La diputada nacional por el Frente de Izquierda e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Myriam Bregman, aseguró a FM De la Calle que “Jujuy es el laboratorio en el cual están ensayando lo que quieren hacer en todo el país, es una avanzada en ajuste y represión, con un aditamento que se notó mucho en las denuncias que recibimos que es el rol del Poder Judicial”. Respecto al pedido del gobierno nacional de ser querellante por la desaparición de Julio López opinó que “demasiadas trabas tiene esta causa como para sumarle una más”.

El fin de semana un grupo diverso de organismos de derechos humanos y legisladoras se instalaron en Jujuy para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. “Superó ampliamente nuestras expectativas porque la gente fue llegando todo el día trayendo pruebas de lo que está pasando, de las torturas en comisaría, de las detenciones ilegales, de los allanamientos ilegales. Más allá de que conocíamos la situación no por eso dejó de asombrarnos el estado policial que se está viviendo en la provincia de Jujuy gobernada por Morales de la UCR y el vicegobernador Haquim del Frente Renovador”.

“La verdad es que es una situación muy, muy complicada. Por ahí se conoce más la detención de Milagro Sala y de algunos otros militantes de esa organización pero lo que ocurre en Jujuy excede completamente ese caso, es un ataque en regla a todo el movimiento obrero y popular”.

Bregman afirmó que “Morales asumió e hizo votar un aumento en los números del Tribunal Superior de la provincia. Varios de los diputados que votaron el aumento de los integrantes después de aprobada la norma se dieron vuelta y fueron designados jueces. Y a quien era apoderado de la lista de la UCR en las elecciones lo ponen de fiscal de Estado para que sea el que acusa en nombre del Estado”.

En cuanto a la intención del gobierno nacional de ser querellante en la causa que investiga la desaparición en democracia de Jorge Julio López, de la cual se cumplirán diez años el 18 de septiembre, Bregman aseguró que “es asombroso” porque lo que debería hacer el Estado es asumir su rol de victimario.

“Casualmente hace unos días aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados un pre dictamen en el cual se exige que el Estado entregue todos los archivos de inteligencia que cuenta sobre la desaparición de Julio López y nos responde con esto, no entregando la información y cumpliendo el rol que debería tener el gobierno sino nuevamente apostando al encubrimiento. Ya como querellantes estamos todos nosotros”, dijo la diputada y agregó: “Sabemos que las fuerzas de seguridad intervinieron, sabemos que la SIDE intervino pero toda esta información recabada nunca se volcó en la causa”.

En Bahía Blanca predominan los imputados por crímenes de lesa humanidad detenidos (63%) en relación al total de represores en libertad (20%). Respecto del tipo de detención, existe paridad entre la domiciliaria (50%) y los alojados en el servicio penitenciario (48%). Los acusados son 143: 90 detenidos, 3 excarcelados, 25 libres, 3 prófugos y 22 fallecidos.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó un estudio detallado de la situación de las personas imputadas por delitos de lesa humanidad en todo el país que revela que, desde marzo de 2015 a agosto pasado, se registra “una tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario”. En ese período la cantidad de quienes accedieron a ese benefició ascendió de 384 a 489.

El informe de la dependencia a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky fue realizado con datos que periódicamente remiten los fiscales federales de todo el país que intervienen en estos procesos. El número global indica que al 1° de agosto pasado -fecha de cierre del trabajo- había en todo el país 1055 detenidos, con una diferencia de apenas 46 entre quienes están detenidos en la cárcel (535) y de aquellos que están presos en su domicilio (489). Ese es “un dato que discute con cualquier manifestación que sugiera que este beneficio se deniega en forma sistemática”, señala el estudio.

En efecto, entre marzo y diciembre de 2015 “aumentó tanto el número de personas con arresto domiciliario como el de detenidos en el servicio penitenciario”. Las cifras “crecían en una distribución pareja, consistente con el aumento del total de imputados detenidos que se dio durante ese periodo”, explica, y sostiene que “esto cambia en 2016, donde la tendencia es a la baja para el total de detenciones y para el número de detenidos en cárceles, pero el arresto domiciliario aumenta”. Aclara que “no puede inferirse que el aumento de un tipo de detención es la consecuencia directa de la baja del otro, pero este cambio se da en un escenario en el que además se dictan menos detenciones o se producen excarcelaciones”.

En esa línea concluye que “el aumento de la cantidad de detenidos en prisión domiciliaria es sostenido desde marzo de 2015, junto con una tendencia a la baja de la cantidad de detenidos en el servicio penitenciario y de los detenidos en general” e indica que “los datos muestran además que en ningún caso se trata de cambios abruptos o representativos de un alto número de imputados”.

Entre los 1055 detenidos, 522 están procesados (casi el 50 por ciento), 509 (48 por ciento) condenados y hay 11 (1 por ciento) absueltos pero procesados en otras causas. El resto, 13, son personas con falta de mérito y sobreseídos con detenciones en otras causas, e indagados y detenidos sobre los que a la fecha de cierre de los datos no se había resuelto su situación procesal.

Si el foco se sitúa sólo sobre el total de 692 condenados al 1° de agosto, las estadísticas muestran que el 73,5 por ciento (509) se encuentra detenido y que el 17 por ciento (116) está en libertad. El restante 9,5 por ciento está integrado por los fallecidos y por un prófugo.

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En tanto, entre los procesados, el 62 por ciento está detenido y el 38 por ciento en libertad. La mayoría de los procesados detenidos está transitando el juicio oral o ya tiene formulada a su respecto la elevación a juicio.

El 16 por ciento de quienes resultaron absueltos en juicio oral se encuentra detenido, pues está procesado con prisión preventiva en otras causas.

La situación en las secciones judiciales

Las cinco secciones judiciales con más alta tasa de detenidos son La Plata (con 118 personas en total que significan un 67,4 por ciento), Corrientes (con 21 y 65,6 por ciento), Resistencia (con 27 y 64,3 por ciento), Bahía Blanca (con 90 detenidos y 62,9 por ciento) y Mendoza (62 y 56,9 por ciento). En la Capital Federal hay 174 detenidos que representan un 50,9 por ciento del total de los imputados de esa jurisdicción.

Reconquista es la sección judicial del país que tiene a todos los detenidos (un total de 6) alojados en dependencias penitenciarias. Jujuy, con 29, suma el 78,4 por ciento; Catamarca, con 3, el 75 por ciento; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 113, el 67,7 por ciento; y Resistencia, con 20, el 74,1 por ciento. La sección judicial de La Plata, que cuenta con el mayor porcentaje de detenidos, registra un 62,6 por ciento de ellos (72) en cárceles.

Por otro lado, si se enfoca la situación en los detenidos con prisión domiciliaria, las secciones judiciales que lideran esa variable, con el 100 por ciento, son Rawson, San Nicolás y Viedma, donde todos los detenidos (4, 2 y 1, respectivamente) están en sus casas. Neuquén tiene 13 detenidos en esa situación que representan un 86,7 por ciento; Salta, 11 y un 84,6 por ciento; Paso de los Libres, 5 y un 83,3 por ciento; y Azul, 28 y un 82,4 por ciento.

(Por ¿Quién te juna?) Históricamente la concepción de mujer madre se ha instaurado en nuestra sociedad. Sumado a ello, la maternidad ha tenido que sufrir varias regulaciones en casi todas las culturas que imponen, cuales son los procedimientos que se deben llevar a cabo durante el proceso del embarazo y cuales deben erradicarse.

A simple vista, esto demuestra la existencia de una relación asimétrica entre la mujer y lxs profesionales de la salud,revelando de esa forma, desigualdades simbólicas y reales que dificultan el libre ejercicio de los derechos básicos que tienen todas las mujeres.

En nuestro país, la violencia obstétrica ha sido legislada. Desde el año 2004, existe la Ley de Parto Humanizado N° 25.929, en la cual se establecen una serie de derechos que tiene la persona por nacer, así como la madre de esx recién nacidx. Por otro lado,  la violencia obstétrica ha sido incluida dentro de la ley de protección Integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres (N° 26.485). Sin embargo los casos no cesan, sino que por el contrario aumentan.

Para la Coordinadora del Observatorio de Violencia Obstétrica y miembro de la Organización Las Casildas, Julieta Saulo, esto sucede porque: “es un tipo de violencia que está por demás naturalizada. La gran mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos”. Además, afirma que: “Las mujeres culturalmente hemos sido criadas y educadas para portarnos bien, para ser buenas chicas, para callarnos la boca y no quejarnos. Entonces, esto se ve y mucho, en la escena del parto. Porque estamos insertas dentro de un sistema médico hegemónico, patriarcal y verticalista”.

Asimismo, es notoria la aparición de traumas psicológicos en las mujeres que son violentadas, porque el embarazo y el parto son hechos dentro de la vida sexual y reproductiva fundante de las mujeres, que se ve impregnado por un tipo de violencia que está establecida dentro de los centros de salud. Sostiene Saulo, quien al mismo tiempo agrega: “la mayoría de las mujeres en nuestro país sufrimos este tipo de violencia, y quizás por desconocimiento no lo sabemos, porque mi relato violento resuena con el de mi amiga que también fue violentada, y esto se traduce en: me ataron las piernas, me dieron medicación y no me informaron que me dieron, tuve a mi hijx y se lx llevaron y no lx pude ver. Un montón de situaciones que están por demás naturalizadas y que una siente que están bien”.

De igual manera, Saulo explica que existe un gran desconocimiento de las leyes que contemplan a la violencia obstétrica. Es por ello que, desde Las Casildas invitan a las mujeres a que se informen, generando dispositivos para concientizar sobre ésta temática. Al mismo tiempo, comenta: “El observatorio, cuenta con una encuesta de atención al parto y a la cesárea, que el objetivo justamente es que: las mujeres que han parido dentro del territorio nacional, puedan completarla por cada uno de sus partos o cesáreas, y son varias preguntas que utilizamos nosotrxs para cuantificar ésta problemáticas”, y concluye: “Los datos finales del Observatorio, los vamos a presentar ahora en octubre, en el Encuentro Nacional de las Mujeres. Las semana pasada terminamos de medir, y ahora estamos haciendo todo el cruzamiento de datos”.

Por otro lado, considera que más allá de la existencia de las leyes que contemplan este tipo de violencia hacia las mujeres, hace falta una visión de género en el sistema de salud actual, al afirmar: “La perspectiva de género es algo a trabajar desde el Estado, desde algo más macro. Me parece súper importante remarcar las leyes que tenemos. Tenemos leyes que deberían cumplirse en todo el territorio nacional, y en muchos casos por desconocimiento no sabemos que poseemos derechos, lxs profesionales de salud tampoco lo saben. Entonces desde el Estado, estaría bueno que se generen campañas de difusión, y por otro lado las organizaciones sociales, en muchos casos vienen a suplir ese bache del Estado y se generan distintas iniciativas”.

En Bahía ninguna mujer está exenta

En la ciudad, son verdaderamente alarmantes los casos. Según Nadia Fernández, perteneciente al Círculo de Mujeres Bahía Blanca sostiene: “Nosotras lo que vemos que hay en Bahía Blanca que refleja la violencia obstétrica, es la enorme cantidad de cesáreas”.

Asimismo, Fernández comenta que una cesárea innecesaria es violencia obstétrica, lo cual en los centros de salud local, se ve y mucho. Al mismo tiempo comenta que: “Salvo en el Penna que ronda el 35%, después el resto de los hospitales de Bahía Blanca en el sector privado todos superan el 80%. Entonces hablamos de un 80% de cesáreas de las cuales, sólo pueden ser necesarias entre un 10 o un 15%, estamos hablando de un 70% de cesáreas innecesarias, que cuadran en violencia obstétrica”. Y concluye: “Lo que se hace es patologizar los embarazaros, y no existe la embarazada sana en Bahía Blanca”.

El Círculo de Mujeres, si bien no cuenta con un espacio físico, puede ser consultado vía Facebook. Nadia Fernández, comenta que en el último tiempo y sobre todo después de la teteada masiva que se hizo a nivel nacional, han recibido más consultas de mujeres que quieren informarse sobre ésta problemática, y de qué manera las afecta. Del mismo modo agrega: “Nosotras nos reunimos de forma no tan organizada. Lo que tratamos de hacer es transmitir información a éstas mujeres que nos solicitan las reuniones. Entonces lo que tratamos de hacer es empoderar a las mujeres para que tengan un embarazo como debe ser, y que no se patologice el 95% de los partos bahienses”.

Sin lugar a dudas, la violencia obstétrica es una de las tantas expresiones misóginas que tiene el patriarcado. Por ello, resulta necesario concientizar sobre ésta problemática, incentivar a la aplicación de un sistema médico con perspectiva de género, para que las mujeres que decidan ser madre, puedan hacerlo con información adecuada y tengan, de esta forma, un parto sano y respetado.

(Imagen perteneciente a la campaña gráfica realizada por la Asociación Civil Las Casildas)

 

Luego del operativo de la justicia federal en el boliche El Reino, el jefe de la Unidad de Salud Mental y Adicciones del Hospital Municipal, Hugo Kern, se refirió en FM De la Calle al consumo de drogas sintéticas y otras sustancias.

La madrugada del domingo fueron detenidos Guido Gentili, Matías Cragno, Javier Selvaggio, Mariano Trellini y Francisco Zalazar, organizadores de una fiesta electrónica y acusados de comercialización de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. La Prefectura Naval encontró en el lugar 70 pastillas de éxtasis, ketamina, LSD, marihuana y cocaína.

A diferencia de las “drogas naturales” que “se producen en el eje sur del mundo y se venden en el norte” las “sintéticas” se producen en laboratorios con bajo costo y son de muy fácil transporte. “Están íntimamente relacionadas con la industria farmacéutica. No es nuevo, es una situación que tenemos desde el año cincuenta y pico, básicamente son muy similares a las sustancias que se usan en el dopaje en el deporte porque están relacionadas con mejorar el estado físico en términos generales para una actividad intensa”, explicó Kern.

El especialista destacó que en nuestra cultura es común la utilización de drogas con fines recreativos: “El uso de alcohol, por ejemplo, está relacionado con la fiesta, prácticamente no hay fiesta en la cual el alcohol no figure, son casos excepcionales si no tiene un lugar central. Es legal pero es una droga”.

Kern opinó que “lo mejor es no consumir ninguna droga” aunque “si eso ocurre las condiciones son varias, no mezclar sustancias, no mezclar drogas y alcohol, mantenerse hidratado, tener consideración de los tiempos que lleva el efecto de la sustancia, en caso de tener síntomas que indiquen problemas relacionados con el consumo o somáticos se debe acudir a la guardia del hospital y lo tienen que recibir porque es el mejor lugar en el que se puede contener a una persona frente a un problema de este tipo”.

“La intoxicación es un problema clínico, no de salud mental, tiene que ser atendido en los sistemas de urgencia. Después viene la parte donde se hace un tratamiento o algún sistema de cambios de comportamiento o de reflexión sobre lo que pasó, es otra cuestión, es lo que tratamos de hacer desde el programa municipal de adicciones”.

Respecto al uso de drogas sintéticas en fiestas electrónicas, Kern comentó “a veces el capitalismo nos muestra su cara más violenta porque lo que pasó en Time Warp es que no hubo dispositivo de cuidado, no hubo acceso al agua y como si todo esto fuera poco se les vendió a los pibes una droga adulterada”.

“Es difícil trabajar con un escenario de prohibición porque no podés trabajar controlando una cosa que tiene que estar prohibida. (…) Hay que apuntar a la reducción del daño, no esperar que esto no pase sino entender que esto ocurre y que la situación no sea más grave o termine de la peor manera como en Time Warp con cinco chicos que fallecieron”, agregó.

“La noche de los bastones largos y la resistencia estudiantil en la UNS” será la consigna de la charla que brindará el profesor Edgardo Fernández Stacco en el marco del 50° aniversario del ataque emblemático de la dictadura de Onganía a la comunidad universitaria. La cita es este miércoles a las 16 en el Aula 1 del Departamento de Economía con invitación del centro de estudiantes.

El magíster en Matemáticas y autor de “Abandono a la contemplación – Apuntes para una historia de la Universidad Nacional del Sur”, se encontraba en Varsovia el 29 de julio de 1966 cuando los uniformados ingresaron a la Universidad de Buenos Aires y apalearon a docentes y estudiantes.

“Nada volvió a ser lo que era, la Facultad de Ciencias y la de Sociales quedaron diezmadas. En Exactas renunciaron 69 de los 73 profesores del Departamento de Física, no quedó nadie. La Clementina -la famosa primer computadora que había comprado Sadosky en el Centro de Cálculo, en el año 60 había empezado a funcionar, renunció todo el personal-, quedó abandonada totalmente”, dijo Stacco a FM De la Calle.

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Relató que “en Bahía Blanca como en todas las universidades del interior hubo manifestaciones, sobre todo de sus estudiantes” dado que el sector docente estaba dando sus primeros pasos hacia la organización gremial. “Hubo algunas manifestaciones de agrupaciones, por ejemplo en Matemáticas, en Humanidades, que se pronunciaron en contra de la acción del gobierno -ya habían intervenido las universidades- lo que se hizo el día anterior de La Noche de los Bastones Largos fue sacar un decreto donde los rectores que habían sido elegidos democráticamente por las asambleas universitarias quedaban a disposición del Poder Ejecutivo”.

El profesor recordó que “los centros de estudiantes habían sido disueltos por decreto pero siguieron funcionando. En Bahía Blanca hubo manifestaciones de todos los que había en ese momento, hubo una reacción, el rector (Aziz Ur) Rahman fue uno de los tres que no renunciaron en todo el país. Ante un comunicado que hubo de los estudiantes del Centro de Económicas se consideró ofendido y suspendió a todos los estudiantes hasta febrero del 67”.

“Un año después tomó una decisión bastante controversial de separar a todos los estudiantes que no tuvieran dos materias rendidas en el último año y dejó sin ciudadanía universitaria a dos mil estudiantes de un golpe. En ese momento la universidad tenía siete mil estudiantes”, agregó.

“Me parece bien que los chicos se preocupen por estas cosas porque en junio, por ejemplo, se cumplieron 98 años de la Reforma Universitaria y yo no vi ninguna manifestación, salvo una que hicimos en un programa radial que tenemos. Dentro de dos años se van a cumplir los primeros cien años y eso fue un cambio fundamental para las universidades, parece que no está internalizado en el cuerpo universitario”.

Fernández Stacco explicó que la dictadura de Onganía propiciaba la “lucha contra el comunismo” que sostenía que las universidades eran el “principal reducto” de dicha militancia. “Muchos de los militares de esa época estudiaban en la Escuela de Panamá y fue la impronta que llegó con el tiempo a los golpes de Estado” en Latinoamérica.

En cuanto al costo que tuvo La Noche de los Bastones Largos para el país, Stacco aseguró que “es imposible de mensurar” aunque rememoró “los años de oro” -1956 a 1966- de las ciencias en la UBA: “Fue una revolución total en matemática, en física, en biología y eso se destruyó totalmente. De Chile, Venezuela, Estados Unidos contrataban no a un profesor destacado -que había muchísimos en esa época- sino de a veinte, a todo el grupo, una cosa totalmente inusitada”.

“En Bahía recién estábamos empezando, teníamos diez años de universidad, todavía no estaba consolidada. Hubo solamente dos renuncias de profesores de historia. Quizás que fue favorecido en el caso de matemáticas porque hubo un par de matrimonios de profesores muy buenos que no quisieron volver a Buenos Aires”, concluyó.

Foto: UNS.

La Corte revocó por unanimidad una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido como medida cautelar los aumentos en la tarifa eléctrica.

Para el Tribunal, carecen de legitimación quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios. La demanda había sido presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el Secretario general de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

La Corte dijo que los Diputados presentantes, el Secretario General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista de dicho Estado carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la presentación del Club Social y Deportivo “12 de octubre”, que también adhirió a la demanda, la Corte dijo que si bien no invoca la calidad de representante de todos los usuarios de la provincia, y por ende no los puede representar, se reenvían las actuaciones al juez de primera instancia para que verifique si dicho club representa a alguna categoría determinada de clubes de barrio o de pueblo.

Fuente: CIJ.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que corresponde confirmar el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que, tras revocar la sentencia de primera instancia, había hecho lugar a la medida cautelar que suspendió las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad para la provincia de Buenos Aires.

Gils Carbó detalló que se debe prestar especial atención al carácter provisorio de la cautelar, cuyo plazo se limita a tres meses desde su otorgamiento, y a las presentaciones realizadas por otros actores -organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados- en la causa y en distintos expedientes referidos al mismo tema.

La medida la había solicitado un grupo de diputados provinciales por medio de una acción de amparo con la que buscaban declarar la nulidad de las resoluciones mencionadas. Luego, el Defensor del Pueblo provincial, el presidente, vicepresidente y apoderado del Partido Justicialista bonaerense y el presidente del Club Social y Deportivo 12 de Octubre se presentaron como terceros y adhirieron a la demanda.

En relación con este punto, a diferencia de lo formulado por la Cámara platense, Gils Carbó le dio parcialmente la razón al Poder Ejecutivo en cuanto a la legitimación de los actores presentados. El tribunal federal había otorgado alcance colectivo a la medida sobre la legitimación del Defensor del Pueblo. Pero la titular del MPF, con apoyo en la doctrina formulada por la Corte Suprema, precisó que ese organismo provincial “carece de legitimación […] dado que se trata de una acción cuyo objeto es controvertir actos del Estado Nacional”.

No obstante, para la procuradora, el Club Social y Deportivo 12 de Octubre acreditó su carácter de afectado, lo cual “le otorga, prima facie, legitimación para peticionar una protección provisoria” hasta tanto se realicen las medidas ordenatorias del proceso y se decida cuál de los sujetos asumirá en definitiva la calidad de titular de la acción.

Al respecto, el dictamen aclaró que “en esta instancia preliminar y urgente, donde aún no se han adoptado medidas ordenatorias del reclamo colectivo vinculado al aumento tarifario de la energía eléctrica y donde todavía el universo de accionantes del sub lite podría ser alterado —ver presentación de la asociación Unión de Usuarios y Consumidores de fojas 567/600—, entiendo que corresponde mantener los efectos colectivos otorgados por el tribunal a quo a la medida cautelar, dado que lo que se encuentra en juego es la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales”.

En el mismo sentido, la procuradora precisó que “del Registro Público de Procesos Colectivos surge que, con relación al aumento tarifario aquí controvertido, se han iniciado otras acciones por parte de actores de diversa índole: organismos públicos, asociaciones de consumidores, otras asociaciones y afectados”.

Las resoluciones cuestionadas

El 25 y 27 de enero de 2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó las resoluciones 6/2016 y 7/2016, por las que dispuso un incremento de la tarifa de energía eléctrica que deben afrontar los usuarios para acceder a ese servicio básico. Esos incrementos comenzarían a regir a partir del 1 de febrero de este año. A su vez, la resolución 1/2016 dictada por el ENRE determinó los valores de los nuevos cuadros tarifarios de EDENOR SA y EDESUR SA.

Estas medidas, indicó Gils Carbó, “dispusieron un cambio en el financiamiento del esquema tarifario del servicio de energía eléctrica […]. De modo similar a lo decidido en el ámbito del servicio básico de gas, se puso en marcha un cambio de un sistema en el cual el Estado asumía un rol central al sostener la generación, distribución e inversión a través de subsidios, a un régimen donde estos conceptos se trasladan sustancialmente, en forma directa, a los usuarios y consumidores”.

Luego, destacó que la parte actora había sostenido que “los hogares que consumen hasta 300 kWh por bimestre deben afrontar aumentos cercanos al quinientos cuarenta por ciento (540%); los que consumen hasta 1.000 kWh, incrementos superiores al setecientos por ciento (700%); y los que consumen más de 1.000 kWh, aumentos de menos del quinientos por ciento (500%) […]. Además, afirmó que los usuarios comerciales e industriales deben afrontar aumentos que rondan entre el seiscientos por ciento (600%) y el setecientos cincuenta por ciento (750%)”.

El dictamen explicó que “a los efectos cautelares, resulta relevante ponderar que la cuantía de tales aumentos no fue controvertida por el Estado Nacional y por el ENRE, quienes tampoco proporcionaron información sobre el impacto de las nuevas medidas en las facturas finales de los usuarios y consumidores”.

De esta manera, la titular del MPF opinó que la resolución de la Cámara de La Plata fue acertada porque “se encuentran reunidos los presupuestos para suspender cautelarmente las mencionadas resoluciones en tanto fueron adoptadas sin la previa celebración de una audiencia pública”.

Derechos constitucionales en juego

Por otra parte, la procuradora señaló que correspondía “efectuar un análisis exhaustivo sobre la configuración de los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora atento a que se encuentra en juego el interés general de la sociedad —cuya defensa incumbe a este Ministerio Público Fiscal por mandato constitucional (art. 120, Constitución Nacional)— vinculado a la continuidad y a la accesibilidad al servicio de energía eléctrica”.

Recordó que la Corte Suprema expuso recientemente en el fallo “CEPIS” que “en materia tarifaria la participación de los usuarios de un servicio público no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida. (…) es imperativo constitucional garantizar la participación ciudadana en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderadas por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio”.

Luego, puntualizó que en el ámbito del servicio básico de la electricidad, “el derecho constitucional a la información, consulta y participación es implementado por la Ley 24.065 de Energía Eléctrica mediante el mecanismo de audiencias públicas”, que determina que “la audiencia pública es, en definitiva, uno de los mecanismos establecidos a fin de proteger los intereses económicos de los usuarios y consumidores (art. 42, Constitución Nacional). La tutela de esos intereses económicos se encuentra receptada, a su vez, en el deber de fijar tarifas justas y razonables (arts. 2 inc. d, y 40, inc. d, ley 24.065), esto es, que observen los principios de transparencia, certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”, tal como también señaló la Corte en “CEPIS”.

Por esto, remarcó que “no puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”, tales como “la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que comprende alimentación y vivienda adecuados, así como una mejora continua de las condiciones de existencia”, y “la protección del derecho a trabajar, a comerciar y ejercer toda industria lícita, entre otros derechos fundamentales”.

En las circunstancias descriptas, la titular del MPF advirtió que “debe primar el derecho de los usuarios y consumidores a participar en la determinación de la tarifa final, ya sea para recibir información adecuada y veraz sobre los aumentos, como para peticionar que la implementación de una nueva política pública no afecte sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional vinculados a la accesibilidad a un servicio básico”.

Esta tarde se realizará el acto central de la Marcha Federal en Plaza de Mayo donde confluirán las cinco columnas que viajaron desde distintos puntos del país para rechazar los despidos, el tarifazo y el ajuste. Ayer, trabajadoras y trabajadores de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn y de localidades de la región se manifestaron en el centro bahiense.

El secretario de Suteba, Roberto Baradel, llamó a “movilizar fuertemente a las audiencias públicas contra el tarifazo y generar las condiciones para que todas las centrales sindicales convoquemos a un paro nacional que le pueda parar la mano a este gobierno y estas políticas”.

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“Si le va bien al gobierno de Macri nos va mal a todos los trabajadores”, dijo el docente y agregó que “no somos desestabilizadores, los trabajadores somos los que más sufrimos cuando se interrumpe el orden constitucional, sabemos bien cómo defender los derechos de los trabajadores y ahí nos vamos a parar fuertemente”.

Enrique Gandolfo, de Suteba y CTA Bahía Blanca, aseguró que “vamos a la Marcha Federal porque cómo no vamos a ir juntos a una marcha en contra de los tarifazos, en contra de los despidos, en contra de los salarios de hambre”.

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“Vamos como pueblo trabajador movilizado, no como ciudadanos. Como pueblo trabajador que sufre y padece las consecuencias. Algunos de esos tipos que ahora están en el gobierno son ciudadanos también de la Argentina, pero son los que fugan las divisas, que tienen cuentas offshore en Panamá o en las Bahamas, son los tipos que saquean nuestros recursos naturales y las riquezas de este país”.

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Gandolfo destacó que “el asunto es cómo se distribuye” esa riqueza y opinó que “hay más condiciones que nunca para un paro general”. “Los 30 mil compañeros desaparecidos son nuestros compañeros y por eso también luchamos, peleamos y levantamos firmemente las banderas de la lucha contra la explotación y la miseria”, afirmó minutos antes de la audiencia preliminar del cuarto juicio de lesa humanidad de la ciudad.

“Traemos muchas expectativas en unidad diferentes sindicatos y agrupaciones para compartir con los compañeros en Bahía Blanca, luego ir a Mar del Plata y en la Plaza de Mayo tener la claridad de pedir todos juntos al gobierno de Macri de que pare la mano”, dijo a FM De la Calle Santiago Goodman de ATECH.

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Daniel Pérez Guillén de la CTA chubutense opinó que “la industria más importante del país, la automotriz, tiene en todas sus fábricas suspensiones, en las que no hay directamente despidos. Por eso esta marcha que hace conocer las realidades de cada rincón del país donde se está sufriendo no solo el tarifazo sino también que toda las paritarias se cerraron con pérdida respecto a la inflación y al alza de los precios descontrolada”.

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Laura, de Coronel Suárez, contó desde el móvil de la radio que pertenece “a un distrito donde manifestarse o ir a la calle por los reclamos no es común pero estos tiempos que vivimos nos sobrepasan y vemos cómo se va avasallando el derecho a trabajar. (…) Le hemos enseñado a las familias de nuestros chicos que no solo defendemos la escuela pública adentro de la escuela, dando clases, sino también mostrando un modelo de participación y de compromiso con la sociedad que nos rodea y saliendo a reclamar los derechos”.

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Irene Petrezzini, dirigente de Suteba Tres Arroyos, aseguró a FM De la Calle que se sumó a la movilización para “expresar la bronca y el disgusto de gran parte de la sociedad por las consecuencias de las políticas neoliberales que aplica este gobierno”. Desde la seccional Villarino, Nelson Holznann, repudió el “ajuste, específicamente los problemas de la escuela pública” y adelantó que la de esta tarde será “una marcha multitudinaria”.

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La Marcha Federal fue convocada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y cuenta con la participación de la Corriente Federal de la CGT, movimientos sociales, pymes, cooperativas de trabajo, agrupaciones estudiantiles, clubes de barrio y empresas recuperadas.

(Por Pablo Quintana) Ese es el canto que más se escuchó en los últimos días entre los integrantes de las comunidades. Emoción, lágrimas, gritos de pura rebeldía nomás. Así se vivió ayer el momento en el Juez Federal, Guido Otranto, dictaminó el archivo del expediente por carecer independencia en la investigación y estar viciada de nulidad, cerrando así el capítulo de extradición a Chile que pesaba sobre el lonko mapuche, Facundo Jones Huala.

“¡Silencio en la sala!”, debió ordenar el magistrado cuando daba lectura del segundo punto de su dictamen en el que disponía la libertad en el proceso judicial y la gente pareció estallar en gritos. Es que la angustia e incertidumbre había ganado los rincones del salón de Gendarmería pero también los aires que se inspiraban afuera, en medio del humo.

Pero la tarde del primer día de setiembre del 2016 tenía reservada más emociones. Horas después del histórico fallo de Otranto, la justicia provincial decidía también poner punto final a la medida cautelar, morigerada, que implicaba una prisión domiciliaria. Así, alrededor de las 18.30, el líder mapuche, esperado por su gente, se retiraba de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 14 de Esquel. El júbilo fue total.

Lo que dejó la audiencia

Atrás quedaban mucho más que dos jornadas intensas por el debate judicial. Quedaba al desnudo una puesta en escena que no pudo hacer mella en el juez Otranto que falló conforme a derecho. La presión que se ejerció en torno al proceso fueron muchas y en la búsqueda de estigmatizar a Jones Huala y el resto de la comunidad mapuche, parecía un vale todo.

Quizás ese puede ser el punto de partida para entender parte de lo que se terminó por resolver en la tarde de ayer.

Porque además de haber declarado la nulidad del informe presentado el 10 de febrero del 2015 por parte de la División Policial de Investigaciones de Esquel de la Policía de Chubut, que dio origen al proceso judicial que culminó ayer, hubo otras trascendentes decisiones. Durante el proceso quedó sobre relieve que como consecuencia directa de esa acción policial el proceso era nulo de nulidad absoluta y ahora será la misma justicia la que tendrá que investigar los hechos allí exhibidos.

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Por ello, el juez ordenó la extracción del testimonio del joven de Gualjaina para que se investigue los tormentos a los que fue sometido en el momento que declaró ante los uniformados. El joven habló de golpes en la patrulla y luego en la comisaría. Más tarde el oficial principal Pablo Carrizo, que trabaja con la fiscalía que tiene asiento en El Hoyo, hablaría de una entrevista a la que sometió al joven sin la asistencia de un abogado.

El testimonio del muchacho de Gualjaina involucraba a Facundo Jones Huala en una campaña que se habría orquestado en su propia casa y lo vinculaba al incendio de un camión en la zona de Leleque. El joven, sin formación educativa, desocupado, dio una breve pero impactante declaración.

En su alegato, la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta puso énfasis al responder la requisitoria de la fiscal Silvina Avila de impulsar la denuncia por falso testimonio contra el joven que recién en la audiencia denunció los golpes recibidos. “Esta defensa está perpleja, cualquiera que conoce la dinámica de la violencia institucional del que son víctimas nuestros jóvenes, pobres, indígenas, de los barrios periféricos a lo largo y ancho de este país, somos conscientes que en general tienen un amplio temor de decir lo que tienen que decir, porque fiscales como usted no les creen. Porque prefieren creerles a funcionarios policiales que golpean, que llevan adelante entrevistas que de por sí no está prevista en la ley, que no pueden entrevistar a un imputado sin la presencia de un abogado y sin embrago lo hacen. En este sentido, nuestros jóvenes van a seguir ocultando los golpes que reciben”, vociferó la abogada defensora. Y no dudó en señalar que la violencia institucional, con la actitud asumida por la fiscal se seguía cometiendo en la audiencia. El hecho, podría decirse, tuvo su punto final en el momento en que el juez ordenó, por medio de su fallo, que se investigue ese hecho puntualmente.

Pero el magistrado fue más allá, dictaminó también la extracción de testimonio para que se investigue el delito de acción pública que habrían cometido los efectivos policiales: el oficial principal Pablo Carrizo, integrante de la Brigada de Investigaciones del Chubut, y el comisario Víctor Velozo, que supo estar a cargo de la comisaría de El Maitén.

Gómez Alcorta había clamado en su alegato que se estaba ante la posibilidad de brindar una cuota de ética “frente a tanto funcionarios policiales y judiciales que han violado la ley, han vulnerado garantías constitucionales, que se han entrometido ilegalmente en la vida de Facundo, de su familia, de su comunidad”. Y el magistrado actuó en consecuencia.

¿Y todo el circo?

Sólo restaría conocer los costos en los que incurrió el Estado para este proceso. No sólo por lo que implicó la instancia judicial sino por el despliegue de efectivos de Gendarmería Nacional que llegaron desde distintos puntos del país en colectivos, camión hidrante, drones y tanta exhibición mediante.

En la búsqueda de esa estigmatización del mapuche violento no había alcanzado con las versiones periodísticas que vincularon a Jones Huala con el asesinato de carabineros o su autoría en los incendios forestales de la región. Tampoco había alcanzado con la mención del famoso RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, las maquinarias quemadas y los atentados terroristas; sino que en las horas previas al inicio del juicio corrió la bola acerca de la presencia de miembros de “Quebracho”.

Así lo replicaron por redes sociales quienes alentaban teorías de este tipo y quienes replicaban sin la menor idea del grado de veracidad que tenía esa especie. Pronto la fotografía del comercio ubicado en avenida Alvear casi esquina avenida Juan Domingo Perón, con sus vitrinas cubiertas con madera, corrió como reguero de pólvora por las redes sociales.

No sólo que nunca pasó nada, sino que bastaba con ver los protagonistas en cuestión. Niños, ancianos y jóvenes jugando, cantando y bailando deberían haber sido los promotores de semejantes tormentos de miedo. El entorno estaba inundado del humo que desplegaba la fogata encendida en el medio de la plazoleta. Pero también estaba anegado por tanto “newen” que brotaba de la muchedumbre que bailaba en las afuera de Gendarmería.

Nadie quería irse de allí. En el purrun, ese baile comunitario en círculo al ritmo del latido del corazón, parecían palpitar esas almas al unísono. En el fondo, se podía ver a los policías y gendarmes armados hasta los dientes y los drones danzando por los aires.

Fotos: Leandro Antiman

El 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca según anunció este mediodía el Tribunal Oral Subrogante en la audiencia preliminar. Será el tercer tramo de la investigación de los hechos ocurridos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado.

La confirmación depende de que Casación acepte la continuidad del pampeano Marcos Aguerrido como cuarto juez y que este termine su participación en el juicio oral que se desarrolla en Neuquén. “La idea es comenzar el debate la primer quincena de octubre”, afirmó José Mario Triputti. Jorge Ferro y Martín Bava completan el tribunal.

La causa “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad” comprende a más de treinta imputados de distintas fuerzas acusados por los crímenes padecidos por un centenar de víctimas. El juicio mantendrá su sede en el rectorado de la UNS de Colón 80 y las audiencias se realizarán semana por medio los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9.

Durante el breve encuentro de este jueves, que contó con la participación de jueces, querellantes, fiscales y defensores, se hicieron planteos referidos a la convocatoria de testigos, la presencia de los represores en las audiencias, el uso de las videoconferencias, las detenciones domiciliarias y el supuesto “hacinamiento” en la Unidad Penal 4.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia se opusieron a la propuesta de la defensa del represor Jorge Rojas de convocar a los jefes de Operaciones y Personal del Ejército y los ex militantes Gustavo Plis-Steremberg y Eduardo Anguita. Para el representante del ex titular del Instituto Sanmartiniano bahiense los primeros eran necesarios para explicar el funcionamiento del Ejército y los segundos “la organización y los objetivos del ERP”. Para la Fiscalía son “impertinentes”.

El Ministerio Público también rechazó el pedido del abogado Mauricio Gutiérrez de volver a citar a Pablo Bohoslavsky y Julio y Rubén Ruiz por el Consejo de Guerra que padecieron. Walter Larrea y Mónica Fernández Avello adhirieron desde la querella.

El defensor oficial Gustavo Rodríguez, preocupado por los “dispendios inútiles” del Poder Judicial, pidió no iniciar el debate hasta que todos sus clientes hayan pasado el examen mental obligatorio que “por su edad y estado de salud” podría motivar la suspensión de los procesos en su contra.

Además, exigió que quienes no están detenidos en Bahía Blanca sigan el debate por videoconferencia y sean trasladados a la sede judicial en ambulancia en vez de utilizar el celular del Servicio Penitenciario.

Las videoconferencias fueron cuestionadas por la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por las reiteradas fallas y demoras que presentaron en juicios anteriores. Fernández Avello planteó que los represores participen de las audiencias y que en la medida de lo posible también se concurran personalmente los y las testigos.

Ante las quejas de la defensa por las condiciones de detención y el hacinamiento de acusados y condenados en la Unidad 4 de Villa Floresta el fiscal Palazzani sugirió al tribunal una inspección con la intervención de todas las partes.

(Por Mauro Llaneza) En el marco de los 30 años del fallo “Bazterrica” de la Corte Suprema, la Asociación de Pensamiento Penal (APP) difundió un documento planteando la necesidad de cambiar la “guerra contra el narcotráfico” propiciada por el gobierno por una política que respete los derechos humanos. El texto ya cuenta con el aval de 263 integrantes del Poder Judicial, solo cinco de Bahía Blanca.

El ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, había sido enjuiciado a principios de los ’80 por tener tres porros aunque el máximo tribunal “por primera vez en la historia de nuestra jurisprudencia estableció que los usuarios de drogas no deben ser criminalizados y que se debe respetar su libertad, su autodeterminación, su privacidad”.

Lo destacó Mariano Fusero en diálogo con FM De la Calle y recordó que desde 1989 está vigente la Ley 23.737 que, a contramano de aquel antecedente, penaliza a los usuarios y las usuarias por la tenencia y el consumo de sustancias prohibidas. En 2009, otra composición de la Corte insistió con su inconstitucionalidad mediante el fallo “Arriola” y, a pesar de la presentación de una veintena de proyectos en el Congreso, el debate parlamentario del tema sigue siendo una deuda de la democracia.

La propuesta de la APP incorpora políticas de “reducción de daños, uso medicinal de cannabis, tratamientos no compulsivos, alternativas a encarcelamiento por delitos menores que llevan un gran trabajo y dispendio de recursos de la justicia y una sobrepoblación carcelaria totalmente innecesaria e inhumanitaria como es el tema de las mal llamadas mulas como eslabón débil y prescindible de la cadena de tráfico”.

Aproximadamente el 70% de las causas que tramita la justicia federal persiguen “perejiles” y sólo el 3% apuntan al crimen organizado. “Además tienen dentro de sus tareas la investigación de delitos muy complejos como el secuestro extorsivo, la trata de personas, delitos de corrupción, amenazas de bomba, de determinada magnitud y gravedad a donde deberían ser enfocados sus recursos”, dijo Fusero. Por los propios criterios de la Corte las causas contra usuarios terminan en absoluciones aunque “la persona pasó por todo un proceso de criminalización y estigmatización que es absolutamente innecesario”.

“Me llama mucho la atención cómo se utiliza la retórica, el discurso de la guerra contra las drogas como una forma de buscar un enemigo, un consenso como chivo expiatorio para acusar de todos los males sociales, eso en definitiva sirve para buscar una fortaleza política cuando se demuestra cierta debilidad a nivel local y mundial en la investigación clara de las altas mafias, del narcotráfico”, aseguró el abogado.

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Agregó que “narcotráfico cero ni siquiera es una utopía, no existe en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos con los miles y miles de millones que invierte a nivel local o de intervención en otros países para luchar en la guerra contra las drogas. Tiene la frontera más radarizada del mundo, tiene un muro con México como país productor y de rutas principales respecto a Estados Unidos y lleva el 50% del consumo de todas las sustancias que se producen en el mundo. Si esos países fracasaron en el intento de combatir la guerra contra las drogas de una manera bélica, claramente qué nos queda para nosotros. Las estrategias deberían ser otras”.

Por ejemplo las uruguayas. Atento a que el 80% del consumo correspondía a la marihuana el ex presidente Pepe Mujica quitó el monopolio de la producción y la cadena de valor al mercado ilegal de la misma manera que ocurre con otras drogas “mucho más dañinas como el alcohol y el tabaco que no están prohibidas sino reguladas”.

“Si se prohíbe, por ejemplo el alcohol, tenemos la experiencia de la Ley Seca de Estados Unidos. Grandes mafias, población que se envenena con malos alcoholes, que se quedan ciegos por el consumo de alcohol metílico en vez de etílico, los mismos efectos de 1920 con la prohibición totalizante de algunas sustancias actualmente y la creación de narcotráfico, de personas que como pasó en la fiesta electrónica se mueren supuestamente por el corte de alguna pastilla sin saber muy bien qué es lo que estaban consumiendo”, explicó Fusero.

En cuanto a la incidencia del consumo de drogas en el delito opinó que “es el principal prejuicio y preconcepto que fue arraigado en una cultura que data de 70 años atrás. (…) Estadísticamente el alcohol es la droga más criminógena que existe a nivel mundial, en sentido de la potencialidad que tiene de crear algún efecto en cada uno de los individuos que conlleve eventualmente a la comisión de actos lesivos para con terceros. Eso está comprobado científicamente. Consumir cannabis y salir a robar, con los efectos sedativos que tiene, es una incongruencia”.

Fusero cuestionó “el tratamiento que se da a las mujeres en prisión, cuando son personas pobres que cometieron delitos de subsistencia, poniendo en riesgo su salud, siendo extorsionadas y amenazadas por las grandes redes criminales, y terminan con penas de prisión de ocho o diez años y se rompe el vínculo familiar con sus niños. 9 de cada 10 mujeres extranjeras prisionalizadas en las cárceles federales están por delitos de drogas”.

Asimismo, el letrado destacó sobre el uso medicinal del cannabis que “es inhumano a una persona o un niño que tiene 500 crisis epilépticas por día y bajó a una o a ninguna o a muy pocas, negarle la posibilidad de acceso a una sustancia que le está beneficiando claramente su salud, deja de ser una cuestión jurídica, es una cuestión de humanidad”.

Desde Bahía Blanca adhieren a la declaración, en el fuero federal, el fiscal ad hoc José Nebbia -Miguel Ángel Palazzani lo hace como titular de Procuvin), y en el provincial: la jueza de Garantías Susana Calcinelli, el juez Correccional José Luis Ares, la defensora general Graciela Cortázar y el defensor oficial Criminal y Correccional Carlos Carnevale.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo el miércoles pasado en Córdoba al ex oficial del Ejército José Antonio Maidana, quien fue jefe de una de las compañías del Batallón de Comunicaciones 181 y tuvo a su cargo el denominado grupo “antiguerrilla”, que intervino en crímenes del terrorismo de Estado en la región.

El ex juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez (foto), quien terminó apartado el año pasado por la parálisis de estos procesos, ignoró todos los pedidos de la Fiscalía, que había aportado en 2013 los datos que permitieron detenerlo ahora.

Maidana se encontraba prófugo desde noviembre 2013 y fue capturado en su domicilio de la la ciudad cordobesa de Viamonte, en la misma dirección que aportaron los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia cuando requirieron su detención hace tres años.

El ex militar llegó en septiembre de 1976 a Bahía Blanca procedente de Tucumán, donde había participado en el Operativo Independencia. En el nuevo destino estuvo a cargo de la compañía de Infantería “Combate Mayor Keller”, donde participó, en el marco de una asociación ilícita, en los secuestros y torturas sufridas por más de 60 víctimas del sur bonaerense.

El Batallón de Comunicaciones 181, indicó la Fiscalía, constituye la segunda unidad militar más grande la jurisdicción y, en el marco del esquema de zonificación empleada para el programa de terrorismo de Estado, fue el instrumento operacional a cargo del Area militar 511, que abarcaba la zona de Bahía Blanca y localidades del sur de la Provincia de Buenos Aires.

En sus dependencias, funcionaron distintos centros clandestinos por los que transitaron centenares de víctimas. Durante el período de actuación de Maidana como jefe de la sección de Infatería, permanecieron allí cautivas los más de veinte pobladores del partido de Villarino, secuestrados en el mes de septiembre de 1976 en operativos masivos realizados en aquella zona, en los que participó el denominado grupo “antiguerrilla”.

Para la época en que Maidana se desempeñó en esa unidad, el Batallón de Comunicaciones 181 también intervino en un amplio operativo ejecutado en la localidad de Tres Arroyos, en el que se detuvieron a más de setenta personas, parte de las cuales fueron mantenidas cautivas en sus instalaciones.

El que no busca, no encuentra

La detención de Maidana fue ordenada en noviembre de 2013, pero su búsqueda no fue profundizada pese a que la Fiscalía insistió con diferentes medidas de búsqueda y presentó varios pedidos de pronto despacho para que se llevaran a cabo.

En julio de 2014 los fiscales reclamaron que no hubiera más dilaciones en la constatación de la presencia de los prófugos en los domicilios que los mismos representantes del MPF habían aportado al momento de solicitar la detención.

Ese pedido no fue tratado por el entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y motivó la presentación de un pedido de pronto despacho en agosto de aquél año por parte de la Fiscalía.

Un mes después, los fiscales interpusieron un nuevo pedido de pronto despacho y exigieron a Martínez que reiterara “la orden emitida a las Fuerzas de Seguridad, a efectos de constatar -con carácter urgente- la presencia de los imputados en los domicilios indicados en la presentación” de la Fiscalía. En octubre volvieron a insistir con un escrito similar.

Y en febrero de 2015, una vez más, reclamaron que se certificara “con precisión” si Maidana residía en la casa en la que finalmente fue encontrado de la localidad de Viamonte, provincia de Córdoba. Dos meses después, los fiscales pidieron un informe sobre el estado de la búsqueda y constataron que Martínez no había provisto la solicitud de febrero. Así, interpusieron dos nuevos pedidos de pronto despacho.

Las omisiones y dilaciones de Martínez formaron parte de las circunstancias que los fiscales llevadaron a conocimiento del Consejo de la Magistratura, en torno al estado de parálisis que atravesaban las investigaciones judiciales de delitos de lesa humanidad en la jurisdicción de Bahía Blanca a mediados de 2015. Esa denuncia derivó en el apartamiento de Martínez de la subrogancia del Juzgado Federal Nº1 de esa ciudad.

La insistencia de los fiscales, mediante una nueva presentación realizada a principios de este año, determinó que el actual juez subrogante Héctor Pedro Plou reactivara las tareas de búsqueda que condujeron a la definitiva captura del imputado.

Fuente: fiscales.gob.ar

¿Quién dijo que el gobierno no se preocupa por las consecuencias de su modelo neoliberal? Al menos en el caso de la provincia de Buenos Aires las autoridades ya tomaron medidas para afrontar la conflictividad social que genere el rápido aumento del desempleo y la pobreza. Claro que las respuestas no vienen de las oficinas de políticas sociales sino del Ministerio de Seguridad.

La Dirección de Infantería fue autorizada a brindar una serie de cursos antidisturbios destinados al personal policial que se encuentre en condiciones operativas con la posibilidad de extender la invitación a “a personal de otras dependencias y/o especialidades policiales de este Ministerio; como así también, a personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad de otras provincias”.

Se pretende capacitar al personal en las siguientes disciplinas: “Operador de Armas Policiales Antidisturbios”, “Jefe de Grupos Antidisturbios de Infantería”, “Asistente Pre-Hospitalario en Situaciones Operativas Antidisturbios”, “Acompañante Motorista Antidisturbios de Infantería”, “Conductor Motorista Antidisturbios de Infantería” y “Operadores de Agentes Químicos Policiales”.

“Este Ministerio de Seguridad impulsa una política de capacitación profesional, mediante la instrumentación de programas y acciones de fortalecimiento destinada a mejorar la formación profesional de los cuadros policiales; esa iniciativa propone consolidar una igualdad de oportunidades de acceso a los circuitos formativos para todo el personal que integra las filas de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”, argumentan las resoluciones.

Agregaron que “el presente ofrecimiento formativo les suministraría a sus cursantes herramientas indispensables para atender los marcos legales y procedimentales reglados y demandados para el desempeño de su labor”.

Contexto

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En un reciente análisis sobre el conflicto social, el titular de la Fisyp, Julio Gambina, advirtió que “el tema de las tarifas de servicios públicos es el conflicto más visible, con cacerolazos y protestas” y también “el impacto social del ajuste, la recesión y la inflación” en el aumento de la pobreza. La respuesta se vio semanas atrás en la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo por Paz, Pan, Trabajo, Techo y Tierra.

“La pobreza es un tema estructural en el país, que en cada ciclo de ajuste consolida nuevos pisos de extensión de la miseria. La pobreza incluye a la población empleada con bajos y precarios salarios, con mayorías de trabajadoras y trabajadores con ingresos por debajo de la canasta necesaria para satisfacer propias necesidades y de sus familias. Un dato elocuente es el 35% de trabajadores y trabajadoras en situación irregular, una tenencia universal que también se afirma en la Argentina”, dijo Gambina.

El economista destacó que la conflictividad labobral crece tanto en el sector estatal como en el privado, un reflejo será la Marcha Federal que protagonizarán esta semana la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos y el permanente amague de paro nacional de la CGT. Como antecedentes pueden mencionarse la movilización del paro del 29 de abril -“que puso en evidencia la potencialidad de la protesta sindical”- o el rechazo al veto presidencial motorizado por las CTA el 2 de junio.

Mañana la justicia federal de Esquel decidirá si extradita o no al lonko weichafe mapuche Facundo Jones Huala reclamado por Chile para ser juzgado por los delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal, e ingreso clandestino al territorio chileno.

“Hay que profundizar el debate político y en la comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino y el Estado chileno quieren seguir reconociendo que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado”, dijo Huala a FM De la Calle desde su celda patagónica.

Este martes se realiza un acampe en cercanías de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario de Esquel para apoyar al líder indígena. Por estas horas, el gimnasio municipal desborda de efectivos de la agrupación XIV Chubut de Gendarmería Nacional con asiento en Rawson comandados por el ex jefe de Asuntos Internos de la Región V Bahía Blanca, Dardo Miguel Caballero.

En vísperas de la audiencia que comenzará el miércoles a las 10, el lonko aseguró que “la confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antiligárquico”.

-¿Quién sos y por qué estás preso?

Yo soy un prisionero político perteneciente a la Nación Mapuche, me toca ser lonko de una serie de comunidades o de un grupo de peñi y lamgen de aquí de la zona de Cushamen. Se llama Cusha mapu el territorio donde le estamos disputando tierras a la multinacional Benetton y donde estamos haciendo ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales parte del movimiento mapuche de Puel Mapu. Y también me encuentro detenido en este momento por un pedido de extradición por el Estado chileno por haber sido partícipe de la defensa de un espacio sagrado que es Ngen Mapu Kintuante frente a la instalación de empresas hidroeléctricas que inundarían estos espacios sagrados. Yo estuve cerca de un año preso con la machi Millaray Huichulaf que es autoridad espiritual y vocera de esas comunidades en resistencia en la zona del Pilmaiquen, cerca de Osorno.

-¿Tu situación es la extradición y también la intención de la justicia de aplicarte la Ley Antiterrorista si bien hasta ahora no lo ha logrado?

Sí, en realidad la Ley Antiterrorista la quisieron aplicar en un principio hace más de un año aquí en el conflicto de tierras de Leleque y no se pudo aplicar porque la misma justicia federal dijo que acá nomás hay un conflicto social radicalizado. Entonces se tuvo que aplicar la legislación común. En el fondo se reconoce el conflicto político pero lo que sucede es que jurídicamente las herramientas técnicas no permiten reconocer ese conflicto político, que fue lo último que han manifestado las autoridades judiciales de la provincia.

Y en términos de la justicia federal en Chile si bien en un momento hace varios años se aplicó con bastante fuerza la Ley Antiterrorista contra las comunidades, contra los peñi presos y todo, en el último tiempo el Estado chileno no la aplicó porque eso tuvo mucha repercusión a nivel internacional y de alguna manera terminaba reconociendo el carácter político del conflicto mapuche. Entonces han aplicado parte de la legislación común en las sentencias, en toda la dinámica del juicio, pero con elementos que provienen de la Ley Antiterrorista, testigos protegidos, informes de inteligencia de lo que es en Chile la ANI la Agencia Nacional de Inteligencia como aquí es la AFI. Y en una parte el Estado argentino también ha copiado esa solución.

Recordemos que por este conflicto aquí saltó a la luz un escándalo con respecto al espionaje ilegal no solo de las comunidades mapuches sino también de vecinos y ambientalistas del No a la Mina, periodistas, maestros, ha habido mucho escándalo.

En Chile ese espionaje ilegal nunca ha sido investigado pero sí utilizado, incluso en el caso nuestro en lo que se denomina el Caso Pisu Pisué que fue el incendio de un fundo, de una estancia, a 50 kilómetros de donde estaba la machi. Pero en realidad fuimos detenidos, más que nada el objetivo político era la detención de la machi Millaray como vocera de esas comunidades y ahí en un momento se planteó la aplicación de la Ley Antiterrorista pero ya perdió fuerza. El tema es que el Estado quiere tratarlo como delitos comunes.

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-¿Políticamente han tenido en alguna instancia diálogo con los Estados argentino o chileno?

Hubo una situación interesante, un hecho político a destacar, el viernes. Se logró dialogar con representantes del Estado, con gente de La Trochita, por una causa que se desprende de la causa más grande que es la recuperación de tierras en la zona de Leleque, por una causa de obstrucción de las vías de La Trochita, recordemos que es monumento histórico nacional. El juzgado federal, el mismo que tiene que resolver mi extradición el 31, planteó una mesa de diálogo como forma de resolución alternativa de conflictos. Si bien es una cuestión menor es un hecho histórico que hayan entes jurídicos y políticos que se sienten a debatir en la cárcel con un prisionero y con gente de las comunidades que actúa dentro de la cárcel.

Me parece que lo último más parecido a eso fue un caso con militantes del ERP, específicamente con Santucho, pero el ERP tenía a un empresario secuestrado y gente del frigorífico creo que se acercó a conversar con Santucho en la cárcel y después fue trasladado. Aquí la situación se da en términos mucho más políticos porque nosotros no tenemos a nadie secuestrado y también es un conflicto mucho más profundo porque es político y cultural.

Aquí están conversando con lonko, con werken, con autoridades político filosóficas culturales del pueblo nación mapuche y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. El hecho en sí, la causa en sí, el despliegue que se generó, el interés de tantos organismos de derechos humanos como del gobierno, organismos políticos, nos ha dado la razón en el sentido del reconocimiento político de este conflicto ancestral.

-Vos decís: pase lo que pase con la extradición seguiré siendo uno más en la confrontación dialéctica mapuche-capitalismo, ¿cómo es esa idea?

Porque nosotros aquí, el pueblo mapuche es víctima de un sistema global, que se instaura a través de los estados coloniales en la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía a finales del Siglo XIX, se da una situación de ocupación militar y política y a partir de ahí somos producto de esa colonización brutal, salvaje, ese genocidio, esa persecución histórica.

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En un primer momento fuimos acampesinados, por decirlo de alguna manera, porque nuestra forma de vida no tiene esa concepción de campesino ni de obrero, de proletario. Y luego de eso fuimos proletarizados gran parte de nuestra población y obligados a vivir bajo los parámetros del mundo occidental que en este momento la máxima expresión del modelo capitalista es el modelo neoliberal.

En esa confrontación entendemos que el Estado no es más que un gerente más del capitalismo global, es una herramienta del sistema capitalista, no es el verdadero enemigo, más allá de que es el que administra las fuerzas policiales, el que genera institucionalidad, el verdadero enemigo es el sistema capitalista que es un sistema político y económico.

En esa confrontación del pueblo mapuche frente a empresas trasnacionales, frente a la oligarquía criolla, frente a todas estas distintas caras que tiene este sistema, nosotros somos en este sector los más pobres entre los pobres, somos el sector más oprimido de la sociedad en lo que hoy es Patagonia o el territorio ancestral mapuche y obviamente que somos la mano de obra de todas estas oligarquías y empresas trasnacionales que pretenden usurpar nuestro territorio.

Esa confrontación dialéctica de opresor y oprimido aquí toma las características de mapuche oprimido frente a un sistema opresor. Aquí planteamos frente a esa contradicción un proceso de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas mediante la validación tanto de todas las formas de lucha como la revitalización de todas nuestras formas culturales y políticas como camino a un proceso de liberación nacional y eso tiene un marcado carácter -si bien es ancestral- anticapitalista, antiimperialista, antioligárquico.

-¿Cómo han sido hasta aquí las condiciones de tu detención?

La verdad es que a pesar de todo, de que es muy duro estar encarcelado y que la represión del Estado argentino también ha sido brutal, las condiciones carcelarias argentinas son mucho menos indignas que las chilenas. A pesar de todo uno igual sigue manteniendo la moral alta porque el nivel de movilización de la gente no ha decaído, al contrario, se ha fortalecido.

No solamente el proceso de recuperación de tierras en la zona de Leleque, de Cushamen y de Vuelta del Río sino que también se ha fortalecido esa lucha en otros sectores del territorio mapuche donde los movimientos mapuches autónomos tienen presencia de diferentes maneras, tanto en el fortalecimiento de los procesos de recuperación que ya se mantenían sino también en acciones de sabotaje al sistema capitalista. Yo estaba aquí detenido y me enteré por las noticias pero un grupo de resistencia mapuche atacó maquinaria del magnate inglés Joe Lewis en la comarca andina y cabañas pertenecientes al sindicato petrolero donde incluso había una situación de trata de personas.

 _MG_5207-¿Qué sabes de tu comunidad después de tu detención, de la violencia que se ejerció sobre mujeres, niños y niñas?

Ellos también se encuentran fortalecidos a pesar del maltrato del Estado opresor y de las empresas. Fortalecidos política, filosóficamente, eso es lo que a uno de la da la moral para seguir aquí firme, con las convicciones, digno.

Por eso le digo que todo depende mucho de esa movilización política y social, de la profundización y la conciencia política e histórica de nosotros como pertenecientes a la Nación Mapuche, de la identificación del enemigo real, del cese ya paulatino, cada vez más grande de la violencia interna que nos ha heredado este sistema perverso, del despojo de vicios, por lo menos en una parte del sector del movimiento mapuche más combativo, más consciente y organizado.

En ese sentido la resistencia de Vuelta del Río, de recuperación de tierras, se encuentra más fortalecido que nunca, totalmente convencido y va a seguir plantándose como se ha plantado hasta el momento. Las últimas represiones los weichafe resistieron nuevamente con piedras a la brutalidad policial con balas de plomo y de balas de goma, pero sobre todo destacar que se enfrentaron a balas de plomo. Y los weichafe y los kona que se encontraban allí presentes pudieron echar a la policía con hondas y gomeras y eso es algo de destacar, la diferencia del poder de fuego y la dignidad de nuestros peñi, se pudo resistir la brutalidad de la represión.

-¿Para la audiencia de extradición qué expectativas hay?

En realidad lo que dice la ley de extradición es que los delitos políticos no son extraditables. Solo los delitos políticos y lo que pueda generar una suerte de conflicto social, por llamarlo de alguna manera, no es extraditable.

El tema es que el Estado chileno no quiere reconocer el conflicto político, tiene más de 40 prisioneros políticos mapuches, gente mayor de edad encarcelados, autoridades tradicionales, que una viejita, una machi, encarcelada dos veces y juzgada por la misma causa, rompiendo todos los estándares de derechos humanos internacionales, la misma legislación chilena, los fiscales reconocieron que tienen presos políticos mapuches sin prueba, pero siguen tratando todo como delitos comunes.

Aquí todo depende del grado de movilización de la gente, de la connivencia o no de la fiscalía federal a nivel local y por lo mismo le decía de la organización y de la conciencia que pueda adquirir no solo el pueblo mapuche sino el resto de la sociedad, de comprender el conflicto político histórico que atraviesa dos Estados que son hijos de la corona española, tenemos que recordar que los Estados criollos nacen a partir de una pelea entre los mismos hijos o nietos de los españoles, que plantean ese proceso que fue la Revolución de Mayo, todas esas situaciones, pero que recién en territorio mapuche pueden ingresar en 1881 y 1879 que fue la Conquista del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, los antecesores del Plan Cóndor en los 70.

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Tenemos que hacer mucho hincapié en eso, estamos atravesados por dos Estados coloniales hace 130 años, ni siquiera vivimos el bicentenario porque es muy nueva toda esta situación jurisdiccional, tanto jurídica e incluso colonial para nosotros. Si bien vivimos muchos años de agachar la cabeza creo que el grado de concientización y de politización propia mapuche ha alcanzado niveles que nadie se esperaba, venimos a interpelar a la sociedad en general en términos constructivos y a los Estados en términos de reparación y al sistema capitalista en términos -ojalá- de expulsión de sus intereses de nuestro territorio. Y me parece que eso es lo que hay que comprender.

Hay que profundizar el debate político y en esa comprensión de ese debate o discusión política comprender que aquí se está juzgando un hecho político y que la extradición también es una decisión política. Hay que ver cuánto el Estado argentino quiere seguir reconociendo, y el Estado chileno, que tienen un conflicto político que no han sabido solucionar y que han sido los que lo han generado.

Fotos: Radio La Negra, Diario La Jornada, Pablo Quintana.

Como lanzamiento de la Escuela de Comunicación Popular de FM De la Calle se llevó a cabo el sábado un taller intensivo sobre herramientas básicas para producir relatos audiovisuales. El encuentro fue coordinado por Federico Randazzo, director, productor y guionista.

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Estudiantes de periodismo, profesionales de los medios y ciudadanxs con ganas de producir escucharon a Federico proponer como idea central: construir la voz propia dentro del marco de hiperinformación en el cual vivimos, donde para hacerlo, es necesario contemplar una de las herramientas más cercanas que tenemos al alcance del bolsillo, nuestro teléfono celular. No es casualidad, ya que la Argentina figura en el puesto 20 en cantidad de equipos, con 50 millones de smartphones, más que la cantidad de habitantes.

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“La industria audiovisual explotó en los últimos tiempos, nadie tiene bien en claro qué va a suceder con todo esto, pero en el medio nos cruzamos con situaciones que no la podes creer: en la ultimas olimpiadas vi salir a un tipo en un móvil de un canal internacional con un teléfono celular, esto nos dice que parte de la misma tecnología que está usando hoy la CNN, Telesur o cualquier canal masivo, la tenemos nosotrxs también. Y eso es magnifico, pero significa que tenemos que salir a dar batalla”.

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Federico Randazzo además planteó como segunda idea que en esta etapa debemos transformarnos en “prosumidorxs”, es decir, ser propios productores/as de lo que consumimos en esta industria.

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A lo largo del taller se sintetizaron algunas recomendaciones a la hora de pensar una producción: tener ideas claras, saber a quién están dirigidas, encontrar una referencia dentro del propio campo que nos ayude a visualizar la forma y, por último, cómo organizar todo en cronogramas de trabajo, guiones y equipo de producción. “Hay que producir con la medida de nuestras posibilidades, para que esa voz propia irrumpa en escena (…) porque hacer algo televisivo, es hacer algo disruptivo que rompa con lo que estamos acostumbradxs”.

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Ser un medio alternativo, comunitario y popular es también seguir generando instancias de formación y debate, es profesionalizar lo que hacemos. Por eso próximamente se realizarán más encuentros sobre comunicación y el campo digital con acceso real a la información, comunicación y educación con perspectiva de género y comunicación y práctica integral en radio.

La Comisión por la Memoria (CPM) celebra el histórico fallo del Tribunal Federal N 1 de Córdoba en la Megacausa La Perla y alerta sobre la necesidad imperiosa de avanzar en el proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Las más de 20 mil personas reunidas afuera de los tribunales muestran que la bandera de verdad, justicia y memoria representa a todo el pueblo argentino. Sin embargo, las denuncias por demoras en los juicios y desidia en el desempeño de los jueces crecen en diferentes puntos del país. Sumado a esto, el reciente otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz en La Plata completa un cuadro de preocupación.

La lucha de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes ha sido larga, difícil y persistente. Pero finalmente tuvo sus frutos: la bandera de verdad, justicia y memoria representa para la mayoría de los argentinos un reaseguro de la democracia, un pilar fundamental, un emblema en la construcción de una sociedad más justa. El fallo reciente en la denominada Megacausa La Perla es histórico. Fueron 28 condenas a cadena perpetua que incluyen, entre otras, al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez (quien por primera vez fue condenado por robo de bebés) y a Ernesto Barreiro, que recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad.

Afuera de los tribunales hubo alrededor de 20 mil personas acompañando la lectura de la sentencia. Un escenario que prueba ese sentir mayoritario de rechazo a la última dictadura y los crímenes cometidos por el terrorismo de estado, y que constituye un piso incuestionable de nuestra democracia. Muestras de lo mismo han sido también los repudios generalizados a los múltiples intentos por cuestionar la emblemática cifra de 30 mil desaparecidos o las movilizaciones por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Echecolatz en La Plata.

En este misma línea, la CPM celebra también el inicio del juicio conocido como Megacausa III en Santiago del Estero, que vuelve a poner en debate las responsabilidades en crímenes de lesa humanidad del ex jefe de la policía provincial, Antonio Musa Azar, entre otros, y que juzgará por primera vez el desempeño de dos magistrados durante la última dictadura militar. Desde la CPM, se han aportado a la causa documentos probatorios claves pertenecientes al archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Para no frenar este proceso no solamente es necesario que el Estado promueva políticas activas que permitan crear las condiciones para el avance de los juicios aún pendientes de ejecución, sino que la justicia también asuma este compromiso y vele por el efectivo cumplimiento de las condenas enviando a los responsables del genocidio a cumplir sus condenas en cárceles comunes.

Las decisiones conocidas en los últimos días que otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz constituyen una afrenta al reclamo de verdad, justicia y memoria, pero además hieren en un profundo sentido las expectativas del conjunto de la sociedad argentina por sacar definitivamente del plano de la impunidad a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
En este mismo sentido, resulta imperioso que el Estado Nacional y la justicia atiendan los reclamos que en todas partes del país denuncian demoras y complicaciones en múltiples juicios. En la provincia de Buenos Aires algunos casos puntuales dan cuenta de esta situación. En La Plata se aplazó ya dos veces el inicio del juicio por los crímenes cometidos por la Concertación Nacional Universitaria (CNU) y en San Nicolás el juicio por el asesinato del obispo Ponce de León, que iba a empezar en abril, se pospuso tres veces. En los tribunales de San Martín suman 16 los juicios orales en lista de espera y todavía no hay fecha para el inicio de las audiencias en La Plata por la causa Pozo de Quilmes, elevada a juicio en junio de 2015.

En este contexto, la sentencia de ayer por la Megacausa La Perla es un impulso, un hito que señala el camino que todos esperamos: verdad, justicia y memoria. El Estado y la justicia no pueden eludir la responsabilidad histórica que les toca en este sentido.

Desalentar, desde cualquier perspectiva, este proceso, sería desconocer las expectativas de la sociedad que comprendió que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fueron en contra de todo el pueblo argentino y que, por lo tanto, su reparación efectiva y absoluta mediante la administración de justicia es condición fundamental para la construcción de una patria realmente democrática e igualitaria.

Con 38 condenas, 28 de las cuales fueron a prisión perpetua, y cinco absoluciones concluyó hoy en Córdoba uno de los juicios más grandes de la historia judicial argentina, que abordó las responsabilidades en los crímenes perpetrados contra 711 víctimas por 43 -la cifra fue mayor, pero son los que llegaron al final del juicio- ex militares, policías y civiles de inteligencia en delitos del terrorismo de Estado antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976, con epicentro en los centros clandestinos de detención “La Perla” y “Campo La Ribera”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba, en la voz de su presidente, Jaime Díaz Gravier, dio a conocer cerca del mediodía el veredicto de un extenso debate que llevó tres años y nueve meses de trabajo y que culminó al cabo de 353 audiencias.

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Secundado por sus colegas  Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, Díaz Gravier leyó los 97 puntos del resolutorio, que, además de las condenas a perpetua y las absoluciones, incluyó penas de entre dos años y medio y 21 años de prisión para diez de los acusados.  La lectura fue seguida por atención tanto dentro como fuera de la sala de audiencias, en el marco de una expectativa nacional: una multitud se congregó en las puertas de los tribunales federales de Córdoba para escuchar los pormenores de la sentencia, que fue seguida a través de Internet -entre otros lugares- en el auditorio del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de la Ex ESMA, en Buenos Aires.

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El Tribunal, que dará a conocer los fundamentos de la decisión el 25 de octubre próximo, dispuso penas de prisión perpetua para el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez -quien sumó hoy su decimocuarta condena por crímenes de lesa humanidad- y para los miembros del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, su jefe y segundo comandante -en distintos períodos-, Luis Santiago Martella; el jefe de Asuntos civiles (G-5), Jorge González Navarro; el jefe de Operaciones (G-3), Jorge Eduardo Gorleri; y el jefe de Inteligencia (G-2), Héctor Hugo Chilo.

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La misma pena fue aplicada a los ex jefes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141, Luis Gustavo Diedrichs y Héctor Pedro Vergés; el ex jefe de la Primera Sección Ejecución y jefe de interrogadores del Grupo de Operaciones Especiales, Guillermo Enrique Barreiro; para los ex integrantes de la Sección Actividades Especiales de Inteligencia, Carlos Enrique Villanueva y José Hugo Herrera; el ex sargento Juan Eusebio Vega; el ex miembro de la Primera Sección Ejecución, Oreste Valentín Padován; el sindicado jefe de los operativos de secuestro, Jorge Exequiel Acosta; el integrante de uno de los grupos operativos, Carlos Alberto Díaz; y los civiles de Inteligencia Emilio Morard, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero.

Los jueces también coincidieron con la Fiscalía en la aplicación de la pena de prisión perpetua para el ex subcomisario del Departamento de Informaciones policiales (D2) Yamil Jabour; el jefe de la Brigada Antisubversiva N°2, Carlos Alfredo Yanicelli; los ex policías del D2 Juan Eduardo Ramón Molina, Marcelo Luna, Eduardo Grandi, Alberto Luis Lucero, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Herminio Jesús Antón y Mirta Graciela Antón.

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Los civiles de inteligencia, José Luis Yañez y Enrique Alfredo Maffei recibieron 20 y 21 años de prisión, respectivamente; el policía del D2, Antonio Reginaldo Castro, 8 años de prisión, y el cabo 1ero del Liceo Militar General Paz, Miguel Ángel Lemoine, 5 años de prisión, al igual que el militar Wenceslao Claro. En tanto, el ex policía del D2 Raúl Alejandro Contrera fue condenado a 8 años de prisión, mientras que su colega Rubén Osvaldo Broco recibió tres años de prisión e inmediatamente obtuvo la libertad por haber cumplido la pena. El ex militar Carlos Edgardo Monti, en tanto, fue condenado a dos años y medio de prisión.

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El ex jefe de la Sección Comando y Servicio o Logística del Destacamento de Inteligencia 141, José Andrés Tófalo, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que el ex subjefe y luego jefe de la Policía provincial, Alberto Luis Choux, recibió 11 años de prisión. Para ambos la Fiscalía había requerido la pena de prisión perpetua.

Fueron finalmente absueltos los ex policías del D2 Juan Carlos Cerutti, Francisco José Melfi y Antonio Filiz, sobre quienes pesaba una acusación fiscal para que se los condenara a prisión perpetua; José Idelfonso Vélez, para quien los fiscales habían pedido 17 años de prisión; y el ex militar Ángel Osvaldo Corvalán, para quien se había reclamado una pena de tres años de prisión.

Fuente: fiscales.gob.ar

Imágenes de los colectivos: Mucho Palo Noticias – ECOS Córdoba – Zumba La Turba – Fotografía de Prensa – en la transmisión inclusiva de la Red Nacional de Medios Alternativos 

Se constituyó la comisión de seguimiento y evaluación de la Ordenanza 18.164, que establece la caducidad para la explotación y toda otra actividad que promueva el proxenetismo y la trata y explotación de personas. Para la directora de Integración y Fortalecimiento de Derechos Humanos, Letizia Tamborindeguy, fue un encuentro “para seguir trabajando sobre esta problemática que es terrible y todos sabemos que existe”. En septiembre habrá actividades de concientización.

“La ordenanza propone dos tipos de comisiones. El primero es una comisión de autoridad de aplicación que nos juntamos hace quince días, está conformada por distintos representantes de secretarías del municipio que son los encargados de ver si están habilitados o no los cabarets. Desde esa reunión misma surgió la reunión de ayer que fue la primera de Comisión de Seguimiento y Evaluación de la ordenanza, de la cual no participaron solamente personas del municipio sino referentes y representantes de otras instituciones”, explicó la funcionaria a FM De la Calle.

Tamborindeguy recordó que “la ordenanza decía que cuando se cerraba un cabaret tenía un plazo determinado para presentar una propuesta alternativa. La realidad es que se pasó ese plazo, no han presentado ningún tipo de propuestas y hoy por hoy no hay ningún local habilitado”. “Formalmente está todo cerrado”, afirmó y destacó que “todos sabemos que ha crecido bastante lo que tiene que ver con los privados, pero eso ya atañe a otro campo”.

Ante los operativos judiciales en locales donde son explotadas mujeres víctimas de trata “el municipio no interviene directamente pero sí se trabaja con el equipo de rescate a partir del número 145, se los convoca -están en La Plata- e interviene. Sí hemos trabajado en la contención”.

La normativa establece que la comisión de seguimiento “estará integrada por un representante del ejecutivo municipal, uno del Concejo Deliberante, organizaciones de la sociedad civil vinculadas directamente a esta problemática, el Consejo del Menor y la Familia, el Poder Judicial Federal y un referente de la unidad fiscal de Delitos Sexuales del Departamento Judicial Bahía Blanca”.

Participaron del primer encuentro Franco Di Santi de Bahía Contra la Trata; el director de Fiscalización, José Luis Montanaro; el fiscal Mauricio del Cero; María Gracia Acevedo, de la Fiscalía General oficina Violencia de Género; Silvina Pascuaré en representación de Fiscalía Federal; Soledad Monárdez, subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos; Delia Martínez Urquiza de Pastoral Migratoria; Virginia Linares del Frente Julieta Lanteri; María Inés Re, en representación de la Secretaría de Salud y la concejala Miriam Lantosca y su par Matías Lera.