Desde hoy y hasta el viernes se realizarás las jornadas “Sentimiento Latinoamericano” con la presencia del comunero venezolano José Miguel Gómez, miembro del Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores y del Observatorio internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos.

Participarán además trabajadores de Zanón (Neuquén) y Textiles Pigué. Las actividades son coordinadas y convocadas por El Grito, movimiento desde abajo, y organizadas junto a Extensión UNS, Frigorífico INCOB, Instituto Avanza, FM De la Calle y Casa del Pueblo.

“Venezuela ha venido desarrolando una nueva democracia, participativa y protagónica, y esta democracia tiene como punto fundamental formas nuevas de participación de la gente en sus territorios, en sus comunidades”, afirmó el dirigente en diálogo con FM De la Calle.

Gómez es comunero en la ciudad de Barquisimeto, en la región centro occidental del país, “una ciudad con vocación industrial pero también con buena parte de zonas de campo. Hemos dicho que esta forma de autogobierno debe ser impulsada como un centro muy importante económico y esa economía puede concretarse en base a la unidad productiva del pueblo”.

“Esto nos lleva a que podamos ver formas en las cuales los medios de producción se convierten en una palanca, una herramienta de los autogobiernos del pueblo y que, a su vez, todo este potencial pueda apuntar hacia la creación de sistemas de gobierno” y “un sistema financiero del pueblo”, dijo.

Este miércoles a las 10:45 trabajadoras y trabajadores de la Cooperativa INCOB brindarán una conferencia de prensa en el marco del segundo aniversario de la “plena gestión obrera” que se cumplirá el viernes.

“Queremos mostrar a la sociedad nuestra cooperativa en cuanto a lo laboral y a su inserción social. Por otro lado, necesitamos nuestra expropiación para seguir trabajando”, manifestaron.

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Fueron las palabras de Leandro Aparicio, abogado de la familia Almada, en comunicación con FM De la Calle, luego de la pericia realizada por Gendarmería el viernes pasado, confirmando el cambio de carátula en la causa, y a raíz de los tres allanamientos efectuados el lunes.

Respecto a cómo se realizó este tipo de pericia, utilizando un muñeco con las características físicas de Ángel, y cómo el cambio de caratula encamina la causa, el abogado refirió que se logró gracias a “un cúmulo de pruebas que fueron solicitadas hace tiempo, algunas se han efectivizado, otras todavía resta concretar”. De alguna manera, “esto sería el broche final para cerrar de una vez por todas la hipótesis planteada por la policía, y por algunos interesados, en desviar el tema”.

Aparicio aseguró que “ya había numerosos indicios de que no era así [un suicidio]”. Entre otras cosas, menciona las declaraciones de “testigos a los cuales les habían hecho tomar declaración y estaban sin dormir, firmaron un testimonio del cual no le permitieron corregir nada; testimonios calcados, repetidos o con palabras y frases hechas; eso ya estaba en conocimiento de la fiscalía”.

También “testimonios contradictorios de muchas personas que han declarado falsamente en la causa; el informe unánime de las psicólogas de ALBA; y finalmente la pericia que se realizó el viernes que al fiscal y a la opinión pública les dejó en claro que esto fue un homicidio”, aseguró.

Al consultársele sobre si la causa se desdoblaría en dos, homicidio y encubrimiento (o falso testimonio), el abogado de la familia Almada negó que haya ocurrido: hay una sola causa, más allá de que esté solicitado hace tiempo por la querella, la imputación, el falso testimonio y encubrimiento agravado respecto de determinadas personas”. Agregó que no tiene inconveniente en que sigan dentro de la causa principal y que cuando estén acreditadas para procesar o detener se efectivice.

Asimismo aseguró que tienen identificados a quienes habrían cometido el crimen, y para avanzar “tenemos que reforzarlo con algunos testimonios que venimos pidiendo de personas que no estaban en White, que las identificamos y sabemos en qué lugar estaban”.

Respecto a esa noche, si bien varias cosas no se pueden precisar en este momento, Aparicio explicó qué habría ocurrido. “Sí sabemos que Ángel fue interceptado por dos personas, por ese video que apareció un año y medio después que estaba en poder de policía de la provincia. Sabemos que a algunas personas se les ha escapado en alguna ronda de droga, de alcohol, lo que pasó esa noche. Y muchas personas lo han testimoniado judicialmente”.

diariovillarinoY aseguró que tienen sospechas sobre “otra persona que está omnipresente durante toda la noche, y que entendemos que también tiene que ver. Hemos pedido su incorporación a la causa ya no como testimonio, como imputación. Esas son las pistas más firmes que tenemos hasta el momento”.

En relación a los allanamientos reveló que “se buscaban teléfonos del ex delegado de White, Marcelo Acosta; Pagotto, amigo de Acosta, y una tercera persona (que no se puede nombrar)”, para recabar información, conversaciones, “todo lo que se puede buscar de personas que están sospechadas”. Esto no sería sólo en relación a quienes habrían intervenido esa noche, sino de lo que pasó después del crimen.

Sobre las fuerzas policiales que intervinieron esa noche, y las responsabilidades que les corresponde aseguró:tiene que ser girado a Asuntos Internos de la policía de Buenos Aires, y que se hagan los sumarios administrativos más allá de la responsabilidad penal que les corresponde”.

AngelAfirmó que “la policía actuó mal tomando declaraciones y después apretando a distintos testigos. Sé que el ex delegado jugó un rol importante manejando, de facto, la investigación. Después […] sospecho, intuyo, que el grado de complicidad no solamente estaba ahí en la comisaria de White, sino también en la DDI”. Y remató: También puedo pensar que está relacionado con la droga, ¿por qué no voy a pensarlo cuando se encontró el cargamento más grande de cocaína en White?

Sobre la labor del fiscal anterior a Romero Jardín,  Mauricio Del Cero, fue tajante: “No quiero hablar más de eso porque me parece patético, vergonzoso, que una persona agarre una causa un día y esté dando dos días una conferencia de prensa, dando a conocer (después de hablar con La Brújula) los nombres de los posibles sospechosos. […] Es lamentable”, concluyó.

 

(Por Astor Vitali) A partir de los resultados electorales de octubre Cambiemos puso en marcha un plan de reformas estructurales. El propio gobierno puso en agenda como principal cuestión la reforma laboral. Hay que prestar atención a esto porque mientras tanto intentarán pasar el colador del Congreso otros proyectos de ley de relevancia.

Que el macrismo impulse una reforma laboral es parte de su programa y de su naturaleza. Son patrones. De manera que, cuestionar a gentes de derechas por aplicar políticas de derechas es inconducente. Están en el gobierno e intentarán aplicar los mayores beneficios para la clase que representan.

El problema está en otro lado. Por más legitimidad que ostente Cambiemos luego del triunfo electoral, ninguna reforma de tamaña dimensión es realizable sin la connivencia de amplios sectores o sin el uso de la fuerza. Porque más allá de los votos que podrán cosechar con o sin BANELCO, una reforma de estas características no es realizable si el movimiento obrero organizado se planta en serio.

¿De qué reforma estamos hablando? Como bien ha expresado un documento emitido por el Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, “en líneas generales, estamos frente al intento de reforma de la legislación laboral más importante, en términos cuantitativos y cualitativos, desde que en 1976 la última dictadura militar modificó gran parte de la ley de contrato de trabajo que había sido sancionada dos años antes. Más que un proyecto de ley, estamos frente a un verdadero programa de los empleadores en materia de relaciones laborales, en el que se abordan prácticamente todas las demandas del sector empresario, a excepción del sistema de representación sindical y de negociación colectiva que siguen siendo centralizados”.

En términos concretos, entre otras cosas, la reforma busca fomentar la tercerización, reducir las indemnizaciones por despido, ampliar las facultades patronales para modificar las condiciones de trabajo, habilitar la renuncia a los derechos laborales, legalizar el fraude laboral a través de la contratación de monotributistas, extender las pasantías laborales, flexibilizar la jornada de trabajo por medio del banco de horas y del contrato a tiempo parcial, reducir el plazo de prescripción laboral, ofrecer mayores facilidades para el despido de trabajadores a través del “Fondo de cese laboral”, ampliar la licencia parental y crear la licencia sin goce de haberes por razones personales, aplicar un registro laboral y abaratar del despido de trabajadores no registrados, reducir los aportes patronales y cancelar personerías e inscripciones gremiales.

Desde el punto de vista parlamentario, con excepción de la izquierda, ninguna fuerza política ofrece garantía de que no va transar elementos para que finalmente salga la reforma laboral con el menor grado de modificaciones. De hecho, un desembarazado Miguel Ángel Pichetto dijo hace pocas horas a Joaquín Morales Sola que “el lugar del peronismo es un centro que avance hacia un capitalismo moderno” y que no cree en el “bloqueo” como método de ejercer la oposición. En otras palabras, busca lavar la cara kirchnerista del peronismo para retornar al poder en sintonía con los cambios de época.

Por otra parte, el facilitador peronista del macrismo dejó en claro que “al gobierno no le conviene afrontar un debate sin tener un acuerdo razonable con la CGT”.

Y ahí hay un punto central: pongamos que dentro del congreso no aparece una resistencia de fuste ¿qué ocurrirá en calle y en los ámbitos de negociación política? Dejemos en claro que si las tres centrales obreras de este país acordaran un rechazo rotundo a la reforma laboral ésta es inaplicable. Ningún gobierno puede resistir a un paro por tiempo indeterminado los sectores público y privado.

En cambio, en el reino del revés, la CGT, la principal central obrera del país ya comienza a dar señales de acuerdo. No pasó ni una semana. Ni siquiera sobreactuaron por unos meses. Apenas rechazaron el viernes el punto medular que versa acerca de la definición de trabajo, en cuya versión macrista se pone en condición simétrica al trabajador respecto del empresario, relación de evidente desigualdad. Quitando esta modificación de carácter profundo y filosófico, la CGT ya comenzó a filtrar por diversos medios que se acercarían a un acuerdo.

Por más elementos que logre negociar la CGT, de todas maneras la reforma realizada sobre el presente borrador actuará en detrimento de la clase trabajadora. Porque el concepto que opera en los cabecillas de la banda empresario-sindical se basa en que “hay que mirar las urnas” y que “hay que negociar” porque “la gente quiere esto y lo demostró en las urnas”.

Contrariamente, el votante macrista que trabaja no votó por esta reforma ya que es una que no estuvo anunciada y que excede en mucho las dimensiones de toda reforma laboral realizada en la argentina. Sólo es comparable con la de la dictadura. No estaba esto en el imaginario social.

Con todo, las cúpulas del sindicalismo cegetista argentina son víctimas de su propia política: han desmovilizado a las bases y no cuentan con masas conscientes capaces de resistir la reforma. Y ellos no se sienten con el suficiente poder en el contexto político actual como para determinar el rechazo de plano.

La aplicación de reforma laboral depende de la aceptación del movimiento obrero organizado en un país en el que aún el sindicalismo tiene un peso importante en el esquema de las negociaciones y sobre todo en el impacto económico que puede producir que se pare de manos contra un gobierno.

Terminaremos este comentario como comenzamos. Es natural que el macrismo, como representante de una clase empresaria y poderosa busque destruir la capacidad de negociación de la clase obrera. También debería ser natural que los sindicatos, sobre todo los más poderosos, se opongan rotundamente y muevan todo lo que haya que movilizar para rechazar un reforma carnicera como la que busca consensuar Cambiemos.

Todo esto sería lo natural. Vamos a ver cómo es.

“Los trabajadores del Estado perderíamos derechos si pasamos a tener los requisitos con que se jubilan a nivel nacional”, aseguró el secretario gremial de ATE Provincia de Buenos Aires respecto al proyecto de armonización del Instituto de Previsión Social con el ANSES.

Días atrás el dirigente estuvo en Bahía Blanca explicando el rechazo sindical a la medida y en diálogo con FM De la Calle recordó que “cuando se aprobó la Ley de Reparación Histórica con el blanqueo de capitales, un artículo plantea que las cajas previsionales que todavía están en la órbita de la provincia de Buenos Aires tienen 120 días para firmar un convenio con el ANSES. A partir de ahí empezarían a hacerse auditorías contables y comenzaría un proceso de armonizar las cajas previsionales”.

“Vamos a tener que aportar cinco o diez años más, vamos a tener que trabajar más, no vamos a tener la movilidad. Esto quiere decir que cuando los trabajadores activos conseguimos un aumento salarial automáticamente al mes se ve en los salarios de los jubilados, si avanza esta decisión de cumplir esta ley lo perderíamos”, agregó.

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Para el secretario gremial de ATE la decisión “está enmarcada en una política de este gobierno que es volver a la década de los ’90 con el tema de jubilaciones, que es volver a las AFJP”.

Fotos: ATE

El secretario adjunto de la Asociación Sindical de Mensajeros y Cadetes, Jonathan Landa, fue despedido por la empresa B.K.T. S.R.L. (Milanno) y denunció que se trata de “una persecución gremial”.

El gremialista explicó a FM De la Calle que “el viernes realizamos una asamblea –todo notificado en el Ministerio de Trabajo, a través de cartas documento a la patronal, todo hecho en el marco de la legalidad-. El lunes cuando llegué al trabajo me encontré con el telegrama de despido en la mano”.

Landa comentó que empezó a trabajar para la empresa en enero y que “por una serie de cuestiones no se le paga al conjunto de los trabajadores de la ciudad porque no está encuadrado en ningún convenio. Paralelamente, durante todo el tiempo, no percibí aportes ni pago de la obra social motivo que provocó que empezáramos a realizar los reclamos pertinentes, primero charlando con la patronal y después a través del Ministerio de Trabajo”.

El inconveniente continuó un largo tiempo, “siempre se adujo que no había dinero, que los costos no daban; situación que terminó de decantar en los últimos tiempos cuando nos enteramos que los mismos dueños abrían un tercer local” y decidieron convocar la asamblea.

Respecto a las condiciones de trabajo advirtió que están bajo convenio gastronómico, sin embargo, ilustró que “un compañero que trabaja seis horas en esa empresa percibe un salario de $9600. Nadie puede vivir con ese dinero”.

El secretario de ASTRAMYC explicó que uno de los planteos a la empresa era un aumento de dos pesos por viaje “sobre el desgaste del vehículo –que encima era por productividad–, porque si no había viajes ellos no lo tenían que pagar. […] No quisieron negociar y quisieron cerrar la negociación de manera unilateral”.

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Sobre la asamblea del viernes aseguró que recibió “varias presiones por parte de los dueños, nuestros compañeros recibieron amenazas de despido, las chicas que estaban adentro [de los negocios] les dijeron que la comida que sobraba, que a veces nos la daban, la tiraran en vez de dárnosla y que si hablaban con nosotros podrían ser suspendidas”.

Landa aseguró: “Estamos pidiendo algo que nos corresponde, estamos pidiendo algo que nos deben. Nos han descontado –a mí por lo menos– en el recibo de sueldo durante ocho o nueve meses la obra social y los aportes y no los percibí. Estuve sin obra social todo este tiempo, cada vez que me enfermé tuve que pagar un médico particular para poder llevar un certificado porque si no perdía el presentismo”.

Esta mañana estuvieron en el Ministerio de Trabajo. Al respecto, el trabajador despedido dijo que notificaron “que los compañeros van a realizar una asamblea mañana donde posiblemente se resuelvan medidas de fuerza, porque esta cuestión que me pasa a mí no tiene que ver con la falta de dinero, acá lo que se está llevando adelante es una persecución gremial por el hecho de llevar adelante un proceso de organización en esa empresa”.

“Se quiere aleccionar al conjunto de los trabajadores en un marco bastante adverso y frente a eso lo que tenemos que hacer nosotros es llevar una respuesta colectiva y decirles que hay cosas que no nos van a poder tocar”, concluyó.

Es por el delito de asociación ilícita y, en un caso, por el homicidio en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo. La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el viernes los procesamientos de cinco personas por el delito de asociación ilícita, al considerar acreditado que formaron parte de la organización Triple A. Se trata de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero.

La resolución alcanza a uno de ellos, también, por el homicidio del dirigente estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en abril de 1975. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad, que encabezan Miguel Palazzani y José Nebbia.

La investigación involucra además al ex camarista Néstor Montezanti quien fuera declarado en rebeldía con prohibición de salir del país por el juez Alejo Ramos Padilla durante su paso por el juzgado local.

El fallo del Tribunal revisor fue liderado por el voto de César Álvarez, al que adhirió su colega José Mario Tripputi. Al tercer juez -Pablo Candisano Mera- se le aceptó la excusación. De esa forma, se confirmó lo resuelto en abril de 2015 por el juez subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, y fue rechazada la apelación de la defensa de los imputados.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

Dentro de ese marco es que ahora están procesados Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero como coautores del delito de asociación ilícita, “calificado como de lesa humanidad”.

Curzio, de acuerdo a la pesquisa, fue identificado entre “los matones de la patota de la UOCRA” local, dominada por el diputado Raúl Ponce. Chisú, por su parte, se incorporó, tras el golpe de Estado, como agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Para la Cámara Federal, los elementos de prueba reunidos permiten tener demostrado que los imputados participaron de las actividades desplegadas por la organización delictiva, “brindando su aporte material” para “cumplir con los objetivos criminales propuestos”. Además, mantuvo su prisión preventiva.

Los camaristas señalaron que Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

Homicidio en la Universidad

Los jueces Álvarez y Tripputi confirmaron también el procesamiento del acusado Aceituno por su participación en el “homicidio agravado del que resultó víctima David Hover Cilleruelo”. El agravamiento del delito radica en “haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”: varios testigos coincidieron en que “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo y el propio Aceituno.

Cilleruelo era secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. Fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975 en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS. Para aquél día estaba pautada la inscripción de los estudiantes en las distintas materias y Cilleruelo se encontraba junto a sus compañeros convocando a los alumnos a la participación en la Asamblea de delegados de Centros de Estudiantes para la ratificación de las autoridades de la Federación Universitaria que lideraba.

De acuerdo a la investigación, Cilleruelo fue abordado por un grupo de integrantes de la patota y baleado en presencia de gran cantidad de alumnos, “para luego retirarse del lugar en un vehículo Ford Falcon color verde claro, con techo vinílico color blanco, con patente de bronce que brindaba constancia de su pertenencia al Rectorado de esa institución”.

Fuente: fiscales.gob.ar

A raíz del estancamiento en las negociaciones salariales entre SATSAID y las cámaras empresarias de canales abiertos y productoras, el gremio iba a realizar un paro por 24 horas que fue frenado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación mediante una conciliación obligatoria por el plazo de quince días.

Horacio Tolza, secretario del sindicato, comentó a FM De la Calle que “estamos de asamblea hace veinte días. Este año, como el año pasado, se ha puesto difícil. Se pretendía el 29% de una suma fija y la paritaria arranca mal porque ofrecen el 18%, muy lejos de lo que teníamos previsto”.

Lo mismo ocurrió con la suma fija mínima que no alcanzó al monto pedido de $15.000. “Empezamos con el tema de la flexibilización, querer tocar el convenio de trabajo de televisión. Ahí nace el conflicto”, explicó.

“Los trabajadores estamos disconformes con ese aumento que nos quieren dar. Si el mismo gobierno está diciendo que va a haber un 25% de inflación y nosotros quedaríamos en un aumento de salario que fue lo último que se cobro el año pasado, es un 20%”.

Tolza expresó que “los canales importantes a nivel nacional tienen mucha publicidad, igual que los canales de Bahía Blanca. Siempre aducen al tema económico. Indudablemente el trabajador no tiene por qué pagar las consecuencias. Tampoco nos vamos a parar en 29% y no nos vamos a mover; de 20 a 29% la diferencia es mucha”, concluyó sobre el aumento que les otorgarían.

Horas después de la entrevista el Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria, por lo cual, el Consejo Directivo Nacional de SATSAID resolvió “acatar la orden, suspendiendo las medidas de fuerza dispuestas” para el miércoles 18 (a partir de las 0 horas). También aceptó “acudir a las audiencias con la petición del 29% de aumento más una suma de $15.000 y la mejora del aporte extraordinario para acción social, aprobada por los cuerpos orgánicos y representados, con el fin de lograr un acuerdo”, según detalla el comunicado.

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(Por Mauro Llaneza) Durante la semana se realizaron ocho allanamientos en empresas radicadas en el polo petroquímico de Ing. White que vierten sus desechos en el estuario bahiense. Los operativos son parte de la causa judicial que investiga la contaminación denunciada por pescadores artesanales en 2011.

La búsqueda de vertidos líquidos y sólidos se centró en los canales utilizados por TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar –ex Solvay Indupa-, Profertil, Oil Tanking y ABSA en el interior de sus plantas o sobre la ría. También se relevaron peces y crustáceos.

“Todo para poder hacer la pericia que determine si la tesis de la Fiscalía es correcta”, aseguró Alejandro Cantaro, quien sostiene “que las empresas del polo vierten residuos tóxicos peligrosos en la ría poniendo en riesgo la salud pública y, por tanto, cometen delito”.

Lucas Beier, abogado de los denunciantes, declaró que “fue un arduo trabajo en conjunto con la Fiscalía para poder coordinar la fuerza de seguridad, la universidad, conseguir que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires pueda realizar los estudios de las muestras tomadas”.

“La pericia es importante (…) para dejar tranquila a la población sobre si puede ir al muelle de Cerri, pescar una corvina y comerla o, al contrario, es mejor no comerla y tenemos que ir a la pescadería a buscar cualquier pescado que no sea de este ambiente”.

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Se estima que en poco más de un mes el juez Walter López da Silva podría contar con anticipos informativos y luego incorporar los resultados definitivos. Los análisis, financiados por el Consejo de la Magistratura, estarán a cargo de la UBA y la Policía Federal colaborará en el estudio de “algunos sólidos” y de “la fauna ictícola” secuestrada.

“Determinado esto, se va a continuar con la causa y se van a atribuir las responsabilidades llamando a indagatoria y elevando a juicio la causa penal”, dijo Beier.

Cantaro agregó que secuestraron documentación relacionada “con las autorizaciones que las empresas tienen, las cantidades por las que están autorizadas para verter, si están dentro de los estándares correctos, si están vigentes, cómo es el circuito de autorizaciones entre provincia y Municipalidad”.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

“Esto es muy importante porque los expertos van a valorar no solamente si encuentran en agua, en el fango de la ría o en los peces y crustáceos, elementos, material tóxico, sino también cuáles son las autorizaciones que tengan”.

Según pudo saber FM De la Calle, las multinacionales presentaron una gran cantidad de permisos con al menos un año de vencimiento. Desde el sector empresarial responsabilizaron al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible por no realizar los controles necesarios para la renovación de la documentación.

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Beier recordó que respecto a ABSA el juez Agustín López Cóppola dictó una medida cautelar en el expediente de la demanda civil a través de la cual ordenaba al gobierno provincial “prever la posición de las plantas de tratamiento de todos los efluentes que terminen en el estuario”.

Sobre la ría hay tres, cercanas a Cerri, Ing. White y Punta Alta. “Están haciendo la planta de tratamiento de la que está pasando Ing. White y con eso el juez dio la orden por cumplida y nosotros apelamos”, sostuvo el abogado.

Tras el allanamiento del jueves en ABSA, fuentes judiciales afirmaron a FM De la Calle que “no hay ningún tipo de tratamiento de los líquidos cloacales”. Por la Primera Cuenca evacúan todos los sumideros locales con un filtro que evita el paso de algunos objetos. “Eso cuando funciona la planta y ahora no está funcionando, sale todo”.

No fue pericia, fue allanamiento

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El fiscal Cantaro destacó que el polo es “públicamente reivindicado como un sector de poder económico y privilegiado por las conducciones políticas. Sin que esto signifique que haya ninguna presión ni intervención, pero en todo delito complejo y donde quien se investiga tiene resorte de poder siempre es mucho más difícil”.

Luego del primer día de allanamientos, la Unión Industrial desinformó a través de los medios de su vicepresidente, Gustavo Elías, que “seis compañías miembros de la institución recibieron peritajes en sus instalaciones por una orden dictada por el Juzgado Federal Nº2 Secretaria Penal Nº6”.

“Se tomaron muestras en los sitios de vuelco de efluentes líquidos de las distintas plantas y se obtuvieron registros relacionados a las mismas. Entendemos que estos procedimientos son parte de un proceso judicial, sobre el cual no contamos con mayor información dado que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario. De todos modos, las compañías y la institución brindarán su total colaboración y se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, firmaron el director industrial Roberto Elissamburu y el director ejecutivo Ricardo Rabbione.

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El fiscal afirmó que “en algunas empresas hubo resistencia, llamaron inmediatamente a los responsables de las áreas que estaban involucradas, inclusive llegaron los abogados y cuestionaban la toma de las muestras o quiénes eran los testigos que estaban presentes. En algunos lugares hubo un clima más hostil, en otros no. Yo estuve en Indupar -donde era Solvay Indupa- y acompañaron en la toma de muestra, entregaron la documentación rápidamente”.

“A ese comunicado le faltan dos palabritas centrales”, dijo Cantaro, “no habla de allanamiento ni secuestro. Ayer no se perició nada, ayer se allanó. Y los hechos demuestran que fue oportuno que haya sido un allanamiento porque, insisto, hay alguna resistencia en la entrega de la documentación y en la posibilidad de tomar las muestras”.

Por otra parte, el mencionado “secreto de sumario” no existe en la causa sino en la línea editorial financiada por el “único equipo integrado por el sector público y privado” que saludó el presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay, en la visita del martes a la planta de Dow.

*Las entrevistas a Alejandro Cantaro y Lucas Beier fueron realizadas por el autor de la nota en Radio Altos.

Esta mañana, artistas de la ciudad realizaron una intervención en el marco de las expresiones culturales que denuncian desguace cultural en Bahía Blanca. Intérpretes musicales y actores convirtieron el hall del palacio municipal en su escenario de denuncia. “No pasa naranja”, fue el poema de León Peredo abordado por Lucas Sánchez, Leonardo Fabrizi y Lucas Magallán. Luego, el guitarrista acompañó a Clementina Zivano haciendo “Para un amanecer” de Verónica Condomí.

A su vez, se anunciaron una serie de actividades emanadas de la asamblea realizada el sábado pasado en la sala El Tablado de la que participaron artistas de todas las disciplinas. De esta forma, el próxima miércoles 11 de octubre se llevará a cabo una charla debate en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur (Além 1253). La misma se realiza para reflexionar en torno de los 8 años de funcionamiento del Consejo Cultural Consultivo. Al día siguiente, habrá una conferencia de prensa en el hall municipal y posterior movilización con presencia también en el Honorable Concejo Deliberante.

¿Qué es el desguace cultural?

El pasado 2 de agosto, una movilización de trabajadores/as de la cultura solicitó una audiencia oficial al intendente Héctor Gay. El mandatario aún no ha respondido, así como a otros pedidos de audiencia como la de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. En esa oportunidad se  enumeró y describió el listado de problemáticas que atraviesa el sector.

  • Insuficiencia presupuestaria y ajuste.

Ya en el primer semestre de 2017 los recortes a nivel municipal están condicionando la actividad de diversas áreas, en particular las de la cultura, para cuya actividad, que reviste características especiales, existen recursos imprescindibles (por ej., horas extras, inversión en infraestructura e insumos, etc.).

  • Precarización laboral de los/as trabajadores/as de la cultura.

Ausencia de soluciones para las situaciones de irregularidad arrastradas desde hace años y generación de nuevos problemas (por ej., no regularización de la planta temporaria que realiza tareas permanentes, empeoramiento de las condiciones laborales de quienes se encontraban en régimen de destajistas, etc.).

  • Avasallamiento de la carrera administrativa y la idoneidad.

Designaciones directas de cargos políticos que terminan convirtiéndose en planta municipal, colocaciones de funcionarios/as no idóneos en los espacios culturales-artísticos municipales.

  • Desarticulación de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar.

Tras una serie de promesas incumplidas, la Orquesta no comenzó sus tareas en lo que va de 2017, dejando a los/as estudiantes sin este espacio de referencia y formación y a sus trabajadores/as que tienen más de 8 años de labor ininterrumpida sin su fuente laboral. Desprecio por los/as músicos/as que desempeñan sus funciones en la misma. Ausencia de transparencia respecto a los compromisos asumidos en la dilatada negociación.

  • Desarticulación de los Museos Municipales.

A través del ajuste y la desinversión, la ausencia de políticas en esta área, el avasallamiento de la carrera administrativa y la precarización de sus empleados/as.

  • Desarticulación de los Talleres Barriales.

Generalización de la contratación por régimen de monotributo, retrasos en los pagos de haberes, desconocimiento de los acuerdos anteriores que fijaban una remuneración mínima.

  • Desapoyo al Teatro Municipal.

Su actividad de ve afectada por una creciente derivación de las actividades hacia su presupuesto. Temor por la continuidad de los talleres gratuitos que allí se dictan.

  • Subestimación y tratamiento discriminatorio a los artistas del colectivo Los Chopen.

Inestabilidad en las condiciones de apoyo brindadas a sus funciones, subestimación de su carácter de artistas, falta de atención y respuestas.

  • Incumplimiento de la ordenanza de Espacios Culturales Independientes.

Con dilaciones en su aplicación y medidas gubernamentales que dificultan el desarrollo de los mismos, incluso atentando contra la existencia de algunos (por ej. La Nave)

  • Dilaciones en la aplicación de los subsidios de Hechos Artísticos y Culturales con continuidad en el tiempo.

Pese a la disponibilidad de este Fondo existente desde principios del año, cuya ordenanza se ha aprobado por unanimidad, y a los acuerdos arribados en el seno del Consejo Cultural Consultivo, desde el área de Economía se encuentran demoradas las entregas, lo cual condiciona la realización de estas actividades, para muchas de las cuales el área de Cultura había comprometido recursos.

 

Eugenia Justo, integrante de Suteba Bahía Blanca, analizó en FM De la Calle la reforma educativa que propone el macrismo para la provincia a través del Plan Maestro y la “secundaria del futuro”. La charla se dio en el marco de la toma de colegios porteños por parte de estudiantes que exigen participar en la discusión sobre las modificaciones impulsadas por el gobierno de Cambiemos.

En diálogo con El Mejor Equipo (martes de 10 a 14) la docente dijo que el proyecto Secundaria 2030 es más de lo mismo con “reminiscencias de lo viejo”.

“Es una segunda generación de reformas. La primera generación arrancó en los ’90 con Ley Federal de Educación. Luego tuvimos una continuidad con la Ley Nacional de Educación del 2006 del kirchnerismo. Es la profundización de las reformas anteriores”, sostuvo.

Justo aclaró que desde el gremio no se oponen “bajo ningún concepto a reformar. Nosotros entendemos que esta escuela secundaria ya no da respuestas; que esta escuela secundaria ya no cumple con los objetivos que alguna vez tuvo, que eran: generar jóvenes para el mundo del trabajo, para la continuidad de los estudios superiores. Es una escuela secundaria que tiene que replantearse funcionamientos, metas, pero no bajo la lógica que propone el Plan Maestro o el gobierno de Cambiemos”.

“Hay una tendencia hacia la mercantilización y a convertir la educación en un negocio, en el cual no hay que dar a conocer tanta información. Por lo tanto, enajenar a las familias y a lxs alumnxs, no tiene que saberse”.

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La docente explicó que el principal objetivo de la reforma será preparar a las y los jóvenes para el mercado del trabajo. “Hay un fuerte pedido del mercado laboral de generar un determinado tipo de mano de obra. Esa mano de obra tiene que ser formada por la escuela secundaria. El mercado necesita una mano de obra abaratada, emprendedora, es decir, que sea responsable de la propia búsqueda de su empleo. Pero un empleo que no va a encontrar fácilmente sino que lo va a tener de elaborar y a su vez adaptándolo a la flexibilización”.

Justo destacó que los contenidos se reducirán porque “solo se van a ofrecer capacidades a las que llamamos blandas. Estamos diciendo que se está borrando el conocimiento. Por lo tanto, estxs chicxs para qué van a querer resolver tanto si lo que van a tener que resolver es de qué van a vivir”.

Respecto al impacto local, la dirigente de Suteba comentó que “la provincia de Buenos Aires está entre las que van a iniciar la secundaria del  futuro. Las experiencias van a ser pilotos, plantean una gradualidad de acá al 2021. La provincia ya tiene escuelas seleccionadas y Bahía tendría tres escuelas piloto de la secundaria 2030”.

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Los niveles primaria e inicial también tendrán cambios: “Los jardines de infantes uno de los mayores problemas que tienen es que no tienen los edificios que deberían tener. La publicidad del Plan Maestro y de Cambiemos -apenas asumieron- era que se iban a crear tres mil jardines, entendiendo que era una necesidad que realmente falta. Hay matrícula que no tiene jardín, niñxs que no pueden insertarse en ningún jardín o en ningún aula. La promesa fue construir tres mil jardines en el transcurso de los cuatro años. Hasta el momento tienen construidos 26 y ya el nuevo ministro de Educación está diciendo que no se van a construir jardines sino aulas. Por lo tanto, el nivel inicial tiene que ser urgentemente atendido”.

“En Bahía Blanca ha crecido mucho, hay sectores como Villa Delfina que tenemos excedente de chicos, que quedan fuera. Alrededor de 60 chicxs por barrio, estamos diciendo que esto impacta en la comunidad directamente. Esas familias no van a poder trabajar porque van a tener que cuidar a esxs niñxs. En Bahía Blanca falta siete jardines más o menos, todavía no se ha construido nada. Los jardines del centro no tienen excedente de matrícula, esto ocurre en los barrios de la periferia”.

Finalmente, Eugenia Justo dijo que “en la primaria la gran modificación que se viene es esto de hacer trabajar a la escuela por proyecto, ofrecer no escuelas como las conocíamos ahora sino ofertas educativas”.

“Cada escuela presenta su oferta educativa, la tiene que organizar y la tiene que llevar adelante. La autogestión es una palabra clave, que todavía no se erradicó y sigue estando presente, es muy propia de la Ley Federal de los años ’90 y, sin embargo, vuelve como paradigma en esta idea de que el Estado se corre de algunas responsabilidades, la comunidad ingresa como responsable de generar, de sostener esos proyectos educativos de la mano del sector privado”, afirmó.

La gobernadora María Eugenia Vidal denunció en Bahía Blanca supuestos “pedidos desmedidos” por parte de la UOCRA a empresarios locales referidos a la contratación de determinadas empresas de transporte y viandas de alimentos. La Unión Industrial y la Cámara de la Construcción se manifestaron públicamente en el mismo sentido y el intendente Héctor Gay pidió que la Fiscalía actúe de oficio.

Tras designar a Gustavo Zorzano para tal fin, el fiscal general Juan Pablo Fernández dialogó con El Mejor Equipo de FM De la Calle.

“La investigación comienza en función de una gran cantidad de notas periodísticas por las cuales se dan a conocer una serie de irregularidades, que podrían consistir en hechos de naturaleza delictiva como, por ejemplo, el delito de extorsión”, dijo.

Agregó que “alguna de ellas ya planteaba un hecho concreto, que se podía llegar a individualizar. Esto generó la decisión de realizar una investigación penal preparatoria”. “Será el fiscal Zorzano, quien con todo el material periodístico compilado, podrá empezar a tomar declaraciones y realizar la averiguación correspondiente sobre la existencia de hechos específicos, circunstanciados”.

Sin embargo, “en alguna de esas notas periodísticas sí se daba la pauta de un hecho referido a un acontecer histórico determinado. A partir de ahí, se puede tomar la punta de ese ovillo y empezar a desarmar la madeja”, explicó.

En relación a si el hecho concreto serían las supuestas presiones por parte de UOCRA a empresarios, para la contratación particular de empresas vinculadas a determinado transporte o servicio de viandas, el fiscal general afirmó: “Hay un hecho circunstancial, hay que ver si esto efectivamente fue así. En eso consiste la investigación”.

Juan Pablo Fernandez

“Más allá de comentarios al respecto que se venían haciendo en la ciudad sobre esta modalidad operativa, hay que señalar que nunca hubo una denuncia concreta por parte de las presuntas víctimas. Y esto es importante: que las víctimas de esta clase de hechos se presenten en la justicia, se comprometan y denuncien porque es la forma de acabar con esta circunstancia”.

Respecto a si les cabe algún tipo de responsabilidad a las empresas ya que no habían hecho las denuncias pertinentes y accedieron a esas condiciones de trabajo, Fernández dijo: “Si estamos frente a una situación de extorsión, no; porque el sujeto extorsionado no tiene la libertad de elegir, es la víctima del delito”.

“Distinto puede ser otro tipo de situaciones en que puede llegar a haber alguna connivencia empresarial. Acá se está hablando de otra cosa, de circunstancias en las cuales, empresas constructoras serían victimas de aprietes ilegales que encarecerían la construcción, en función de exigencias ilegales de contratación determinadas, o determinadas sumas de dinero”.

“En principio, si esto efectivamente se corrobora, estaríamos frente a un delito de extorsión, donde el único sujeto activo del delito –para llamarlo con propiedad– es el extorsionador. La otra persona, el que paga, es el extorsionado y la víctima”, ratificó.

Luego del accidente que sufrió el lunes por la tarde Fernando Merino, obrero de la empresa Ecosur –contratada por ABSA–, El Mejor Equipo se comunicó con el titular de Defensa Civil, José Luis Holzman, para saber cómo fue el rescate en la obra de Garibaldi al 100.

El funcionario aseguró que “el personal de guardia lo que me refiere es que esta persona se hallaba presionada por la tierra que se derrumbó. La tarea de rescate demandó entre 45 minutos y una hora”, ya que la filtración de agua que estaba reparando, mezclada con la tierra produjo barro; Merino tenía botas colocadas, que generaron un efecto ‘ventosa’ a la hora de intentar extraerlo de la zanja.

Respecto a las condiciones de trabajo que se apreciaban, el titular de Defensa Civil dijo: “Lo que nosotros pudimos observar –no somos técnicos ni entendidos en el tema–, para el trabajo que estaba realizando, quizás hacía falta contención dentro de la zanja, algún sistema que evitase que la tierra se desmoronara”.

El arnés que tenía el obrero ayudó al momento de la extracción. Holzman indicó que de ahí “se hacía la tracción para retirarlo [de la zanja]. También tenía un cabo de vida, una soga adicional, que sirve para llegar en forma inmediata hasta la persona”. Además, reiteró que “se hizo muy difícil la tarea para retirarlo” debido al barro que se había formado.

“Mínimamente, cuando uno está trabajando bajo estas condiciones, se puede presuponer que puede haber algún derrumbe por la condición de la tierra empapada en agua; por lo menos arbitrar los medios mínimos para que esto no ocurra. No somos técnicos ni especialistas, por eso se dio intervención a personal de la policía y policía científica. Ellos determinarán las condiciones en cuanto a riesgo de vida y seguridad que se pudieron haber cumplido o no en el trabajo”, afirmó.

Defensa Civil trabajó en el lugar hasta que Merino fue trasladado al Penna, luego le dieron lugar a policía científica para que analice la situación. “La parte de la evaluación pasa por una cuestión de que hay que investigar si estaban dadas las condiciones de seguridad para trabajar en el lugar”, concluyó Holzman.

Foto: Canal 7.

El lunes por la mañana, organizaciones sociales, sindicales y gente de a pie manifestaron su apoyo al reclamo de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar. El organismo convocó a realizar un “vacío simbólico” basado en hacer unos minutos de silencio a modo de representación de la falta de respuesta que atraviesan muchos proyectos culturales y educativos de la ciudad.

La orquesta ha pedido audiencia con el intendente municipal, Héctor Gay, ya que la subsecretaria de Formación y Promoción Educativa, Morena Llanca Rosello, responsable política del cuerpo, no ha resuelto el normal funcionamiento. Treinta niños, niñas y adolescentes no tuvieron clase en todo el año. Sesenta esperan por ingresar. Nueve docentes sin cobrar.

Pese a haber aprobado una orden de compra el 30 de julio, la misma subsecretaría ha trabado la firma de los contratos.

Astor Vitali, Secretario General de UMSur, abrió el acto recordando la situación de la orquesta y destacó que “buscan generar depresión y desánimo a través del maltrato y la falta de respuesta. Es un riesgo caer en un estado de desaliento. Podemos perder mucho si dejamos que avasallen nuestros derechos. Necesitamos reflejarnos en las necesidades del prójimo y estar mano a mano con todos los sectores que se vean atacados por estas políticas de precarización y  deshilvanamiento social. Su capacidad de avanzar sobre nuestros derechos es inversamente proporcional a nuestra capacidad de organización. Seamos capaces de trabajar en conjunto”.

Luego, el Delegado General de la Asociación Argentina de Actores, Leonardo Fabrizi, expresó “el apoyo incondicional” a la orquesta y destacó que “lo que falta es voluntad política. Cuando uno ve publicado los aumentos de los funcionarios, desde el intendente a los asesores, uno puede ver que esto no es un problema presupuestario. El resto son movimientos de dilación y el bastardeo de la cultura local”.

Por su parte, Viviana Marfil, Secretaria General de ATE Bahía Blanca, aseguró que “es muy grave lo que está pasando, fundamentalmente porque hay una ley que dice que tenemos que trabajar con los pibes. Desde que se encuentra la orquesta las cosas cambiaron. Que esté dentro del ámbito de educación y que realicen esta parada por los pibes es muy grave. Los trabajadores han sido precarizados. Se sigue haciendo el abandono de la cultura. Todo lo que es arte ayuda a que nuestros pibes sean creativos y puedan resolver. Señor Gay: revea esta situación y piense en los pibes ya”.

Graciela San Román, representante del Consejo Cultural Consultivo, manifestó el apoyo del cuerpo hacia la orquesta. Digo que se “encuentra dentro de lo que llamamos el desguace cultural. Así como la orquesta está en esta situación límite hay muchas otras agrupaciones, eventos e instituciones de la cultura que están sufriendo el ninguneo y situaciones de maltrato institucional”.

“Desde el SADOP nos acercamos a apoyar la lucha de los compañeros”, dijo su titular, Analía López. “Estamos en presencia de un proyecto de gobierno que va en contra de la educación, en contra de lo cultural y en contra de lo popular. Defendemos la función social que tienen las orquestas infanto juveniles y estamos en contra de cualquier tipo de precarización laboral que son los primeros pasos hacia la flexibilización total”.

Ana Canulo, desde SUTEBA y CTA, manifestó el acompañamiento del reclamo. “Nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras están siendo muy atacados. Lo cultural y lo artístico le importa muy poco a este gobierno. En el Plan Maestro lo artístico tiene muy poca importancia, casi ni figura. Sabemos lo importante para los barrios y lo importante de la formación artista. Debemos seguir en la calle defendiendo estos espacios y lo debemos hacer en unidad, como un bloque en la calle, en las escuelas, en las aulas, en los barrios”.

Por último, Marcos Marchegiani, docente de la orquesta, agradeció la presencia y el acompañamiento y convocó a la realización del “vacío simbólico”. Unos minutos de silencio profundo generó la curiosidad de los y las transeúntes, algunos funcionarios de paso y el alto impacto sensorial de la falta de respuesta.

Se espera que el intendente Héctor Gay de respuesta a los reclamos de la orquesta y, finalmente, otorgue el pedido de audiencia solicitado. Por el momento, Gay da la espalda a la comunidad.

FUENTE: UMSur

Ex trabajadoras y trabajadores de Servicios Integrados Bahía Blanca levantaron el acampe que mantenían en la vereda de la empresa desde que sus dueños la cerraron a fines de mayo. Presentaron una denuncia penal contra Luciano Lorenzo por estafa y vaciamiento de la firma.

“Ni siquiera fuimos despedidos, la patronal nos cerró las puertas de un día al otro y quedamos más de 900 en la calle porque no fue solamente Bahía”, dijo a FM De la Calle Alejandra Navarrete.

En la ciudad trabajaban una “400 personas ente obreros de maestranza y personal de oficina, después estaba toda la Patagonia, Mar del Plata, Buenos Aires, un tendal de gente que quedó sin su fuente laboral, sin su pan en la mesa”.

En cuanto a los responsables del cierre de SIBB aseguró que uno es “Luciano Mauro Lorenzo, que vive en Bahía Blanca y en Punta Alta. Gracias a todas las cagadas que hace se da el lujo de tener pisos en Bahía y casa en Punta Alta, cagando al laburador”.

Por otra parte, recordó el escrache que realizaron durante la toma a Marcelo Vitón, frente a su casa del barrio Palihue. “Él es fundador de la empresa, 35 años adelante de ella, dijo que la vendió a Lorenzo y a la mujer Milagros Medina, la justicia dirá si tiene que ver o no”.

Respecto a la búsqueda de alternativas laborales, Navarrete comentó que “nos dijeron que no podíamos hacer una cooperativa porque en Bahía existe Borlenghi y hay una ordenanza que Borlenghi no lo permite. Toda ordenanza se puede caer si uno quiere”.

Poco más de una decena aceptó una propuesta municipal de integrar cooperativas de trabajo pero “son monotributistas, firman contratos por tres meses”. Otros y otras pudieron conseguir otros empleos.

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“En cuanto al Estado, ¿qué te puedo decir? Al Estado que nos dejó tres meses tirados en la vereda, que tenía el sartén por el mango y no movió un papel judicialmente”, se quejó.

Fueron más de cien días de acampe en 9 de julio 954 “pasando fríos, vientos, lluvias y hasta nieve”, abandonados por el gremio de Maestranza y acompañad@s por otros sindicatos, “agrupaciones y personas que pasaban y querían ayudar con poco o mucho”.

“Pedimos que no vuelva a haber otro SIBB, que alguien haga algo con ese gremio tan corrupto que nos dejó tirados como si ellos no tuvieran nada que ver”, dijeron en un breve comunicado que circuló por las redes sociales.

Integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar junto la Unión de Músicxs del Sur denunciaron la grave situación que continúa atravesando el organismo y entregaron una nota al Municipio.

“Señor intendente Héctor Gay ¿quiere usted cerrar la orquesta y dejar sin docentes a treinta niños, niñas y adolescente? Si es así: dígalo y termine con esta situación de maltrato sistemático”, exigieron.

En el texto insistieron con el pedido de audiencia con el jefe comunal. “Hacemos responsables a los funcionarios políticos Ricardo Margo y Morena Llanca Rossello de intentar destruir este organismo de gran valía social”.

Marcos Marchegiani explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que “el planteo de base nuestro es el pase a planta porque tenemos ya ocho años comprobados de relación de dependencia con el Municipio. Arrancó con dos años de contrato, luego la figura de destajo y cuando se termina, veníamos viéndolo con el Instituto, era claro que correspondía exigir el pase a planta. No hicieron nada para que esto suceda y terminamos aceptando tener que ir por contrato”, agregó.

Los contratos se tramitaron a través de la Asociación de Actores aunque lxs docentes firmaron en disconformidad, “que es solo dejar en claro que no es lo que queríamos pero queremos trabajar y continuar el proyecto”. Lxs funcionarixs municipales utilizan esa queja para frenar el trámite: “Ven la firma como un rechazo a querer trabajar o a aceptar el contrato”.

El músico comentó que “siempre hay una gran cantidad de chicos y terminamos dejando lista de espera, si tuviésemos el pase a planta que nos corresponde podríamos estar dándoles un servicio más amplio, gestionar actividades en otros barrios”.

“Los padres estan en contacto y preguntan qué pasa porque los chicos extrañan la orquesta, volver a las clases, a los profesores, los viajes de fin de año, tenemos la respuesta de ellos y a los chicos me los cruzo y algunos decidieron que este año no pueden pero no les es indiferente, están todos a la espera de que esto comience”.

Desde la Orquesta barrial y el gremio demandan también “responsabilidad política para la aplicación de un plan pedagógico articulado” y “el cese de las presiones hacía los/las trabajadores/as”.

Las respuestas oficiales, por ahora, fueron solo a los medios por parte de Morena Rossello. De mantenerse esta situación, se anunciará un plan de lucha en las próximas horas.

María Cecilia Bravo es chofer de transporte urbano e interurbano. Hace años que busca un empleo estable y las empresas locales se niegan a contratarla sin darle explicaciones. Cansada de golpear puertas, recurrió a la justicia para que San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal Bahía Transporte SAPEM cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación  y la de mujeres en general.

“El trabajo es un derecho fundamental de las personas, y en particular la actora es sostén de familia, y no encuentra otra vía que la legal para obtener igualdad de condiciones en su búsqueda de trabajo”, escribió su abogada Fernanda Petersen.

Agregó que en el sistema local “ha sido imposible ingresar ante las diferentes postulaciones en dicho puesto de trabajo, habiendo contratado en diferentes oportunidades personal con menor capacitación que la que posee la actora, considerando esta parte que se trata de un hecho discriminatorio por el hecho de ser mujer”.

En Rio Grande, Tierra del Fuego, buscan sumar conductoras al transporte público mediante una ordenanza municipal tal como sucedió en Córdoba y Rosario.

María Cecilia visitó esta semana FM De la Calle y contó su historia a El Mejor Equipo (martes de 10 a 14).

“Yo arranqué en el 2010 en lo que era la ex empresa Micro Sur, con traslado de personal a la termoeléctrica, al Arsenal Aeronaval, a la minera Vale. No tuve problema, más que cara de susto al principio de parte de los pasajeros. En el 2013, una empresa de transporte de acá de Bahía, que tiene larga distancia, me dio la oportunidad de manejar los doble piso. Me tomaron una prueba sabiendo que yo no tenía mucho conocimiento más que de colectivo urbano; ahí arranqué con larga distancia y esto lo voy haciendo hasta el día de hoy. Soy una chofer libre, no tengo contrato con nadie. Si hay viajes me llaman, si no hay viajes no me llaman”, relató Bravo.

La trabajadora comentó que “mientras hay viajes más o menos la vas piloteando, pero cuando no hay viajes he ido a limpiar casas, he estado haciendo encuestas en las casas. No tengo problema. Yo alquilo, tengo un hijo a mi cargo, el más chico, y hay que hacerle frente al alquiler, a los impuestos, a la comida y es muy difícil cuando uno no tiene un trabajo fijo”.

“En diciembre de 2013, salgo en tapa de La Nueva Provincia, pidiendo trabajo. El titular era: ‘una mujer colectivera (que no es colectivera, es conductora de última), busca trabajo y no se lo dan’. El único que me dio más o menos un poco más de bolilla, por decirlo de alguna forma, fue Raúl Woscoff y se pidió desde el Concejo Deliberante un pedido de informe a las empresas por que yo había llevado los curriculums. Pero para asegurarnos de que los recibieran, Raúl Woscoff me hizo llevarlos de vuelta y hacer que me firmen un comprobante que yo los había entregado y eso quedó en la nada”, aseguró Cecilia.

El pedido de informe solicitaba información directamente a las empresas Bahía Transporte SAPEM, Rastreador Fournier y San Gabriel: “San Gabriel en ese momento sacaba la 513ex, entonces yo sabía que se tomaba personal y dije bueno, esta es mi oportunidad”.

“A veces es peor que no te digan nada, a que te digan: ‘Tenes el pelo corto’, no sé, por decirte algo, no me gusta y listo. Sé que tengo la capacidad, sé que puedo hacerlo, entonces eso es lo que más indigna”, enfatizó.

Respecto a su capacidad para manejar colectivos, Bravo explicó que “el carnet profesional que utilizan los conductores o los choferes acá en bahía, es el municipal que tenemos todos ampliado a la categoría de profesional. Nosotros en larga distancia, aparte, tenemos que tener otro carnet que te habilita. Yo, por ejemplo, hice temporada en Camboriú este verano. Para salir del país, para sacar la unidad es otro carnet, que tiene todo un psicofísico mucho más completo de lo que es el local”.

“Yo conozco muchos choferes de hace 25 o 27 años. La mayoría de ellos ya se han jubilado. O sea, no me pueden venir a decir a mí, que en cinco años no se tomó personal, es imposible. Pero yo quiero dejar en claro esto: yo no estoy peleando porque soy mujer y tengo que tener el trabajo. No parte por mi condición sexual, sino, parte porque estoy capacitada. Entonces, dame la oportunidad de demostrarlo, porque sé que lo voy a poder cumplir con creces”.

El caso de Cecilia no es el único en nuestra ciudad: “Hay otra chica, que se puso en contacto conmigo, que también entregó curriculum y nunca nada. Hablamos la semana pasada y me dijo que los iba a volver a llevar”.

“Al principio cuando recién entré yo era el bicho raro –dijo la conductora al ser consultada por la relación con sus compañeros-. Yo digo que muchos lo tomaron como herir el orgullo de hombre y me han hecho cuestionamientos de lo que se te ocurra. Por ejemplo: ‘Vos estás manejando y te viene tu período, ¿podés manejar?´. Vos te lo quedas mirando como diciendo: ‘¿Me estás cargando?’. Eso como mínimo”.

“Yo como mujer aprendí a cambiar correa; a cambiar cubiertas, gomones que son más grandes en los colectivos de larga distancia, siempre con mi compañero. Si yo pretendo una igualdad, en la misma igualdad me tengo que comportar yo. No voy a decir: ‘Ah no, porque yo soy mujer no puedo’. No, yo estoy en las mismas condiciones que vos”.

Finalmente, sobre el trámite del amparo presentado ante la justicia afirmó que se demoró con el paro de los trabajadores y las trabajadoras judiciales pero debería tener resolución en los próximos días. “Tengo la suerte de que si hay viajes me llaman, pero la angustia de necesitar una estabilidad y de estar acá es muy importante. He llorado mucho”.

En el día de la fecha, miércoles 6 de septiembre de 2017, mientras estábamos al aire con el programa informativo, recibimos el siguiente mensaje.

“Como un ciudadano de bien que paga sus impuestos les digo que están tirando demasiado de la soga,

después a llorar a la Plaza de Mayo. Están avisados”.

El mensaje llega en el momento en que se expone al aire un hecho acontecido en el día martes 5 de septiembre: un vehículo que amenazó con atropellar a vecinxs que estaba realizando una marcha reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado, frente a uno de los casinos de oficiales de Gendarmería Nacional.

Este no es el primer mensaje de estas características que recibimos en la emisora. Recordamos que el día 2 de diciembre de 2016, cubriendo otro hecho de relevancia política llegó un mensaje similar. Inmediatamente, se llevó adelante una denuncia en la Fiscalía Penal de la localidad de El Bolsón, y aún aguardamos el avance de la investigación para su esclarecimiento.

Esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando. Pintadas en las paredes y en la plaza “Che Guevara”, declaraciones de funcionarios contra integrantes de la radio, roturas de vehículos en la vereda de la emisora. Estos sucesos han sido informados a la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con este nuevo hecho ampliaremos nuestro informe.

Como es de público conocimiento, la Comarca Andina está viviendo situaciones de violencia institucional, hostigamiento a las organizaciones y amenazas directas a vecinxs de la comunidad.

A pesar de estos hechos que pretenden intimidar, FM Alas seguirá habitando el aire.

Sin medios comunitarios no hay democracia. Aparición con vida de Santiago Maldonado.

FM Alas 89,1

Asoc. Civil Alas para la Comunicación Popular

Desde Bahía Blanca hacemos llegar nuestro abrazo a las compañeras y compañeros de FM ALAS ante las amenazas recibidas.

Asimismo, renovamos nuestra solidaridad con las comunidades mapuche que siguen siendo víctimas de la persecución y el hostigamiento de la Gendarmería y los servicios de inteligencia de distintas fuerzas que responden al Gobierno Nacional.

 

DEVUELVAN A SANTIAGO.

Colectivo FM De la Calle.

 

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Integrantes de la conducción provincial de CICOP visitan este miércoles Bahía Blanca para presentar junto a la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal el Movimiento por el Derecho a la Salud. El encuentro será a las 18 en Pasaje Tres Arroyos 538 (ADUNS) y tiene el objetivo principal de denunciar las implicancias de la Cobertura Universal de Salud (CUS) impulsada por el gobierno nacional.

La CUS fue implementada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 908/2016 con el argumento de la existencia de “una circunstancia extraordinaria que hace imposible seguir los trámites de rigor previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. La medida instaura una nueva y peligrosa avanzada de los sectores del poder económico sobre un bien común fundamental para todxs los argentinxs: la salud pública, universal y gratuita.

“Sería un fondo destinado principalmente a obras sociales con ese viejo argumento de que lo público no funciona, que es ineficiente y que mucha gente queda por fuera. Lo que estamos denunciando es que queda por fuera gente cuando privatizamos el sistema que es lo que estaría haciendo la CUS”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la APSM Selva Lamtzev.

La médica comentó que la intención del gremio es “que este movimiento que ya está funcionando en La Plata, en Buenos Aires, pueda generarse en Bahía Blanca y por eso la llegada de CICOP es auspiciosa”.

“Informar es una forma de acción, vemos que hay mucho silencio sobre esto, ocurre muy similar a lo que es el Plan Maestro en la educación, son estrategias de precarización de lo que ya existe público e informar y alertar a la población es nuestra primera instancia de organización y de evaluar que medidas se van a hacer”, agregó.

El decreto presidencial pretende “garantizar una serie de servicios específicamente a la población que debería presentar un carnet de pobreza. Esto no es suposición nuestra sino que lo vemos en otros países como ha sido en Colombia o Chile en los ’90. (…) Precarizan mucho más al sistema público de salud, el aporte se va en obras sociales que vienen incumpliendo incluso el plan médico obligatorio”.

La reunión en la sede de ADUNS contará con la participación del presidente de CICOP, Fernando Corsiglia, sus secretarixs Verónica Moyano, Mónica Berezovsky y Hugo Amor, de Asuntos Municipales, de Género y de Prensa, respectivamente y delegadxs gremiales.

“Ante el decreto nos surge una alarma muy grande y la necesidad de poder hablarlo y conformar este movimiento, que no lo conforman solamente espacios ligados a la atención de la salud sino que la idea es que confluyan diferentes sectores preocupados por el derecho a la salud, es una convocatoria absolutamente abierta a todas las organizaciones y personas interesadas en defender su derecho fundamental”, invitó Lamtzev.