(Por Francisco J Cantamutto) Finalizó el Coloquio anual de IDEA, lugar de reunión del poder económico concentrado. Pocas novedades y mucha auto-satisfacción.

Del 12 al 14 de octubre se llevó a cabo en Mar del Plata el 52º Coloquio de IDEA, foro privilegiado del poder económico concentrado y la elite política. Año a año, se convocan a debatir en este espacio sobre sus proyectos y expectativas para el país. IDEA es lo que se conoce como think tank, es decir, un centro de producción e irradiación de ideas.

Financiado por las empresas más importantes que operan en el país, su lugar en la escena pública representa, de alguna forma, la renovación de lo que fuera el Jockey Club para la Sociedad Rural: el espacio de reunión y armado de programas económico-políticos, para vincularlos con personeros políticos de hoy y del futuro cercano. Otros foros cubren funciones semejantes en los últimos años, como por ejemplo el Foro de Convergencia Económica, pero ninguno en la trayectoria de los últimos años logra una convocatoria tan amplia –entre sectores de negocios- y sostenida. No en vano, en las vísperas de las elecciones el año pasado, se pasearon por sus atriles los principales candidatos, buscando dar garantías a los capitalistas.

En esos foros se dieron forma a las demandas de liberalización de la economía (quita de retenciones, de trabas a las importaciones, controles de capitales), retracción de las políticas sociales, reanudación de la ruta de endeudamiento externo. Esto conformó un programa mínimo común, que se vio certificado cuando las PASO dieron a por principales candidatos a Macri, Massa y Scioli, quienes dieron estas “tranquilidades” a los grandes capitalistas.

Este año, se hizo presente prácticamente toda la plana mayor del gobierno: el presidente Macri y los ministros de educación (Bullrich), de producción (Cabrera), de desarrollo social (Stanley) y el presidente de Banco Central (Sturzenegger), además de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal. La agenda reeditaba la tentación a grandes inversores que se puso en escena en los encuentros de Davos, G20 y Mini-Davos. Y como en todo ellos, mucha promesa, pero ninguna concreción.

Es interesante que se sumaron a esta cruzada asesores cercanos al ex candidato Scioli, como Miguel Bein y Eduardo Levy Yeyati, además de representantes de otras fuerzas políticas como Julio Bárbaro (PJ), Sergio Massa (Frente Renovador), Miguel Ángel Pichetto (PJ/FPV) y Margarita Stolbizer (GEN). Un auténtico bloque de fuerzas políticas que busca comprometerse en las “políticas de Estado” que demande el empresariado.

A pesar que el título de este año era “Puentes hacia el futuro”, hubo poca prospección y mayor grado de autosatisfacción. Con las demandas de liberalización ya cumplidas, los empresarios señalaron que era hora de resolver el tarifazo de una vez por todas, pues llevan 8 meses sin precios relativos claros. Al respecto, ya hay empresarios anotados para sumarse a los negocios abiertos con la “emergencia energética”. Pidieron, reducir la inflación, lo que es de hecho una bandera en el discurso oficial, aunque de magros resultados hasta el momento. Otra demanda clara –y nada novedosa- fue avanzar en la reducción de los impuestos y el costo laboral. Pidieron por una reforma tributaria que desgrave su accionar, algo que el gobierno ya viene aplicando con la reducción de las retenciones y del impuesto a bienes personales, por ejemplo. Respecto del trabajo, una vez más hubo quejas de los altos salarios y la falta de flexibilidad. Para esto, el ajuste vía despidos e inflación está surtiendo efecto, además del plan de empleo joven, una desgravación fiscal típico de los noventa. Es decir, el libreto acostumbrado, sin mucha imaginación.

Fue una impostura la siquiera referencia a la pobreza, dado que son las políticas en marcha y las demandadas las que están generando el problema. Invitado por la organización, un cura jesuita Zarazaga explicó que las asignaciones universales por hijo/a eran una política social de buena cobertura y que mejoraba el acceso a alimentación y salud, y que nadie rechazaría un empleo bien pago por cobrarla. Un análisis tan simple generó indignación y sospechas entre los oyentes, poco dispuestos a cualquier voz que no suene como la propia.

De conjunto, el coloquio de IDEA no trajo mayores proyectos ni nuevos lineamientos, satisfechos como están de un gobierno “de los suyos”. No obstante, surgen también dos elementos. El primero es la necesidad de terminar de estructurar el nuevo “modelo”, que se ha demorado en el tiempo, en gran medida, por la resistencia social. El segundo es, justamente, que la posibilidad de inestabilidad política no puede descartarse, frente a lo cual Cambiemos debe ofrecer garantías de que sostendrá el programa. Para ello, la presencia del gabinete y el arco político ya referido buscó dar esa contención.

Un aspecto muy relegado es la situación mundial, afectada por la crisis que no ceja. Esta crisis continúa erosionando los precios internacionales de las exportaciones argentinas. La menor demanda mundial no solo complica las ventas, sino que supone un exceso de oferta, que se pudo notar con la inundación de importaciones que provocó la apertura de Macri: sobran bienes en el mercado mundial, buscando venderse. Pero también hace más agresivas las políticas de competencia entre países: China está desplazando también nuestro comercio industrial con Brasil. Al mismo tiempo, la crisis del Deutsche Bank y la posible retracción de la política de dinero fácil de Estados Unidos, están agregando posibilidad de inestabilidad financiera, justo cuando el gobierno argentino encaró una ruta de endeudamiento de una velocidad nunca antes vista.

El empresariado sabe de estos problemas, pero no los discute en público. Saben que su única propuesta para enfrentarlos es la misma de siempre: ajuste social. Pocas ideas, y de las malas.

(Por Francisco J Cantamutto) Tal como señalamos a principios de año, el programa económico de Cambiemos estaba orientado por el relanzamiento de la ruta de la deuda. Esa era el significado del slogan de “volver al mundo”: retornar al mercado de deuda internacional, a cualquier costo.

Primero fue el anuncio realizado a fin de año, mientras los medios cubrían fugas de delincuentes por medio país, del remate a precio vil de bonos en manos del Banco Central, repartidos entre JP Morgan, Citibank, HSBC, Deutsche Bank y Goldman Sachs, por el cual 16.000 millones de dólares de deuda cambiaron de acreedor: del propio Estado a bancos internacionales. El siguiente episodio fue el bochornoso arreglo con los fondos buitres remanentes (remanentes porque otros buitres habían conseguido arreglo antes), por la friolera de 12.500 millones de dólares, a los que se sumaron otros 4.000 millones para apuntalar reservas. Entre ambas onerosas operaciones, las tasas de interés en dólares se ubicaron por encima del 7% anual en dólares, una estafa de escala internacional. Esto se suma a las emisiones de deuda aprobadas en el presupuesto enviado al Congreso por el gobierno anterior, por 23.400 millones de dólares.

Un auténtico festival de deuda, para el cual el legado kirchnerista fue muy importante. El gobierno previo buscó infructuosamente reinsertar al país en el mercado de deuda durante 12 años. En los últimos años, merced del deterioro del saldo comercial, se condujo una política contradictoria para resolver el problema externo. Por un lado, se intentó conciliar con el capital extranjero –productivo y financiero- las demandas compatibles con el funcionamiento de la economía: se pagó a REPSOL por encima del valor contable de su participación en YPF –a pesar de los conocidos fraudes cometidos-, se reconocieron los fallos del CIADI del Banco Mundial –tribunal que reconoce fallar siempre a favor de las transnacionales-, se reconoció la deuda proveniente de la dictadura con el Club de París –aumentada en un 60%-, se abrió por vez tercera el canje de los buitres en 2013, se declaró al pago de la deuda “de interés público” (Ley 26.984),  y se proclamó –como si fuera motivo de orgullo- que Argentina era una “pagadora serial”.

Debido a que estas concesiones no provocaban el efecto buscado en lo inmediato, el gobierno de Fernández buscó contener dentro del país los recursos externos mediante controles a las importaciones, a la remisión de utilidades y a la compra de dólares con motivos de atesoramiento o consumo suntuario. Estas medidas hacían que las demás concesiones no articularan un programa claro, por lo cual el capital financiero internacional –que obtuvo ingentes ganancias- no terminó de habilitar sus recursos. Ante este escenario, el kirchnerismo optó por endeudarse con China –créditos swap- y con organismos multilaterales de crédito. Los cambios en la moneda de denominación y de acreedores permitieron un manejo financiero más holgado, mientras los recursos externos abundaron, pero no alteraron los fundamentos de la relación de la deuda. La negativa de más de una década a auditar la deuda, el reconocimiento de jurisdicción extranjera en la materia y la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo constituyen el eje de la continuidad de la deuda durante el kirchnerismo.

La prueba está en la rapidez con que Cambiemos pudo revertir los “logros” previos, montado sobre el resultado previo. Junto a los pedidos de perdón del ministro de finanzas Prat Gay en España, las invitaciones de Macri al presidente Obama, las rondas de ambos entre los foros de Davos, G20 y Mini-Davos, lo que se ha promovido es una subordinación sin ambigüedades a los dictados del capital internacional.

¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora?

El Banco Central presenta mes a mes los resultados del balance cambiario, donde se pueden constatar los resultados del intercambio de Argentina con el mundo. De acuerdo este instrumento oficial, en el mes de agosto las reservas cayeron en 1.362 millones de dólares, cerrando con stock total de 31.150 millones. Este valor está aún por encima del nivel de noviembre de 2015, debido a los dos momentos de ingresos de reservas comentados antes –el canje de bonos en enero y la emisión sobrante del pago a buitres en abril.

Este saldo resulta de una ecuación similar a la que caracterizó al kirchnerismo desde 2013: déficit en la cuenta corriente y superávit en la cuenta capital y financiera. Es decir, un regreso a los dólares “especulativos” ante la insuficiencia de los dólares “comerciales”, tal como antes comentamos. Si bien el balance de mercancías arroja aun superávit, este se ve anulado por el déficit en el sector de servicios: al igual que en el período enero-agosto del 2015, del intercambio de bienes y servicios con el exterior, Argentina ya no genera excesos sistemáticos. De aquí los reclamos por nuevas devaluaciones, flexibilización del mercado de trabajo, mayor desgravación fiscal: búsquedas espurias por obtener mayor competitividad.

Desde principios de año, el ingreso de capitales se produjo por la vía estrictamente financiera: 9.553 millones por deuda privada, 15.893 millones por deuda pública, 1.096 millones por préstamos de organismos multilaterales, y 1.237 millones por inversión de cartera. Esta gran acumulación de recursos financieros ha tenido en los títulos públicos su principal destino: la cantidad de bonos se han incrementado para ser hoy equivalente al 85% de la base monetaria, pagando en su última colocación casi 27% anual en pesos a 35 días. En varios de estos casos se trata de resultados netos que oscurecen un movimiento más grande aún de capitales; en el caso de los organismos de crédito, por ejemplo, se trata del resultado 13.467 millones ingresados y 12.372 millones pagados.Argentina se está tornando una gigantesca máquina de reciclar ganancias en dólares: entran por una ventana y salen por la otra.

Al mismo tiempo, los pagos al capital se incrementaron de manera brutal: en estos 8 meses, respecto de igual período de 2015, los pagos de intereses se duplicaron (8.602 millones) y las remisiones de utilidades aumentaron 11 veces (1.916 millones). La fuga de capitales alcanzó un mínimo registrado de 8.993 millones, el doble que el año pasado. Es decir, la entrada de capitales financia la salida de capitales.

La prueba de esta falta de compromiso en actividades productivas que exijan algún tipo de compromiso de mediano plazo es que la inversión extranjera directa apenas alcanzó los 1.642 millones, a pesar de las promesas del gabinete y los gobernadores. Más de un cuarto está explicado por el sector petrolero, siendo la inversión nula en la mayor parte de las actividades.

El endeudamiento juega un papel central en el esquema económico de Cambiemos: financia el déficit fiscal y el déficit externo. Y lo hace a costa de una muy acelerada ruta, que consolida las continuidades previas, despojándolas de toda contradicción. Estamos mirando de frente a un esquema explosivo, cuya cualidad inflamable ya hemos conocido en el pasado.

(Por Francisco J Cantamutto) La semana entrante el gobierno anunciará su nuevo esquema de tarifas para el gas, en respuesta a la audiencia pública. En noviembre, una nueva revisión integral.

El tarifazo era (y es) integral al programa económico de Cambiemos. Lo anunciaron en campaña, bajo el eufemismo de “corrección” de las tarifas, y lamentablemente, en ese brío coincidieron los tres principales candidatos, cuyas fuerzas políticas no han ofrecido mayores trabas a su aplicación. En el esquema de gobierno de Cambiemos, elevar las tarifas significaba la promesa de restituir los precios que consideraba “naturales”, los de mercado, aun si esto implicaba vulnerar derechos. Para los funcionarios del gobierno, que el pueblo tenga derechos “no era normal”.

Fue la presión social el factor que puso cota a esta ofensiva, extendiendo en el tiempo la completa aplicación del ajuste. Mediante movilizaciones, actos, manifestaciones y demandas por la vía judicial se terminó forzando –por vía de la Corte Suprema- a llamar a una audiencia pública, contra la voluntad del gobierno. Debe resaltarse que Cambiemos esperaba a esta altura del año tener resuelto el problema de las tarifas, y esta serie de traspiés le ha implicado una demora, que abre disputas al interior del propio gabinete respecto de los plazos del ajuste. Los empresarios reunidos en Buenos Aires la semana pasada le reclamaron una falta de transparencia y previsibilidad en la materia, afirmando que ello amenaza sus inversiones.

La falta de argumentos consistentes produjo al menos 3 propuestas de aumento para el caso del gas, ninguna de las cuales explica la necesidad del tarifazo, dejando la discusión tan solo en los plazos del incremento. Aunque el llamado a audiencia pública, tarde y forzado por la Corte, fue presentado como la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, pero lo cierto es que no parece haber alterado el programa original. Además de haber ocultado información y haber evitado que algunos actores se pronuncien, la propuesta del ministro Aranguren en la audiencia no difiere sustancialmente de lo antes buscado. Luego del primer intento de aumento, el gobierno puso una cota de 400% a usuarios residenciales y de 500% para PyMEs, aunque el fallo de la Corte dejó sin efectos al primero hasta la realización de la audiencia. Por ese motivo, las empresas distribuidoras de gas no han podido refacturar sino hasta ahora, contemplando un severo incremento de los impagos por falta de información clara. El silencia contemplativo de los entes reguladores es un evidente signo de complicidad. Estos argumentos fueron discutidos en el III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se realizó en Tucumán la pasada semana.

El gobierno debería presentar a principios de octubre su revisión, fundada en los planteos realizados en la audiencia, pero no se esperan grandes cambios. El ministro anunció que contemplará la situación de los clubes, cooperativas y PyMEs, a pesar de que estos actores no eran contemplados de manera directa por la audiencia. La propuesta es prorratear el aumento del precio del gas en boca de pozo, llevándolo de 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares, actualizando cada 6 meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. De esta forma, y fuera de toda razonabilidad, se propone un sendero de aumento en dólares para los próximos 3 años. A esta suba es necesario agregarle el impacto de las devaluaciones, que el propio gobierno prevé.

Según afirman los funcionarios oficiales, es esa forma de establecería un precio equivalente al costo de oportunidad de importarlo, fomentando así la producción local. Ahora bien, dado que no hay plan de inversiones asociado, no hay ninguna garantía de que esto efectivamente ocurra. El costo de “sacar” el gas en Argentina está muy por debajo de ese precio, el problema indefinido es qué nivel de ganancias requieren las empresas para, además de extraer el recurso, explorar para poner nuevos pozos en funcionamiento. Las tarifas de gas dolarizadas de los noventa no fomentaron mayor exploración y puesta en funcionamiento, sino el desarrollo del mercado de exportación que vació de reservas el país mediante la exportación de un recurso escaso. Sin compromisos claros, mayores precios solo se traducen en mayores ganancias, pero no en mejor servicio. Las principales beneficiarias de este aumento –por su participación en el mercado- son YPF, Total Austral, Petrobras y Tecpetrol.

Por otra parte, en 2008, las tarifas de diversos usuarios en el Gran Buenos Aires subieron hasta 75%, aumentando entre 3 y 7 veces desde ese año a 2014. Estos aumentos –que Cambiemos “olvida” de mencionar- se combinaron con planes específicos –el Plan Gas- que pagaron por incrementos en el abastecimiento. Es decir, las tarifas, tanto como los subsidios, venían creciendo: la pregunta es qué hicieron las empresas con esos recursos; algo que Aranguren se niega a auditar.

Desde 2012, la producción creció de manera paulatina, centralmente por la inversión de YPF, que disminuyó en términos relativos la remisión de utilidades –recordemos que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York- y utilizó parte de esos fondos para la exploración. Este año, la nueva “administración”, en flagrante demostración de inconsistencia, decidió remitir mayores ganancias a los accionistas, disminuyendo las inversiones en un contexto de falencias de abastecimiento. Se trata de la misma práctica de vaciamiento que promovió REPSOL (por el que luego fue “recompensada” por el kirchnerismo con un pago por encima del valor contable de su participación en YPF). La expectativa de nueva producción está centrada en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación requiere de altos precios que cubran los costos de extracción –se trata de shale gas. El gobierno espera tentar a otras petroleras a invertir, otorgando privilegios como los acuerdos secretos con Chevron.

El tarifazo no se detiene aquí. En noviembre deberá realizarse una nueva revisión integral de la tarifa, que incluya no solo el traslado del precio en boca de pozo, sino que sumen aumentos en los tramos de transporte y distribución. Debe enfatizarse que además del gas, el aumento del transporte y el agua están firmes, quedando aún en debate el eléctrico, para el cual se estaría llamando a una audiencia pública específica.

El gran resultado del tarifazo ha sido una transferencia de recursos, desde los consumidores a las petroleras. Se abandona la idea del abastecimiento energético como un derecho, para suponerlo–erróneamente- como un commodity, una mercancía. Falta de argumentos, ostensible intencionalidad ideológica (fomento a un mercado que de libre no tiene nada), y oportunidad de magníficos negocios son la trama de este tarifazo, que aun en ciernes, el gobierno no termina de estructurar.