(Por Francisco J Cantamutto) Finalizó el Coloquio anual de IDEA, lugar de reunión del poder económico concentrado. Pocas novedades y mucha auto-satisfacción.

Del 12 al 14 de octubre se llevó a cabo en Mar del Plata el 52º Coloquio de IDEA, foro privilegiado del poder económico concentrado y la elite política. Año a año, se convocan a debatir en este espacio sobre sus proyectos y expectativas para el país. IDEA es lo que se conoce como think tank, es decir, un centro de producción e irradiación de ideas.

Financiado por las empresas más importantes que operan en el país, su lugar en la escena pública representa, de alguna forma, la renovación de lo que fuera el Jockey Club para la Sociedad Rural: el espacio de reunión y armado de programas económico-políticos, para vincularlos con personeros políticos de hoy y del futuro cercano. Otros foros cubren funciones semejantes en los últimos años, como por ejemplo el Foro de Convergencia Económica, pero ninguno en la trayectoria de los últimos años logra una convocatoria tan amplia –entre sectores de negocios- y sostenida. No en vano, en las vísperas de las elecciones el año pasado, se pasearon por sus atriles los principales candidatos, buscando dar garantías a los capitalistas.

En esos foros se dieron forma a las demandas de liberalización de la economía (quita de retenciones, de trabas a las importaciones, controles de capitales), retracción de las políticas sociales, reanudación de la ruta de endeudamiento externo. Esto conformó un programa mínimo común, que se vio certificado cuando las PASO dieron a por principales candidatos a Macri, Massa y Scioli, quienes dieron estas “tranquilidades” a los grandes capitalistas.

Este año, se hizo presente prácticamente toda la plana mayor del gobierno: el presidente Macri y los ministros de educación (Bullrich), de producción (Cabrera), de desarrollo social (Stanley) y el presidente de Banco Central (Sturzenegger), además de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal. La agenda reeditaba la tentación a grandes inversores que se puso en escena en los encuentros de Davos, G20 y Mini-Davos. Y como en todo ellos, mucha promesa, pero ninguna concreción.

Es interesante que se sumaron a esta cruzada asesores cercanos al ex candidato Scioli, como Miguel Bein y Eduardo Levy Yeyati, además de representantes de otras fuerzas políticas como Julio Bárbaro (PJ), Sergio Massa (Frente Renovador), Miguel Ángel Pichetto (PJ/FPV) y Margarita Stolbizer (GEN). Un auténtico bloque de fuerzas políticas que busca comprometerse en las “políticas de Estado” que demande el empresariado.

A pesar que el título de este año era “Puentes hacia el futuro”, hubo poca prospección y mayor grado de autosatisfacción. Con las demandas de liberalización ya cumplidas, los empresarios señalaron que era hora de resolver el tarifazo de una vez por todas, pues llevan 8 meses sin precios relativos claros. Al respecto, ya hay empresarios anotados para sumarse a los negocios abiertos con la “emergencia energética”. Pidieron, reducir la inflación, lo que es de hecho una bandera en el discurso oficial, aunque de magros resultados hasta el momento. Otra demanda clara –y nada novedosa- fue avanzar en la reducción de los impuestos y el costo laboral. Pidieron por una reforma tributaria que desgrave su accionar, algo que el gobierno ya viene aplicando con la reducción de las retenciones y del impuesto a bienes personales, por ejemplo. Respecto del trabajo, una vez más hubo quejas de los altos salarios y la falta de flexibilidad. Para esto, el ajuste vía despidos e inflación está surtiendo efecto, además del plan de empleo joven, una desgravación fiscal típico de los noventa. Es decir, el libreto acostumbrado, sin mucha imaginación.

Fue una impostura la siquiera referencia a la pobreza, dado que son las políticas en marcha y las demandadas las que están generando el problema. Invitado por la organización, un cura jesuita Zarazaga explicó que las asignaciones universales por hijo/a eran una política social de buena cobertura y que mejoraba el acceso a alimentación y salud, y que nadie rechazaría un empleo bien pago por cobrarla. Un análisis tan simple generó indignación y sospechas entre los oyentes, poco dispuestos a cualquier voz que no suene como la propia.

De conjunto, el coloquio de IDEA no trajo mayores proyectos ni nuevos lineamientos, satisfechos como están de un gobierno “de los suyos”. No obstante, surgen también dos elementos. El primero es la necesidad de terminar de estructurar el nuevo “modelo”, que se ha demorado en el tiempo, en gran medida, por la resistencia social. El segundo es, justamente, que la posibilidad de inestabilidad política no puede descartarse, frente a lo cual Cambiemos debe ofrecer garantías de que sostendrá el programa. Para ello, la presencia del gabinete y el arco político ya referido buscó dar esa contención.

Un aspecto muy relegado es la situación mundial, afectada por la crisis que no ceja. Esta crisis continúa erosionando los precios internacionales de las exportaciones argentinas. La menor demanda mundial no solo complica las ventas, sino que supone un exceso de oferta, que se pudo notar con la inundación de importaciones que provocó la apertura de Macri: sobran bienes en el mercado mundial, buscando venderse. Pero también hace más agresivas las políticas de competencia entre países: China está desplazando también nuestro comercio industrial con Brasil. Al mismo tiempo, la crisis del Deutsche Bank y la posible retracción de la política de dinero fácil de Estados Unidos, están agregando posibilidad de inestabilidad financiera, justo cuando el gobierno argentino encaró una ruta de endeudamiento de una velocidad nunca antes vista.

El empresariado sabe de estos problemas, pero no los discute en público. Saben que su única propuesta para enfrentarlos es la misma de siempre: ajuste social. Pocas ideas, y de las malas.

 

(Por Francisco J Cantamutto) Las nuevas cifras de pobreza e indigencia certifican el carácter excluyente del modelo.

La semana pasada se revelaron los nuevos datos oficiales de pobreza e indigencia en el país del INDEC de Jorge Todesca: 32,2% de la población es pobre y 6,3% es indigente. Este dato de la Encuesta Permanente de Hogares, proyectado al total de la población urbana (39 millones) equivale a 12,6 millones de personas que viven en la pobreza y 2,5 millones no alcanzan a adquirir los alimentos básicos. Estos datos se acercan a los difundidos semanas atrás por el Observatorio de Deuda Social de la UCA, que informó 32,6% de pobres, por encima del 29% que informara en diciembre de 2015.

Estas brutales cifras levantaron la polémica. El presidente Macri, sin ningún gesto de ironía, dijo que “este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente”, omitiendo los casi 10 meses que lleva a cargo –orillando ya la cuarta parte de su mandato. Por supuesto, y de acuerdo al libreto estándar de Cambiemos, se achacó el número de pobres al gobierno previo, elogiando la existencia de estadísticas creíbles.

El kirchnerismo quedó en falta, porque resulta difícil la defensa del apagón estadístico de una década. La intervención del INDEC iniciada en 2006 afectó especialmente a la medición del índice de precios –incitada entre otras razones para disminuir los pagos de bonos de deuda indizados en por la inflación pesos. Esto produjo severos impactos que han oscurecido la discusión de los hechos, ahora presentados todos como interpretaciones libres, cuya única lógica de comprobación era la fuente de enunciación. Cuando el INDEC dejó de informar datos de pobreza en 2013, el ex ministro Kicillof lo pretendió justificar diciendo que esa medición era “bastante estigmatizante”.

El nuevo equipo del INDEC, incluyendo a la especialista desplazada por la fuerza Cynthia Pok, está readecuando las mediciones, y este esfuerzo de recomposición de datos estadísticos se mezcla con los resultados propiamente dichos. Desde Página 12 se ha puesto en duda la credibilidad de un índice que ubique a Argentina por encima del promedio regional (28,2% según la CEPAL), aunque para esa comparación habría que cotejar que las mediciones sean comparables. Justamente, diversos especialistas han señalado que la actual canasta de consumo difiere de la previa a la intervención, incluyendo 7 artículos más y 5 kilos más de comida. Considerando este cambio de medición, en 2006 la pobreza hubiera sido del 35% (en lugar del 26% informado entonces), o alternativamente, la pobreza actual sería del 23% (en lugar del 32% informado).

¿Cómo se mide la pobreza? Básicamente se determina un conjunto de bienes y servicios que componen una “canasta” típica, representativa del consumo de los hogares del país, y se mide su precio de mercado. Para el caso de la canasta básica de alimentos, el valor se ubicó según el INDEC en $4.930 mensuales. Las familias que ganen menos que ese valor por mes, no podrán comprar los alimentos que necesitan para vivir, y serán considerados indigentes. Según la referida medición, el 6,3% de las personas no llegan a comprar esos alimentos. En promedio, ganan la ínfima cifra de $2.975 al mes, quedando a 39,7% de alcanzar los ingresos necesarios para alimentarse.

En el caso de la pobreza, se agregan a los alimentos otros bienes y servicios típicos (vestimenta, servicios básicos, etc.). El valor relevado fue de $12.851 mensuales, ingreso que debería alcanzar una familia conformada por dos adultos y dos niños para comprar lo necesario para no ser pobres. Como se dijo, el 32,2% de las personas no alcanzan a adquirir esa canasta, y son considerados pobres. En promedio, esos hogares ganan $8.051 al mes, quedando a 37,4% de alcanzar los ingresos que los sacarían de la pobreza. Estas cifras se magnifican considerando rangos etarios, pues el 47,4% de las personas de hasta 14 años viven en hogares pobres: casi 3 millones de niños/as y adolescentes.

Sin dudas, las políticas del gobierno de Cambiemos han incrementado la cantidad de pobres, tal como hemos referido sistemáticamente en este espacio. La devaluación y la aceleración inflacionaria han superado a las mejores paritarias, licuando así salarios. Peor aún les fue a quienes trabajan fuera de los convenios colectivos de trabajo, en sectores informales y de la economía popular. La UCA llama “nuevos pobres” a quienes caen en esta situación por el impacto de estas políticas. La quita y disminución de retenciones a las distintas exportaciones agropecuarias favoreció que el incremento en alimentos fuera mayor al promedio –se ha calculado que orilló el 55%-, impactando de manera más dura en los hogares más vulnerables. La paralización de la actividad económica ha incorporado despidos y caída de la demanda de consumo han configurado este escenario devastador. A pesar de sus discursos, Cambiemos no ha implementado medidas compensatorias que contengan estas políticas. El salario mínimo vital y móvil se ubicó en $7.560, poco más de la mitad de los ingresos de pobreza. El nuevo aumento de 14,16% anunciado en la AUH –que la llevaría a $1.103- la pondría en una suba total de 32% en el último año, por debajo dela inflación registrada (que solo desde diciembre acumula un 34,3% según la CTA). Queda claro que la “pobreza cero” de la campaña no ha sido sino demagogia.

No obstante, estas cifras ponen sobre la mesa una continuidad más profunda en la sociedad argentina. El kirchnerismo logró reducir la pobreza, quebrando la tendencia ascendente desde la dictadura: solo el revanchismo conservador puede negar esto. Sin embargo, en el mejor de los casos, estaríamos ante un quinto de la población en situación de pobreza, que Cambiemos elevó a un tercio. En este núcleo duro de pobreza, estructural, confluyen desocupados, subocupados, trabajadores informales: un gran conjunto de personas excluidas de los sectores dinámicos del capital, condenadas a rebuscárselas para obtener su subsistencia. La inagotable creatividad popular ha reforzado con cooperativas, empresas recuperadas, talleres autogestivos las tradicionales changas y ventas ambulantes, lo que algunos llaman “economía popular”.

Se trata de masas sobrantes para el capital, cuya principal función es operar como amenaza para quienes se atrevan a reclamar por salarios justos. Esto lo expresó con claridad Prat Gay, cuando dijo que los sindicatos deberían elegir entre conservar sus empleos y mejorar los salarios.  Ninguna de las dos cosas ocurrió en 2016. El denodado esfuerzo por atraer inversiones externas, incluso cuando pudieran reanimar la actividad económica (lo que no ha ocurrido aún), no ofrecerá ninguna salida para estas personas, que continuarán marginadas del mercado laboral, y estigmatizadas por su dependencia de planes sociales. Las propuestas de reforma laboral en danza –como el plan Primer empleo- continuarán precarizando el trabajo, arrojando a la pobreza también a trabajadores/as ocupados/as.

(Por Francisco J Cantamutto) Tal como señalamos a principios de año, el programa económico de Cambiemos estaba orientado por el relanzamiento de la ruta de la deuda. Esa era el significado del slogan de “volver al mundo”: retornar al mercado de deuda internacional, a cualquier costo.

Primero fue el anuncio realizado a fin de año, mientras los medios cubrían fugas de delincuentes por medio país, del remate a precio vil de bonos en manos del Banco Central, repartidos entre JP Morgan, Citibank, HSBC, Deutsche Bank y Goldman Sachs, por el cual 16.000 millones de dólares de deuda cambiaron de acreedor: del propio Estado a bancos internacionales. El siguiente episodio fue el bochornoso arreglo con los fondos buitres remanentes (remanentes porque otros buitres habían conseguido arreglo antes), por la friolera de 12.500 millones de dólares, a los que se sumaron otros 4.000 millones para apuntalar reservas. Entre ambas onerosas operaciones, las tasas de interés en dólares se ubicaron por encima del 7% anual en dólares, una estafa de escala internacional. Esto se suma a las emisiones de deuda aprobadas en el presupuesto enviado al Congreso por el gobierno anterior, por 23.400 millones de dólares.

Un auténtico festival de deuda, para el cual el legado kirchnerista fue muy importante. El gobierno previo buscó infructuosamente reinsertar al país en el mercado de deuda durante 12 años. En los últimos años, merced del deterioro del saldo comercial, se condujo una política contradictoria para resolver el problema externo. Por un lado, se intentó conciliar con el capital extranjero –productivo y financiero- las demandas compatibles con el funcionamiento de la economía: se pagó a REPSOL por encima del valor contable de su participación en YPF –a pesar de los conocidos fraudes cometidos-, se reconocieron los fallos del CIADI del Banco Mundial –tribunal que reconoce fallar siempre a favor de las transnacionales-, se reconoció la deuda proveniente de la dictadura con el Club de París –aumentada en un 60%-, se abrió por vez tercera el canje de los buitres en 2013, se declaró al pago de la deuda “de interés público” (Ley 26.984),  y se proclamó –como si fuera motivo de orgullo- que Argentina era una “pagadora serial”.

Debido a que estas concesiones no provocaban el efecto buscado en lo inmediato, el gobierno de Fernández buscó contener dentro del país los recursos externos mediante controles a las importaciones, a la remisión de utilidades y a la compra de dólares con motivos de atesoramiento o consumo suntuario. Estas medidas hacían que las demás concesiones no articularan un programa claro, por lo cual el capital financiero internacional –que obtuvo ingentes ganancias- no terminó de habilitar sus recursos. Ante este escenario, el kirchnerismo optó por endeudarse con China –créditos swap- y con organismos multilaterales de crédito. Los cambios en la moneda de denominación y de acreedores permitieron un manejo financiero más holgado, mientras los recursos externos abundaron, pero no alteraron los fundamentos de la relación de la deuda. La negativa de más de una década a auditar la deuda, el reconocimiento de jurisdicción extranjera en la materia y la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo constituyen el eje de la continuidad de la deuda durante el kirchnerismo.

La prueba está en la rapidez con que Cambiemos pudo revertir los “logros” previos, montado sobre el resultado previo. Junto a los pedidos de perdón del ministro de finanzas Prat Gay en España, las invitaciones de Macri al presidente Obama, las rondas de ambos entre los foros de Davos, G20 y Mini-Davos, lo que se ha promovido es una subordinación sin ambigüedades a los dictados del capital internacional.

¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora?

El Banco Central presenta mes a mes los resultados del balance cambiario, donde se pueden constatar los resultados del intercambio de Argentina con el mundo. De acuerdo este instrumento oficial, en el mes de agosto las reservas cayeron en 1.362 millones de dólares, cerrando con stock total de 31.150 millones. Este valor está aún por encima del nivel de noviembre de 2015, debido a los dos momentos de ingresos de reservas comentados antes –el canje de bonos en enero y la emisión sobrante del pago a buitres en abril.

Este saldo resulta de una ecuación similar a la que caracterizó al kirchnerismo desde 2013: déficit en la cuenta corriente y superávit en la cuenta capital y financiera. Es decir, un regreso a los dólares “especulativos” ante la insuficiencia de los dólares “comerciales”, tal como antes comentamos. Si bien el balance de mercancías arroja aun superávit, este se ve anulado por el déficit en el sector de servicios: al igual que en el período enero-agosto del 2015, del intercambio de bienes y servicios con el exterior, Argentina ya no genera excesos sistemáticos. De aquí los reclamos por nuevas devaluaciones, flexibilización del mercado de trabajo, mayor desgravación fiscal: búsquedas espurias por obtener mayor competitividad.

Desde principios de año, el ingreso de capitales se produjo por la vía estrictamente financiera: 9.553 millones por deuda privada, 15.893 millones por deuda pública, 1.096 millones por préstamos de organismos multilaterales, y 1.237 millones por inversión de cartera. Esta gran acumulación de recursos financieros ha tenido en los títulos públicos su principal destino: la cantidad de bonos se han incrementado para ser hoy equivalente al 85% de la base monetaria, pagando en su última colocación casi 27% anual en pesos a 35 días. En varios de estos casos se trata de resultados netos que oscurecen un movimiento más grande aún de capitales; en el caso de los organismos de crédito, por ejemplo, se trata del resultado 13.467 millones ingresados y 12.372 millones pagados.Argentina se está tornando una gigantesca máquina de reciclar ganancias en dólares: entran por una ventana y salen por la otra.

Al mismo tiempo, los pagos al capital se incrementaron de manera brutal: en estos 8 meses, respecto de igual período de 2015, los pagos de intereses se duplicaron (8.602 millones) y las remisiones de utilidades aumentaron 11 veces (1.916 millones). La fuga de capitales alcanzó un mínimo registrado de 8.993 millones, el doble que el año pasado. Es decir, la entrada de capitales financia la salida de capitales.

La prueba de esta falta de compromiso en actividades productivas que exijan algún tipo de compromiso de mediano plazo es que la inversión extranjera directa apenas alcanzó los 1.642 millones, a pesar de las promesas del gabinete y los gobernadores. Más de un cuarto está explicado por el sector petrolero, siendo la inversión nula en la mayor parte de las actividades.

El endeudamiento juega un papel central en el esquema económico de Cambiemos: financia el déficit fiscal y el déficit externo. Y lo hace a costa de una muy acelerada ruta, que consolida las continuidades previas, despojándolas de toda contradicción. Estamos mirando de frente a un esquema explosivo, cuya cualidad inflamable ya hemos conocido en el pasado.

El economista Julio Gambina analizó, en diálogo con FM De la Calle, los números sobre pobreza difundidos por el INDEC y resaltó que el 32,2 por ciento de la población viva en esa condición es una cifra “abrumadora” aunque “lo ideal hubiese sido generar una estimación estadística entre el último dato de 2013 y la actualidad”.

“El INDEC prefirió tomarlo como punto de partida y políticamente el gobierno de Macri lo utiliza y dice quiero que me evalúen desde ahora, con lo cual está obviando todo el ajuste que hubo en estos diez meses. La Universidad Católica cuando dio su dato, que era a marzo de 2016, señaló que la pobreza había pasado de un poquito más del 29 por ciento al 32,4 por ciento a marzo”, afirmó.

El economista precisó que “la inflación de abril fue del 6,5 por ciento, o sea que el deterioro de los ingresos populares en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ha sido brutal. Al mismo tiempo que se informan estos datos del INDEC ayer se conoció que hay una caída del consumo en el mes de agosto, algo que es bastante inesperado” y “los datos del PBI a junio hablan de una recesión consolidada con caída de la producción de junio de 2016 contra junio de 2015 del 7,9 por ciento de la industria manufacturera que es el sector más importante en pérdidas de empleo”.

“Los datos de la pobreza consolidan y confirman el ajuste de redistribución regresiva que hay en la Argentina, por eso es incorrecto que Macri salga a decir que a él tienen que evaluarlo a partir de ahora. Y es más, ya corrigió su primer mensaje presidencial cuando asumió el 10 de diciembre, dijo que el objetivo es pobreza cero y ahora dice que no alcanza un período presidencial para eliminar la pobreza en Argentina”.

“Eso que solo estamos hablando de la pobreza por ingresos, si habláramos de la pobreza estructural, lo que en los censos nacionales se habla de necesidades básicas insatisfechas, es decir, esas condiciones de pobreza absoluta en que vive una parte importante de la población, veríamos que hay una situación estructural de pobreza en Argentina y que se ha subido el piso”, concluyó Gambina.

Un@ de cada tres habitantes en Argentina es pobre, y el 6,3 por ciento de la población es indigente según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El relevamiento del organismo, que corresponde al segundo trimestre del año, mostró que alrededor de 8,7 millones de personas que viven en grandes centros urbanos son pobres, lo que equivale al 32,2 por ciento de la población, y, entre ellas 1,7 millones de personas son indigentes.

El presidente Mauricio Macri abandonó la principal promesa de campaña al destacar que “es obvio que no alcanzan cuatro años” para llegar a la “pobreza cero” y a pesar de los despidos, el ajuste y los tarifazos -entre otras políticas de tranferencia de ingresos hacia los grupos económicos concentrados- aseguró que las medidas tomadas por su gestión generarán empleo y mejorarán la educación pública y serán el camino para reducirla.

Las mediciones del Indec se basan en la consideración de indigente a aquella persona o grupo familiar que no cuenta con los ingresos mínimos como para comprar los alimentos indispensables de subsistencia comprendidos en la Canasta Básica Alimentaria, que costaba 5.175,92 pesos en agosto para una familia compuesta por dos mayores y dos niñ@s de 6 y 8 años.

Ese mismo grupo familiar requirió de 12.489,37 pesos para poder adquirir la Canasta Básica Total (CBT) -compuesta por alimentos, indumentaria y servicios básicos-, para no caer por debajo de la línea de pobreza, informó el Indec.

“Esta no es la única forma de medir la pobreza e indigencia, pero para realizar una medición multidimencional, que sería complementaria al método actual, se requiere mucho trabajo, y en esta etapa de emergencia estadística, tratamos de centrarnos en nuestras potencialidades”, explicó Jorge Todesca, al dar a conocer las cifras en una conferencia de prensa en la sede del organismo.

La región con mayor porcentaje de pobreza es el Noreste, con el 40,1 por ciento, seguido por el Noroeste (35,8), Cuyo (35,6), Pampeana (32,6), Gran Buenos Aires (30,9) y Patagonia (24,7 por ciento). En los aglomerados mayores a 500 mil habitantes, la pobreza se ubicó en 31,8 por ciento, mientras que en las ciudades por debajo de ese nivel de población, en el 34,2 por ciento. En el caso de la indigencia esa relación es inversa: es el 6,6 por ciento en las ciudades más grandes y 5,0 por ciento en las de menor porte. El Noreste es en general la región de peores indicadores y la Patagonia muestra los mejores números.

El Gran Buenos Aires (GBA) es la región de mayor relevancia para explicar la cantidad de pobres e indigentes. El Indec registró 4.543.000 pobres en el GBA y 917.000 indigentes. En segundo lugar, en la región Pampeana hay 1.925.000 personas pobres y 453.000 indigentes.

Por edades, el sector más afectado por la pobreza es el de los adultos de entre 30 y 64 años, que representan el 40,3 por ciento de la población y concentran el 34,9 por ciento de la pobreza y el 32,1 de la indigencia. Le siguen los niños y adolescentes de 0 a 14 años, con 32,3 y 33,1 por ciento, respectivamente. Luego los de 15 a 29 años, con 29,5 y 32,2 por ciento. Y finalmente los de más de 65, con 3,3 y 2,6 por ciento.La región del Noroeste, con el 40,1 por ciento es la que tiene mayor tasa de pobreza, seguida por la del Noreste con el 35,8 por ciento y Cuyo 35,6 por ciento.

La directora de la Encuesta Permanente de Hogares, Cynthia Pok, destacó que las mediciones hechas por la intervención del Indec, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “no se pueden comparar” con los nuevos números porque las anteriores “estaban mal hechas. No se puede mirar frescamente eso como un dato”.

El último relevamiento de este tipo de datos se realizó a mediados del 2013, durante el último mandato de la Cristina Fernández de Kirchner.

Las explicaciones sobre por qué se dejaron de difundir estas cifras vinieron mucho después, en marzo de 2015, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió desconocer “el número de pobres” y consideró esa medición como “bastante estigmatizante”.

Pero tres meses más tarde, y sin que se supiera ninguna medición oficial, la propia presidenta, ante la 39na Asamblea de la FAO aseguró que el índice de pobreza se ubicaba en Argentina “por debajo del 5 por ciento, y el índice de indigencia en 1,27 por ciento”, gracias a las políticas activas implementadas a partir de 2003.

Ya en esos momentos el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimaba que el índice de pobreza trepaba en el 2014 al 27 por ciento de la población, mientras que la propia CTA oficialista la había estimado en el 17,8 por ciento.

Para fines de 2015, el Observatorio Social de la UCA estimó que la pobreza alcanzaba a 29 por ciento de la población, y la indigencia a 5,3 por ciento.

Fuentes: Télam, Página/12, FM De la Calle.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier, se mostró conforme con el avance en la causa por contaminación ambiental en el estuario y adelantó cómo sigue la investigación. La semana pasada la Cámara de Casación resolvió que sea la justicia federal la que estudie las responsabilidades penales de integrantes de los directorios de las empresas del polo petroquímico y ex funcionarios públicos del municipio y de la provincia.

Beier detalló que junto a la Fiscalía avanzarán ahora con una serie de pedidos pendientes, “son temas con relación a la representación de la parte querellante, algunas medidas de prueba y principalmente de la etapa investigativa. Todavía no se ha pedido ni llamado a indagatoria ni elevación a juicio que vendrá una vez que podamos hacer la prueba que venimos pidiendo”.

Tanto en el marco de la causa penal en cuestión como de la demanda civil que tramita el juez Agustín López Coppola en la justicia provincial, los denunciantes solicitaron un profundo estudio sobre el estado de la ría.

“Hubiese sido lo mejor que la pericia la haga uno solo para que no haya dispendio de horas de personal, de trabajo”, dijo Beier y agregó que “lamentablemente el juez en lo Contencioso Administrativo entendió que debería ser la Universidad del Sur la que haga la pericia, lo cual tampoco está resuelto porque la universidad tiene que aceptar, es una diferencia con la UBA que ya había aceptado. Según tengo entendido, por decisión de la Asamblea la universidad no hace pericias”.

Desde la casa de altos estudios local afirmaron que el tema está siendo analizado por la Asesoría Letrada a la cual el juzgado solicitó tiempo atrás copia de los convenios firmados entre la UNS y las empresas acusadas. Si descartan realizarlo, será la Facultad de Agronomía de la UBA la responsable. En la causa penal ya está definida la intervención de la UBA y la Policía Federal y se busca que el Consejo de la Magistratura corra con los costos.

El abogado explicó que “en la causa civil la pericia es una prueba más y dentro de las pruebas ofrecidas está el expediente penal. O sea que el juez, sea este o la Cámara o la Corte o el último en resolver, cuando analice la prueba va a tener que analizar tanto la producida en la civil como en la penal porque esta va a ser como un antecedente de la civil”.

En cuanto al plan de obras exigido a ABSA por parte de López Coppola para que la empresa bonaerense deje de verter líquidos cloacales sin tratamiento al estuario, Beier informó que a pesar de las noticias sobre la puesta en marcha de la planta de reutilización en Ing. White, nada fue oficialmente comunicado al juzgado.

El magistrado les dio un plazo de 180 días para hacerlo, se venció, la querella pidió que se lo dé por incumplido y el juez le otorgó unos veinte días más. “Se están por vencer, en la causa civil no figura nada de todo esto, solo lo que hemos denunciado nosotros acompañando artículos periodísticos de internet o de diarios, pero ni ABSA ni la provincia han denunciado la construcción de esta obra. No entendemos por qué porque es justamente cumplir con uno de los objetos del juicio”.

“Cuando se le venza el plazo vamos a reiterarle al juez que tome una medida a ver si se lo da por incumplido o si por los recortes del diario y por lo que es de público conocimiento el juez lo considera. De todas formas el cumplimiento sería parcial porque la intima tanto por la planta de Bahía como la de Punta Alta”, concluyó el denunciante. Las sanciones contra ABSA podrían ser una multa diaria y el pase de la causa al fuero penal “porque habría una desobediencia judicial”.

A fines de octubre, se realizará una larga audiencia en la cual declararán ante López Coppola medio centenar de pescadores artesanales y una decena de testigos propuestos por las defensas de las empresas.

(Por Francisco J Cantamutto) La semana entrante el gobierno anunciará su nuevo esquema de tarifas para el gas, en respuesta a la audiencia pública. En noviembre, una nueva revisión integral.

El tarifazo era (y es) integral al programa económico de Cambiemos. Lo anunciaron en campaña, bajo el eufemismo de “corrección” de las tarifas, y lamentablemente, en ese brío coincidieron los tres principales candidatos, cuyas fuerzas políticas no han ofrecido mayores trabas a su aplicación. En el esquema de gobierno de Cambiemos, elevar las tarifas significaba la promesa de restituir los precios que consideraba “naturales”, los de mercado, aun si esto implicaba vulnerar derechos. Para los funcionarios del gobierno, que el pueblo tenga derechos “no era normal”.

Fue la presión social el factor que puso cota a esta ofensiva, extendiendo en el tiempo la completa aplicación del ajuste. Mediante movilizaciones, actos, manifestaciones y demandas por la vía judicial se terminó forzando –por vía de la Corte Suprema- a llamar a una audiencia pública, contra la voluntad del gobierno. Debe resaltarse que Cambiemos esperaba a esta altura del año tener resuelto el problema de las tarifas, y esta serie de traspiés le ha implicado una demora, que abre disputas al interior del propio gabinete respecto de los plazos del ajuste. Los empresarios reunidos en Buenos Aires la semana pasada le reclamaron una falta de transparencia y previsibilidad en la materia, afirmando que ello amenaza sus inversiones.

La falta de argumentos consistentes produjo al menos 3 propuestas de aumento para el caso del gas, ninguna de las cuales explica la necesidad del tarifazo, dejando la discusión tan solo en los plazos del incremento. Aunque el llamado a audiencia pública, tarde y forzado por la Corte, fue presentado como la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, pero lo cierto es que no parece haber alterado el programa original. Además de haber ocultado información y haber evitado que algunos actores se pronuncien, la propuesta del ministro Aranguren en la audiencia no difiere sustancialmente de lo antes buscado. Luego del primer intento de aumento, el gobierno puso una cota de 400% a usuarios residenciales y de 500% para PyMEs, aunque el fallo de la Corte dejó sin efectos al primero hasta la realización de la audiencia. Por ese motivo, las empresas distribuidoras de gas no han podido refacturar sino hasta ahora, contemplando un severo incremento de los impagos por falta de información clara. El silencia contemplativo de los entes reguladores es un evidente signo de complicidad. Estos argumentos fueron discutidos en el III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se realizó en Tucumán la pasada semana.

El gobierno debería presentar a principios de octubre su revisión, fundada en los planteos realizados en la audiencia, pero no se esperan grandes cambios. El ministro anunció que contemplará la situación de los clubes, cooperativas y PyMEs, a pesar de que estos actores no eran contemplados de manera directa por la audiencia. La propuesta es prorratear el aumento del precio del gas en boca de pozo, llevándolo de 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares, actualizando cada 6 meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. De esta forma, y fuera de toda razonabilidad, se propone un sendero de aumento en dólares para los próximos 3 años. A esta suba es necesario agregarle el impacto de las devaluaciones, que el propio gobierno prevé.

Según afirman los funcionarios oficiales, es esa forma de establecería un precio equivalente al costo de oportunidad de importarlo, fomentando así la producción local. Ahora bien, dado que no hay plan de inversiones asociado, no hay ninguna garantía de que esto efectivamente ocurra. El costo de “sacar” el gas en Argentina está muy por debajo de ese precio, el problema indefinido es qué nivel de ganancias requieren las empresas para, además de extraer el recurso, explorar para poner nuevos pozos en funcionamiento. Las tarifas de gas dolarizadas de los noventa no fomentaron mayor exploración y puesta en funcionamiento, sino el desarrollo del mercado de exportación que vació de reservas el país mediante la exportación de un recurso escaso. Sin compromisos claros, mayores precios solo se traducen en mayores ganancias, pero no en mejor servicio. Las principales beneficiarias de este aumento –por su participación en el mercado- son YPF, Total Austral, Petrobras y Tecpetrol.

Por otra parte, en 2008, las tarifas de diversos usuarios en el Gran Buenos Aires subieron hasta 75%, aumentando entre 3 y 7 veces desde ese año a 2014. Estos aumentos –que Cambiemos “olvida” de mencionar- se combinaron con planes específicos –el Plan Gas- que pagaron por incrementos en el abastecimiento. Es decir, las tarifas, tanto como los subsidios, venían creciendo: la pregunta es qué hicieron las empresas con esos recursos; algo que Aranguren se niega a auditar.

Desde 2012, la producción creció de manera paulatina, centralmente por la inversión de YPF, que disminuyó en términos relativos la remisión de utilidades –recordemos que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York- y utilizó parte de esos fondos para la exploración. Este año, la nueva “administración”, en flagrante demostración de inconsistencia, decidió remitir mayores ganancias a los accionistas, disminuyendo las inversiones en un contexto de falencias de abastecimiento. Se trata de la misma práctica de vaciamiento que promovió REPSOL (por el que luego fue “recompensada” por el kirchnerismo con un pago por encima del valor contable de su participación en YPF). La expectativa de nueva producción está centrada en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación requiere de altos precios que cubran los costos de extracción –se trata de shale gas. El gobierno espera tentar a otras petroleras a invertir, otorgando privilegios como los acuerdos secretos con Chevron.

El tarifazo no se detiene aquí. En noviembre deberá realizarse una nueva revisión integral de la tarifa, que incluya no solo el traslado del precio en boca de pozo, sino que sumen aumentos en los tramos de transporte y distribución. Debe enfatizarse que además del gas, el aumento del transporte y el agua están firmes, quedando aún en debate el eléctrico, para el cual se estaría llamando a una audiencia pública específica.

El gran resultado del tarifazo ha sido una transferencia de recursos, desde los consumidores a las petroleras. Se abandona la idea del abastecimiento energético como un derecho, para suponerlo–erróneamente- como un commodity, una mercancía. Falta de argumentos, ostensible intencionalidad ideológica (fomento a un mercado que de libre no tiene nada), y oportunidad de magníficos negocios son la trama de este tarifazo, que aun en ciernes, el gobierno no termina de estructurar.

(Por Mauro Llaneza) La justicia federal bahiense debe seguir el trámite de la causa contra las empresas del polo petroquímico, ABSA y ex funcionarios públicos por la contaminación de la ría bahiense. Luego de un largo intercambio de excusas entre juzgados del ámbito nacional y provincial, la Sala I de la Cámara de Casación Penal comprendió que los análisis ambientales demuestran la “afectación interjurisdiccional de los recursos naturales del estuario” dado que “los peces y el agua presentan altos niveles de concentración de metales que son considerados nocivos para la salud”.

El fiscal Alejandro Cantaro celebró la decisión porque no tenía “razonabilidad” el pase a la justicia ordinaria sobre todo porque no se trataba de una disputa para impulsar la investigación sino todo lo contrario. “Habíamos seguido pidiendo algunas medidas y ahora supongo que vamos a seguir avanzando con los estudios de los vertidos en el agua”, dijo a FM De la Calle.

Cantaro destacó la labor del abogado de los pescadores artesanales y recordó que en su momento se pidió al juzgado prohibir los vertidos y buscar una solución “a este tema que es grave” y planteó que “la mejor razón que podemos alegar ahora es que estuvo la gobernadora acá inaugurando una planta de tratamientos cloacales de ABSA que se pedía, se pedía y nunca ocurría y con el avance de esto, no me voy a adjudicar que se haya decidido por esta causa pero cuando hay un trabajo intenso en este sentido algunas cosas se modifican”.

La Fiscalía solicitó recientemente “un nuevo control de vertidos de sustancias en el agua y en el fondo para determinar cómo es que se van manteniendo todos estos estándares que superan las posibilidades que la ley permite” y cuestionó la aplicación de la Ley de Aguas porque regula aguas abiertas y “el estuario son 1.400.000 metros cuadrados cerrados y es además zona de pesca”. Por eso entiende que debería tomarse la Ley de Pesca que exige la inexistencia absoluta de contaminantes.

Por otra parte, Cantaro comentó que se contactó con el juez Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, quien interviene en la demanda civil por la cual los pescadores buscan ser indemnizados, para realizar de manera conjunta el estudio sobre el estado de la ría. Para ello el magistrado provincial debería dar marcha atrás con la decisión de que sea el IADO bahiense el cual realice el análisis. El fiscal federal pretende que intervenga la Facultad de Agronomía de la UBA porque “sin que seamos paranoicos, todos los entes que tienen que ver con los estudios y las mediciones en la ría están patrocinados y subsidiados por las empresas del polo”. Se requirió al Consejo de la Magistratura que se haga cargo de los aproximadamente 70 mil pesos que se demandarán.

La causa

empresas polo cartel

La denuncia original fue presentada en 2011 por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría Bahía Blanca, representada por Lucas Beier y Luis Arellano, contra miembros del directorio de PBB Polisur S.A., su controlante Dow Química Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C., Profertil S.A., Compañía Mega S.A., Petrobras Argentina S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y Oiltanking Ebytem S.A. por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables.

Además, los trabajadores apuntaron contra los ex funcionarios provinciales y municipales -Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental municipal, y José Manuel Molina, director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable- por considerarlos cómplices necesarios de los aludidos delitos, y por la comisión de los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.

En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la jueza Gabriela Marrón la “inmediata prohibición” del vertido en la ría de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público y agregó documentación a la causa.

Un mes después la flamante magistrada evitó hacerse cargo de la investigación y se declaró incompetente. La Cámara Federal, con la firma de Pablo Candisano Mera y el renunciado agente de la inteligencia genocida Néstor Luis Montezanti, avaló a Marrón argumentando que “corresponde a la justicia local continuar con el trámite de las actuaciones” porque los planteos de la Fiscalía y la querella respecto “a que el daño excede las fronteras locales, no está probado” dado que “la presencia de contaminación en especies migrantes no es suficiente para sostener que el daño se propague más allá del ámbito provincial”.

Los denunciantes habían manifestado que “la interjurisdiccionalidad del daño ambiental se verifica a partir de los informes ambientales realizados en autos, que evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”.

Así lo entendieron Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación al afirmar que “de momento, no cabe descartar la afectación de recursos naturales interjurisdiccionales como consecuencia de la contaminación ambiental denunciada” y por ende, la causa debe volver a la justicia federal.

Cabe destacar que durante los meses de mayor actividad de la investigación tanto el abogado Lucas Beier como varios de los pescadores denunciantes fueron víctimas de reiterados episodios mafiosos e intimidaciones para que “se dejen de joder” con las empresas del polo y ABSA. Por su parte, el Colegio de Abogados -con el voto de varios de sus directivos que a su vez son abogados de las empresas- inició un proceso en contra de Beier por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

El gobierno de María Eugenia Vidal busca dar continuidad a los proyectos de explotación de carbón en la cuenca Claromecó que motivó años atrás la movilización de asambleas y concejales para frenar la posibilidad del uso del fracking en la provincia. Según aseguró a FM De la Calle el periodista Hernán Scandizzo funcionarios y sectores académicos impulsan la técnica de gasificación subterránea. “Se empezó a dar una batalla cultural de ir generando consensos en torno a este tipo de explotación” disfrazada bajo el mito del carbón verde.

Como advierte en esta nota, “si bien a mediados de la década de 1990 comenzaron los trabajos exploratorios de Barranca Sur Minera, empresa del grupo Bridas, el anuncio del descubrimiento de carbón en Laprida se conoció recién en 2010. Por esos días Daniel Scioli, al frente de la gobernación provincial, firmaba un convenio de exploración de hidrocarburos con YPF-Repsol en el que se destacaba el interés por la cuenca sedimentaria de Claromecó. Poco después el tema quedo en nada y volvió a la palestra dos años más tarde, cuando se produjo la expropiación parcial de la petrolera e YPF renovó sus votos de interés”.

El Observatorio Petrolero Sur recibió de la Dirección de Minería un listado de proyectos vinculados a la explotación del carbón presentados hasta 2014. Se trata de “más de un centenar de expedientes de solicitud de cateo minero y hay cuatro manifestaciones de descubrimientos”.

Las alternativas de uso son: la posibilidad de generar energía eléctrica -como pretende la australiana Delmo- o  usos no energéticos del gas sintético que se produzca. “En ambos casos el polo (de Bahía Blanca) sería como un destino ‘natural’. Esto que se plantea de la ampliación del polo necesitaría una ampliación de la capacidad eléctrica instalada y es interesante porque parece que están haciendo circular el rumor en la zona de Tres Arroyos y demás de que el carbón, la explotación, sería para generar fertilizantes, esta forma de ir presentándose amigables con el ‘campo'”.

Scandizzo explicó que en el sistema de gasificación subterránea que se analiza “como el carbón se encuentra en profundidad y los métodos de minería a cielo abierto o por galería no serían aplicables, se hace una perforación hasta la veta de carbón, se abre la veta para que pueda circular el gas, en el otro extremo se abre otro pozo, entonces por uno se produce una ignición, se lo pone en combustión al carbón, se inyecta oxígeno o monóxido de carbono como para ir regulando la intensidad del fuego y por el otro pozo el carbón al hacer combustión en un medio donde hay agua genera gases. Esos gases son los que luego podrían ser tratados como insumo químico -gas sintético- o como energético”. Dichos pozos “se multiplican de acuerdo a las dimensiones del proyecto”.

Uzbekistán es el único país del mundo donde se está utilizando la técnica para la explotación comercial. “Australia intentó darle un desarrollo grande, tiene un gran potencial en carbón, hubo al menos tres proyectos de etapa piloto y tanto el Estado de Queensland en abril último como el Estado de Victoria en agosto prohibieron la técnica por la cantidad de impactos que se verificaron”. En la zona agropecuaria de Queensland “hay un radio de 320 kilómetros cuadrados en los que no se pueden hacer perforaciones de más de dos metros por los gases y tóxicos químicos que han migrado hacia las superficie”.

Según informó el especialista, la provincia de Buenos Aires realiza desde 2010 estudios sobre energías “limpias” a partir del carbón: “Esta es la alternativa verde porque dicen que se reducen emisiones y que los residuos quedan en el fondo”.

“Otra de las situaciones que se da es cuando se termina de explotar una veta -esto se va haciendo por paneles, por succiones-, queda un hueco, una cavidad vacía y se puede producir el hundimiento de suelo. Eso puede ser imperceptible en superficie pero afecta el perfil del suelo y la circulación de las aguas subterráneas y, por otro lado, la inundación de estos pozos con agua disuelve las cenizas, los residuos que quedan, y eso también migra hacia aguas subterráneas”.

Laprida es el municipio que encabeza la lista de posibles territorios a explotar seguida por La Madrid, Coronel Pringles, González Chávez, Tres Arroyos y Guaminí. Scandizzo destacó además la participación académica detrás de estos emprendimientos: “El Instituto de Recursos Minerales de la Universidad de La Plata está interesado en desarrollar este tipo de técnicas, estuvo haciendo estudios de impacto ambiental para una de las filiales de la empresa Delmo con la cual firmaron un convenio de colaboración”.

(Por Francisco J Cantamutto) El problema de las tarifas se erige como centro de una disputa más amplia. No se trata solo de discutir los precios que pagamos por servicios públicos sino -como hemos venido discutiendo aquí– de uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Cambiemos. Justamente, coincidien esta semana el Foro de Inversión y Negocios con el llamado a la audiencia pública por la tarifa de gas para usuarios residenciales.

El Foro, conocido como el “Mini-Davos”, es una réplica del Foro Económico realizado en Suiza en enero, del que Macri volvió lleno de promesas hasta el momento incumplidas, y de la reunión empresarial Business20, realizada en paralelo al encuentro del G20 en China hace semanas. Se busca tentar al empresariado transnacional acerca de las virtudes del espacio argentino para valorizar su capital. Lo organizó, a pedido del gobierno, el empresario Richard Attias, que comparte con Macri la tenencia de activos en paraísos fiscales. Entre otras empresas, se reunieron con el presidente representantes de BP, Novartis, Toyota, Unilever, Enirgi, Pan American Silver, IBM, Citigroup, Siemens, Coca-Cola (el listado ampliado está aquí).

La nota de color se la lleva el CEO de Dow, Andrew Liveris, quien dijo: “Necesitamos certezas en materia de políticas energéticas, también con la cuestión impositiva”, para agregar que sus inversiones están garantizadas… si se “supera la falta de transparencia generada por los subsidios”, y “logra instrumentar mejoras en el sistema energético” (según fue recogido por el conservador diario La Nación). Esto es importante: para el empresariado transnacional, más allá del acuerdo ideológico y político con este gobierno, no queda claro que las políticas económicas tengan coherencia, previsibilidad y sean capaces de sostenerse frente a la intensa reacción social. La disputa por el nivel actual y futuro de las tarifas entrecruza una disputa por nuestras condiciones de vida frente a sus oportunidades de negocios. Por eso, para mostrar gobernabilidad, se invitó como oradores a la gobernadora de Buenos Aires, pero también sus pares de Salta, Neuquén, Córdoba, San Juan y Misiones. Todo un arco de defensores del nuevo “modelo”.

El día viernes 16/9 está prevista la audiencia pública por la suba del gas para hogares. Mientras tanto, persisten los aumentos para el resto de los usuarios y del resto de los servicios (luz, agua, transporte). Se espera que el gobierno procure que esta instancia sea anecdótica, pero ya múltiples organizaciones señalaron que no se lo harán sencillo. Las Multisectoriales, las CTA, la Corriente Federal de la CGT y FACTA son algunas de las que movilizarán el viernes.

Lo que sigue es racconto básico para poner en discusión este aumento del gas:

  1. No hubo ni hay información ni argumentos que justifiquen el aumento. No se convocó previamente a audiencias públicas (la actual fue convocada tardíamente, por el fallo de la Corte Suprema). Todo esto vulnera los marcos regulatorios, y además derechos básicos constitucionales a la información y a la participación sobre estos servicios (art. 42).
  2. El aumento se produjo en un contexto de aceleración inflacionaria y aumento del desempleo lo que hace que en algunos casos las tarifas se vuelvan imposibles de pagar. Esto afecta los principios jurídicos de razonabilidad y proporcionalidad. Dado el especial impacto en micro, pequeñas y medianas empresas, la suba ya en curso alimenta nuevas quiebras y despidos.
  3. El anuncio de sucesivos esquemas tarifarios cuestiona el criterio utilizado. La referencia al retraso relativo de las tarifas respecto de otros precios no es un argumento, pues cualquier sector (en especial quienes vivimos de un salario) podría argumentar igual y subir sus propios precios. La falta de criterios claros va contra el argumento de proponer un clima favorable a los negocios, de previsibilidad en los contratos. Esto se trasunta en la actual falta de inversiones productivas.
  4. Los sucesivos esquemas tarifarios no han resuelto ninguna de las asimetrías previas: ni las que existen entre tipos de usuarios (siguen proponiendo esquemas regresivos) ni las que existen entre áreas geográficas (los subsidios no tienen relación con las necesidades climáticas de cada región). La tarifa social está muy lejos de cubrir el impacto asimétrico, ocasionando múltiples costos de gestión, además de una victimización de la necesidad, pues el afectado debe probar su vulnerabilidad (invierte la carga de la prueba). Su aplicación ha sido defectuosa y parcial.
  5. No han introducido tampoco ninguna consideración respecto de cambios en la matriz energética (fomento a energías alternativas) o de eficiencia en el uso (por ejemplo, mejoras estructurales en las residencias), que pudieran moderar el problema en el mediano plazo.
  6. No se presentó ningún plan de inversiones asociado, por lo que tampoco hay garantías que las mayores tarifas tengan efecto en mejores prestaciones. Se pagaría más por un servicio defectuoso. La experiencia de los ‘90 indica que mayores precios y horizonte previsible no implican automáticamente inversiones para un mejor servicio. La falta de compromisos claros pone en duda cualquier escenario futuro.
  7. Al mismo tiempo, el gobierno se ha negado a auditar la actuación de las empresas proveedoras en los pasados años. Revisar sus memorias y balances podría dar elementos de juicio para saber: a) cuál fue el resultado económico; b) identificar prácticas fraudulentas (como la denunciada en el caso de las transportadoras de gas, TGN y TGS, que pagaron a sus casas matrices por supuesto asesoramiento, como manera de remitir ganancias al exterior sin declararlas); c) identificar qué se hizo con las transferencias recibidas, por compensación al nivel de las tarifas y por planes especiales (Plan Gas). Todo esto debería ser información pública, pues se brinda un servicio público.
  8. El supuesto nivel elevado de los subsidios ha sido desmentido incluso por un informe del FMI, que mostró que Argentina está por debajo de lo que subsidian en promedio los países de la OCDE.
  9. Si la revisión actual se enfoca solo en el peso de estas transferencias en el presupuesto público, llama la atención que al mismo tiempo que se se suben muy rápidamente otros gastos como el pago de deuda y se recortan ingresos, como las retenciones.
  10. La revisión del precio de la tarifa por energía debe considerar toda la cadena: la producción e importación de gas, su transporte y distribución. El gobierno ha restringido la revisión solo a estos últimos dos tramos, omitiendo que el principal costo está en el primer tramo. Al respecto, el precio en boca de pozo pagado por Argentina es superior a lo abonado en otros países, y esto no ha promovido inversiones –fuera de las realizadas por YPF a partir de su nacionalización parcial.

Todo lo anterior muestra la falta de argumentos razonables y creíbles para aplicar un aumento generalizado de tarifas, razones que hemos expresado en los medios, las calles y la justicia. La escasa credibilidad de esta propuesta es tal, que hasta los socios del gobierno se lo han señalado. Y por eso el Mini Davos sigue cargado de promesas, sin ninguna concreción.

La Coordinadora contra los Tarifazos de Bahía Blanca convocó a la comunidad a movilizarse este viernes a partir de las 19 desde la Plaza Rivadavia en el marco de audiencia pública para evaluar el cuadro tarifario del gas presentado por el gobierno nacional que se realizará en la Usina del Arte porteña.

“La única posibilidad de que el tema del tarifazo pueda derrotarse no está ni en la firma de los jueces, ni en los amparos, sino en el pueblo movilizado y organizado. Hasta ahora el gobierno se ha empantanado de alguna manera desde aquella pretensión de 1700%, luego bajó a 1000, luego a 500 y ahora a 200 y pico, tiene que ver con esta movilización popular en todo el país, en todas las plazas, en todas las ciudades importantes”, dijo a FM De la Calle José Lualdi.

Agregó que en el último encuentro de la Coordinadora “se discutió que no es solo el gas, más allá de que el viernes concretamente la audiencia lo sea, sino la cuestión de todas las tarifas, las que tienen que ver con la energía eléctrica, las que tienen que ver con el agua, por eso insistimos en que la consigna y la bandera principal es ‘unidos contra los tarifazos y el ajuste’ y resolvimos movilizar a las 19 horas del día viernes en la Plaza Rivadavia para lo cual invitamos al conjunto de la ciudadanía a sumarse”.

El objeto de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por orden de la Corte Suprema es considerar el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) y al mismo tiempo las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros resultantes de la Revisión Tarifaria Integral ratificada para una nueva audiencia a convocar en octubre.

Desde Bahía Blanca concurrirán l@s concejal@s Ezequiel Gimeno, Paola Ariente, Matías Italiano y Juan Manuel Martínez Eizaguirre, la titular de la OMIC, Mercedes Patiño y el presidente de APYME, Carlos Ferrari.

En su visita a Enredados* el intendente Héctor Gay se refirió al futuro del buque regasificador en el puerto, la intención de DOW y otras empresas conexas de ampliar sus plantas siempre y cuando dispongan del gas para su producción, la instalación de parques eólicos en la ciudad y las obras para garantizar el abastecimiento de agua potable.

Al ser consultado por la permanencia y continuidad de la operatoria del buque regasificador en el puerto local, Gay afirmó que “pasamos de ser un país exportador hasta 2008 a un país que empezó a importar y en esa línea caímos nosotros como puerto de aguas profundas y demás”. Reconoció que “siempre es un motivo de preocupación” y advirtió que “en los planes de contingencia del Plan Apell no está previsto el buque”.

“Ojalá no estemos diez años. Espero que con algunas adecuaciones y demás el tema del gas aumente la producción fundamentalmente en Vaca Muerta, hay mucho interés, obviamente están estudiando a ver si conviene o no invertir en Argentina que es uno de los grandes desafíos pero espero que mucho más rápido tengamos la posibilidad de contar con gas y menos buque regasificador”.

En cuanto al futuro del sector industrial, el intendente no descartó ampliaciones atadas a la disponibilidad de gas: “Este es un centro neurálgico. El otro día fui a visitar la planta de TGS, me llevaron a un rincón especial y dicen el 70% del gas pasa por este rincón en el cual convergen todos los yacimientos”.

En materia energética destacó que Bahía “es el principal punto de interés de la energía eólica en el país”. Recordemos que el gobierno nacional lanzó el Plan RenovAR que promete inversiones por cinco mil millones de dólares para el sector, la creación de un fondo de fomento de doce mil millones de pesos y la disminución del riesgo empresarial garantizando el negocio dado que el ocho por ciento de la energía que consumen las industrias deberá ser renovable.

Gay confirmó la presentación de cinco proyectos para Bahía y once para la región y confió “en que vamos a tener tres parques de cien megas cada uno en la Ruta 51 entre Bahía y Cabildo que nos va a dar una dimensión importante de generación de energía utilizando el viento”.

Sobre los puestos de empleo dijo que “cada uno genera entre 200 y 300 puestos de trabajo de la construcción durante los 18 a 24 meses que dura, después para el mantenimiento es menos y son más profesionalizados, pero estamos necesitando reactivar la construcción ahora. En octubre se evalúa la cuestión económica y se adjudica el mes que viene, por lo cual estimo que entre enero y febrero tendría que estar”.

Finalmente, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de grandes cantidades de agua para la ampliación del polo petroquímico, Gay comentó que la planta de reutilización de líquidos cloacales “está empezando” y que “cuando se termine las tres etapas” cubrirá la demanda del sector. “Hoy no tenemos problemas porque el dique rebalsa pero tenemos ahí la posibilidad de que cuando termine ese 22 y 23 por ciento -de agua que consume el polo- lo tengamos disponible para la ciudad”.

La planta permitirá dejar de tirar los líquidos cloacales a la ría: “Hoy el principal contaminante es ABSA, es el Estado, los 365 días, las 24 horas, va toda la cloaca y no van solo residuos cloacales, va un montón de situaciones que es imposible controlar”.

“Se está terminando el proyecto del acueducto del Rio Colorado, estamos teniendo algún problemita porque tiene que entrar a Bahía y la entrada siempre es complicada, va a terminar en el Parque Independencia, se van a hacer dos grandes cisternas, ya hay una y se van a hacer otra dos, una muy grande que va a permitir mezclar el agua del dique y del Rio Colorado para que tenga la misma calidad y después dosificar, si en algún momento la del Colorado es mala directamente no la utilizas”.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

En busca de la mayor unidad para enfrentar las políticas del gobierno nacional, las autoridades de la CGT recibieron esta semana a referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. El 24 de septiembre se reencontrarán en el salón Felipe Vallese de la CGT en el marco de un Encuentro de Movimientos Populares.

En diálogo con FM De la Calle, el secretario general de CTEP, Esteban Castro, aseguró que “hubo una unidad en la concepción de que todos somos trabajadores, los que trabajan formalmente y aquellos compañeros que hemos tenido que crear nuestra propias fuentes de trabajo porque el desarrollo del sistema capitalista nos va dejando afuera”.

El primer tema abordado en el encuentro fue “la situación económica que se está deteriorando, todos sabemos de los despidos, la inflación, la transferencia de recursos a los sectores más concentrados, el presidente Macri planteando que no se abran las paritarias cuando es algo que en todo caso es una discusión entre los trabajadores y los dueños de las empresas, habló como un empresario y no como un presidente”.

“Para adelante planteamos que tenemos presentado un esbozo de ley de emergencia social que vamos a discutir con distintos bloques del Congreso, que ya estuvo presentado con 16 senadores y más de 20 diputados que también fue un momento histórico, y que necesitamos el apoyo y ellos se comprometieron a ir discutiéndolo”, dijo Castro.

La iniciativa propone “que existan por lo menos arriba de dos millones o dos millones y medio de programas Argentina Trabaja que fomenten el trabajo, no programas ni recursos o subsidios para quedarse en su casa”.

El titular de CTEP afirmó que “nosotros no somos desestabilizadores, que es una idea que están tratando de imponer sobre todo cuando ven estos procesos de unidad, imagináte que venimos desde el 24 de febrero cuando ATE planteó un paro, pasando por el 29 de abril que fue una jornada de lucha muy importante, se hizo lo del 7 de agosto un domingo que se llenó la plaza y nosotros fuimos un poco los protagonistas para poner en escena las reivindicaciones de nuestro sector y se hizo la Marcha Federal”.

“No hubo incidentes, nadie puede decir que fuimos agresivos ni que nos fuimos de mambo con declaraciones, estamos planteando que el gobierno le ponga un freno a las políticas de ajuste y que cuanto más proceso de unidad de los trabajadores existe menos posibilidad de desestabilización o estallido social.  Ahora, alguien nos tiene que dar bola”, advirtió Castro.

Agregó que “los que desestabilizan los países y los procesos políticos son los grandes grupos de poder económico, los que han generado los golpes de Estado han sido los más poderosos de nuestro país, no estamos a favor de ningún proceso que genere algún tipo de estallido social porque los muertos siempre son de nuestro lado”.

La Asociación Bancaria y la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia denunciaron “un achicamiento que a la larga puede ser una política de privatización de la banca pública”. Lo hicieron en el marco de protestas que esta semana tuvieron epicentro en Tandil, el 22 continuarán en Bahía Blanca y luego en Chivilcoy, Mar del Plata y La Plata.

Néstor Barral comentó a FM De la Calle que se trata de “medidas que de a poco va tomando el Banco Provincia donde va a seguir achicando algunos sectores a efectos de cerrar algunas sucursales que no son rentables perdiendo la función social y la ayuda económica para la producción regional, es un banco de fomento que tiene que estar en todos los lugares donde es necesario aunque no sea rentable”.

“No hay nombramientos de empleados, en muchas sucursales se está trabajando con el personal mínimo, donde los empleados están haciendo un esfuerzo tremendo para llevar la operatoria adelante porque se van jubilando”. El dirigente informó que “entre 270 y 280 puestos no se cubrieron”.

Barral agregó que “hay varios temas que estamos viendo que hacen que uno vaya notando que la política llevada adelante no es coincidente con la que ha llevado el Banco Provincia que es una de las entidades más antiguas del país -cumplió 194 años de vida- y desde un principio estas autoridades nombraron a un gerente general que no es de carrera cuando toda la vida fue así, era una persona de la banca privada que con el descontento de las gremiales internas y la intervención del gremio a nivel nacional pudimos lograr que se retire”.

“Otra de las problemáticas es que no hay diálogo con las autoridades del banco a pesar de haber pedido audiencias por parte de las gremiales internas, no hay alguien que dé la cara, ningún vocero al que se le pueda plantear las inquietudes”, dijo.

NO AL ACHIQUE DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Este directorio es muy predecible y está muy claro su rumbo.

  Al Banco LO ACHICAN cuando pierde clientes del sistema productivo (por tasas activas) estableciendo tasas 10 puntos por encima del promedio del Banco Nación u otros bancos, por ejemplo, el Credicoop.

  Al Banco LO ACHICAN cuando pierde clientes porque este directorio desalienta la inversión financiera (tasas pasivas), por ejemplo la tasa de los plazos fijos está entre 4 y 6 puntos por debajo del resto del sistema.

  Al Banco LO ACHICAN cuando incumplen con la Carta Orgánica, y los miembros de su directorio violan los deberes de funcionarios públicos cuando deciden prestar su capital al BCRA bajo el formato de letras o títulos (LEBACS o NOBACS) lo que se define vulgarmente como “timba financiera”, y deja de cumplir con su rol de banca al servicio de la producción, de las Pymes, de incentivo a los pequeños y medianos comerciantes, y podríamos seguir.

  Al Banco LO ACHICAN cuando este directorio decide abandonar su política de personal y define que 10550 empleados son demasiados para el modelo de banco que tienen pensado.

Al Banco LO ACHICAN cuando sus directores deciden resentir la atención al público dejando sin cubrir más de 250 vacantes generadas en estos ocho meses. Y se despreocupan del deterioro de las dotaciones de personal poniendo en riesgo hasta la salud de sus trabajadores, e incluso resintiendo la relación empleados/clientela.

  Al Banco LO ACHICAN cuando deciden ir rumbo a un banco electrónico y se desentienden de la cuestión operativa de cada una de las sucursales.

  Al Banco LO ACHICAN cuando rompen con acuerdos preexistentes y deciden aumentar las tasas de los préstamos personales, haciendo caja con sus empleados.

  Al Banco LO ACHICAN y ponen en riesgo su patrimonio cuando deciden tomar deuda por 5.600 millones de pesos destinado al rubro “modernización”, y no permiten el acceso a esa información y bloquean toda posibilidad de debate institucional y democrático.

  Al Banco LO ACHICAN cuando rompen todos los canales de diálogo, cuando avanzan tercerizando áreas centrales, cuando contrata consultoras privadas para reemplazar tareas y funciones que el banco viene realizando desde hace 194 años.

  Al Banco LO ACHICAN y cuando LO ACHICAN y pierde, perdemos sus empleados y pierden fundamentalmente los habitantes y ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

  Ante esta situación los trabajadores le decimos: NO AL ACHIQUE DEL BANCO PROVINCIA.

  Hace unos días nos movilizamos a Capital y participamos activamente del inicio del Plan de Lucha decidido por el conjunto de las CGI y con participación de las distintas seccionales de la Asociación Bancaria y el apoyo contundente de nuestro secretario General Sergio Palazzo. Plan de lucha que tiene continuidad y que se expresará a lo largo y ancho de nuestra provincia.

  Porque asumimos la defensa de nuestros puestos de trabajo, la defensa de nuestros salarios y la defensa irrestricta del banco como herramienta financiera de la provincia, como banco público, eficiente y al servicio del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Los días 18 y 19 de octubre se realizará la evaluación Aprender con el objetivo oficial de “relevar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo”. Desde Suteba advierten “la perversión de volver a la escuela como una mercancía, si se va a empezar a comprar y vender el alerta es entender que esto se puede ir privatizando de a poco”.

“Los resultados permitirán brindar orientaciones que contribuyan a la mejora continua de los aprendizajes y a una mayor equidad, y planificar políticas que optimicen la calidad educativa. En 2016 participarán alrededor de 1.400.000 estudiantes en más de 30.000 escuelas de todo el país. Colaborarán 31.365 veedores (directivos) y 71.606 aplicadores (docentes)”, dice la web del Ministerio de Educación.

Eugenia Justo, docente y dirigente de Suteba, explicó a FM De la Calle que “lo que después se construye con eso, y eso lo sabemos porque el sistema de evaluación existe ya en América, es atar los resultados de esas evaluaciones a buscar responsables. Sabemos que las evaluaciones van a dar bajas, que en Argentina calidad educativa no hay, que los últimos gobiernos han precarizado el conocimiento, por lo tanto, frente a eso lo que se va a ser es buscar responsables. ¿Quién es responsable de la baja calidad y de los malos resultados? ¿El gobierno, el Estado, los docentes, los alumnos? La intención va a ser apuntar a los docentes”.

“El objetivo de Aprender 2016 va a ser construir ese aparato en el cual a partir de ahora las escuelas tengan un ranking basado en la información que va a arrojar esta evaluación. A partir de esos rankings probablemente como ocurre en Brasil, las escuelas tienen presupuestos diferenciales, a mayor nivel educativo mayor presupuesto, lo que hace es generar circuitos diferenciales de educación y esta vez convalidados económicamente”, agregó.

Justo aseguró que cuestionan el tipo de prueba estandarizada: “Es una única evaluación para todas las escuelas de todo el país. Son multiple choice de respuesta cerrada, de varias opciones el alumno o la alumna elige una respuesta. No enseñamos de esa manera, enseñamos a través de procesos, la práctica pedagógica apunta a que el alumno o la alumna pueda a lo largo de un año o de meses llegar al conocimiento”.

Aprender 2016 fue diseñado por una empresa internacional y será ejecutada por agentes externos a las escuelas. “Los directores son contratados como veedores de la aplicación y los docentes como aplicadores, incluso hay un incentivo económico, se les paga, y no pueden evaluar su propio curso, es decir que la maestra que trabajó durante todo el año y sabe cómo los preparó y cómo fueron haciendo el proceso de aprendizaje no puede evaluar a su propio grupo sino a otro externo a su escuela inclusive. (…) La CTERA largó un comunicado oponiéndose a eso porque es anti estatutario cambiar el rol docente”.

“No nos oponemos a una evaluación, es necesario generar una mejora en nuestras prácticas pedagógicas, lo venimos diciendo permanentemente a la comunidad, denunciamos que los chicos no aprenden. Han habido modificaciones este año de la calificación con la cual un chico promociona o no, en el gobierno anterior habían sido anulados los aplazos, salimos a decir que el problema no es con cuánto califica un alumno, el problema es que no aprenden”, afirmó la docente.

Por último destacó que “la información está en las escuelas, nosotros calificamos, ponemos notas todos los trimestres, diagnosticamos, los equipos de orientación hacen informes permanentemente de la situación socioeconómica de los alumnos, están en las escuelas los datos de deserción, de sobre edad, la cantidad de repitencias por año, cómo fluctúa la matrícula de mitad de año para adelante y para atrás. Son datos que hablan del sistema educativo y dicen mucho más que una evaluación multiple choice”.

La Asociación Judicial Bonaerense, al igual que CICOP, realiza un paro y movilización a la casa de la provincia en la ciudad de Buenos Aires.

“Seguimos reclamando la reapertura de la paritaria porque cuando estaba dispuesta la nueva mesa de negociación, tal como había sido acordado en el primer semestre, el Poder Ejecutivo a través de su ministro lo que hace es manifestarnos que unilateralmente daban por cerrada la paritaria con una nueva convocatoria a partir del mes de octubre, incumplieron lo que ellos mismos comprometieron”, dijo el secretario general bahiense Néstor Alende.

En diálogo con FM De la Calle el dirigente agregó que “sabemos que cuando dicen octubre es noviembre, diciembre o enero porque eso nos pasa sistemáticamente, este gobierno fue el que más ha tardado en convocarnos”.

La propuesta “fue rechazada de plano primero en la mesa y luego en las asambleas unánimemente en todas las departamentales así que volvimos a la carga con un plan de lucha que recién está iniciando, esperamos que el gobierno recapacite, esto obviamente lo tenemos que hacer a través de medidas de fuerza”.

“El gobierno se niega a reconocer la pérdida del poder adquisitivo que venimos tratando de recuperar, la inflación de agosto a agosto ha comido todo el aumento que se nos ha dado, tenemos una canasta familiar de 20 mil pesos, hay que cobrar 12 mil pesos para no estar por debajo del límite de la pobreza y muchos compañeros no lo cobran”, sostuvo.

En cuanto a la demanda gremial, Alende informó que “pedíamos un 45 por ciento de aumento con relación al obtenido en agosto de 2015 cuando cerramos el tercer tramo acordado en la paritaria, la inflación interanual es de aproximadamente el 45, simplemente para recuperar el poder adquisitivo porque no podemos decir que mejoramos nuestros ingresos”.

La Asociación de Profesionales del Hospital Penna realiza este jueves un paro por 24 horas en demanda de la reapertura de paritarias, convocatoria a las mesas previsional y técnica de salud y por una partida presupuestaria de emergencia para el sector.

Pablo Acrogliano dijo a FM De la Calle que “la propia ministro reconoció que los médicos estamos mal pagos y que no nos llamen a paritarias es un contrasentido. Reafirmamos que queremos sentarnos a dialogar”.

Luego de cerrar un 20 por ciento de incremento para el primer tramo de 2016 el acuerdo incluía una revisión de los números a partir de agosto.

“Ahora estamos pidiendo un 25 por ciento más porque estamos muy retrasados desde la paritaria del otro año. También estamos reclamando mejoras en las condiciones de trabajo, en el hospital hay movimiento desde lo estructural pero tenemos dificultad con el personal que si bien hay posibilidad de cargos no se pueden cubrir por las condiciones de trabajo”, manifestó.

El médico afirmó que la preocupación es mayor poque “no es un tema que se solucione con plata solamente”.

Por la medida de fuerza solo se atienden “las emergencias y los pacientes internados, el resto se reprograma todo”.

Entre ellos está el departamento del 7° piso y la cochera del edificio 11 de Abril 250 y varios campos en la zona. Respecto a la vivienda, el fiscal de la causa sugirió que, “una vez efectivizado su decomiso y perfeccionado su dominio, se ceda su uso al Poder Judicial de la Nación y/o a la Procuración General de la Nación” para que “en la medida de las posibilidades, se promueva la instalación de dependencias judiciales especializadas en la sustanciación de procesos del tipo de delitos como el que aquí se ventila”. El tribunal dispuso que se “deberá proceder al decomiso y registración a la orden de la ‘Comisión Mixta de R

Campos y parcelas en la pampa bonaerense y la provincia de San Juan, vehículos, un departamento en Recoleta, otro en Bahía Blanca y todo tipo de bienes muebles valuados en alrededor de 25 millones de dólares, además de otros 13 millones en esa moneda del producido por la administración judicial, serán decomisados por orden del Tribunal Oral Criminal Federal N°6, que convalidó en un fallo el juicio abreviado en el que intervino el fiscal general Diego Velasco y por el que además se condenó a siete personas por asociación ilícita y lavado de dinero del Cártel de Juárez, México, entre 1997 y 1999.

En su sentencia, los magistrados Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino dieron curso al acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público -que contó con la colaboración del fiscal ad-hoc Sergio Muraca y la titular de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes Carmen Chena- y los acusados Raúl Oscar Marinone (59), Roberto Antonio Trolio (72), Jorge Díaz (52), Rosendo Lorente (67), Mirta Llera (66), Alfredo Héctor Rodríguez (87) y Oscar Ernesto Moreno (76). Resultaron condenados además a penas de tres años de ejecución en suspenso, las costas del proceso, multas y la realización de tareas comunitarias.

Las maniobras para el lavado

“El dinero transferido a la República Argentina, más de 21 millones de dólares estadounidenses, provenía de la venta de cocaína en diversas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente la ciudad de Chicago, por parte del denominado ‘Cartel Carrillo Fuentes’ o ‘Cartel de Juárez’ de los Estados Unidos de México, que tuvo a algunos de sus miembros actuando en nuestro país como inversores”, reseña la sentencia.

En la resolución, se señala que los fondos eran retirados por Nicolás Antonio Di Tullio (fallecido) de las oficinas de Mercado Abierto S.A. “ya sea en efectivo, cheques o por intermedio de otras transferencias, distribuyéndolos entre los demás integrantes de la asociación ilícita, para la constitución y compra de sociedades, inmuebles, maquinaria agrícola y rodados, como así también, para el desarrollo de la actividad agropecuaria, siempre bajo la apariencia de operaciones realizadas legalmente”. Di Tullio firmaba todos los recibos del M.A. Bank Ltd. como apoderado de la empresa Euro America Finance N.V. “La citada sociedad, constituida en Curazao, Antillas Holandesas, donde figuraba Di Tullio como director, era controlada por el Cartel de Juárez”, de acuerdo a la investigación.

Los modos de canalizar el dinero proveniente desde los Estados Unidos eran dos: por un lado, la adquisición de sociedades que tenían como finalidad la actividad agrícola -o vinculada con el rubro- y que gozaran de buen concepto comercial: fue el caso de El Estribo SA (adquirida el 2/8/1997); Estancias El Espejo SA (adquirida el 1/10/1997); Santa Venera SA (adquirida el 2/1/1998) y Petrolera Mar del Plata SA (adquirida el 20/1/1998). Por el otro, la constitución de sociedades con el mismo objeto, que fueron: Mirbet SA y Hotel Tourbillón SA (ambas creadas el 1/8/1997), y Estancia Rincón Grande SA y Agrosudeste SA (ambas creadas el 4/8/1997). Quedaban a nombre de los imputados, que en algunos casos figuraron en cargos directivos.

En ese sentido, el fiscal general Velasco explicó en el acta de acuerdo del juicio abreviado que se detectaron ocho transferencias por un total de casi cuatro millones de dólares; 18 por más de 7 millones y otras 44 por más de 20 millones, todas en 1997. Con ese dinero, “las empresas adquirieron casas y departamentos (que a su vez eran reformados o acondicionados con ese dinero), campos, maquinaria agrícola y vehículos, que eran registrados como parte de sus respectivos patrimonios”, detalló. Incluso, algunos bienes eran vendidos para adquirir otros “con el claro objetivo de dotarlos de aparente legalidad en cuanto al origen del dinero”.

La conveniencia del juicio abreviado

El fiscal general explicó en el acta de acuerdo las razones y conveniencia para acceder a la firma del juicio abreviado. El Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos: como los principales responsables de la asociación ilícita están fallecidos -es el caso de sus organizadores Angel Salvia y Nicolás Antonio Di Tullio-, en la etapa oral debían ser juzgados quienes “detentaran los roles de menor relevancia, pero esenciales en algunas de las etapas en que se desarrolló esta empresa delictiva”. “Este panorama así presentado llevaría a realizar un juicio oral y público que asoma claramente extenso, con una enorme cantidad de testigos y la incorporación por lectura de un sinnúmero de piezas procesales y documentación”, evaluó Velasco.

“En tal contexto, con sujetos del proceso -algunos de ellos, de avanzada edad que implicaría, en caso de imponérseles condenas de efectivo cumplimiento, su ejecución en modo domiciliario-, cuya responsabilidad criminal se reduce a la calidad de participantes de la asociación ilícita hace que le pretensión punitiva de la privación de la libertad como sanción pierda realidad y lleve a perder a su vez el norte pragmático, que exclusivamente y en razón de lo hasta aquí expresado, en este caso pasa a ser la determinación judicial del hecho investigado, sus responsables y el decomiso en favor del Estado, de los bienes objeto o instrumento del delito en cuestión”, detalló el representante del MPF.

Por último, el fiscal agregó que no se hizo “modificación alguna sobre la calificación legal de los hechos respecto de la escogida en los respectivos requerimientos de elevación” presentados por su colega Gerardo Di Masi, quien intervino en la instrucción de la causa. Esas circunstancias conformaron “un cuadro por el que se ha tornado aceptable y oportuna la incursión en esta resolución alternativa”, concluyó.

Fuente: fiscales.gob.ar