“Las especulaciones tienen que ser constatadas”

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Continúan las audiencias testimoniales en el marco de la búsqueda de Facundo Castro Astudillo. Ayer se presentaron tres testigos de identidad reservada que ratificaron ante el fiscal y las querellas haber visto cómo dos efectivos de la Bonaerense subían al joven a un patrullero.

Si bien la familia tiene identificados a dos policías, esperan acceder en los próximos días a la copia del libro de guardia de la Subestación Policial de Mayor Buratovich para confirmarlo y pedir su captura.

Ni el fiscal Santiago Ulpiano Martínez ni la jueza federal Gabriela Marrón brindan información oficial desde el lunes.

Margarita Jarque participa en la causa como directora del equipo de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. En diálogo con FM De la Calle afirmó: “No creemos que contribuya una exagerada sobreinterpretación de la información que manejan los medios, esto no tiene que ver con la libertad de expresión ni con el deber de informar”.

¿Qué se puede conocer de las declaraciones?

En principio siempre aclarar que se trata probablemente del delito más sensible del Código Penal que es la desaparición forzada de personas. Así lo han entendido la justicia provincial y la federal y así se está investigando. Por eso adherimos a la necesidad de cierta reserva.

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Son muy contundentes los dichos respecto de lo que ya ha circulado sobre la presencia de ese móvil (Ndr: un patrullero en el cuál se habrían encontrados manchas de sangre). Expectantes con el cúmulo de prueba que se ha requerido para seguir avanzando en la investigación.

¿Son testimonios que tienen que ver con la presencia del patrullero al cual habrían subido a Facundo entre Buratovich y Origone?

Es la constatación de la última vez que ha sido visto Facundo, al menos, en términos seriamente constatados en la causa.

¿Son solo esos o alguno como la mujer que apareció diciendo que lo trajo hasta Bahía Blanca?

Son testimonios de identidad reservada y no nos explayamos.

¿La CPM va en línea con la hipótesis que maneja la querella de la familia?

Sí, manejamos la hipótesis de que hasta ahora lo último que hay en la causa son estas declaraciones, que son muy contundentes y, por otra parte, lo que anteriormente está constatado en la causa: el traslado por parte de una policía en su auto particular en un tramo, el retén en la salida de Luro. Todo eso que habla de una presencia policial. De allí en adelante entendemos que tiene que continuar la investigación, se han disparado una cantidad de alertas y pedidos de prueba y entendemos que en lo que se tiene que concentrar la investigación, y un poco el rastrillaje tiene que ver con eso, es qué sucede después con Facundo. Lo que importa es una investigación rápida y profunda.

¿De los rastrillajes algo que puedan destacar?

No, no que tengamos conocimiento.

¿Qué hay de las versiones mediáticas que dan cuenta que el AVL del patrullero donde estaba el policía González coincide con su testimonio?

No hemos examinado profundamente eso, si eso se constata sí. Por eso insisto en que es desde allí en adelante donde hay que centrar la investigación. Es una prueba muy importante.

Otro punto que trascendió es el de las antenas de telefonía, que se habrían activado algunas aquí en Bahía Blanca. ¿Qué quiere decir?

Es un análisis que tienen que hacer especialistas, para eso hay que conocer cuál es el alcance de las antenas. No creemos que contribuya una exagerada sobreinterpretación de la información que manejan los medios, esto no tiene que ver con la libertad de expresión ni con el deber de informar. Hay responsabilidades seguramente, se está tratando de establecer qué pasó con Facundo y, en ese sentido, muchas de esas conclusiones son apresuradas. Son cuestiones que requieren conocimiento científico.

Una versión de Infobae habla de algunas pruebas que se habían encontraron en el registro del segundo patrullero y el Corsa de la policía Flores. ¿Tienen información?

Tampoco hemos visto eso en la causa todavía. La jornada recién está empezando, tenemos audiencias y no lo puedo ampliar. Sí tengo el conocimiento mediático y ahora estaba ingresando a tomar conocimiento.

¿La causa está en secreto de sumario?

La causa tiene un trámite reservado por el tipo de delito que se trata, entendemos que es algo importante porque las trascendencias mediáticas lo que hacen es generar confusión, porque de constatarse determinadas circunstancias u otras hipótesis que pudieran surgir siempre es necesario pensar las responsabilidades.

¿No hay un relajo de parte de la Fiscalía o es habitual ver esta filtración?

Hay muchas personas que intervienen, muchas fuerzas auxiliares, es muy difícil establecer de dónde se emana la información tan rápidamente. Sí hemos planteado la preocupación desde la querella particular como nosotros ante la Fiscalía. Entendemos que hay que tomar recaudos pero quizás sea difícil determinar.

¿Marcos Herrero participa de los rastrillajes?

Sí, está habilitado formalmente. Tengo entendido que hoy continúan los rastrillajes y entiendo que sería en este tramo.

¿Cómo evaluás el funcionamiento de otros organismos del Estado en al investigación?

En este momento la PROCUVIN, entendemos que está haciendo un aporte importante. Los primeros informes de telefonía y los que habrían sido agregados ayer en la causa son cuestiones que nos hablan de cierto compromiso. Todo esto está atravesado por el contexto de pandemia y eso retrasa la actividad.

Lo importante es que se vaya avanzando en la investigación y en caso de que no sea así lo vamos a estar exponiendo. Esperando para hoy y este fin de semana contar con un cuadro más completo. Todo eso está en elaboración, la prueba que señalamos como importante, que es la prueba científica. Las especulaciones tienen que ser constatadas. Cuando preguntabas por esta testigo siempre lo importante es constatar la veracidad de esos dichos y cruzar con otros datos y eso es lo que estamos impulsando.

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Contaminación en la ría: la Municipalidad se hizo “amiga del tribunal”

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La jueza Gabriela Marrón aceptó al Municipio como amicus curiae en la causa federal que investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario. El próximo lunes habrá una audiencia virtual para analizar un posible convenio ambiental que prevea el tratamiento de aguas cloacales para uso industrial.

El intendente Héctor Gay sostuvo que “se trata de decidir sobre una cuestión que excede el mero interés de las partes”. Cabe destacar que si bien la Municipalidad integra el grupo de organismos y empresas denunciadas como responsables de la contaminación, formalmente las acusaciones recaen sobre los funcionarios. En este caso, en 2011 se apuntó al subsecretario de Gestión Ambiental, Eduardo Conghos.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

La Cámara de Apelaciones dispuso hace un año la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

Palenque donde rascarse

El pedido para intervenir como amicus curiae lo hizo el intendente junto a la asesora letrada Karina Mahon el 24 de junio. Al otro día, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez dictaminó a su favor y dio paso a la resolución de Marrón.

La jueza destacó que “no puede desconocerse el interés que el Municipio —en su carácter de organismo ejecutivo máximo del partido de Bahía Blanca— posee en la resolución de las presentes actuaciones, ni la especificidad de las tareas desarrolladas por el Comité Técnico Ejecutivo que se desempaña bajo su órbita”.

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“En especial, teniendo en cuenta las particularidades de la metodología adoptada en el marco de este incidente de medida cautelar para intentar arribar a una solución sustentable con las distintas empresas involucradas, que estimo debiera tener un impacto relevante para el resguardo del derecho constitucional colectivo a gozar de un medio ambiente sano”.

De esta manera, la comuna y el CTE pondrán “a disposición su expertisse con el propósito de participar de manera activa en los diferentes aspectos y etapas de toma de decisión que conllevará el plan de gestión ambiental oportunamente ordenado por la Cámara Federal”.

“Daño ambiental grave e irreversible”

«Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema», afirmó la Cámara en 2019.

En aquel fallo de junio del año pasado se ordenó a la Fiscalía coordinar una mesa de abordaje que debía presentar un plan en un plazo de 90 días. La convocatoria debía incluir a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió «un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable».

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense».

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Búsqueda con canes: “La clave está en trabajar sobre los vehículos policiales”

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Mientras el adiestrador de perros de la Policía de Río Negro, Marcos Herrero, esperaba el aval de la Fiscalía para sumarse a la búsqueda de Facundo Castro a pedido de la familia, explicó a FM De la Calle cómo será el procedimiento para la identificación de rastros del joven.

“Tengo que tener una ropa de él para que los perros trabajen, tengo que hacerle un tratamiento especial a esa ropa para que los perros tomen información en su olfato y cerebro”, comentó.

Herrero agregó que “la clave está en trabajar sobre los vehículos porque hay un informe de la Policía Bonaerense de que Facundo nunca estuvo dentro de un móvil policial. Ya está el requerimiento de los vehículos para que el perro pueda trabajar en un ámbito cerrado donde estén precintados y adecuadamente resguardados estos vehículos y que yo pueda darle la toma de olor, con total autonomía”.

“El perro va a tener que pasar vehículo por vehículo y va detectar mínimos umbrales de olor de Facundo, si estuvo o no en un vehículo. A partir de ahí se puede abrir el precinto y el perro ingresará dentro del vehículo y tendrá una marcación más activa. En este caso el perro ladra, gime o rasca si hay la mínima esencia de Facundo”.

El adiestrador argumentó que trabaja en una técnica que “puede abrir la puerta para saber el tiempo o el estado en cuanto presente o pasado, de dónde está la persona”.

Si bien se sostiene que “la esencia de los olores de un humano no dura en el tiempo, estamos hablando que cada uno de nosotros estamos formados por células. Se estima que escamamos por segundo algo de 250 mil células, hablamos de 30 mil bacterias que tienen la información de nuestro cuerpo, nuestro medioambiente, cómo nos alimentamos y cómo están nuestras emociones”.

“Las bacterias son inmortales y se adaptan al sistema biológico donde viven. Las bacterias de Facundo van a quedar en el medioambiente. Primero en el vehículo. Después, mas difícilmente en el medio rural, pero va a quedar otra información en todos los seres vivos, plantas, árboles, hierbas y acá hay que actuar con los perros”.

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“Van a trabajar sobre manchas de sangre, flujos o secreciones de personas. Como así también en la identificación de rastros de una persona”. Se trata de Duke, una de las hijas del fallecido Alcón y otro perro nuevo.

Para el rastrillaje comenzado ayer fue convocada también la Brigada K9 de Bomberos Voluntarios de Punta Alta. “Mi metodología es diferente y es acá donde puedo marcar una diferencia y poder enhebrar la última puntada de un ovillo de hilo de dónde está Facundo”.

“Si bien están haciendo un excelente trabajo, estamos jugando a gato y ratón porque no tenemos punto de partida. El último retén sería el punto para salir, lo otro es como que estamos discriminado diferentes puntos”, finalizó.

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Facundo: la querella aun no accedió a la declaración de la nueva testigo

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El abogado de la familia de Facundo Castro, Leandro Aparicio, afirmó a FM De la Calle que todavía no pudo acceder al testimonio de una mujer que declaró ayer ante el fiscal. La versión publicada por algunos medios sostienen que la testigo dijo que levantó al joven desaparecido cerca de Origone y lo trajo en dirección a Bahía Blanca.

“Acabo de hablar con la prosecretaria de la Fiscalía federal, a las 8 fui a hablar con el secretario del fiscal y le pedí que me diera el testimonio, que me están llamando de todos lados, me dicen ‘no, todavía lo cargamos’ . Acabo de llamar y me amenazaron que me van a infraccionar porque se los estoy pidiendo. ¿Qué quieren, que se lo vaya a pedir a los periodistas? ¿Cómo sale el testimonio de acá?”, se preguntó.

Agregó que ante una nueva declaración “corresponde que llamen a la querella. Somos víctimas, estuvimos ayer a la mañana, ¿qué le costaba al fiscal llamarnos? Estamos denunciando al Estado, ¿cuál es el impedimento?”.

Respecto a la hipótesis supuestamente planteada por la mujer, mencionó: “No tengo ni idea a dónde dice que lo llevó, no tengo ni idea quién es porque no me llamó el fiscal. No sé por qué un pseudo periodista dice estaría declarando o dice lo que está declarando. ¿Cómo alguien después de 75 días cae? Lo que tengo es tres testigos que me dicen que lo ven a Facundo subiendo a un móvil a las 15:30”.

Otra de las pruebas solicitadas ayer y a las cuales la familia de Facundo aun no pudo acceder es el libro de guardia de la Subestación de la Policía de Buratovich para confirmar los nombres de los efectivos que estaban en el patrullero al que subieron a Facundo.

“Se secuestra un libro de guardia, lo tenés guardado y lo tenés que peritar. ¿Qué querés peritar? Abrílo y lee a ver quién carajo estaba ese día”, exigió Aparicio.

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“Yo no tengo garantías con un periodista y un medio, que tiene vinculación directa con la justicia provincial, federal y la policía, maneja información que no maneja la querella, que está anticipando medidas de prueba porque alguien se las está diciendo. ¿Qué garantía puedo tener de la eficiencia y reserva de las actuaciones?”, sostuvo en referencia a La Brújula y Germán Sasso.

Finalmente, explicó que ante la negativa del fiscal Santiago Martínez fue la propia jueza Gabriela Marrón, quien habilitó la participación del adiestrador Marcos Herrero y sus canes. Trabajará en la zona del rastrillaje realizado por la Bonaerense el 19 de junio, los patrulleros y la sede policial de Buratovich.

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Esnaola: a cinco años de la desaparición piden la remoción de la fiscala

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Más de veinte organizaciones de mujeres, feministas, gremiales y políticas expresaron su “preocupación en relación a los intentos de cerrar la causa sobre la desaparición de Andrea Esnaola, trabajadora de la educación de Pehuen Co, quien salió de la escuela en horario laboral el 15 de julio de 2015 y nunca más se supo de ella”.

“Pedimos que la fiscala Leila Scavarda sea removida del caso, ya que demuestra su ineficiencia en la búsqueda de respuestas (pasaron 5 años, ya no cabe hablar de probabilidades) y su falta de perspectiva de género para poder llegar a saber que pasó con Andrea”, afirmaron.

La Fiscalía difundió ayer el informe que se publica más abajo. En tanto, la dra. Scavarda agregó a La Nueva Provincia: “No puede haber desaparición con fines criminales porque era una mujer de bajo perfil, no tenía dinero ni podía ser objeto de alguna situación sexual porque sus características físicas no daban para eso. Tampoco el lugar donde vivía ni el trabajo que tenía”.

Las organizaciones repudiaron las expresiones de la fiscala por “prejuiciosas en lo que a desapariciones se refiere, e inaceptablemente sexistas en relación a este caso”.

“Teniendo en cuenta que el lugar donde desapareció Andrea es una comunidad muy pequeña y donde es imposible que nadie sepa o haya visto nada, así también como las pericias hechas en el momento de su desaparición establecieron la improbabilidad del suicidio en el mar ya que de ser así su cuerpo hubiese aparecido no vamos a aceptar que dicha causa pueda quedar en el olvido, mucho menos usando argumentos que responsabilicen a la propia víctima de su desaparición”, sostuvieron.

Por otro lado, advirtieron: “No vamos a permitir que sigan culpando a las mujeres y niñas por las violencias recibidas, femicidios o desapariciones, en ninguna de sus formas, tampoco tratándolas de ‘enfermas’ o con ‘desórdenes’ psíquicos, en este caso desde el informe pericial de profesionales del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, intentando de esta formar deslindar responsabilidades ante la ineficacia judicial para dar respuestas sobre una desaparición”.

Por último, pidieron la intervención de una unidad fiscal especializada en violencia de género y la urgente aplicación de la Ley 27499 “Ley Micaela” con su correspondiente capacitación para todo el personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio Público Fiscal.

Comunicado oficial

⚖ Causa por Averiguarción de Paradero de María Andrea Esnaola

Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N ° 12 a cargo de la Fiscal Leila Scavarda se informa que en el marco de la causa en el transcurso del año 2019, se dispuso que por intermedio de la Secretaria de Cooperación con los Poderes Constitucionales, Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación se proceda a realizar la autopsia psicológica de María Andrea Esnaola y ese informe fue recibido el 26 de Mayo de 2020.

La Autopsia Psicológica tiene como función ayudar a esclarecer los casos de muerte cuya etiología médico legal es dudosa (suicidio, homicidio o accidente), en los cuales ni el médico legista ni el investigador policial-judicial tienen suficientes elementos para decidir.

El procedimiento consiste en un proceso de recolección de datos del sujeto en análisis que permite reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del evento investigado. Se realiza un trabajo interdisciplinario entre médicos, autoridades judiciales, psiquiatras y psicólogos forenses. En el presente caso la autopsia psicológica se efectuó sobre la categoría de “persona desaparecida”, por ello se abocaron a construir el perfil psicológico de María Andrea Esnaola y establecieron su estado mental y condiciones de vida antes de su desaparición.

Se organizó la información obtenida a lo largo del proceso, ello en diferentes categorías. Dicha información consistió en siete cuerpos de expediente y anexos, donde se encuentra la información proveniente de declaraciones de testigos y allegados a la desaparecida, informes de resultados de rastillajes de la zona, pericias realizadas sobre lugares de allanamiento, análisis de material de celulares, etc.

Se consideraron varias hipótesis explicativas de la desaparición:

1️⃣.- DESAPARICION POR SUICIDIO
2️⃣.- DESAPARICION CON FINES CRIMINALES
3️⃣.- DESAPARICION VOLUNTARIA
4️⃣- DESAPARICION CON ACCIDENTE EVENTUAL

Del material analizado en los cuerpos del expediente, se pudo arribar a las siguientes conclusiones:

?️- MARIA ANDREA ESNAOLA, reunía una serie de condiciones de vulnerabilidad psíquica, tanto personales como sociales (trastorno de personalidad, enfermedad psiquiátrica, aislamiento social), por lo cual no contaba con los recursos necesarios para afrontar un conflicto percibido por ella como altamente estresante. En consecuencia la hipótesis de un suicidio impulsivo como fuga o escape es la que reúne mayor cantidad de elementos objetivables (declaraciones e información médica), volviéndose así de mayor probabilidad.

?️- Las restantes hipótesis carecen de elementos de peso al presente, es decir, con la información recabada por la investigación de las autoridades competentes.

No surgen datos positivos de las distintas pesquisas llevadas a cabo por el personal a cargo de la investigación que sustenten la hipótesis de una desaparición con fines criminales, como así tampoco se pudo localizar a la víctima o sus restos.

La investigación en torno a amigos y conocidos del matrimonio, de personas sospechosas de cometer un crimen contra la desparecida no condujo a resultados útiles a la causa. Tampoco dieron fruto los allanamientos realizados en distintos inmuebles ni se obtuvo información útil del registro de llamadas de su teléfono. Arrojaron resultado negativo los los rastrillajes efectuados en varios lugares.

Se hicieron recomendaciones de distintas diligencias a realizar para poder arribar a conclusiones más ajustadas, las que serán realizadas a la mayor brevedad posible en la medida de los recursos humanos y tecnológicos con los que contamos.

Foto: Canal Siete.

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“Estoy buscando el cuerpo de mi hijo”

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“Desde el primer día que puse un pie en Buratovich supe que mi hijo no estaba más con vida. Estoy buscando el cuerpo de mi hijo y que me lo devuelvan, lo he gritado desde el día uno, necesito que la Bonaerense me lo devuelva”, dijo la madre de Facundo, Cristina Castro.

Adelantó que por la tarde se conocerán los nombre de “los dos masculinos que subieron a un auto a mi hijo el 30 de abril, que no se han presentado a declarar. A mi hijo no lo han presentado en la comisaría, son dos personas que se han llevado a Facundo que pertenecen a la Bonaerense en un auto de la Bonaerense”.

Para ello, esperan el resultado de los BITE (GPS) de los patrulleros: “Ubicando el vehículo vamos a saber quiénes son esas dos personas, dos masculinos. Los quiero presos”.

La mujer reclamó además “la detención de todos los encubridores porque son tan desaparecedores como los dos que se lo llevaron. Necesito que venga ese señor (el adiestrador Marcos Herrero) porque estoy segura que va a poder encontrar el cuerpo de mi hijo. Confío más en los perros que en las personas”.

Hostigamiento policial en Villarino

“Yo creo que lo han confundido, o no les ha gustado la cara. Facu estuvo en Jóvenes y Memoria, hicieron con los chicos la primera revista de los desaparecidos de Villarino, fue a Chapadmalal para que estas cosas no pasen. Facu leía mucho sobre la violencia institucional, desapariciones”, recordó Castro.

“Entiendo hoy que Facu me quería decir auxilio cuando me decía ‘mamá no tenés una idea dónde estoy'”, dijo Cristina en referencia al último contacto telefónico con su hijo después del mediodía del 30 de abril.

¿Relacionas esa militancia o compromiso con un recelo de parte de la policía?

-Sí, sí. En su momento los chicos de Jóvenes y Memoria tuvieron mucho hostigamiento de policías, que los han trasladado de Villarino. Los chicos siendo menores los han golpeado, era un deleite de la Bonaerense parar el patrullero en la canchita, pegarle dos sopapos, pegarle dos patadas en el culo, decirle ‘ustedes son todos chorros, todos drogones’. Cada una de las mamás que estaban en El Semillero y en el grupo lo saben, así mismo como los chicos de la batucada.

Respecto al ministro de Seguridad Sergio Berni, Cristina apuntó: “El primer día que llegó me dijo ‘su hijo está con vida, se lo vamos a devolver’. Cuando Berni me llamó al otro día me dijo ‘si usted quiere que retire a la Bonaerense la retiro, si quiere que yo interfiera las comisarías voy a interferir’ pero no me volvió a repetir nunca más que mi hijo está con vida”.

Filtración de pruebas

“Hay dos medios de Bahía que tuvieron acceso a las pruebas antes que nosotros. En La Nueva y La Brújula está en color la foto (de su hijo detenido junto a un patrullero), cuando los abogados tenían todo en blanco y negro y en fotocopia, ¿cómo tuvieron acceso a la causa de mi hijo? ¿Cómo pueden tener inclusive hasta el carnet de conducir de mi hijo cuando yo no podía acceder?”, se preguntó.

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“Alguien de la Ayudantía se los dio, llevaba mucho tiempo pidiendo esa foto, a mí me la mostraron el día que hice la denuncia y después me dijeron que esta foto había desaparecido”, concluyó.

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“No son cómplices o encubridores, son desaparecedores”

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El abogado Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que “los desaparecedores por ahora son los dos que lo subieron (a Facundo) a la camioneta, la policía que viene de otro planeta y lo levanta y el otro policía. Esos cuatro, por ahora”.

Se refería así a la teniente Siomara Ayelén Flores, al teniente primero Alberto González y a otros dos que se encontraban en el patrullero y que podrían ser identificados con el resultado del seguimiento satelital del vehículo.

“Con lo que le pasó a Katherine Moscoso, que fueron 300 policías y plantaron un cuerpo, tengo todo el derecho de pensar que no sé qué es lo que está haciendo esta gente, no lo puedo controlar”, sostuvo en relación a los rastrillajes que realiza la Policía Federal.

Antes de ingresar a la sede de la Fiscalía: “Cristina quiere un perito que todavía no nos han otorgado. Venimos a ver qué hipótesis tienen porque nosotros tenemos una y queremos confirmarla con los medios de prueba que tiene la Fiscalía y no nos la dan en la medida en que queremos”.

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La querella pretende que el rastreo con canes esté a cargo del adiestrador Marcos Herrero, de destacada intervención en otras búsquedas. “Herrero se quiere sumar ayer”, afirmó Aparicio. Minutos antes, Cristina Castro aseguró que confía “más en los perros que en las personas”.

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Desde hoy se realizan rastrillajes

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Fuerzas federales comienzan este martes rastrillajes en la zona de Teniente Origone hacia Bahía Blanca para buscar pruebas en el marco de la búsqueda de Facundo Castro Astudillo.

Participan canes del K9 y efectivos Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina. Las actividades tienen inicio en horas de la mañana y, en caso de no poderse concluir con ellas, continuarán el miércoles.

La fiscalización está a cargo del director de la Agencia Regional Federal Mar del Plata, secundado por el Jefe de Área II Mar del Plata, a cargo del oficial Jefe de la Delegación Bahía Blanca.

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La Superintendencia de Agencias y Delegaciones Federales – Agencia Regional Federal Mar del Plata – Área II Mar del Plata, envió personal y medios de las delegaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Dolores, Chascomús, Pinamar, Tandil, Olavarría y Necochea.

Profesionales de la Dirección general Fuerzas de Operaciones Especiales evaluaron “la cobertura necesaria para el correcto y efectivo cumplimiento del servicio”.

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Piden que Marcos Herrero encabece la búsqueda con canes

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La madre de Facundo Castro reclamó que la justicia federal convoque al instructor canino Marcos Herrero para colaborar en un nuevo rastrillaje con canes en la zona donde desapareció su hijo el 30 de abril.

Herrero y su perro Duke fueron quienes encontraron en mayo de 2016 el cuerpo de Micaela Ortega quien fuera víctima de grooming seguido de femicidio.

Entre otros casos, participó en el rastreo de Araceli Fulles, del oficial Lucas Muñoz en Bariloche y el de Santiago Maldonado, donde Duke encontró en las aguas del río Chubut un collar negro con un colmillo de jabalí que tenía el nombre de Santiago.

“¿Esperaran que la madre salga a buscarlo como lo tuve que hacer yo? Queremos a Facundo ya! No se olviden que Duke y su entrenador fueron quienes encontraron el cuerpo de Mica y pruebas que a la Científica se les pasó por alto. No puedo respirar de solo pensar lo que está sufriendo esa madre, por favor, repliquen esta publicación hasta que Marcos y sus canes estén trabajando en el lugar correcto”, afirmó Mónica Cid.

Cristina Castro requirió la nueva prueba la semana pasada a la jueza federal Gabriela Marrón aunque aun no tuvo respuesta. Herrero es master trainer canino, especialista en rastro criminal y búsqueda de personas, restos humanos y animales mediante rastrillaje con canes – trabajo y técnica propia que permite resultados positivos en búsqueda sin límites temporales desde la desaparición.

La medida reclamada por la querella implica un rastrillaje con canes que “deberá realizarse en el Partido de Villarino, especialmente en los accesos a Mayor Buratovich, Teniente Origone, las dependencias policiales de ambas localidades, sobre automotores, accesorios, equipos, vestimentas y demás objetos y lugares que la propia dinámica de la prueba imponga dada la gravedad e inmediatez del caso que nos ocupa”.

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“Desde casa y casi sin voz les pido me ayuden con esto: necesito que en el rastrillaje esté presente Marcos Darío Herrero con sus perros. Yo lo pedí a la justicia y está dando vueltas y vueltas, quizás si todos pedimos a Marcos me escuchen. Yo confío en él y en sus perros, por favor me ayudan, llenemos las redes pidiendo a Marcos”, solicitó Cristina este mediodía desde su cuenta de Facebook.

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Dos nuevas muertes producidas por la Policía Bonaerense

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En junio la Bonaerense asesinó a una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes, la mayoría de varones, jóvenes y pobres. La cifra está en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel.

En la madrugada del viernes, oficiales de la bonaerense persiguieron y fusilaron a Lucas Nahuel Verón (18) en Villa Scaso, La Matanza, el día de su cumpleaños. En la tarde de ayer falleció en Chascomús Raúl Dávila (22) víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría local donde estaba detenido por resistencia a la autoridad.

Estos hechos que se conocieron en las últimas horas significan una alerta máxima sobre el accionar de la Policía Bonaerense, en un contexto en el que aún no hay noticias de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich y la misma fuerza policial acaba de ser apartada de la investigación por principal sospechosa.

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La Comisión por la Memoria, querellante en la causa Astudillo Castro en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene también en estos dos nuevos casos de violencia policial.

Lucás Verón

En la madrugada del viernes, Lucas Nahuel Verón, que estaba cumpliendo 18 años, fue con un amigo al maxikiosco del barrio en Villa Scaso, La Matanza a comprar gaseosas. Cuando regresaban en moto un patrullero comenzó a perseguirlos y dispararles. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Luego de protagonizar este caso de gatillo fácil, el móvil policial huyó del lugar.

La Comisión por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del hecho ayer por la mañana a través de la agrupación HIJOS La Matanza, con quienes desde hace tiempo articula políticas de derechos humanos en el territorio y llevan a cabo tareas de monitoreo sobre la intervención policial.

Inmediatamente la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó varias comunicaciones urgentes con la Fiscalía de Homicidios que interviene, la Fiscalía General de La Matanza y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Política Penitenciaria y Denuncias de la Procuración General.

La rápida intervención de los militantes de HIJOS La Matanza que se constituyeron en el lugar, tomaron contacto con la familia y buscaron testigos, permitió la resolución inmediata del hecho: los policías de la bonaerense Ezequiel Benítez y Cintia Duarte fueron detenidos por requerimiento de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza a cargo del Dr. Juan Pablo Tahtagian.

Por su parte, la CPM reclamó la inmediata aplicación de la Resolución 1390 de la Procuración General, y evitó de este modo que la policía tomara declaración a los testigos en sede policial, adonde habían sido trasladados con ese fin. La fiscalía avaló este procedimiento policial con la excusa de carecer de personal.

También el menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar. Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos. Allí describieron de manera precisa el asesinato policial. La autopsia será realizada por el Ministerio Público en Lomas de Zamora.

Por su parte, la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad decidió la desafectación preventiva de los agentes.

La detención de los agentes responsables del crimen y su desafectación, marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el poder judicial y la Auditoria, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no ha sido detenido sino que continúa en sus funciones.

Esto ocurrió en hechos graves producidos durante la cuarentena como el homicidio de dos jóvenes en San Nicolás, o las torturas de jóvenes en Punta Indio y Mar del Plata, entre otros. Preocupa que la falta de disposición de desafectaciones preventivas, en muchos casos, se expliquen desde la imposibilidad de tomar declaración a los policías afectados con motivo de la cuarentena.

Raúl Dávila

Mientras tanto, ayer por la tarde, se conoció una nueva muerte que apunta directamente a la responsabilidad de la policía bonaerense y la justicia provincial. Fue en la localidad de Chascomús. La víctima, Raúl Dávila de 22 años, había estado detenida en la comisaría desde el 27 de junio. En la noche del jueves, luego de un incendio en el calabozo donde se encontraba, Raúl fue trasladado al hospital municipal con el 50% de su cuerpo quemado. Falleció ayer por la tarde.

La policía bonaerense y la justicia deberán responder ante esta nueva muerte evitable. Raúl fue detenido luego de una discusión con el padre de su novia. El hombre llamó a la policía y cuando los agentes se hicieron presentes detuvieron al joven bajo la excusa de resistencia a la autoridad. Hasta el jueves permanecía detenido, por un hecho menor por el cual el fiscal pedía 3 meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado. La justicia no sólo rechazó su excarcelación sino que además dictó la prisión preventiva. Según la versión policial, al enterarse de esta decisión Raúl incendió el colchón del calabozo donde estaba alojado en señal de protesta.

Hoy se realizará la autopsia que estará a cargo del Ministerio Público de Lomas de Zamora y la fiscalía tomará declaraciones al resto de los detenidos. En la causa interviene el Juzgado de garantía N 5 de Dolores (descentralizado Chascomús), a cargo del Dr. Christian Sebastián Gasquet y la UFID 10 a cargo del Dr. Jonatan Robert.

Este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en Comisarías por delitos leves y plazos extensos – en el caso de Raúl Dávila fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 hs. El Estado es responsable por continuar con una política que ha sido fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses. No obstante esto la situación no sólo no se modifica sino que se agrava.

Las muertes de Lucas y Raúl se producen en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich hace poco más de 70 días, y donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal.

Resulta imperioso que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la policía bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad bonaerense debe asumir la responsabilidad de esta política que, exaltando la centralización del mando policial y la gestión violenta de los territorios, provoca graves violaciones de derechos humanos. Es imperioso revertirla con urgencia, apartar a aquellos agentes sospechados de estos crímenes y garantizar la no repetición de estos hechos. No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita este accionar.

Informe: Comisión Provincial por la Memoria

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“Me van a tener que entregar a Facundo esté donde esté”

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Con la consigna “Aparición con Vida YA” se realizó este sábado una movilización en Pedro Luro a 73 días de la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. Su familia y amistades encabezaron el recorrido que denunció inacción y encubrimiento por parte de autoridades políticas y policiales.

“Desde el Municipio es desde donde tuvieron que haber dado las primeras explicaciones y no lo hicieron. A setenta y pico de días recién se comunicaron conmigo, no es justo lo que está pasando, no es justo lo que hace la policía, no es justo que se encubra, que los estén trasladando. Los quiero presos, no los quiero fuera de Villarino. Lo que le hicieron a Facundo no tiene nombre, ya casi los tenemos identificados, esto no va a quedar así”, dijo Cristina Castro ante la Delegación que responde al intendente Carlos Bevilacqua.

Frente a la sede policial la mamá de Facundo afirmó: “En este lugar empezó todo. Acá es donde me presenté buscando a mi hijo, no son todo iguales, no metamos a todos en la bolsa, muchos de acá me atenideron muy bien. Muchas de las cosas no han pasado acá, han pasado en Mayor Buratovich”.

“¿Para qué nos filman?”, preguntaban algunos manifestantes antes de empezar a gritar “vivo lo llevaron, vivo lo queremos”.

Uno de los hermanos de Facundo agregó que “el oficial Rodríguez, el oficial González, Flores, todo ese tarro de mierda, Navarrete, Curruhinca -no es casualidad que sean familia- no tengo miedo de decírselos: ustedes desaparecieron a mi hermano, es todo el grito de un pueblo. Todos estos oficiales son los que hicieron desaparecer a mi hermano y vamos a seguir. ¿Qué más nos pueden sacar?”.

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La marcha terminó en el punto de partida, la Plaza del Ferrocarril. Allí, Cristina Castro agradeció a quienes la acompañaron y dijo: “Hoy es por Facu. No tendrían que seguir desapareciendo chicos. Esta gente sigue mintiendo, sigue encubriéndose, recién en la comisaría vi pasar al señor Navarrete que tan bonito y tan prolijo está cubriendo a la madre de su hijo”.

“Vamos a seguir peleando y no vamos a bajar los brazos, como ellos ya saben, miedo no tenemos. Somos laburantes y los laburantes no tienen miedo. Me van a tener que entregar a Facundo esté donde esté, esté como esté”.

El próximo martes familiares de Facundo y sus abogados se reunirán con el fiscal Santiago Martínez para conocer detalles de la investigación de la desaparición forzada.

El mismo dia a las 10, la CTA Bahía Blanca realizará una conferencia de prensa frente a la Fiscalía Federal de Alsina 317 junto a Cristina Castro, Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

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Facundo Astudillo: la causa queda en la justicia federal

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La jueza de Garantías Susana Calcinelli confirmó la declinación de competencia de la justicia ordinaria en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro tal como lo habían solicitado la familia y el fiscal Rodolfo De Lucía.

A partir de ahora la investigación queda centralizada en el Juzgado Federal N°2 a cargo de la dra. Gabriela Marrón, quien delegó la pesquisa en el fiscal Santiago Martínez.

El próximo lunes se peritará el móvil policial al cual fue subido Facundo el 30 de abril. Imágenes secuestradas en el allanamiento a la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich muestran a Facundo de espaldas a la cámara con un policía posando a su lado.

Calcinelli afirmó que de las declaraciones testimoniales “surge que previo a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, al menos dos efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires habrían interceptado en la ruta a quien resultaría la víctima”.

Destacó lo dicho por “testigos que lo vieron acercándose al móvil policial, el que se encontraba con la puerta abierta, señalando uno de ellos que vio cuando se subía al móvil. A ello se agrega que si bien tal intervención fue admitida por un funcionario policial, es dable advertir contradicciones entre las versión de este último y la de los testigos”.

En ese sentido, la jueza subrayó que “el miembro de la fuerza de seguridad no mencionó que se encontraba acompañado por otro efectivo, circunstancia afirmada por tres testigos”.

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“Si bien también han declarado testigos que afirman haber visto a Facundo en esta ciudad de Bahía Blanca, con posterioridad a las circunstancias narradas precedentemente, aquella intervención policial resulta suficiente, a mi juicio, para afirmar que corresponde sea investigada la hipótesis que permitiría el encuadre legal sostenido por las partes, al menos por el momento”, agregó.

Se refiere a la desaparición forzada de personas que reprime con pena de 10 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

Pericia al patrullero

El próximo lunes a las 9:30 se realizará la pericia al móvil Toyota Hilux RO 23360 secuestrado tras el allanamiento a la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich.

El análisis estará a cargo de la Policía Federal y constará del relevamiento ocular de la camioneta y el levantamiento de rastros y pruebas biológicas como ADN o manchas de sangre.

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Desaparición forzada: “Existen elementos objetivos que permiten afirmar su comisión”

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El fiscal Rodolfo De Lucía solicitó al Juzgado de Garantías la declinación de la competencia en la investigación sobre el paradero de Facundo Astudillo Castro. Lo hizo en favor de la causa que tramita la justicia federal ante la posible comisión del delito de desaparición forzada.

Ayer, el Juzgado Federal N°2 ordenó, entre otras medidas, el allanamiento de la subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich y el secuestro de documentación, vehículos y celulares de efectivos de la Bonaerense. Ya fuerza de seguridad provincial ya no interviene en el caso.

“Importa que el órgano jurisdiccional que la dispuso realizó una valoración de las constancias del expediente y concluyó que existen elementos objetivos que permiten afirmar la posible comisión del concreto delito que se investiga (desaparición forzada de persona) y motivos para presumir que en la dependencia policial de Mayor Buratovich existían objetos vinculados con el mismo”, planteó De Lucía a la jueza de Garantías Susana Calcinelli.

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El funcionario agregó que “resulta que existe identidad entre el objeto de la presente causa y el del expediente que tramita ante el fuero federal, es decir, la determinación de lo ocurrido a Facundo Astudillo Castro -lo que conlleva naturalmente la necesidad de adoptar múltiples diligencias investigativas para confirmar o descartar la hipótesis delictiva”.

“Solicito a S. S. que decline la competencia del Juzgado de Garantías a su cargo para intervenir en las presentes actuaciones y las remita al Juzgado Federal n.°2 de Bahía Blanca, órgano con competencia material para conocer en la mismas”, afirmó De Lucía.

Tuvo en cuenta “la gravedad de los hechos investigados de conformidad con la valoración que conllevan las medidas dispuestas en el fuero federal, a los fines de poner a disposición del fuero Federal con la mayor celeridad posible, lo actuado en la presente IPP y los efectos que obran secuestrados, en particular, los teléfonos celulares entregados por los efectivos de la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich, cuyo contenido puede resultar de especial importancia para el esclarecimiento del hecho”.

La presentación señala que conforme lo establecido por el art. 33 inc. e) del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde al fuero federal la competencia para conocer en el delito de desaparición forzada de persona previsto en el art. 142 ter del Código Penal.

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La madre de Facundo denunció hostigamiento y provocación policial

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“No me van a derribar, la fuerza sale del dolor del alma, de la necesidad de buscarlo”, dijo Cristina Castro, mamá de Facundo, durante una reunión con integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En los últimos días, mientras reclaman intensamente la aparición con vida de Facundo, su mamá, sus amigos y amigas vienen sufriendo distintos actos de hostigamiento y provocación: un funcionario policial jerárquico le dijo a Cristina que “estaban perdiendo recursos al pedo por un pibe de mierda”.

“Las Madres y la Comisión estamos para apoyar y seguir paso a paso su búsqueda. Lo único que sabemos es que la policía está sospechada de cometer una desaparición forzada y los funcionarios tienen que asumir la responsabilidad que les toca, te abrazamos con el corazón”, remarcó Nora Cortiñas.

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Por otra parte, el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, llamó a Cristina y afirmó: “Su hijo está vivo y lo vamos a encontrar”. También le dijo que “la Policía Bonaerense estaba trabajando bien en la búsqueda”.

Este martes la CPM —en carácter de Mecanismo de Prevención de la Tortura—presentó una petición de acción urgente ante el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas.

En el escrito, el organismo señaló que “según las declaraciones testimoniales de testigos, como así también las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la Policía de la Provincia de Buenos, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo”.

También se pidió protección para los tres testigos claves de la causa.

De la reunión con Cristina Castro, además de Nora Cortiñas, participaron los integrantes de la CPM Víctor de Gennaro y Roberto Cipriano García, y la directora general Sandra Raggio.

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#BuscamosAFacu: “No es mi hijo”

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La madre de Facundo Astudillo solicitó ser particular damnificada ante la justicia provincial, a la vez que reclamo que esta decline su competencia en el fuero federal. Mientras se define la situación, exigen a la jueza de Garantías, Susana Calcinelli, que aparte a la Policía Bonaerense de la investigación.

Cristina Castro afirmó que no es su hijo el que aparece en cámaras de seguridad, ni está alojado en una pensión o fue visto vendiendo bolsas y medias en Bahía Blanca”.

La presentación contrapone las “contradicciones” y “relatos inverosímiles” de seis policías que detuvieron o dicen haber visto al joven entre Mayor Buratovich y Teniente Origone con lo dicho por tres testigos que presenciaron cómo lo subían a un patrullero en la zona de “la curva grande” cercana a Buratovich el 30 de abril aproximadamente a las 15:30.

“Principalmente echan por tierra los testimonios y actuaciones policiales que para dicho horario lo situaran a Facundo en un escenario distinto temporal y especialmente, lleno de contradicciones, relatos inverosímiles y relatados por agentes de la misma fuerza”, advierten los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

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Por ello, demandaron que independientemente de la resolución de la jueza respecto a su competencia, “se delegue en otras fuerzas (Policía Federal, Aeronáutica, Prefectura, Gendarmería) la investigación sobre la desaparición forzada de Facundo Castro”.

Cristina Castro Alaniz destacó en la presentación:

  • Que he expuesto hasta el cansancio que no es mi hijo el que se muestra en las cámaras de seguridad de la ciudad de Bahía Blanca que han sido expuestas.
  • Que se encuentra totalmente descartado que Facundo esté alojado en una pensión como le explique hasta el hartazgo al auxiliar letrado.
  • Que las personas que han ubicado a Facundo vendiendo bolsas y medias en la localidad de Bahía Blanca no han podido dar precisiones en su descripción.
  • Que todas las declaraciones recabadas carecen de sustento por no poder dar fe cierta de que se trate de Facundo.

Finalmente, el documento cuestiona los operativos “unilaterales” que desde hoy realizan efectivos de la Bonaerense en distintos barrios de la zona sur de Bahía Blanca y denuncia el incumplimiento de resoluciones de la Fiscalía General por parte del ayudante Fiscal de Médanos, Dimas García, por no haberse apartado ante “la posible participación del personal policial que cumple funciones en su jurisdicción”.

Comunicado de Fiscalía

Esta mañana la Fiscalía General informó que la causa está tramitando bajo la órbita de la UFIJ N° 20 a cargo de Rodolfo De Lucía.

Según el comunicado, “se documentó la salida del joven de la localidad de Pedro Luro el 30 de abril y parte de su trayecto hacia Bahía Blanca, mediante dos controles policiales donde se lo identificó, uno ellos cercanías de Mayor Buratovich y otro en inmediaciones de Teniente Origone”.

“Unos 20 días después fue visto en Bahía Blanca por una persona que lo conoce y que afirma haberlo saludado. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, se están tomando todas las medidas de prueba y testimonios para lograr dar con Facundo”.

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#BuscamosAFacu: “Podrían haber obrado abusivamente”

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La jueza federal Gabriela Marrón aceptó como querellante en la causa que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro a la madre del joven desaparecido desde el 30 de abril cuando partió desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca.

Cristina Castro Alaniz tuvo el último contacto telefónico con su hijo aquel mismo día, cuando Facundo fue aprehendido en Mayor Buratovich por personal de la Policía Bonaerense por violar la cuarentena.

La familia denunció “serias inconsistencias y contradicciones” en la investigación realizada por la justicia ordinaria en base a la investigación policial.

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Para la jueza federal todo “hace sospechar que los agentes de la citada fuerza de seguridad podrían haber obrado abusivamente en relación a Astudillo Castro, lo que promovió que se lleve adelante una pesquisa en este fuero por un hecho de violencia institucional”.

La querella está acompañada por el Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, e integrantes del equipo jurídico del organismo de derechos humanos.

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Investigan desaparición forzada de un joven que venía a Bahía

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Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca. Recientemente tres testigos declararon haber visto al joven ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich.

Esa fue la última vez que alguien lo vio, Facundo nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse. La familia denunció irregularidades en la investigación por “averiguación de paradero”, contradicciones en las declaraciones de los policías y realizó una denuncia penal ante la justicia federal por desaparición forzada.

En este caso de enorme gravedad institucional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentará como querellante institucional y ya pidió que se aparte a la policía de la causa que tramita en la justicia provincial.

Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde hace 65 días. En la mañana del pasado 30 de abril, el joven emprendió viaje “a dedo” de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca. Nunca llegó. A pesar de los múltiples intentos por comunicarse con él, desde ese mismo día el teléfono de Facundo está apagado.

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Tras la denuncia de la familia, se inició una causa por “averiguación de paradero” en la Ayudantía Fiscal de Villarino. La investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone.

El último de los testimonios policiales es el más contradictorio: primero declaró que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.

A pesar que la mamá de Facundo y su abogado estuvieron en todo momento siguiendo la causa, sólo conocían el testimonio de los policías que lo demoraron en Mayor Buratovich y le dictaron la infracción por violar la cuarentena. Esa actuación policial ya resulta irregular: a pesar de ser infraccionado por violar la cuarentena y de constatar telefónicamente con la madre el domicilio de Facundo, los policías -segun dicen- no disponen que retorne a su casa sino que lo dejan seguir camino.

Cabe mencionar que, en ese momento, había en la Provincia mayores restricciones a la circulación y un celo muy particular de las fuerzas de seguridad por velar por el cumplimiento de la medida.

Peor aún, ni la policía ni la justicia le notificaron a la familia de las declaraciones de los policías que, supuestamente, ubican a Facundo en Teniente Origone y en una camioneta en dirección a Bahía Blanca. Recién conocieron estos testimonios el 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición, durante los rastrillajes en la zona. Ese mismo día, también notaron que la ubicación informada por los policías que lo demoraron no era la misma que figuraba en el acta.

Sin embargo, la última y mayor de las irregularidades se conoció la semana pasada. El 27 de junio, tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 3 de la tarde, después de pasar el ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero. Los tres vecinos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados a declarar.

La declaración coincidente de los tres ciudadanos echa por tierra los testimonios y actuaciones policiales, identifica otro tiempo y lugar de su desaparición y aporta el principal dato: Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich.

Ante las evidentes irregularidades en la investigación y la omisión de la detención de Facundo en la causa, la familia presentó ante la justicia federal una denuncia penal para que se investigue la desaparición forzada y se desplace de la investigación a la Policía Bonaerense.

En la denuncia también señalaron que Facundo era desde hace algunos años víctima de hostigamiento policial. La madre señaló que el joven, cuando era aún menor de edad, había sido golpeado por la policía y que, en otra oportunidad, le habían roto de manera intencional un ciclomotor. En los dos casos, la madre identificó a un agente que, incluso, lo vio participar de los rastrillajes en el lugar de la desaparición.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del caso por los organismos de derechos humanos de la región que vienen acompañando a la familia y reclamando la aparición con vida de Facundo. El organismo también estuvo en contacto también con la familia del joven y su abogado.

En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y tal como lo faculta la ley, la CPM se presentó como querellante institucional en la causa federal que investiga la desaparición forzada. Y realizará presentaciones ante organismos internacionales de derechos humanos.

Al mismo tiempo, la CPM envió una nota al Ministerio de Seguridad de Nación notificando el hecho y a la fiscalía para requerir el cumplimiento de la Resolución 1930 y ordenar el inmediato apartamiento de la Policía Bonaerense en las diligencias investigativas que se realizan en el marco de la causa por “averiguación de paradero”, en trámite ante la fiscalía de Villarino.

La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida, es un reclamo no sólo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad.

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Triple A: memoria en diferido

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Sobrevivientes de la Triple A y familiares de víctimas de Río Negro no pudieron seguir la primera audiencia testimonial realizada ayer en Bahía Blanca por la falta de transmisión en vivo por parte del tribunal.

La intención era proyectar los testimonios en la Casona de la Memoria Eduardo “Bachi” Chironi ante la imposibilidad de viajar a nuestra ciudad e ingresar a la sala por la pandemia.

Entre otras familias, tampoco pudo participar desde Chile la de Víctor Oliva Troncoso, una de las víctimas de la causa, de cuyo secuestro y asesinato se cumplieron 45 años este jueves.

“Estamos viendo la nada, intentando ver cosas donde no se pueden ver, muy preocupados por esta situación de desinformación, de incertidumbre, porque no se sabía hasta hoy por la mañana si se iba a transmitir, si se iba a continuar o no el juicio y la situación de los testigos”, dijo a FM De la Calle Julia García. 

La hermana del “Negrito” afirmó que “el juez dijo que dado el tiempo transcurrido iba a continuar con la audiencia. Es cierto, pasaron 46 años, vaya si pasó tiempo. Estamos de acuerdo con que se realice pero el coronavirus no puede ser excusa para desvirtuarlo. Es un juicio significativo para Bahía y el país, habla de una participación de civiles amparados en el Estado matando gente y secuestrando en Bahía Blanca”. 

García y otras integrantes de su familia tendrán que declarar en el transcurso del debate aunque ya manifestaron que no aceptarán hacerlo por videoconferencia. “Tenemos el derecho a declarar en condiciones adecuadas, en el caso nuestro son 46 años esperando este momento, cuidando todo recuerdo y cada detalle para no olvidar. El juicio es una instancia reparadora, es la posibilidad que te escuchen y que los imputados se sientan señalados por nuestros dichos y por nuestro relato, no en sus casas tranquilos”.

A su lado, Verónica Alduvino -hermana de Fernando- agregó: “Tanto yo como mi familia esto lo estamos viviendo con un alto nivel de frustración. Los 46 años no estuvimos sentados esperando que se abriera el cielo y bajara la justicia, hicimos un montón de acciones. Mi papá y mi mamá se cansaron de hacer cosas, incluso en el gobierno militar poniendo en riesgo su vida como la de mi hermano más chico, es absolutamente injusto”.

“Estamos enjuiciando al Terrorismo de Estado que ocurrió en un gobierno democrático legítimamente elegido por el pueblo del ’73 al ’76, amparados por este gobierno mataban personas cuando, si alguien era señalado por algún delito, estaban los resortes del Estado para enjuiciarlo, pero no sacarlo de la casa y matarlo”.

“Esto ocurrió y fue metido debajo de una alfombra durante muchísimos años. Nosotros intentando levantarla y sistemáticamente lo volvían a ocultar. Una vez que pudimos por favor que se haga con la máxima seriedad que nosotros y nuestros hermanos se merecen. Se está buscando que este juicio sea entre cuatro paredes y que la gente no se entere. Lo que no se da a luz, mañana vuelva a pasar”, aseguró.   

El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, dijo que “esta causa es importante porque hay familiares de víctimas en Río Negro, la seguimos de cerca, fuimos a la primera audiencia, íbamos a transmitir la audiencia en vivo en la casona ‘Bachi’ Chironi en Viedma. Esta precariedad técnica que impide la transmisión es difícil de comprender que en el siglo XXI, que se dependa de la situación de aislamiento de la ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente subrayó la importancia “de la comunicación permanente con los familiares, tener en cuenta su opinión, mirar las audiencias en simultáneo, que no se pierda el carácter oral y público y que se mantengan la declaración presencial por el sentido reparatorio que tiene”.

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