas las instancias y esperar a que quede firme. Eso se torna inacabable, es interminable y a los fines de salvaguardar la vida y frente a una situación provisoria, eventualmente la tutela va a ser ineficaz o se va a llegar tarde”, agregó.

El defensor oficial afirmó que “lo de la Corte dice es que la distinción entre delitos leves y graves no va. Va todo para atrás. Da una serie de pautas a los fines de morigerar, que son más gravosas que las que establece el Código sin pandemia y sin superpoblación. Muy poca gente o casi nadie va a salir y entiendo que esto obedece a las condiciones mediáticas y políticas”.

Sobre la notificación a las víctimas en caso de otorgarse domiciliarias a detenidos por delitos graves, mencionó que ” la Ley de Víctimas establecía una modificación del Código, cómo y cuándo notificar a la víctima. A eso el legislativo de la provincia no adhirió. Es decir, no hay una obligación legal de notificar a las víctimas porque no está la ley en la provincia”.

El director asociado de Región Sanitaria I, Lauriano Alimenti, aseguró días atrás a FM De la Calle que “hay condiciones” de aislamiento en las cárceles y que el organismo brinda “el soporte para que se puedan llevar a cabo” y el Servicio Penitenciario lo ejecuta.

Al respecto, Sayago comentó: “Me da un poco de liviandad, hay que decir qué soporte y en qué situación. Si la cuidad no está capacitada para soportar un contagio masivo, difícilmente la unidad pueda soportar algo”.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo colectivo del Tribunal de Casación que otorgaba prisiones domiciliarias a las personas detenidas por delitos leves y que integren los grupos de riesgos frente al COVID19. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza esta decisión que significa un grave retroceso frente a la única medida estructural efectiva que tomó la justicia bonaerense para descomprimir el hacinamiento y sobrepoblación en cárceles y comisarías, tal como lo recomendaron organismos internacionales de derechos humanos.

La Corte bonaerense ordenó además revisar las morigeraciones otorgadas, pero no definió ninguna norma práctica de actuación judicial. Como si se tratara de una situación normal, cada juez deberá analizar los pedidos de arrestos domiciliarios que formulen sus detenidos, en un trámite lento e ineficaz frente a la gravedad y necesidad de medidas urgentes.

Luego de admitir el recurso de queja que presentó el fiscal de Casación, Carlos Altuve, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCJBA) decidió “reencauzar” el fallo del 8 de abril del máximo tribunal penal de la Provincia, que ordenaba aplicar medidas morigeratorias de la prisión para las personas en situación de riesgo ante el COVID-19.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la sentencia de la Corte provincial que, en los hechos, revoca las líneas de actuación recomendadas por Casación y así clausura la única iniciativa estructural efectiva  para atender la crisis sanitaria que se vive en cárceles y comisarías bonaerenses por el avance del coronavirus.

El máximo órgano de justicia de la Provincia reconoce “el grave problema estructural de la superpoblación y hacinamiento” —situación sobre la que ya se explayó en varias ocasiones—, que se aprecian “hechos que comprometen la dignidad humana y la integridad personal de los detenidos» configurando un «estado de cosas lesivo de derechos humanos básicos» y, por último, advierte la grave contingencia y amenaza que genera la pandemia para las personas detenidas.

Sin embargo, a pesar de este lapidario diagnóstico, revoca un fallo que había significado la posibilidad de iniciar un camino de resolución estructural a esta grave situación. En este punto, la sentencia de la Corte bonaerense no sólo anula las reglas comunes de actuación dispuestas y recomendadas por el juez Víctor Violini sino que, además, no dicta ninguna norma práctica para la actuación judicial.

El fallo del Tribunal de Casación Penal, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores generales —la CPM adhirió como amicus curiae y fue parte en un pedido de ampliación—, resolvió otorgar el arresto domiciliario de las personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. En los casos que estén verificados estos supuestos, la resolución aclaraba que el “el arresto deberá aplicarse e implementarse desde los juzgados y tribunales que tienen a su cargo a los prevenidos”. Por otra parte, respecto a las personas en grupos de riesgo que hubieren cometido delitos graves, señala que cada uno de los casos deberá ser analizado por cada Juzgado o Tribunal.

Esas líneas de actuación no sólo estaban en consonancia con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además coincidía con resoluciones emitidas por la Corte bonaerense y la Procuración General.

En marzo pasado, mediante la resolución n° 52/20, la misma Corte pidió a los jueces  competentes “evaluar la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad, que se encuentran abarcadas dentro de los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19”. La demora en estas resoluciones o el rechazo directo a estas presentaciones motivó el habeas corpus colectivo presentado por todas las defensorías generales.

Ahora, la Corte bonaerense remite nuevamente a esos jueces para que resuelvan los pedidos de morigeración de la prisión.

Lo preocupante es que los jueces deciden con criterios regresivos y contrarios a estándares internacionales de derechos humanos. Tal es así que, en diciembre pasado, la Corte los convocó a una reunión y les llamó la atención sobre la crisis carcelaria, el uso poco racional de las prisiones preventivas y la necesidad de apelar a medidas alternativas a la prisión, adecuando sus resoluciones a lo dispuesto por el Sistema Interamericano de DDHH.

Por último, en las más de 60 páginas de la resolución, los jueces de la Corte no consideraron en ningún momento la situación conflictiva que se vive en las cárceles y comisarías, por la desesperación que provoca en las personas detenidas conocer su vulnerabilidad extrema frente a la pandemia. A esto debe agregarse que la atención sanitaria es inexistente y no se proveen elementos para la prevención del coronavirus (jabones, alcohol en gel, barbijos, etc).

En definitiva, un lamentable retroceso de la Corte provincial en la protección de los derechos humanos y la lucha contra el  coronavirus en los lugares de encierro.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

El fiscal Pablo Fermento destacó la necesidad de analizar cómo reanudar los juicios de lesa humanidad. “Es una situación que no sabemos qué plazo va a tener. Lo cierto es que no se va a normalizar todo de un día para el otro y que no se van a poder realizar concentraciones de gente. En vista de eso, está bueno que se ponga en el tapete, que empiece a planificarse”.

“Va a haber un sacrificio cualquiera sea la vía que se adopte. Tenemos este juicio con estas características, no es lo mismo Triple A que Ejército. Al de Ejército vamos a llegar con muchísimas víctimas que ya pasaron por juicios, los acuerdos con la defensa de cuáles van a ser los puntos a probar, cosas que se utilizan en otros juicios y acá no: la existencia de un plan criminal y situaciones tales que ya ni se discuten. Hay que sentarse, pensarlo, buscar soluciones, medios, escuchar a las partes y tratar problemas concretos”, dijo a FM De la Calle.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas sobre el terrorismo de Estado reanuden los debates «con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria» respecto de los procesos «cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes».

Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A. El TOF bahiense solicitó al Consejo de la Magistratura la adecuación del sistema de videoconferencias.

“Los juicios, por las características que tienen, se vienen haciendo de manera mixta. Cada vez hay más jueces e imputados por videoconferencia. No es novedoso pero sí algo que va a avanzar más allá de lo que pase con la pandemia en lo inmediato. Plantea toda una cuestión, hay sectores que dentro de los organismos de derechos humanos y de las víctimas que tienen posiciones no del todo coincidente“, dijo Fermento.

Dentro de los motivos para no demorar más el debate, mencionó que el paso del tiempo “juega con las domiciliarias o el cese de preventivas, los plazos siguen avanzando, se van estirando y las miradas desde la justicia empiezan a titubear, hay idas y vueltas con respecto a los criterios que son difusos y después el punto final biológico”.

Según el fiscal, la plataforma que utiliza el Poder Judicial es de “una calidad muy inferior que Zoom y Jitsi, con lo cual es todo un problema porque la mediación en el juicio depende de eso y de las medidas sanitarias”.

Las falencias del sistema ya generaron demoras e inconvenientes en los juicios anteriores y podrían ser verdaderos obstáculos en causas como la de Ejército que llegará con el debate más numeroso en cuanto a imputados, defensores, jueces, querellantes y testigos.

En cuanto a las y los testigos Fermento afirmó que “muchos quieren estar presentes, es el caso del hermano de Víctor Oliva Troncoso. Vino al principio del juicio y quiere volver cuando haya que declarar porque entiende que no es lo mismo que los jueces lo vean por una pantalla que tenerlos cara a cara”.

“Yo voy a plantear estar en sala y que los jueces estén en sala. Hay una cuestión que es que hay dos que no son de acá. La cuestión será con los grupos de riesgo”, adelantó.

Agregó que”lo primero que van a querer sacar es el público por la concentración”. Si bien en muchas audiencias la participación mermó, “lo cierto es que el volumen simbólico de los juicios en gran medida se va a perder. Son situaciones complejas, miradas encontradas, lo estamos charlando todos”.

Domiciliarias y excarcelaciones

El fiscal destacó que en la jurisdicción no se otorgaron prisiones domiciliarias por la pandemia de coronavirus. “La situación de detenidos en sede carcelaria, de acuerdo con los informes que mandaron los servicios, es muy diferente a lo que se ve en un escenario común. Están en pabellones muy por debajo de la capacidad, con otras condiciones de higiene, ventilación”.

Respecto a la excarcelación de tres represores ordenada por Casación la semana pasada, explicó que “no guarda relación con la pandemia en un punto y sí guarda relación indirectamente. En el criterio en cuanto a la razonabilidad de los plazos de preventivas de detenidos por delitos de lesa ya se viene haciendo una lectura favorable a los imputados desde hace unos años. Sin embargo, en estos casos la decisión respecto a Gandolfo, Bonini y Maidana es contraria al criterio de Corte”.

“El fallo Acosta dice que el plazo de la preventiva debe analizarse caso por caso de acuerdo a situaciones concretas y no aplicar el plazo de la ley de los dos años y prórroga por un tercer año. La Sala II de Casación no hace mención a Acosta, omite toda consideración sobre ese tipo de parámetros que la Corte dice que hay que contemplar”.

“A los tres imputados se le prorrogó el cese de la prisión en marzo aplicando el fallo Acosta, cantidad de víctimas, complejidad de los hechos, dificultades para investigar este tipo de hechos. Va a Corte y no dice nada de eso, dice que es infundado porque el juicio está parado y no hay una fecha de inicio del debate.

¨Ahí sí ya está la pandemia porque uno de los factores por los cuales está parado es ese. Si bien ese juicio no tenía fecha, depende de la realización del juicio de Triple A. Ahí sí hay una incidencia, más allá de que se podría plantear que se realicen juicios simultáneos”, concluyó.

“No queremos juicios virtuales, queremos juicios públicos, con gente en la calle, con actividades en las escuelas. Para nosotros los juicios son un elemento de la lucha cultural no un ejercicio de reparación que, por supuesto, respetamos y no vamos a obstaculizar”, dijo a FM De la Calle el secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman.

La Cámara de Casación recomendó que los tribunales orales que tengan en trámite causas de lesa humanidad reanuden los debates “con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”. Entre los mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Schulman afirmó que “hay que diferenciar entre los juicios que están comenzado si queremos que terminen pero prestamos mucha atención a la repercusión social de los juicios. Nosotros buscamos disputar contra las ideas de quienes eliminaron y desaparecieron a los compañeros y para eso los juicios virtuales nos quedan muy chicos”.

“Por supuesto, en todos los casos nos atendremos a la opinión de las víctimas y de los sobrevivientes, no somos nosotros los que vamos a decidir por encima de ellos. Sí recibimos la opinión de muchos compañeros que no quisieran que sus juicios sean virtuales, esperaron 40 años para otra cosa”, agregó.

El titular de la Liga concluyó que “como en tantas otras cosas, después nos moveremos dentro del terreno de lo posible pero vamos a intentar que los juicios sean lo más públicos posibles. Tengo en mi memoria el inicio del primer juicio en Bahía cuando estábamos todos en la calle y después entramos a la Universidad Nacional del Sur. Eso es lo que queremos, eso es lo que tiene sentido, lo que le duela la derecha. No creo que un juicio por zoom le moleste mucho”.

Piden activar la Comisión Interpoderes

Las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, la puesta en funcionamiento de la “Comisión Interpoderes” para delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19.

“Conscientes de las dificultades que conlleva el aislamiento social, preventivo y obligatorio para la continuidad de los juicios, pero también atentos a los derechos de las víctimas como de los imputados en los procesos que se están llevando adelante, manifestamos ante la Corte que ‘se hace imprescindible la creación en su ámbito de un grupo de trabajo interdisciplinario que pueda planificar y poner en marcha estos procesos de una manera coordinada e integral, de acuerdo a las particularidades de cada jurisdicción, ya que lo realizado hasta el momento ha demostrado ser ineficaz e insuficiente’”.

El 30 de abril, los organismos también reclamaron a la Cámara de Casación Penal que se reanuden los juicios y, a su vez, que se convoque a la Comisión Interpoderes para atender inmediatamente la situación de estos procesos y pedir además el acompañamiento de testigos víctimas del terrorismo de Estado en el contexto de aislamiento social.

La fiscal federal y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), María Ángeles Ramos, solicitó la semana pasada ante la Cámara Federal de Casación Penal que se reanude una parte de los juicios orales relativos a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que quedaron suspendidos por el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Casación recomendó esta semana en un escrito firmado por su presidenta, Ángela Ledesma, que los tribunales orales que tengan en trámite este tipo de causas “procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria” respecto de los procesos “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes”.

Entre los procesos mencionados se encuentra el juicio comenzado semanas atrás en Bahía Blanca contra cuatro integrantes de la Triple A.

Ramos había pedido a la Cámara que ejerza sus atribuciones de superintendencia e “inste a los distintos tribunales a reanudar la tramitación de estos procesos judiciales con los recaudos que impone la Autoridad Sanitaria” y los que aquella disponga. En la respuesta de ayer, Casación Federal se pronunció en ese sentido, en los términos de la Acordada 10/20 “y en atención al tiempo transcurrido desde los hechos materia de juzgamiento”.

La fiscal federal había argumentado que “el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora, y la capacidad de gestión de estos juicios por parte de los Tribunales que ya venía aletargada hoy se agrava por estas nuevas y especiales circunstancias que atraviesa el pueblo argentino y el mundo”.

En ese sentido, propuso también que se “evalúe convocar a sesionar a la Comisión Interpoderes y conformar un equipo interdisciplinario para elaborar protocolos de trabajo en la gestión de juicios complejos”. Sobre este punto, la Cámara de Casación indicó que esa Comisión “ha funcionado en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, de manera que sugirió “consultar al cimero tribunal acerca de la viabilidad de reanudar su funcionamiento, a fin de atender a las solicitudes efectuadas y procurar su avance”.

“El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina no admite más demora”, señaló Ángeles Ramos.

Por otro lado, la titular de la Procuraduría había destacado que Mar del Plata fue el “ejemplo” de la posibilidad de continuar, ya que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad “reanudó la audiencia de juicio, escuchó últimas palabras y dio a conocer el veredicto en el juicio conocido como ´Juicio Acumulado”. Fue “con la presencia mínima de las partes, con distancia entre ellas y con la transmisión en vivo por CIJ y redes sociales”. En el mismo sentido se pronunció respecto del TOF 2 de Rosario, que reanudó las audiencias para escuchar el alegato de las defensas en la causa conocida como “FECED III”; y del TOF 1, también de Rosario, que resolvió retomar el debate con el acuerdo de todas las partes en la causa “Saint Amant”.

La nómina de juicios orales mencionadas en la nota

La Procuraduría detalló los juicios orales que se encuentran en distintas etapas del desarrollo del plenario y quedaron paralizados por las medidas dispuestas frente a la pandemia, y uno en el que resta conocer los fundamentos de la sentencia.

A) Juicio oral con veredicto:
TOF 6 CABA, “SUPERINTENDENCIA”, causa CFP 16.441/02/TO1, “Gallone, Carlos Enrique y otros”. Estaba pendiente la lectura de los fundamentos fijada para el 19/03/20.

B) Juicios orales paralizados con prueba concluida:
1) TOF 5 CABA, “ESMA IV”, causa 1891. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

2) TOF 2 San Martín, “ARSENAL ZARATE – CAMPANA”, causa 3238, “Di
Nappoli, Omar Edgardo”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas.

3) TOF 1 La Plata, “BRIGADA DE SAN JUSTO”, causa 373/2011,“Etchecolatz, Miguel O. y otros”. En este debate quedó pendiente la etapa de alegatos de las defensas, réplicas y
dúplicas.

4) TOF Mar del Plata, “CNU 2”, causa FMP 33013793/2007, “Corres, Oscar
y otros”. Estaba pendiente la delaración indagatoria de un imputado y alegatos.

5) TOF Comodoro Rivadavia, “BEL”, causa FCR 24000925, “Hermello, Hernán Alvaro; Rodríguez, Watsonm; Delfín Heriberto-Nichol Tito”. El MPF alegó el 9/3/2020. Quedó pendiente continuar con alegatos, réplicas y dúplicas.

C) Juicios orales paralizados con prueba pendiente de producción:

1) TOF 1 CABA, “ORLETTI V” causa 2637/04, “Vaello, Orestes y otros sobre privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado”

2) TOF 4 CABA, “VESUBIO III”, causa 14.216/03, “Lugo, Eduardo David y otros”.

3) TOF 4 San Martín, “CONTRAOFENSIVA”, causa 3055, “Riveros, Santiago Omar – Caso 459”.

4) TOF 1 San Martín “CAMPO DE MAYO – ÁREA 400”, causa 3005, “Riveros, Santiago Omar y otros”.

5) TOF Bahía Blanca, “TRIPLE A” causa 93000165/2013, “Aceituno, Raúl Roberto y otros”.

6) TOF Mar del Plata, “LA CUEVA III”, causa FMP 13000001/2007/TO3, “Ullúa Eduardo Salvador y otros” -se reanudó hoy-.

7) TOF 1 Tucumán, Megajuicio “TÁRTALO”, causa 400795/2004- “Tártalo, Guillermo y otros”.

8) TOF 1 Mendoza, “Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aerea” causa FMZ 14000591/2009/TO1, “Escobar, José Antonio y otros”.

9) TOF San Juan, Megajuicio III, causa FMZ 54004613, “Cardozo, Eduardo Daniel y otros”.

10) TOF Jujuy, “LA NOCHE DEL APAGÓN”, causa 76000048/2012,
“Braga, Rafael Mariano y otros”.

La Sala II de la Cámara de Casación Penal liberó a tres represores que esperan ser juzgados en una nueva etapa de la causa Ejército. Se trata de Adalberto Bonini, Ricardo Gandolfo y José Maidana, dos de ellos estaban en sus casa con prisión preventiva.

Brevemente, los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques indicaron al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que reemplace las detenciones con “una medida restrictiva morigerada de control cautelar”.

La resolución no está vinculada a la emergencia sanitaria sino a la “curva” de domiciliarias y excarcelaciones de genocidas que en los últimos años no paró de crecer.

Los jueces argumentaron que fueron superados los tres años de preventiva sin juicio ni condena, demora que solo puede achacársele al propio Poder Judicial. Alejandro Slokar votó en disidencia y afirmó que “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda probabilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

Mencionó como antecedente el fallo de la Corte Suprema respecto al genocida de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el cual estableció que ninguna decisión sobre la continuidad o anulación de medidas en expedientes que investigan delitos de lesa humanidad debía ser automática sino que debía analizarse caso por caso si la medida de encierro preventivo era necesaria según el proceso.

Adalberto Bonini era enfermero general de la División Sanidad del Departamento IV del Ejército cuando concurría al centro clandestino de detención, torturas y exterminio “La Escuelita” de nuestra ciudad. Maidana y Gandolfo eran jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181. Este último ya fue condenado en 2013 y estaba excarcelado porque el fallo todavía no está firme y se cumplieron dos tercios de la pena.

Desde las redes sociales y con el apoyo de dirigentes vinculados al macrismo se convocó a romper la cuarentena esta tarde para participar de una “Marcha de los barbijos contra el comunismo”. Más allá de los memes, el secretario de la Liga por los Derechos Humanos afirmó en FM De la Calle que “el anticomunismo no es un chiste, es la ideología del genocidio”.

“El discurso del anticomunismo despierta fantasmas muy poderosos en la historia argentina. Tenía muy presente un texto que había encontrado cuando fue la batalla que encabezó Roca del genocidio del sur y dice que a los indios los matan por comunistas, dice que lo que más les molestaba era que se negaban a aceptar la propiedad privada como normal. Eso fue en 1886. En 1902, Miguel Cané elabora un proyecto de ley para perseguir a los comunistas libertarios y a los ácratas que era un modo de llamar a los anarquistas”, recordó.

Schulman mencionó que “muchos se sienten incómodos hablando de comunismo y pretenden que no existe más pero quisiera recordar que en China gobierna lo que se autodenomina Partido Comunista Chino y que tiene como objetivo construir el socialismo, después discutimos infinitamente lo que significa eso. Lo mismo se llaman los que gobiernan Vietnam y Cuba”.

“La segunda cuestión de porqué me resisto a reírme es que el comunismo siempre ha funcionado como un discurso totalizador de los colonizadores. En 1974 la ley con la que se fulmina a la insurgencia bajo el genocidio fue aprobada por el Congreso de la Nación”.

Por otra parte, señaló que “hay una frase muy famosa de los principales genocidas, van a perseguir a los subversivos, a los que ayudan a subversivos, a los que son neutrales y a los que no saben que son subversivos. En el mismo sentido que una frase anterior de otro genocida que decía que hay comunistas en el Partido Comunista, en peronismo, en partido radical, en la iglesia y que hay comunistas que no saben que son comunistas”.

Señaló que el error es creer que cuando se nombra al comunismo se nombra a una u otra institución. “En Argentina siempre ha tenido un carácter amplio. Cuando se nombra como comunistas se refieren a todos los que quieren aplicar un impuesto a las grandes ganancias, quienes creemos una salida de la crisis que no afecte a los pobres”.

Calificó a Bahía Blanca como “unas de las bases más poderosas de la ocupación del imperio en Argentina. La Nueva Provincia, el V Cuerpo de Ejército, la Base Naval, son instituciones que persisten. Sigue dando vueltas Montezanti que se jactaba de ser amigo de Vilas, de Bussi. Reírse del comunismo con un Montezanti dando vueltas es de tontos”.

“Hay pocas cosas que le dan más pánico a un progresista que el resto piense que es comunista. No veo que el presidente salga a defender la postura política del comunismo que es, por otro lado, parte del Frente de Todos donde hay tres instituciones que representan o que se autoreferencian y están dentro”.

(Por Nacho Urruspuru) A más de dos años y medio de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, conversamos con Sergio, su hermano mayor. Desde su cuarentena en Bariloche brindó precisiones sobre la causa judicial y compartió parte de las experiencias acumuladas durante este tiempo en el cual su vida cambió de manera definitiva.

El Vikingo, así lo llaman quienes lo conocen, nos avisa que ya tiene preparado el mate y, por ende, está listo para empezar a contarnos quién era Santiago. Ese joven de 28 años que un primero de agosto en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, cercado por el río Chubut de un lado y por un operativo plagado de gendarmes desde el otro, “mágicamente” desapareció.

A partir de todo esto empecé a conocer otros aspectos de Santiago, porque había un montón de cosas de las cuales yo no estaba al tanto. Así me enteré del caso en que ayudó a construir una casa con adobe. En todos los lugares en los que él paraba estaba vinculado con la tierra. Es más, hace poco en una pizzería de acá de Bariloche empezó a trabajar un mozo que cuando me reconoció se acercó para contarme que había conocido a Santiago en Mendoza haciendo un curso sobre hierbas naturales. Pero más que un amante, él era un defensor de la naturaleza. De hecho, en el lugar donde lo desaparacen estaba acompañando un reclamo por tierras. Él tenía la convicción de que a cada persona al nacer se le debía adjudicar una porción de tierra. Son todas cosas que se van sumando sobre ese Santiago que yo no conocí y un poco me perdí por la diferencia de edad y esta cuestión de estar en distintos lugares.

Para muchos, Santiago fue una figura que los alentó a comenzar una carrera, a militar, o incluso a ir a una marcha por primera vez en sus vidas; para otros era sólo un artesano, un tatuador, un simple hippie sucio, un vago. El año pasado comenzaron a difundir algunas canciones que él había hecho donde puteaba a todos: a Cristina, a Néstor, a Macri y al Papa; eso lo hizo la derecha porque en ese momento le servía. Los mismos que decían que era un hippie sucio, reflotaron sus canciones y ahora lo trataban de artista. Recuerdo que en ese momento Lorena (compañera de Abuelas de Plaza de Mayo) me dijo “pero si Santiago era anarquista, ¿qué pretenden, que cante la marcha peronista?”. Él era eso pero cada persona le puso el rótulo o etiqueta que quiso,. Para mí Santiago era mi hermano.

Desde casi el momento mismo de la desaparición, el caso de Santiago Maldonado despertó en la sociedad expresiones muy contrapuestas. Por un lado, enormes muestras de solidaridad, empatía, compromiso y acompañamiento inundaron masivamente las calles de todo el país. Por el otro, potenció expresiones dolientes e irresponsables impulsadas por el odio que tienen muchos hacia las personas que se revelan. ¿Qué cosas pasan por la cabeza de alguien que, habiendo perdido a su hermano en circunstancias tan extraordinarias, se le presentan en simultáneo estas dos caras de nuestra sociedad? ¿La seguirá viendo de la misma manera?

Una cosa es cuando lo ves de afuera y otra cuando lo vivís en carne propia. Me acuerdo del asesinato de Nora Dalmaso en Córdoba, no estoy seguro en qué año fue, pero no existían como ahora las redes sociales. Se llegaron a hacer remeras con la leyenda: “Yo no estuve con Norita”. Fue de una bajeza terrible, esa deshumanización se me emparenta mucho con lo vivido con Santiago. Hay una porción muy grande de gente con saña y también tenés a los que incluso han conocido a Santiago de chico, pero sabés la clase de discurso que tienen. En esas personas pesa esa cosa de “mejor no me meto” o “algo habrá hecho” o “no opino para no quedar mal”. Todo eso al principio es doloroso y provoca indignación, te dan ganas de decirle: “che, acá estoy, soy de carne y hueso y lo que digo lo digo de verdad, no es que está inventado que Santiago no está y lo estamos buscando”. Acá hasta hubo una diputada nacional que dijo que Santiago estaba en Chile con la RIM (en referencia a la RAM) y que, cuando apareció el cuerpo, llegó a bromear con que estaba conservado como Walt Disney. Esa persona, a días de haber dicho esto, obtuvo el 50% de los votos en Capital Federal. Entonces, hay cierto sector de la sociedad que necesita de ese discurso. De hecho, yo sé que el día de mañana, cuando se pueda llegar a saber la verdad, esa misma gente va a seguir pensando igual. ¿O escuchamos a alguien decir “que idiotas fuimos los años pasados cuando decíamos que no queríamos tanto Estado”? Y ahora, si no hubiera un Ministerio de Salud qué estaríamos haciendo. El año pasado, cuando salimos a apoyar al personal del Hospital Posadas, del Garrahan, eran todos unos vagos. Ahora salen a aplaudirlos puntuales a las nueve.

Acerca del limbo y del loop Judicial

Hoy la causa está paralizada. Pero la verdad es que a pesar de todo ese letargo de la justicia, yo creo que hemos logrado cosas que quizás hoy no se ven pero van a dejar un precedente. En este proceso hubo tres rastrillajes en el lugar, pero el cuerpo recién aparece en un cuarto rastrillaje casualmente dos días antes de las elecciones. Ahí existe un sinfín de responsabilidades, desde el juez Guido Otranto, a quien el día de mañana le cabrá un juicio político como corresponde; al juez Lleral que después de más de un año sin hacer absolutamente nada cerró la causa un día antes de que Argentina sea anfitriona del G-20 y a muchos otros. En el gobierno de Macri todo era pura burbuja, necesitaban hacer aparateadas y cosas infladas como cuando hicieron ese mega operativo con 400 efectivos que estuvieron en el mismo lugar donde después apareció el cuerpo pero no vieron nada. Ahora, en concreto, ningún perito, ni siquiera el Equipo de Antropología Forense, pudo determinar ni cuándo, ni dónde, ni cómo murió Santiago. Eso en la autopsia no está. Tampoco se pudo explicar cómo el cuerpo de Santiago, después de 77 días, aún contaba con cuero cabelludo, uñas y huellas digitales, cuando, de haber estado realmente sumergido en esas aguas, debería haberlos perdido en el lapso de 16 a 35 días.

Hasta este momento el expediente no ha parado de girar dentro de un loop judicial. Primero se cerró, se reabrió cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego se volvió a cerrar.  Se volvió a reabrir, pasó de un juez a otro, ese otro juez no la aceptó, pasó a Cámara, luego a Casación Penal, luego volvió a Cámara hasta que por tercera vez volvió a caer en manos de Lleral, cuando está demostrado que no puede sostener imparcialidad y hasta él mismo se inhibió de tomar la causa nuevamente. Hoy pedimos simplemente que la causa tenga un juez y tenga un fiscal.

Al escuchar a Sergio hablar sobre los golpes bajos y canallas que desde el poder intentaron asestar contra él y su familia o relatar los artilugios de los distintos funcionarios judiciales para congelar la causa, cualquiera puede percibir su grado de determinación. No se exaspera nunca pero su voz no vacila. Relata hechos dolorosos y traumáticos con una naturalidad y aplomo que, mientras me sigue contando lo que piensa del gobierno macrista y del actual, me lleva a preguntarme si este tipo habrá sido siempre así. Enseguida, como si estuviera leyendo mi mente, Sergio suelta: “No es que yo esté en contra de un gobierno en especial, yo estoy en contra del Estado”. Personalmente, yo no sé nada sobre la vida de Sergio antes de toda esta locura, pero esa frase, tan anarquista, me da indicios de que efectivamente algo en él cambió. Por un momento se escucha hablar al Lechuga en la voz de su hermano, el Vikingo.

Mientras yo divago, Sergio sigue hablando. Hace instantes le había preguntado si el cambio de gobierno le generaba algún tipo de expectativa en lo que respecta al avance de la causa. Había empezado con una rápida descripción de cómo el régimen macrista presionaba y se inmiscuía sistemáticamente en la administración de la justicia. De ahí pasó a explicar el hecho de que si bien tiene buena relación con muchos de los actuales funcionarios, incluso amistad con el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, si lo tiene que putear a la hora de llevar un reclamo no va a dudar en hacerlo. “Así como te dije que valoro que hoy tengamos nuevamente Ministerio de Salud, tampoco puedo mirar para otro lado cuando las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires a cargo de Berni reprimen como el otro día, más allá de que Berni haya sostenido y expresado que lo de Santiago fue una desaparición forzada. Eso no impide que yo cuestione, no quiero ser obsecuente, y no me gusta el grupo de aduladores. Cuando hay que llamar la atención se hace, cuando hay que felicitar o agradecer también se hace.

Ya pasó más de media hora de entrevista así que me dispongo a hacer mi pregunta final, la cual encerraba una respuesta de las que más me interesaba conocer. Luego de repasar el accionar vulgar y mafioso de la ex ministra Patricia Bullrich o de la ex diputada Elisa Carrió, entre otres, quienes incansablemente se encargaron de confundir a la opinión pública, de sembrar pistas falsas, de presionar, de extorsionar y de calumniar, no puedo dejar de pensar en la condición de víctimas por partida doble de Sergio y su familia, a quienes nunca dejaron vivir su dolor en paz. Resumidamente, lo que pretendía era que Sergio me dijera si para él alcanzaba con un fallo condenatorio a los responsables de la desaparición y muerte de Santiago, o si, además, esta debía alcanzar a aquellas altas esferas del poder que tanto habían jugado a embarrar la cancha. Después de todo lo vivido, ¿qué sería para vos lograr Justicia?

Tras un breve silencio, por primera vez Sergio respira hondo antes de responder. Que se logre Justicia sería que Santiago esté nuevamente con vida. Entonces, parto de la base de que no hay Justicia porque es imposible que eso suceda. Ahora, algo que se asemeje a eso sería llegar a la verdad. Me gustaría conocer la verdad y creo que a todos los que acompañan el reclamo, y a los que no también porque hay una necesidad de verdad. Yo quiero saber qué le pasó a Santiago, quiero saber dónde está Julio López, quiero saber qué le pasó a Luciano Arruga, quiero saber qué le pasó a Daniel Solano. Eso es la necesidad de la verdad. Porque la desaparición forzada es más que un título o una carátula. Es algo horrible porque sentís que se te cagan de risa en la cara. Estás en un lugar dónde todos saben lo que pasa y, mientras vos no te enteras, hay un montón de gente que sí sabe lo que le pasó a Santiago, dónde estuvo. Hay genocidas que están con vida y saben dónde están los y las desaparecidas y no lo dicen, se lo llevan a la tumba.

Después de esa necesidad de la verdad por supuesto que me importa la condena. No sólo para los que lavaron las camionetas, los que rompieron las fajas de seguridad, los peritos que firmaron y después recibieron subsidios, no solo toda esa cadena sino también para los de arriba, Macri, Bullrich y todos los que están en esa línea.

Mentalmente doy por finalizada la entrevista, Sergio ya me respondió todo lo que me interesaba y más. Sería bueno que empiece a pensar en algún tipo de saludo y agradecimiento antes de que termine de hablar. Pero de repente escucho: “Sentís que todos te mienten, el juez te miente, el fiscal te miente, los gendarmes mienten, todos mienten y nadie investiga nada porque a nadie le conviene. Es como dice la canción de Sara Hebe: “nadie se suicida en una comisaría y los cuerpos no aparecen flotando río arriba”. Pero el otro día apareció una chica que oh casualidad! se suicidó en una comisaría. En Gesell, días antes de lo de los rugbiers, apareció en la puerta de la comisaría un chico de 38 años que pesaba 85 kilos ahorcado con un buzo. Todo eso queda tapado. Me parece que hay que hacer un trabajo de fondo y los que lo tenemos que impulsar somos nosotros. Si yo me quedo reclamando sólo por lo de Santiago, me quedo en la cómoda mía. Hay que involucrarse. A mí me llena un montón poder hacer de puente para un pibe en Tucumán que no sabe cómo llegar a pedir ayuda. No me dedico a eso y tampoco quiero en mi vida esa mochila de hacerlo todo el tiempo, pero no me puedo quedar sólo con lo de Santiago, de hacerlo estaría mirando mi ombligo y nada más. Si todas las personas empezamos a avanzar un poquito, todo ese Poder Judicial, todos esos Cané, todos esos Bullrich se van a terminar cayendo.

En sus palabras encuentro, y estoy seguro de que ustedes también, un altísimo grado de compromiso, dignidad, humanidad y empatía. El mensaje que transmite Sergio no se circunscribe a un reclamo de justicia por una pérdida personal. Bien podría ser así y absolutamente nadie podría reprocharlo. Por encima de ello, su mensaje toma una dimensión colectiva. Él lo dice bien clarito y simple: Santiago no es el primero ni será el último en desaparecer forzadamente. Y comprender esto no parece llevarlo a ninguna resignación, más bien parece conducirlo al entendimiento de que la de Santiago, como tantas otras, es una causa colectiva.

En mi cabeza comienza a trazarse un paralelismo entre el caso de Sergio y el de la enorme Nora Cortiñas, a quienes casualmente -o no tan casualmente- conocí un mismo día. Fue en el Centro Cultural La Panadería, el 27 de marzo de 2019, donde me encontré compartiendo una mesa con Norita, “la Madre de todas las Batallas”, acompañada por el “Vikingo” Sergio Maldonado: “el Hermano de todas las Luchas”.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró hasta ayer 97 casos de femicidio, de los cuales 10 corresponden a femicidios vinculados, 2 personas trans y 2 suicidios feminicidas.

De la investigación surge que las provincias que registraron mayor cantidad de casos son Buenos Aires con 35 (incluye 2 en CABA), en Santa Fé 12, Tucumán 7, Córdoba y Santa Cruz 6 casos respectivamente, Misiones 5 y Jujuy 4 casos.

También se puede asegurar que el 38,4% de los asesinatos fueron cometidos por parejas/esposos, el 25,3% por ex parejas, el 11,1% por desconocidos y el 31,3% incluye a padres, padrastros, tíos, hijos y nietos. En tanto que el lugar de mayor peligrosidad para la víctima es su domicilio o el domicilio compartido con el victimario.

El registro y sistematización de datos incorporado por este observatorio fue realizado a partir de un seguimiento exhaustivo de información periodística, tanto de medios nacionales como de medios locales y es por eso que se destaca la labor periodística, ya que ha hecho posible que, en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, se hayan podido visibilizar estos hechos de violencia extrema hacia las mujeres.

En base a la medición elaborada por el observatorio, durante los últimos cuatro años se reflejó un número similar de casos entre los meses de enero a abril, con un resultado de 110 casos en el año 2017, 95 casos en 2018, 94 casos en 2019 y 97 en el 2020, teniendo en cuenta que aún hay casos del período actual que se encuentran en investigación.

Si bien la cantidad de femicidios se mantuvo a lo largo de estos años, se pudo observar un destacado incremento en la cantidad de denuncias efectuadas por mujeres en riesgo de violencia desde el período que comenzó el aislamiento preventivo, y también gran cantidad de denuncias de familiares y allegados de las víctimas que reclaman por falta de perspectiva de género en el tratamiento de los casos.

Respecto a lo anterior, resulta necesario que los responsables de intervenir ante estos hechos accedan a la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, permitiendo un buen abordaje y mejor manejo de sus funciones, el cumplimiento de la Ley Micaela debe ser efectivo para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Así también de necesaria y urgente debe ser la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional. El cumplimiento de estas leyes permitirá encarar desde los distintos niveles etarios una problemática basada en una situación de desigualdad que históricamente ha priorizado al hombre en desmedro de la vida de la mujer.

A la luz de las denuncias efectuadas ante diferentes medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, rechaza las recientes medidas adoptadas por Jueces que ponen en riesgo a las mujeres que han sido víctimas de violencia y pide a los mismos a rever cualquier decisión que las afecte directamente y que se extremen las medidas de control frente a cualquier tipo de amenazas a las que pudieran estar expuestas.

“Está claro y acreditado que hubo un apriete a personas para que no investiguen, para que se callen, hay 19 personas amenazadas. Hay un desvío para no llegar a las fiestas que hacían los personajes del poder, con patovicas de Arenas y otros boliches con chicas de extrema vulnerabilidad”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia de Katherine Moscoso, Leandro Aparicio.

Días atrás la familia de Kathy presentó un escrito de 325 páginas en el cual denunciaron a 21 personas por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías”.

La denuncia será tramitada por la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul. Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios.

“Planteamos en la denuncia quiénes son los autores del encubrimiento porque una vez que aparece el cuerpo se organizó todo para matarlo a Canini, o dejarlo matar, y permitir el incendio de los edificios y de una casa particular donde estaban las filmaciones que comprometían a quienes podían a haber matado a Kathy”, mencionó Aparicio.

Agregó que “antes de que aparezca el cuerpo de Canini todos los inspectores del centro de monitoreo fueron amenazados. El fiscal Del Cero, mal y tarde y dándole ventajas a las personas, hace allanamientos a fines del 2017 y habla de asociación ilícta, habla de policías. Hace eso para cumplir y después se va. Viego aparece desde un plato volador y me dice que cuando yo hablo de asociación ilícita soy un irresponsable”.

La investigación señala que Katherine Moscoso ingresó al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso y con los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell, y David “Kun Kun” Tello. Y luego se dirigieron a la casa de Sergio “el Pelado” Sánchez en el barrio El Sauce”.

“Todos mienten, hay varias páginas donde se prueba que mienten. No es el único femicidio el de Katherine, no es la única chica violada en Monte, hay chicas desaparecidas que se quieren tapar. No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas”, finalizó el abogado.

La mujer que denunció por abuso sexual al cura católico Mauro Enrique Cantanhede Ferreira contó a FM De la Calle que la causa judicial no registró avances y que continúa sufriendo presiones mediáticas y de integrantes de la comunidad de la Parroquia San Roque.

El 13 de noviembre se presentó en la Comisaría de la Mujer. Luego declaró en Fiscalía y, desde entonces, está a disposición de la justicia. Sin embargo, las pericias fueron programadas recién para este mes y finalmente suspendidas por la feria. Tampoco se peritaron pruebas materiales como celulares, mensajes, fotos, videos y correos electrónicos.

En una extensa entrevista, la cual puede escucharse en el audio que acompaña esta nota, la víctima señaló que hay otros dos casos de abusos de chicas que no se animaron a denunciar. “Cuando me enteré dije no soy solo yo, hay otras. Él sabía que no iba a poder hablar, no necesitaba ponerme un arma en la cabeza para que yo haga o diga una determinada cosa”.

La joven manifestó que en primera instancia no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría: “Me decían que vaya a Fiscalía, que se movía mucho más rápido. Sin embargo, la hice. En Fiscalía me tocó hacer la ampliación y fue revictimizante por el tipo de preguntas que me hicieron. ¿Vos sabés si tiene una contextura diferente? ¿Si es más flaquito? ¿De qué manera te amenazó? Un abuso no se da si a vos te gusta o no o si la persona es más flaquita que vos, tiene que ver en el poder que ejerce sobre uno”.

A pesar de las recomendaciones en sentido contrario, la mujer decidió avanzar también en la búsqueda de justicia en el ámbito eclesial. Los juicios canónicos son procesos institucionales donde autoridades de la Iglesia Católica escuchan a la víctima y deciden -sin ninguna garantía ni devolución hacia ella- si corresponde sancionar o no al acusado. Las “condenas” van de “castigos espirituales” a la excomunión. Aunque la historia suele terminar en algún archivo secreto.

“El proceso eclesiástico quedó detenido. Me llamaron a declarar en una habitación chiquita, yo sola, con un cura de Italia especialista en derecho canónico y el padre hindú era el notario, es el que oficia misa en San Cayetano y San Roque. Me hicieron preguntas tremendas porque fue relatar todo nuevamente”.

“Hablo de vulneración de derechos porque no te permiten acompañamiento del abogado, en este caso sabían cómo estaba yo, no me dejaron entrar ni con psicóloga, ni psiquiatra, ni acompañante. Salí muy mal, temblando. Lo único que se me dijo es que se iba a analizar si dejan todo archivado o no”, relató sobre la audiencia realizada en la Curia bahiense.

Agregó que contó “todo delante del obispo, llegué a mostrarle las imágenes y conversaciones que me mandaba y él mismo obispo se tapaba la cara. No creo que la conducta se haya dado solo conmigo. Evidentemente si la iglesia lo respalda, está respaldando este tipo de conductas. Por eso digo que no quiero que le pase a más nadie, no quiero que nadie más salga dañado”.

Para la denunciante notas como la publicada semanas atrás por La Nueva en abierto apoyo al párroco cuando aún ni siquiera se realizaron las pericias a víctima y victimario, son un mensaje para acallar a otras personas abusadas.

“Las notas diciendo que él va a seguir siendo cura, que él sigue siendo normal, que ya va a poder hablar… para quienes fuimos víctimas es tremendo. Y para quienes no denunciaron les da más miedo, esa sensación de impunidad, de que si hablan no va a tener sentido. Sumado a que con esto del encierro yo tengo que estar 24 horas donde ocurrió el hecho”.

La mujer recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico: “Duermo pocas horas y me despierto con pesadillas donde vuelvo a revivir esto. Vivo con miedo constante, cualquier estímulo que vea en una imagen, un sonido, una sensación táctil me da miedo, asco, me quiero bañar y sacarme la sensación de asco y suciedad. Quiero que esto se sepa para que se pueda actuar y que reciba la sanción necesaria, a nivel de la justicia y de la iglesia”.

Centenares de personas, organizaciones y asambleas de países de Latinoamérica, América del Norte, Europa, Asia, Africa y Oceanía, en tiempos de cuarentena se autoconvocaron para realizar un llamado a la Acción Global por una Democracia de la Tierra.

La pandemia nos recuerda que violamos los derechos de la Tierra y de todas sus especies por nuestra cuenta y riesgo, y que sería prudente que consideráramos los conocimientos y la sabiduría ancestrales de los pueblos originarios, guardianes de la Tierra a lo largo de los tiempos, cuyo profundo respeto por la Tierra se basa en la conciencia de la interconexión de toda la vida. Dañar una parte significa dañar el todo.

Esta pandemia no es un “desastre natural”, al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos no son “desastres naturales”. Las epidemias de enfermedades emergentes son antropogénicas – causadas por actividades humanas.

La emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos como comunidad mundial está relacionada con la emergencia sanitaria a la que se enfrenta la Tierra: su constante degradación, la extinción y desaparición de especies y la emergencia climática.

Cuando utilizamos venenos y agrotóxicos, como insecticidas y herbicidas para matar insectos y plantas en el modelo industrial de agricultura, producimos desertificación, contaminamos el agua, el suelo, el aire y destruimos la biodiversidad.

Los agrotóxicos están llevando a la extinción a las especies, incluyendo a los agentes polinizadores, como hemos visto en la drástica disminución de las abejas.

Cuando hacemos minería metalífera a cielo abierto utilizamos millones de litros de agua que es esencial para la vida humana y la naturaleza.

Cuando practicamos la fractura hidráulica o “fracking”, alteramos la conformación geológica y aumentamos el riesgo sísmico.

Cuando quemamos el carbono fósil que la tierra ha fosilizado durante 600 millones de años, violamos las fronteras planetarias. Al industrializar y globalizar nuestros sistemas alimentarios contribuimos hasta un 50% de los gases de efecto invernadero y el cambio climático es la consecuencia.

En el Día de la Tierra, pidamos disculpas por el daño que le hemos causado con la ilusión de la separación, creando paradigmas y herramientas violentas que han hecho la guerra contra la Tierra. Apreciemos su magnificencia y su belleza que tanto eleva nuestros espíritus y comprometámonos a hacer la paz con la Tierra y todas sus especies co-creando con ella sobre la base de sus leyes de la vida.

La Tierra nos ha dado un claro mensaje a través de la pandemia del Coronavirus. Es nuestro imperativo moral, dedicar este momento en el tiempo para hacer una transición a una civilización ecológica para que sembremos las semillas de un futuro común para la humanidad y todos los seres.

Acceso al documento en español: www.naturalezadederechos.org/TIERRA.pdf

El endeudamiento de los sectores populares es una estrategia de supervivencia racional en un contexto de privaciones sistemáticas que busca la resolución del problema de subsistencia actual, independientemente de las dificultades futuras.

“En el transcurso del tiempo entre la toma de deuda y los pagos, no puede descartarse un cambio en el escenario laboral o de ingresos extraordinarios que facilite abonar el compromiso. Y en todo caso, ¿cuánto peor se puede estar?”.

Así lo plantea una investigación coordinada por el economista Francisco Cantamutto, de la cual participaron les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez.

El documento fue publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (Conicet-UNS) y es presentado públicamente mediante una cobertura colaborativa entre FM De la Calle y el Boletín Tramas.

El trabajo advierte que no debe considerarse que “las clases populares tomen deuda con la intención de no pagar. De hecho, más bien lo contrario, suele considerarse que entre la población con mayores carencias hay más probabilidades de cobro. Entre otros motivos, porque cuentan con su reputación y sus relaciones sociales como uno de los pocos activos que le permite tomar deuda”.

El informe refleja las opiniones de 17 personas que trabajan en 14 organizaciones con presencia en barrios de la periferia de Bahía Blanca. Algunas son vehículo de políticas públicas (programa Primera Infancia, Envión o el Fondo Solidario Rotativo de Materiales) o equipos oficiales encargados de su puesta en marcha, otras gestionan crédito solidario, tienen merenderos o comedores, emprendimientos productivos, se dedican a dar talleres, apoyo escolar u organizan espacios recreativos y artísticos. Los testimonios fueron recogidos entre el 10 y el 26 de marzo.

Los gastos de supervivencia y los ligados a mejoras marginales en las condiciones de vida fueron los más referidos, aunque también existió un grupo de motivos vinculado a la inversión en el funcionamiento de emprendimientos propios. Respecto de los acreedores, se identificaron 13 agentes, tanto privados como públicos, con diversos requisitos de acceso, montos prestables y tasas de interés.

Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) Otro parche! Y a por muchos rounds.

Les investigadores evidenciaron “el rol activo del Estado como promotor del endeudamiento popular por diversas vías, tanto directas como indirectas” y que “la responsabilidad en el deterioro de las condiciones sociales se conjugó con el impulso a la financierización de las necesidades”.

Resaltaron que las mujeres de las clases populares fueron “particularmente vulneradas por este proceso, debido a la carga de tareas vinculadas al ámbito de lo doméstico y los cuidados. Las mujeres han sido constituidas en las principales destinatarias del crédito, sin ningún tipo de vínculo con una idea de empoderamiento. Emergen así de la crisis sufriendo mayor precariedad”.

“La toma de deudas con diferentes actores es un recurso disponible, aprovechado de forma generalizada por las clases populares. Existe muy poca planificación del crédito en cuestión, siendo considerada una herramienta para resolver la necesidad actual. Los efectos posteriores del crédito (el pago, más concretamente) son problemas del futuro, que serán resueltos cuando se presenten. Ante la urgencia de la necesidad, que impide solventar el presente, el futuro es una quimera”.

¿Para qué se endeudaron?

La investigación detectó once motivos vinculados al financiamiento de gastos de supervivencia, mejoras en las condiciones de vida o para realizar inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios.

Gastos de supervivencia

  • Gastos cotidianos, especialmente comida.
  • Pago de las facturas de servicios públicos.
  • Pago de alquiler.
  • Gasto extraordinario, mayor al cotidiano, que puede ser estacional -como el inicio de clases, la llegada del invierno y la necesidad de calefaccionarse, o las fiestas de fin de año o para afrontar una eventualidad.
  • Mantenimiento.
  • Pago de otros créditos previos.

Gastos para mejorar las condiciones de vida

  • Para la compra de electrodomésticos, ropa y otros.
  • Para realizar mejoras o reparaciones en la vivienda.
  • Pago de terrenos.

Inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios

  • Compra de máquinas.
  • Compra de mercadería e insumos.

El informe sostiene que “la deuda en las clases populares se consolida como un mecanismo de empobrecimiento de segundo orden, que genera transferencias hacia los acreedores sobre un ingreso ya insuficiente”.

“Esto supone también un mecanismo de control social, que sirve para disciplinar a los sujetos endeudados: se toleran condiciones de vida y trabajo que de otro modo no serían aceptables, en aras de pagar sus deudas”.

¿Con quiénes se endeudaron?

Respecto a los acreedores, las personas entrevistadas coincidieron en que la ANSES es el organismo más reconocido. Un 80% de la población de los barrios populares tomó créditos para cubrir gastos de superviviencia o mejorar sus condiciones de vida. Casi la totalidad son mujeres beneficiarias de la AUH a quienes se les descuenta el pago mensualmente.

Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) os hilos de Cloto, Láquesis y Átropos.

Los bancos no tienen llegada, a diferencia de las casas de electrodomésticos que ofrecen compras en varias cuotas con pocos requisitos. Si bien estas son a largo plazo tienen un alto costo de financiamiento.

La falta de alternativas lleva al endeudamiento en casas de crédito, las cuales ofrecen dinero a sola firma aunque con altas tasas de interés. “Mayormente las mujeres son titulares de estos créditos con acuerdo o presión de sus parejas ya que muchas se emplean formalmente como trabajadoras domésticas o manejan la economía del hogar.

Otras fuentes son las familiares: permiten préstamos ágiles, sin formalidades, y son generalmente de montos bajos destinados a las compras cotidianas o, excepcionalmente, por ventas intrafamiliares de terrenos. El mediador político también suele ser requerido para financiar la compra de terrenos o materiales para la construcción.

La presencia del Municipio es limitada y fue mencionada en casos de créditos para microemprendimientos o para mejoras habitacionales mediante fondos rotativos de materiales. Estos últimos son gestionados por organizaciones no gubernamentales y tienen un espíritu solidario que necesita de su pago para ser recibidos por otras familias. La presencia provincial también es muy escasa e involucra préstamos blandos pero de muy difícil acceso.

En el caso de los negocios barriales se registra el “fiado” para deudas a corto plazo que suelen cubrirse con el cobro de asignaciones o cuya falta de pago deteriora las relaciones vecinales.

Los jóvenes varones suelen requerir adelantos salariales de sus patrones y empleadores para afrontar gastos que serán cubiertos con trabajo futuro.

Los prestamistas informales, usureros o mesas de dinero, suelen ser accesibles y entregan diversos montos. En caso de incumplimiento los acreedores tienen capacidad de vulnerar la reputación del deudor por pertenecer a su misma red de relaciones sociales.

Finalmente, las ayudas económicas entre vecinos/as se da mediante contratos verbales y en caso de incumplimientos permiten la comprensión o pueden derivar en situaciones de violencia.

“Detectamos once motivos de endeudamiento, seis de los cuales tienen que ver con la supervivencia más básica, la mayor parte va a los gastos de subsistencia. Hay una discusión muy grande que tiene que ver con el Estado como un agente promotor de la financierización”, dijo a FM De la Calle Francisco Cantamutto.

El economista coordinó una investigación sobre endeudamiento de los sectores populares y destacó  que allí donde no llega el sistema financiero tradicional, “el Estado cumple un rol activo en hacer llegar las lógicas de las finanzas y hace que a las condiciones de vulnerabilidad que normalmente suceden se les redoble el problema del disciplinamiento por la deuda”.

El documento destaca cinco vías mediante las cuales el Estado promovió el endeudamiento familiar en los barrios de nuestra ciudad.

La primera comprende a la “política económica que generó un mecanismo de empobrecimiento, por la vía del tarifazo, de las subas de intereses, de la apertura de las condiciones de desregulaciones y la precarización del mercado de trabajo. Generó mayor pobreza y fomentó que hubiera que buscar alguna alternativa para salir y levantar cabeza”.

Por otro lado, mencionó la desprotección de derechos sociales provocada por el retraimiento presupuestario de las políticas públicas.

El Estado promovió el endeudamiento desde todos sus niveles: municipal, provincial y nacional. “La Municipalidad tiene dos vías de crédito, una con emprendimientos de pequeña escala y otra con refacciones de vivienda. La Municipalidad en lugar de ofrecer otras vías lo hace por vía de crédito. En provincia pasa algo similar, cuando se tomaba un crédito activamente aparecía la promoción de más vías de financiamiento, te ofrecían más deuda para patear para adelante. Desde el Municipio, para muchas políticas que tenían que ver con acceso a ferias te obligaban a tomar un crédito”.

Los créditos de más alcanceen los barrios populares fueron los entregados por la ANSES. “El trámite es muy accesible y esto ha hecho que las familais se endeuden por el triple de sus ingresos. Las tasas de interés que prestó ANSES superaban el 50%. Como se quitaba el pago de las cuotas directamente de los ingresos se generó que, lo que un primer momento fue un salvavidas se transforme en un yunque”, afirmó Cantamutto.

Los otros dos ejes son la desregulación del sistema financiero y el otorgamiento a través del amparo del accionar abusivo de prestamistas de las clases populares.

“Haber sostenido la regulación del sistema financiero, hizo que otras vías de crédito más cercanas a criterios solidarios hayan prácticamente desaparecido producto de una regulación que permitía a las grandes casas de bancos o negociados pasar por encima a créditos solidarios. El sistema financiero en Argentina no hace llegar el crédito a las pymes, menos a las cooperativas y ni hablar a la gente que no tiene recibo de sueldo. Es un sistema que no tiene alcance de ninguna vía de democratización del crédito”.

“El quinto mecanismo es convalidar acciones abusivas como las de las casas de préstamos y de venta de electrodomésticos. Son entidades financieras y no están alcanzadas por al regulación, entonces hay prácticas usureras y abusivas”.