El titular del área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión por la Memoria, Rodrigo Pomares, confirmó la denuncia penal contra el policía bonaerense Carlos Teodoro Tajanisevic y Natalia García y Carlos Terán de la Policía Local por vejaciones, apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la violencia ejercida la semana pasada contra dos jóvenes en Villa Rosas. “Sorprendentemente” nadie la había presentado.

Previamente, una queja del organismo de derechos humanos ante Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad “para alertar sobre lo que era evidente y había tomado estado público” motivó la desafectación de l@s uniformad@s por haber “violado todo tipo de normativa, protocolo” y haber actuado “de manera completamente violenta y desproporcionada”.

“Solicitamos a la Fiscalía General que nos informen algo que para nosotros a esa altura era evidente que es el inicio de actuaciones de oficio para indagar sobre los posibles delitos que se habían cometido en el marco de ese procedimiento, cosa que sorprendentemente no había ocurrido. Más allá de la denuncia que haga o no un particular se trata de casos de delitos de acción pública, cualquier fiscal o ciudadano puede alertar sobre un posible delito e intervenir. Eso no ocurrió”, explicó Pomares a Enredados*.

Sobre la Policía Local, el abogado recordó que “surgieron en el marco de una emergencia en materia de seguridad creada de una manera muy poco estudiada, con un marco normativo muy débil, se crearon por decreto, con poca claridad respecto a sus atribuciones, con escasa o nula capacitación”.

A esto se suma el cruce con “la Bonaerense histórica” y la “academia informal en la calle”. “Si bien era importante la formación académica de un policía, que debiera ser más exhaustiva, tener otros contenidos, también hay una formación que se da en cualquier profesión, que es la que se da en el ejercicio concreto. Parece que mucho se pone a jugar en la práctica, en este caso parecía claramente que el policía de años les estaba diciendo a los más chicos ‘esto hay que manejarlo así'”.

Pomares destacó además el mensaje sobre el trato entre personas adultas y jóvenes: “Parecía como una cuestión casi natural que un adulto se tiene que comportar de esa manera con los jóvenes y lo que uno espera de un adulto, que aparte es funcionario policial, es otra actitud, que trate de contemporizar la situación, evitar que se generen más situaciones de conflicto, buscar alternativas en caso de que efectivamente hubiera una falta o delito”.

Todo esto ante “un vacío muy grande” generado por la falta de creación de organismos de Promoción y Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes por parte de la provincia y los municipios.

El bonarense Tanasijevic milita en las redes sociales que “el único delincuente que no vuelve a delinquir es el delincuente muerto” y que por eso hay que “pisarlos como cucarachas” o “matarlos en nombre de los derechos humanos de los humanos derechos: juez que deja en libertad estas lacras, no queda otra que fusilarlo nada de juri”. Además “agradece” al genocida Jorge Rafael Videla, condenado por crímenes de lesa humanidad, por la “por la defensa de la patria y la libertad”.

Consultado al respecto, el director de Seguridad Democrática de la CPM dijo que “existe un marco de libertad en el que todos podemos expresar nuestras ideologías y opiniones pero la apología del delito, de la discriminación, es en sí mismo un delito”. Sin censura previa, se puede manifestar “cualquier cosa” y luego “hay que hacerse cargo de las consecuencias”.

“Un policía que tiene un marco normativo que le impide realizar determinadas conductas, no es propicio que salga a expresar en un foro público expresiones que van en las antípodas de lo que tiene que cumplir. Quienes integran los organismos de control de esos funcionarios debieran intervenir y evaluar que si hay policías que en foros públicos realizan apología del gatillo fácil, de la discriminación racial, son xenófobos, homófobos o todo tipo de fobias hacia determinados sectores sociales, por supuesto que deberían tener intervenciones que tengan alguna consecuencia”, concluyó.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca.

(Por Comisión Provincial por la Memoria) La última dictadura cívico militar ha sido la experiencia histórica más dolorosa que ha vivido nuestro país. Lo fue no sólo por las víctimas que produjo y su enorme sufrimiento sino porque fue el mismo estado, en manos del gobierno militar, el que planificó y movilizó todos sus recursos para exterminar a una parte de la sociedad en una supuesta defensa de la Nación. Los genocidas no sólo perpetraron los crímenes sino que tuvieron la perversión y el cinismo de pretender hacerlo en nombre de todos.

Los 30000 desaparecidos dan cuenta de esa magnitud. Cifra construida en medio del horror, donde la denuncia parecía imposible, donde imperaba el terror. Cifra construida sobre la negación sistemática a la existencia de los desaparecidos en términos materiales y también simbólicos. No fue una guerra, ni sucia ni limpia, fue un plan sistemático de exterminio. Fue un genocidio. Fue terrorismo de estado. Cuyos objetivos centrales fueron avasallar derechos y libertades, agigantar la brecha social entre ricos y pobres, transferir riquezas a los poderes más concentrados de la economía en desmedro de los trabajadores, aumentar la explotación, subordinar los intereses de la patria a los intereses de las potencias hegemónicas. Fue pérdida de soberanía nacional y popular. La Guerra de Malvinas es otro caro ejemplo. La dictadura fue el gobierno de las minorías privilegiadas sobre las grandes mayorías, y lo hizo intentando garantizar su impunidad.

El gran desafío de la democracia que hemos venido construyendo desde 1983 ha sido revertir esas políticas. Porque no hay democracia si gobiernan las minorías poderosas. La memoria de los hechos aberrantes ocurridos ha sido una de las herramientas de trabajo en esta ardua tarea. Ello implicó un minucioso y largo camino de reconstrucción de lo sucedido para hacer justicia y castigar a los genocidas y también reparar parte del daño como han sido las identificaciones de los cuerpos de los desaparecidos y la búsqueda de los nietos apropiados.

Todo esto que decimos ha sido dicho infinidad de veces. Ha sido corroborado en la justicia y en la investigación académica. Y también en los archivos producidos por el propio estado terrorista, como el de la Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense que gestiona la Comisión Provincial por la Memoria. Donde hay un minucioso registro de la preparación del exterminio, de su ejecución y de sus consecuencias en la democracia que vino después.

La insistencia se debe a las declaraciones del actual presidente de nuestro país, Mauricio Macri, que son un gran retroceso en este largo proceso de construcción democrática. Macri niega, banaliza y falsea la historia. Y lo hace usando términos propios de los genocidas, como “guerra sucia”, ese eufemismo que designaba el plan de exterminio. Así como negaban los militares, Macri “no tiene ni idea”, pero tiene obligación de tenerla, es parte inexcusable de sus deberes como presidente de la república.

Macri llama “desquiciada” a una Madre de Plaza de Mayo, a las que la dictadura llamo “locas” para negar su voz y su verdad. Nuevamente: No fue una “guerra sucia”: fue una dictadura genocida.

Tenemos idea: los desaparecidos son 30000 Las Madres de Plaza de Mayo no son “locas” o “desquiciadas”, son luchadoras por la democracia y los derechos humanos. No sólo queremos la Verdad, queremos Justicia y eso significa cárcel efectiva para todos los genocidas.

Efectivos de las policías Bonaerense y Local protagonizaron un hecho de violencia institucional contra adolescentes en Bahía Blanca. Esta vez fue en Villa Rosas luego de frenar a dos pibes que circulaban en una moto sin documentación. “La moto es mía, yo la pagué”, dijo uno de ellos. “Mostráme los documentos pendejo de mierda”, retrucó el bonaerense habilitando a los pitufos a bajarlo a las patadas.

Una joven intentó hacer entrar en razones al efectivo y este le gritó: “Habla bien las pelotas pendeja, a mí qué mierda me importa que seas mujer, cerrá el orto. ¿No tiene papeles? Se secuestra”. Todo fue registrado por Jonathan Vélez, quien viralizó las imágenes en las redes sociales. “Vos dejá de filmar, sacále el celular”, siguió el veterano fuera de sí.

“Tengo que contarles que hoy en la esquina de la Escuela 23 la policía local paró dos chicos, que fueron a dejar a sus hermanitas, los pibes no tenían los papeles de la motito 50 y empezaron a agredir a los menores, yo tomo el celu y empiezo a filmar”, relató en Facebook el presidente de la Sociedad de Fomento de Spurr.

Agregó que “en ese momento llega una patrulla y se baja del móvil un tipo totalmente sacado y empezó a los golpes con todos, éramos más de 20 personas mirando, un atropello total, un abuso de autoridad descomunal, se me vino encima, me pegó, me rompió el celular, nos pegaron, el tipo amenazó, se burló. La piba de unos 16 años fue golpeada hasta que le agarró una convulsión, llamé a la ambulancia y cuando vino la policía la desvió para otro lado. Abuso total”.

Miembros de la guardia urbana municipal siguieron el episodio sin intervenir.

En septiembre, integrantes de las mismas fuerzas policiales, ante supuestas denuncias vecinales, levantaron un puesto de información sobre marihuana, detuvieron violentamente a dos integrantes de la Cofradía Cannabica y a otro pibe que cuestionó el accionar policial.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Rivadavia frente al Palacio Municipal, una tarde primaveral con muchxs bahienses en la calle y también fueron registrados en video por varios celulares. El primer gran papelón de la flamante fuerza local incluyó tres detenciones abusivas y sin delito que reprochar a quienes las padecieron, una desproporcionada participación de uniformadxs, una alta dosis de prejuicios y otras violencias e irregularidades en la Comisaría Primera y los calabozos de Fiscalía.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su preocupación ante las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. En la mayoría de los casos se alega la elevada edad y/o razones de salud.

Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos.

Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados. Sus crímenes han sido contra la humanidad. La gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad.

Han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos.

Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro la CPM corroboró que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible. Esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo.

Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos.

La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar.

El organismos destacó que los genocidas deben terminar sus días en la cárcel y los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. “Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria”.