El próximo martes los abogados de Emanuel Ginóbili avanzarán con la querella contra miembros del Lof Paicil Antreao por el delito de usurpación del territorio que, ancestralmente, pertenece a la comunidad mapuche.

Florentino Nawel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, comentó a FM De la Calle que “hay una docena de imputados mapuches en el juzgado de Villa La Angostura. Hay una intención de parte de Ginóbili de llevar a juicio esta causa, nos parece una aberración que en vez de tener una actitud honesta, como dijo alguna vez que si veía que era territorio mapuche lo devolvía, ahora quiere iniciarnos un juicio”.

“Paicil y Antreao colaboraron con la Comisión de Límites y Fronteras porque necesitaban baqueanos para realizar el trabajo y en compensación y reconocimiento les otorgaron 625 hectáreas, que son parte del territorio que estas personas disputan. Están dentro del Lote 9 que fue entregado en 1902”, comentó Nawel.

“El martes se va a saber si el juez da pie para que el juicio se inicie. Esto va a ser un proceso, no es de un día para el otro. No sé qué pruebas tiene para decir que esas tierras son de él. Tenemos nuestras personas que han nacido y se han criado en este territorio y tienen el conocimiento ancestral sobre el territorio”, finalizó.

(Por Nacho Urruspuru) En la entrevista en vivo por la 87.9 para “El Despertar de la Calle”, el periodista y escritor Patricio Eleisegui, quien acaba de publicar su libro “AgroTóxico: Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial” se refirió a las consecuencias del modelo agroindustrial actual.

Consultado respecto al volumen de Glifosato utilizado en nuestro país, el periodista afirmó que “hoy en la Argentina tenemos un uso alrededor de los 200 millones de litros anuales cuando a principios de la década del 90 se usaba 1 millón de litros por año. Esto implica un impacto ambiental indiscutible, no se puede tirar semejante cantidad de producto sin que haya un efecto sobre los ecosistemas, sobre la salud de los argentinos”.

En este sentido, Eleisegui afirmó que en comparación con Estados Unidos (el principal productor de agrotóxicos a nivel mundial), Argentina utiliza el doble de litros por hectárea y que este número está en ascenso ya que en nuestra región, las malezas que compiten con los cultivos han desarrollado inmunidad a estos productos y por lo tanto requieren de mayores concentraciones de químicos.

“Hoy por hoy encontramos plaguicidas en el agua de las lluvias, en las partículas de polvo, en los ríos”.

Mediante un estudio de la Universidad de La Plata se descubrió que hay rastros de Glifosato presentes en la totalidad de productos higiénicos como el algodón, vendas, cotonetes, toallitas femeninas, tampones. Además, según el SENASA se han detectado la presencia de plaguicidas en el 70% de todas las frutas y verduras que se encuentran a la venta en los Mercados Centrales de Capital Federal, La Plata y Mar del Plata.

Tenemos más de 800 trabajos independientes que verifican que el Glifosato tiene una afectación directa sobre la salud humana y sobre los ecosistemas en general. Hay que pensar que estas compañías tienen un poder financiero y económico enorme y un equipo de científicos que están abocados a generar bibliografía que dice que está muy bien comercializar estos venenos. La resistencia y la evidencia concreta, lo que se llama en Argentina ‘la ciencia digna’, está hecha por estudios independientes de científicos que dedican su tiempo y sus propios recursos para dar a conocer esto que el poder del lobby oculta”.

“Nosotros ponemos en discusión la bibliografía que generan estas compañías que afirma que hacen falta alimentos, que no se llega con los rindes y que por eso debemos usar transgénicos. La verdad que eso no está ocurriendo, sino que lo que tenemos es un enorme problema de distribución de los alimentos. Diversos estudios de la FAO han demostrado que en la Argentina aproximadamente el 50% de las verduras, frutas y verduras se desperdician”.

Al respecto, el periodista comentó que según surge del relevamiento que el propio Ministerio de Agroindustria posee, estos altísimos niveles de desperdicio de alimentos se genera en la misma cadena de producción, es decir, que las propias empresas que dicen que necesitamos de sus paquetes tecnológicos si queremos alimentar a la población mundial, son las mismas que por ineficiencia en la misma cadena están desperdiciando la mitad de los alimentos.

Eleisegui deja ver que el modelo actual de producción de agro alimentos, tiene varias facetas perjudiciales. Por un lado, el problema de accesibilidad a los alimentos por parte de mucha gente, por otro lado, la erradicación del pequeño productor, ya que estos “paquetes tecnológicos” de semillas modificadas y agroquímicos es muy cara. Por último, las consecuencias en el ambiente y en la salud.

Si hacemos un mapeo, según la actividad agrícola que se desarrolla en cada lugar vamos a encontrar una dolencia vinculada específicamente al tipo de producto que se está utilizando. No por nada toda la zona pampeana, que es la zona de la soja (provincias de Buenos Aires, más sur Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba), es la que tiene los indicadores más altos de cáncer; si nos vamos a la zona del Norte (Misiones), encontramos un nivel muy alto de abortos espontáneos y malformaciones ligadas los insecticidas utilizados en la industria del algodón, tabaco y té”.

Frente a aquellos discursos que plantean la necesidad de extender la Frontera Agropecuaria e insisten en que la humanidad necesitará cada vez más alimentos, y por ende necesitará del desarrollo de la biotecnología y la industria agroquímica, Eleisegui sostiene que “condenar este tipo de prácticas no implica ir en contra de la actividad agrícola. Hay alternativas: está la agroecología, que trabaja sin venenos y sin semillas transgénicas”.

Este último modelo de producción está aportando los mismos rindes que los cultivos tradicionalmente tratados con venenos.

La Cámara Federal de General Roca descartó la figura del “exceso en legítima defensa” y procesó con prisión preventiva al cabo primero del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, por el homicidio agravado del mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi.

“El fallo es muy importante porque, además de lo que implica en términos prácticos el cambio de la tipificación de la pena a uno de los responsables del hecho, cuestiona el enemigo interno que plantea Bullrich cuando, gracias al poder mediático, instala la teoría del enfrentamiento, de la presencia de armas en la comunidad mapuche”, comentó a FM De la Calle Santiago Rey, director del portal En Estos Días y autor del libro “Silenciar la muerte”.

Explicó que “el cúmulo de pruebas permite observar que hubo una persecución, una casería, que hubo un muerto pero podría haber habido más, que los Albatros dispararon casi 130 veces con municiones de plomo. Este fallo dicta la preventiva y devuelve el expediente a instrucción para que se sigan acumulando pruebas”.

Pericias

“Hay una primera pericia balística que realizan prestigiosos peritos que con total certeza determina que el proyectil que mató a Rafael salió de un subfusil MP5, que es un arma de guerra, que corresponde a Javier Pintos. A ese resultado se llega comparando el proyectil que se extrajo del cuerpo de Rafa con la armas secuestradas luego del hecho”.

“El juez Villanueva pidió, en su momento, una nueva pericia y se la encargó a Gendarmería, a una fuerza de seguridad que depende del mismo Ministerio que emana órdenes sobre Prefectura, al mismo jefe que debiera controlar a su subordinado”.

“El objetivo de esa pericia es decir que no hay pruebas suficientes, sembrar incertidumbre sobre algo que había quedado claro. La Cámara dice que no se puede tener en cuenta esa pericia porque hay una relación de dependencia en la cadena de mando que hace que lleguemos al Ministerio de Seguridad, que es también el responsable o parte de esa estructura que está siendo investigada en el hecho. Descartada esa pericia se revalida la primera donde queda claro de dónde salió el disparo”.

Responsables directos

“Se dictó la falta de mérito sobre otros cuatro responsables, Cabia, Sosa, García y Obregón. La falta de mérito es que no hay elementos de prueba ni para sobreseerlos ni para procesarlos, remite nuevamente el expediente a instrucción para que se recabe la prueba y puedan resolver la situación procesal de los cuatro. Hay un quinto oficial principal de apellido Berra, que tenía la jefatura de ese operativo, sobre quien hay muchas críticas porque se excedió en los límites del territorio en donde tenía que buscar a quienes tenía que desalojar. Lo que quedó demostrado en el lugar donde se encontraron las vainas servidas es que hubo persecución y casería”.

Responsabilidades políticas

“No creo que haya cuestionamientos penales a responsables políticos. Hay un hecho que es claro: (Pablo) Noceti, mano derecha de Bullrich, en el 2017, un día antes de la desaparición de Santiago Maldonado, se reunió en Bariloche con integrantes del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad y les dijo que la nueva consigna del Ministerio era la actuación ante casos de flagrancia, es decir, que las fuerzas de seguridad puedan actuar más allá de una orden judicial para hacerlo”.

“Según pudimos reconstruir, apeló a una figura tremenda, dijo ‘es como si yo veo que a mi madre la están violando, voy a actuar’. Comparando una protesta social con una violación. A partir de ahí, las fuerzas de seguridad actúan bajo el precepto de flagrancia. En ese contexto tal vez alguien pueda animarse a hacer un cuestionamiento de tipo penal vinculando ese mandato de Noceti”.

A seis meses de la Masacre de la Comisaría de Esteban Echeverría que causó diez muertos, la Comisión Provincial por la Memoria elaboró un informe que da cuenta de las condiciones del establecimiento y las responsabilidades del Estado provincial en el hecho.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, comentó en FM De la Calle que pidieron “la recusación del fiscal, que de entrada la única hipótesis que asumió fue que los responsables eran los detenidos, que se habían prendido fuego ellos y que no había causa penal. No había ni responsabilidad de la policía ni de los responsables políticos”.

El 15 de noviembre de 2018 hubo un incendio en la zona de calabozos de la comisaría 3° de la localidad de Esteban Echeverría donde se hallaban detenidas 26 personas, diez de ellas fallecieron.

“La comisaría estaba clausurada por seis órdenes judiciales, seis tribunales habían dicho que no podía alejar personas. El día que ocurre había 26 personas y tenían lugar para 10, si hubiera estado habilitada. Hay 120 órdenes judiciales que son incumplidas por el Estado provincial que clausuran comisarías, hay una fractura y una ruptura del estado de derecho”, señaló García.

“En 2017 ocurrió la Masacre de Pergamino, donde murieron 17 personas en similares características, el Ministerio de Justicia informó que el 80% de las comisarías no tenían matafuegos, ni plan de contingencia, ni colchones ignífugos. Eso se informó antes y ni siquiera se tomó una medida para eso”.

Por último, el abogado comentó que “los familiares están destrozados, hay nulo acompañamiento estatal. En general son familias muy pobres, sin trabajo, sin vivienda, quien más hizo una contribución fue el Estado municipal pero sin tener contención. Algunos de los sobrevivientes están en cárceles comunes y algunos recuperaron la libertad. De los de la celda 1, que fue la que se incendió, quedaron dos con graves consecuencias físicas, quemaduras severas”.

¿Dónde están los desaparecidos? La pregunta que sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y la mayoría de la sociedad argentina repetimos hace más de cuatro décadas, fue la elegida nuevamente por la Fiscalía para cerrar su alegato en el Juicio Armada II.

“La desaparición desafía una de las condiciones más básicas de la existencia humana, como es la realización del duelo. Ninguna familia pudo velar a sus desaparecidos. El valor de encontrar aunque sea los huesos. Y, sin embargo, lo que tenemos como correlato son los pactos de silencio, los compromisos de impunidad que solo se resquebrajan cuando se trata de pasar factura o de echar a alguien por la borda”.

El fiscal José Nebbia y su auxiliar, Pablo Fermento, solicitaron trece condenas de prisión perpetua, dos de 25 años, una de 16 y otra de 12. Se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio, consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidios, sufridos por 66 militantes políticos.

“Estos hechos son los más graves que podamos conocer. Hablamos no solo de lo que sucedió con las víctimas sino de las relaciones que se entramaron para organizar este aparato criminal. La utilización de las instituciones, la indefensión en la que se colocó a la población y los mecanismos de impunidad. Esta es una forma de evitar su reiteración en el tiempo”, afirmó Fermento.

El Ministerio Público destacó que “la gran organización que se realizó fue la que garantizó la comisión de los hechos (…) Unidades de reserva actuaban cuando las otras no daban abasto. Siempre había alguien para ejecutar la misión de la tortura, del secuestro”.

Durante las jornadas de alegato, los fiscales ubicaron “a cada uno de los imputados en esta organización, a cada unidad, cada fuerza de tarea, los roles que desempeñaron”.

Fermento subrayó: “Consideramos que torturaron tanto los que estaban dentro del centro clandestino como los que planificaban la tortura, la ordenaban y la coordinaban. Usamos el mismo criterio en relación a la violencia sexual: fueron violadores quienes estaban adentro del centro clandestino como quienes incorporaron esta práctica al plan criminal”.

Aseguró que “hemos asistido a una amplísima expresión comunitaria de reivindicación del proceso de justicia en su plenitud. Este desarrollo ha tenido vaivenes, nació con las Madres, con las familias, con los organismos de derechos humanos que vimos en los archivos de inteligencia observados por el Estado, incluso en democracia”.

“Logramos que este movimiento, este compromiso, sea asumido por el Estado. Y eso no implica solamente la investigación sino también que sean sancionados eficaz y adecuadamente. (…) La pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y la lesión provocada que sigue vigente”.

Las condenas a prisión perpetua fueron solicitadas para Sergio Aráoz de Lamadrid, Ricardo César Araujo, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana, Aristóbulo Nicanor Moreira, Francisco Martínez Loydi, Alejandro Carlos Lorenzini, Álvaro Hernán Hermelo, Emilio José Shcaller, Carlos Enrique Lacoste, José Abdala Figueroa, Carlos Alberto Louge y Miguel Ángel Torra.

Por su parte, para Mario Bilesio y Herberto Rubatino se reclamó un castigo de 25 años de cárcel, 16 para Enrique de León y 12 para Luis Oscar Conti.

Tres de los imputados están en libertad. El resto en prisión domiciliaria. Los fiscales pidieron la revocación de los beneficios: “No puede darse ningún tipo de privilegio a quienes cometieron estos delitos y se valieron de los velos de la impunidad. Los delitos continúan vigentes. Los 30 mil desaparecidos continúan en esa situación. Los niños apropiados continúan sin recuperar su identidad. El daño se sigue cometiendo y esto también tiene que ser valorado al momento de aplicar la pena”.

El próximo 20 de mayo comenzará el alegato de la dra. Mónica Fernández Avello, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

El Centro Mandela denunció que integrantes de comunidades originarias de Villa Río Bermejito (Chaco) son obligadas a tener relaciones sexuales a cambio de bolsones de alimentos que entrega en Ejército.

Rolando Núñez informó a FM De la Calle que tres mujeres testimoniaron en el marco de una asamblea que el organismo de derechos humanos realizó el fin de semana largo de Semana Santa.

“Una me contó que si no hacia eso no recibía las cajas alimentarias. El segundo testimonio fue similar y después vino el testimonio de una criolla que dijo que lo hizo una vez, que habló con su pastor y que le dijo que no tenía porqué hacer eso y que las cajas se las debían dar igual”.

Nuñez expuso la situación en una radio local y “se produjeron devoluciones por whatsapp. Cuando desgrabamos el reportaje y lo subimos a la página web, empezaron a venir comunicaciones de Sauzalito, en lo profundo del Impenetrable pero no con el Ejército sino con algunas ramas del sector político y municipal- Y en Nueva Pompeya nos dijeron que ocurría del mismo modo que en Sauzalito pero para conseguir trabajo. Esas comunidades son vulneradas hace décadas, son comunidades enteras que están desprotegidas”.

“Del poder político nadie se comunicó con Centro Mandela, del Poder Judicial tampoco. Anoche se presentó una persona del Ejército para conversar este tema. Si me van a tomar testimonio que sea por escrito, que venga con DNI, con acreditación de pertenecer al Ejército, con nombre de superiores y vamos a filmar la entrevista. No sé si era o no del Ejército Argentino. Calculo que deben estar investigando”, finalizó Nuñez.

Tras la primera jornada del juicio al empresario Marcelo Camin por la muerte del trabajador Juan Cruz Mafredini, el abogado querellante Hugo Fernández adelantó a FM De la Calle que pedirán cinco años de prisión, pena máxima para un homicidio culposo.
Juan Cruz murió en octubre de 2010 producto de las quemaduras sufridas en la deflagración ocurrida en un dúplex de Cuyo 1388 en el cual funcionaba un depósito clandestino de la empresa Camin Cargo Control.

“La empresa se dedica a guardar muestras de hidrocarburos. Eso se guarda durante tres meses por si hay algún problema con el buque cuando llega a destino. Empezaron a almacenar muestras de productos que eran incompatibles. El testimonio de uno de los especialistas de explosivos. Una de las mezclas fue la misma fórmula química con la que se hizo la bomba de la AMIA”, comentó Fernández.

El abogado detalló cómo operaba Camin Cargo: “En el único inmueble que alquiló guardó las muestras, en una habitación había cuchetas para que durmiera el personal de otros lados y, pared contigua, una estantería con estos productos. En la planta alta. Todo eso no podía estar en ese lugar. No podés tener en un barrio, pared de por medio de una familia, en una habitación, sin cartelería, esa cantidad de explosivos”.

“Uno lo piensa desde el punto de vista de la precarización laboral y esto se hizo así para ahorrar plata”, afirmó.

Patricia Bullrich reglamentó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial el empleo de armas electrónicas Taser por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.

Federico Efrón, coordinador del área Litigio y Defensa Legal del CELS, afirmó a FM De la Calle que  “la denominación es arma menos letal porque tiene la capacidad de provocar la muerte. Es menos letal que una escopeta pero es letal”.

“Implica la posibilidad que la fuerza de seguridad en cualquier situación, según este protocolo, pueda disparar estos dos ‘alambrecitos’ que impactan en la persona que van con una descarga que inicia en 50 mil voltios y luego se reduce a 1200 voltios por varios segundos”.

“Este reglamento es muy vago e impreciso y no establece límites claros en el uso, sobre quiénes se puede usar, ni cuántas veces y en qué circunstancias. Ha traído muchos problemas en los países en los que se aplica. Aplicarla en estas condiciones y en Argentina es una mala idea”, comentó.

Según las estadísticas, el uso de este tipo de pistolas multiplica la posibilidad de letalidad. El Comité Contra la Tortura de la ONU señala que el uso puede constituir tortura y por eso llama a que los Estados dejen de utilizarla.

“Al llamarla arma no letal, lo que se piensa es no importa qué hago yo con esto, no voy a a matar a nadie. Quedó demostrado que en Estados Unidos se usó en situaciones donde no correspondía, donde no había un peligro inminente. Eso lleva a un uso indiscriminado”, argumentó Efrón.

En el protocolo publicado en el Boletín Oficial “no está prohibido aplicar una Taser a una mujer embarazada, a un menor de edad, a una persona intoxicada, a ancianos, a personas que han sido rociadas con gas pimienta. Hay estudios que dicen que si se le aplica a una persona que fue rociada con gas pimienta se puede provocar una combustión interna y ocasionar la muerte”.

El CELS presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para corroborar bajo qué condiciones se utilizarían las pistolas Taser y “la única respuesta que tuvimos en febrero fue que ‘no hemos iniciado ningún proceso de licitación de compra'”, finalizó.

A partir de un pedido de Acceso a la Información a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, las periodistas Sandra Crucianelli y Mariel Fitz Patrick pudieron acceder al contenido de los 9 decretos secretos emitidos durante la última dictadura que hoy fueron desclasificados y publicados en el Boletín Oficial.

“El contenido va desde arrestos de personas, hasta las prohibiciones de argentinos para salir del país que en muchos casos significaban una condena a muerte”, comentó Crucianelli a FM De la Calle.

Las periodistas continúan analizando 1483 documentos reservados. “Este gobierno que se dice tan transparente, hace una alharaca de que comparten datos abiertos pero cuando le pedís data te lo entrega en formato cerrado que si vos no contás con el recurso humano contar 1483 celdas es muy difícil”.

Los difundidos hoy, son nueve documentos, uno de los cuales corresponde al año 1976 y lleva la firma del genocida Jorge Rafael Videla. Allí insta a que el “Comando en Jefe del Ejército (…) proceda a la adquisición de los elementos que garanticen el desenvolvimiento eficaz de las operaciones antiguerrilleras”.

Otros cuatro decretos fueron firmados por Lepoldo Fortunato Galtieri y estaban vinculados a la instrumentación de la Guerra de Malvinas y la compra de armamento.

Finalmente, otros cuatro documentos llevan la rubrica de Reynaldo Benito Antonio Bignone, en uno de ellos se habla de la “la necesidad de estrechar vínculos con los países árabes fomentando las relaciones diplomáticas, comerciales y la cooperación bilateral, en especial a partir del apoyo brindado a nuestro país en la cuestión Malvinas”.

En otros dos se celebra un contrato con la  firma Astilleros Ministro Manuel Domecq García S.A. para la construcción de submarinos y, en el último, Bignone establece que “el Comando en Jefe del Ejército – Jefatura II – Inteligencia actúe, directamente o a través de sus dependencias, como proveedora de bienes o prestadora de servicios de seguridad para entidades estatales”.

Crucianelli destacó que “no se puede continuar la revisión histórica de estos procesos porque Argentina mantiene en secreto muchas disposiciones de los militares. La mayoría de los países cuando se cumplen 30 años liberan todo, a menos que algún tema este en curso. Ahora los temas que están cerrados, ya eso debería estar abierto”.

Imagen: Infobae.

“Casación dijo que no hay delito y Montezanti no tiene nada que hacer”, dijo a FM De la Calle Dante Patrignani luego de conocer el archivo de la demanda que le impuso el ex espía de la dictadura Néstor Luis Montezanti por el presunto delito de violación de secretos.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA recordó que el ex presidente de la Cámara Federal le inició tres causas por denunciar su participación en el terrorismo de Estado.

“Una es la que me inició por el agravio al honor, en el fuero civil. Terminé pagando 105 mil pesos, me embargaron el sueldo. Esto está apelado, queda una instancia en la Corte Suprema. Otra era esta, que es una demanda penal y de haber fallado en contra nuestro terminábamos varios años presos”.

“La tercera causa, que también se la gané, fue por pegar carteles frente a la Cámara Federal. Fue esa famosa causa donde el juez provincial manda a un policía a infiltrarse dentro de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti. Lo pasan a Ramos Padilla y también falla a mi favor. La única que queda es la del dinero”, comentó Patrignani.

Respecto al Juicio Académico en la UNS que nunca llegó a concretarse, Patrignani recordó que “la Universidad nombró a los jurados pero todos se excusaban y, por último, le llegó la obligatoriedad de jubilarse porque la ley que tenemos ahora lo obliga a jubilarse a los 70 años, y con eso zafó”.

Cabe destacar, además, que Montezanti optó por jubilarse también como magistrado horas antes de que se conociera la sentencia de un jury que se aprestaba a destituirlo. En ese sentido, Patrignani aseguró que hasta último momento el diputado nacional Nicolas Massot -sobrino de Vicente (ex dueño de La Nueva Provincia)- “estuvo presionando a gente del tribunal de enjuiciamiento para que zafara”.

 

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, archivó por inexistencia de delito la causa seguida al docente de la Universidad Nacional del Sur, Dante Patrignani, quien fuera denunciado por el ex camarista federal y docente Néstor Montezanti por el presunto delito de violación de secretos.

Según la denuncia del ex PCI, Patrignani pegó una serie de afiches donde se veía al ex magistrado luciendo una gorra militar, valiéndose para ello -de acuerdo a la denuncia- de información reservada que daba cuenta de la pertenencia de Montezanti a la inteligencia militar durante el terrorismo de Estado.

Casación hizo lugar a los recursos presentados oportunamente por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa contra el fallo de la Cámara Federal bahiense que había revocado por prematura y contraria a derecho la resolución del juez de primera instancia.

El magistrado interviniente había considerado que la documentación de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino utilizada como fuente de información para la elaboración de los afiches no era de acceso restringido ni secreto para la mayoría de las personas y dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

El juzgado había considerado que la documentación de la Dirección General de Inteligencia del Ejército utilizada como fuente de información para la elaboración de los afiches no era de acceso restringido ni secreto.

El fallo de Casación se refirió a la arbitrariedad alegada por los impugnantes y, en efecto, hizo lugar a la pretensión. Señaló que la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca no debió soslayar la inexistencia de delito sostenida por el titular de la acción pública, basada en que “la propia Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino informó que la documentación no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520”.

En esa línea, agregó que “si bien es sabido que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, existe el deber de pronunciarse sobre los puntos propuestos en cuanto sean decisivos o relevantes en el pleito, puesto que la falta de pronunciamiento con respecto a estos puntos trae aparejada la nulidad de los decidido por falta de fundamentación”.

El origen de la causa

En primer lugar, Montezanti demandó en sede civil a Patrignani por ventilar su participación como personal civil del Ejército durante la última dictadura.

Al momento de contestar la demanda por difamación, el profesor explicó que el ex camarista era Personal Civil de Inteligencia, y fundó su afirmación con una fotocopia del legajo personal del Ejército, con información en ese sentido.

“De modo que mediante los afiches, se había dado a conocer un hecho verídico en libre ejercicio de su libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos”, afirmó la defensa del demandado.

A raíz de ello, el ex magistrado -constituido como querellante en la causa- denunció penalmente al profesor y su letrada por violación de secretos, al considerar que la primera hoja de su legajo personal implicaba develar información reservada.

Libertad de expresión

El fiscal general Javier De Luca dictaminó en el expediente cuando subrogaba la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Federal de Casación Penal. En su presentación había solicitado que se hiciera lugar a los recursos de casación interpuestos por el MPF y la defensa.

Entre sus argumentos sostuvo que si no existe delito, tal como lo había manifestado primeramente el fiscal de instrucción y luego confirmado el juez de esa instancia, no existe acción penal posible.

En este sentido, agregó que aquellas medidas que se consideraron pendientes de realización con el fin de dilucidar la cuestión de fondo presentadas por el denunciante “resultan innecesarias y no logran conmover los argumentos del Ministerio Público Fiscal, que fueron recibidos por el juez de instrucción al archivar las actuaciones por inexistencia de delito”.

Es que el documento de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino, por el cual se denunció al docente por violación de secretos, no era una información secreta, lo que impedía que se configurase uno de los elementos esenciales del tipo penal. El demandante trabajó para el Ejército Argentino y ello constituye información de interés público cuya divulgación queda amparada por la libertad de expresión.

“Cualquier limitación al acceso de información y documentación podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables”, había dictaminado De Luca.

El representante del MPF había agregado que el informe en cuestión, presentado en la causa civil, no era suficiente para atribuir responsabilidad penal, en tanto de ese modo se estarían limitando los derechos al acceso a la información y el debate público de cuestiones de interés general como “garantía del sistema democrático”. El documento de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520, lo que imposibilita la violación de algún secreto. Así las cosas, el fiscal general consideró que el expediente debía ser archivado por inexistencia de delito.

Ayer por la mañana, integrantes de la “Feria Patito” (Beruti y Estados Unidos) fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, el dr. Gustavo Avellaneda y la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González. Fue por el reclamo contra la orden de desalojo dictada por el juez de Faltas, Ricardo Germani. Por parte de las 450 familias ingresaron cinco representantes.

La denuncia fue promovida por el intendente Héctor Gay debido a “antecedentes como un incendio a fines de febrero y supuestos pedidos de la Sociedad de Fomento”. Esas tierras comunales habrían sido otorgadas a Vialidad Nacional. “La sociedad de fomento le pide a Vialidad que haga un espacio verde”, señaló ayer a FM De la Calle la feriante Miriam Montenegro.

Finalmente, según el letrado Leandro Aparicio, que acompañó el reclamo, los funcionarios “plantearon que no tenían problema en hacer una pausa para que no se practique la medida y en el mientras tanto que se regularice la situación”. A su vez, le preguntaron “a los vecinos si ellos conocían algún terreno” a lo que el abogado respondió que esto debería saberlo el gobierno.

Luego, los feriantes se acercaron al juzgado de Faltas y fueron atendidos por su secretario. Garantizaron de palabra que suspenderían la medida de desalojo.

La intervención fue “por intermedio de una gestión que realizó el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Dante Patrignani”.

FM De la Calle presenta “Derechos y Reveses”, una serie microdocumental sobre el ejercicio y violación de derechos en Bahía Blanca. Podrá verse desde este martes en el canal de youtube: FMDELACALLETV.

El ciclo audiovisual es fruto de un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces subsidiado por el ENACOM.

La difusión de los derechos y el seguimiento del ejercicio o violación de los mismos son prioridad de nuestro colectivo al momento de producir contenidos e incluyen un esfuerzo en la construcción de relatos que reconozcan las tensiones invisibilizadas por los medios masivos de comunicación.

La serie original proponía la producción de diez capítulos sobre derechos vinculados al trabajo, la salud, las identidades sexuales, el ambiente, la intimidad, entre otros, en una sociedad de características conservadoras.

La demora en el pago de los fondos del subsidio impidió afrontar los costos del proyecto original y es por eso que la serie se limitó a tres problemáticas: el derecho al trabajo y la destrucción de la pesca artesanal en la ría bahiense; la lucha contra el dragado en Gral. Cerri y la intención de ampliar el polo petroquímico en función de Vaca Muerta; y la marea verde por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la ciudad.

Abuelas de Plaza de Mayo comunicó el encuentro de una nueva nieta, hija de Norma Síntora, secuestrada embarazada de 8 meses, y de Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse, luego de casi 42 años.

La familia

Norma Síntora nació en Cruz del Eje, Córdoba, el 9 de agosto de 1951. En 1968 comenzó a estudiar Ingeniería Electrónica en Córdoba donde conoció a quien sería su marido, Carlos Alberto Solsona. Tras una amistad de varios años, formaron pareja en 1974, en marzo de 1975 se casaron y al año siguiente nació su primer hijo, Marcos.

Norma y Carlos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). A ella sus compañeros la llamaban “La Morocha”, “Raquel”, “Marta” o “La Turca”. Hacia finales de 1976, ante la ferocidad de la represión, la pareja decidió dejar a Marcos al cuidado de sus abuelos maternos por los riesgos que estaban corriendo y empezaron a pensar en el exilio. Por entonces, Norma cursaba su octavo mes de embarazo.

Pero los planes no pudieron concretarse. El 21 de mayo de 1977, alojada en la casa de sus compañeros de militancia Isolina Beatriz Rocchi y Rubén Castro, en Moreno, provincia de Buenos Aires, Norma fue secuestrada junto a ese matrimonio. Los tres continúan desaparecidos.

Al momento del secuestro, Carlos Alberto se encontraba fuera del país y luego debió exiliarse. La familia Solsona-Síntora pretendía escapar de la dictadura y reencontrarse en España: Norma con Marcos y su bebé –a quien pensaban llamar Pablo, si era varón, o Soledad, si era mujer–, y Carlos, ya fuera de Argentina.

Nada más se supo de Norma ni del bebé nacido/a en cautiverio. Se presume que, por la zona del secuestro, podría haber sido llevada a Campo de Mayo, donde habría dado a luz en alguna de las maternidades de ese centro clandestino de detención.

Marcos, el hijo mayor de Norma y Carlos, creció con sus abuelos, con una verdad contada lentamente, mirando fotos y leyendo las cartas que le enviaba su papá. Cuando cumplió 10 años, su abuelo paterno Domingo Solsona lo llevó con Carlos y se produjo el reencuentro. Luego Carlos formó pareja con Ana y tuvo otro hijo, Martín.

Carlos y los abuelos Solsona y Síntora radicaron tempranamente la denuncia sobre el bebé que buscaban en Abuelas de Plaza de Mayo. Existen registros de las presentaciones del abuelo Héctor Síntora en la filial de Abuelas de Córdoba, que mencionaban la desaparición de su hija embarazada de ocho meses.

La búsqueda

En 2012, a partir de diversas informaciones recibidas sobre una joven que había sido inscripta como hija propia por un matrimonio, desde Abuelas se resolvió la aproximación del caso. La documentación reunida mostraba, entre otras cosas, que la partida de nacimiento apócrifa había sido firmada por un médico de la Policía Federal Argentina y que el parto había ocurrido en domicilio. En 2013, el equipo de Aproximación del área de Investigación de Abuelas, contactó a la presunta hija de desaparecidos que vivía en el exterior para invitarla a realizarse el examen de ADN.

El equipo realizó la comunicación por teléfono y quedó en continuarla vía correo electrónico. La mujer adelantó que en 2014 viajaría al país para seguir conversando sobre la posibilidad de analizarse y se le transmitió que la prueba genética también podía efectuarse a través del Consulado. Ante la falta de respuesta subsiguiente, el área de Investigación informó a la presunta nieta que su caso sería derivado a la Unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

El juez Sergio Torres tomó la causa y, a través de la representación diplomática del país donde reside la mujer, intentó en dos oportunidades que se analizara. Ante las negativas, envió un exhorto a la Justicia de ese país, que rechazó realizar un allanamiento para verificar la identidad de la joven.

En junio de 2017, a partir de un allegado de la joven que la incentivó a buscar su origen, se pudo retomar el vínculo. Este amigo, que vive en la Argentina, fue atendido por el equipo jurídico y el de Presentación Espontánea de nuestra Asociación, para despejar dudas y restablecer los puentes para que la mujer accediera finalmente a analizarse.

Hace dos semanas la nueva nieta ingresó al país y, por una notificación de Migraciones, se presentó a la Justicia el miércoles 3 de abril. Allí, con intervención del equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), aceptó realizarse voluntariamente el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que arrojó que es hija de Norma Síntora y Carlos Alberto Solsona.

Abuelas notificó a su papá y a sus hermanos sobre el encuentro, quienes viajaron hasta aquí para conocer todos los detalles del caso. Su papá Carlos, sus hermanos Marcos y Martín y sus sobrinos la esperan para abrazarla y reconstruir más de 40 años de historia arrebatados por el terrorismo de Estado.

Este caso devela la trama de complicidad que conlleva el delito de apropiación de identidad y la necesidad de que toda la sociedad se comprometa a resolverlo. El encuentro de Carlos con su hija no habría sido posible de no haber recibido las informaciones acercadas desde la sociedad, no podría haberse constituido como caso si el Estado no se hubiera comprometido con la búsqueda, y a esto se suma el acompañamiento de su amigo que la guió para que se sacara las dudas sobre lo que la restitución implicaba, las gestiones con los consulados de Argentina en otros países, la labor de la Unidad Fiscal de Investigación, del Juzgado Número 12, de la CONADI, el BNDG y de nuestros colaboradores. Todos y cada uno de los eslabones de esta cadena han hecho posible que la #Nieta129 vuelva a casa. Por eso repetimos: rompamos el silencio, el tiempo es hoy, los nietos y nietas ya tienen entre 39 y 45 años, ayudemos a reparar las heridas que la dictadura nos dejó.

“Un documental no puede cambiar la realidad pero puede ser una herramienta para comenzar a transformarla”, se presenta el proyecto A r t Ó cine, el cual produjo diversos documentales, entre ellos, “La crisis causó dos nueva muertes” y el más reciente “Antón Pirulero”.

Patricio Escobar dirige este último film que pone de manifiesto la desaparición forzada de personas en democracia: “Del ’83 hasta ahora hay más de 200 casos. Eso no es algo normal y no cualquiera puede desaparecer una persona. Tiene que estar implicada la policía, la justicia, el Estado en general. Cada cual tiene que hacer su juego y de ahí sale Antón Pirulero”.

“Cada uno tiene un mismo patrón, la policía está implicada, la justicia no investiga o investiga a los familiares. Eran chicos de cierta edad que por lo general vivían en lugares excluidos de la sociedad”, comentó Escobar a FM De la Calle.

“Que la sociedad esté pidiendo más mano dura nos lleva a más represión, a estar más vigilados, a que la policía haga lo que quiera. Acá estamos viviendo los casos de gatillo fácil cada vez más seguidos. Parte de la máquina de desaparecer personas es la sociedad que mira para otro lado, a quién le importa que desaparezca un pibe de la villa”, se preguntó Escobar.

Mirálo:

El fiscal auxiliar Pablo Fermento dijo a FM De la Calle que “es muy probable” que el siguiente juicio oral sea el que investiga “los hechos anteriores al golpe de Estado”.

Hoy se conmemoran 44 años del asesinato del dirigente estudiantil David “Watu” Cilleruelo en los pasillos de la UNS por parte de la Triple A.

Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero están imputados como coautores del delito de asociación ilícita. Aceituno, además, está acusado como el autor del homicidio del militante de la Federación Juvenil Comunista.

“Salvo Aceituno, detenido en el penal de Santa Rosa, todos están excarcelados. Aceituno tiene imputado un delito de homicidio agravado y en el resto de los casos como es asociación ilícita las penas que se prevén les permiten acceder al beneficio”, comentó el fiscal.

En cuanto a la situación procesal del ex camarista, Néstor Luis Montezanti, Fermento explicó que “en 2015 cuando fue imputado no se presentó a indagatoria y fue declarado en rebeldía por Ramos Padilla cuando estaba subrogando el Juzgado N° 1 de la ciudad”.

“En la indagatoria solicitó una serie de medidas de prueba que se terminaron de producir hace unos días y, ahora, insistimos con el pedido para que se resuelva su situación. Está en plazo el juez para dictar el auto de mérito: puede sobreseerlo, procesarlo o dictar falta de mérito”.

En cuanto a la continuidad de las causas de lesa humanidad, la Fiscalía retomara este jueves a las 14 en Colon 80 el alegato del Juicio Armada II.

Por su parte, la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo realizará esta tarde el histórico acto homenaje en el Ala de Ingeniería de Alem 1253.

El Archivo de la Memoria UNS entregó documentación de 1975 a la Unidad Fiscal que investiga delitos de lesa humanidad. Fue en los actos oficiales por el Día de los Derechos Humanos en la universidad y por el aniversario del asesinato de David “Watu” Cilleruelo.

“Son boletines informativos que se distribuían en los medios de prensa locales, son de casi toda la gestión de (Remus) Tetu. Entendimos que podrían ser interesantes para conocer la dinámica cotidiana de la UNS”, dijo a FM De la Calle el historiador José Marcilese.

Consultado por la publicación del día del homicidio de “Watu”, Marcilese destacó que “fue escueta, en líneas generales hablaba de un discurso bastante despojado de responsabilidades, no fue significativa la información. Una breve crónica de una situación policial. Meses después del asesinato de Watu, un grupo de alumnos busca confrontar con el rector y la gestión y son expulsados”.

El interventor universitario Remus Tetu y el diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce fueron los pilares locales de la banda paraestatal comandada a nivel nacional por José López Rega.

 

Durante un año adolescentes de entre 15 y 18 años de la ciudad de La Plata, investigaron los contenidos de la Ley de Eduación Sexual Integral, a los cuales el Estado les niega el acceso.

El proyecto se llevó a cabo extracurricularmente en el marco del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria.

¿El resultado? Un libro 180 páginas que recorre los contenidos más variados referidos a educación sexual, pasando por violencias machistas, femicidios, diversidad sexual, despenalización y legalización del aborto, el problema de la trata y la explotación sexual, la situación de las mujeres travestis y transgénero, etcétera.

Andrea Beratz, la docente a cargo de acompañar esta tarea comentó a FM De la Calle que “es una recopilación de fuentes y datos, desde ahí se empezó a armar el libro. Trabajábamos en la escuela, en casa, noches sin dormir. Días enteros trabajando, fines de semanas enteros. Fue un año de muchísimo laburo de los pibes”.

Además, la docente comentó que “queríamos trabajar con los medios, cómo titulan y cómo se escriben estos temas. Buscamos casos emblemáticos, hicimos un recorrido histórico”.

“La ESI se reglamentó, enviaron materiales a las escuelas pero la vorágine que estamos viviendo a nivel social, cultural y estos cambios que se vienen dando, hacen que materiales de este tipo queden desactualizados. Sentimos la necesidad de actualizarlos. La Ley de identidad de Género se sancionó mucho después de la Ley de Educación sexual Integral, la Ley de Matrimonio Igualitario también, hay muchos temas que quedaron por fuera del material”.

El Manual está disponible en la web de la Comisión Provincial por la Memoria, en la pestaña de Jóvenes y Memoria, es de descarga libre y gratuita.

“Para mi es un orgullo tremendo lo que han hecho los chicos, es mas que loable y valorable porque trabajaron con la rigurosidad de un trabajo de investigación que está a la altura de cualquier otro. No dimensionamos todavía la magnitud de toda la repercusión”, finalizó Beratz.