Entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre se realizará en Zapala un juicio por jurado contra la inal lonko de la comunidad Winkul Newen, Relmu Ñamku, por tentativa de homicidio agravado y a otros dos mapuche por daños en el marco de un proceso de defensa territorial ante el avance petrolero.

“Sabemos que vamos a un juicio desmesurado, que tiene todo un tinte racista detrás, donde la justicia neuquina pretende amedrentar al pueblo mapuche con este juicio como una causa ejemplar para aplacar las luchas que venimos sosteniendo”, dijo Relmu a FM De la Calle.

Los hechos sucedieron en diciembre de 2012 cuando la oficial de justicia Verónica Pelayes, policías y representantes de la petrolera Apache entraron al territorio de la comunidad para notificar su desalojo firmado por la jueza civil antimapuche Ivonne San Martín. Lxs originarixs paralizaban el yacimiento Portezuelo Norte mientras velaban a una beba nacida con serias afecciones de salud. La comunidad se defendió con piedras, la empleada judicial fue herida en el rostro y al día siguiente Relmu se enteró que la acusaban de tentativa de homicidio.

Las audiencias se realizarán en una gran carpa frente a los tribunales “como si fuera un circo”. Para la dirigente originaria se pretende mostrar “que se está llevando al banquillo de los acusados al pueblo mapuche, pero nosotros también con esto tenemos la posibilidad de mostrar y evidenciar cómo el sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, hoy trata el tema”.

“Por un lado, se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en el país pero, por otro, no hay una aplicación de estos derechos, lo cual ha implicado diversos y múltiples conflictos en donde hoy se mantiene judicializados a un porcentaje importante de la población indígena que está resistiendo a la avanzada no solamente de la industria extractiva, sino también de los distintos emprendimientos que en manos privadas pretenden desarrollarse en territorio indígena”, explicó.

En el territorio de la comunidad Winkul Newen, “una de las luchas más importantes es contra la explotación petrolera, que no es nueva. Hace más de dos décadas que se viene resistiendo primero a la explotación convencional y ahora tenemos el nuevo método que se ha inventado, el fracking”. De la misma manera se enfrenta a la megaminería en otros puntos del país. “Por suerte podemos decir que más allá de todas estas causas judiciales y persecución, el pueblo mapuche está resistiendo al avance del modelo extractivista dentro del territorio indígena”.

Consultada acerca del acompañamiento social a la causa indígena, más allá del discurso racista de la dirigencia gubernamental y empresarial, Relmu aseguró que “hay que tener siempre en cuenta que hay una gran parte de la sociedad que está en simpatía con el pueblo mapuche y que eso también refleja quiénes son hoy los dueños, entre comillas, de las tierras. Hay numerosas extensiones de tierras que están en pocas manos, que son privados amigos del gobierno, de las empresas, que son una minoría, nada más que como manejan el poder económico terminan definiendo las políticas para la mayoría”.

“Tiene que ver con ese abuso de poder que tienen los gobiernos corruptos que se apropian de las tierras, que entregan concesiones sin consulta a los pueblos originarios”, dijo y agregó que el trabajo de las comunidades implica la “concientización de esta sociedad que muchas veces ve al pueblo mapuche como una cuestión folklórica y no como sujetos de derecho, (…) más si queremos construir una sociedad intercultural que es la que siempre levantamos como un derecho a ser diversos, a reconocernos en esta diversidad, ver la diversidad como algo que nos enriquece y nos potencia en vez de que sea algo que nos aleje”.

maxresdefaultLa inal lonko de Winkul Newen recordó que “cuando éramos chicos nos decían ‘indios de mierda’, ‘negros’, y nosotros, como cualquier niño en un contexto donde el mismo sistema educativo no está adaptado para poder contener la diversidad, claro que no queríamos ser lo que se nos acusaba. Y ahora de grandes, que estamos orgullosos de ser mapuche, de haber podido reconstruir nuestra identidad, tenemos una sociedad o un sector racista que niega y no quiere reconocerla, incluso acusándonos de que no somos mapuche. Es una locura ver cómo se va manipulando el discurso para no garantizar los derechos que tenemos”.

Ñanku comentó que su participación en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, recientemente realizado en Mar del Plata, “tiene que ver con seguir construyendo alianzas, como pueblo originario sabemos que enfrentar solos un monstruo como este sistema, como el modelo extractivista, es imposible. Cuando interpelamos a ese modelo estamos diciendo que las mujeres somos más vulnerables porque la contaminación, más allá de afectar nuestros pueblos, nuestros territorios, el aire, el agua, las primeras en ser afectadas somos las mujeres por perder la posibilidad de traer vida al mundo por los abortos espontáneos, por solo decir alguno de los casos que se generan a partir de la contaminación”.

En cuanto a las imputaciones, Relmu afirmó: “Seguimos sosteniendo nuestra inocencia, sostenemos que yo no tiré esa piedra de la cual se me acusa. Los hechos que ocurrieron ese día fueron en el marco de la defensa territorial en el patio de nuestra casa, como cualquier persona defendería su hogar o su territorio, en este caso para los pueblos originarios. Jamás tuvimos la intencionalidad de matar”.

“Salimos automáticamente, cuando nos enteramos de lo que había ocurrido, a pedir disculpas públicas para Verónica Pelayes que es la oficial de justicia. De ninguna manera la consideramos una enemiga sino que creemos que es una víctima tal cual nosotros ante un Estado que sigue sin reconocer nuestros derechos, un Estado que pretende avanzar como en la época de la Conquista del Desierto, como si en estos territorio nos existiese gente, no viviera nadie”, manifestó.

FOTO IndymediaÑamku advirtió que “este caso se va a utilizar para otras luchas sociales y esa es la preocupación que tenemos y que por suerte han podido entender muchas de las organizaciones que nos apoyan. Al ser un caso testigo va a ser parte también de poder escarmentar a otras organizaciones y movimientos sociales que están en lucha”.

Finalmente aseguró que la fiscala que realizó la investigación, Sandra González Taboada, es muy cuestionada en la provincia y tiene un pedido de jury por parte de familiares del joven Sergio Ávalos –desaparecido en 2003- y otras organizaciones “por mal desempeño, por mala praxis, por haber cajoneado pruebas fundamentales para poder resolver este caso tan impune”.

“Es una fiscal que además ha tenido la posibilidad de resolver otras denuncias que ha hecho nuestra comunidad Winkul Newen en hechos de violencia donde una patota petrolera (nos) ha violentado, ha golpeado salvajemente a nuestras mujeres embarazadas, a menores de edad con tiros en las piernas, una anciana con su cabeza golpeada, macheteada con cuchillo. Sandra González Taboada tuvo la posibilidad de investigar esta causa y, sin embargo, la dejó prescribir.

“Esta sí la caratuló como ‘lesiones’ y por eso creemos que es una fiscal que está de la mano con el gobierno, que es una fiscal que le abre todas las puertas para que las empresas petroleras saqueen el territorio, no solamente mapuche sino de toda la provincia de Neuquén”. Para Relmu, la funcionaria tiene “distinta vara judicial para medir las causas”: avanza en aquellas contra “pueblos originarios y pobres” y garantiza impunidad en aquellas en las que “esté en juego el poder económico como son las petroleras o la corporación judicial”.

Luego de dos años de intenso recorrido en cines y festivales “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” está disponible para ver y bajar en internet. La tercerización, los negociados con los servicios públicos, el desvío de subsidios, el papel de la burocracia sindical y de los funcionarios políticos, la actuación de las fuerzas represivas (bajo el mando de Aníbal Fernández) son temas de enorme actualidad en la situación política reflejados en la película. Mirala en delacalle.org

Un intenso recorrido 

El 4 de abril de 2013 fue el día del estreno de “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” en los cines. Faltaban sólo dos semanas para la sentencia en el juicio por el asesinato de Mariano que terminaría con una histórica sentencia a una parte de los responsables políticos del crimen. Entre ellos uno de los principales líderes de la burocracia sindical que aún hoy continúa preso: José Pedraza.

Los realizadores Julián Morcillo y Alejandro Rath, junto al Ojo Obrero y la productora Puente Films, hicieron un gran esfuerzo para llegar con la película terminada para esa fecha con la intención de sumar el estreno a la campaña por juicio y castigo que ya era una gran causa popular con importantes hitos de movilización y expresiones artísticas de apoyo. En un mercado cinematográfico muy hostil para las producciones documentales nacionales (por el dominio del mismo por parte de las producciones norteamericanas) la película consiguió permanecer en cartel durante cinco semanas en cinco salas de la ciudad de Buenos Aires y estrenar en varias salas del interior del país (Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca, etc.) logrando superar la cifra de 10.000 espectadores. Incluso ese número podría ser superior si la película hubiese sido estrenada en una mayor cantidad de salas. Un dato que certifica esto es que la película logró estar en el top ten de cantidad de espectadores por función de todas las películas estrenadas en 2013. Este hecho y la gran repercusión obtenida en medios y críticas hablan de la importancia de la película en la lucha por el juicio y castigo.

La realización misma de la película fue producto de una excepcional movilización política. Martín Caparrós interpretando al protagonista; Iván Moschner y Lucía Romano realizando importantes papeles; la participación de Leonor Manso, Enrique Piñeyro y Soledad Villamil; los compañeros de lucha de Mariano y su familia que dieron su testimonio; los cientos de militantes que representaron los hechos del 20 de octubre; el equipo técnico que se sumó a la producción; la gente que puso su casa para filmar o que ayudó con la comida en el rodaje, las decenas de aportes recibidos para terminar la película; la campaña militante de difusión de la película; los miles de espectadores que llenaron las salas en los primeros días para permitir que la película siga en cartel… en fin, una película que pudo ser realizada y tener el recorrido que tuvo sólo porque expresó una causa popular y sentida.

Fuente: APEL.

La Corte Suprema de Justicia cerró la última querella por “calumnias e injurias” que el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones imputado en la causa Triple A, Néstor Luis Montezanti, había iniciado contra el militante Alberto Rodríguez.

“Se ha resuelto declarar extinguida por prescripción la acción penal, quedando cerrado definitiva e irrevocablemente el proceso a favor del querellado”, sostuvieron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El ex estudiante se mostró “sorprendido” ante FM De la Calle porque desconocía que el docente suspendido hubiera recurrido al máximo tribunal.

“Otra vez miente miente, pero esta no le salió”, manifestó Rodríguez recordando el reportaje que el ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura se hizo en el diario de Massot acorralado por su pasado en la Universidad del Sur, el Consejo de la Magistratura y la causa penal en la cual el juez Ramos Padilla lo declaró en rebeldía por cobijarse en sus fueros para no ser indagado.

En el panfleto, Montezanti negaba su pertenencia a la Triple A y mentía: “Cuando un viejo y tenaz militante comunista quiso usar esa infamia en mi contra para limpiar la universidad de todos los profesores que se opongan al discurso homogéneo e intolerante de su facción, yo me sentí injuriado, lo querellé y gané el juicio”.

El represor comenzó la querella tras una serie de denuncias que Rodríguez hizo en 2002 ante el Consejo Superior de la UNS. En aquella reunión, el testigo del asesinato del dirigente David Cilleruelo por miembros de la Triple A exigió “analizar de una buena vez el plantel de docentes”, recordó que “aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad” y señaló a Montezanti como “partícipe de la Triple A”.

“Eran cuatro querellas. Dos las pude demostrar ante el juez Ares, otra en el Juzgado de Mercedes que es adonde elevó la queja y quedaba la de la misión Ivanissevich la cual la Corte de la provincia la mandó a archivo y hasta ahí la había seguido. Después se ve que sin avisar mandó a la Corte Suprema de la Nación el recurso de amparo y acaba de salir que definitivamente las calumnias e injurias por las cuales me acusaba quedaron definitivamente archivadas dando la razón al querellado, que en este caso era yo”, comentó Rodríguez.

“Esperemos que pase también lo mismo con la Universidad del Sur donde los amigos de Bahía Blanca parece que todavía lo protegen“, dijo el actor y afirmó que si bien la imputación sobre la pertenencia del ex camarista a la misión Ivanissevich fue archivada, “él fue un abogado secretario del Departamento de Humanidades para hacer el listado de profesores para que luego quedaran cesantes. De eso no tengo pruebas que lo hizo pero sería interesante preguntarles a los docentes cesanteados qué hizo Montezanti en las pocas semanas que fue secretario”.

Desde La Casa del Encuentro, con el apoyo de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) y Amigos del Alma, están impulsando un proyecto de ley que garantice una ayuda económica mensual para niños y niñas cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios.

Cada semana, seis niñas y niños quedan huérfanos de madre por femicidios perpetrados en Argentina y quedan desamparados, bajo el cuidado de familiares u otras redes de contención en caso de poseerlas. En el peor de los casos, terminan en hogares. Además, cabe señalar que la mayoría de las veces, sus padres resultan detenidos, al ser responsables de esos femicidios.

La ley permitirá que hijas e hijos, víctimas colaterales de la violencia machista, cuenten con un monto mensual equivalente a una jubilación mínima y cobertura de salud, hasta su mayoría de edad. Las organizaciones impulsoras de este proyecto, insisten en que no se trata ni de un subsidio ni de una asignación o ayuda, sino de una reparación económica para que precisamente el Estado se responsabilice sobre la situación que no llegó a prevenir. Además será compatible con otras asignaciones que posean (por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo) e independiente de otros aportes que reciban de padre y/o familiares.

El proyecto lleva el nombre de “Ley Brisa” para recordar el caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años que vive en Moreno junto a sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años. Su madre Daiana Barrionuevo fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado y su cadáver arrojado a un río dentro de una bolsa.

El femicida, su marido, denunció para cubrirse y obtener impunidad que la víctima había abandonado el hogar y se había fugado con un amante. Pero el cuerpo fue hallado de casualidad el 10 de enero y el sujeto resultó detenido. Desde entonces, la pequeña y sus hermanos conviven con su tía Cintia Barrionuevo, quien es madre de tres hijos.

Lo paradigmático del femicidio de Daiana Barrionuevo y el vínculo construido con su hija e hijos llevó a que desde La Casa del Encuentro, junto con periodistas de la RIPVG como Maximiliano Montenegro -que dio a conocer el caso en Diario Popular- nombraran el proyecto de ley con el nombre de la menor. “No podemos dejar solos a estos chicos, sumarles dolor. Esperamos que otros colectivos se sumen”, afirmó Montenegro.

“Es un trabajo mancomunado y transversal entre diferentes grupos. Desde La Casa del Encuentro estamos elaborando el anteproyecto de ley que será puesto a consideración del Congreso de la Nación. La sociedad civil comprometida genera permanentemente propuestas legislativas porque creemos que una vida libre de violencia es posible”, resumió Fabiana Tuñez de La Casa del Encuentro.

Vale recordar que el Observatorio de Femicidios “Marisel Zambrano”, dependiente de esta organización (el único registro que hay ya que no existen datos oficiales), identificó desde 2008 hasta 2014 un total de 2.146 hijas e hijos de mujeres asesinadas en femicidios.

Quienes motorizan el proyecto desde la sociedad civil también se encuentran impulsando un petitorio para que más personas se sumen a colaborar, “difundiendo y visibilizando esta necesidad, para que este proyecto reciba pronto tratamiento parlamentario y posterior aprobación”. En este link puede firmarse en apoyo a la petición al Congreso y más información puede obternerse escribiendo al correo [email protected]

Mientras el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano se encamina lentamente a su fin, otro represor se benefició con la impunidad biológica. Esta vez fue el turno del ex jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora Domingo Ramón Negrete.

El ex capitán de navío falleció el viernes a los 85 años, según los avisos fúnebres publicados este fin de semana en el diario LaNueva. del empresario Vicente Massot, coimputado en las causas contra civiles y militares partícipes del terrorismo de Estado que se tramitan en Bahía Blanca.

La Fiscalía y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la APDH habían solicitado en sus alegatos la pena de 17 años de prisión para el genocida por ser coautor mediato de privación ilegal de la libertad en dos casos, un caso de imposición de tormentos agravados y uno de abuso deshonesto. En tanto el Equipo Nizkor y familiares de víctimas elevaron el pedido a 25 años.

El represor había nacido el 9 de abril de 1930 en Salta, hijo de Eduardo María y de Rebeca Irene Visich. Desde el 6 de febrero de 1976 al 31 de enero de 1977 ejerció la jefatura de la Base Espora, una de las principales bases operativas de la Aviación Naval en la cual se asentaban varias escuadrillas y un taller aeronaval.

Familiares, amigos y el consorcio del Edificio Caviglia, en cuyo piso 15 cumplía prisión domiciliaria oraron por la “querida memoria” del reo y sus camaradas de armas de las “Promociones 79 ENM, 18 CMN y 82 EAN” mostraron en las páginas de La Nación, pesar por su muerte “en situación de detenido político” .

La Cámara Federal bahiense, con la firma de los jueces ad hoc Omar Cirilo Vojacek y Javier Esteban García, avaló una queja del ex Personal Civil de la Inteligencia de la dictadura Néstor Luis Montezanti la cual nulificaría su suspensión como docente y la sustanciación del juicio académico resuelto por el Consejo Superior de la Universidad del Sur.

“Estamos asesorándonos con los abogados, creo que queda una instancia de apelación y la idea es agotar todas las que tengamos”, dijo la vicerrectora de la UNS, Claudia Legnini, a FM De la Calle. Al ser consultada sobre la vuelta del espía a las aulas afirmó: “Dennos tiempo a ver qué paso seguimos. Siempre se buscarán distintos caminos y demás para ver si se pueden resolver las cuestiones realmente de fondo que nosotros creemos tener en cuanto a diferencias para con determinados profesores”.

El ex presidente de la Cámara también fue suspendido en dicho cargo por el Consejo de la Magistratura y espera el inicio de un juicio político en su contra. Además, fue declarado en rebeldía por el juez Alejo Ramos Padilla por no responder a cuatro llamados a indagatoria en el marco de la causa que investiga 22 crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en la cual está imputado junto a cinco miembros de las patotas que actuaron en la ciudad.

El punto que obstruye la discusión sobre la capacidad ética y moral de Montezanti para dictar -paradójicamente- clases de Derecho se reduce a una discusión burocrática. No fueron los tres años que el Departamento de Derecho cajoneó la solicitud de enjuiciamiento presentada en 2011 por el profesor Dante Patrignani sino el inicio del conteo de los cinco días hábiles que el denunciante tenía para apelar la impunidad universitaria del abogado.

La Cámara afirmó que corresponde tomar los plazos de licencia anual ordinaria del personal no docente y no del plantel docente como lo hizo Patrignani, dado que se trata de un trámite administrativo. “Notificado el nombrado el 05/01/2015, que por haber sido declarado asueto por el aniversario de la UNS debe considerarse inhábil, el quinto día hábil para interponer el recurso de apelación se cumplió el 02/02/2015”, dijeron los jueces ad hoc al considerar al planteo como “extemporáneo”.

Trámite celerísimo

El fiscal general Alejandro Cantaro cuestionó la designación de los jueces ad hoc y pidió su nulidad, mencionando que el Consejo de la Magistratura tramita un concurso para ocupar las vocalías vacantes y analizaba un dictamen de la Comisión de Selección para su cobertura temporal con magistrados subrogantes. Este último paso se cumplimentó el martes con la jura de los camaristas Alejandro Segura (San Justo), Alberto Lugones (de San Martín) Roberto Lemos Arias (La Plata) y el también integrante del tribunal que lleva adelante los juicios de lesa humanidad, Jorge Ferro (Mar del Plata).

Vojacek y García sostuvieron que dicho argumento “no abona” la postura del fiscal y que “por el contrario, podría ser interpretado como un planteo dilatorio: el de ‘quedarse a la espera’ de lo que ocurra primero (la definición del concurso o el tratamiento del dictamen en el Plenario), abandonando los expedientes sin magistrado hasta que algo suceda, lo que se da de bruces con el trámite celerísimo que impone a los magistrados la ley 16.986”.

Para rechazar su apartamiento, los magistrados ad hoc aseguraron que para su nombramiento se utilizó la lista confeccionada por el Poder Ejecutivo que incluye catorce conjueces con acuerdo del Senado. Solo dos de ellxs están domiciliados en la jurisdicción: el abogado Walter Larrea y la subrogante del Juzgado Federal de Santa Rosa Iara Silvestre. Del resto se carecía de mayores datos que permitieran su ubicación.

Desde la Cámara se solicitó la información de rigor a lxs conjueces encontrándose con cuatro inhibidos por estar afiliados a un partido político “sin expresar su determinación de renunciar al mismo” o desempeñar cargo público. Otros ni siquiera contestaron. Así la lista se redujo a cinco sumando a lxs mencionadxs Silvestre y Larrea a Omar Cirilo Vojacek, Juan Antonio Raña y Javier Esteban García, domiciliados en otras jurisdicciones.

El fallo advierte que de la lista en cuestión surgieron 46 designaciones de conjueces para intervenir en diversos trámites, siendo en el expediente analizado el único en el cual el fiscal “objetó la validez del trámite”. La referencia no incluye las causas de lesa humanidad en las cuales Cantaro no interviene.

Por ende, los firmantes se ratificaron en la causa y reprocharon al fiscal general “un celo selectivo” dado que “son estas designaciones en estas causas las que lo perturban y no las otras múltiples designaciones de igual tenor que han sido necesarias en los últimos meses por encontrarse el fuero totalmente desintegrado”.

Las ocho grandes refinerías del país se encuentran en zonas urbanas o próximas a ellas; y en no pocos casos, quienes viven en los alrededores aseguran que la cercanía deteriora gravemente su calidad de vida. La falta de información veraz y de acceso a la documentación oficial se convierte en un problema tan serio como los riesgos tóxicos a los que están expuestos. Como demuestran los trabajos reunidos en esta publicación, no existe una firme política de control, las instancias de fiscalización no son efectivas y no se han desarrollado programas permanentes de evaluación socio-sanitaria. Estas carencias impiden un conocimiento profundo de lo que sucede, dificultan la generación de demandas para revertir la situación, invisibilizan el problema, obturan los debates públicos -tanto sobre la necesidad de otra planificación territorial como de políticas de control industrial y también la búsqueda de alternativas a la matriz energética existente-, y restringen las discusiones, en el mejor de los casos, a las intervenciones de especialistas contratados por las plantas industriales.

El Colectivo Tinta Verde fue el responsable de analizar la situación de la refinería de YPF y el polo petroquímico ubicado en Ensenada y Berisso, en las afueras de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. En segundo lugar, el Observatorio Petrolero Sur, desarrolla el caso del complejo industrial perteneciente a YPF en Plaza Huincul, Neuquén. El presidente de OIKOS Red Ambiental, Eduardo Sosa, tuvo a su cargo el tercer capítulo, en el que leyó minuciosamente los expedientes de los incidentes ambientales y sus remediaciones en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza. Seguido, Mariela Dobal, periodista de FM De la Calle, de Bahía Blanca, expone el caso del polo petroquímico ubicado en la localidad de Ingeniero White y la refinería de Petrobras de Loma Paraguaya. Por último, Cecilia Bianco, coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista, fue la encargada de analizar los impactos de la refinería y la planta fluvial del Grupo Indalo, ubicados en San Lorenzo, Santa Fe.

Polos: injusticias ambientales e industrialización petrolera en Argentina aspira a ser un aporte a ese movimiento de generación de información fidedigna, que pretende conmensurar la implicancia de estas instalaciones en la vida de su comunidad, barrio, ciudad. En ese sentido, busca ofrecer una mirada global de las problemáticas socioambientales vinculadas a la industrialización de los hidrocarburos en Argentina; lo hace desde el paradigma de justicia ambiental, en un intento de enunciar y explorar las preguntas que surgen de quienes viven en las cercanías de las plantas; las que son fruto de la lectura atenta de los informes de remediación ambiental, y, finalmente, las que resultan de la ausencia o vacíos de información.

Bajate y compartí el libro completo

polos

La semana pasada la Cámara de Diputados creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR). Para la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la norma representa un avance sustantivo en el desarrollo de políticas integrales de prevención de la violencia armada. Entre 2008 y 2011, sólo en la provincia Buenos Aires murieron 4.596 personas por armas de fuego.

Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática, destacó en FM De la Calle “las dificultades del propio Estado para registrar, evaluar la circulación dinámica de las armas que tiene en su poder. Cualquier política seria ligada a la regulación de mercados legales e ilegales tiene que tener al Estado como principal motor de proponer una política concreta de desarme y trabajar en políticas eficientes para evitar que armas que están en su poder pasen a mercados ilegales”.

Respecto al armamento de la Policía Bonaerense sostuvo que “hemos identificado que no solo que no se sabe a ciencia cierta cuántas y cuáles son sino que, por otro lado, detectamos que una cantidad importante se pierden, de extravían, les son robadas al personal policial o quedan involucradas en faltantes que se producen en comisarías y no hay mayores explicaciones”.

Desde 2012 la Comisión por la Memoria elabora y actualiza un informe sobre prevención de la violencia armada que da cuenta de las graves falencias en materia de control de armas. Según el documento que puede leerse aquí, esa falencia deriva en un “alto impacto en la producción de violencia, ya que las fallas y omisiones de los distintos poderes del Estado en el registro y resguardo de las armas propician el desvío hacia el mercado ilegal y facilitan el despliegue de prácticas policiales y judiciales ilegales”.

La CPM accedió a información oficial que constata la existencia, entre 2009 y 2014, de al menos 900 armas pertenecientes a la Bonaerense que se extraviaron, robaron o desviaron, entre otros supuestos. Sin dudas, se trata sólo de la punta del iceberg que da pie a diversas hipótesis; entre ellas, la incorporación de estas armas al mercado ilegal. Sin embargo, queda pendiente continuar explorando la verdadera dimensión de este problema si se tiene en cuenta el caudal de armas en poder del Servicio Penitenciario y las agencias de seguridad privada.

En relación a la intervención policial con armas de fuego, el documento destaca que la mayoría de las muertes provocadas por funcionarios policiales se desencadenan fuera del horario de trabajo. La muestra sobre la que trabaja el informe, indica que el 70 por ciento de estas muertes se produjeron en franco de servicio. En estos casos y en el marco del estado policial, los policías utilizan las armas reglamentarias para gestionar conflictos privados o responder a situaciones de victimización por robos.

Pomares explicó en el programa En Eso Estamos que el estado policial “constituye al policía como un sujeto-policía, se transforma en un algo distinto al resto de la sociedad (…), si a eso se le agrega que es considerado prácticamente -como lo ha expresado el gobernador en el juramento que les tomó- como un defensor de la democracia, lo liga más a las fuerzas militares o de seguridad que a las policiales que son de prevención”.

“Respecto a las policías locales venimos alertando y proponiendo que son policías de proximidad, que trabajan sobre la primera línea de prevención de los delitos, alertan, toman intervención inmediata pero con una lógica de monitoreo de los territorios, no son una fuerza de intervención directa. Lo que planteábamos es que era un buen momento para discutir el estado policial y que los policías tengan que portar su arma luego de cumplir su actividad”, finalizó.

Luego de más de diez años de lucha, la Red Argentina para Desarme (RAD) celebró la aprobación por unanimidad de la ley que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional de Armas (RENAR). La nueva normativa, responde a las demandas de un país que sufre la violencia con armas de fuego y que necesita políticas públicas integrales y permanentes para su prevención.

 “La premisa de la que partimos es que toda arma ilegal nació siendo legal, por lo que controlar efectivamente el mercado legal de armas de fuego va a permitir tener una incidencia notoria sobre el mercado ilegal. Para eso uno tiene que poder contar con un organismo con capacidad”, dijo a FM De la Calle la coordinadora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Aldana Romano.

La Ley aprobada jerarquiza el organismo al cambiar su naturaleza de simple registro a agencia de control y modifica el sistema de administración financiera, que conlleva incentivos negativos para el ejercicio de una verdadera política de control.

La politóloga explicó que “hoy el RENAR no solamente funciona como registro sino que se financia de la venta de formularios de las armas de fuego y además, sus recursos son administrados por un ente privado -a similitud de lo que pasa con el registro automotor- que es nada más y nada menos que la Sociedad de Armeros”.

Asimismo, la ley otorga una definición clara de objetivos y funciones del nuevo organismo para que se supere la visión militarista por la cual el RENAR era una herramienta de la política de defensa nacional.

Finalmente, la nueva normativa garantiza la publicidad de la información y de los actos de gobierno. En la actualidad no hay forma de conocer las dimensiones del mercado de las armas de fuego.

Nueve femicidios se registraron en el país durante la última semana, tres de ellos en Mar del Plata, ciudad que concentró el fin de semana a más de 60.000 personas en el Encuentro Nacional de Mujeres que terminó bajo el reclamo #NiUnaMenos, consigna social que pide el cese de la violencia de género.

“La cifra para una semana es impresionante. Hay una toma de conciencia social, un posicionamiento que repudia y no tolera los femicidios. Quedó demostrado en la masiva marcha nacional #NiUnaMenos del 3 de junio y se profundizó ahora en el encuentro en Mar del Plata, pero a las mujeres las siguen matando”, dijo a la agencia de noticias Télam, Ada Rico, directora del Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro.

El trágico listado comenzó el martes 6 de octubre, con el asesinato en la calle de Sandra Elizabeth Costantopulos, crimen que habría sido cometido por su ex pareja Claudio Javier Soto, quien horas después del ataque se suicidó. Al día siguiente a Daiana Luisa Rodríguez, de 17 años, la balearon en la localidad bonaerense de Carmen de Areco y murió en el hospital. El sospechoso del ataque sería su novio Nicolás Cancino, de 24 años, quien también se mató.

Ese mismo día, en Bariloche, Río Negro, asesinaron por asfixia a María de la Cruz, crimen por el que está detenido como sospechoso Hernán Guillermo Cortés. El jueves 8, en la localidad mendocina de Los Corralitos se encontró el cadáver de Marlene Carruman López, de 18 años, en un pastizal. Las primeras investigaciones difundidas por medios locales hablan de que ella estaría en situación de prostitución y que la justicia investiga a un “cliente” como autor del crimen.

A las 24 horas, en Tartagal, Salta, se conoció el femicidio de Silvina Barba, de 23 años. La policía busca al posible autor del hecho, Santino Salas, de 57 años, pareja de la joven, quien estaría prófugo. El sábado 10 mataron a Rosario del Carmen Salinas en Mar del Plata. Ella había logrado una orden de restricción judicial para que su ex pareja Carlos Ruiz Díaz, no se acercara. La mujer había denunciado maltrato y se había mudado a la casa de su mamá. Allí, fue asesinada. El hombre está detenido.

“Este femicidio es uno de los tantos que nos muestran que hay que cumplir con la ley de protección integral que tenemos desde el 2009. El Estado debe ejecutar, con presupuesto, lo que la ley dice. El hombre tenía prohibido acercarse e igual la mató. La justicia debe pensar otras estrategias para cuidar a las víctimas”, analizó Rico.

Ese mismo día, en la misma ciudad, apuñalaron hasta la muerte a Claudia Sposetti, cuyo cuerpo se encontró luego de 48 horas de búsqueda. Está detenido como principal sospechoso su ex pareja Héctor Daniel Herrera. El domingo, Julieta Mena, fue asesinada a golpes en Ramos Mejía y su novio Marcos Andrés Mansilla fue detenido luego de estar prófugo. “Un vecino de Julieta dijo a los medios que escuchaba el maltrato constante. Pero avisó a la policía cuando escuchó silencio y ese silencio era la muerte de la joven”, resaltó la dirigente de la ONG.

Para la titular del Observatorio de Femicidios, la violencia de género “se acrecentó, y también, se visibilizó. Las mujeres se animan a hablar, salen a las calles a decir ¡Basta! Sin duda, esto enfurece a los agresores. Entonces, se deben profundizar las acciones preventivas y de asistencia. Es urgente. Hoy, los violentos siguen matando”.

También son nueve los niños y niñas que quedaron huérfanos esta semana, víctimas colaterales de estos nueve femicidios. Por eso “es esencial que el Parlamento debata urgente los proyectos que presentamos para quitar la patria potestad -responsabilidad parental en el nuevo Código Civil- a los femicidas y la asistencia económica inmediata para estos niños, lo que llamamos Ley Brisa”, agregó Ada Rico.

Fuente: Télam.

El diputado nacional Héctor Recalde (FpV) consideró que el titular del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, y el propietario del ingenio azucarero de Ledesma, Carlos Blaquier, deberían ser “los primeros en declarar” en la Comisión Bicameral que investigará la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, y cuya conformación cuenta con media sanción del Congreso.

“Sugerí que sean ellos dos los primeros en ser llamados a declarar por la responsabilidad que tuvieron en hechos represivos. Más adelante, la Bicameral debería citar a los directivos de las empresas Ford y Mercedes Benz”, señaló Recalde en declaraciones que reproduce ayer el diario Tiempo Argentino.

En ese sentido, el legislador apuntó que otro caso de tendría que analizar este organismo parlamentario cuando se ponga en fusiones sería el de la firma cementera Loma Negra de Olavarría, cuyo personal directivo habría estado implicado en la desaparición del abogado laboralista Carlos Moreno, durante la última dictadura cívico militar.

“Hay que poner en marcha las investigaciones porque además de los casos conocidos, seguramente van a ir apareciendo otros más. En los últimos días recibí información de particulares que se ofrecen a declarar”, sostuvo Recalde.

El mes pasado, con 170 votos a favor y sólo 14 abstenciones del bloque del PRO, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para crear esta Bicameral y lo giró al Senado para su aprobación definitiva.

El matutino cita también las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, quien consideró que “cualquier caso” de complicidad civil con la última dictadura “debe ser investigado por la Justicia”.

“No se entiende la conformación de esta Bicameral. Esto es un operativo de un gobierno autoritario que impone operativos de prensa para atemorizar a la población. Ahora, a pocos días de terminar lanzan esto”, fustigó el empresario rural.

En ese sentido, Etchevehere adelantó que el próximo coloquio empresarial de IDEA, que se llevará a cabo en Mar del Plata, la entidad patronal agropecuaria que encabeza intentará “frenar la iniciativa”.

“Si van los candidatos al coloquio sería bueno preguntarles antes de las elecciones qué van a hacer con esto. Deberían tomar un compromiso antes de las elecciones porque eso es calidad institucional”, subrayó.

A modo de réplica, Recalde defendió la puesta en funciones de la Bicameral y las atribuciones del Congreso para impulsar investigaciones, al tiempo que cuestionó el papel de la SRA durante el terrorismo de Estado.

“¿Etchevehere no explicó por qué la SRA le entregó a la dictadura un predio en Junín para que funcionara un centro clandestino de detención? No hay un argumento solvente para impedir la creación de la Bicameral. La Constitución afirma que los legisladores estamos obligados a investigar para ‘afianzar la justicia’”, puntualizó.

(Por Mariano Anderete Schwal) Loto es un perro ovejero alemán. Espera ser devuelto a su hogar en Villa Ventana. Desapareció el largo fin de semana del 17 de agosto.

Turistas en la comarca serrana aseguran haberlo encontrado perdido y por ello se lo llevaron a Gral. Rodríguez (provincia de Buenos Aires) de donde son oriundos. Antes de irse dejaron un número telefónico en la Protectora de Sierra de la Ventana (PUAF). Hablamos de la médica obstetra Ester Galarza y del Sr. Fabián Ernesto Vidale de Gral. Rodríguez.

Gracias a esta comunicación, Irene -la dueña- logró contactarlos y que le envíen una foto. La imagen corrobora que efectivamente se trata de Loto.

Establecen un primer diálogo tendiente a coordinar el reencuentro con Loto por parte de sus dueños. Para esto debían viajar a la localidad de Gral. Rodríguez. Sin embargo, en un extraño y repentino cambio de actitud, Rodriguez y Galarza se negaron a devolverlo y exigieron los papeles del animal.

Irene no los tiene ya que a Loto es un regalo indocumentado -como gran parte de los perros. Sintió “como un secuestro de un ser querido”, situación que la retrotrajo psicológicamente a la dictadura, durante la que aseguró que fue víctima de persecución estudiantil en la Universidad de La Plata. Por otra parte, la apropiadora Ester Galarza tiene una denuncia -en 2010- por tentativa de tráfico de persona.

Agotadas todas las instancias, los dueños de Loto iniciaron la denuncia penal por Hurto en la UFIJ Nº12 de Bahía Blanca a cargo de la Dra. Leila Scavarda, IPP 16.402-15, derivada actualmente a la Ayudantía fiscal de Tornquist, a cargo del Dr. Martín Philipp.

 Escuchá la nota completa:
Fuente: Animales de la Calle (Viernes de 19 a 20 hs)

El juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla procesó a un grupo de represores del V Cuerpo de Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos contra tres víctimas. Varios de los militares fueron condenados tras los dos primeros juicios realizados en Bahía Blanca, algunos son juzgados en la causa Armada y otros se sientan por primera vez en el banquillo de los acusados.

La mayoría de ellos habían sido indagados por el secretario Santiago Ulpiano Martínez quien, entre otras irregularidades conocidas luego de su desempeño en el Juzgado Federal Nº1, nunca resolvió su situación procesal.

Los imputados estaban presos en distintas cárceles, con arresto domiciliario en varias provincias y algunos como Jorge Norberto Igounet, Antonio Miguel Seghighi y Ricardo Baccini fueron desvinculados provisoriamente de la investigación por falta de mérito. La instrucción fue delegada en los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.

Los procesados son coroneles, tenientes coroneles, suboficiales mayores, capitanes, sargentos y penitenciarios. Se trata de: Walter Bartolomé Tejada, Hugo Jorge Delmé, Carlos Alberto Taffarel, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada, Andrés Reinaldo Miraglia, Alejandro Osvaldo Marjanov, Guillermo Julio González Chipont, Alejandro Lawless, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Martínez, Carlos Ferreyra, Luis Delaico, Pedro Cáceres, Gabriel Cañicul y Arsenio Lavayén.

Sus tres víctimas tienen una cualidad importante que les permitió identificar centros clandestinos de detención y unir los nombres con los rostros de sus torturadores: no sólo sobrevivieron al cautiverio, sino que estuvieron secuestrados por largas temporadas y luego fueron “blanqueados” en cárceles comunes a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Carlos Príncipi fue secuestrado el mediodía del 26 de febrero de 1977 cuando caminaba por la calle, por una patota de civil. Lo subieron a un auto a los golpes y lo llevaron al centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita. Allí fue sometido a interrogatorios bajo tortura, “submarino”, golpizas feroces, gritos y agresiones constantes durante quince meses. Estaba aislado, inmovilizado, vendado, estaqueado. Sus verdugos se burlaban diciéndole que habían matado a su compañera Patricia Acevedo. En abril de 1978 se lo llevaron en camioneta hasta la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta. Allí siguió aislado, sin poder contarle a su familia que estaba vivo, lo sometieron a un “simulacro de juzgamiento” que llevó a cabo el Consejo de Guerra Especial Estable del Comando V Cuerpo. Finalmente lo trasladaron a la Unidad Penal 21 de Ezeiza, desde donde recuperó su libertad en diciembre de 1982.

El 6 de julio de 1977 un grupo de personas armadas, vestidas de civil, entró a la casa de Hipólito Irigoyen 1451, donde vivían Rodolfo Oscar Maisonave y Ana María Germani. Además de pareja, eran militantes sociales y universitarios. Los subieron a autos distintos y los llevaron a La Escuelita. Con ellos secuestraron a Silvia Aylén, que tenía un año y cuatro meses y pasó aquella noche en el chupadero. Al día siguiente la dejaron en la casa de sus abuelos. Las primeras veces que torturaron a Maisonave con picana eléctrica, escuchó que su hija estaba en una sala contigua.

Germani fue alojada en una casilla rodante o vagón ubicado en el predio de La Escuelita, donde estuvo sola y tabicada. Estuvo con su hija y la custodia de los guardias. Cuando se llevaron a la beba, empezaron los interrogatorios con corriente eléctrica y los tormentos con connotación sexual. Volvió a encontrarse con su esposo unos días después, en el Batallón de Comunicaciones 181.

Después de un Consejo de Guerra, los dos fueron trasladados a cárceles comunes. Maisonave fue llevado a la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson y luego reintegrado a la Unidad de Villa Floresta. Germani se quedó en la UP4 hasta que la trasladaron a la Unidad 2 de Villa Devoto, para regresarla finalmente a la UP4. La pareja siguió presa incluso en democracia: fueron liberados el 14 de junio de 1984.

Fuente: FM De la Calle e Infojus.

Se conocieron ayer dos resoluciones judiciales que condenaron a cuatro años de prisión a los proxenetas Juan Carlos Alcaráz y Ubaldo Roque López por explotación económica de la prostitución ajena. El primer caso fue ratificada por parte de la Cámara de Apelaciones bahiense la sentencia en primera instancia recibida por el regente de El Pibe de Oro y, en el otro, una jueza correccional mandó a la cárcel al encargado del privado Top Secret que se promocionaba en la web BahíaLove.

El pibe prostituyente

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca confirmó la condena a cuatro años de prisión a Juan Carlos Alcaráz por explotación económica de la prostitución ajena en el local nocturno “El Pibe de Oro”. El proxeneta había sido hallado culpable, en primera instancia, por el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 Gabriel Rojas.

Los camaristas Pablo Soumoulou y Guillermo Giambelluca rechazaron la apelación del abogado particular Sebastián Martínez argumentando que “el consentimiento de la víctima carece de cualquier relevancia jurídica y que la conducta allí reprobada queda configurada aun cuando en la explotación económica de la prostitución mediare consentimiento del sujeto pasivo”.

En la causa se comprobó la explotación de la prostitución de varias mujeres de nacionalidad dominicana, paraguaya y una argentina en el paraje popularmente conocido como “el Pibe de Oro”, a la vera de la ruta Nacional Nº3.

La situación fue comprobada en un allanamiento realizado el 14 de septiembre de 2013 por parte de personal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº14, la Policía Federal y la Dirección de Migraciones. Se detectó la presencia de varios clientes y ocho mujeres a quienes se les retenía el importe de entre 100 y 150 pesos que significaba cada “pase” en las habitaciones del lugar.

El propio Alcaráz se encargaba de cobrar y lo registraba en planillas o notas diarias. Además, se tuvo en cuenta como prueba de cargo la gran cantidad de preservativos hallados, las solicitudes de habilitación suscriptas por el encartado, las anotaciones de los “servicios sexuales” y las declaraciones de los efectivos policiales e inspectores de la Dirección de Migraciones.

Entre la prueba se destacan publicaciones en internet y redes sociales del condenado -con su propia foto incluida- en las que se requería: “se solicita señoritas C/ o S/ experiencia, para casa de cita o cabaret Pibe de Oro. Ofrezco muy buena remuneración y vivienda incluida. Las interesadas deben comunicarse al nro. que figura en mi perfil”. En su domicilio particular de Fitz Roy 438 de Bahía Blanca, se constató la existencia de documentación que lo vinculó directamente a la explotación de la actividad prostibular.

BahiaLove

Por otra parte, este martes se conoció un fallo de la jueza correccional María Laura Pintos quien condenó a  Ubaldo Roque López a cuatro años de prisión por facilitación de la prostitución de personas mayores de edad y explotación económica de la prostitución ajena. Los hechos fueron constatados hace un año y desde entonces el proxeneta está detenido en la Unidad 19 de Saavedra donde completará su pena.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima al teléfono de la oficina del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la cual se informó de la existencia de un “privado” en Luiggi 554.

En un allanamiento a la vivienda la Policía Federal ratificó que el lugar se hacía llamar “Top Secret” y era publicitado en la página web prostituyente BahiaLove. Allí se encontraban al menos tres mujeres de distinta nacionalidad que, según estimaciones judiciales, recaudaban entre dos mil quinientos y tres mil pesos por día por la explotación de sus cuerpos.

Durante el procedimiento se hallaron cuatro clientes y el proxeneta condenado de 42 años, domiciliado en Newton 2864. El delincuente fue aprehendido “al ser sorprendido en flagrante delito de facilitación y explotación de la prostitución ajena. El lugar fue clausurado por orden judicial y se secuestró la recaudación del día ($2500) y, también, numerosa cantidad de preservativos, cuaderno de pases y diversas anotaciones relacionadas con la actividad”.

El titular de la Asociación de Empleados de Comercio, Miguel Aolita, dijo que “sin ninguna duda” se sintió sorprendido por el procesamiento del ex secretario gremial de la entidad, Héctor Forcelli, en el marco de la causa Triple A “porque más allá que se rumoreaban algunas cuestiones, no el caso de que podía llegar a quedar detenido”.

“Forcelli fue un dirigente de Empleados de Comercio, ya no lo es, ya no lo era ahora, ya estaba jubilado. Igualmente desde el momento de la intervención en el año 2013 había finalizado su mandato como comisión directiva del gremio. Sus abogados tendrán que llevar adelante la causa y hacer la defensa correspondiente”, manifestó.

Aolita aseguró que lo conoció cuando él trabajaba en la Cooperativa Obrera y por la actividad “intersindical” que compartían como dirigentes de Punta Alta y Bahía Blanca. Luego se excusó de opinar sobre el pasado “porque por una diferencia de edad no viví épocas anteriores”. Tiempo atrás la concejala radical Aloma Sartor también se escudó en que “era chica” cuando le consultaron sobre la participación en el terrorismo de Estado del director de La Nueva Provincia, Vicente Massot.

“Cacarulo” está procesado con prisión preventiva por el juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla, acusado de integrar la Triple A, la cual en el fallo fue definida como una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975.  Además del ex basquetbolista se encuentran detenidos Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno. En la misma causa está imputado el suspendido camarista y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti, quien hoy faltó por cuarta vez a una indagatoria convocada por Ramos Padilla.forcelli intendencia

El dirigente sindical y ex directivo de la Asociación de Empleados de Comercio Alberto Brandán aseguró que Forcelli lo recibió armado en el rectorado de la UNS al concurrir a una entrevista con el interventor Remus Tetu. Forcelli estaba adentro de la sala y no intervino, era “el mandadero nada más”.

Brandán recordó que “tenía una trayectoria -siempre dentro de la CGT- como un matón, un tipo que andaba siempre buscando pleitos con los empleados de comercio. Nosotros en ese tiempo teníamos muchos problemas, era otro tipo de actividad sindical, más presiones y bueno la vivíamos también los empleados de comercio”. En aquellos años el matón “recibía las dádivas de la gente de la CGT, del que estaba en ese momento, del secretario de turno” que era Rodolfo “Fito” Ponce y luego habría empezado a “incursionar en comercio”.

En su defensa, el ex mano derecha del histórico dirigente Ezequiel Crisol, sostuvo que en la época de los hechos militaba en la Juventud Peronista, se dedicaba a jugar al básquet “y que su principal changa era ser empleado de comercio”. Comentó que trabajó como preceptor en la Escuela de Comercio “hasta que un teniente de navío de la marina lo dejó cesante” y que “nunca vio ni conoció al rector de la UNS Remus Tetu”, cuyo plantel de “personal de seguridad” integró junto al resto de los procesados.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron en abril que se investiguen 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975 “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles”. Aquella solicitud fue luego ampliada con la imputación contra los cinco civiles por “haber formado parte de una asociación ilícita destinada a la erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

Cuando el intendente electo Cristian Breitenstein burló la voluntad popular y prefirió hacer carrera junto al gobernador Daniel Scioli, el empresariado y “las fuerzas vivas” bahienses fueron a respaldarlo. A la derecha del jefe comunal se ubicó el custodio de Tetu (foto). Durante aquella campaña, Forcelli fue “el dueño de casa” que recibió a los candidatos del Frente para la Victoria en Empleados de Comercio (video).

El domingo a la madrugada cinco personas resultaron detenidas durante cuatro allanamientos realizados de manera simultánea en un “privado” bahiense y un cabaret y otras dos propiedades en Ing. White. Como resultado, nueve víctimas en situación de vulnerabilidad -ocho oriundas de Paraguay y una argentina- fueron rescatadas.

En los procedimientos participaron José Nebbia, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°2 de Bahía Blanca y de la Unidad de Derechos Humanos, e integrantes de ambas dependencias del Ministerio Público. Este lunes estaban previstas las declaraciones indagatorias a los detenidos.

La pareja dueña del “departamento privado” ubicado en Bahía Blanca, donde se explotaba sexualmente al menos a dos mujeres trans de nacionalidad paraguaya -una de ellas con su situación migratoria irregular-, fue detenida por efectivos de Prefectura Naval Argentina, quienes fueron acompañados por el Programa de Rescate de Víctimas del delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Dirección Nacional de Migraciones.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) colaboraron con los representantes del Ministerio Público. La investigación había comenzado por la denuncia de una víctima, quien había logrado escapar.

Los otros operativos se concretaron en el local “El gran Burlesque” -en donde se detuvo al encargado y se rescató a siete mujeres- y en dos propiedades de la ciudad de Ingeniero White. En una de las viviendas, los uniformados aprehendieron a un hombre y a una mujer, quienes serían los propietarios del prostíbulo según la documentación hallada y la investigación previa.

Los allanamientos fueron la conclusión de una pesquisa que estuvo a cargo del fiscal Antonio Castaño -quien se encontraba a cargo de la Fiscalía N°2-  antes de que Nebbia fuese designado en esa dependencia.

Fuente: fiscales.gob.ar

¿Quién puede perdonar?, se preguntó el abogado César Sivo al cerrar el alegato de la querella en el juicio contra represores de distintas fuerzas armadas y de seguridad que actuaron a órdenes de la Armada Argentina en la región.

“Aun recibiendo un pedido de perdón de algunos de los imputados, ¿quién puede encarnar ese acto de clemencia y de humanidad de decir ‘yo te perdono’? ¿Quién puede absolver desde el plano moral a los verdugos? Indudablemente no hay posibilidad de perdón, por eso se habla de que no puede haber olvido y tampoco puede haber perdón, que lo que se necesita es justicia. Y es lo que una vez más se pide ante los estrados judiciales para que ustedes, señores jueces, hagan justicia. Ni olvido ni perdón. Justicia, nada más”, afirmó.

Sivo solicitó penas de prisión perpetua para los 18 imputados que ejercieron jefaturas y de 25 y 10 años para los cinco restantes. Rechazó la tipificación de genocidio para los crímenes juzgados y los calificó como delitos contra la humanidad. Al igual que el resto de las querellas adhirió al pedido fiscal para que se condene la violencia sexual y se publique la sentencia en La Nueva Provincia.

A pesar del intento por seguir demorando el juicio con el argumento de no estar preparados para comenzar sus alegatos, los defensores privados y oficiales deberán hacerlo a partir de los días 13 y 14 de octubre en Colón 80 de Bahía Blanca. El tribunal evalúa una petición para habilitar la impunidad biológica para el capitán de navío (R) Domingo Ramón Negrete, ex jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora.

César Sivo es querellante en representación de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, de Julieta Mira -sobrina de Cora Pioli-, Matías Russin -hijo de Horacio Russin- y el Equipo Nizkor. Durante la introducción del alegato describió una serie de “distorsiones” que surgen cuando el juzgamiento a los responsables de los crímenes sucede cuatro décadas después de su comisión.

Por ejemplo, la distorsión que tantos años de impunidad “permitió a los verdugos y a sus familias mantener una posición de preminencia moral sobre el resto de la sociedad. Las víctimas siguieron siendo víctimas, fueron enjuiciadas de alguna manera por el contexto social, la sociedad les dio la espalda y durante décadas siguieron viendo las espaldas de sus conciudadanos. Los imputados no. Ellos no tenían que dar explicaciones a ningún vecino. HIJOS decía si no hay justicia hay escrache y fue el único dato mínimo de reproche moral”.

“¿Qué pasaba cuando un violador, un torturador, un secuestrador, un asesino volvía a su casa? ¿Cómo jugaba con sus hijos? ¿Cómo miraba a su mujer? ¿Cómo podía comer viendo lo que previamente había visto?”, se preguntó y agregó que “con un solo testimonio debería lograrse que estos señores que están sentados aquí y aquellos que están sentados en Comodoro Py bajen la cabeza y muestren por lo menos que tienen el mínimo honor que se espera de un hombre de armas. No solo deshonraron el espíritu castrense sino ellos como personas, se deshonraron frente a sus propias familias y no lograron jamás mostrar el más mínimo dato de arrepentimiento”.

“Decidieron que fuera ilegal”

El abogado destacó que la mayoría de las víctimas de la causa “fue secuestrada en sus hogares, algunos en su trabajo y otros en la vía pública. Todos perfectamente ubicables, todos podían haber sido detenidos y puestos a disposición de la administración de justicia, de los consejos de guerra o lo que quisieran. Cada secuestro, cada cautiverio, además de estar siendo claramente ilegal, lo era porque decidían que así fuera. Ellos decidieron que fuera clandestino, ellos decidieron que fuera ilegal”.

Sivo habló de la pérdida de la dimensión humana que genera la falta de noción sobre las edades y el desarrollo emocional de las víctimas -la diferencia de una adolescente de 17 relatando cómo fue abusada con el relato de la misma mujer a sus 60- aunque “así y todo las víctimas lloraron, padecieron y mostraron que 30 años después todavía siguen siendo torturadas”.

La misma fórmula funciona para con los imputados: “No es lo mismo ser un capitán de navío o contralmirante con 40 años que ser un anciano achacoso escuchando en la sala de audiencias cómo algunas personas dicen cosas de ellos. Una persona de 40 atacando a una niña de 17 es un señor contra una nena, un señor abusando de una nena. (…) Yo tengo una persona de 80 y no puedo imaginar la lascivia, no puedo imaginar a estos señores toqueteando mujeres desnudas, esposadas, engrilladas y con capuchas”.

“¿Cómo se logra transmitir en un juicio 35 o 40 años después todo eso, cómo logro poner a los niños en el lugar de niños, a los adolescentes en el de adolescentes, a los jóvenes en el lugar de jóvenes y a los adultos en el lugar de adultos?”, interrogó.

Impunidad

La “distorsión cuantitativa” impide que sean juzgados todos responsables por todos los casos: “Si acá hubiéramos tenido sentando a Massot hubiéramos podido terminar de entender lo que eran (los obreros gráficos) Heinrich y Loyola. Es claro que los mataron en tanto sindicalistas, en tanto reclamantes, en tanto haber enfrentado a Vicente Massot y es claro también que las fuerzas armadas eran funcionales y se retroalimentaban entre sí con los empresarios”.

Respecto del camarista suspendido Néstor Montezanti aseguró que “fue mutando” en sus argumentos defensivos a medida que surgían pruebas sobre su complicidad con el terrorismo de Estado “pero siempre mantuvo su posición de preminencia social y esa posición moral que le daba el hecho de nunca haber sido investigado”.

“Cuando empiezan las investigaciones automáticamente encuentran las excusas, ‘me investigan a mí porque yo quiero investigar el narcotráfico‘, entonces son los grupos de narcotraficantes que potencian al dr. Nebbia y al dr. Palazzani y a todos estos -a ojos de Montezanti- alcahuetes de los narcotraficantes. Otro tanto pasó con Massot. Tanto uno como otro, al quedar corridos en todos estos aspectos, tienen toda su vida por detrás que les permite de algún modo ir reafirmando que ellos no tienen nada que ver, que ellos son diferentes. En realidad lo que ellos son es impunes”, dijo el letrado.

Al argumentar su apoyo a la ampliación de las imputaciones de la mayoría de los acusados sobre la violencia sexual en los campos de exterminio, Sivo manifestó que entender dichos delitos como “autónomos no solo es una reivindicación de género sino que también permite situar completamente las características de los perpetradores”.

“No hay que perder de vista lo que es decir que torturaron para obtener información y que otra cosa muy diferente es decir que violaron para lograr satisfacción. No se puede entender que un torturador al ser violador pueda tener algún tipo de justificación de tipo moral, en relación a su propio entorno, y de tipo social, en relación a quien quiera presentarle esto de una manera diferente a lo que en realidad fue”, opinó.

Crímenes contra la humanidad

Sivo manifestó que como el marco de los juicios es el derecho penal internacional y para que el fallo pueda “trascender a otros países” el tipo penal que corresponde aplicar es el de delitos contra la humanidad en vez de genocidio, por lo cual, solicitó una “revisión del criterio” del tribunal expresado en las sentencias de la causa V Cuerpo de Ejército y la elección de la postura minoritaria del juez José Mario Triputti.

“El salto al genocidio se da específicamente con ese mens rea que es esa voluntad de hacer desaparecer a un grupo racial total o parcialmente, eliminar un genotipo. Esto es muy importante, no hay una idea dentro del delito de genocidio que contemple el grupo político, de hecho fue expresamente rechazado”, comentó.

Para el abogado decir que hubo un genocidio es “el peor homenaje” a las víctimas porque hubieran sido reprimidas por su pertenencia a un grupo social sin importar si se trataba de “un activista por un mundo mejor o de un truhan o estafador”.

“Nuestras víctimas sí tenían valores morales, como las tienen sus hijos, y por lo tanto la mayor reivindicación que se les puede dar es decir claramente que fueron perseguidos por razones políticas, perseguidos por razones sociales, que fueron perseguidos para imponer un modelo y un plan económico”, argumentó.

Fuente: juiciobahiablanca.wordpress.com 

Este lunes se realizaron las entrevistas personales en el Concurso 293 que tramita el Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo de titular en el Juzgado Federal de Bahía Blanca. Entre lxs postulantes estuvo Álvaro Coleffi, el secretario que avanzó con la causa contra Vicente Massot y otros civiles por crímenes de lesa humanidad hasta ser exonerado por el camarista Néstor Montezanti, hoy suspendido en su cargo como juez y docente de la UNS e imputado en la causa Triple A.

También se destaca la participación de la subrogante Ana María Araujo, hija y guardadora del represor procesado Ricardo Oscar Araujo, quien se desempeñó como comandante del Batallón de Comunicaciones N° 1 de la Armada Argentina desde el 29 de diciembre de 1975 al 6 de enero de 1977. El genocida Oscar Castro, ex jefe de uno de los grupos de tareas navales, supo destacar la intervención del marino en “las operaciones de lucha contra la subversión” como “sobresaliente, habiendo organizado y adiestrado su unidad para estas tareas con elevada eficiencia”.

Completan la lista de candidatxs entrevistadxs: lxs secretarixs fiscales María Kairuz y Rodolfo Javier Murillas, el juez en lo Contencioso Administrativo Agustín López Coppola, el secretario del juzgado federal de Bariloche Walter Ezequiel López y el abogado penalista Fernando Gabriel Zarabozo.

Las preguntas sobre las cuáles giraron las consultas fueron la opinión personal de lxs postulantes acerca de la calificación legal del delito de abuso sexual en el marco de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar; el tratamiento que debería otorgarse a la participación de los civiles y los funcionarios del Poder Judicial en los juicios por delitos de lesa humanidad; la competencia en materia de accidentes de trabajo del personal de universidades nacionales; las distintas hipótesis que prevé el artículo 12 de la Ley de Cooperación Internacional en materia penal y la situación jurídica de los animales en punto a si pueden ser considerados como sujetos de derechos.

En las entrevistas estuvieron presentes lxs consejerxs Gabriela Alejandra Vázquez, Leonidas Moldes, Miguel Piedecasas y Jorge Daniel Candis. El próximo paso procedimental consiste en la elaboración del orden de mérito definitivo y la terna que una vez aprobada por la Comisión de Selección será sometida a consideración del Plenario.

El orden de mérito provisorio establecido a mediados de junio habia sido el siguiente:

1. Álvaro Sebastián Coleffi: 142,50 puntos;
2. María Kairuz: 139 puntos;
3. Ana María Araujo: 138,75 puntos;
4. Santiago Ulpiano Martínez: 138 puntos;
5. Rodolfo Javier Murillas: 136 puntos;
6. Walter Ezequiel López Da Silva:134,50 puntos;
7. Nair Elizabeth Ruppel: 131,80 puntos,
8. Fernando Gabriel Zarabozo: 124 puntos;
9. Agustín López Cóppola: 121,75 puntos;
10. Enrique Alfredo Rocha: 119,31 puntos;
11. Silvia Mónica Fariña: 119 puntos;
12. Rafael María Mathé: 118,75 puntos;
13. Matías Oscar Zanona: 108,50 puntos, y
14. Cinthya Carolina Thompson: 79,20 puntos.