Usuarios de EDEA S.A., el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y comunidad en general realizarán mañana una Marcha de las velas por fallas en la prestación del servicio, falta de atención a los reclamos, desinversión, incumplimiento del contrato de concesión y amplia utilización de contratos basura. Ganancias millonarias, 300 % de aumento y condonación de una deuda de 450 millones de pesos por parte del gobierno constituyen la usina de esta oscura trama de negocios con la luz.

En la jornada de hoy el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata realizó un paro entre las 10 y las 13 horas. A su vez, dirigentes del gremio recorrieron los Consejos Deliberantes de la zona. Desde FeTERA adelanaorn que la semana próxima habrá nuevas medidas de fuerza.

José Rigane, titular de la federación sindical y Secretario Adjunto de la CTA-A explicó a FM De la Calle que hace 50 días comenzó el conflicto con EDEA SA porque “después de 7 u 8 meses en los que la empresa no resuelve los problemas más importantes que tenemos los usuarios-trabajadores”.

El sindicato denuncia que desde hace dos años la firma no toma nuevos trabajadores de manera legal y, contrariamente, “comenzó a contratar más personal” para tareas “en el mantenimiento y en la operación de redes” lo que “está prohibido por ley”. Además, “la empresa no reconoce al organismo de contralor (OCEBA) y tampoco hace presentaciones en el Ministerio de Trabajo ante las audiencias que hemos reclamado y se han realizado”.

Desenchufaron los controles

Rigane expresó que EDEA “se comporta como si fuera un estado dentro de otro estado, es decir, con sus propias leyes”.

“El poder político ni los organismos están a la altura de las circunstancias para poner a EDEA en exigencia para cumplir con el contrato de concesión y para no poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios cuando desarrolla este tipo de acciones no importándole nada más que la ganancia”.

Desde el punto de vista laboral, las irregularidades son visibles. Por ejemplo, en el caso de contratados “a los que los hacen trabajar a destajo”.

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Tarifa estacional: “nadie puede obligar a consumir”

A su vez, el dirigente denunció que “la empresa recaudó 2 800 millones de pesos y el gobierno nacional acaba de condonarle una deuda de 450 millones de pesos. Un privilegio que no tiene ningún usuario de a pie en Argentina”.

“EDEA también aplica la tarifa estacional, una tarifa inconstitucional; primero, porque nadie está obligado a consumir un servicio público y menos todavía que uno tenga que consumir con un determinado promedio en el año, cosa imposible de poder resolver porque además va en contra de las supuestas políticas de uso eficiente y racional de energía y del ahorro”.

Por otra parte, usuarios del servicio reclaman déficit de atención ya que sólo 9 ventanillas se abocan a recibir reclamos y atención al público, siendo más de 500 mil clientes quienes dependen del servicio.

Rigane agregó que “los actuales dueños de EDEA” son los mismos propietarios de EDELAP y “hoy se encuentran a punto de ser procesados en la ciudad de La Plata casi por las mismas razones que se producen en Mar del Plata, es decir, por una falta de atención y continuidad en el servicio. Acá hay baja tensión en la periferia, cortes permanentes, barrios enteros que pasan varios días sin electricidad. Una demostración clara de que no hay mantenimiento preventivo, que no hay inversiones significativas y que obviamente el servicio no está a la altura de las exigencias que requiere el usuario.

A todo esto, el dirigente sostiene que la situación “ni si quiera está en correspondencia con lo que se paga”.

“Según el consumo de que hablemos la tarifa ha subido más del 300 por ciento. Ahora va a haber otro incremente a partir del 1 de marzo en la provincia de Buenos Aires. Va a ser un incremento significativo porque parte de una base muy alta. Ninguna de estas situaciones se puede comparar con Capital Federal”.

MARCHA-DE-LAS-VELAS

(Por Julio Gambina) El arranque económico de la Argentina en 2017 muestra signos de preocupación en la continuidad del alza de precios y tarifas, junto al mantenimiento de la recesión productiva con impacto en la persistencia del desempleo, suspensiones y afectación del ingreso popular.
La situación exacerba las protestas sociales y el conflicto presente y futuro, con las CTA embarcadas en definir de común acuerdo un conjunto de reivindicaciones como contenido de un plan de unidad de acción a refrendar por más de un millar de delegados de todo el país. En simultáneo, la CGT se bajó del diálogo con el gobierno y empresarios para convocar a una movilización en marzo y próximo paro general.

Precios “transparentes”

En febrero comenzó el operativo “precios transparentes” que suponía una baja de 15 a 20% en los precios de contado, según la expectativa de la Secretaría de Comercio de la Nación. La realidad está siendo muy distinta y como la historia demuestra, los precios en general no tienden a bajar una vez que alcanzan un cierto nivel.
Pocos precios disminuyeron y no en los porcentuales imaginados por los funcionarios del gobierno. La mayoría de los precios se mantuvieron e incluso se incrementaron, y ni hablar de la disparada de los precios financiados en cuotas.
Se pensó en estimular el consumo y con la decisión asumida puede afectarse aún más la retracción en el consumo. El encarecimiento del financiamiento desestimula las compras a plazo, y el mantenimiento o suba de precios al contado coexiste con el menor poder adquisitivo del ingreso popular, de hecho, la mayoría de la población.
Así, la realidad impone la continuidad de una tendencia al bajo consumo que recrea las condiciones de persistencia de la recesión en la coyuntura y afecta la perspectiva de recuperación económica para para el 2017.

Tarifas eléctricas

Se anunciaron aumentos en las tarifas eléctricas en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero impactará en todo el país por los costos en origen trasladados a la cadena de generación, transporte y distribución.
Sostiene el Ministro Aranguren que aún con estas subas del 61 al 148% entre febrero y abril, no se cubre el costo y por ende, los aumentos volverán sucesivamente hasta que los precios sobrepasen el costo y aseguren niveles de ganancias que justifiquen la inversión privada.
La lógica de mercado se impone por encima de cualquier consideración al “derecho a la energía” que sustentan organizaciones sindicales como la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA en la CTA Autónoma, y variadas organizaciones que promueven los derechos sociales al abastecimiento energético.
El aumento de tarifas eléctricas es parte de la asociación entre la impunidad empresarial y la lógica política del gobierno Macri.
Las empresas pretenden bajar salarios y aumentar precios y tarifas. Son medidas contra los trabajadores y los usuarios, especialmente los de menores ingresos.
Es una lógica que privilegia la ganancia de las empresas para atraer inversiones al sector energético. Es algo que queda claro en el conflicto entre la multinacional EDEA S.A. y el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
La organización de trabajadores objeta el accionar integral de la empresa transnacional a costa de los propios trabajadores y trabajadoras y el conjunto de usuarios del servicio de electricidad.
En rigor, desde las privatizaciones energéticas en los 90´ del siglo pasado existe una concepción de la energía como mercancía, que compran en el mercado los que tienen suficiente dinero. Por ello, hace falta instalar en el sentido común otra concepción que supone la lucha por el derecho a la energía. Resulta una premisa conceptual para impedir la agresión a los derechos laborales de las/os trabajadoras/es de la energía y al “derecho a la energía” del conjunto de la sociedad.

Actualización salarial

Aumentos de precios y tarifas explican el deterioro de la capacidad de ingresos populares y habilita expectativas por las discusiones paritarias entre trabajadores y empresarios.
Es la base para pensar todas las actualizaciones de ingresos de los sectores más empobrecidos, ya que las jubilaciones se ajustan con base a estas actualizaciones negociadas en paritarias, y los planes sociales acompañan limitadamente las actualizaciones salariales.
Como siempre ocurre, los docentes anticipan el debate y está asociado al comienzo o no de las clases, pero también en escena se presenta el conflicto con los bancarios ante el desconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acuerdo suscripto entre las cámaras empresarias y los sindicatos.
El gobierno nacional pretende desentenderse de las demandas de un piso salarial nacional docente y descarga la negociación sobre las provincias. Estas requieren asistencia financiera nacional ante los límites del déficit fiscal provincial y nacional.
Todo augura conflicto, tal como se expresó en las movilizaciones docentes de este jueves 2 de febrero. En realidad, la protesta no es solo salarial, sino que apunta al derecho a la educación, afectado por el proyecto de reforma educativa de privatización de la educación en el rumbo definido por la lógica mercantilista de carácter neoliberal.
Los bancarios tienen el aval de la justicia y sostienen la reivindicación de los acuerdos suscriptos con protestas ante la restricción del Ministro de Trabajo.
Es la protesta explícita la forma que tienen las/os trabajadoras/es para defenderse de la creciente inflación de precios y tarifas. Con esa base de movilización y sensibilización a la sociedad es que ingresan a la discusión paritaria y anticipa la escalada del conflicto sindical y social.
Desde el gobierno se imaginan un límite de actualización salarial entre el 17 y 18%, cuando el propio BCRA mantiene elevadas tasas de interés (24,75%) en las licitaciones de letras, LEBAC. La entidad monetaria explica que su decisión se sustenta en la continuidad de las expectativas inflacionarias para el 2017. Estas expectativas materializadas afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.
La respuesta es la lucha social extendida por la distribución del ingreso, máxime cuando se estima para 2016 una pérdida de los ingresos populares promedio del 10% de la capacidad de compra. Ese es el piso a adicionar a la inflación esperada del 2017, probablemente superior al 20%.
Para imaginar el piso de recomposición salarial deben adicionarse ambos valores, el 10% resignado en 2016 y el valor esperado de aumento de precios para el 2017, no menor al 20%.
De ahí surge un piso del 30% para la actualización de ingresos, que si se pretende mejorar, la demanda estará más cercana al 35% o más, según sea la correlación de fuerzas en la contradicción entre el trabajo y el capital.

Conflicto sindical y social

Claro que resulta impensable que esa lógica argumental sea aceptada por el gobierno o la impunidad empresaria, lo que aventura protestas y conflictividad creciente para intentar afirmar derechos sociales conculcados.
La tradición de movilización sindical en la Argentina con los anuncios de las CTA y ahora de la CGT, puede habilitar un escenario de mayor conflictividad en un año electoral, donde el gobierno disputa consenso a su proyecto, por lo que califica de medidas políticas a esas manifestaciones de protesta.
Es verdad, toda protesta asume carácter político, en tanto es parte de la disputa del ingreso, antesala para discutir la distribución de la riqueza, altamente concentrada en nuestro país y en el mundo.

Bahiensas Feministas y agrupaciones feministas convocamos a organizaciones y mujeres independientes a sumarse a la asamblea de coordinación del próximo 8 de marzo. Será el miércoles 15 a las 17.30 hs en SUTEBA- Las Heras 361.

Este 8 de marzo las mujeres PARAMOS EL MUNDO.

En Bahía Blanca también paramos.

Desde Bahía Blanca, nos sumamos a la Internacional Feminista porque estamos convencidas que las mujeres somos la primera línea de resistencia frente a todas las opresiones impuestas por el patriarcado y el capitalismo y estamos construyendo una ofensiva feminista que actualmente está articulando movimientos de mujeres de más de 30 de países.

#SolidaridadNuestraArma

¿Por qué este 8 de marzo las mujeres paramos?

Históricamente, el 8 de marzo es una jornada internacional de lucha y denuncia de las opresiones que sufrimos las mujeres. Hemos llamado a este día “Día de la mujer trabajadora”, porque todas lo somos, por el trabajo asalariado precarizado y mal pago fuera del hogar y el trabajo no reconocido, invisibilizado, impuesto dentro del hogar. Pero en este contexto, las mujeres tomamos en nuestras manos la organización de la resistencia. No queremos ser un engranaje más de este sistema de violencia. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.

#MujeresEnHuelga

¿Qué denunciamos?

Que los estados nos empobrecen y explotan, y que esa opresión siempre recae más duramente sobre los cuerpos de las mujeres.

Que la brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina llega hasta el 27%. Que, a su vez, no se reconoce el trabajo reproductivo y que las tareas de cuidado no remuneradas impuestas terminan por reproducir la explotación clasista y colonial entre las mismas mujeres.

Que esta situación se agrava con las medidas de ajuste implementadas por el gobierno, que nos coloca en una posición de vulnerabilidad mucho mayor. Los procesos de recesión económica se apoyan especial y principalmente en las mujeres que son quienes garantizan todo aquello donde el Estado se ha corrido: salud, alimentación, educación, vivienda.

Que la desigualdad y falta de autonomía económica nos retiene en situaciones de violencia y nos vuelve más vulnerables aún ante la violencia machista, cuyo último eslabón de expresión son los femicidios.

Que en Argentina nos falta una mujer por día, víctima de femicidio.

Que los crímenes de odio hacia las identidades disidentes están invisibilizados.

En Bahía Blanca, hace 12 años, Alejandra Galicio fue asesinada por ser trans. Su caso nunca fue investigado.

Que nos faltan las víctimas de las redes de trata y explotación sexual, de las cuales la policía, el Estado y sus funcionarios son cómplices y forman parte.

Que los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo violentados y explotados, con la misma ideología patriarcal que tiene al cuerpo de las mujeres como tierra conquistable.

Que la Iglesia, con complicidad y aval del estado, tiene una responsabilidad histórica y persistente en la restricción de nuestras libertades y en la opresión de nuestros cuerpos.

Paramos porque en Bahía Blanca y la zona nos faltan: MICAELA ORTEGA, KATHERINE MOSCOSO, LUCIANA MORETTI, LETICIA CAYULI, IVONNE GALLARDO, IRINA MONTOYA, DOLORES SANCHEZ, RUTH UTRIERA, DAIANA MENDEZ, SILVANA RIETTI, SOFIA DIAZ, CARMEN FLORES, MARIA LUISA MONTAGNA, VIVIANA AGUILERA, JESSICA ELIAS, LUISA PERALTA, EUDES BAZAN, CLAUDIA GODOY, LEONELA COSTA, STELLA GOTTAU, ALEJANDRA GALICIO, MELINA SAAVEDRA, MARIA SILVA.

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¿Por qué luchamos?

Por los derechos de las mujeres trabajadoras.

Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Guarderías en todos los lugares de trabajo. No al ajuste. No a los despidos y suspensiones. Reconocimiento del trabajo doméstico. Cupo laboral trans y trabajo genuino.

Reglamentación total, y cumplimiento real de la Ley 26.485, con control de las organizaciones de mujeres. Ejecución de partidas presupuestarias destinadas a la erradicación de la violencia y el apoyo de las víctimas. Incremento del número y la calidad de refugios sin requisitos burocráticos para mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas. Apoyo económico, asesoramiento legal y psicológico gratuito para las víctimas.

Contra toda forma de violencia hacia las mujeres.

Basta de justicia patriarcal. Basta de femicidios. Basta de travesticidios. Basta de violencia institucional. Basta de discriminación y criminalización a nuestras compañeras trans. Respeto y cumplimiento de la ley de identidad de género. Por el cumplimiento de la Ley 25.929 de parto humanizado. Reconocimiento y acción sobre la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos.

Por el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito.

Tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

Por un estado y una educación laica y no sexista.

Separación de la iglesia del Estado. Educación laica. Implementación real de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista.

Justicia y aparición con vida de todas las mujeres víctimas de las redes de trata.

Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del Estado.

Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios.

Por el reconocimiento del derecho a territorio de los pueblos originarios y retiro de las fuerzas represivas de los territorios ancestrales. No al desalojo de las comunidades originarias. Basta de extractivismo y de favorecer a los capitales antes que al bienestar de la tierra y sus habitantes.

Contra la criminalización de la protesta social.

Libertad a las/os presas/os políticas/os. Derogación de la ley antiterrorista y los protocolos represivos del estado.

Este 8 de Marzo unimos nuestra lucha con la de las mujeres de todo el mundo.

#HuelgaDeMujeres #SolidaridadNuestraArma

Evento en Bahía Blanca:https://www.facebook.com/events/266543353760345/
Contacto de prensa: Sofia 291- 156450301. Griselda 291- 154616470
Evento Internacional: https://www.facebook.com/events/1043905282422378/
#SolidarityIsOurWeapon #WomensStrike
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Página oficial: http://www.parodemujeres.com/
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(Por Francisco J. Cantamutto) Cerró el primer año de gobierno de Cambiemos, y las previsiones que hiciéramos resultaron acertadas: el rumbo elegido es el del ajuste y las reformas regresivas. El sesgo social del gobierno no admite demasiadas dudas, al menos en sus rasgos generales: abundan los datos sobre el aumento de la pobreza y el desempleo, la caída del salario real, de las asignaciones sociales y jubilaciones, pues todas aumentaron por detrás de una inflación desbocada. El efecto sectorial dio por principales beneficiarios del nuevo esquema a las fracciones ligadas al procesamiento de recursos naturales y las financieras. Sobre esto, el balance ha sido claro.

Tras ese año, agotándose ya el efecto del relato de la herencia, Macri realizó algunos cambios de gabinete. El más resonado, fue el reemplazo de Prat Gay por la dupla Dujovne-Caputo. Para el segundo, se trató de una promoción para poder ejecutar su rol de tomador compulsivo de deuda sin ataduras. Para el primero fue una sorpresa, en la cual su carácter de casi ignoto ayuda a subordinarse a los requerimientos del presidente –además de aportar vínculos personales con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump. El programa parece simple, pero no lo es: debe ajustar… en año electoral. La clave para congeniar parece estar en ajuste, deuda y obra pública.

Sin embargo, las inconsistencias del ajuste, que se promueve como racional, incluso como “con rostro humano”, provocaron renuncias masivas en el ministerio de Salud. El secretario de Obra Pública, Daniel Chaín, un histórico del PRO, fue desplazado por no lograr reanimar el sector de sus competencias, aun de muy tibia performance. Isella Costantini se debió ir por no lograr mayor ajuste en la aerolínea de bandera, que abriera el mercado a las aerolíneas de bajo costo. En la misma línea se puede interpretar el reemplazo de Melconian por González Fraga en el Banco Nación: en primer lugar, anular las aspiraciones personales y consolidar así la subordinación total al mandato del “equipo chico” del PRO; en segundo lugar, castigar su permisividad con la paritaria de bancarios. Pero en tercer lugar está también el hecho de que Melconian –un histórico defensor del endeudamiento- cuestionó que el gobierno estuviera colocando demasiada deuda en el banco que le tocaba administrar, superando los niveles técnicamente sostenibles. El pecado de soberbia por cuestionar el modelo fue castigado. González Fraga, quien desde las tribunas festejó el ajuste social, asume con la idea de lanzar créditos productivos e hipotecarios destinados a los sectores más acomodados (la propuesta que lanzó apenas asumió permite acceder a créditos solo al 10% de la población).

Y el programa para 2017 comenzó a ejecutarse, entonces, sin pausas.

Dujovne, tal como predicó desde su tribuna en los medios, llegó con la idea fija del ajuste fiscal, raíz de todos los males según su mirada. Según destacó de primera fuente La Nación –donde el devenido ministro publicaba sus columnas- el recorte tiene tres ejes. El primero es la reducción de secretarías, subsecretarías, direcciones y organismos a través de su fusión, buscando funciones duplicadas entre ministerios. No es llamativo que, entre los más de 20 ministerios de Macri, busque estas duplicaciones en Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo y ANSES. Según sus cálculos, se ahorrarían así $65.000 millones, equivalentes a un 0,8% del PBI. Llamativamente, pretenden asegurar que esto no significará recortes de planes de esos ministerios.

El segundo eje por el que pasa el recorte es conocido ya: se trata de los subsidios a la energía y el transporte. Aunque el ritmo de reducción no es claro, el sentido sí lo es: ahorrar cerca de 3% del PBI por la vía de subas de tarifas. Esas subas componen el tarifazo, que fue un factor de conflicto relevante en 2016. En estos meses vinieron sustanciales subas de la electricidad –junto a discursos de Aranguren sobre cómo ahorrar energía-, a las que se sumará en abril un nuevo aumento del precio del gas en boca de pozo. Esto incrementará no solo las tarifas de gas, sino también las de electricidad. Ambos incrementos impactan sobre el conjunto de la producción, a los que se adiciona la suba de los combustibles. Un cóctel que erosiona los salarios reales sin necesidad de ajuste nominal.

Justamente, un eje no declarado es el ajuste inflacionario, que Cambiemos tanto criticó del gobierno anterior. Con una inflación total bien por encima del 40% y paritarias muy por debajo, el gobierno logró una ajuste importante. La paritaria bancaria, que había roto el techo, fue objetada por el ministro de Trabajo Triaca, pero recientemente fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El gobierno pretende que las negociaciones paritarias actuales –en especial, con docentes- cierren por debajo del 20% este año. Según sus previsiones, la inflación de 2017 se ubicará en torno al 18%, aunque el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indica que todos los analistas esperan un número mayor.

En cualquier caso, la pretensión del gobierno es cerrar omitiendo el ajuste que ya ocurrió: el de 2016. Al mismo tiempo, busca incorporar en las negociaciones la flexibilización por diversas vías, como atestigua el acuerdo con petroleros, que crea una nueva rama para hidrocarburos no convencionales con otras condiciones que sus pares. El gobierno probablemente evite pasar la flexibilización por el Congreso antes de las elecciones, y la introduzca por esta vía alterna. Aquí se expresaran los pedidos empresariales por contratos por tarea, y aumento de la carga de aportes por parte de los propios trabajadores.

El tercer eje de Dujovne es el ajuste en las 53 empresas públicas, que acusan según la cuenta oficial un déficit de $50.000 millones, lo que representa alrededor de un 0,6% del PBI. YPF, Aerolíneas, Correos, ENARSA, AySA, Canal 7, Radio Nacional y Télam son algunas de las que tiene enfocadas para avanzar. El esquema de ajustes aquí puede pasar por privatizaciones parciales, vaciamiento, o la temible iniciativa público-privada, aprobada como ley el año pasado. Ya se están sentando las bases para una nueva reforma del sistema jubilatorio, habilitando nuevamente la participación privada en un mercado creado a tal efecto.

Con este ajuste en mente, el gobierno espera poder eliminar algunos impuestos, tal como demandan diversos empresarios. Al mismo tiempo, enfatizan la necesidad de reanimar la obra pública, a sabiendas que es año electoral.

Sin embargo, las cuentas aún no cierran. El blanqueo del 2016 implicó una recaudación de $82.000 millones, que contuvo parcialmente el déficit, y dio cierto aire para continuar el ajuste estructural sin que el efecto sea notable velozmente. La gran excusa del sospechoso blanqueo, la “reparación histórica” atrajo a apenas 300.000 jubilados de 2,4 millones que podían optar por él.

La otra fuente de contención es la toma masiva de deuda. El plan declarado para este año es la toma de deuda por 40.350 millones de dólares, que se utilizarán en mitades para cubrir el déficit y pagos de deuda pasada. Solo en enero, Caputo ya emitió 17.036 millones de dólares, el equivalente al 42,2% de lo necesario para pasar el año. Dos quintas partes de esa emisión vencen en seis meses o menos: plazos extremadamente cortos. El gobierno está apurado por colocar deuda antes que el efecto Trump siga encareciendo las tasas de interés globales.

La entrada masiva de deuda ha incrementado las reservas –Sturzenegger ya está buscando dónde colocarlas a interés- y también sostenido el tipo de cambio. Comenzando febrero, el dólar ha bajado de los $16, a pesar de que el presupuesto estima que se ubicará en torno a los $18. Mantener el dólar bajo durante un tiempo más permitirá sostener el impulso a la importación de bienes de consumo, fomentando así un bienestar pasajero. Es probable que la devaluación llegue con las elecciones, preferentemente luego de ellas.

Para tentar al capital especulativo, Dujovne colaboró eliminando los plazos mínimos de permanencia en el país, que eran de 120 días. Altas tasas de interés y dólar planchado son una gran oportunidad de negocios financieros.

La combinación de ajuste, deuda y obra pública parece que será la clave de este 2017 que recién empieza.

(Por Julio Gambina) Alfonso Prat Gay dijo en su momento, en una conferencia en EE.UU., que el “trabajo sucio” ya estaba hecho. Se refería a las iniciales medidas económicas del gobierno Macri: la devaluación, el levantamiento a las restricciones cambiarias (CEPO), la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones, el arreglo con los acreedores en conflicto con más deuda y el ajuste de tarifas de servicios públicos.

Cuando se despedía, no dudó en hablar de “éxito” de su gestión, pese a la recesión y la inflación, coronado con un anuncio de 90.000 millones de dólares exteriorizados por el blanqueo, que podría llegar a 120.000 millones de dólares hacia fines de marzo cuando se exterioricen los inmuebles no declarados. Hay que pensar en un 10% de la exteriorización como potencial recaudación por multas.

De su propia boca escuchamos al Ministro saliente aludir al trabajo sucio y al éxito de la gestión, toda una confesión, que explicita beneficiarios y perjudicados.

Entre los primeros los grandes productores y exportadores, la gran banca y los especuladores, entre ellos los acreedores externos y nuevos prestamistas de la Argentina, y en general el gran capital hegemónico, pese a la recesión y la inflación. Claro, en materia de precios, son los sectores más concentrados los que explican la escalada de precios. No cualquiera puede incrementar los precios, y si no, veamos cuanto les cuesta a los trabajadores ajustar sus ingresos, ni hablar de los jubilados y los perceptores de planes sociales.

Los perjudicados son la mayoría de la sociedad, la gran masa de trabajadoras y trabajadores y el grueso de los pequeños y medianos productores y empresarios, en general, todos asociados a la capacidad de compra y venta en el mercado interno. Todos los datos de la economía muestran reducción de ventas y producción, por baja de consumo y capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.

Nuevos ministros

Nicolás Dujovne se hará cargo del Ministerio de Hacienda desde 2017. Ya anunció en conferencia de prensa sus objetivos concentrados en: a) bajar el déficit, b) aumentar el gasto en infraestructura, c) reducir impuestos, distorsivos dice, y d) comunicar buenas noticias a la sociedad.

El primer objetivo es contradictorio con el segundo, por lo que se supone el nivel de ajuste del gasto social será importante. Dice que no ajustará pero que estudiará a fondo todos los gastos, siempre para reducirlos, no para aumentarlos.

La línea del ajuste queda clara, mientras que los constructores se preparan para intervenir en las licitaciones de obra pública que estuvo frenada durante el 2016 para intentar frenar el déficit fiscal.

El esfuerzo por incrementar obra pública contrasta con la segura reducción del gasto social. Una muestra es el reciente conflicto en el Conicet o en el Ministerio de Educación.

La reforma tributaria suena a beneficios para los empleadores, una pista que surge del calificativo “distorsivo” para los tributos. Lo que se quiere con ese lenguaje es reducir el costo de contratación a los inversores, para mejorar la perspectiva de rentabilidad al capital.

Ni por asomo se piensa en reducir la alícuota del IVA, principal fuente de recaudación tributaria en la Argentina, un 8% del PBI, contra el 6% del impuesto a las ganancias, de los cuales, más del 2% recae en los pagos de la cuarta categoría que abonan unos 2 millones de trabajadoras/es.

Sobre la comunicación a la sociedad, la especulación se asocia a la trayectoria de comunicador liberal del columnista de La Nación y TN.

Convengamos que una cosa es comunicar como analista, de derecha o de izquierda, y otra muy distinta seguir explicando el ajuste y la regresiva reestructuración de la economía argentina en la gestión Macri.

Otra novedad es que el Ministerio se dividió en Hacienda y en Finanzas. En este último caso se ascendió a Luis Caputo de Secretario a Ministro. ¿El mérito? Haber tenido éxito en endeudar al país y hacerlo regresar al mercado de préstamos mundial, algo que se profundizará desde el mismo enero del 2017.

La nueva deuda estimada entre 2016 y 2017 será de 90.000 millones de dólares, una fuerte hipoteca para el conjunto de la sociedad argentina, la que se comunicará como un éxito, ya que supone que el país vuelve a ser sujeto de préstamos del sistema financiero mundial.

Para fundamentar el cambio de Ministros, Macri y sus funcionarios de la Jefatura de Gabinete apuntaron a mejorar el equipo, nunca a promover cambios en la política económica para beneficio social.

Realizado el trabajo sucio, se busca profundizar el ajuste y la regresiva reestructuración a favor de la ganancia.

Claro que para ello tienen que disciplinar al conflicto social. Para eso tienen al Ministro del Interior y al de Trabajo que “dialogan” y pactan con la burocracia política y la sindical respectivamente.

Saben de la tradición combativa del pueblo argentino y por eso se empeñan en controlar el conflicto y si pueden, contenerlo en la fragmentación que hace visible la protesta en la actualidad.

Nueva situación mundial

El marco internacional continua desfavorable para la aspiración de atraer inversores.

La situación mundial privilegia la orientación de capitales hacia los países capitalistas desarrollados, especialmente EE.UU.

Luego del 20 de enero, con Danald Trump en Washington y su política de recuperación de la economía estadounidense, lo previsible será que la potencia imperialista actúe como una aspiradora de fondos de inversión de todo el mundo.

Sin contar, claro, que el mapa de la geopolítica cambiará en nuevas disputas entre los principales países del sistema mundial. Además de EE.UU., habrá que contar a Europa, China y Rusia que no solo disputan destino de inversores, sino condiciones de beneficio de sus políticas nacionales.

El papel de Argentina es subordinado en esta ecuación global, y a no dudar, el destino seguirá profundizando la dependencia del capitalismo local en el sistema mundial.

Facundo López Crespo, Gustavo García Zanotti y Marco Kofman presentaron un informe económico acerca de las transferencias de recursos al sector hidrocarburífero en Argentina. Fue el 7 de diciembre en el CEIL-CONICET en conjunto con especialistas de la materia. La publicación -de descarga gratuita- está impulsado por Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES), el Observatorio Petrolero Sur y el Taller Ecologista.

“Los resultados obtenidos muestran flujos cuantiosos y en franco crecimiento:

  • Más de 21 mil millones de dólareshan sido transferidos a las empresas del sector;
  • Los montos se incrementaron en los últimos años, llegando a superar los 3 mil millones de dólares por añoen 2013, 2014 y 2015;
  • Del total, el Estado nacional transfirió 14 mil millones de dólarespor diversas vías, siendo el restante originado por los consumidores;
  • Entre 2009 y 2015, el aporte estatal representa 1,5 veces la masa salarial del sector, casi el 30% de lo ejecutado por el Ministerio de Educación, el 74% del Ministerio de Salud y más de dos veces de lo gastado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología;
  • A partir del aumento tarifariodel gobierno de Cambiemos en 2016, hasta mediados de año losconsumidores transfirieron el 81% del total, frente a un 2% entre 2008 y 2014;
  • En cuanto a los beneficiarios, YPF y Pan American Energy(Bulgheroni, Cnooc y BP) captaron el 72%, siendo otros actores destacados Sinopec, Pluspetrol y Total;
  • Además de ir en aumento, las transferencias representaron una porción cada vez mayor de la facturación total del sector, alcanzando el 48% para 2015”.

El trabajo señala que “en todo el período analizado las transferencias de la política hidrocarburífera apuntaron a la producción, donde se estimuló a las empresas con señales de precios para que incrementen sus niveles de extracción y exploración, especialmente en su fase no convencional y en la cuenca Golfo San Jorge. La prioridad de este aspecto fue en detrimento de abordar el impacto socioambiental de la actividad. Con el gobierno actual a esta tendencia se le sumó el aumento de tarifas, donde se plasmó el abandono de la idea de acceso popular a la energía en tanto derecho. A largo plazo, las políticas de estímulo dan continuidad a un esquema de consumo energético ineficiente e injusto desde el punto de vista económico y ambiental”.

“Las transferencias son una herramienta que permite reflejar aportes que van más allá del subsidio directo. Las definimos como el resultado de las presiones que se ejercen sobre la estructura de precios relativos en beneficio de una determinada rama de actividad o sector empresarial. Esto permite englobar subvenciones directas y políticas indirectas, como la devaluación”.

Los autores señalan que “el reconocimiento y la evaluación de las transferencias es un problema estratégico” y que “las mismas comprometen distintas dimensiones: los territorios, infraestructura y capital involucrados; la captura y transferencia de fondos públicos hacia uno de los sectores más ricos, concentrados y de mayor nivel de daño sanitario y degradación ambiental”

Al mismo tiempo, “los fondos públicos engrosan una industria que necesariamente debe tender a un achicamiento drástico si se desea mantener el clima planetario bajo cierta estabilidad. El esfuerzo de dejar los fósiles también implica re-direccionar el accionar estatal para apuntar hacia una transición justa”.

En otras conclusiones, el documento señala que “la importancia de este sector implica la necesidad de establecer políticas profundas y de largo alcance que contemplen, entre otras cuestiones:

  • Recuperar la capacidad de conducción del sector por medio de una fortalecida empresa estatal con participación ciudadana en las decisiones.

  • Desconcentrar el segmento privado del mercado.

  • Proteger el medio ambiente y fomentar la diversidad y transición productiva de las zonas de extracción de hidrocarburos.

  • Fomentar la diversificación de la oferta primaria de energía.

  • Bajo la premisa de que la energía es un derecho, garantizar el acceso de toda la sociedad a los recursos energéticos.

  • Estimular un uso racional y eficiente de la energía, primordialmente en el transporte y en la industria”.

 

(Por Francisco J Cantamutto) Tratado sobre tablas, el Senado dio la media sanción faltante para expropiar el BAUEN y ceder su uso a la cooperativa.

Una noticia buena en un año de retrocesos: se aprobó la ley que expropia el inmueble del hotel BAUEN, a expensas de créditos nunca pagos con el Estado, y los cedió a la cooperativa de trabajadores y trabajadoras que hace casi 14 años la opera. Ícono del proceso de recuperación de empresas, el BAUEN es un ejemplo de lucha, que permite contar también una historia del país.

El hotel fue originalmente construido durante la última dictadura cívico-militar, de cara al nefasto Mundial de Fútbol de 1978. Para acelerar la construcción, el entonces Banco Nacional de Desarrollo (Banade) realizó suculentos préstamos a favor del empresario Iurcovich. Este préstamo, claro, no fue nunca devuelto. Con la apertura de los noventa, llegaron cadenas hoteleras internacionales al país, desplazando al BAUEN del perfil de hoteles de lujo. A partir de 1997, Iurcovich acrecentó las maniobras fraudulentas, incluyendo el traspaso de manos al grupo chileno Solari. Pero esto no resolvió ningún problema. Se acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con el plantel trabajador, declarando la quiebra durante esos escasos días del gobierno ilegítimo de Adolfo Rodríguez Saá en 2001.

En marzo de 2003 se inicia otra etapa, en la que los y las trabajadoras decidieron cambiar el rumbo de la disputa, y tomar la gestión en sus manos. A partir de entonces pelearon por dar continuidad a su fuente laboral, creando la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional Limitada. No pocas disputas atravesaron, incluyendo varios intentos de desalojo, disputas judiciales para permitir el uso del inmueble, y por supuesto, la disputa por la propia propiedad. Una pelea que prácticamente todas las empresas recuperadas debieron transitar durante los 12 años del kirchnerismo, en los cuales muy pocas lograron soluciones estables.

La conversión de la empresa como cooperativa recuperada implicó grandes desafíos para aprender nuevas herramientas de gestión y organización, y desaprender viejos vicios empresariales –que incluyen fomentar la desconfianza entre compañeros. Desandar esos caminos era y es tan difícil como construir los nuevos. Rápidamente el BAUEN comprendió que debía apoyarse en las organizaciones sociales y en el movimiento popular para blindarse de los abusos y extorsiones siempre presentes. El BAUEN se convirtió, de alguna manera, en la casa de las recuperadas del interior del país, cuando venían a reclamar y peticionar a la capital del país. Allí se cruzaban con sindicatos, organizaciones sociales, proyectos autogestivos y otras iniciativas que dieron forma a una amplia solidaridad política. Este año, el BAUEN ha sido la casa de la Multisectorial de CABA contra el tarifazo y el ajuste.

La derrota electoral de las presidenciales de 2015 dio impulso a múltiples agendas detenidas por falta de voluntad política. Entre ellas, se logró apurar el proyecto de Carlos Heller por la expropiación del inmueble, a cargo del Estado, a cuenta de créditos impagos, y la cesión a la cooperativa BAUEN. El 26 de noviembre de 2015 se logró la media sanción en Diputados de esta ley. La mayoría de los diputados opositores evitaron presentarse, pretendiendo bloquear así lo inevitable, pues el kirchnerismo contaba con mayoría propia. El de Heller fue el último de una gran cantidad de proyectos presentados en el mismo sentido, cuyo estado parlamentario caía por falta de tratamiento.

Ese era el riesgo con este proyecto con media sanción: quedar cajoneado y volver a foja cero. Por eso, la noche del 30 de noviembre de este año, nuevamente los trabajadores y las trabajadoras del BAUEN se presentaron en el Senado a reclamar el tratamiento –sobre tablas- del proyecto con media sanción, tras la extensa jornada de debate por el presupuesto de 2017. Y aunque el bloque Cambiemos buscó dilatar el tratamiento con excusas variopintas, no pudieron evitar la votación. El señador radical Luis Naidenoff dijo que no sabían con exactitud cuál era la deuda o quién era el titular del inmueble, mostrando su falta de interés en averiguarlo o siquiera escuchar los 14 años de lucha. La senadora PRO Laura Machado pretendió usufructuar una carta federal señalando que el costo de la expropiación lo pagarían todas las provincias, como si eso los hubiera detenido de otras acciones. Pero la clave la dio el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al señalar que “No podemos votar esto porque el valor del inmueble es enorme y los beneficiarios son poquísimos”. El problema, para el PRO, era cómo echar mano de una gran renta inmobiliaria, de la que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sabido aprovechar para sus negociados.

Nada de esto tenía fuerza luego de las largas tratativas del presupuesto. Gran oportunidad para la oposición para pasar un proyecto favorable a los intereses populares, luego de aprobar el proyecto económico 2017 de Cambiemos. A avanzadas horas de la noche, se aprobó el proyecto que declara de utilidad pública y sujetos de expropiación a los inmuebles e instalaciones del hotel, otorgando el uso a la cooperativa. Esto mejora las condiciones de casi 140 trabajadores y trabajadoras, que ahora podrán establecer contratos, ser sujetos de crédito, proveedores inscriptos del Estado, entre otras mejoras. Queda en espera la reacción de Macri, que puede promulgar o vetar la ley en las próximas semanas. El lunes 5 se realizará un encuentro de Multisectoriales, donde se abrazará simbólicamente al hotel.

María Eva Losada, presidenta de la Cooperativa BAUEN, señaló que esto es “el fruto de una lucha de los trabajadores y de las organizaciones y espacios que apoyaron”. Federico Tonarelli, trabajador del BAUEN y presidente de la Federación FACTA, reforzó la misma idea: se trató de trabajo consecuente, permanente, con el movimiento obrero, las cooperativas, los movimientos sociales y organizaciones populares, construyendo una amplia unidad.

Eva resaltó además, respecto del gobierno, la incomprensión de quienes ven todo desde la mirada empresarial, y por eso “no entienden cómo un grupo de simples trabajadores puedan expropiar y quedarse con una empresa”. Para todos quienes no lo comprenden, aquí uno de tantos ejemplos de coraje e hidalguía: el BAUEN para quienes lo trabajan.

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Según el Índice de Precios al Consumidor Online la inflación de noviembre en Bahía Blanca registró un aumento de 0,92% respecto a octubre.

Siete capítulos registraron alzas: Esparcimiento (5,21%), Otros bienes y servicios (1,80%), Alimentos y bebidas (1,00%), Atención médica y gastos para la salud (0,91%), Vivienda y servicios básicos (0,63%), Indumentaria (0,48%) y Educación (0,14%). Por su parte, los únicos capítulos que mostraron bajas fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (-1,16%) y Transporte y comunicaciones (-0,21%).

De los 17030 productos y servicios relevados el 15,95% registró alzas, el 4,70% bajas y el restante 79,35% no tuvo cambios. Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Choclo, Queso pategrás, Cerveza en botella, Jugo de fruta concentrado y Crema de enjuague, todas con subas superiores a 65%. Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Cerveza en lata, Texto primario, Alfajor, Vino fino y Pollo entero, todas ellas mayores a -60%.

La variación de precios fue menor al mes pasado y acumula en el corriente año 28,54%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 33,97%.

El Índice de Precios al Consumidor Online de Bahía Blanca es un producto del proyecto «Sistema informático de recopilación y procesamiento de precios online –Cálculo de índice de inflación en Bahía Blanca», integrado por el dr. Juan Larrosa, docente del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur; Gonzalo Ramírez Muñoz de Toro, estudiante de abogacía, y el ingeniero en sistemas Juan Ignacio Uriarte.

(Por Francisco J Cantamutto) Ya se cumplió el año desde las elecciones, y nos acercamos al primer año de gestión del gobierno de Cambiemos. Las excusas sobre la necesidad de tiempos para poder evaluar ya han perdido toda validez, y podemos retomar los balances de conjunto.

La devaluación y tarifazo fueron un contrasentido en una política que decía combatir la inflación, pues en lugar de reducirla, la aceleraron, casi duplicando las ya grandes subas de 2015. En la disputa contra esta suba de precios, el gobierno procedió a una apertura generalizada de la economía, tanto en el comercio como en la cuenta financiera de la balanza de pagos. El creciente ingreso de mercancías importadas funciona como límite al aumento de precios, al competir con producción local, para placer del consumidor y miseria del trabajador. La suba de los costos de la energía quitó más competitividad, favoreciendo el cierre de empresas y los despidos.

Sin casi ningún control para los movimientos de capital, el ministerio de Hacienda coordinó con el Banco Central la suba de las tasas de interés para mantener los recursos en el país. Las tasas pagadas por este último organismo, tras llegar al 38% anual, se estabilizaron en los últimos meses por encima del 25%. Pero esta suba no solo intenta evitar una corrida cambiaria: también tiene por finalidad cubrir el mayor déficit fiscal. Para cubrirlo, el gobierno debió emitir más deuda (la cifra roza los 40.000 millones de dólares solo para el Estado nacional) y el Banco Central emitir más pesos. Para quitar estos pesos de la economía –que identifican erróneamente como fuente de inflación- emiten LEBACs, que prometen los jugosos rendimientos recién referidos. Esto ha favorecido la multiplicación de la bicicleta financiera, pues desde febrero a esta parte la devaluación del peso apenas superó el 10%: cada dólar ingresado, cambiado a pesos, que compró LEBAC, obtuvo al vencimiento rendimientos en dólares del 10 al 21%. Esto produjo que la masa total de LEBAC superara ya la base monetaria, y el 84% de las mismas tiene una duración menor a tres meses. Es decir, están disponibles para iniciar una corrida de un momento a otro. Con semejantes tasas de interés, la inversión productiva está paralizada.

Estos son apenas algunos de los rasgos centrales de la política económica del gobierno de Cambiemos, que se presentaron como problemas desde el primer momento: no era necesario esperar a ver lo que ocurría.

Algunos resultados

La falta de inversiones y la caída del consumo provocaron una caída del nivel de actividad, que rondará el 3% para todo el año. Hasta el momento no se visualiza ninguna reanimación de la inversión, ni local ni externa, lo que pone dudas sobre las expectativas. El consumo se ve particularmente afectado por la caída del salario real. El sector mejor pago, el de quienes se emplean en condiciones formales en el sector privado, sufrió una caída del orden del 6,4%. Quienes trabajan en el sector público o en el sector privado bajo formas informales han tenido mayores caídas de su poder adquisitivo. Los aumentos dispuestos en asignaciones familiares y jubilaciones han quedado retrasados respecto de la inflación, que supera el 44% en octubre.

Para septiembre, la construcción cayó más de un 11% (según el Indicador Sintético de Actividad de Construcción, del propio INDEC) y la industria más de un 7%. Las ventas minoristas se retrajeron un 8,2% en agosto según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y por encima del 15% en los supermercados, según mide el INDEC. La misma CAME denunció el cierre de 6.300 comercios en los primeros 8 meses del año. Se trata de los tres sectores de actividad (construcción, industria y comercio) que han perdido mayor participación en el PBI, cayendo por encima del nivel general de actividad. Esto de gran importancia porque se trata de los tres sectores de mayor capacidad de creación de empleo.

Vale resaltar que al mismo tiempo, son la agricultura, ganadería y las finanzas los sectores que menos afectados se ven por el escenario general, creciendo en el marco de una recesión nacional. El sector financiero, en particular, viene mostrando sistemáticas ganancias ligadas a lo que se conoce como “bicicleta financiera”, a través de la compra de títulos públicos que pagan altas tasas de interés. Este sector cobra tan bien con esta bicicleta, que no tiene incentivos a prestar para financiar ninguna inversión.

Hasta septiembre de 2016, el Centro de Economía Política Argentina contabilizó 213.166 despidos, un tercio de los cuales fue responsabilidad del sector público. No debe extrañar entonces que entre despidos y caída del salario, la pobreza haya aumentado. Según cifras oficiales del INDEC, el 32,2% de la población es pobre. Entre menores de 14 años, la cifra empeora: más del 47% vive en la pobreza, casi 3 millones de niños y niñas. Aún peor, el 6,3% es indigente, es decir, no puede cubrir ni siquiera sus necesidades de alimentación, valuadas en cerca de $5.000 mensuales para una familia tipo. Como quiera que se mida, la pobreza y la indigencia aumentaron en los últimos meses.

Estos son algunos resultados preliminares de la gestión de Cambiemos, datos para un balance sobre este feroz ataque a las clases populares y trabajadoras.

(Por Mariela Dobal) Luego de 10 años de recorrido y aprendizaje, diversos integrantes del sector debatieron y proyectaron acciones y realidades.

dscn7618Las 10° Jornadas de Economía Solidaria se realizaron en Bahía Blanca, como respuesta al trabajo que numerosas personas vienen construyendo en la ciudad y la región, en torno a este intercambio socio-económico-cultural basado en el crecimiento colectivo de comunidades que le escapan a la lógica capitalista de consumo.

dscn7635En esta oportunidad, y con la coordinación del área de ECOSOL de Cáritas Bahía Blanca, el sábado pasado se encontraron emprendedores/as, productores/as, artesanos/as, agricultores familiares y representantes de pequeñas cooperativas, para proyectar futuras acciones conjuntas, desde una perspectiva que valoriza el trabajo digno, el precio justo y el intercambio sociocultural.

dscn7667La jornada inició con una introducción y repaso de todos los logros conseguidos desde los distintos espacios que protagonizan esta otra economía posible, y continuó con dos mesas simultáneas de intercambio. Una de ellas discutió sobre cómo avanzar con la implementación de las Pequeñas Unidades Productivas Alimentarias (P.U.P.A.S) para lograr la habilitación de la cocina comunitaria del Centro Integrador Comunitario de Spurr, y otra analizó el marco legal que debería contemplar un óptimo funcionamiento de la Feria del Lago y la de Villa Harding Green.

dscn7642Marina Huentenao, directora de Cáritas Bahía Blanca, compartió con FM De la Calle su emoción y alegría por “todo el crecimiento que estos años nos brindó el hecho de repensarnos como personas capaces de vivir en una sociedad más justa, donde existan debates superadores al derecho humano indiscutible del acceso a la salud, la educación y la vivienda de todos y todas. Creemos muy necesario fortalecer estos vínculos y producciones, y avanzar en marcos legales con un Estado activo que acompañe y respete las experiencias y prácticas de la Economía Solidaria, dándole legitimidad al trabajo de autogestión de numerosas familias”.

“Es gratificante escuchar a emprendedoras compartiendo todo lo que estos espacios han significado para sus vidas, porque si bien existen muchos hombres, son principalmente las mujeres quienes se empoderaron desde la elección, las palabras y sus saberes prácticos para defender y mejorar la organización cotidiana”, explicó Huentenao.

Actualmente en Bahía Blanca más de un centenar de familias promueven los valores de la economía social y solidaria. Quienes integran este concepto, tanto individual como colectivamente, “organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital”,  tal se coincidió en la jornada por todxs sus participantes.

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Invitamos desde la comunicación alternativa y comunitaria a conocer y prosumir (producir y consumir) en la Feria del Lago, el local Reloj de Arena, el Banco de Telas que fomenta la producción textil, la granja agroecológica Los Tamariscos y las producciones de los distintos integrantes del Corredor Productivo y Cultural de la Economía Solidaria bahiense, que tiñen de realidad cada palabra aquí expresada.

Sonia Sánchez está nuevamente en Bahía Blanca para participar de las actividades del Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia las mujeres, niñas y niños. A las 18, en Alem y San Juan, habrá una jornada de debate, cultura y música en la cual brindará una charla sobre “La deconstrucción política y social de la puta” y “la violencia y el lugar de las mujeres en las redes de trata y el sistema prostituyente”.

“Me hubiese gustado que mis maestras o profesoras me dijeran ‘Sonia existe la trata, existe la prostitución, existen los varones violentos y estas son las herramientas que vos tienes para protegerte, para decir basta’. Hoy no hay esas herramientas en las escuelas y tampoco en nuestras casas. Les invito desde mi militancia a que empecemos a hablar en nuestras casas, a que no miremos a Tinelli que es una gran fábrica de putas y de varones violentos, a que nos pongamos a pensar antes de votar qué estamos votando, a que sepamos qué es lo que nos están vendiendo nuestros gobernantes”, dijo en FM De la Calle.

La autora de “Ninguna mujer nace para puta” llegó para “incomodarnos” y preguntarnos qué estamos “haciendo para que otros varones no vayan más de putas, para que no usen a esas mujeres y no las conviertan en un objeto de uso y abuso y también preguntándole a las otras mujeres qué hacen ellas para desdibujar la frontera de la ‘buena’ y de la ‘mala’, porque también somos nosotras las mujeres las que sostenemos esta división que el patriarcado nos ha impuesto, las buenas en sus casas y las malas en los prostíbulos”.

“Seamos todas malas porque si somos todas malas podemos empezar a construir otra sociedad menos violenta para nosotras”, propuso.

Sonia pone en cuestión las políticas públicas nacionales y la restitución de los derechos de las mujeres “porque las que hoy caen en el tráfico de personas, en especial con fines de explotación sexual, son buscando trabajo”.

“A las mujeres en prostitución que están organizadas el gobierno les da desde el Ministerio de Trabajo un programa para que las mujeres que quieren dejar de ser putas, que no quieren que las prostituyan más, se conviertan en promotoras de derechos humanos. ¿Sabes cuánto les pagan? En la ciudad de Buenos Aires hace cuatro meses atrás 400 pesos, en La Pampa les pagan 1600. ¿Quién puede dejar de ser puta con 1600 pesos cuando Pinedo está diciendo que con 83 mil pesos a él no le alcanzan? Pongo en cuestión eso, es mucho más que solamente entrar en la discusión de reglamentar o abolir porque esa es la agenda neoliberalista”.

Afirmó que “el neoliberalismo ha bajado la necropolítica y en eso estamos, en especial las mujeres, nuestros cuerpos pueden ser alquilados, nuestros vientres son alquilados para seguir pariendo hijos para sostener este sistema. No son las mujeres ricas las que alquilan los vientres, son las empobrecidas. No son las mujeres ricas las que caen en el tráfico de personas, somos las empobrecidas”.

“A mí me hicieron puta en mi mejor edad, que fue mi adolescencia, yo fui el resultado de las políticas públicas argentinas (…) ¿Cómo deconstruí eso? Exigiendo los derechos porque nuestros derechos económicos, sociales, culturales y civiles no los debemos pedir, los debemos exigir. Yo pateo las puertas, no te pido por favor, y los denuncio con nombre y apellido”, concluyó Sonia.

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(Por Francisco J. Cantamutto y Martín Schorr) La caracterización del programa económico de Cambiemos es una tarea relevante. No se trata sólo de conocer las voluntades de personeros ministeriales, sino de identificar fuerzas sociales en disputa, buscando propiciar ciertos proyectos de sociedad en detrimento de otros. No existe tal cosa como que todos ganen: siempre alguien cede, retrocede, sufre. Y sin embargo, para poder ganar elecciones los partidos deben lograr presentar proyectos particulares como si fueran de toda la sociedad. El problema de la hegemonía implica desentrañar cuál es la fracción de clase que está logrando generalizar sus propuestas como las de la nación. Aunque en los hechos unos pocos estén sacando provecho, Cambiemos ganó prometiendo una mejor Argentina para todos. Mostrar quiénes son esos pocos y cómo lo hacen es central para proponer cambios políticos.

Ha sido ya probado que las devaluaciones y las reducciones de retenciones a las exportaciones estuvieron dirigidas fundamentalmente a mejorar la rentabilidad en los sectores primarios y los industriales procesadores de materias primas. Estas mejoras implicaron fuertes subas en los precios de los alimentos, con el consecuente deterioro de los salarios. El capital minero también se favoreció por estas medidas, a las que se sumaron las subas de los precios locales de los hidrocarburos, con un sendero plurianual de alza que garantiza jugosas rentabilidades.

Las subas de precios se complementaron con un tarifazo, subiendo los precios de agua, transporte, gas y luz. Y aunque la resistencia social lo ha demorado en parte, se encuentra en plena marcha, estando previstos nuevos aumentos el año entrante. La suba de los servicios públicos está en curso, alimentando ganancias sectoriales a la vez que erosiona la competitividad sistémica de la economía, al elevar los costos de producción de otros bienes. Este tarifazo ha golpeado a los hogares y también al conjunto del entramado pyme.

Un elemento complementario de lo anterior fue la mayor desregulación del comercio exterior, lo que en un mundo desbordado de productos sin demanda, opera como un yunque sobre el empresariado menos competitivo. Al tercer trimestre de este año, las importaciones de bienes de consumo y de autos crecieron (9% y 28% más que en 2015, respectivamente), desplazando producción nacional en muchos rubros fabriles. Sólo los capitales de mayor productividad pueden sobrellevar esta apertura: aquellos ya referidos, organizados en torno a los recursos naturales. No en vano Macri ha reiterado su intención de firmar tratados de libre comercio, hasta ahora esquivos, en busca de consolidar su promesa de volver a la Argentina el “supermercado” del mundo.

Esta agenda se completó con la intensa gira de promesas al empresariado, con hitos en Davos, el G-20 de Pekín, el mini-Davos de Buenos Aires y el reciente coloquio de IDEA. En todos los casos, presumiendo previsibilidad y garantías para tentar una lluvia de inversiones que se resiste a llegar. Las pocas inversiones en marcha parecen alinearse con las ventajas provistas por los recursos naturales del país. El balance comercial argentino, consolidando la tendencia de los años previos, reposa de manera cada vez más evidente sobre estos sectores. Cumplido el tercer trimestre de 2016, las exportaciones primarias son las únicas que muestran alzas (14% mayores a igual período del año anterior). Una de las principales diferencias con el régimen previo es que ahora ese incremento aporta menos recursos a las arcas del fisco y al balance externo.

Otro de los grandes ganadores del programa de Cambiemos es el capital financiero, responsable de proveer recursos para que las cuentas fiscales y externas tengan al menos un cierre contable. La toma de más de 35.000 millones de dólares por parte del Estado nacional en lo que va del año ha financiado gastos corrientes y salidas de recursos por diversas vías (pagos de deuda, fuga de capitales, remisión de utilidades, importaciones industriales, turismo). Para el presupuesto 2017, el gobierno apuesta a redirigir esta ruleta de deuda hacia la obra pública, único bastión posible de reanimación económica en un año electoral. La asociación con los gobernadores es clave en este proyecto, repartiendo la carga financiera y emitiendo a tasas de interés que superan el 7%, e incluso el 9% para algunas provincias.

Los negocios financieros están en franca expansión. La “estrella” del mercado es la operatoria en Letras del Banco Central, que tras alcanzar el 38% anual en pesos durante el primer trimestre, se sostienen desde hace dos meses por encima del 25%. El plazo medio de maduración de esas Letras ronda el mes y medio, ocasionando grandes costos de renovación periódica, y permitiendo grandes ganancias en lo que la jerga denomina “carry-trade”, es decir bicicleta financiera lisa y llana. La eliminación de trabas en la cuenta financiera y de capitales ha facilitado las operaciones de negocios a través de las fronteras: el ingreso de dólares, que se cambian a pesos, se colocan a cortos plazos con elevados rendimientos, y se retiran a moneda fuerte otra vez, sin ningún efecto positivo para el país. El uso de las LEBAC para sostener el precio del dólar estable, o levemente a la baja, favorece esta mecánica especulativa, garantizando que los rindes no se vean afectados por una devaluación (en una línea similar juega la toma de deuda externa).

Este es el esquema básico que representa una auténtica coalición social. La información del INDEC sobre la composición del valor agregado bruto a fines del primer semestre del año es elocuente. Entre las actividades que entre 2015 y 2016 aumentaron su incidencia en el conjunto de la economía (las ganadoras) sobresalen rubros procesadores de materias primas (agricultura, ganadería, explotación pesquera y de minas y canteras), la intermediación financiera y los servicios públicos.

Entre las actividades perdedoras se destacan la industria, la construcción y el comercio, todas importantes generadoras de puestos de trabajo. No es de extrañar que la destrucción de empleo haya sido la norma del primer año del gobierno macrista y clave para sostener una caída del salario real en torno al 10% y promover diferentes esquemas de flexibilización laboral.

Actividades económicas que avanzan/retroceden en términos de su incidencia en el valor agregado bruto (VAB) total*, II Trim. 2015/2016 (en porcentajes y ptos. porcentuales)

  Participación en VAB total  
  2015 2016 Var. (p.p.)
Avanzan 23,8 29,2 5,39
Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 7,7 12,0 4,32
Intermediación financiera 3,9 4,3 0,39
Electricidad, gas y agua 1,3 1,6 0,32
Explotación de minas y canteras 3,9 4,1 0,17
Servicios sociales y de salud 5,8 5,9 0,14
Hogares privados con servicio doméstico 0,9 0,9 0,03
Pesca 0,3 0,3 0,02
Retroceden 76,2 70,8 -5,39
Otras acts. de servicios comunit,, soc. y pers. 3,5 3,3 -0,18
Hoteles y restaurantes 2,3 2,1 -0,22
Transporte y comunicaciones 6,8 6,6 -0,25
Enseñanza 6,3 5,9 -0,40
Administración pública, defensa, etc. 9,3 8,7 -0,57
Comercio mayorista, minorista y reparaciones 14,3 13,7 -0,60
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11,3 10,7 -0,66
Construcción 5,3 4,3 -1,02
Industria 17,1 15,7 -1,49
TOTAL 100,0 100,0

* Según datos del VAB a precios corrientes.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

En un panorama industrial crítico, que se expresa en fuertes caídas en el valor agregado sectorial y en que es la actividad que más pierde en términos de su incidencia relativa, también se reconocen evoluciones dispares. Entre las ramas que mejoran su posicionamiento se cuentan muchas industrias altamente concentradas (caucho y plástico, química, alimentos, automotriz), lo que contrasta con el perfil más pyme de las que retroceden (indumentaria, muebles, madera y derivados, bienes de capital, metalmecánica).

La inconsistencia temporal de este esquema de políticas es palmaria. Con una inflación acelerada, el empresariado ha perdido la competitividad ganada con las devaluaciones, y exige nuevos ajustes que, de concretarse, incrementarán los precios. Para subir la productividad se pretende tentar a la inversión productiva pero al mismo tiempo se suben los costos de los insumos y servicios, sosteniendo una tasa de interés muy elevada. Así, la formación de capital no sólo no llega, sino que en lo que va del año se retrajo más del 4%. La sostenida recesión continúa expulsando fuerza de trabajo, lo que agrava un cuadro social por demás complejo. Esta imprevisibilidad es detectada por los inversores, que priorizan la colocación de sus fondos en inversiones cortoplacistas. En el plano productivo, los sectores primarios son incapaces de traccionar al conjunto de la actividad económica.

El problema es aún mayor en el centro mismo del negocio financiero. A nivel interno es difícil saber hasta qué punto el Banco Central podrá continuar renovando mensualmente las LEBAC. Esta masa de recursos ya superó la base monetaria y constituye una auténtica bomba de tiempo, disponible para correr velozmente contra el peso ante la menor señal de mal tiempo. La quita de controles en la balanza de pagos facilita que estos fondos realicen estas maniobras especulativas. Se añade que a nivel externo, la seguidilla del Brexit y la victoria de Trump parecen asegurar un inminente aumento de las tasas de interés de referencia, y un complementario aumento del riesgo país. La salida de fondos hacia los países centrales pondría en peligro la renovación de deuda para la Argentina.

Los límites del planteo económico del macrismo (con sus ganadores y sus perdedores) se hace cada día más evidente.

(Por Mauro Llaneza) Este sábado se constituyó en la estación ferroviaria de Sierra de la Ventana la Coordinadora Pueblos por el Tren que reúne representantes de distintos partidos de la provincia que pretenden recuperar el servicio que brindaba Ferrobaires hasta la suspensión por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal.

“No hay información oficial, no hay términos, no hay plazos, no hay alternativas para que la gente pueda trasladarse afectando muy seriamente sobre todo a las poblaciones de más bajos recursos”, afirmó a FM De la Calle Claudio Setti desde Villa Ventana.

Agregó que “hace unas semanas que venimos buscando la manera de coordinar estas luchas y justamente el sábado nos reunimos varias localidades. Aspiramos a pegar un golpe de conjunto en todas las poblaciones para ser más efectivos, estuvieron representante desde Punta Alta, Brandsen, Bahía Blanca, Pringles, Pigüé, Saavedra, Laprida, Chascomús, Puán, Ituzaingó y por supuesto los anfitriones de Sierra y Villa Ventana y Saldungaray”.

“Durante el transcurso de la asamblea tomamos simbólicamente las vías del ferrocarril que resaltamos que son las vías que nuestros mayores construyeron con su sudor para comunicar poblaciones y no para trasladar la mercadería de las corporaciones dejando afuera a los pueblos, a los usuarios”, comentó.

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Setti informó que con la asamblea de este fin de semana se pasó de la comunicación virtual a una coordinación de actividades que comenzaron este lunes con la presentación de un primer documento al Foro de Intendentes de la sexta sección electoral que se realizó en Pringles, “pidiéndoles que se pongan a la cabeza de esta situación”.

“El mayor mercader de la industria automotriz del país, casualmente ministro de Transporte, (Claudio) Dietrich dijo bien clarito que hay que reforzar el transporte carretero a contramano de la realidad del primer mundo al que ellos aspiran a vincularnos, donde en Europa y en todos lados se refuerza y se trabaja en ferrocarriles que comunican países, ellos plantean todo lo contrario. El ferrocarril acá para el transporte de mercaderías y modificar, mejorar, las rutas y autopistas para poner todas las fichas en el transporte carretero que es antiecológico, antieconómico, que excluye a gran parte de la población y con el recargo que significa en nuestras rutas en estado de abandono y accidentes”, advirtió.

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Por su parte, Valeria, vecina de Saavedra que se acercó a la asamblea en la comarca serrana, aseguró a FM De la Calle que la suspensión del servicio “realmente fue sorpresiva y nos dejó aislados porque somos una pequeña comunidad de dos mil habitantes que el único medio de transporte de larga distancia era el tren y ahora para tomarnos el tren chino que pasa por Saavedra y no para, hay que tomar el colectivo que sale tres o cuatro veces más e ir a Pigüé”.

“La última vez que viajé en tren, en junio, paró en Curamalál, en Arroyo Corto, en Saavedra y después iba a parar en Dufaur, en un tramo de 50 kilómetros, cuatro pueblos dependen de más recursos para viajar en colectivo e ir a Pigüé”, manifestó y agregó que también “perjudicó al comerciante que iba a buscar sus productos para vender más barato, a los estudiantes, a los jubilados. Yo gracias al tren pude estudiar, pude viajar y seguir comunicada con mi familia”. Destacó además la baja de viajes de familiares de detenidos en la unidad penitenciaria y el impacto en la economía local.

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Próximas actividades de la coordinadora:

-Sábado 3 de diciembre de 14 a 19: Jornada Ferroviaria con presentaciones culturales, debate y difusión en el playón de la Estación Sud de Bahía Blanca.

-Domingo 4 de diciembre: difusión de la problemática en la Gran Omelette de Pigüé.

-Sábado 10 de diciembre (horario a confirmar): segunda Asamblea Plenaria en Saavedra.

-Sábado 17 de diciembre: presencia en la conmemoración de los 106 años de la llegada de un tren que ahora no llega a Estación Solier de Punta Alta.

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Documento presentado al foro de intendentes:

La coordinadora PUEBLOS POR EL TREN, que representa diversas asambleas y organizaciones y hasta el momento incluye delegaciones de las localidades de Punta Alta, Bahía Blanca, Pringles, Pigüé, Saavedra, Laprida, Chascomús, Puán, Ituzaingó, Bandsen, Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Saldungaray, en lucha por la inmediata restitución de los trenes de pasajeros de larga y corta distancia de ramales privados del servicio, se dirige a los Sres. Intendentes de ese importante foro a fin de solicitarles incorporen en vuestras prioridades la grave problemática que nos afecta y que a continuación detallamos.

El tren cumple un imprescindible servicio social para las poblaciones, permitiendo su traslado a escuelas, servicios de salud, destinos laborales, etc, siendo además un factor central en el desarrollo económico, político y social de los pueblos, poblados y ciudades que conecta.

Resultando de dominio público el amplio abanico de destinos afectados, que son prácticamente la totalidad de los incluidos la  6° SECCION, ocasionando a sus pobladores innumerables inconvenientes, muchos de ellos insalvables al no existir servicios alternativos al alcance de los usuarios, y dejando a muchos otros presa de servicios monopólicos, con tarifas privativas y prestaciones de cuestionable calidad.  La incertidumbre ocasionada por la suspensión inconsulta, absolutamente carente de información y plazos de restitución por parte de las autoridades, se agrava por la situación de los trabajadores del ferrocarril que ven perder, y en los mejores casos, peligrar sus fuentes de trabajo.

Queremos destacar que en otros ramales, mientras se realizan tareas de mantenimiento de magnitud tal que impidan la circulación de los trenes, se ofrecen servicios alternativos a igual costo del pasaje ferroviario, cubierto en forma provisoria por colectivos y combis, hasta la total normalización de los servicios ferroviarios, cosa que no se les ofrece a nuestras poblaciones, desentendimiento que resulta en graves perjuicios, especialmente para las amplias mayorías que obviamente, y como sistemáticamente ocurre, son los pobladores de menores recursos, resultando librados a su suerte al negársele el derecho constitucional a desplazarse libremente por el territorio nacional.

Es por ello que nos resulta de primordial importancia solicitarles su intervención con objeto de interceder ante las máximas autoridades por la urgente recuperación de los servicios ferroviarios, reclamo que entendemos prioritario de los vecinos en los municipios en que ustedes resultaron electos para representar y gobernar.

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(Por Francisco J Cantamutto) El resultado de las elecciones presidenciales abre una etapa de incertidumbres, y para Cambiemos, éstas son malas noticias.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos ya tienen un ganador. El triunfo de Donald Trump, que parecía imposible meses atrás, abre una nueva etapa para la geopolítica y la economía mundial. Hillary Clinton representaba la continuidad de los proyectos hegemónicos en curso, siendo por ello la candidata del establishment norteamericano. Sus políticas compensatorias lograban conquistar las simpatías de no pocas minorías políticas, pero esto no opaca que la ex Secretaria de Estado y Senadora formó parte de la mayor parte de las decisiones que orientaron el accionar de Estados Unidos en las últimas décadas. Ofrecía continuidad, estabilidad, previsibilidad.

Trump, en cambio, a pesar de ser un empresario multimillonario, no formó parte de la casta política, nunca ocupó un cargo electo. En ese sentido, por llamativo que sea, logró presentarse como un outsider, como alguien que provenía de fuera “del sistema”. Sus posturas profundamente reaccionarias y propuestas carentes de viabilidad desafiaron los límites de una candidatura concebible desde las entrañas del amañado sistema representativo estadounidense. Y sin embargo, logró ser el candidato, y ahora presidente electo, del tradicional partido republicano.

Sea por convicción o por conveniencia, Trump le habló en especial a un segmento de la población estadounidense conocido como “basura blanca”. Se trata de sectores medios venidos a menos, trabajadores empobrecidos por años de políticas neoliberales (de las que Clinton es una de las responsables), sin expectativas de futuro. La pérdida de empleos por la deslocalización de fábricas hacia países periféricos, que ha provocado un estancamiento de los salarios medios en las últimas décadas. El 1% más rico que se apropiaba en 1970 del 9% del ingreso anual pasó a recibir el 21% en 2010. El 10% más rico obtuvo ese último año el 47,9% del ingreso total. La única solución para los empobrecidos trabajadores ha sido el crédito: década tras década han promovido el endeudamiento para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Cuando en 2007 todo estalló por los aires, el Estado aprobó un salvataje de 700.000 millones de dólares… a los bancos. Las grandes automotrices accedieron a mantener algunas plantas en el país solo a costa de quitarles a sus trabajadores gran parte de los beneficios previsionales. Esta población trabajadora está furiosa, y tiene razones para estarlo. Está pagando una fiesta de la que no participó.

La crisis mundial es el escenario de fondo. Tras décadas neoliberales, el espacio para mayores tasas de explotación es limitado, y los recursos remanentes para ser mercantilizados comienzan a escasear. El exceso de oferta tiene al mundo inundado de bienes, lo que presiona a la baja las exportaciones. Muchos países han iniciado una lenta competencia de devaluaciones, para ganar competitividad a costa de los vecinos. Este ajuste reduce aún más la demanda. El mundo crece menos, el comercio es menor. Este contexto guarda parecidos llamativos con lo ocurrido en la década del ’20.

En este marco, el liderazgo económico de Estados Unidos, la potencia hegemónica, se ve erosionado. China se ha expandido de manera sostenida –es responsable del magro crecimiento mundial del último lustro-, y ya ha logrado otro paso en la internacionalización del yuan, ahora incluido en la canasta de monedas de reserva del FMI. En América Latina ha crecido hasta ser el segundo socio comercial e inversor. Pero China aún depende de la demanda estadounidense en su comercio global y mantiene una monstruosa cantidad de bonos del Tesoro norteamericano como reservas, que le exigirían algún tipo de canje para evitar una desvalorización masiva. La Unión Europea en franca crisis no es una alternativa real.

Trump basó su campaña en denunciar esta realidad, desde una posición reaccionaria y conservadora. Es difícil saber cuánto hay de demagogia en su discurso contra el libre comercio, aunque queda claro que su pretensión autócrata, su xenofobia y misoginia son auténticas. Las preguntas son muchas.

En términos económicos, esta victoria ha incrementado la incertidumbre respecto de lo que viene. Las bolsas de valores del mundo, que mostraban ya una tendencia declinante, volvieron a caer ante la noticia. El capital trasnacional prefiere la operatoria irrestricta, y la tendencia proteccionista no le favorece. La reacción es semejante a la del Brexit, pocos meses atrás.

Si Trump y la bancada republicana mantiene la agenda de campaña de revisar los tratados de libre comercio, esto sería una marcha atrás en unos de los ejes más importantes de la agenda estadounidense para la región. México, atado hace más de dos décadas al gigante a través del TLCAN, ya ha sufrido un severo impacto, con una –nueva- desvalorización de su moneda. Colombia, Chile y gran parte de Centroamérica, hoy establecida como una gigantesca maquila que abastece a Estados Unidos, deben estar preocupados. Trump parece decidido en frenar el gran proyecto hemisférico de Obama, el Tratado Trans Pacífico, cuya ratificación en el Congreso requeriría de una veloz gestión antes de fin de año.

El objetivo no sería solo frenar los tratados de libre comercio sino también poner escollos en la internacionalización de las empresas estadounidenses, para favorecer la inversión en el espacio nacional. Eso significaría para nuestra región menor demanda para los productos exportados, y también menor inversión extranjera. A esto se suma además que el programa de Trump sobre grandes proyectos de obra pública –como el famoso muro- junto a recortes de impuestos parece destinado a financiarse con mayor emisión de deuda. El mercado espera subas de las tasas de interés, lo que significa encarecimiento del crédito disponible.

Menos demanda, menos inversión, crédito más caro: ese es el parama esperado para la región, y esto afecta, claro, a la Argentina. Macri había apostado abiertamente por la candidatura de Clinton, para dar continuidad a las tratativas iniciadas con Obama, que lo ponían como referente en la región. Con la victoria de Trump, Macri queda fuera de lugar.

Esto no es solo un problema político, sino económico. Primero, se ve en problemas la agenda de comercio preferente, justo cuando Macri ponía las exportaciones como factor dinámico. Segundo, se suspende por mal tiempo la lluvia de inversiones. Tercero, la deuda, factor aglutinante en el programa de Cambiemos, única fuente de balance fiscal y externo, se encarecerá. Cuarto, el afamado blanqueo promocionado en las últimas semanas, entra en problemas. La banca norteamericana prevé sostener su régimen de secrecía fiscal, y continuar operando como refugio para los capitales que no quieren revelar su origen, monto ni dueño. ¿Por qué volver a Argentina y pagar siquiera mínimos impuestos, si se puede permanecer protegido en un paraíso fiscal? Parece que 2017 será un año difícil.

(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado Diputados dio media sanción al primer proyecto de presupuesto de Cambiemos, se espera que Senadores lo pasen durante noviembre.

Cambiemos se anota un triunfo más en su haber, logrando que la Cámara de Diputados diera por aprobado su proyecto de presupuesto para 2017. Se pasó al Senado, a la espera de que sea tratado en el curso de este mes, con lo cual Macri tendría así su primer presupuesto propio –recordemos que gobernó hasta ahora con el proyecto aprobado del kirchnerismo saliente en 2015.

Se trata de un nuevo triunfo de Cambiemos en el Congreso, donde tiene apenas una minoría de representantes, y donde sus dotes políticas aparecen con mayor claridad. En el gobierno nacional están sobrerrepresentados los elementos empresariales, lo que ha fomentado la interpretación de que se trata de una CEOcracia. Sin dudas, hay parte de verdad ahí, una cierta ceguera frente a los efectos de sus decisiones, especialmente respecto de los costos sociales.

Pero esto no nos puede ocultar la existencia de hábiles políticos en el elenco de Cambiemos. La capacidad de Peña o Frigerio para negociar especialmente con gobernadores y obtener su anuencia –lo que prácticamente garantiza el resultado en Senadores- ha sido probada varias veces. Dentro de Diputados, Monzó y Massot son apenas dos de los operadores clave del resultado de 177 votos a favor, que incluyó no solo los votos del frente (PRO, UCR, CC) sino también del GEN, Frente Renovador, el bloque Justicialista, y no pocos kirchneristas. Se repite así la misma clase de éxito que con el pago a los fondos buitres o con la ley de blanqueo.

El procedimiento de Cambiemos merece atención, pues demuestra una habilidad probada. Se trata de enviar a discusión amplios proyectos con dos características: profundamente reaccionarios y con una gran mezcla de temas. De esta forma, la atención y el debate público no pueden contener por igual a todos los elementos en discusión, enfocándose en algunas partes. Por otra parte, las exageradas propuestas dan al gobierno amplio espacio para negociar lo que se presenta como “concesiones”, que son siempre parciales. Las diferentes fuerzas políticas negocian así elementos dispersos y puntuales, lo que permite que el proyecto global no solo logre aprobarse sino que además incluya siempre una parte sustancial del objetivo original. Y accesoriamente, permite a Cambiemos presentarse como el cenit de la democracia, siempre dispuesto al diálogo, a reconocer “errores” y conceder a sus interlocutores. Siempre que no altere los fundamentos de su proyecto.

El caso de Ciencia y Tecnología de este presupuesto ilustra a la perfección lo que decimos. El gobierno envió un proyecto que recortaba las asignaciones a esta área tanto como proporción del gasto total como en términos reales. Se proponían $31.700 millones, casi un 9% por debajo de los $36.000 millones necesarios para sostener la política de desarrollo científico de acuerdo los lineamientos existentes. La reacción del sector no se hizo esperar, multiplicándose las acciones mediáticas y en las calles –el 24 de octubre se realizó un multitudinario acto frente a Congreso. Cambiemos terminó proponiendo una asignación extra de $1.200 millones, lo que es la cuarta parte de lo recortado. Para las universidades nacionales se propuso un incremento de mil millones de pesos, que apenas afecta la partida total de $60 mil millones.

De modo que la atención se centró estas semanas en uno de los aspectos más criticables del proyecto –recorte a la investigación- pero dejó relativamente de lado otros elementos, como las menores asignaciones para dar continuidad a los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, Cambiemos concedió otros aspectos, como subas en el ministerio de agroindustria o en protección de bosques nativos, lo que en últimas le garantizó la aprobación del proyecto general. Demostró así su capacidad de hábil negociador.

¿Cómo hizo estas concesiones? Intensificando el aspecto central de su proyecto: la toma de mayor deuda. Es muy relevante, pues, según un reciente informe, 2016 cerraría con una emisión cercana a los 50.000 millones de dólares, un auténtico récord de la emisión descontrolada. Es relevante marcarlo: la deuda ha cubierto el pago de deuda y gastos corrientes, sin ningún beneficio de mediano o largo plazo para el país. La deuda cubrió fuga de capitales, la avalancha de importaciones, y la pérdida de recaudación por la baja de las retenciones, entre otras. Un auténtico festival de endeudamiento, casi sin paralelos en la historia.

Con un déficit fiscal al alza, Cambiemos ha intensificado irresponsablemente la emisión de deuda, a tasas de interés que duplican y hasta triplican el promedio de lo que se paga en la región. El arreglo con los buitres no ha mejorado en nada las finanzas nacionales, al contrario. No solo se toma deuda como forma de financiar el gasto, sino que también se emiten pesos. Para controlarlos, el Banco Central está emitiendo Letras –que aún pagan por encima del 28% anual en pesos- que las estimaciones privadas ubican como una masa equivalente al total de pesos circulando en la economía. Una auténtica bomba de tiempo, habilitada para corridas cambiarias de gran velocidad.

Este mecanismo, en el presupuesto 2017, está atado a lo que se prevé será la principal herramienta para el año electoral: el incremento de la obra pública, en torno al 39%. Este punto es central, pues se traslada a las provincias e incluso a los municipios: se habilitan nuevas obras a ser financiadas con toma de deuda, en los tres niveles del Estado. Este mecanismo es central para negociar los acuerdos con gobernadores, y de allí, con Senadores.

En el ínterin, mezclando temas, Cambiemos logró además la aprobación parcial del proyecto de iniciativa público-privada. Se trata de una forma cruel de privatización de la planificación, que al mismo tiempo estatiza todos los riesgos: los medioambientales, la conflictividad laboral y la búsqueda de financiamiento. Privatización de los beneficios y socialización de los costos. Un seguro que se puede comparar con el que Cavallo diera a las empresas privadas (incluyendo al grupo Macri), y que desde 1982 explican la mitad de la deuda pública pagada por todo el pueblo argentino. Esta ley es una de las adecuaciones previstas en la orientación general hacia el Tratado Trans Pacífico propuesto por Estados Unidos.

El presupuesto vuelve a fantasear con perspectivas de crecimiento (3,5%), sin argumentos que lo sostengan. Recordemos que el PBI cerraría 2016 con una caída de alrededor del 2%, cuando todos los organismos internacionales preveían un resultado menos duro. La inflación se prevé en el 17% y un dólar a casi $18, lo que en los hechos apenas compensaría los nuevos aumentos de precios, sin ganar competitividad por la vía devaluatoria. Se propone así continuar con la valorización de activos financieros y actividades protegidas, como las de servicios públicos, para las cuales se prevén nuevos incrementos de tarifas.

De conjunto, Cambiemos ha logrado media sanción a un proyecto de ajuste y financierización de la vida social, cuyos beneficios nos serán esquivos, cargando en cambio con todos los costos.

Con participación de integrantes de Concejos Deliberantes, de organizaciones ambientales y habitantes de varios partidos de la Cuenca de Claromecó, se realizó el viernes en Sierra de la Ventana un nuevo encuentro para definir estrategias de resistencia al fracking y otras prácticas contaminantes en la región. Bahía Blanca no tuvo representación legislativa.

Se concluyó reforzar la presencia de la asamblea en los municipios que aun no cuentan con ordenanzas antifracking y propiciar la actualización de las normas existentes en relación a la gasificación subterránea de carbón, impulsar una ley provincial con los mismos objetivos, propiciar el uso de energías renovables e insistir en el pedido de informes a la gobernadora sobre los proyectos en marcha.

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Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, destacó la necesidad de conocer las técnicas que pretenden utilizarse y los antecedentes internacionales de su aplicación para poder transmitir la preocupación a las comunidades de la cuenca.

Por ejemplo, los estados australianos de Victoria y Queensland prohibieron la gasificación subterránea de carbón y Escocia decidió este mes desalentar su uso. “Los estudios que la provincia de Buenos Aires financió para el aprovechamiento limpio de carbón ponen como referencia estos proyectos de Australia como que eran re seguros y ahora estamos viendo como los están tirando abajo y en una etapa piloto, no llegó a tener un desarrollo industrial”.

Más info sobre la Cuenca de Claromecó

“Hay gente haciendo lobby, recorriendo los campos, hablando con la gente, les dicen que la extracción de gas de carbón va a servir para generar urea para fertilizar los campos. Nos están usando como chanchitos de la India”, dijo el periodista y agregó que “en Australia decidieron que el desarrollo económico que plantea la agricultura no se puede poner en juego con estas promesas de bienestar del desarrollo de carbón”.

En cuanto a la explotación, Scandizzo explicó que se trata de “mantos de carbón que están entre 400 y 800 metros de profundidad, muy cerca de los acuíferos. No se va a sacar el carbón sino que va a permanecer en el subsuelo. Hay dos técnicas, una es que en el manto hay carbón, hay agua y hay gas metano. Una de las posibilidades es el aprovechamiento -como dicen las empresas- del gas intersticial”.

“Al perforar, al fracturar ese carbón para que libere el gas, se saca el agua porque está haciendo presión para que el gas no se mueva. A partir de ahí se extrae el gas. El problema además es que el agua es salobre y viene acompañada de una cantidad de químicos que participaron de la generación del carbón y que también tiene restos de metano, la disposición final es un problema muy grande”.

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En el aprovechamiento de gas asociado a carbón sucede que al fracturar, “si la presión es mayor a la presión hidrostática que tiene ese manto, se rompe la roca que está sirviendo como techo y deja migrar ese agua almacenada hacia los acuíferos de la superficie”.

Para la gasificación subterránea del carbón “se hace un pozo de entrada en el que se inyecta oxígeno, se genera la combustión del carbón que está en la veta y los gases que se generan son sacados por otro pozo productor. Ahí se separa el gas sintético, el metano y demás”. En los pozos de monitoreo australianos pasó que cuando llegó el rastro de contaminación “ya se habían mandado una macana muy grande”.

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“No tienen constancia de que la roca sello haya quedado en buen estado porque ha habido migraciones hacia la superficie y en la cavidad no pudieron controlar que la combustión se haga por segmento, que se queme una parte de carbón y no avance hacia otros costados. Eso genera el fenómeno de subsunción, que se hunda el suelo, que tal vez en la superficie no se nota pero sí en las formaciones geológicas y se altera el curso de las aguas subterráneas”, detalló Scandizzo.

Ana Colantonio, del Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos, comentó a FM De la Calle que las exploraciones en la Cuenca de Claromecó existen “desde 1960 con la Ley de Hidrocarburos en la época de los militares” aunque las “dio a conocer el gobernador Scioli en 2010. No es algo improvisado que cae por sorpresa”.

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Aseguró que “en Tres Arroyos tuvimos un lobista antes de que comenzara esta discusión de la gasificación subterránea, convocó a pocas personas y nos vino a vender esto como producto limpio. No es limpio para nada, la diferencia que el lobista te va a decir es que el fracking usa agua que es por lo que la gente protestaba y en esto se va a usar aire, pero es mucho peor. (…) Es más silencioso pero hay que tener cuidado con lo que nos venden las corporaciones porque a ellos no les va a interesar la salud ni romper con la economía regional”.

María Saint Martín, asambleísta de Laprida, comentó que en su partido se movilizaron y fueron casa por casa para juntar tres mil firmas que les permitieran avalar proyectos de ordenanza antifracking y “para el cuidado del agua y que prohibiera el depósito de residuos peligrosos”.

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Las iniciativas fueron expuestas desde la Banca Ciudadana con el respaldo de un tercio de la población comunal aunque “no logramos nada porque el Frente para la Victoria era mayoría -y aun lo sigue siendo- y nunca decidieron tratar el tema”. “Incluso fue gente de YPF a querer convencernos de que los químicos que usaban eran los mismos que usaban en los chupetes de los bebés y en un montón de cosas que usábamos en la vida diaria. Nos reunieron a todos para decirnos eso y mucha gente se enojó y se fue de la exposición porque dijeron ‘nos están tomando el pelo'”.

El concejal de Pringles Osvaldo D’Annunzio (GEN) recordó que en su municipio la aprobación de la ordenanza contra el fracking “fue difícil porque había dos posiciones, a favor el oficialismo de ese momento, incluso vino gente de la provincia hablando de las bondades de este método, pero el Concejo Deliberante logró el consenso y se aprobó por unanimidad”. Además, valoró el interés del periodismo que “se ha comprometido más que la parte política”.

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Tras la audiencia, el ex edil de Guaminí Ignacio Zavaleta (UCR) dijo a FM De la Calle que “hemos tenido avances enormes tanto en la construcción de la conciencia institucional por medio de ordenanzas, se va sumando muy lentamente la conciencia ciudadana que es el trabajo al que falta darle un poco más de impulso”.

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“Los interesados en este tipo de explotación tratan por todos los medios que quede invisibilizado, eso les permite avanzar sin ningún tipo de contratiempo, por eso nuestro planteo resulta sumamente incómodo. Nos falta toda esa estructura y ese espacio en los medios para llegar a la gente, una política más incisiva en cuanto a la parte educativa, ir a los colegios, si bien ya lo estamos empezando a hacer”.

Finalmente, ante la falta de anuncios oficiales, Zavaleta afirmó que “el Estado nos brinda información cuando detecta que nosotros ya la tenemos, mientras tanto se hacen los sotas y miran para otro lado, pero cuando saben que vamos a buscar algo específico: ‘acá está’. La van demorando pero ya con lo que tenemos es suficiente para ir a fondo con este tema y pararlo de una vez por todas”.

(Por Mauro Llaneza) Las empresas del polo petroquímico desistieron de las declaraciones de un grupo de pescadores artesanales a quienes habían convocado como testigos en el marco de la causa civil por contaminación en la ría que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1. Durante la audiencia que encabezó ayer el juez Agustín López Cóppola solo se escuchó a un empleado del Consorcio del Puerto.

“Deberían haber declarado los pescadores que son actores de esta acción civil, es una prueba ofrecida por la parte demandada donde se los cita -se llama absolución de posiciones- para que digan si determinados puntos son verdades o mentiras”, dijo el abogado Lucas Beier en FM De la Calle.

A su lado, el pescador Miguel Ángel Córdoba afirmó que fue a responder las preguntas de las empresas “con la frente en alto, no como ellos que es una agachada, lo que hicieron es de muy cobardes, no querer escuchar la realidad o la verdad es de muy cobarde, nadie les iba a mentir”.

“El único que declaró fue un testigo ofrecido por el Consorcio del Puerto, que es (Alberto) Carnevali, que es empleado del puerto, y contestó algunas preguntas referidas al dragado” y a la posibilidad de que haya causado daños. Beier destacó que el testigo “manifestó sobre los estudios que se hicieron sobre los sedimentos, si esos estudios estaban dentro de los parámetros autorizados por el OPDS, dijo que sí, motivo por el cual el OPDS autorizó la obra del dragado”.

La contaminación del estuario es investigada en una causa penal que tramita la justicia federal y otra civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo: “¿Qué es esto? Toda la comunidad sufrió un daño, el ejemplo más tangible es la clausura del balneario Maldonado que ya no es con agua salada, alguien si se quiere ir a bañar a Cerri no puede, si quieren comer en el muelle de Cerri no pueden porque está contaminado, entonces todo eso debe resarcirse a la comunidad y tendrá que resolver el juez de qué modo”.

En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores que impulsan la demanda con el fin de lograr un “resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio”.

Contaminar o no contaminar

El abogado destacó que nadie está haciendo nada clandestinamente, tanto el vertido de tóxicos como el dragado están autorizados por la provincia, por eso la consideran responsable. “Más allá de que la provincia dice que las empresas pueden arrojar ciertos parámetros no se controla si cumplen, hay una falta de servicios de la provincia porque el CTE controla una o dos veces al mes. Con eso es imposible saber cuánto es el acumulado (…) estamos pidiendo que se analice el barro, que se analice agua y principalmente las especies vivas, ya sean moluscos o peces. Ahí vamos a saber si existe una bioacumulación de metales pesados tóxicos, por ejemplo el mercurio que es tóxico sin importar la cantidad”.

Beier explicó que “la Ley de Pesca de la provincia de Buenos Aires no habla de parámetros, dice que está prohibido. Está prohibido arrojar sustancias tóxicas que puedan generar un daño a la biología. Como este es un sector de pesca, los pescadores son actores en esta causa y la justicia les dio el lugar de actores y querellantes en la penal, ellos están ejerciendo su actividad o la ejercían al menos dentro de la misma zona donde las empresas arrojan sus sustancias tóxicas, entonces ¿qué ley tiene que regir? ¿La de Pesca que dice cero o una resolución de la Autoridad del Agua que es para mar abierto y que habla de parámetros?”.

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“Si el juez resuelve que va a ser cero, va a ser una complicación para las empresas porque significa que ya no van a poder arrojar sustancias tóxicas. No va a ser ni uno, ni dos, ni tres. Va a ser cero”. Los desechos de las empresas deberían trasladarse más de cien kilómetros para alcanzar mar abierto. Nunca llegan “porque la marea corre cada seis horas, va y viene siempre, y hay estudios realizados que una parcela de agua frente al puerto con marea bajante no llega más allá de Puerto Rosales y cuando sube vuelve otra vez, nunca se va”, fundamentó.

Y el pescado sin vender

Miguel Ángel Córdoba recordó que la demanda se originó en la falta de pesca. “Por historias de pescadores más viejos decían que iban enfrente a remo y venían llenos de pescado. Empezamos a notar que empezó a caducar mucho más, mucho menos embarque porque al ser tanta gente a bordo de una lancha no alcanzaba. Dio la casualidad de que empezando a hablar, hablar, hablar, vino alguien que hizo la investigación de contaminación y es como que nos abrió los ojos y empezamos a mover un poco porque era la comida, el pan nuestro de cada día”.

“Toda mi familia son descendientes de pescadores, nosotros también, mis hermanos, mis primos, cuñados, mucha cantidad. Es una familia grande la de los pescadores. Nosotros venimos subsistiendo de changas pero hay gente que no sabe hacer otra cosa, que nació en la pesca, los llevó el padre de chico a los nueve años arriba de una lancha y hoy por hoy no tiene nada, el muelle hoy está tapado, la dársena está tapada de barro, las cuatro lanchas que hay están en seco, tenés que esperar que crezca toda la marea para poder sacarla (…) hay tres embarcaciones pescando afuera, son tres, 21 personas nomás, ¿y el resto?”. En los buenos tiempos había al menos 200 trabajadores “a pleno”.

Miguel Ángel afirmó que los frigoríficos de White “murieron todos”, como desaparecieron quienes pelaban camarones o fileteaban el pescado. “Gente que no tenía para comer y en un momento iba al muelle y sabía que se traía un pescado a la casa, todo eso no existe más”.

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“Otra cosa es que ahora en White los únicos que están son los chinos y laburan con pescado de afuera porque nadie te come el de acá. Mi hermano tiene una canoa para salir a laburar con mi otro hermano y está ahí estancada en el muelle, sabemos que no lo va a comprar nadie ese pescado. Primero que no hay y el poquito que hay no te lo compra nadie, Bahía sabe que ese pescado no se puede comer. En White se está comiendo langostino del sur, de Rawson. El que come, si puede comprarlo”.

“Lo único que queremos es que vuelva el puerto como lo teníamos antes. No va a volver como estaba antes, eso está recontra claro. Pero por lo menos tratar de remediar algo de lo que hicieron, que dejen de contaminar, queremos el agua que teníamos antes, que sea limpia como antes, hay un montón de cosas, la pesca no sé si va a volver o no va a volver porque no soy dios para decir, pero sí que se termine con esto”, dijo.

La pericia

El próximo paso de la causa es la realización de una pericia sobre el estado del estuario. El juez López Cóppola descartó en su momento los reparos de la querella respecto a los intereses profesionales y económicos entre la Universidad del Sur y las empresas demandadas y ordenó que sea esa institución la que haga los análisis. El rector Ricardo Sabbatini argumentó que sus investigadores estaban ocupados en el dictado de clases y rechazó la propuesta.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

El juez atendió el pedido de los pescadores para que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA pero ante una impugnación de una firma imputada optó por recurrir a la Fundación de la Universidad del Sur. “Creo que son los mismos profesionales los de la fundación que los de la UNS así que imagino que la respuesta debería ser similar a la que dijo el rector”, opinó Beier quien estudiará la posibilidad de cuestionar la medida “porque obviamente puede ser que los profesionales que integran la fundación vean que corre peligro su trabajo si se ponen en contra o la pericia da en contra de lo que dicen las empresas”.

“Podrían llegar a tener un interés muchísimo más tangible, mucho más palpable que el de la Universidad de Buenos Aires que no hace ningún estudio para las empresas de acá, la Universidad del Sur tiene cantidad de estudios, y es más, hay contratos vigentes entre el Conicet y la universidad con el CTE, millonarios, por año”.

Desde hoy y hasta el 31 de octubre en se realizan en Buenos Aires, Neuquén y Cipoletti una seria de charlas públicas y capacitaciones sobre salud, ambiente e hidrocarburos no convencionales organizadas por EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Participan profesionales nacionales y de Estados Unidos.

Las jornadas se enfocan desde el abordaje de salud socioambiental que trabaja los vínculos entre salud, ambiente y procesos sociales y productivos. Bajo este marco, pretenden abordar enfoques generales y conceptuales con casos concretos registrados por el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y la implementación del fracking, paquete tecnológico central en la nueva frontera.

Tal objetivo se considera pertinente y prioritario debido al impulso y conflictividad asociados con el desarrollo a escala masiva formaciones antes no viables, como Vaca Muerta en la Cuenca neuquina. Entre los puntos debatidos por tal promoción uno central es la cuestión de ambiente y salud pública de poblaciones locales y trabajadores del sector, aspecto que cuenta con una creciente literatura científica a nivel internacional que amerita su debate y divulgación.

Se busca exponer y debatir el acumulado histórico que se viene produciendo en el país y el extranjero desde diversos planos para incrementar el conocimiento y participación social. En primer lugar, desde un abordaje general al relatar las experiencias de intervención territorial y conceptual de salud socioambiental. En segundo, cómo se traduce este abordaje en el caso concreto de los hidrocarburos no convencionales, tanto en el país como en los Estados Unidos, país pionero tanto en la generación y expansión de la industria como en el registro de sus impactos y costos asociados.

Además de quienes integran EJES, como el Taller Ecologista y el Observatorio Petrolero Sur, las jornadas contarán con la presencia de las dras. Sandra Steingraber y Kathleen Nolan, integrantes del Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Buenos Aires, Asamblea Fuera Basureros del Neuquén, representantes del Siprosaprune y del Equipo de Salud de la Confederación Mapuche del Neuquén, entre otros y otras.

Más información en www.opsur.org.ar – www.tallerecologista.org.ar

#FrackingySalud

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