Días atrás se reglamentó la Ley de Talles sancionada en 2019. Prevé la creación y aplicación en todo el país de un Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria.

Anybody es una organización que desde el 2011 trabaja por “activar la conciencia sobre la problemática en torno a la cultura visual y el daño en la propia percepción del cuerpo”. Una de sus integrantes, Lucía Ramos, licenciada en nutrición con una mirada no peso centrista, dialogó con FM De la Calle acerca de los alcances de la ley.

Explicó que la normativa contempla tres puntos fundamentales. El primero es “la elaboración de una tabla de talles, se va a confeccionar a partir de un estudio antropométrico, donde se escanean los cuerpos de personas a lo largo de todo el país y, a partir de allí, se elabora la tabla de talles”.

En segundo lugar, “esta ley contempla algo interesante que es la realización de campañas, información y sensibilización para concientizar sobre la discriminación y estigmatización por cuestiones de talles”. Y, por último, establece “el trato digno y equitativo en los comercios de indumentaria”.

Sin embargo, la norma no obliga a que empresas y marcas tengan todos los talles. “Consideramos que es un paso más y todavía queda mucho trabajo. Esto de alguna manera lo que hacer es unificar talles y va a permitir que en cualquier local y marca los talles tengan un mismo tamaño, ahora un S o M son del mismo tamaño o incluso existe el talle único”.

Ramos enfatizó que “es importante destacar que la segunda causa de discriminación en el país es el aspecto físico, según un estudio del INADI de 2020. No encontrar ropa vulnera un derecho básico de las personas. Es una ventana que abre una problemática que es muchísimo más amplia”.

En 2020 Anybody encuestó, como cada año desde 2013, a más ocho mil personas para conocer las problemáticas en relación a los talles. Entre los resultados se destaca que “el sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada (44,7%).  El 46,9% responde que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo“.

“Casi el 75% de las personas encuestadas planeta que tiene problemas para encontrar ropa, encontrar talles. Esto tiene muchas repercusiones de la autopercepción de la persona”, argumentó la nutricionista.

En relación a lo relevado, la imposibilidad de encontrar ropa y calzado acorde con el cuerpo coincide con talles de cuerpos no hegemónicos. “Más del 80% de las personas encuestadas manifiestan que hubieran querido comprar el talle único, esto pasa con mayor frecuencia en indumentaria femenina, es el extremo de esta problemática. ¿Qué representa ese talle único? Un cuerpo hegemónico, que no es el cuerpo de las personas que nos rodean, que encontramos en el bondi, en la facultad o el supermercado”.

En relación a su visión y formación como profesional de la salud en un modelo no peso centrista afirmó que “hay un camino, cada vez se avanza más en materia de diversidad corporal, es lento, pero que de a poco hay más profesionales que están saliendo de este modelo que centra la salud de una persona en su peso”.

“Existen muchísimos determinantes y la apariencia física no es suficiente para determinar el estado de salud. Con solo ver a una persona no podemos determinar cuál es su salud. Detrás de esto hay discriminación y estigma, con solo ver a alguien no podemos saber cómo son su hábitos, cómo es su alimentación, qué tipo de movimiento realiza ni como es su salud”, explicó.

Finalmente, señaló que para la aplicación del SUNITI resta “terminar con el estudio antropométrico que ya comenzó, falta relevar un 40% de la muestra, elaborar la tabla de talles”.

El Senado transformó en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. “Es una bisagra más dentro del proceso de emancipación del colectivo trans feminista en tanto años de lucha”, dijo a FM De la Calle, Saira Millaqueo, integrante de Ciudadanas Trans

La norma -aprobada por 55 votos a favor y 1 en contra, y 6 abstenciones- establece que “el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

“El cupo viene a materializar el empoderamiento y para ejercer nuestra ciudadanía, con libertad de oportunidades. La ley de Identidad de Género, en lo personal, cambió el rumbo de mi vida. Para mayo que se sancionó la ley yo no tenía DNI y para enero del 2013 yo tenía documento y cambiaban mis objetivos, proyectos y podía reapropiarme de esa identidad que tenía negada”, afirmó Millaqueo.

Agregó que “estos sucesos marcan una bisagra porque en meses, a un año a más tardar, cambia ese entorno de vulnerabilidad, de clandestinidad, de completa ilegalidad que vivimos la comunidad travesti trans, cambia para bien, a una realidad que se materializa”.

La militante bahiense destacó que el promedio de vida de 35 años del colectivo tras explica la necesidad de una política pública focalizada. “Si en una sociedad donde el promedio de vida es de 70 años y no nos preocupa que haya una comunidad que se muere antes de los 40 es más que preocupante. Es urgente resguardar esos derechos vulnerados”.

Las condiciones de vida actuales son de “extrema pobreza y vulnerabilidad, violencia institucional, todavía se ve la falta de acceso a una salud integral. Más allá de la ley de Identidad de Género, en los hechos falta materializarla porque no lo interpreta la sociedad, sigue habiendo obstáculos por estos sectores conservadores que no logran captar el cambio de época, no interpretan las necesidades que atravesamos por meros prejuicios, discriminación y preconceptos que se tienen sobre nuestras existencias”.

Millaqueo señaló que la ley contempla el acompañamiento para que las personas que ingresen por el cupo trans “tengan la posibilidad de capacitación y terminalidad educativa”.

Por otro lado, se refirió al artículo 7, cuestionado por un sector de la oposición, el cual establece que no se deben tomar en cuenta los antecedente penales derivados de la ejecución de códigos contravencionales: “Hablamos de una población que hasta el 2012 iba encarcelada con 30, 60 y hasta 90 días de arresto por el hecho de salir vestida como deseaba”.

La flamante ley ordena la creación de “un registro y a partir de ahí evaluar los perfiles laborales, de los cv que llegan, de quiénes van a estar dispuestas para esos cargos. El cupo es selectivo porque hay que cumplir determinados requisitos, nuestro movimiento sabe que muchas van a quedar por fuera del cupo. Seguimos soñando con la reparación histórica, por condiciones que no están contempladas dentro del cupo, por un régimen de cobertura para quienes nunca tuvieron un aporte jubilatorio”.

En relación a las empresas privadas la normativa prevé incentivos fiscales para quienes contraten personal trans. “Los organismos van a tener que hacer un trabajo de sensibilización, tiene que ser profundo, porque es una fuerza productiva que ha sido inviabilizada y tiene que ser tenida en cuenta”, señaló Millaqueo.

La ley lleva el nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán porque “fueron, junto a otras como Pía Baudracco, las que tuvieron la visión política de mirar las raíces del problema de la expectativa de vida de la comunidad y el estar destinadas al trabajo sexual como único destino de vida”.

El Senado comenzó a debatir el proyecto de Cupo Laboral Travesti Trans que ya tiene media sanción en la Cámara Baja. Se aprobó en las comisiones de Banca de la Mujer y de Trabajo y Previsión Social y está listo para que la semana próxima se convierta en ley.

Dicha iniciativa establece que “el Estado deberá contratar al menos el uno por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

Agrega un punto importante: “El requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.

Panorama Local

En septiembre de 2019, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que reglamenta el cupo laboral en el sector público.

El proyecto establece que por lo menos el 1% del personal municipal y las sociedades de economía mixta con mayoría de capital accionario municipal (SAPEM Transporte y SAPEM Ambiental) debe estar ocupado por personas travestis, transexual y transgénero. También prevé la creación de una base de datos a través de un Registro Único de Aspirantes.

Luego de un año y nueve meses de sancionada la ordenanza, el 3 de junio el Municipio abrió la inscripción para dicho listado.

Ingresando aquí podés anotarte:https://www.bahia.gob.ar/cupotrans/

En caso de no contar con los dispositivos y/o medios para acceder a la web, acercarse al área de Políticas de Género (Av. Cerri 757) de 8 a 13 h.

Centros de Salud

Región Sanitaria I cuenta con cuatro centros de salud para la diversidad sexual, dos en Bahía Blanca y dos en Tres Arroyos. En Bahía se encuentran en el Hospital Penna y el Hospital Municipal.

Según la referenta regional del Programa de Salud Sexual y reproductiva del Ministerio de Salud provincia, Mariana Rubio, en el Municipal funciona todos los días, en el Penna atienden los lunes. Región Sanitaria provee regularmente las hormonas para realizar el tratamiento de transición.

Hospital Municipal- Estomba 968- 0291 459-8484

De lunes a viernes de 8 a 12. El turno se pide en ventanilla en Bravard 15. Se dan con una anticipación máxima de 30 días. Si se necesita un turno urgente, por una patología a tratar, será dado en el día. Las recetas de fármacos crónicos, sin turno, se piden a la mañana de 8 a 10 y se entregan hasta las 14. Se atienden a personas con domicilio en Bahía Blanca.

Hospital Penna- Av. Lainez 2401 -0291 459-3600

Atención con turno, de mañana, en estos momentos los lunes. Se debe sacar turno con el Dr. Mario Marzialetti previo a la consulta.

Los datos se encuentran en: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/centros-de-salud/

Tratamiento hormonal

Según Fundación Huésped “las personas que quieren feminizar su cuerpo se administran hormonas femeninas (estradiol) y bloqueadores de las hormonas masculinas (espironolactona y acetato de ciproterona). Mientras que para las personas que desean masculinizar su cuerpo se utilizan hormonas masculinas (testosterona)”.

Sin embargo, en el ámbito local los obstáculos aparecen al momento del otorgamiento de los turnos para los chequeos médicos previos al tratamiento. Con la pandemia se han visto demorados por varios meses.

“En el momento de la transición estaba con el trabajo registrado. Mi endocrinóloga me dijo si podés no dejes el trabajo, porque estábamos en plena pandemia, estaba colapsado, acceder a las hormonas era imposible, los turnos estaban otorgándose de acá a 3 meses, eso afecta el cuerpo porque hay que seguir por varios meses, además de chequeos y análisis”, comentó a FM De la Calle Maxi Bialous.

Agregó que “se empieza con un gel, pasás a las inyecciones. Hoy en día tengo que esperar dos meses para que me den turno para que de ahí vaya al hospital y vean cuándo puedo pasar a buscar esa inyección. Esto termina afectándote emocionalmente, físicamente, eso es lo que hace que la vida de las personas trans sea tan corta”.

“Cuando empecé el tratamiento me hicieron llenar un formulario con pros y contras, diciendo que si te dejas de hormonar el cuerpo tiene síntomas adversos, pero si el Estado mismo no te deja acceder fácilmente a eso cómo me pueden garantizar mi salud”.

“Queremos poder caminar por nuestro barrio sin miedo a morir”

La precariedad a la que se ven sometidas las personas trans, sin posibilidades de acceder a un trabajo registrado, con obstáculos en el sistema de salud y con una sociedad que juzga y señala pese a tener una Ley de Identidad de Género próxima a cumplir los diez años de su sanción, reducen a 35 años la expectativa de vida de las comunidad travesti trans.

Tehuel, un chico trans de la localidad de Alejandro Korn, desapareció el 11 de marzo yendo a una entrevista laboral. Las dos personas que lo vieron por última vez permanecen detenidas y se niegan a declarar, mientras tanto los rastrillajes no arrojan resultados positivos.

En Salta, el cuerpo de Santiago Cancinos apareció cerca del río La Caldera  “de casualidad” mientras investigaban otro crimen. Su familia lo buscaba desde el 2017 cuando salió de su casa para ir al colegio y nunca volvió.

“El miedo que sentimos los chicos trans de ir a una entrevista precaria, que no nos vean como nos queremos sentir y tener miedo a ser juzgado por lo que fuimos en un pasado”, destacó Maxi.

Say Sacayán, hermane de Diana, activista por los derechos de la comunidad travesti resumió en una crónica: “queremos poder caminar por nuestro barrio sin miedo a morir”.

“De volver a nacer, yo elegiría ser travesti, amo ser travesti y al travestismo con todo su ingenio; que no tiene nada que ver con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que nos ridiculizan”. Lohana Berkins.

Foto: Paula Sequeira.

“Recién recibí la noticia que tanto esperé, una noticia que me llena el alma”, dijo a FM De la Calle, Rosalía Reyes, quien luego de 16 años de enfrentarse a los obstáculos judiciales, finalmente, fue absuelta por la Cámara de Casación Penal.

Se trata de un fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana.

Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero del 2020, el Tribunal Criminal N°3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.

“Después de tanto tiempo quedé en liberad, estoy esperando que me saquen la pulsera electrónica. Estoy muy agradecida con las mujeres de pañuelo verde, agradecida con la abogada (Fabiana) Vannini. Me siento muy emocionada porque tanto tiempo esperé esta noticia, estoy más que feliz. No tengo palabras de agradecimiento”, agregó.

Entre los fundamentos de absolución, el juez Maidana afirmó que “nos enfrentamos a una causa en donde las condiciones personales y familiares, sociales y económicas de la imputada la ubican en un contexto de vulnerabilidad que debió ser evaluado para interpretar y juzgar los hechos, brindando un tratamiento diferenciado que supone incorporar perspectivas específicas de género”.

El año pasado, gracias a la insistencia de la Campaña por la Absolución y el camino judicial iniciado por su abogada defensora, le otorgaron la prisión domiciliaria. En pandemia pudo realizar los trámites para volver a Zárate donde estaba su pareja y su hija más pequeña.

Condenada por no ser “buena madre”

Casación señaló al Tribunal Criminal Nº3 -compuesto por Daniela Castaño, Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire- que en primera instancia condenó a Rosalía que debió “introducir la perspectiva de género, considerando el contexto de vulnerabilidad personal, social y económica que rodeaban a la imputada”.

Agregó que “la sentencia impugnada (…) contiene abundantes referencias a modelos estereotípicos del rol maternal, que marcan un estándar ideal y abstracto sobre cómo debe actuar una ‘buena madre’, desentendiéndose de la contundente información reunida en torno a la falta de posibilidades reales de actuar conforme al modelo”.

“La capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio”, sostuvo el tribunal superior.

Su resolución enfatizó que durante las instancias judiciales previas no fue considerado que “Rosalía no tenía acceso al servicio de salud, que no tuvo ningún control médico durante el embarazo, que en el momento del parto se encontraba sola y sin la asistencia de un adulto, que la vivienda donde residían se encontraba alejada de un centro urbano y sin línea telefónica, ello además de la apremiante situación económica que no le permitía afrontar la pérdida de una jornada de trabajo y el temor fundado a perder su puesto en caso de conocerse su embarazo. La circunstancia de haber experimentado cuatro partos anteriores no determina un conocimiento de ‘cuestiones básicas’ acerca de cómo desenvolverse en un parto”.

Por último, agregó que “la descontextualización de la situación de Rosalía” y el rol estereotípico de “buena madre” asumido por el Tribunal Criminal “creó exigencias ideales no alcanzables por Rosalía” quien “se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la norma”.

Meses atrás FM De la Calle dialogó en vivo por Instagram con Rosalía.

«Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla», relató.

El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.

«Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas», dijo en aquella conversación.

“Antes, ir al 3J tenía una liturgia, ya sabíamos que es una fecha fundamental en la agenda de los feminismos. Este año nos encuentra reflexionando y viendo qué podemos aportar ante esta situación. La pandemia trajo muchas consecuencias a la vida de mujeres y otras identidades. Consecuencias en el mal sentido: aumentar la miseria, la precariedad. No hay que irse lejos de la vida de una para ver que es algo que nos pasa a todas y todes”, dijo a FM De la Calle Griselda Cifuentes, socorrista e integrante del programa “Aguar la Fiesta”.

Desde el espacio radial, que se emite todos los martes a las 20 por la 87.9, proponen hacer “memoria feminista para saber que ese 2015, ese antes y después, tuvo muchos antecedentes. Proponemos un recorrido sonoro que apunta a entender que no son hechos aislados sino que están entramados entre ellos, algunas voces necesarias que elegimos identificar”.

Escuchá los programas:

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Fuente recursero: Colegio de Psicologxs Bahía Blanca.

Se cumple el sexto aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso. Días atrás, el Ministerio Público Fiscal anunció el pase de la causa al Departamento Judicial de Azul, luego de que varios fiscales se excusaran de participar en la investigación. Aún no hay ningún imputado por el crimen de la joven.

“Son dos causas, la 1 y la 2. La 1 es la que está desde hace 6 años, la que no tiene movimiento desde hace un año y medio, el último fue la recusación de (Jorge) Viego que no se llegó a formalizar por el Covid. Me denuncia a mí y se va de la causa”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia Moscoso, Leandro Aparicio.

“En esa causa, la última medida de prueba que hay, después que lo pedimos hace 4 años, le hicieron un oficio a Facebook y Facebook no dice el contenido del mensaje sino las últimas 3 personas con las que chateó: con su tía, con su mejor amiga y con un patovica del boliche de Dichiara, no con el del boliche al que ella fue a bailar si no con otro”.

Aparicio comentó que desde la justicia “no hicieron nada, ni fiscales ni el procurador. La causa con toda la información está hoy en Tandil, que depende la Fiscalía de Azul, llamamos a la Fiscalía y nos dijeron que están viéndola”.

Por otro lado, mencionó que “la causa 2 en la cual denunciamos el encubrimiento, le agregamos la foto del patovica, le agregamos la foto del comisario Maldonado y Zamora apretando a los bomberos para que borren la foto de un lugar a una cuadra donde fue plantado el cuerpo. Zamora está apartado por el abuso de 3 mujeres, Maldonado está jubilado”.

El fiscal de Azul llamó a declarar a algunos testigos. “Está citando a las personas con policía de la provincia cuando está denunciada. Nos oponemos a que vayan 300 kilómetros por sus propios medios. Llegó la pandemia y se paró. Empezamos a pedir explicaciones, nos dijeron que la causa se había pedido desde Bahía. Ahora están citando de nuevo a los mismos testigos”.

Agregó que en “esa causa no estamos constituidos como particular damnificado, nos presentamos en Azul y la jueza dijo esto tiene que ir a Bahía y en Bahía se excusaron los 5 camaristas penales. No le aceptaron la excusación (Gustavo) Barbieri y (Guillermo) Soumoulou y volvió a la sala de ellos para que nos digan que somos particular damnificado y ahí podríamos presentarnos en la causa 2”.

El abogado explicó que el plan es concurrir con el tío de Katherine, Ezequiel Moscoso, “sentarnos con los fiscales de Azul para preguntarles por dónde va la investigación. Estamos insistiendo que la Comisión Provincial de la Memoria nos acompañe a plantear reclamos internacionales. Después de 6 años con una complicidad advertible en el expediente, le mandamos mail a todas las comisiones de mujeres, género, diversidad, discapacidad, nadie nos contestó, el Estado está interpelado y estamos en condiciones de decir que acá en Argentina en este caso se han violado todos los derechos”.

“Lo más importante que tenemos es con quien se comunica Kathy a las 5:30 de la mañana y es un patovica. No lo llamaron a declarar, me denunciaron a mí. Eso lo va a tener que explicar el dr. Viego, por qué no realizó medidas de prueba sobre esa persona luego de que se la pedimos expresamente”.

Por otro lado, cuentan con “el testimonio de 3 policías, que fueron a investigar y dicen que Cordi les dijo “vos no te movés de acá y si algún comisario te llama me avisas primero”. Otro que dice que Pérez, el comisario que permitió que mataran a Canini, le dijo “vos pelado te movés del patio y te meto 8 días de suspensión”, ese inspector dice que a otros policías les avisaron: ‘ese es tu coche, sacálo porque se va a pudrir todo'”, en referencia a los incendios ocurridos una vez conocida la aparición del cuerpo de la joven.

“A Canini lo linchan porque la policía no lo protegió, este Pérez le dice a la gente, según declararon 4 personas, “ahí lo tenés, agárralo que se te escapa”. Hay 3 policías que dicen ‘a mí me apretaron para que no investigue’. Eso se lo dicen al fiscal Long y se lo comunican al fiscal Fernández. Siguen avanzando e imputan a Daiana, una amiga de Kathy, una chica discapacitada. Eso no resiste ningún análisis”.

También señaló que a “los inspectores del centro del monitoreo, que podrían haber visto lo que pasaba por las cámaras, los amenazaron personalmente en un Bora a las 8 de la noche, antes de los incendios y del linchamiento, y después los llaman a través de un handy y los amenazan”.

Po último, enfatizó que “tenemos también las contradicciones de los patovicas y del dueño del boliche Arenas, Martín Fernández. También está el papel de los policías, que siguieron órdenes, bajó Aníbal Fernández, vino el ministro Casal. Este encubrimiento fue posible por el poder político que tiene Dichiara. No me cabe duda que fue una inteligencia de ese quilombo que sirvió para tapar el crimen de Katherine Moscoso”.

El fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja.

Lo confirmó a FM De la Calle Fernanda Petersen, abogada de la denunciante, Laura Trespando. Luego de frustrar en varias ocasiones las audiencias indagatorias, finalmente el ex concejal prefirió mantenerse en silencio.

Destacó que “tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas” que existen en esta causa.

En el expediente en cuestión, “el fiscal contextualiza con los hechos que se denuncian y considera que están dadas las condiciones para elevarlo a juicio. El defensor de Pera se opone y estamos esperando la resolución jueza de Garantías, Claudia Olivera”, dijo la letrada.

Los hechos que se le imputan a Pera son lesiones agravadas por el vínculo y en el marco de violencia de género y amenazas coactivas. “Para acreditar esto hay informes médicos, hay fotos, un informe psicológico que da cuenta el impacto que tuvo en la víctima. Por las amenazas, más allá de testimonios, la víctima presentó su celular y los peritos concluyeron que no se había modificado nada y que surgían los textos tal cuales los había relatado al momento de hacer la denuncia”.

“Eso es fundamental para poder acreditar que la situación de lesiones y amenazas se dieron y en este marco de una relación previa, por eso se da el tratamiento dentro del marco de violencia de género”.

“La pena es mayor a 3 años, lo que buscamos es que sea condenado para validar los dichos de la víctima y demostrar que, más allá de su cargo (secretario general de la UTA), es posible llevar a cabo una causa de estas características y que la justicia le de una respuesta”, afirmó Petersen.

Agregó que “la fiscalía ha agotado todas las medidas de prueba, no solamente desde el denunciado y la víctima, sino que también los testimonios del imputado han sido escuchados. Esto acredita que los hechos que se relatan sucedieron con esta modalidad”.

La abogada resaltó que el relato de la víctima y de testigos dan cuenta de “esta situación poder real que era ejercida por esta persona sobre cualquiera que tomara posicionamiento. La víctima deja claro el padecimiento y el miedo real y no solamente lo que le pueda pasar a ella sino a su entorno familiar y cercano que es quien la sostienen en esta denuncia”.

Pera fue condenado a un año y diez meses de prisión por la agresión a dos concejales durante una sesión del deliberativo local. “Esta persona ha tenido actitudes de violencia en situaciones públicas donde no solo había gente sino medios. Si esto lo trasladamos a una situación de asimetría en una relación de pareja, laboral, donde él ejerce el poder por sus contactos políticos y su representación gremial, queda acreditado que los dichos de la víctima son reales. Creo que en muchas causas tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas que en esta situación tenían”.

Trespando y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa» tras la separación de la pareja. El entonces presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Al momento que se realiza la denuncia se divide la investigación en delito de lesiones y amenaza coactiva y la situación específica en el ámbito laboral. Las personas que prestaron declaración en esta causa son allegadas, en la otra causa no hemos llegado a la instancia probatoria, pero la realidad es que más allá de lo que suceda a futuro (Trespando) no ha tenido el acompañamiento de las instituciones como SAPEM o el mismo Municipio. La víctima tomó todos los recaudos para que los estamentos públicos estuvieran al tanto de esta situación”.

“En este caso juegan otras cosas que tienen que ver con el poder que detenta esta persona, su cargo gremial, la influencia que tienen en los estamentos públicos”, dijo en referencia al titular de la Unión Tranviarios Automotor.

Señaló que “si ella no hubiera tenido el acompañamiento de su familia, de militantes, otra hubiera sido la situación. Las redes que se han tejido en esta causa y el acompañamiento de organizaciones hacen que ella este posicionada en otro lugar, pero ante cualquier movimiento en la causa se reaviven esta situación”.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia rechazó el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Diego Hernán Rogero y confirmó la condena a prisión perpetua por el femicidio de Aída Rosa Caballín.

El 12 de febrero del año pasado el Tribunal Criminal Nº2 determinó que Rogero fue el autor responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018, alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en inmediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. «Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer», sostuvo el funcionario.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era explotada sexualmente en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó un rastreo mediante las cámaras de seguridad que registraron un vehículo utilitario que coincidía con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.

Tehuel De la Torre, joven trans de la localidad bonaerense de San Vicente, está desaparecido hace más de un mes. Luego de cinco allanamientos y una serie de rastrillajes hay dos sospechosos detenidos aunque la carátula de la causa sigue siendo “Averiguación de paradero”.

En el marco de la búsqueda se realizaron varias marchas pidiendo por su aparición con vida. 

“El 11 de marzo a las 19 sale de la casa hacia una entrevista de trabajo porque iba a hacer de mozo en un evento. Me lo cruzo cuando venía de mi trabajo 19:30. Me dijo que iba a ver a un amigo ‘Luis’. Esa fue la última vez que lo vimos”, comentó a FM De la Calle su hermana, Verónica Alarcón.

Agregó que luego “viene la novia y nos avisa que no había vuelto a la casa, hicimos la denuncia y empezamos a averiguar. Se hicieron allanamientos en la casa de (Luis) Ramos y encontraron pertenencias de Tehuel: su celular roto y la campera”.

Días después, apareció en la causa Oscar Montes, un chatarrero de la zona. La justicia peritó los teléfonos de Ramos y Montes, habían sido reseteados los dos del mismo día. Sin embargo, encontraron una foto donde estaban los tres: Ramos, Montes y Tehuel.

En primera instancia, Ramos y Montes fueron interrogados como testigos sobre si habían visto a Tehuel. Ambos lo negaron. El 23 de marzo Ramos fue detenido y Montes cuatro días después. Eligieron no declarar. 

“Estuvimos con Sergio Berni, se hizo un pedido de recompensa para ver si alguien tiene más información, estuvimos con la ministra de Géneros de la Provincia, Estela Díaz, se comprometieron a brindar recursos para la búsqueda”, dijo Verónica.

Para aportar datos

Quien tenga alguna información sobre su paradero, comunicarse con la UFI Descentralizada de San Vicente: por teléfono al 0221-429-3015 o por mail en [email protected]. También se puede llamar al 911. ACTUALIDADARGENTINALGBTI+TRANSFEMINISMOS

Hace 5 años asesinaron a la activista indígena lenca Berta Cáceres. Madre de cuatro hijos, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Cáceres había encabezado el movimiento que logró que el Banco Mundial y la constructora china Sinohydro, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.

La hija mayor de Berta, Olivia Marcela Cáceres Zúniga, dialogó con Julia Giménez, columnista de FM De la Calle en su espacio “Asuntos Latinomaericanos”.

En esta segunda entrega, Zúniga se refiere a la injerencia norteamericana en el gobierno hondureño, el panorama electoral signado por un contexto de fraude de parte del Partido Nacional y al proceso de organización de pueblos indígenas campesinos que resisten la llegada de organismos multilaterales ante el endeudamiento del gobierno.

Por tercera vez el secretario general de la UTA, Ricardo Pera, evitó ser indagado por el fiscal que interviene en la causa por violencia de género iniciada por su ex pareja. Laura Trespando lo denunció por lesiones agravadas y amenazas.

“El viernes a última hora presentó un certificado en el que dice que está pasando por un cuadro de Covid positivo. Se resolvió por parte de la fiscalía que se fijaba un nuevo horario y, si tenía algún síntoma, previamente tuviera una entrevista telefónica con el médico pericial. No se pudo hacer porque no atendió el teléfono”, señaló a FM De la Calle la abogada de víctima, Fernanda Petersen.

La letrada agregó que “más allá de la autenticidad o no del hisopado, del que no tengo porqué desconfiar, la realidad es que el teléfono apagado demuestra voluntad de evadir a la justicia si tenemos en cuenta que no se lo pudo notificar en el domicilio real”.

El fiscal Juan Pablo Schmidt dejó abierto el acto para llamarlo nuevamente cuando esté en condiciones. Una vez realizada la indagatoria, acto de defensa en el cual Pera puede o no declarar, se elevaría la causa a juicio.

“Esta persona no solo ejerció violencia públicamente, sino que sigue haciéndolo al no presentarse a la justicia. Es el hombre de las mil causas y mil situaciones, esto es una manera de seguir ejerciendo poder”, afirmó Petersen.

El ex concejal fue condenado en febrero a un año y diez meses de prisión por agresiones contra dos legisladores. Los hechos ocurrieron en 2015 dentro del Concejo Deliberante.

“Estamos convencidas de que se va a llegar a una condena y la causa anterior, si es confirmada en la sede de apelación, opera como un antecedente que agrava y que se tiene en cuenta para establecer pena”, explicó Petersen.

Finalmente, destacó que Pera “públicamente ha demostrado su conducta violenta, si a esto le sumamos la privacidad de un domicilio, la situación de trabajo y de poder, estamos frente a una situación donde los elementos sobran”.

Mariela González trabaja en el rubro de la construcción hace diez años, fue elegida como delegada tesorera en 2017 para representar a sus compañeros de obra en la UOCRA. Desde que ganó la elección, la conducción gremial -a cargo del interventor Carlos De Boer- no la deja asumir y recibe constantes amenazas.

“No me esperaba esta pregunta, si vos te animás y creés que los compañeros te van a votar, hacélo”, le respondieron cuando preguntó si podría postularse. Junto a ella fueron parte de la lista dos de sus compañeros: Tamame y Pavón, quienes pasado el tiempo comenzaron a hostigarla.

“Me decían de todo, me amenazaban, que no me meta. Yo me sentía comprometida con esos compañeros que me habían votado, para que no me falte nada. Me voy al sindicato a pedir ayuda y fue peor porque al otro día me agredieron, a uno de los chicos lo sacaron del cuello de la oficina diciéndome vos me vas a conocer”, relató González a FM De la Calle.

Foto: Tamame y Pavón junto a González

“Hice muchas denuncias, la primera fue en la Comisaría de la Mujer y no sabían si tomármela o no porque nunca hubo una denuncia laboral. En fiscalía me citaron al otro día para contar lo sucedido”, relató.

Mariela siguió yendo a trabajar y las amenazas no cesaron. “Un día estamos cenando con mis hijas y escuchamos fuertes golpes, mi hija va a sacar la moto y vimos los dos proyectiles, atravesaron el portón y las paredes de mi casa. Ya había sido advertida de que me iban a tirotear la casa”.

“Me cansé de ir al sindicato, fui muchísimas veces. Al principio De Boer no me podía atender así que me atendieron sus colaboradores, uno de ellos me mandó a que me busque un amante para que me entretenga”, enfatizó Mariela.

La delegada mencionó: “Le envié una carta al secretario general Gerardo Martínez, me citaron a Buenos Aires y me dijeron que me quede tranquila, que no está bueno manchar la institución. Me hizo entender como que yo estoy mal, que yo le falté el respecto a mis compañeros por sacar al aire todo lo que estaba pasando”.

“Antes de la intervención había más de 50 mujeres en obra, ahora hay tres. La respuesta es que somos muy complicadas las mujeres, que tenemos nuestro período, que los empleadores no quieren mujeres. No me dan solución de nada, me hacen sentir culpable de todo lo que me pasó”.

En relación a las mujeres que trabajan en el rubro de la construcción contó que “las compañeras no tienen la ropa adecuada, no tenemos una representante mujer que nos ayude, no tenemos apoyo de ninguna mujer, nadie nos puede asesorar y son nuestro derechos”.

El reclamo por una reforma judicial feminista encabezó las últimas expresiones del movimiento de mujeres e identidades disidentes ante el recrudecimiento de los femicidios y la ineficacia del sistema.

La Asociación Abogadas Feministas (ABOFEM) presentó ante el Consejo de la Magistratura un pliego de reclamos, entre ellos la impugnación de una lista de 52 jueces y juezas que no cuentan con las capacitaciones en perspectiva de género obligatorias por ley.

“El planteo de la reforma judicial ya no alcanza solo a lo referido a la administración de justicia y no concentración de poder en los fueros, sino a una lógica que tenga relación con que se aplique la perspectiva de género, de derechos, que haya paridad en los cargos. Y que, además, quienes se presenten, cumplan con la formación en género que exige el reglamento para que de una vez y por todas veamos sentencias judiciales que tengan perspectiva de género actualizadas y acordes a la realidad que estamos viviendo”, detalló a FM De la Calle, la abogada Melisa García.

La presidenta de ABOFEM mencionó que, respecto a la capacitación obligatoria en relación a la perspectiva de género, “el Consejo de la Magistratura se ha arrogado que la implantación total de estas normas será en 36 meses, pero por otro lado la misma normativa plantea que los jueces y juezas deben acreditar -aunque sea- haber comenzado un curso de género para presentarse a concurso”.

El femicidio de Ursula Bahillo conmocionó a la sociedad. La joven había denunciado en 17 oportunidades a su ex pareja quién finalmente la asesinó. A este hecho se le agrega la renuncia del juez de la causa por haber tenido un informe de peligrosidad que alertó que la vida de la joven corría peligro 12 días antes de su femicidio. ¿De qué depende la prioridad de una causa en una fiscalía o un juzgado?

“La situación deviene de no haber una formación, un seguimiento y una consecuencia para quienes toman las denuncias. El gran problema es que se abra lugar a la arbitrariedad, no entender cuál es la gravedad, pareciera que no hubiera ningún tipo de consecuencia. En una causa de violencia de género, cuando una mujer denuncia y menciona que está en peligro su vida no tiene que haber dilaciones, ni quién es el imputado, ni si es parte de una fuerza, o de la justicia, ni de ningún otro espacio”, comentó García.

“Se empezó a poner la mira en la ineficacia de la toma de las denuncias. La falla es sistemática y está en la falta de formación, en la falta de equipos interdisciplinarios, falta de evaluaciones de riesgo”.

En muchas oportunidades quienes alertan a los agentes policiales son personas cercanas a la víctima pero que, en determinado momento, se encuentran con los obstáculos del sistema que obliga a que la víctima ratifique la denuncia.

“Debería mínimamente poderse tomar una denuncia y hacer un mínimo seguimiento cuando denuncia una persona cercana a la violentada. Si se requiere una ratificación, que la persona violentada se pueda acercar a ratificar. Pero si una mujer está en situación de violencia no se le puede pedir que ratifique un proceso. Quizás no pueda salir de su casa, reciba amenazas, es ahí donde el Estado tiene que tener equipos especializados”.

La abogada señaló que “la Comisaría de la Mujer es una lógica que responde al derecho penal y si no va la víctima a ratificar se archiva. En el medio hay un montón de mujeres que mueren justamente por este tipo de abordaje, llegan a un femicidio porque el Estado no responde como corresponde”.

“Vivimos una gravedad respecto a los femicidios que hace que haya que pensar de otra manera y con perspectiva para auxiliar a las mujeres en peligro y no para cubrir al sistema que dice que si no se da de determinada manera no se puede seguir la causa”, finalizó García.

Foto: Notas Periodismo Popular

Gustavo Mandará se refirió a la censura de la edición impresa del periódico La Nueva del sábado del 27 de febrero en la cual se difundía una causa armada por la Policía Bonaerense.

“No estoy enterado que haya análisis desde lo político en el Concejo. Desde lo personal me preocupa, me indigna, trabajé 15 años y sufrí y padecí muchas cosas pero nunca nada como esto”, dijo el concejal del Frente de Todos.

Agregó que “el diario de papel no es ni por asomo lo que era hace 15 años. Lo que se perdieron fueron 700 ejemplares pero simbólicamente es alevoso. El clima de los trabajadores es de una indignación grande, ellos están con la espada de las condiciones de trabajo. En otro momento hubiera sido un escándalo pero es un tema gravísimo”.

“No digo que no corresponda que se trate aquí (en el Concejo), pero tampoco tengo claro si más allá de la difusión del tema hubo alguien que se haya agraviado personalmente como para que el Concejo como órgano político pueda expedirse. Al Concejo se le complica muchas veces intervenir cuando no hay una instancia concreta”, apuntó.

Mandará sostuvo que “lo más grave es que a la opinión pública le importa poco. Entre los que estamos metidos en el mundillo periodístico hablamos, pero nadie te lo plantea como una situación de dominio público”.

“Espero un mundo donde no sea tan desoladora la realidad de muchas mujeres”, dijo Celeste al ser consultada sobre el futuro de su hija en el marco del Paro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries.

El pedido de justicia por el femicidio de Susana Melo en Ing. White hace un año, fue una de las consignas principales en Bahía Blanca.

“Además de venir por mí, vengo por muchas que no pueden venir, es terrible el índice de la violencia”, comentó una de las manifestantes a FM De la Calle.

Compañeras de la agrupación mapuche Kumelen Newen Mapu participaron del 8M y denunciaron el chineo -la violación de niñas de las comunidades- y el avance del extractivismo no solo sobre los territorios sino sobre las cuerpas de las mujeres indígenas.

“Lo que nos representa es no tener más miedo, salir a la calle igual. Yo capaz me quedaba en mi casa, ahora creo que todas tenemos que salir”, afirmó una integrante.

También estuvieron presentes mujeres Autoconvocadas de Género Deporte y Diversidad, espacio que está construyendo un diagnóstico para conocer la situación respecto a la inclusión de las mujeres en el deporte: “Es necesario que abran las canchas para que podamos tener injerencia en esas decisiones”.

Escuchá estas y otras voces en este informe:

Con un nuevo paro se conmemora este 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. A partir de las 17:30 habrá micrófono abierto, intervenciones artísticas y movilización desde la Plaza Rivadavia.

Este año las protestas tienen un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial por la falta de respuestas al incremento de los femicidios.

“Este 8M la violencia machista y los femicidios nos obligan a estar en las calles. En una andanada que no cesa, tenemos el lamentable registro de un femicidio cada 24 horas, la mayoría, fueron víctimas de ex parejas, a quienes ya habían denunciado y murieron sin recibir la protección del Estado. Por esto decimos que ‘el Estado es responsable’. ¿Quién más si no? ¿A quién más que al Estado le exigiríamos que implemente políticas para prevenir la violencia machista y la protección de las víctimas?”, se preguntaron desde la Secretaría de Mujeres y Géneros de la CTA.

En el Departamento Judicial de Bahía Blanca en 2020 asesinaron a Susana Melo y se iniciaron 3.191 procesos penales por violencia familiar y/o de género: nueve denuncias por día. El 21 de marzo se cumple un año del crimen ocurrido en Ing. White y la familia de la víctima advierte que la causa no avanza.

Según el Ministerio Público Fiscal, en la provincia se registraron 94 femicidios. Se trata del 65% del total de asesinatos.

El Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que con un femicidio cada 29 horas, el 2020 terminó con 253 femicidios directos, 29 vinculados, ocho personas trans asesinadas y cinco suicidios feminicidas. 212 niñas y niños quedaron sin sus madres víctimas de femicidio, algunes fueron testigos presenciales.

El apoyo de Cristina y Rosalía

“Soy mamá de Facundo Astudillo Castro, quien fuera desaparecido en democracia el 30 de abril del año pasado. Gracias por marchar, para mí el 8 de marzo es un día muy simbólico, es el día nuestro, de la mujer”, afirmó Cristina en su adhesión a la marcha que se realizará esta tarde en Bahía Blanca.

Agregó: “Dentro de cada mujer existe una guerrera y tenemos que despertarla para que así como gritaba mi flaco que el nunca más sea nunca más en serio, que nosotras podamos gritar el vivas nos queremos. Tenemos derecho a que nos respeten y tenemos que exigir el derecho a que nuestras hijas salgan y vuelvan sanas y salvas, que no las violen o tener que ir a buscarlas o reconocer cuerpos en bolsas. Vivas nos queremos chicas”.

Rosalía Reyes, condenada a ocho años de prisión por no poder atender a su bebé tras el parto, llamó a pedir “que no haya más femicidio, violencia, y para que seamos escuchadas y tengamos derechos. Pido por la solución de mi causa y desde mi casa las acompaño en esta marcha. Asimismo pido por todas las mujeres, que sigamos batallando juntas”.

La pandemia profundizó las desigualdades

La economista Agostina Costantino dijo en FM De la Calle que “hubo un impacto desproporcionado de la crisis del Covid en trabajadores informales, en mujeres particularmente, a causa de la sobrerrepresentación que tenemos en algunos de los sectores afectados y en la intensificación de la carga de cuidados no remunerados en los hogares debido al cierre de las escuelas, en una región que ya tenía un déficit importante en cuanto a la desigualdad de la distribución de esas tareas”.

Se espera un aumento de la desigualdad no solo en términos de género sino también en cuanto a cuestiones raciales y étnicas.

Antes de la pandemia “la tasa de actividad de las mujeres era mucho menor que en los varones porque destinamos mayor cantidad de nuestro tiempo a tareas de cuidado y nos queda menos para buscar o tener trabajo remunerado”.

“En el caso de Argentina nos insertábamos en sectores muy ligados al cuidado como educación, salud, trabajo en casas particulares y demás. En países centroamericanos o México también hay muchas mujeres en sectores industriales de muy baja productividad, malos salarios y muy malas condiciones como son las cuestiones de las maquilas, el ensamblado de partes industriales”.

Con las medidas de aislamiento se redujo el empleo regional en mayor proporción para las mujeres que para los hombres. “Las mujeres tienen presencia en sectores económicos más afectados por la crisis como el sector de hotelería y restaurantes y el servicio doméstico”, sostuvo Costantino y agregó que “las mujeres urbanas estuvieron más afectadas que las rurales”.

Detalló que “la pandemia tuvo un impacto diferenciado en trabajadores/as migrantes internacionales que suelen ser más vulnerables al tipo de inserción muy precarias en los países de destino, al menor acceso a sistemas de protección social, la carencia de redes de apoyo, la discriminación, la exclusión legal o el desconocimiento de procedimientos administrativos”.

¿Qué hicieron los gobiernos?

La economista explicó que “en general los gobiernos adoptaron medidas de protección social y apoyos direccionados principalmente a las personas y hogares en situación de pobreza. Se estima que las transferencias monetarias y en especie –alimentos, medicamentos u otros servicios básicos- llegaron aproximadamente a la mitad de la población”.

“Políticas como el IFE argentino tuvieron un impacto diferenciado sobre las mujeres porque están sobrerrepresentadas en el grupo de trabajadores informales y de personas pobres, por eso hablamos generalmente de feminización de la pobreza”.

Cuidados desiguales

Un informe del Centro de Economía Política evidencia que se exacerbó la desigualdad en la distribución de los cuidados por el cierre de escuelas y de los espacios de esparcimiento y de ocio.  

“Antes de las medidas de aislamiento, en promedio, las mujeres destinaban casi siete horas diarias al total de trabajo no remunerado mientras que los hombres dedicaban cinco. Durante el aislamiento, con la sobrecarga -sobre todo en materia educativa y de trabajo remoto- la cantidad de horas que dedicaron las mujeres aumentó un 70%, a casi doce horas diarias, prácticamente la mitad de la jornada de las mujeres se destinó a trabajo no remunerado. En el caso de los varones aumentó a 7,9 horas diarias”.

“Muchas de las mujeres tuvieron que dejar sus trabajo o vieron disminuidos los ingresos porque tuvieron que trabajar menos para hacer frente a las tareas de cuidado”. Por otra parte, “el decreto que obligaba a otorgar licencias por cuidado durante lo que durara el ASPO en la mayor parte del sector privado no se cumplió y en algunas del sector público tampoco”.

“Desde el Consejo Local de Mujeres pedimos el año pasado al Municipio que convoque a la Mesa Intersectorial, como una directiva del Ministerio de Géneros de la provincia y aun no hemos tenido respuesta”, comentó a FM De la Calle, Nora Dinoto, integrante de la Red Local de Violencia de Género.

El lunes, en la apertura de las sesiones deliberativas el intendente Héctor Gay se refirió a las políticas adoptadas por el Municipio en materia de violencia machista.

“Coincido con Gay que es clave la capacitación de todo el personal, es importante lo que propone para articular con efectores de salud, el Poder Judicial, la comisaría y las organizaciones”, dijo Dinoto.

Respecto al anuncio de las reformas en el hogar que alberga a mujeres en situación de violencia mencionó que “es muy lamentable la demora para refaccionar y arreglar este edificio, evidencia que hubo otras prioridades y estamos a principios del 2021, más de un año desde que sucedió el incendio”.

“Mientras tanto funciona en un refugio que está ubicado dentro de un predio que la Curia cedió para que pudieran estar, no hubo mucha demanda para su uso porque el protocolo para poner el práctica a raíz del Covid era muy rígido como para que la mujer acceda a trasladarse a ese lugar con sus hijos”, agregó.

Dinoto apuntó que en el discurso “se omitieron dos recursos importantes que la provincia le hace llegar a los municipios: el Fondo de Emergencia para Situaciones de Violencia y el Potenciar”.

En relación al primero, señaló que “es un fondo económico que permite a las mujeres reparar algunos daños materiales a través de este dinero que es cedido al Municipio para que lo administre. Es específico, viene a nombre de la coordinadora Ana Maceratesi y es ella quien se encarga de administrarlo. Ella tiene que detallar los egresos y puede pedir ampliación en caso de que se agote”.

“El Potenciar es generado desde el Ministerio de Desarrollo Social que cede (la gestión) al Municipio para que entreviste a las mujeres o diversidades para que puedan acceder a este beneficio”.

“Dejemos de recortar la temática de violencia de género a situaciones puntuales y aceptemos el desafió de brindar respuestas integrales”, finalizó.

A casi un año del femicidio de Susana Melo en Ing. White, la familia denuncia que no tienen novedades del juicio ni de nuevas medidas en la investigación.

El 21 de marzo del año pasado, la mujer fue asesinada por su pareja, Raúl Gregorio Costa, quien confesó haberla matado y permanece en prisión preventiva desde entonces. Días atrás, allegados a la víctima denunciaron que Costa tenía acceso a redes sociales.

“Hace unos días me llamaron de la Comisaría 3º para ir a identificar ropa de mi mamá que secuestraron en el allanamiento hace casi un año. Solamente nos tomaron declaración cuando todo pasó, después nunca nos llamaron”, señaló a FM De la Calle Rosana, hija de Susana.

Agregó que “le hicimos saber enseguida a la justicia que tenía acceso a redes, no puede ser que el goce de esos derechos adentro, nosotros estamos esperando el juicio y no pasa nada”.

Dos meses antes del femicidio, Costa golpeó a la víctima y le fracturó la tibia y el peroné. Melo terminó internada. “Cuando la mandó al hospital en enero le mandaba mensajes amenazándola. Esos mensajes los tiene la justicia. Cuando la mató andaba contando por todos lados que le iba a pegar un tiro”.

Rosana radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer cuando Costa golpeó a su madre: “Quedó en la nada porque tenía que ir a declarar una de las testigos que es clave para el juicio y la señora no quería tener problemas, no sabemos si estaba amenazada”.

“Tengo entendido que tuvo otras denuncias, de su pareja anterior y varias denuncias más por inconvenientes en la calle”, subrayó.

Rosana señaló que noticias como el femicidio de Úrsula Bahillo la hacen pensar en su madre. “Creemos que las mujeres estamos muy desamparadas, porque a la primera denuncia tienen que hacer algo, si tiene una perimetral y se vuelve a denunciar que se acercó, no hacen nada. La justicia a la mujer no la cuida, si no nos cuidamos entre nosotras no nos cuida nadie”.