Luego del femicidio ocurrido el viernes en Villa Mitre y a días de que comience el juicio a Jonathan Luna por el caso de Micaela Ortega, la abogada Fernanda Petersen habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle.
Sobre la muerte de Mónica Esteban afirmó que no avanza el cambio de actitud y respuesta de lxs agentes del Estado. “Empieza con la violencia verbal y terminamos con la institucional. Después de más de diez denuncias no podemos estar hablando de que la justicia no tomó ninguna medida, que este hombre no pudo ser notificado o que no se presentó”.
Y aseguró que “si a una de sus ex parejas le robó el botón antipánico estamos ante la presencia de una persona que evidentemente no va a cumplir ninguna ley, ninguna restricción que se le imponga, se tendrían que haber tomado otras medidas”.
“Obviamente que el Estado es responsable por esta inacción y por la falta de preparación en perspectiva de género: de entender la problemática de las denuncias por violencia, lo que es un círculo de violencia, y por qué muchas veces las mujeres vuelven con los violentos. Esta mirada errada de la situación hace que, lamentablemente, el viernes hayamos tenido que sufrir otro femicidio en Bahía Blanca”, aseveró la abogada.
Petersen consideró que para transformar esa mirada del Poder Judicial “la capacitación es fundamental. Y es una regla de oro creerle a la víctima. Si una mujer denuncia en diez o quince ocasiones violencia (verbal, física, económica, etc.), y tenemos como antecedente otra pareja que también había hecho denuncias. La medida de ‘no acercamiento’ está comprobado que no sirve. Como jueces o como parte de un sistema de justicia, pidámosle a lxs legisladores que lo modifiquen. Evidentemente este tipo de delitos tendría que tener otro tipo de abordaje”.
A raíz de estas situaciones, en el Colegio de Abogados están armando un consultorio gratuito para las víctimas de violencia y van a disponer un día de atención específico con abogadxs de la matrícula que trabajen esta temática. “Para tener también otro lugar porque, lamentablemente, la consulta es cada vez mayor”, afirmó Petersen, quien ya confirmó su participación.
El fin de semana también se supo que Jonathan Luna, femicida de Micaela Ortega, contaba con una cuenta activa de Facebook desde el penal de Saavedra. Al respecto, la abogada de Mónica Cid aseguró que “es una provocación”.
“El Estado está ausente en muchísimos espacios y nos toca a lxs particulares en cada situación hacer la denuncia y llevar adelante las acciones que tienden a corregir esto. Nosotras no estamos pidiendo que a Jonathan Luna no se le respeten los derechos, estamos pidiendo que las medidas de seguridad y de conducta que tiene que cumplir, las cumpla.
“En las manos de Jonathan Luna, un dispositivo tecnológico con acceso a internet, es un arma. Es una persona que está imputada del delito de femicidio, de grooming (captación de menores por redes sociales), y que ha tenido otros intentos de captación antes y después del femicidio de Micaela. Me parece que, como mínimo, se debe tomar alguna medida al respecto”.
“Desde lo legal, es inentendible. Desde lo personal y particular, hay que decirle a la familia ‘este sujeto tiene una cuenta activa de facebook y publica fotos de él, con su compañero de celda, etc’. Se genera una situación de mayor vulnerabilidad para los familiares de las víctimas, que sienten que el Estado, como muchas veces estuvo ausente en temas de la búsqueda o recursos de la fiscalía, también está ausente en la supervisión de estas medidas particulares”, explicó.
Petersen también representa a la artista Olga Corrales, quien fue detenida el último Ni Una Menos (3 de junio), luego de realizar pintadas en Punta Alta. Si bien tuvieron tres instancias para reunirse con la persona que representa al Municipio de Coronel Rosales, optaron por ir a juicio “porque lo único que hacía era dilatar una situación que, consideramos, no era la intención de ninguna de las chicas pedir disculpas”.
Y reflexionó al respecto: “Una puede compartir o no la decisión de pintar un monumento –que no fue un monumento, sino la arcada de la entrada a la plaza de Punta Alta–, pero eso en media hora y con una lata de pintura se solucionó. Las mujeres que faltan, no vuelven más. Las mujeres abusadas tampoco vuelven a vivir una vida como la que tenían antes”.
“Cada vez que una mujer hace una denuncia y Tribunales no la escucha, eso no vuelve para atrás. El Estado está presente, pareciera, en el respaldo al femicida, al violento, y da mensajes violentos. Esto envalentona a cualquier machista que ande suelto, a sentirse con derechos para hacer lo que se le antoja”.
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21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata del tercer tramo de la causa V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.
El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo solicitado por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.
Los jueces José Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava afirmaron que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por mayoría, declararon que “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívica militar”. Además, mandaron que las penas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.
El fiscal José Nebbia comentó que el debate mostró el “montaje en todo el territorio de la Patagonia con epicentro en Bahía Blanca”. “Lo distintivo del juicio es que se muestra la articulación con la represión en Rio Negro. Eso se había visto respecto de Viedma, pero aquí vimos qué fue lo que pasó con el Alto Valle y Neuquén”.
Recordó que la causa involucró a 105 víctimas, “un tercio de esas personas están desaparecidas y por eso la cantidad de pedidos de condena de prisión perpetua es tan alto y para aquellos que no están imputados por víctimas asesinadas o desaparecidas, la cantidad y la gravedad de los hechos hace que las penas sean también altas”.
“Me acuerdo de 1984, ’85, que estábamos acá junto a los compañeros de Bahía Blanca -porque las causas estaban juntas todavía- y lo que era Bahía todavía aplastada por los militares, los marinos y todo lo que los rodeaba y cómo se han levantado, se han organizado, han protestado y han tenido estos juicios contra el Ejército y contra la Marina que son ejemplo”, dijo a FM De la Calle Noemí Labrune mientras esperaba ingresar a la sala.
En cuanto a las declaraciones del ex guardia de La Escuelita, Arsenio Lavayén, quien se refirió a la apropiación de uno de los bebés nacidos en cautiverio, Nebbia afirmó que la información ya la tenían pero “es la primera vez que uno de los imputados rompe ese pacto de silencio y esperemos que eso tenga consecuencias no solamente para el imputado que tuvo una necesidad de contar lo que había hecho, lo que había visto, sino también en el resto, que se quiebre el muro de silencio y que nos permita encontrar a los chicos y a los cuerpos de las personas que desaparecieron y no sabemos dónde están”.
La titular de la APDH de Neuquén opinó que el pacto de silencio de los genocidas “se va a mantener porque los que están apalabrados, los que estaban promoviendo este sistema criminal, saben que siguen torturando. Deben estar muy contentos de negar lo que saben porque es parte del crimen compuesto, permanente y continuo del delito de lesa humanidad”.
Luego de la sentencia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani aseguró que “la Fiscalía se va muy conforme” y agregó que Alejandro Magno Nieva “fue absuelto por el beneficio de la duda, veremos los fundamentos y apelaríamos esa parte”.
Consultado por el cumplimiento efectivo de la orden judicial para que las penas sean en cárceles comunes, sostuvo que dependerá de la situación de cada represor: “Recorrimos todos los caminos procesales pidiendo la revocación de esas domiciliarias para el caso de los que entendemos que por las pericias están en condiciones de estar en cárcel común y lo solicitamos, el tribunal termina resolviendo caso por caso. Por lo pronto, el principio es cárcel común”.
En cuanto a los planteos rechazados por el tribunal dijo que “hay que seguir siendo creativos, pidiéndolos, apelándolos y dando fundamentos y argumentos porque la lucha sigue, esto no termina acá”.
Las condenas a prisión perpetua fueron para los integrantes del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal y Osvaldo Lucio Sierra. Para Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Enrique José Del Pino y Víctor Raúl Aguirre del Destacamento de Inteligencia 181 y para los miembros de la Agrupación Tropas Julio Guillermo González Chipont, Pedro Ángel Cáceres y Carlos Alberto Ferreyra.
La pena máxima alcanzó también al jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Jorge Enrique Mansueto Swendsen y Alejandro Lawless, jefe de sección en dicha unidad militar; a los guardias del CCDTyE La Escuelita Gabriel Cañicul, Raúl Artemio “el abuelo” Domínguez, Desiderio Andrés “perro vago” González, Arsenio “zorzal” Lavayén y José María Martínez; y a los policías bonaerenses Pedro José Noel y Jesús Salinas.
Para el integrante de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, los jueces sentenciaron 14 años de cárcel; 10 para el policía federal de Viedma Osvaldo Vicente Floridia y 9 para el jefe de la Policía Federal de Neuquén, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, y los militares de la Agrupación Tropas Miguel Ángel Chiesa, Jorge Horacio Rojas y Miguel Ángel Nilos.
Los jefes de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya y Andrés Reynaldo Miraglia recibieron castigos de 6 y 3 años de prisión, respectivamente. Y también 3 recibió el comisario rionegrino Antonio Alberto Camarelli. En tanto, fue absuelto el ayudante del comandante del V Cuerpo e integrante de la Agrupación Tropa, Alberto Magno Nieva.
Durante el juicio murieron Carlos Andrés Stricker, Hugo Jorge Delmé y Raúl Oscar Otero, todos condenados a prisión perpetua en juicios anteriores. Previamente habían sido apartados del proceso Enrique Braulio Olea, Julio Manuel Santamaría, Mario Alberto Gómez Arena y Luís Alberto Farías Barrera. En tanto, el comisario bonaerense Gustavo Boccalari recusó al tribunal y fue condenado a perpetua por otros jueces.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/10/sentencia-1.jpg?fit=2914%2C1903&ssl=119032914FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-10-05 12:37:072017-10-05 12:37:07Se conoció la sentencia del Juicio Ejército III
Continúan este jueves los allanamientos encabezados por la Fiscalía Federal en busca de muestras de sedimentos y vertidos líquidos para la realización de una pericia sobre el estado del estuario en el marco de la causa judicial que investiga la contaminación en la ría.
Ahora es el turno de la empresa ABSA que vierte líquidos cloacales y otras substancias sin el tratamiento adecuado.
La denuncia fue presentada por pescadores artesanales años atrás e involucra además a Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.
Participan la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona. El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.
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Participaron integrantes de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona.
La medida fue solicitada por el fiscal Alejandro Cantaro en el marco de la causa judicial que investiga la responsabilidad de las empresas del polo y otros organismos gubernamentales en la contaminación del estuario. La denuncia fue realizada por pescadores artesanales.
El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.
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El Ministerio Público Fiscal encabezó esta mañana una serie de allanamientos en seis empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca en el marco de la investigación por la contaminación del estuario.
Desde las siete de la mañana se recogieron muestras de vertídos líquidos y sedimentos y se secuestró documentación de las firmas TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar y Profertil.
La medida fue solicitada por el fiscal Alejandro Cantaro al juez federal Walter López da Silva quien autorizó el operativo del cual participaron la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona.
El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.
En mayo de 2015, la Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la “inmediata prohibición” del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.
La presentación llevaba la firma del fiscal Cantaro y agregaba documentación a la Causa 135623/2011 “MENINATO, Rolando (PBB Polisur S.A.) y otros s/ inf. Ley 24051” originada años atrás por pescadores artesanales de la localidad portuaria ante la disminución de peces en el estuario.
A su vez, se tramita una demanda civil en la cual están imputadas Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, ABSA, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.
El proceso civil busca definir “la calidad ambiental del estuario”, detener el vertido de residuos tóxicos y sanear la ría. Además, pretende una indemnización por daño moral colectivo.
En paralelo se tramitan causas individuales de medio centenar de pescadores artesanales que impulsan la demanda con el fin de lograr un resarcimiento económico porque no pudieron seguir ejerciendo su oficio.
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La gobernadora María Eugenia Vidal denunció en Bahía Blanca supuestos “pedidos desmedidos” por parte de la UOCRA a empresarios locales referidos a la contratación de determinadas empresas de transporte y viandas de alimentos. La Unión Industrial y la Cámara de la Construcción se manifestaron públicamente en el mismo sentido y el intendente Héctor Gay pidió que la Fiscalía actúe de oficio.
Tras designar a Gustavo Zorzano para tal fin, el fiscal general Juan Pablo Fernández dialogó con El Mejor Equipo de FM De la Calle.
“La investigación comienza en función de una gran cantidad de notas periodísticas por las cuales se dan a conocer una serie de irregularidades, que podrían consistir en hechos de naturaleza delictiva como, por ejemplo, el delito de extorsión”, dijo.
Agregó que “alguna de ellas ya planteaba un hecho concreto, que se podía llegar a individualizar. Esto generó la decisión de realizar una investigación penal preparatoria”. “Será el fiscal Zorzano, quien con todo el material periodístico compilado, podrá empezar a tomar declaraciones y realizar la averiguación correspondiente sobre la existencia de hechos específicos, circunstanciados”.
Sin embargo, “en alguna de esas notas periodísticas sí se daba la pauta de un hecho referido a un acontecer histórico determinado. A partir de ahí, se puede tomar la punta de ese ovillo y empezar a desarmar la madeja”, explicó.
En relación a si el hecho concreto serían las supuestas presiones por parte de UOCRA a empresarios, para la contratación particular de empresas vinculadas a determinado transporte o servicio de viandas, el fiscal general afirmó: “Hay un hecho circunstancial, hay que ver si esto efectivamente fue así. En eso consiste la investigación”.
“Más allá de comentarios al respecto que se venían haciendo en la ciudad sobre esta modalidad operativa, hay que señalar que nunca hubo una denuncia concreta por parte de las presuntas víctimas. Y esto es importante: que las víctimas de esta clase de hechos se presenten en la justicia, se comprometan y denuncien porque es la forma de acabar con esta circunstancia”.
Respecto a si les cabe algún tipo de responsabilidad a las empresas ya que no habían hecho las denuncias pertinentes y accedieron a esas condiciones de trabajo, Fernández dijo: “Si estamos frente a una situación de extorsión, no; porque el sujeto extorsionado no tiene la libertad de elegir, es la víctima del delito”.
“Distinto puede ser otro tipo de situaciones en que puede llegar a haber alguna connivencia empresarial. Acá se está hablando de otra cosa, de circunstancias en las cuales, empresas constructoras serían victimas de aprietes ilegales que encarecerían la construcción, en función de exigencias ilegales de contratación determinadas, o determinadas sumas de dinero”.
“En principio, si esto efectivamente se corrobora, estaríamos frente a un delito de extorsión, donde el único sujeto activo del delito –para llamarlo con propiedad– es el extorsionador. La otra persona, el que paga, es el extorsionado y la víctima”, ratificó.
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Con las últimas palabras de los acusados frente al tribunal bahiense, terminó este miércoles el debate del Juicio Ejército III. La sentencia contra 31 de los 39 imputados elevados a la instancia oral se conocerá el próximo miércoles 4 de octubre a las 17, en Colón 80.
Varios genocidas hicieron uso del derecho a hablar antes de escuchar el veredicto pero ninguno dijo quiénes se apropiaron de los bebés nacidos en La Escuelita ni dónde están las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos.
Uno de los guardias del mayor campo de exterminio que funcionó en Bahía Blanca, Arsenio Lavayén, declaró que no presenció el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Afirmó que lo retiró un médico del V Cuerpo y que Santiago Cruciani manifestó que “un mayor y su esposa” se lo llevarían a Buenos Aires.
El proceso comenzó el 11 de octubre de 2016 y tramitó lentamente con audiencias cada quince días. Es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad iniciado en Bahía Blanca y el tercer tramo de la causa Ejército. Durante su transcurso, el comisario Gustavo Boccalari fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal, con una composición alternativa.
La investigación incluyó más de un centenar de víctimas. Los represores pertenecieron a distintos organismos del V Cuerpo y fuerzas policiales y penitenciarias subordinas que desplegaron el plan genocida en las Subzonas 51 y 52. El tribunal está integrado por José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava.
Entre las clásicas declaraciones de inocencia, ataques a la legitimidad y constitucionalidad de los juicios y victimizaciones varias, se destacó de la audiencia del miércoles el pedido de desalojo de la sala por parte del ex guardia de La Escuelita, Arsenio Lavayén, uno de los involucrados en el robo de bebés nacidos en cautiverio.
Adriana Metz, hermana de uno de los hombres que aun no conocen su verdadera identidad, dijo a FM De la Calle que “el misterio creó más expectativa pero no aportó nada nuevo. Según lo que me contaron después de la audiencia sí confirmó lo que habían declarado Noemí Labrune y Diego Martínez que había sido cuestionado por su abogado defensor”.
“Me voy de franco, cuando vuelvo al lugar, siempre volvía a las doce y media de la noche, éramos doce hombres, seis de servicio y seis de franco. Doce y cuarto, doce y media de la noche, estaba el comentario del personal que estaba en servicio, que había ocurrido el caso, que había nacido el bebé. Yo no lo vi, no lo presencié, ni lo hice”, dijo Lavayén.
El represor relató que ese día llegó un grupo de interrogadores al mando de Santiago Cruciani y que “el Tío” comentó que un mayor de Buenos Aires y su esposa se llevarían al bebé. “¿Qué me dijeron? Que a la hora y cuarto, hora y media que había nacido el bebé, vino el médico de la unidad, del Comando V Cuerpo y retiró al bebé”, agregó.
“Como que me llamo Lavayén lo asumiría, pero yo no lo hice, no lo hice, el delito del nacimiento. Yo no estaba, no lo vi, ni lo presencié”, insistió el Zorzal.
Respecto a la imputación sobre el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Izurieta, el guardia negó que se haya concretado en La Escuelita porque la sacaron con un estado de embarazo avanzado.
El 4 de octubre -desde las 17- el tribunal juzgará los hechos ordenados desde el Comando V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado. Mayores de 18 años con DNI podrán ingresar al aula magna universitaria de Colón 80. Jóvenes a partir de los 16, con docentes, pueden coordinar con el tribunal escribiendo a [email protected]
FM De la Calle trasmitirá en vivo por la 87.9Mhz y delacalle.org
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María Cecilia Bravo es chofer de transporte urbano e interurbano. Hace años que busca un empleo estable y las empresas locales se niegan a contratarla sin darle explicaciones. Cansada de golpear puertas, recurrió a la justicia para que San Gabriel, Rastreador Fournier y la estatal Bahía Transporte SAPEM cesen “en las medidas discriminatorias” en su contratación y la de mujeres en general.
“El trabajo es un derecho fundamental de las personas, y en particular la actora es sostén de familia, y no encuentra otra vía que la legal para obtener igualdad de condiciones en su búsqueda de trabajo”, escribió su abogada Fernanda Petersen.
Agregó que en el sistema local “ha sido imposible ingresar ante las diferentes postulaciones en dicho puesto de trabajo, habiendo contratado en diferentes oportunidades personal con menor capacitación que la que posee la actora, considerando esta parte que se trata de un hecho discriminatorio por el hecho de ser mujer”.
En Rio Grande, Tierra del Fuego, buscan sumar conductoras al transporte público mediante una ordenanza municipal tal como sucedió en Córdoba y Rosario.
María Cecilia visitó esta semana FM De la Calle y contó su historia a El Mejor Equipo (martes de 10 a 14).
“Yo arranqué en el 2010 en lo que era la ex empresa Micro Sur, con traslado de personal a la termoeléctrica, al Arsenal Aeronaval, a la minera Vale. No tuve problema, más que cara de susto al principio de parte de los pasajeros. En el 2013, una empresa de transporte de acá de Bahía, que tiene larga distancia, me dio la oportunidad de manejar los doble piso. Me tomaron una prueba sabiendo que yo no tenía mucho conocimiento más que de colectivo urbano; ahí arranqué con larga distancia y esto lo voy haciendo hasta el día de hoy. Soy una chofer libre, no tengo contrato con nadie. Si hay viajes me llaman, si no hay viajes no me llaman”, relató Bravo.
La trabajadora comentó que “mientras hay viajes más o menos la vas piloteando, pero cuando no hay viajes he ido a limpiar casas, he estado haciendo encuestas en las casas. No tengo problema. Yo alquilo, tengo un hijo a mi cargo, el más chico, y hay que hacerle frente al alquiler, a los impuestos, a la comida y es muy difícil cuando uno no tiene un trabajo fijo”.
“En diciembre de 2013, salgo en tapa de La Nueva Provincia, pidiendo trabajo. El titular era: ‘una mujer colectivera (que no es colectivera, es conductora de última), busca trabajo y no se lo dan’. El único que me dio más o menos un poco más de bolilla, por decirlo de alguna forma, fue Raúl Woscoff y se pidió desde el Concejo Deliberante un pedido de informe a las empresas por que yo había llevado los curriculums. Pero para asegurarnos de que los recibieran, Raúl Woscoff me hizo llevarlos de vuelta y hacer que me firmen un comprobante que yo los había entregado y eso quedó en la nada”, aseguró Cecilia.
El pedido de informe solicitaba información directamente a las empresas Bahía Transporte SAPEM, Rastreador Fournier y San Gabriel: “San Gabriel en ese momento sacaba la 513ex, entonces yo sabía que se tomaba personal y dije bueno, esta es mi oportunidad”.
“A veces es peor que no te digan nada, a que te digan: ‘Tenes el pelo corto’, no sé, por decirte algo, no me gusta y listo. Sé que tengo la capacidad, sé que puedo hacerlo, entonces eso es lo que más indigna”, enfatizó.
Respecto a su capacidad para manejar colectivos, Bravo explicó que “el carnet profesional que utilizan los conductores o los choferes acá en bahía, es el municipal que tenemos todos ampliado a la categoría de profesional. Nosotros en larga distancia, aparte, tenemos que tener otro carnet que te habilita. Yo, por ejemplo, hice temporada en Camboriú este verano. Para salir del país, para sacar la unidad es otro carnet, que tiene todo un psicofísico mucho más completo de lo que es el local”.
“Yo conozco muchos choferes de hace 25 o 27 años. La mayoría de ellos ya se han jubilado. O sea, no me pueden venir a decir a mí, que en cinco años no se tomó personal, es imposible. Pero yo quiero dejar en claro esto: yo no estoy peleando porque soy mujer y tengo que tener el trabajo. No parte por mi condición sexual, sino, parte porque estoy capacitada. Entonces, dame la oportunidad de demostrarlo, porque sé que lo voy a poder cumplir con creces”.
El caso de Cecilia no es el único en nuestra ciudad: “Hay otra chica, que se puso en contacto conmigo, que también entregó curriculum y nunca nada. Hablamos la semana pasada y me dijo que los iba a volver a llevar”.
“Al principio cuando recién entré yo era el bicho raro –dijo la conductora al ser consultada por la relación con sus compañeros-. Yo digo que muchos lo tomaron como herir el orgullo de hombre y me han hecho cuestionamientos de lo que se te ocurra. Por ejemplo: ‘Vos estás manejando y te viene tu período, ¿podés manejar?´. Vos te lo quedas mirando como diciendo: ‘¿Me estás cargando?’. Eso como mínimo”.
“Yo como mujer aprendí a cambiar correa; a cambiar cubiertas, gomones que son más grandes en los colectivos de larga distancia, siempre con mi compañero. Si yo pretendo una igualdad, en la misma igualdad me tengo que comportar yo. No voy a decir: ‘Ah no, porque yo soy mujer no puedo’. No, yo estoy en las mismas condiciones que vos”.
Finalmente, sobre el trámite del amparo presentado ante la justicia afirmó que se demoró con el paro de los trabajadores y las trabajadoras judiciales pero debería tener resolución en los próximos días. “Tengo la suerte de que si hay viajes me llaman, pero la angustia de necesitar una estabilidad y de estar acá es muy importante. He llorado mucho”.
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Después de conocerse que el Gobierno Nacional apeló el fallo judicial que dictaba restablecer las pensiones dadas de baja en el mes de junio, Mara Recondo –integrante de la fundación DISER (Discapacidad y Servicio) – habló con El Mejor Equipo sobre el trabajo que realizan en función de la decisión del oficialismo.
En primer lugar, Mara comentó cómo fue la situación en junio cuando “la gente que fue a cobrar el beneficio con el aguinaldo, se encontró que no tenían depositado el dinero. Después tomamos conocimiento de esta suspensión de la pensión no contributiva, y a raíz de una serie de reclamos que se hicieron a nivel nacional, trabajamos con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados”.
A pesar de que en todos los casos en que intervino la fundación, se logró la restitución de la pensión, explicó que fue “muy angustiante y preocupante para muchas personas”.
En relación a algunas pensiones no restablecidas, Recondo afirmó que se debió a que los motivos de suspensión no estaban contemplados dentro de lo establecido por el Gobierno. “Por ejemplo, a los que se les había dado de baja porque tenían un cónyuge que cobraba jubilación, o a los que contaban con el beneficio de tener un vehículo para trasladar a la persona con discapacidad”.
Las situaciones más comunes por las que no se restauró el cobro son “porque [las personas] no alcanzan el porcentaje de incapacidad laborativa. Tuvieron que hacer todo el trámite de nuevo, y todavía están en espera”, aseguró.
Recondo aclaró que es muy engorroso realizar la documentación nuevamente, que en ciertos casos puede incluir hasta la visita a un médico legista que determine el nivel de incapacidad, ya que en el entreacto la persona pierde el beneficio. “En esos casos pedimos asistencia al Municipio o gestionamos ayudas económicas. Más allá de que se consigue y pueden percibir un ingreso hasta que se restablezca la pensión, sabemos que los tiempos de restitución son muy largos. A la persona le genera incertidumbre, temor de decir ‘¿qué voy a hacer si se me termina la ayuda económica? ¿De qué voy a vivir?’. Esa es la parte que más nos dolió de esta situación”.
En Bahía Blanca, DISER intervino directamente (en conjunto con la Defensoría Federal y la Defensoría del Pueblo) en veinte casos, a pesar de que en la ciudad hubo trescientas pensiones suspendidas. En relación a la quita de pensiones masiva de junio, que ya ocurría desde agosto de 2016, asegura que fue “sin criterio y sin sentido”.
Por otro lado, la semana pasada se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que absorbe a la Comisión Nacional de Discapacidad y a la Comisión Nacional de Pensiones, y que ya no dependería del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que preocupa es “con qué criterios van a otorgar pensiones. Porque si usan los criterios en los que se están basando ahora, el decreto 432/97, estamos mal. Estamos hablando de los mismos criterios que utilizaron para quitarlas”.
Para contrarrestar esta nueva situación, a través de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, “se está trabajando en conjunto, para que expliquen cuáles van a ser esos criterios, cómo van a trabajar el otorgamiento de pensiones y cuál va a ser la función de la Agencia. Todavía falta información y falta saber cómo va a ser el procedimiento de aquí en adelante”, ratificó.
“El miedo está instalado, la preocupación está y, si bien la ministra de Desarrollo Social y la vicepresidenta Michetti, declararon públicamente que ‘el que tiene la pensión no la va a perder’, nosotros queremos algo más concreto”, concluyó.
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Lo afirmó uno de lxs 31 detenidos tras la masiva marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de la represión en Cushamen. Ezequiel Medone es periodista de Antena Negra TV y de la Red Nacional de Medios Alternativos y contó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que estaba a más de doce cuadras del lugar de los incidentes cuando lo capturó injustamente la policía porteña.
Luego de la convocatoria que reunió a aproximadamente 250.000 personas en la Plaza de Mayo, Medone se dirigía hacia Congreso cuando “un policía se acerca e intenta detener a una chica que estaba filmando. Empiezan a intervenir trabajadorxs de prensa que estaban en el lugar, para explicarle que no estaba haciendo nada malo. No tenían motivo para llevársela”.
“En eso nos agarran a nosotros y se genera un forcejeo en medio de un tumulto de gente –porque había bastante gente alrededor– además de la policía que se fue sumando. Nos llevan a una comisaría en Chacarita y nos dicen que estábamos incomunicados”.
Las 31 personas detenidas no podían hablar con sus familiares que estaban afuera, ni con sus colegas, ni con la abogada de CORREPI María del Carmen Verdú, ni siquiera entre ellxs. “Estábamos todos en celdas separadas”, explicó Medone.
Recién en la comisaría se enteraron de qué los acusaban: “intimidación pública” y “alentado de resistencia a la autoridad”. “En la presentación que hace el juzgado, dicen que nos detienen en Plaza de Mayo a las 20.20, tirando una reja… lo cual es totalmente falso. Yo a las 21.30 estaba en otro lado, ni siquiera estaba cerca”.
El periodista dijo que “en general fue bastante irregular el procedimiento y la acusación; no tienen mucha prueba de nada. Queda en evidencia que fue una orden y un plan de detener gente. De hacer un espectáculo de esa represión que se estaba dando”. Y agregó que “hubo amenazas a gente, maltratos a compañeras. La verdad es que fue un desastre lo que hicieron”.
Medone contó que recién el domingo, cuando fueron a declarar ante el juez Martínez Di Giorgi lo dejaron comunicarse. “Con Verdú pude hablar cinco minutos antes de declarar. Después la volví a ver a ella, a Norita Cortiñas, al ‘Turco’ (Ismael Jalil) de CORREPI cuando nos comunican que nos liberaron. Fue re emocionante”, confesó.
También afirmó que gracias al acompañamiento de la gente que se acercó a la radio abierta realizada por la RNMA el fin de semana, bajo condiciones climáticas desfavorables, “se pudo torcer la voluntad de tenernos todo el fin de semana –y más–, porque sino hubiésemos declarado recién ayer, quizás hubiésemos salido hoy, quizás no”.
“Estábamos aislados. Recién al final pudimos vernos y hablar [con lxs otrxs detenidxs]. Al momento de la declaración te leen todas esas mentiras que pusieron y te indigna. Es cuestión de, por un lado, denunciarlo y por otro contestar, les dijimos cómo fueron los hechos de verdad”, aseveró.
A pesar de que tienen todo el material que habían registrado, salvo el celular de su compañero Juan Pablo Mourenza (que sigue confiscado), “estamos haciendo un pedido: si alguien tiene algún video de cómo fue la detención, que lo mande para reconstruir bien el hecho y presentarlo como prueba”.
Ezequiel Medone y otras treinta personas finalmente quedaron imputadxs. En diez días el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi tiene que expedirse y resolver si les procesa o no.
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El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.
Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.
“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca.
El fiscal recordó que, “respecto del hijo de María Graciela Izurieta, la defensa dijo que el hecho no existió, que la mataron antes de dar a luz. Respecto del hijo de Metz dijo que nació pero que no se sabe quién lo apropió. No es ninguna novedad. Lo estamos buscando hace mucho, todos lo están buscando. El tribunal lo está buscando. Los organismos lo están buscando. Su hermana lo está buscando incesantemente”.
“Si a María Graciela Izurieta la mataron antes de que diera a luz, la pregunta que surge es dónde está su cuerpo, dónde está el cuerpo de esos once desaparecidos y dónde está o quién se llevó al bebé apropiado”.
“Los que saben dónde están los cuerpos están sentados acá atrás, lo están mirando por tele. Son los defendidos de la defensa oficial los que saben dónde están esos chicos. Esas personas nunca dijeron nada, nunca colaboraron, nunca se arrepintieron. Como explicamos en los alegatos, son los responsables por la apropiación de estas dos personas y por eso deben responder”, concluyó Nebbia.
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(Por Daniel Feierstein/ Fotos M.A.F.I.A.) Si algo dejó la lucha contra la dictadura genocida en la Argentina fue la construcción de un “límite”: la participación en el genocidio o su legitimación quedaban por fuera de la discusión aceptable.
No fue así en Chile, donde algo menos de medio país siguió defendiendo a Pinochet cuanto menos hasta su detención en el Reino Unido. No fue así en Uruguay, en donde algo más de la mitad de la población votó a favor de impedir el proceso de memoria, verdad y justicia. No fue así en Brasil, donde nunca se juzgó a los responsables y donde se pudo utilizar la legitimación de los represores en el propio proceso vergonzoso del golpe institucional a Dilma Rousseff.
En Argentina ese límite estuvo claro desde 1983: el que reivindica a los genocidas pierde. Alfonsín perdió la pulseada por la posibilidad de enjuiciarlos a partir de las asonadas militares de 1986 y 1987, pero jamás los legitimó y justificó la impunidad sin dejar de condenar sus acciones. Menem decretó los indultos e insistió numerosas veces en los beneficios de una reconciliación, pero cuidándose muy bien de ubicarse en el rol de víctima (“yo, que estuve preso, los puedo perdonar”, fue la frase de justificación). De la Rúa (que tenía algún lazo familiar con los represores) tampoco se animó a una legitimación explícita y sólo Eduardo Alberto Duhalde la ensayó (ya no como presidente sino en la oposición a los Kirchner) y terminó con el 2% de los votos en la elección en la que explicitó su pensamiento.
Es cierto que Bussi, Rico y Patti ganaron elecciones, pero fueron fenómenos locales y, salvo el caso de Bussi que da cuenta de la especificidad de Tucumán, no lo hicieron legitimando explícitamente su rol en el genocidio. Ese límite fue de lo mejor que ha construido la sociedad argentina en medio siglo. Y es importante entender que no es un límite natural y que no todas las sociedades posgenocidas lo han logrado, ni siquiera fue un límite homogéneo en todo el país.
Destaco este punto porque es este límite el que nos quieren correr en este último tiempo, con una ofensiva mediática de la que no tengo recuerdo desde los tiempos de la campaña sucia dictatorial. Nunca los medios de comunicación estuvieron dispuestos a desparramar las versiones de los servicios de inteligencia con tanta potencia como hoy.
Sobre todo las versiones sobre una desaparición forzada: “que está escondido en Chile, que lo mató un puestero, que la familia entregó ropa de tres personas distintas para despistar a los perros, que los gremios usan políticamente el caso, que por qué no reclaman por Julio López (los que jamás reclamaron por Julio López), que dónde están los asesinos de Nisman”, etc etc.
Hay variadas responsabilidades para comprender cómo llegamos aquí. Y debemos revisarlas porque es condición indispensable para evitar una derrota que sería muy costosa para toda la sociedad argentina. Pero esas responsabilidades se resumen en la fábula de Pedro y el Lobo.
Ya lo hemos sufrido con el desarme del límite ante el antisemitismo: la denuncia de cualquier postura como antisemitismo (las críticas al Estado de Israel, las posturas cuestionadoras del sionismo, entre otras) llevaron a la incapacidad de identificar al verdadero antisemitismo. Si todo es antisemitismo nada lo es. Y al tratar de antisemitas a todos los críticos del establishment israelí se logró como resultado que reaparecieran los verdaderos antisemitas relegitimados, los que sí utilizan cualquier cosa (también las críticas al Estado de Israel) para desparramar su odio antijudío. Utilizar el límite para forzarlo generó su quiebre.
Del mismo modo, se abusó durante la última década del límite frente a los genocidas. Desde sectores del gobierno k se acusó a todo crítico opositor de ser “la dictadura”, se utilizó el valioso límite construido frente a los genocidas como herramienta partidaria con la que salir a golpear, por ejemplo, a periodistas que (pese a defender posiciones cuestionables desde distintos puntos de vista) jamás tuvieron ninguna cercanía con los genocidas ni con la impunidad (se me ocurren Ernesto Tenenbaum y María O´Donnell, por poner algunos nombres, pero seguramente haya muchos más). Hasta Patricia Walsh o Luis Zamora podían ser “el enemigo” en estas visiones paranoicas.
Simultáneamente se quiso construir un nuevo límite desde la oposición al kirchnerismo: el propio kirchnerismo como límite, la corrupción como equivalente del genocidio en la escala moral. Para muchos sectores de la izquierda o de un periodismo opositor más bien liberal, estar al lado de un kirchnerista pasó a ser algo equivalente a estar al lado de un genocida. “Kirchnerista” pasó a transformarse en insulto y lo es hoy en muchas redes sociales. Amistades, familias, grupos políticos, organismos de DDHH se han quebrado por la famosa “grieta”.
Frente al límite aceptado socialmente en la ilegitimidad de los genocidas, cada uno comenzó a construir su propio límite: Clarín, los troscos, el peronismo, los k. Hasta irónicamente vale la pena mencionar que, para Carrió, el límite hace unos años era Macri. Límites que son subjetivos, múltiples y cambiantes. O sea, límites que dejan de ser límites.
Cuando cada uno pone el límite que se la canta, entonces no hay más límites. Ese fue el momento donde los genocidas salieron de sus cuevas para hacer oír sus voces. Ellos también tienen sus límites. Los que no podían hablar hoy pueblan los medios de comunicación masiva y acusan de subversión, terrorismo, uso político del caso de Santiago Maldonado, traen a las “víctimas del terrorismo de los ´70” y deben ser escuchados porque “todos tenemos derecho a hacer oír nuestra voz”. Cuando todos son antisemitas ninguno lo es. Cuanto todos están más allá del límite, ninguno lo está. Sólo así puede explicarse que, más de treinta años después, tengamos que escuchar los cuentos de los servicios de inteligencia sobre una desaparición forzada en el prime time televisivo y sean repetidos por miles de personas, ingenuamente o no, sin recibir el repudio público que recibieron durante treinta años.
Necesitamos reconstruir el límite que fuimos capaces de establecer como respuesta ante el genocidio. El que debe dar respuestas ante una desaparición forzada es el Estado nacional. Ni los desaparecidos estaban en Europa ni se mataban entre ellos ni Santiago Maldonado está en Chile ni se esconde con los “indios subversivos”. Y nadie “adoctrina a nuestros niños” sino que todos, absolutamente todos, tenemos no sólo el derecho sino la obligación de preguntarle una y otra vez al gobierno nacional allí donde podamos: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Como le preguntamos en su momento dónde estaba Jorge Julio López. Todos los que seguimos marchando los 18 de septiembre y todos los que no vienen pero deberían venir, por mucho que ahora se hayan acordado, bastante tardíamente por cierto.
Hoy, viernes 1 de septiembre, tenemos otra posibilidad para dejar en claro cuál es nuestro límite. No importa lo que pensás del kirchnerismo. No importa lo que pensás de la izquierda. No importa lo que pensás de TN ni de 678. Hoy tenemos que estar todos juntos para gritarle a Patricia Bullrich, al gobierno nacional, a los servicios de inteligencia que difunden difamaciones a diario y a sus esbirros periodísticos a sueldo… aparición con vida YA de Santiago Maldonado.
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El abogado de la familia de Gabriel Burgos Melo, el obrero que murió en la excavación de Soler al 100 a fines del año pasado, habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle luego de conocerse el resultado de una “pericia trascendental en ingeniería civil”.
El letrado detalló que el perito analizó documentación pertinente y las medidas precautorias tomadas en la obra realizada por MAPSA y determinó que en el programa de seguridad -el cual detalla todo lo planificado y proyectado– “no estaba previsto el riesgo de derrumbe como acontecimiento posible, por lo tanto no se tomó ninguna medida de protección y seguridad para con los trabajadores en torno a ese riesgo”.
“Demuestra la plena responsabilidad de las personas que estaban a cargo”, agregó Chazarreta, y explicó que según el resultado del perito de La Plata: “En el programa de seguridad no se incluyen los dos riesgos básicos para cualquier zanja o excavación. Uno es la caída de personas dentro del pozo, y la segunda es el debilitamiento de las paredes y el derrumbe”.
Respecto a las imputaciones, dijo que será cuestión del fiscal determinar quiénes son las personas imputables. También remarcó que la causa ha sido calificada como ‘homicidio culposo’ y que todavía no se terminó de precisar todos los profesionales que intervinieron en la planificación del programa.
Asimismo, comentó cómo debió ser el proceder ante la obra en materia de seguridad: “Se contrata una ART (el seguro de riesgo en el trabajo), hay un licenciado en seguridad e higiene –que puede ser particular o a veces lo brinda la propia ART–, un director de obra, y a veces se suma otro profesional en el caso de las obras privadas”.
En el derrumbe ocurrido el 6 de noviembre de 2016, Burgos Melo perdió la vida, pero tres compañeros que también cayeron al pozo, sobrevivieron. Al respecto el abogado comentó: Las tres personas que han quedado lesionadas están bajo tratamiento psicológico y de licencia. Ha sido un hecho totalmente traumático, sobre todo por la cantidad de horas que han tenido que sobrevivir en ese estado. Les ha cambiado plenamente la vida, y es muy difícil seguir desarrollando su actividad después del acontecimiento sufrido”.
En relación a los dichos respecto a que un particular había pedido la celeridad de la obra frente a su lugar de trabajo, el representante de la familia Burgos Melo dijo que no le cabría ningún tipo de responsabilidad y aseguró que no era la única sección de la cuadra que se había dejado para trabajar el domingo.
Sin embargo, falta determinar si los responsables de la obra solicitaron el respectivo permiso ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, conforme lo indica la reglamentación pertinente, que los habría habilitado a trabajar un día domingo.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/bhhslaboral.jpg?fit=600%2C338&ssl=1338600FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-31 19:56:492017-08-31 19:56:49“No estaba previsto el riesgo de derrumbe”
(Por Julieta Revelli) Katherine Gabriela Moscoso tenía 18 años el 23 de mayo de 2015, día en que apareció su cuerpo sin vida semienterrado en un médano en Monte Hermoso. Tras estar seis días desaparecida luego de ir a un boliche, la familia recibió la peor noticia. A más de dos años, aun no hay personas detenidas por el crimen.
Ezequiel Moscoso, tío de la joven y querellante de la causa que investiga su muerte, aseguró que hay evidencias contundentes para detener a quienes fueron responsables. El fiscal a cargo es Mauricio Del Cero, y según la familia no ha trabajado en el caso.
Si bien en diciembre del año pasado pidieron la remoción de su cargo, fue rechazada. Lo cierto es que han declarado más de treinta personas gracias al trabajo en conjunto de la familia de Katherine y Leandro Aparicio, su abogado.
Investigación
Ante un caso de estas características, la primera duda que surge es por qué ni la policía de Monte Hermoso ni la Unidad Fiscal de Investigación N°5 de Homicidios, a cargo de Mauricio Del Cero y en la que se encuentra el crimen, avanzaron en la investigación.
El único trabajo fue realizado por cuatro investigadores los tres primeros meses. Pese a haber logrado avances, abandonaron la investigación por falta de recursos: la nafta para viajar a la localidad balnearia salía de su bolsillo, al igual que cualquier gasto que necesitaran. El alquiler del departamento para tomar declaraciones, sin embargo, corrió por cuenta de la familia Moscoso.
Después de esos tres meses y hasta el momento, ningún representante de la fiscalía a cargo del caso se acercó a Monte Hermoso a investigar. Mauricio Del Cero, sólo fue dos veces.
Según explicó a Ezequiel, el fiscal tiene “muchas fiscalías a cargo que lo mantienen ocupado”, por lo que no ha podido ocuparse de la causa.
“Todo va al mismo lugar, siempre se nombran a las mismas personas. Entonces si a esas personas no las citas a declarar es muy difícil avanzar”, indicó el tío de Katherine respecto a los autores del crimen.
Irregularidades
El caso cuenta con innumerables interrogantes: el incendio de una camioneta en la que se había encontrado ADN de la joven, el lavado del cuerpo que evitó obtener pruebas, la falta de imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en el centro de la localidad balnearia y la aparición de Katherine en un lugar donde ya se había rastreado, entre otros.
Quizás la más reconocida de ellas sea el linchamiento de Juan Carlos “Canini” González, que ningún policía pudo evitar.
Hasta el sábado 23 de mayo, día en que apareció el cuerpo de la adolescente, González era apuntado como el único sospechoso. Esa misma noche, fue agredido por nueve individuos. Su hermano denunció en reiteradas oportunidades la desprotección de policías que debían ir a custodiarlo y la familia Moscoso afirma que efectivos arengaron la violencia contra “Canini” y permitieron que el crimen ocurra.
Por estas razones, desde el primer momento la familia habló de una complicidad política y policial en Monte Hermoso, que evitó que hasta el día de hoy haya novedades.
“En Monte nos conocemos todxs, somos ocho mil personas. No se sabe nada porque no se investiga, porque no se trabaja, investigaron tres meses y no hubo más nadie. A nosotrxs Triches, que era el secretario de Seguridad de Monte nos dijo que él no podía hacer nada, que era un ciudadano más del pueblo. Es más, nos quisieron poner psicólogxs para ver si nosotrxs habíamos matado a la nena. Fue una tomada de pelo”, manifestó Ezequiel.
Incluso, la familia sabe qué personas están ligadas al caso.
“Hay gente muy poderosa atrás de todo esto sino el caso ya estaría resuelto. La línea investigativa más fuerte vincula al hermano del intendente Marcos Fernández, y si lo ves por ese lado te cierra todo. Tiene más lógica que hayan lavado el cuerpo. La policía de Monte Hermoso es comunal, la maneja el intendente. Tuvieron tiempo para todo. Si querían trasladar el cuerpo decidían que a esa camioneta no la paren y listo. Se llevan el cuerpo, después lo traen, lo plantan ahí, hacen y deshacen como quieren porque tiene todo el poder, manejan todo”, destacó.
Respecto al accionar de lxs funcionarixs de Monte Hermoso ante el caso, Ezequiel afirma que lo minimizaron desde un primer momento, e incluso nunca mostraron interés.
“Cuando apareció el cuerpo no se acercó nadie, ni siquiera para disimular. De ellxs nadie le fue a dar el pésame a mi mamá.Lo único que fueron a hacer, durante la búsqueda, fue llevarle ocho colchones, que mi vieja nunca pidió nada. Y estuvo el intendente dos minutos hablando con ella, y le dijo que estaban a disposición y no sé qué más. Durante los siete días que estuvimos buscando a la nena estuve en la comisaría, anduvimos de acá para allá. Nunca vi al intendente, nunca vi al senador Alejandro Dicchiara, nunca vi a nadie. A los seis meses tuvimos la reunión con el intendente, que dijo que había que dejar que la justicia actúe y recalcó que ponía las manos en el fuego por su familia”, contó.
Cada quince días, la familia Moscoso lleva adelante marchas en la que sólo participan familiares y allegadxs, porque, según afirman, la comunidad de Monte Hermoso les da la espalda. En total llevan 106 y en una de ellas, la número 91, Ezequiel realizó una denuncia a Martín Fernández, hermano del actual intendente que denuncia como uno de los implicadxs.
“Cuando veníamos subiendo la loma del casino en el recorrido que hacemos de la marcha, venía el hermano del intendente con el camión y nos amagó a tirarnos el camión encima y se nos reía en la cara. Yo lo denuncié y a los dos días me llegó que la causa quedaba en el archivo por falta de méritos. El hermano es el que estaba encargado del boliche Arenas, donde fue Katherine antes de desaparecer”, subrayó.
En cuanto a la “hipótesis” en la que cree la familia Moscoso, la muerte de Katherine se produjo en la madrugada del domingo 17 de mayo de 2015, día en que desapareció.
“Fue todo bien armado. Para mí a la nena la matan el mismo día que desaparece. Y han armado incluso testimonios falsos. Hay una mujer, Blanca Danuncio, que dice que la vio a Katherine el lunes, el martes, y que la pudo haber invitado a tomar mate y la salvaba”, afirmó.
“Katherine debe haber visto algo que ellos no esperaban que viera. O ha participado de alguna fiesta en la que no quiso, la han llevado a tener relaciones y ella no ha querido y al negarse la han matado. Era muy espontánea, si ella vio algo ha dicho que lo iba a denunciar y pasó lo que pasó. Yo en un momento pensé que no la han querido matar a propósito pero le han pegado, la nena se desmayó, la han creído muerta y cuando la enterraron muere de asfixia. O puede ser que la hayan enterrado apropósito”, finalizó Ezequiel Moscoso.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/moscoso-katherine.jpg?fit=1366%2C765&ssl=17651366FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-30 20:11:152017-11-03 17:55:07“La línea investigativa más fuerte vincula al hermano del intendente Marcos Fernández”
La dirigente porteña de la CCC y el PCR Julia Rosales fue baleada anteayer al llegar a su casa. “Tiraron a matar, no es que fue una amenaza, fue muy grave, tiene dos balas alojadas en el codo y en el antebrazo por cubrirse la cara. Y descartado un robo o lo que sea porque tiró cinco tiros y siguió de largo”, dijo a FM De la Calle su hijo César García.
El ex precandidato a concejal por el Frente Socialista y Popular bahiense denunció que el ataque “es para acallar las voces, es una ola represiva de parte del gobierno de Macri, que quiere hacer pasar el ajuste a como de lugar”.
“Mi madre es Julia Rosales, la coordinadora de la Corriente Clasista y Combativa de una de las zonas de Capital Federal. Ayer a las cuatro de la tarde más o menos está llegando a su casa, cuando va a estacionar el auto ve por el espejo retrovisor que viene un flaco en una moto con el casco puesto a plena luz del día y, cuando va a abrir la puerta, ve que desenfunda un arma y se la apoya en el vidrio”, relató.
Agregó que su madre “se tira para el costado y tipo reflejo se pone la mano en la cara y el tipo este le tira cinco tiros que le impactan dos en el brazo, en el codo que estaba cubriendo la cara, otro le pasa por el pecho. Termina de hacer eso y sigue de largo, o sea, descartado un robo, tira los cinco tiros y sigue de largo”.
García detalló que cuatro horas después, cuando su madre ya estaba internada en el Hospital Italiano donde se encuentra fuera de peligro, “le saltan arriba del auto de mi viejo que también es dirigente del PCR y del PTP de acá de Buenos Aires y le dejan rallado todo el auto”.
El atentado “se da en un marco de que un conjunto de organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie y la CCC pusieron sobre el eje la política en relación a lo del hambre, en un contexto donde el día 22 el movimiento obrero se puso de pie contra la flexibilización laboral en relación a no avasallar los derechos del movimiento obrero y principalmente lo que está pasando en el sur con el tema de Santiago Maldonado”, concluyó.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/comedor3.jpg?fit=755%2C406&ssl=1406755FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-30 04:27:422017-08-30 04:36:11“Está viva de milagro”
A horas de cumplirse el primer mes desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida durante la represión de Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, desde la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego aseguraron que “Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha y constituirse en el acuerdo prioritario” para que en la ciudad se realice una manifestación unitaria.
Para este viernes, la central llamó a un acto a las 18 mientras que media hora más tarde comenzará en el Teatro Municipal la concentración convocada por H.I.J.O.S., APDH, Red por la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo.
“Si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quienes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha”, afirmaron desde CTA.
Además, propusieron cerrar la movilización “al grito de: APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO, CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS y EL ESTADO ES RESPONSABLE”.
El comunicado completo:
A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, hacemos responsable al Gobierno Nacional en la persona del Presidente Macri, a la Ministra de Seguridad, al Jefe de Gabinete y a la Gendarmería, al gobernador Mario Das Neves (con enfrentamientos desde larga data con la comunidad mapuche) a la justicia y a la oligarquía terrateniente, entre otrxs.
Son los representantes del Estado Argentino quiénes la convalidan, negando y manipulando lo evidente, cuando hay muchísimas pruebas de que fue secuestrado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen. No casualmente, se produjo dentro de las tierras patagónicas saqueadas junto a los bienes comunes por parte de empresas extranjeras, en este caso bajo el dominio de Benetton. Conflicto de larga data, al igual que los reclamos y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.
Desde la CTA Bahía Blanca estamos convencidos/as que la construcción de un acto único es indispensable. La única diferencia en este marco debiera ser entre quienes queremos la aparición con vida de Santiago y quienes por acción u omisión no.
En esta oportunidad Santiago tiene que ser una gran bandera de lucha, y constituirse en el acuerdo prioritario.
Por lo tanto, si bien ya lanzamos el llamado a un acto, estamos dispuestos a confluir en un solo llamado, que para nosotros debería contener la lectura en forma colectiva de la carta de los familiares de Santiago, quiénes solicitaran expreso acompañamiento y difusión de la misma, constituyéndose en el elemento que nos contiene a las organizaciones y personas que estamos en esta lucha, y sería loable culminar con una gran movilización al grito de:
APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO CON VIDA LO LLEVARON – CON VIDA LO QUEREMOS EL ESTADO ES RESPONSABLE
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/21105609_1492367924142473_167620956334586261_n.png?fit=960%2C360&ssl=1360960FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-30 03:11:472017-08-30 03:11:47Proponen unidad con Santiago como “acuerdo prioritario”
Ayer, 29 de agosto de 2017, en la sede de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, se reunieron la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, y el Dr. Mario Coriolano con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán Garavano.
El señor Ministro se comprometió a evaluarla y dar respuesta en el término de 24/48 horas.
La Plata, 29 de agosto de 2017
Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina Dr. Germán GARAVANO
S/D
La familia de Santiago Maldonado junto a nuestra abogada Verónica Heredia, peticionamos:
1.- El reconocimiento público del Gobierno de la Desaparición Forzada de Santiago Maldonado a partir del 1 de agosto de 2017 en el Departamento de Cushamen de la Provincia del Chubut;
2.- Garantice la efectiva participación de las víctimas en el proceso penal Expte. 8232/2017 “MALDONADO Santiago 5/ Desaparición forzada de personas -art. 142 ter CP” en trámite en la Fiscalía Federal de Esquel, Provincia del Chubut. A tal fin se solicita:
a) se adopten de manera urgente las medidas pertinentes para concretar la participación de investigadores de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires y colaboradores que ellos convoquen;
b) se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago;
3.- Garantice una investigación independiente, pronta y exhaustiva que inicie la búsqueda con vida de Santiago, la determinación de las circunstancias de su desaparición, la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales, y establecer las diversas responsabilidades. A tal fin se solicite la cooperación y asistencia técnica a la Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina Regional del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos con sede en Chile, para la conformación de un grupo de expertos independientes que supervisen y, en su caso, colaboren con la investigación.
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La ministra Bullrich negó la responsabilidad del estado por la desaparición de Santiago Maldonado y acusó a las víctimas.
::: Errores, imprecisiones, omisiones y mentiras :::
Como organismo querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y en virtud del acompañamiento a la comunidad mapuche y el reclamo por sus derechos que desde hace años viene realizando, la Comisión por la Memoria (CPM) manifiesta su preocupación por los dichos de la ministra Patricia Bullrich ayer en el Senado de la Nación.
Aunque existe una cantidad de hechos e indicios que orientan la principal hipótesis de la investigación hacia la desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería, el Gobierno Nacional niega el hecho y no reconoce este delito gravísimo. Por eso, y en relación con lo expresado por la funcionaria, es imprescindible aclarar algunos puntos fundamentales.
1.- LA JUSTICIA INVESTIGA UNA DESAPARICIÓN FORZADA
La ministra Bullrich dijo que no es posible hablar de desaparición forzada y que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, todavía no ha caratulado de ese modo la causa. Sin embargo, desde las primeras horas de la desaparición de Santiago Maldonado, la CPM que presentó el primer habeas corpus, plantea la figura de la desaparición forzada. Esa investigación se tramita bajo el expediente FCR 8233/2017 en la Secretaría criminal y correccional del juzgado.
Además desde la semana pasada la CPM es querellante en la causa que lleva adelante la fiscal Ávila, que es quien investiga la desaparición de Santiago. Esta investigación tiene como hipótesis principal la desaparición forzada por parte de la Gendarmería Nacional, y en función de eso se adoptaron múltiples medidas para investigar este delito. Rastrillajes en los escuadrones de la fuerza en Esquel, El Bolsón y San Martín de los Andes, peritaje de sus móviles y hallazgo de pruebas, que están siendo analizadas, en el lugar de los hechos.
Los tres testimonios de los testigos pertenecientes a la Lof Cushamen declararon ante los miembros del Ministerio Público Fiscal que estuvieron allí en el momento de la desaparición. Afirman que vieron como la Gendarmería lo detenía, lo golpeaba y lo trasladaba fuera del territorio en los móviles oficiales. Cabe destacar que ellos fueron quienes denunciaron el hecho desde las primeras horas posteriores al operativo represivo del 1 de agosto. Hoy se está investigando su desaparición porque ellos lo expusieron ante la opinión pública y luego ante los funcionarios judiciales.
Sin embargo, Bullrich promueve una perspectiva de múltiples posibilidades y pretende que los senadores y todo el pueblo argentino mantenga varias hipótesis abiertas sobre suposiciones que sólo ella construye para eludir algo que ya resulta evidente: fue la Gendarmería.
Cuando una fuerza de seguridad es sospechada de un crimen como este, no hay nada más grave que esto y el Estado debe asumir y reconocer esa sospecha y actuar en consecuencia porque es su propia responsabilidad. Lejos de esto la Ministra hace una defensa corporativa de la fuerza y a modo de justificación dice: “no voy a tirar ningún gendarme por la ventana”.
2 – ESTÁ PROBADO QUE SANTIAGO MALDONADO ESTUVO EN EL LUGAR
Han pasado dos semanas desde que desapareció Santiago Maldonado. Nadie (excepto el Gobierno Nacional) duda que estuvo en el lugar durante el violento operativo de Gendarmería el martes 1 de agosto. Como decíamos, los integrantes de la comunidad y su propia familia han constatado esto, reconociendo pertenencias de Santiago recolectadas en los rastrillajes del lugar (un cuello, un gorro y un collar). Los perros entrenados han reconocido su rastro en los lugares donde los testigos describen.
Sin embargo, la Ministra sigue poniendo en duda y refiriéndose con ambigüedad sobre la posibilidad de que Santiago haya estado efectivamente allí en el momento en que sucedieron los hechos.
3 – EL JEFE DE GABINETE PABLO NOCETTI DIRIGIÓ Y ESTUVO PRESENTE EN EL OPERATIVO REPRESIVO
La Ministra de seguridad intentó desvincular a Pablo Nocetti (segundo cargo político en importancia luego de ella) del violento operativo represivo realizado por Gendarmería el martes 1 de agosto. No pude negar que haya estado en el lugar porque los relatos de los testigos y las fotografías así lo demuestran, pero lo excusó diciendo que estaba allí de paso.
Un burdo intento por apartarlo de una acción represiva en la que él mismo se ha involucrado, reivindicando todo lo actuado y prometiendo extremar aún más el uso de la fuerza del Estado, con declaraciones públicas que tuvieron una masiva difusión días atrás. Allí el alto funcionario del Ministerio de Seguridad expuso con claridad que había seguido de cerca las circunstancias del operativo en el cual desapareció Santiago.
4 – EL OPERATIVO REPRESIVO DEL MARTES 1 DE AGOSTO NO FUE ORDENADO POR EL JUEZ OTRANTO
Una vez más, frente a las preguntas de los senadores, la Ministra insistió en ampararse en una supuesta orden del juez Otranto como justificación del operativo represivo realizado por Gendarmería el pasado martes 1 de agosto. Sin embargo, en respuesta a un requerimiento puntual de la CPM sobre el mismo punto, el juez contestó hace unos días: “al respecto le informo que no he dictado ninguna resolución que autorice el allanamiento del lugar […] Toda esta actuación fue ejecutada por iniciativa de la fuerza de seguridad de acuerdo a las facultades que le confiere el código procesal nacional.” La Gendarmeria ingresó al territorio de la comunidad de manera ilegal, sin orden judicial alguna. Además prendieron fuego pertenencias de estas familias muy pobres (materiales de construcción, colchones, vajilla, etc.), acto que no tiene justificación alguna y también constituye un delito. No existía ninguna flagrancia que justifique el accionar de la fuerza, toda vez que la ruta había sido desalojada horas antes.
5 – NO TODOS LOS DÍAS DESAPARECEN PERSONAS EN EL MARCO DE UNA REPRESIÓN DE FUERZAS DE SEGURIDAD
Al comienzo de su intervención, en su intento por deslegitimar la figura de la desaparición forzada, la Ministra dijo que todos los días desaparecen personas intentado equiparar el caso de Santiago Maldonado con tantos otros asociados a otro tipo de delitos como femicidios, trata de personas o fugas por decisión propia.
Lo que resulta inadmisible de esta afirmación es que no reconozca la gravedad del delito que aquí se persigue, gravedad que precisamente es tal porque involucra de manera directa a las fuerzas del Estado en la autoría del hecho y por lo tanto a su conducción política.
6 – LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA TAMBIÉN SON VÍCTIMAS
Todavía hoy la ministra Bullrich continúa atacando a la familia de Santiago Maldonado con acusaciones que además de inoportunas son falsas. Habló de la imposibilidades de comunicarse con ellos, intentó hacerlos responsables de generar obstáculos y dilaciones en el avance de la investigación demorando, por ejemplo, los estudios para los cotejos de ADN. Al explicar que lo primero frente a un caso de desaparición es la colaboración de la familia expresó que esto no había sucedido y que por el contrario se habían encontrado con una negación. Cabe destacar que la primera reunión con funcionarios de su cartera se produjo en Esquel a casi diez días de la desaparición de Santiago.
Resulta muy grave que la máxima responsable política de los hechos que condujeron a la desaparición de Santiago Maldonado termine agraviando a la familia y haciendo un intento por responsabilizarla por los magros avances de la investigación. Frente a la desaparición forzada de personas y el uso arbitrario de la fuerza pública hay una única responsabilidad y es la del Estado.
Lejos de promover dispositivos públicos de acompañamiento terapéutico y contención de la familia, se la revictimiza acusándola de no colaborar. La falta de sensibilidad de la funcionaria es gravísima y claramente demuestra su carencia de objetividad y la defensa cerrada e injustificable de la fuerza. Pero además, desconoce la esencia de la figura de la desaparición forzada como crimen y el impacto que esto puede generar en la familia de la víctima, lo que resulta alarmante viniendo de una funcionaria pública.
7- LA MINISTRA BULLRICH OBSTACULIZA LA INVESTIGACIÓN
Lejos de colaborar con la investigación, la decisión de mantener a la Gendarmería Nacional custodiando el ingreso a la comunidad mapuche, implica obstaculizar la misma. La fuerza señalada como responsable de la desaparición forzada de Santiago continúa hostigando y amenazando a sus habitantes. No sólo el Ministerio no ha brindado garantías a los testigos para que puedan declarar libremente ante la justicia, sino que además, con sus declaraciones y acciones, se fortalece la idea de que la fuerza puede cometer múltiples delitos sin consecuencia alguna. ¿Cómo pedir a los testigos que declaren o dejen actuar a las fuerzas de seguridad en el territorio si, ademas de la histórica y sistemática represión y persecución que han sufrido, se los sigue hostigando en el lugar y también con cada declaración de la Ministra donde insiste en tratarlos de terroristas sin prueba alguna?
Retirar a Gendarmería del lugar es una potestad de la Ministra. Su negativa a hacerlo entorpece la investigación y, por lo tanto, fortalece la impunidad. Cabe mencionar que su apartamiento y reemplazo en dichas tareas fue solicitado por la CPM ante la justicia federal hace ya una semana, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas en este sentido. El Juez y la fiscal informaron que no están allí por orden judicial sino por decisión política del Ministerio de Seguridad.
8.- LA MINISTRA CONSTRUYE UN ENEMIGO Y UNA HIPÓTESIS DE GUERRA PARA DESVIAR LA INVESTIGACIÓN Y LA ATENCIÓN PÚBLICA
Gran parte del tiempo la Ministra lo utilizó para construir con falacias e imprecisiones la idea de un enemigo poderoso que pone en peligro al Estado Nacional y constituye una amenaza para las personas y las instituciones. Nada tan alejado de la realidad. La comunidad la integran cinco familias que viven allí de manera muy precaria. Ante los distintos hechos de represión e ingreso en sus tierras, se han defendido arrojando piedras contra armas de fuego con balas de plomo y de goma que utiliza la Gendarmería.
Lejos de posibilitar instancias de mediación y diálogo, el Estado solo hace uso de la fuerza estatal desproporcionada y construye un imaginario de grupos terroristas y violentos a los que solo se puede derrotar mediante la represión. Y para esto la Ministra brinda información recortada y poco consistente de cantidad de causas penales y denuncias iniciadas, sin aclarar cuántas de estas tuvieron condenas o están siendo investigadas. Cabe aclarar que no hay ningún miembro de la comunidad mapuche condenado por los delitos que denuncia la Ministra. También lee testimonios de supuestas víctimas de la agresión mapuche, pero omite leer la gran cantidad de relatos que dan cuenta de los heridos, muchos de ellos graves, por parte de la Gendarmería y la policía provincial de Chubut.
La Ministra debería estar informada de las diez causas penales abiertas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche que incluso tramitan en los mismos juzgados, como la del espionaje ilegal por parte de la AFI durante el año 2015 y dos que involucran a la propia Gendarmería.
La imparcialidad es clara, la Ministra considera injusto acusar a la Gendarmería hasta tanto no avance la causa penal, pero adjudica autoría y condena a miembros de la comunidad mapuche de hechos que aún están siendo investigados por la justicia.
Ningún conflicto se resuelve con la fuerza. Se requiere del diálogo y el respeto. Hacen falta dispositivos adecuados y capacitados para intervenir en estos casos. El Gobierno defiende claramente los intereses del grupo empresarial Benetton, por sobre los derechos vulnerables de la comunidad mapuche que reclama sus tierra ancestrales.
https://i0.wp.com/delacalle.org/wp-content/uploads/2017/08/20507.jpg?fit=1600%2C1066&ssl=110661600FM De la Callehttps://delacalle.org/wp-content/uploads/2021/08/logo_png.pngFM De la Calle2017-08-22 03:28:562017-08-22 03:28:56La Comisión por la Memoria desmintió a Bullrich
