En el cierre de los festejos por los 40 años de la Asociación, las Abuelas de Plaza de Mayo compartieron “la inmensa alegría de comunicar la restitución de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia”.

“Gracias a la perseverancia de nuestra búsqueda y de todo el movimiento de los Derechos Humanos, hoy la nieta 125 puede conocer la verdad sobre su origen”, afirmaron.

Lucía Tartaglia nació el 6 de junio de 1953 en Santa Rosa, La Pampa. Su familia la llamaba “La Flaca”. Se mudó a la ciudad de La Plata, donde estudiaba Derecho y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Allí fue secuestrada el 27 de noviembre de 1977, a los 24 años.

Durante un año fueron en vano los esfuerzos por localizar a Lucía por parte de la familia, no tuvieron ninguna noticia de ella hasta que en noviembre de 1978, un año después de la desaparición, su hermano Aldo recibió una primera carta de Lucía donde relataba que se encontraba detenida. Posteriormente, Lucía escribió otra carta relatando que estaba embarazada y que esperaba dar a luz para principios del año 1979.

En democracia, su familia pudo reconstruir que Lucía estuvo secuestrada en el Centro Clandestino de Detención conocido como “Atlético-Banco-Olimpo”, gracias a testimonios de sobrevivientes que pudieron verla. La conocían con el apodo de “Anteojito”. Los sobrevivientes relataron además que Lucía estaba embarazada y que fue llevada a dar a luz mientras aún se encontraba en cautiverio.

La desaparición de Lucía fue juzgada en el juicio realizado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 por los crímenes del circuito represivo ABO, por el cual fueron condenados catorce represores el 22 de marzo del 2011, entre ellos, Samuel Miara.

La búsqueda

Desde que la familia de Lucía supo de su embarazo, emprendieron la búsqueda del niño o niña nacida durante su cautiverio, para lo cual brindaron las muestras genéticas ante el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que permitieron que hoy podamos conocer su verdadera identidad.

María Rosario López de Tartaglia Falleció sin poder abrazar a su nieta/o que debió nacer en diciembre de 1978 - enero de 1979  durante el cautiverio de su hija.

María Rosario López de Tartaglia falleció sin poder abrazar a su nieta.

Según informaron las Abuelas, la joven fue convocada en el marco de una investigación judicial donde existían dudas sobre su identidad y fue informada sobre la posibilidad de que sea hija de desaparecidos. Tras un tiempo prudencial, accedió a dar voluntariamente una muestra biológica para cotejar su ADN el Banco Nacional de Datos Genéticos. El resultado del análisis fue comunicado al Juzgado, que a su vez la notificó a ella personalmente ayer a la mañana.

La causa judicial tramita actualmente en el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal Nº 1 de Capital Federal, a cargo de la dra. María Romilda Servini de Cubría. También interviene la Fiscalía Federal N°5, a cargo del dr. Franco Picardi.

“Una vez más celebramos por la libertad de una nueva nieta que se atreve a conocer su verdad y alentamos a todos aquellos que puedan aportar información sobre posibles hombres y mujeres que estén en la misma situación a que así lo hagan”.

“Noticias como la presente nos reconfortan el alma y nos fortalecen para continuar en nuestra búsqueda que comenzó hace 40 años, para que se pueda concretar el abrazo con su ser querido de las cientos de familias que aún lo anhelan y esperan. Bienvenida nieta 125 a la verdad”, manifestaron las Abuelas.

Cristian Puebla, condenado por el femicidio de su pareja Leonela Costa ocurrido en 2012, ahora amenaza desde la cárcel a la madre de la víctima.

“Hace dos años, para mi cumpleaños, llamaron por teléfono y atiende mi nene de 7 años y dice ‘Leito está en el cielo’. Cuando escucho eso agarro el teléfono yo. Ahí me dice: ‘¿Cómo vas a pasar el cumpleaños sin tu hija?´”, relató Silvia Martínez.

La madrugada del 10 de octubre de 2012, Cristian Puebla hirió de una puñalada a Leonela, quien murió dos semanas después.

Cuando la policía llegó al lugar, encontró a la víctima agonizante en el patio de la vivienda. Además de la gravedad de la herida presentaba un cuadro de hipotermia. Puebla intentó simular un robo pero luego se contradijo y fue demorado. Finalmente admitió que la había atacado.

“El 29 de mayo le encuentran al señor, en la requisa, un celular con un bisturí. Llama cuando yo la recuerdo, llamó para el Día de la Madre diciéndome ‘¿Cómo la pasas sin tu nena? Ahora sigo por tus hermanas’. No encuentro nombre para ponerle, persona no es”, dijo Martínez.

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La causa estuvo a cargo del fiscal Cristian Long hasta que pidió licencia y pasó a manos de Mauricio Del Cero. “Lo único que me dijo es que él no podía atenderme porque no había visto la causa y ya estaba archivada”, detalló la mamá de Leonela.

Por un arreglo entre partes, del cual Martínez no fue partícipe, se realizó un juicio abreviado y Puebla fue condenado a 10 años de prisión. “Al abogado que me representaba me lo encontré en la puerta de un banco, me tocó el hombro y me dijo: ‘Ya está la sentencia’. Se hizo juicio abreviado, nunca me llamaron, soy la mamá, tenía que estar comunicada”.

“Leonela solo tenía 24 años, tenía una vida por vivir, y no que un basura se limpie las manos como lo hizo”, finalizó.

Fotos: Canal 7.

Las activistas feministas e integrantas de la agrupación Desbandadas, Verónica Bajo y Silvia Palumbo, quienes acompañaron a Mónica Cid y a los familiares de Micaela Ortega durante el juicio contra Jonathan Luna, comentaron en FM De la Calle el proceso que concluyó en la primera sentencia por grooming seguido de femicidio.

Luna fue condenado a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado, por haberse cometido sobre una mujer mediando violencia de género, por alevosía y para ocultar otros delitos en concurso real con robo y grooming.

“El tema de la prisión perpetua no nos alegra en sí misma, porque creemos que el camino del punitivismo no es el camino, justamente. Que ni la prisión perpetua, ni la pena de muerte como reclama tantísima gente, es la solución a una problemática como la violencia hacia mujeres y niñas y a otras problemáticas”, dijo Bajo.

Explicó que “en este caso, además de pedir perpetua, como un hecho simbólico, lo que pedíamos era una condena ejemplar que incluyera en su argumentación una perspectiva de género sólida. Llamar a las cosas por su nombre, visibilizar la violencia hacia las mujeres, los mecanismos y, a mi entender y es la opinión de muchxs, esta sentencia tiene muchísimos de esos detalles que hablan de la violencia hacia las mujeres”.

Silvia Palumbo sostuvo que el juicio fue “histórico” y comentó: “En mi camino de activista feminista, desde el arte callejero en este caso, le dije que a Mónica que me había preparado toda mi vida para eso”.

“Exactamente, hacía un año y medio que había pasado lo de Micaela cuando fue la sentencia. Nosotras lo que hicimos fue acompañarla a Mónica como ella deseaba ser acompañada. (…) Lo que trasciende más allá de la pena que se tenga que tragar este femicida es la huella cultural que se puede hacer una marcación dentro de esta estructura tan misógina que es el Poder Judicial”.

Palumbo comentó cómo fue el proceso de acompañamiento a la mamá de Micaela por parte de las Desbandadas: “Mónica Cid en febrero de este año se incorporó a Desbandadas que es la banda feminista de acá de Bahía Blanca que llevamos adelante varias y que forma parte de este proyecto de empoderamiento expresivo para mujeres y niñas a través del feminismo que se llama La Banda Lavanda. En definitiva, es muy impresionante para mí como maestra, registrar esta maravilla en el cuerpo y el accionar de esta mujer”.

Las activistas subrayaron el rol en el cual se deben poner las familias de las víctimas, más allá del dolor, para asegurar la obtención de justicia: “El caso de Wanda Banegas, que es la prima de Katherine Moscoso, un caso vergonzante que tenemos acá, donde están involucrados el poder político, fuerzas represivas. Un caso con similitudes al de María Soledad Morales y sobre el cual en Monte Hermoso la sociedad sin duda hace oídos sordos, en Bahía Blanca también”, explicó Verónica Bajo.

Pero ese no es el único caso, Bajo afirmó que “ahora también estamos viendo el acompañamiento a la mamá de Leonela Costa. Está en un situación muy compleja, al femicida de su hija en su momento le hicieron un juicio abreviado, está por salir de la cárcel, le está haciendo llamados intimidatorios desde la cárcel. El rol es ese, dentro de las posibilidades. Somos un grupo de mujeres autogestivas, independientes, pero sí un acompañamiento mínimo a la visibilización de estos temas”.

Finalmente, Bajo destacó la canción “Después”, escrita por Silvia Palumbo e inspirada en Mónica Cid: “Ha sido reparadora para todas y básicamente para Mónica, tener el latido de Mica en nuestros pechos. O sea, latir conjuntamente no solamente las Desbandadas y Mónica, sino toda la gente que estaba rodeando estos momentos de tanta conmoción y de tanta emoción. Nos ha acompañado y nos seguirá acompañando por Mica, por Mónica, por todos los Después que vienen quedando”.

Luego de la confirmación por parte de la familia Maldonado de que el cuerpo hallado en el río Chubut era Santiago, FM De la Calle habló con José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, quién se refirió a la causa por el encubrimiento de la desaparición forzada.

Si bien “la autopsia confirmó que es Santiago, que es lo principal, dijimos desde el primer día que Santiago Maldonado estaba allí”. “La autopsia no avanzó mucho más que eso, las cuestiones fundamentales se tienen que dilucidar […] Santiago fue asesinado, ocurrió en el marco de una operación del Estado y el Estado dominó la escena durante 80 días. Siempre dijimos que había manipulaciones”.

Respecto al intento de desvirtuar la figura de desaparición forzada Schulman comentó que “hay una ofensiva tan descarada que uno, que está preparado para todo, no deja de sorprenderse. El único que está contrariado en su discurso es el gobierno, no nosotros. El gobierno dijo que Santiago no estaba, que se había fugado… Y ahora, si uno no presta demasiada atención, pareciera que Santiago se ahogó bañándose en un balneario por descuidado”.

El secretario de la LADH comparó este caso, que involucra a las fuerzas armadas, con el de Luciano Arruga. “Santiago apareció muerto en el río, no tiene señales visibles de golpes externos. Luciano Arruga fue asesinado sin que lo tocaran. Lo pusieron al costado de la [Avenida] General Paz, le pusieron una pistola en la cabeza, le sacaron las zapatillas y lo obligaron a cruzar corriendo, con lo cual lo atropelló un auto y lo mató. Cuál es la causa de muerte, ¿el auto? No, la policía”.

“Supongamos que él va corriendo, no conoce la zona, los compañeros pasan por un lado y él entra a un lugar que tiene pozos, se hunde y se ahoga”. “Una de las cuestiones que ni siquiera mencionan es que está todo menos el celular que activaron [el 2 de agosto]. En todos los casos, la hipótesis que se te ocurra, voy a demostrar que estando la Gendarmería en control, efectuando una operación represiva… Si se ahogó en esa carrera, en el marco de una operación, son responsables de haber encubierto durante tantos días”.

También hizo mención al ‘testigo E’ y cómo “se está derrumbando la teoría porque nunca declaró en la causa, sino en la CIDH” y la comisión “no le transmitió a nadie la información de esa declaración. Es mentira que el juez se enteró por este testimonio, sino que se enteró –como él dijo– porque le avisó un prefecto y porque hubo un llamado anónimo”.

“De todo lo que hemos afirmado, ¿qué es lo que podría decir que no es así de convincente? Ahora no estoy tan seguro de que el cuerpo fue plantado, existe la posibilidad de que efectivamente haya estado ahí durante mucho tiempo”, aseguró el secretario. “Yo desafío a Bullrich que comparemos los dichos, a ver si ella puede sostener que Maldonado estaba en Chile, que es un guerrillero, que murió en enfrentamiento armado”.

Respecto a la causa por encubrimiento que presentó la Liga, Schulman aclaró que “la tienen en el aire porque el juez Canicoba Corral inventó una discusión de jurisdicción […] y nosotros opinamos que la investigación debe seguir en Buenos Aires. […] Es una clara jugada de chicana jurídica. […] Lo que logró Canicoba es que en el momento más difícil del gobierno se abstuviera de responder las preguntas del fiscal Delgado”, concluyó.

A tres meses de la desaparición de Santiago Maldonado, José Schulman estará mañana en Bahía Blanca participando en la charla debate: “Santiago Maldonado, la demolición del Estado de Derecho”. Será este jueves a las 19.30 en el Salón de Actos de la UNS (Avda. Alem 1253). Invitan ADUNS, La Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Watu.

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A pocos días de cumplirse seis años de la desaparición de Daniel Solano, trabajador golondrina desaparecido en Choele Choel por defender sus derechos y los de sus compañeros, su familia escribió una carta a la familia de Santiago Maldonado.

“Sabemos y sentimos el dolor que siente la familia de Santiago Maldonado y de tantos desaparecidos de nuestro País, no hay palabras para calmar el duelo, y lo que más duele es que cada vez que inventan, e investigan solo a la víctima y no a los verdaderos responsables que causaron la muerte; vuelven y vuelven a matar a nuestros seres queridos, desaparecidos. Y nos damos cuenta que solo importan lo que ejercen Poder y no quienes mueren injustamente. La Impunidad Judicial, Empresarial debe acabar”, manifestaron.

Recién el miércoles 18 de octubre pasado la familia de Solano logró que su perito exponga en una audiencia judicial sus argumentos para buscar el cuerpo de Daniel en un jagüel, tras la cual se fijó como fecha el 15 de noviembre para concretar la medida.

CARTA A LA FAMILIA DE SANTIAGO MALDONADO

Estos días que han pasado, escuchamos tantas hipótesis e hipótesis de lo que paso con Santiago Maldonado, el caso es que el ya no está, ya no vive, ya no respira, ya no mirara el rostro de sus familias, de su hermano, ya no abrazara a quienes el más quiso, ya no colgara su mochila en sus espaldas y viajara, encontrándose en un lugar donde todo le parece injusto.

Santiago,no está, lo encontraron sin vida, una vida más que apagaron, los que no saben del amor al prójimo. Y otra vez nos duele el pecho, nos duele el corazón; un hijo se ha arrebatado de las manos de un Padre, de una Madre, de un hermano, de un amigo. Y vuelve el dolor a nuestro ser, como aquel 05 de Noviembre de 2011,fecha que nunca olvidaremos, porque a nosotros también se nos ha quitado a un ser muy querido, nos quitaron a Daniel Solano, un joven lleno de vida, que simplemente por querer luchar por lo justo, por un sueldo digno, por una mejora laboral y por no continuar viviendo como esclavos junto a sus compañeros,hacinados. A Daniel Solano lo callaron de la manera más cruel, le indigno el maltrato Empresarial, iba en contra de sus principios, el no levantar la voz por él y sus compañeros. Pero el querer levantar la voz, el luchar por sus Derechos lo llevo a la muerte, a su desaparición forzada.

Hoy a casi días de cumplirse 6 años de su muerte y desaparición forzada, sabemos y sentimos el dolor que siente la familia de Santiago Maldonado, y de tantos desaparecidos de nuestro Pais, no hay palabras para calmar el duelo, y lo que más duele es que cada vez que inventan, e investigan solo a la víctima y no a los verdaderos responsales que causaron la muerte; vuelven y vuelven a matar a nuestros seres queridos, desaparecidos. Y nos damos cuenta que solo importan lo que ejercen Poder y no quienes mueren injustamente. La Impunidad Judicial, Empresarial debe acabar. La Justicia debe actuar como tal, no encubrir, no ocultar, ni, borrar pruebas de un delito tan grave como de lesa humanidad, porque terminan siendo complices, encubridores de tal delito.

Porque debemos estar pidiendo, la aparición de un cuerpo??O que nos entreguen el cuerpo de tantos que han desaparecido injustamente??A caso no estamos en DEMOCRACIA?? Si podemos levantar la voz por algo que no nos parece justo, si podemos luchar por nuestros DERECHOS, esto no debe llevar a la muerte, a una Desaparición Forzada.

Hoy lloramos y pedimos JUSTICIA por DANIEL SOLANO, POR SANTIAGO MALDONADO, POR ANDRÉS CUYEBAY, HÉCTOR VILLAGRÁN, PEDRO CABAÑA CUBAS Y TANTOS DESAPARECIDOS EN ESTA DEMOCRACIA.

NOSOTROS MIENTRAS ESPERAMOS ENCONTRAR EL CUERPO DE DANIEL SOLANO, ESPERANZADOS EN LA BÚSQUEDA EN EL JAGUEL. ACOMPAÑAMOS TU DOLOR SERGIO MALDONADO, FAMILA MALDONADO!!! FUERZAS Y ABRAZOS FRATERNO!!!

FAMILIA SOLANO.

DANIEL SOLANO, PRESENTE
CHERENTA, 23 DE OCTUBRE DE 2017

Foto: Alexander Morales

Es por el delito de asociación ilícita y, en un caso, por el homicidio en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo. La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el viernes los procesamientos de cinco personas por el delito de asociación ilícita, al considerar acreditado que formaron parte de la organización Triple A. Se trata de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero.

La resolución alcanza a uno de ellos, también, por el homicidio del dirigente estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en abril de 1975. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad, que encabezan Miguel Palazzani y José Nebbia.

La investigación involucra además al ex camarista Néstor Montezanti quien fuera declarado en rebeldía con prohibición de salir del país por el juez Alejo Ramos Padilla durante su paso por el juzgado local.

El fallo del Tribunal revisor fue liderado por el voto de César Álvarez, al que adhirió su colega José Mario Tripputi. Al tercer juez -Pablo Candisano Mera- se le aceptó la excusación. De esa forma, se confirmó lo resuelto en abril de 2015 por el juez subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, y fue rechazada la apelación de la defensa de los imputados.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

Dentro de ese marco es que ahora están procesados Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero como coautores del delito de asociación ilícita, “calificado como de lesa humanidad”.

Curzio, de acuerdo a la pesquisa, fue identificado entre “los matones de la patota de la UOCRA” local, dominada por el diputado Raúl Ponce. Chisú, por su parte, se incorporó, tras el golpe de Estado, como agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Para la Cámara Federal, los elementos de prueba reunidos permiten tener demostrado que los imputados participaron de las actividades desplegadas por la organización delictiva, “brindando su aporte material” para “cumplir con los objetivos criminales propuestos”. Además, mantuvo su prisión preventiva.

Los camaristas señalaron que Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

Homicidio en la Universidad

Los jueces Álvarez y Tripputi confirmaron también el procesamiento del acusado Aceituno por su participación en el “homicidio agravado del que resultó víctima David Hover Cilleruelo”. El agravamiento del delito radica en “haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”: varios testigos coincidieron en que “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo y el propio Aceituno.

Cilleruelo era secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. Fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975 en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS. Para aquél día estaba pautada la inscripción de los estudiantes en las distintas materias y Cilleruelo se encontraba junto a sus compañeros convocando a los alumnos a la participación en la Asamblea de delegados de Centros de Estudiantes para la ratificación de las autoridades de la Federación Universitaria que lideraba.

De acuerdo a la investigación, Cilleruelo fue abordado por un grupo de integrantes de la patota y baleado en presencia de gran cantidad de alumnos, “para luego retirarse del lugar en un vehículo Ford Falcon color verde claro, con techo vinílico color blanco, con patente de bronce que brindaba constancia de su pertenencia al Rectorado de esa institución”.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Notas.org) Este martes fue hallado un cuerpo sin vida luego del cuarto rastrillaje realizado en el Río Chubut en el marco de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Este viernes Sergio, su hermano, confirmó que se trata del joven buscado durante más de dos meses.

Agentes de la Prefectura hallaron a Santiago 300 metros río arriba donde el 1ro de agosto se llevó a cabo la represión en la que se lo vio por última vez con vida. Finalmente, tras el traslado a la Ciudad de Buenos Aires y en el marco del comienzo de la autopsia la familia lo reconoció por sus tatuajes.

En esta cuarta búsqueda en la zona se utilizaron por primera vez perros de la División Cinotecnia, entrenados para buscar en cursos de agua. Los rastrillajes anteriores, ordenadas por Guido Otranto, el juez apartado de la causa, habían sido infructuosas.

Vale aclarar que en el primero de estos procedimientos, días después de la desaparición forzada del joven, especialistas de la Prefectura Naval habían descartado que hubiese muerto ahogado en el río, por su escasa profundidad. Eso, junto con testimonios de la comunidad mapuche que indicaban que nunca había cruzado el curso fluvial, había descartado la hipótesis del ahogamiento.

Esto fue ratificado por la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, quién el miércoles recordó que al momento de la represión esa zona del río tenía apenas 30 centímetros de profundidad.

A pesar de ello el juez Otranto que intervenía en la causa había declarado, un mes y medio después de la desaparición de Maldonado, que este se había ahogado en el río. Para confirmar su versión, ordenó un megaoperativo (300 efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales -GEOF-, del Grupo Albatros de la Prefectura Naval y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con helicópteros, perros y drones) en la madrugada del 18 de septiembre. Dos días después, el resultado del nuevo rastrillaje fue nulo.

Ahora resta investigar en qué circunstancias murió y si fue ese el lugar del deceso, algo puesto en duda por los familiares y diversos especialistas que aseguran que el cuerpo fue plantado intencionalmente.

“Micaela, volá alto. Mamá te desató”, dijo Mónica Cid luego de escuchar la condena a prisión perpetua para Jonathan Luna. El imputado fue encontrado autor penalmente responsable “por homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer mediando violencia de género, por alevosía y para ocultar otros delitos y por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra la integridad sexual en concurso real con los delitos de acoso sexual tecnológico y robo”.

Se probó que “Luna comenzó a hablar con Micaela a través de Facebook, usando una cuenta falsa, la Rochi de River, con la clara intención de abusar la integridad sexual de la menor”.

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Este modus operandi era utilizado por Luna con cientos de chicas menores de edad y haciendo uso de múltiples cuentas de facebook -tanto de hombre como de mujer-. En el crimen de Micaela “aprovechó la vulnerabilidad de su situación luego de haber discutido con su familia, para ofrecerle –haciéndose pasar por la Rochi de River- alojarla en su domicilio, [supuestamente] ubicado en Villa Rosas”, continuó la lectura.

Estamos frente a un masculino aprovechándose de la situación de indefensión en la que había colocado a la menor, así como su superioridad física. Luna intentó completar su objetivo, pero “ante el rechazo de la menor, ante la imposibilidad de concretar su deseo sexual, […] y para evitar que Micaela lo denuncie e identifique, agredió físicamente a la víctima, teniendo en cuenta su condición de género y edad”.

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También quedó establecido que Luna había utilizado el mismo modus operandi, contactar a chicas menores de edad mediante el chat de Facebook, en más de una ocasión, según varias menores que dieron su testimonio la semana pasada; más un caso que salió a la luz este martes (pero que no formó parte del juicio).

La jueza María Elena Baquedano dijo en la sentencia: “Sin duda estamos ante un homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer, mediando violencia de género con alevosía y para ocultar otros delitos; y por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra la integridad sexual, en conjunto con el delito de acoso sexual tecnológico (grooming) y robo”.

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Para el tribunal “Luna se ha aprovechado de una situación de indefensión de la víctima, caminando hasta una zona descampada. […] Generó así las circunstancias necesarias para asegurarse la ejecución del hecho, disminuyendo las posibilidades de defensa de la menor, colocándola en una situación de inferioridad y descartando riesgos para sí”.

“Además, se valió de la sorpresa de su acción a traición por aprovechamiento de la confianza que en él se había depositado. […] La edad, las características físicas de la víctima, la confianza que se había depositado a partir de la información falsa que él había dado, fueron el conjunto de elementos que establecieron esa situación de inferioridad de Micaela Ortega”.

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“Está probado que Luna mató para tratar de ocultar otros delitos: acoso sexual tecnológico y robo.

“Estamos ante un femicidio, como señaló el fiscal en los casos Mangieri y Recalde: no se requiere un vínculo preexistente, relación laboral o vínculo de algún otro tipo para que pueda existir violencia de género”, afirmó el tribunal en contraposición al alegato de la defensa.

Respecto a la violencia de género, una de las juezas dijo que “lo esencial es que la violencia sea motivada en el género, en ese rol que el autor le asigna a su víctima: mujer dominada e inferior; cosa; que se debe hacer lo que el pretenda; no puede decidir libremente sobre su libertad sexual; no importa su consentimiento o no para la práctica de un acto sexual; debe estar a su servicio”.

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“El imputado usó todo un marco de mentiras para posicionarse en una situación de superioridad estratégica al generar que la víctima se alejara de su círculo familiar”. Luna quiso demostrar su “condición de hombre dominante, un claro acto de discriminación hacia la mujer, como no lo logró, ejecutó su acción letal”.

Se estableció que a Micaela la mataron “por no haberse sometido”, “se ha mostrado rebelde ante él”. Sobre Luna al momento de dejar la escena del crimen, las juezas y el juez dijeron que “previo a retirarse parece que quiso dejar un macabro mensaje, el atar sus pies y sus manos como reafirmando que la mujer no puede hacer ni andar si él no lo permite”.

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“Está claro el rol que se le asignaba a Luna dentro de la sociedad y el rol que le asignaba a las mujeres”. Esto quedó evidenciado la semana pasada cuando varixs vecinxs del barrio y amigas de Eliana Espinoza –ex pareja de Luna–, aseguraron que el imputado no trabajaba y se la pasaba acostado con el teléfono en la mano.

Mónica Cid, luego de abrazarse con Claudio –padre de Micaela– y su abogada Fernanda Petersen, tomó el micrófono y dijo: “Micaela, volá alto, mamá te desató”. El público dentro y fuera de la sala cantaba: “Mica querida, Mica querida, tu madre la leona encerró a tu femicida”.

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“Sres. Jueces, el patriarcado nos atraviesa. Basta de contar muertas, basta de contar abusadas sexualmente, basta de contar a las muertes como moscas. Podemos hablar mucho de leyes pero mientras no cambiemos a la sociedad, muchísimos Jonathan Luna van a pasar por estos tribunales”, dijo la abogada Fernanda Petersen durante su alegato por el femicidio de Micaela Ortega.

La querella, al igual que el fiscal Rodolfo De Lucía, pidió perpetua para Luna (28) quien llegó a juicio imputado por homicidio calificado agravado por alevosía, violencia de género, robo y grooming. El defensor Sebastián Cuevas solicitó 20 años de prisión y tratamiento psicológico.

La sentencia se conocerá el jueves a las 9:30 en Estomba 34.

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Micaela estaba convencida que se comunicaba con una mujer que se hacía llamar La Rochi de River, nombre que Luna utilizaba para captar niñas vía Facebook, destacó el fiscal al comenzar su alegato.

Contó que existen pruebas en donde la nena de 12 años le pidió lugar en su casa y que la respuesta de “La Rochi” en el chat fue: “No hay drama gorda, te banco en todas”.

De Lucía repasó datos de los peritajes y agregó que la muerte se produjo el mismo día de la desaparición y las causales fueron traumatismo de cráneo y asfixia mecánica.

“No hay duda respecto de las pruebas que demuestran la autoría de Jonatan Luna (…). No quedan dudas que conversaba con Micaela por Facebook”, dijo.

Respecto a la agravante por alevosía el fiscal sostuvo que tiene fundamento en: el lugar al que se traslada con la nena, que ella era menor de edad, la contextura física de la víctima y que estaba atada. “No había posibilidad de defensa por parte de la víctima”, enfatizó.

En relación al femicidio, el fiscal hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima. “Micaela era una nena de 12 años que creía que hablaba con una chica de 12 o más, pero en realidad hablaba con otra persona”.

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Tomó como antecedente la sentencia del caso Ángeles Rawson y mencionó las similitudes entre ambos crímenes en cuanto a las características de la víctima y el victimario y el motivo por el cual se produjo la muerte. “Luna mentía sobre su edad para captar la confianza de las víctimas. Es suficiente la prueba para decir que el móvil que motiva a Luna era un abuso sexual”.

De Lucía reveló datos de una conversación entre Luna y otra menor ocurrida la semana previa a la desaparición de Micaela. En este caso el imputado pidió encontrarse con la víctima en dos oportunidades: la primera supuestamente para venderle un celular, encuentro que finalmente no ocurrió y, la segunda, por un tema laboral en la cual le pide que la va a encontrar en la parada del colectivo en Villa Rosas. En ese momento, la víctima fue hablándole desde el colectivo y se comprobó que hubo abuso sexual no denunciado.

De Lucía concluyó que está probado el robo y el grooming por lo cual pidió prisión perpetua y que Luna sea declarado reincidente por el robo por el cual fue condenado en 2012.

La abogada de la familia Ortega, Fernanda Petersen, manifestó que “para Jonathan Luna un celular en sus manos es un arma” y que este “es un caso de libro en lo que se denomina grooming. Pero en el caso de Micaela Ortega fue más allá”.

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“¿Quién puede creer que un simple ladrón haga caminar a su víctima más de 10 kilómetros?”, se preguntó Petersen y agregó que “Luna no es inimputable, Luna comprende lo que hace”.

Mirando fijamente al acusado, la abogada de Mónica Cid afirmó: “Luna es un sano hijo del patriarcado. Luna responde a todos los patrones culturales y misóginos en donde se entiende a la mujer como una cosa. Micaela no sabía que ese era el camino al infierno que Jonathan Luna le proporcionaría”.

“Sres. Jueces, el patriarcado nos atraviesa. Basta de contar muertas, basta de contar abusadas sexualmente, basta de contar a las muertes como moscas. Podemos hablar mucho de leyes pero mientras no cambiemos a la sociedad, muchísimos Jonathan Luna van a pasar por estos tribunales”.

“Acá no estamos todos, falta Micaela Aldana Ortega. Jonathan Omar Luna es un delincuente con todas las letras, es un criminal. No podemos seguir pensando sin perspectiva de género”, enfatizó Petersen.

La querellante pidió pena de prisión perpetua e insistió: “Para Jonathan Omar Luna las mujeres somos cosas. Estamos ante una bestia. Jonathan Omar Luna tiene que ser condenado ejemplarmente y, por último, en nombre de Micaela: Ni Una Menos, Ni Una Muerta Más, No más femicidios, no más machos violentos que se creen con derechos, Jonathan Luna tiene que estar en el lugar que le corresponde”.

Al finalizar el alegato, Mónica Cid gritó “Ni Una Menos. Jonathan Omar Luna, a mí también me mataste”. El público respondió con insultos y la presidenta del tribunal pidió orden para dar la palabra al dr. Cuevas.

El defensor argumentó que no negaba la autoría de los hechos y disintió “con cuestiones técnicas y legales”. Explicó que “la contactación de menores tiene que ver con la falta de contacto con gente par”.

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Para Cuevas el caso no es un femicidio porque Luna no era la pareja de Micaela. “No estoy diciendo que no existen los femicidios. Yo creo que no basta una decisión súbita”. Trató de contrarrestar la motivación planteada por la fiscalía y la abogada de la familia al sostener que el delito anterior al asesinato de Micaela fue un robo.

Mencionó que “si no entendemos la estructura psiquiátrica de Luna no vamos a poder entender el desenlace fatal de este hecho”.

Sobre el final, el defensor opinó que la motivación de Luna fue el robo y que el modus operandi del imputado era el mismo por el cual fue apresado años atrás. “No estaba en la mente del autor lograr la impunidad porque no fue meticuloso. (…) La calificación correcta debería ser homicidio agravado en ocasión de robo”. Por ello, pidió que su defendido sea condenado a veinte años de prisión con adecuados tratamientos psiquiátricos.

Petersen se refirió a la “misoginia exagerada” invocada por Cuevas: “Se es misógino o no se es misógino; se tiene odio hacia las mujeres o no se lo tiene; se está dentro de las características y de la estructura patriarcal o no se está”.

“Habla de su estructura psiquiátrica y se su estado mental: no contamos en ningún estadio de la causa con la historia clínica del imputado, lo único que podemos tener son referencias a un supuesto golpe y el estudio que le hizo en el Hospital José Penna”.

“No estamos ante una persona que no puede determinar y no puede planificar lo que quiere hacer. Luna sabe perfectamente lo que quiere hacer, a Luna se le cayó el gorro en el lugar del hecho. Luna escapó cobardemente y dejó a Micaela en un lugar donde nadie la iba a encontrar. Luna, durante 35 días, siguió contactando menores en las mismas condiciones en las que lo hizo con Micaela y Luna es misógino”.

La abogada subrayó que “Luna odia a las mujeres y considera que somos objeto para satisfacer todas sus necesidades, por lo tanto, creemos que este tipo de defensa no hace a la posibilidad de escapar a la calificación de violencia de género”.

La lectura de la sentencia será el próximo jueves 19 de octubre a las 9:30 en los tribunales de Estomba 34.

Tres testigos se presentaron en la cuarta jornada del juicio que tiene como único imputado a Jonathan Luna por el femicidio de Micaela Ortega. El acusado no declarará antes de los alegatos que se desarrollarán este viernes. Mónica Cid pidió acompañamiento desde las 8:15 en Estomba 34.

Hoy fue el turno de tres mujeres menores de edad quienes relataron cómo conocieron a Luna a través de las redes sociales. El imputado se hacía pasar por un chico de 18 años bajo los perfiles de Facebook “Yoni de River” y “Yoni Moya”.

“Ma, este chico me habló hoy a la mañana”, dijo M.F. (14) a su madre el día que transmitían en la televisión la captura de Luna como supuesto autor del femicidio.

La misma testigo relató que aquella jornada le contó a su mamá las conversaciones que tenía con el imputado. “Estás re partible”, comentó Luna en las fotos de la adolescente, a quien además le escribía reiteradas veces por la red diciéndole “hola linda”, “hola hermosa”. Insistía en pedirle el whatsup, pero ella le decía que no tenía.

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Según los testimonios recabados en esta instancia del juicio, Jonathan Luna citaba a todas las menores a las vías del Saladero o les proponía encontrarse a la salida del colegio.

Durante cuatro meses aproximadamente, Luna inició conversaciones esporádicas con M.S. (15), “¿quiénes son tus amigos? ¿tenés hermanos mayores?”, eran algunas de las preguntas que le hacía. La testigo recordó que el imputado intentó venderle una planchita de pelo “a toda costa”, pero nunca recibió las fotos de la misma.

La última joven en declarar reveló situaciones similares, agregando que Luna le preguntaba si tenía relaciones sexuales y si quería que se vieran en White o en su escuela.

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Pasadas las 10:30 la defensa y la querella desistieron del resto de los testimonios. El defensor oficial, Sebastián Cuevas, entregó al el Tribunal copias originales de los estudios que le hicieron a Luna días atrás.

Este viernes se realizarán los alegatos y Luna volverá a la sala de audiencias. Mónica Cid, madre de Micaela, convocó a acompañarla desde las 8:15 en la puerta de Tribunales –Estomba 34- para exigir una condena ejemplar para su hija.

Durante la tercera jornada del juicio a Jonathan Luna, imputado por el femicidio de Micaela Ortega, declararon 10 testigos.

Luego de la sorpresiva tomografía que le realizaron a Luna a pedido de su defensor, se especuló con la posibilidad de que se lo declare inimputable por un golpe que tuvo en la cabeza cuando tenía 12 años. Peritos de ambas partes descartaron que aquel hecho haya afectado su capacidad para entender sus actos y desbarataron la estrategia defensiva.

El doctor Enrique Gabriel Grimi, perito de la Asesoría Pericial, entrevistó a Luna dos veces. Las pericias buscaron evaluar si el acusado estaba en posición de enfrentar un juicio penal y si entendía la importancia de sus actos. “Descartamos cualquier tipo de trastorno mental que le impida actuar libremente”, señaló. A su vez, destacó que “sabía que lo que había hecho era grave”.

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Luna tiene trastorno antisocial de la personalidad, lo que se denomina psicopatía. Se trata de personas con un profundo desprecio hacia los derechos de los demás, narcisistas, egocéntricos y manipuladores, según coincidieron Grimi y Rocío Cirigliano, peritos ofrecidos por la Fiscalía y Emiliano De Prada y Daiana Kolman, propuestos por la defensa.

Grimi argumentó que la psicóloga que realizó la evaluación para otorgarle la libertad condicional en Rio Negro “dijo que había que darle una oportunidad”. Como dicho análisis es “muy subjetivo” se decidió realizar un estudio denominado “Riesgo de Violencia”. Se evaluó la capacidad para comprender los actos, la capacidad de empatía, su conducta. Se analizó también el riesgo socioambiental, problemas psicológicos, abuso de sustancias. “Concluimos que tiene alta posibilidad de cometer un acto criminal”.

Luego, declararon una psicóloga y dos licenciadxs en criminalística de la Delegación Departamental de la Policía Científica de Mar del Plata. Infirieron que era posible que Micaela haya sido víctima de abuso, que ante la negativa a tener relaciones sexuales, Luna la golpeó, la mató y la ató de pies y manos. “La víctima tenía el torso descubierto. El lugar apartado, la distancia entre el encuentro y el lugar del hecho, nos hacen pensar que no fue con intenciones de robo sino de abuso, porque lo podría haber perpetrado el robo en los primeros metros”, destacó Gisela Gripopalma.

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Destacaron que Luna utilizaba un modus operandi, se acercaba a sus víctimas por redes sociales utilizando nombres falsos, siempre comenzaba las conversaciones con “Hola, hermosa”, “Hola, bonita”. Luego concretaba un encuentro. Más tarde publicaba los objetos de valor sustraídos a la víctima, como hizo con la planchita de pelo de Micaela. Peritos de la Policía Científica señalaron que existió por parte de Luna un predominio físico, psicológico y de contexto con respecto a Micaela.

Pedro Fullone, vecino de Luna y padre de las chicas que declararon ayer,  comentó que le dijo al imputado: “Vos me tocás a una de las nenas y yo te limpio”. También se presentó, Damián González Carro, dueño de la empresa ubicada en Bolivia 1250 cuyas cámaras de seguridad registraron a Luna caminando junto a Micaela.

Daniel Gustavo Constantini, médico legista y forense de la Policía Científica, confirmó que la data de muerte se trataba de entre 25 y 35 días antes de ser encontrado el cuerpo y que la víctima había sido golpeada en la cabeza. Fabián Pachecho, Subcomisario de la Policía Bonaerense, certificó haber encontrado las pertenecías de Micaela en el allanamiento en el domicilio de Luna.

El juicio continúa mañana a partir de las 9.30 en el quinto piso de los Tribunales de Estomba 34.

En la segunda jornada del juicio por el femicidio de Micaela Ortega declararon la ex pareja del imputado Jonathan Luna, Eliana Espinoza; el secretario de Seguridad municipal, Emiliano Álvarez Porte; policías que intervinieron en la investigación y tres menores de edad del entorno de Luna.

Pablo González, jefe de la División de Delitos Complejos de Policía Bonaerense relató que junto a su equipo se presentaron en nuestra ciudad un mes después de que Micaela desapareciera, el 23 de mayo de 2016. Dos días después aportaron información del Facebook de la nena a una ONG.

Dicha pesquisa incluía chats con “una mujer grande que parecía protegerla”. “Esta persona le decía que si estaba mal vaya a su casa”. “Ella vivía en Villa Rosas”, supuestamente, por lo cual el equipo de González intentó durante dos días ubicar las fotos de la cuenta en ese barrio.

“Estábamos a merced de las escuchas telefónicas de los celulares asociados” con las cuentas de Facebook. La División de Delitos Complejos llegó a Eliana Espinoza, ex pareja de Luna, mediante una escucha telefónica donde decía que iba a buscar un trabajo en la ruta Sesquicentenario.

“Llovía mucho, había cuatro efectivos en el auto. La mujer bajó del colectivo y la interceptamos”, declaró González. Espinoza fue trasladada a la Fiscalía para declarar. “Había entrado un mensaje de su marido que decía ‘desbloquéame que te cuento la verdad’”. La mujer se puso nerviosa y empezó a llorar.

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Cuando la interrogan y le preguntan qué había pasado con Micaela, Espinoza dijo: “Yo creo que la mató y la violó”. A través suyo dieron con Luna.

“Llegamos y él estaba adentro. Cuando registran la casa encuentran la planchita y un porta SUBE con stickers”. “Yo no la maté, le robé las cosas”, dijo el imputado en ese momento.

González afirmó que “[A Micaela] la puso en un lugar de desprotección donde sabía que si pedía ayuda no iba a ir nadie”.

El segundo testigo fue Marcos Herrera, instructor de caninos de la policía de Río Negro, adiestrador de K9.

“Recibí un llamado telefónico directamente de Mónica, para que busque a su hija. Me presenté a la policía y empecé a trabajar. El día que resguardaron la habitación de Mica comenzaron la búsqueda. Cerca de las 21 horas nos encontramos cerca de las vías y la estación de servicio donde habían visto a Mica. El perro hizo seis kilómetros por las vías hasta llegar a un puente y quiso seguir otros seis kilómetros”.

Herrero dijo que tuvieron que cruzar un alambrado. El perro empezó a olfatear y siguió hasta un vagón. “Luego hasta una manga y al lado estaba el cuerpo de la nena. El lugar era muy difícil de acceder”. Se perimetró hasta que llegaron la policía y los bomberos.

Después de varios meses, el 18 de marzo, Herrera ayudó a Mónica Cid a encontrar más cosas. El testigo expresó que estaban haciendo un ejercicio con los bomberos de Punta Alta –Mónica les había dado una prenda de Micaela para que hagan la prueba– y buscando entre los pastizales, hallaron una billetera de cuero marrón.

Eliana Espinoza, ex pareja del acusado, fue la tercera en declarar. Comentó que conoció a Luna cuando estaba detenido. “Hace dos años salió con la condicional y no quiso volver más”. Al llegar a Bahía Blanca se quedaron un mes en casa de una amiga, Nancy, hasta que consiguieron un terreno donde construir la propia en El Saladero. “Sólo con mi esfuerzo, él no hacía nada”, afirmó la mujer, “yo lo mantenía, él se dedicaba al teléfono”.

“Yo sabía que tenía dos cuentas de Facebook. Cada vez que yo le decía algo, [Luna] se enojaba. Me trataba mal y a veces me pegaba”.

Cuando Micaela desapareció, Espinoza volvió a su casa y vio a Luna sacándose la ropa mojada, que quemaría al día siguiente. “Me dijo ‘me fui a robar un teléfono, se lo robé a una piba’”. Discutieron.

Cuando la mujer vio la noticia sobre Micaela, le dijo a Luna: “Ese sos vos, hijo de puta. Si vos le robaste, sabes con quién se fue”. Discutieron nuevamente. “Quemó la ropa cuando lo reconocí en la cámara [de seguridad]”, afirmó la testigo. “Cuando no aparecía la nena yo le pregunté y me dijo que me calle que ‘iba a ser boleta yo y mis hijos’”.

“Es muy agresivo. Discutíamos, me pegaba. Tenía temor, mucho temor. Daiana, una amiga, se hizo cargo de mí cuando me pegó; llamó a la ambulancia. Se juntaba con gente de 16, 12, 13 años”.

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Daiana, una adolescente amiga y vecina del barrio, fue la siguiente testigo. “[Luna] empezó siendo amigo de mis hermanas (16, 14 y 6 años)”. Respecto a la relación del acusado con Espinoza declaró que “tenían una mala relación, peleaban mucho y él le pegaba”.

Agregó que el acusado se mandaba mensajes con chicas. “Ella le pegó y después él le empezó a pegar [a Espinoza]. Él no la quería a ella, estaba con ella porque lo mantenía”. Sobre los objetos que el acusado le sustrajo a Micaela comentó que le quiso regalar la planchita “pero no la quise porque la mujer era muy celosa, para evitar problemas”. Daiana reconoció el gorro con el que se ve a Luna en las cámaras de seguridad y al propio imputado en el video.

Respecto al día que Mica faltó de su casa, la joven dijo que Luna “apareció con la planchita, el celular y con la ropa embarrada”. “Estaba atento a lo que decían las noticias del caso”. “Él estaba enamorado de mi hermana Ana (15)”.

Luego fue el turno de Emiliano Álvarez Porte, secretario de Seguridad del Municipio, quien participó de la búsqueda el día en que encontraron el cuerpo y aprehendieron a Luna. Recordó que caminaron dos horas y media con el perro K9 adelante. Le preguntó al femicida si había matado a Micaela. “Bueno sí, la golpeé, ella se defendió y se golpeó con algo”, respondió Luna. El secretario agregó que le dijo que “le quiso robar”. “Me zarpé un poco, pero la pibita se defendió”, concluyó.

Ana (16), hermana de Daiana, declaró que se llevaba bien con Eliana Espinoza y que iba a la casa a tomar mate. Sobre el acusado dijo: “Ella trabajaba, él estaba todo el día acostado con el celular. Luna maltrataba a Eliana, una vez le pegó delante mío. Yo no me metí”.

Luego añadió que “cuando pasaban noticias del caso de Micaela nos hacía callar a todos”. “Apareció con una planchita y me dijo que la había robado”. “Cuando le estaba pegando a Eliana nos dijo ‘ustedes de acá no se van’”.

La testigo ratificó que las amistades de Luna eran de 15-16 años y que dejó de ir porque “me enteré que estaba enamorado de mí”.

El último testimonio de la jornada fue el de Ezequiel, un vecino de 15 años, a quien Luna le mostró la planchita de pelo y le preguntó si se la cambiaba por un equipo. Sobre la relación de Luna y Espinoza el joven declaró: “Se llevaban mal. Se cagaban a palos. Una vez ella le tiró el cenicero, y después él la cagó a palos”.

Las audiencias continuarán este miércoles a las 9:30 en Estomba.

Esta mañana comenzó el juicio por el femicidio de Micaela Ortega en los tribunales de Estomba 34. Jonathan Luna, de 28 años, es el único imputado en la causa acusado por homicidio calificado agravado por alevosía, violencia de género, robo y grooming.

El dr. Sebastián Cuevas, defensor oficial, reconoció los hechos que se le achacan a Luna pero cuestionó la calificación legal de los mismos. Expresó que Luna pedía retirarse y no formar parte de los debates hasta lectura de los alegatos, beneficio que le concedió el tribunal.

Las juezas Claudia Fortunatti y María Elena Baquedano y el juez Eugenio Casas escucharon las declaraciones de lxs testigos: Mónica Cid y Claudio Ortega, madre y padre de Micaela; Axel, supuesto novio de Micaela, y su hermana Ludmila. También fueron convocadas Alicia Acuña y Verónica Coleffi, vecina y maestra del colegio de Micaela respectivamente. Se espera que alrededor de 90 personas testifiquen en el transcurso de la semana.

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Las preguntas fueron realizadas en su totalidad por el fiscal Rodolfo de Lucía y por la abogada de la familia de la víctima, Fernanda Petersen. Por su parte el defensor oficial, decidió no formular interrogantes para lxs testigos.

La jornada comenzó a las ocho de la mañana con una conferencia de prensa realizada por la familia en el recinto del Concejo Deliberante. Ante la mirada atenta del público, concejales y medios, Mónica Cid leyó un documento en el que retoma todo lo sucedido a su familia a partir del 23 de abril de 2016 cuando Micaela desapareció. Al mismo tiempo, agradeció a aquellas personas que la acompañaron y siguen acompañando desde el primer día.

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El inicio del juicio por el femicidio de Micaela Ortega contó con intervenciones  en las calles y en la plaza Rivadavia, la presencia de activistas feministas de todo el país y de funcionarixs locales, provinciales y nacionales.

Silvia Lomi, subsecretaria del Instituto Nacional de las Mujeres, explicó que “nosotros estamos presentes para apoyar, no solo en términos emocionales, sino en toda una cuestión técnica que viene trabajando el equipo de casos desde hace ya bastante tiempo”.

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Respecto a las expectativas que tienen por la resolución del juicio, Lomi comentó que “la justicia es un poder independiente pero que por supuesto tenemos expectativas. El caso tiene muchas dudas para plantear dificultades, suponemos que sí. Nosotros estamos solamente trabajando desde un equipo de expertxs que han hecho todo para acompañar este caso. Suponemos que va a tener una resolución favorable”.

Las audiencias continuarán mañana y hasta el viernes 13 de octubre a partir de las 9:30 en el quinto piso de los tribunales de Estomba 34.

Desde las 9:30 de este lunes y hasta el viernes se desarrollarán en los tribunales de Estomba 34 las audiencias del juicio contra Jonathan Luna por el femicidio de Micaela Ortega. La nena de 12 años desapareció el 23 de abril de 2016. Luna la engañó a través de las redes sociales, la sacó de su casa, la hizo caminar 13 kilómetros bajo mentiras y la mató cuando no pudo abusar de ella.

En diálogo con El Mejor Equipo de FM De la Calle (martes de 10 a 14), su madre, Mónica Cid, afirmó que “desde la justicia me explican que puede llegar a quedar como un homicidio. Con Fernanda Petersen vamos a luchar porque esto es un claro femicidio, por el cual vamos a pedir perpetua”. “Con el fiscal hemos trabajado codo a codo y tenemos más que suficiente para este femicida se pudra en la cárcel. Nos sobran pruebas”.

Días antes de comenzar el juicio Cid y su abogada dieron con una cuenta de Facebook que Luna administraba desde el penal de Florencio Valera donde estaba encerrado. “Es como dejarle a un homicida un arma. Él mató a mi hija a través de las redes sociales, a través de un celular y no puedo creer que siga con tanta impunidad, manejándose como quiere. El Jonatan Luna que conocimos, el que vivía en El Saladero, él que mató a mi hija está cada vez mejor. Nosotros estamos cada vez peor, mi hija muerta y él haciendo una vida completamente fácil”.

La madre de Micaela sostuvo que siente que la justicia le toma el pelo: “Desde el penal deberían estar sabiendo que mató a una niña a través de la redes sociales. Ningún compañero que tenga celular, porque él atenúa que el celular era de un compañero, tenía 160 mujeres captadas, había muchísimas niñas, hacía el mismo trabajo que hacía afuera”.

“Yo confío en la justicia, voy a ir por esa resolución que se merece él. No puede tener más acceso a la tecnología de por vida, ese es un trabajo que voy a tener que hacer yo, más allá de que ahora confío en que va a salir todo bien”.

A poco más de un año del femicidio, Cid compartió un camino con otras mujeres que la acompañan y, además, asumió el compromiso de concientizar a lxs más jóvenes. “Mi vida cambió. Yo era una persona común, una persona que pasaba desapercibida en cualquier lado: tengo mi trabajo desde hace 20 años, mi casa, mis hijos. Mi hija, sobre todo, porque mi hijo ya es mayor. Era mi vida y me ha quedado ese vacío que he empezado a llenar. Hoy soy Mónica Cid, mamá de Micaela”.

Por otro lado, hizo referencia al acompañamiento de que viene recibiendo: “Mi vida anterior no tenía un registro del movimiento de mujeres y hoy soy quien soy y le debo mi vida a un movimiento que es Desbandadas, ellas son las que me mantienen en pie. Cuando sonaban los tambores cuando buscaban a Micaela, yo sentía que Micaela me podía escuchar y hoy siento lo mismo. Hoy, a través de Desbandadas, siento que mi hija se acerca y me da la misma fuerza que me daba para buscarla”.

En el inicio de las audiencias, se espera la llegada de referentas de otros puntos del país: “Tengo la promesa de la Mesa de Femicidios del Congreso, gente del Consejo Nacional de las Mujeres que va a mandar una comitiva. Va a ser un movimiento grande”.

En cuanto a las respuestas del Estado a sus demandas, Cid manifestó que “desde el Municipio se está trabajando, desde Nación no he tenido respuestas de nada, en algún momento yo no entré en agenda, como me dijo el secretario de Macri, y cuando él me pidió ir a Buenos Aires para la foto del 25 de noviembre, del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, Niñxs y Adolescentes, yo le dije que no entraba en mi agenda. Quizás también un poco es eso, que no me tengan en cuenta”.

La gobernadora María Eugenia Vidal en una de sus primeras visitas a la ciudad la visitó y abrazó en su casa: “Todo quedó en esa foto, no hubo más respuestas de nada. Yo necesito hablar con ella, yo necesito que intervengan en ese penal. Cuando Jonathan Luna elige, porque encima tuvo el privilegio de elegir dónde estar. Y necesito que Ferrari tome intervención porque ese hombre no puede volver a tomar contacto con la tecnología, porque es un potencial asesino a través de las redes sociales”.

“Espero que me acompañen, que no me dejen sola. Que haya podido demostrar también que le podría haber pasado a cualquiera y con esto que Jonathan Luna sigue haciendo, nos sigue demostrando que podemos seguir cayendo como moscas todos los días y que Bahía tome conciencia”.

(Por Mauro Llaneza) Durante la semana se realizaron ocho allanamientos en empresas radicadas en el polo petroquímico de Ing. White que vierten sus desechos en el estuario bahiense. Los operativos son parte de la causa judicial que investiga la contaminación denunciada por pescadores artesanales en 2011.

La búsqueda de vertidos líquidos y sólidos se centró en los canales utilizados por TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar –ex Solvay Indupa-, Profertil, Oil Tanking y ABSA en el interior de sus plantas o sobre la ría. También se relevaron peces y crustáceos.

“Todo para poder hacer la pericia que determine si la tesis de la Fiscalía es correcta”, aseguró Alejandro Cantaro, quien sostiene “que las empresas del polo vierten residuos tóxicos peligrosos en la ría poniendo en riesgo la salud pública y, por tanto, cometen delito”.

Lucas Beier, abogado de los denunciantes, declaró que “fue un arduo trabajo en conjunto con la Fiscalía para poder coordinar la fuerza de seguridad, la universidad, conseguir que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires pueda realizar los estudios de las muestras tomadas”.

“La pericia es importante (…) para dejar tranquila a la población sobre si puede ir al muelle de Cerri, pescar una corvina y comerla o, al contrario, es mejor no comerla y tenemos que ir a la pescadería a buscar cualquier pescado que no sea de este ambiente”.

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Se estima que en poco más de un mes el juez Walter López da Silva podría contar con anticipos informativos y luego incorporar los resultados definitivos. Los análisis, financiados por el Consejo de la Magistratura, estarán a cargo de la UBA y la Policía Federal colaborará en el estudio de “algunos sólidos” y de “la fauna ictícola” secuestrada.

“Determinado esto, se va a continuar con la causa y se van a atribuir las responsabilidades llamando a indagatoria y elevando a juicio la causa penal”, dijo Beier.

Cantaro agregó que secuestraron documentación relacionada “con las autorizaciones que las empresas tienen, las cantidades por las que están autorizadas para verter, si están dentro de los estándares correctos, si están vigentes, cómo es el circuito de autorizaciones entre provincia y Municipalidad”.

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“Esto es muy importante porque los expertos van a valorar no solamente si encuentran en agua, en el fango de la ría o en los peces y crustáceos, elementos, material tóxico, sino también cuáles son las autorizaciones que tengan”.

Según pudo saber FM De la Calle, las multinacionales presentaron una gran cantidad de permisos con al menos un año de vencimiento. Desde el sector empresarial responsabilizaron al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible por no realizar los controles necesarios para la renovación de la documentación.

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Beier recordó que respecto a ABSA el juez Agustín López Cóppola dictó una medida cautelar en el expediente de la demanda civil a través de la cual ordenaba al gobierno provincial “prever la posición de las plantas de tratamiento de todos los efluentes que terminen en el estuario”.

Sobre la ría hay tres, cercanas a Cerri, Ing. White y Punta Alta. “Están haciendo la planta de tratamiento de la que está pasando Ing. White y con eso el juez dio la orden por cumplida y nosotros apelamos”, sostuvo el abogado.

Tras el allanamiento del jueves en ABSA, fuentes judiciales afirmaron a FM De la Calle que “no hay ningún tipo de tratamiento de los líquidos cloacales”. Por la Primera Cuenca evacúan todos los sumideros locales con un filtro que evita el paso de algunos objetos. “Eso cuando funciona la planta y ahora no está funcionando, sale todo”.

No fue pericia, fue allanamiento

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El fiscal Cantaro destacó que el polo es “públicamente reivindicado como un sector de poder económico y privilegiado por las conducciones políticas. Sin que esto signifique que haya ninguna presión ni intervención, pero en todo delito complejo y donde quien se investiga tiene resorte de poder siempre es mucho más difícil”.

Luego del primer día de allanamientos, la Unión Industrial desinformó a través de los medios de su vicepresidente, Gustavo Elías, que “seis compañías miembros de la institución recibieron peritajes en sus instalaciones por una orden dictada por el Juzgado Federal Nº2 Secretaria Penal Nº6”.

“Se tomaron muestras en los sitios de vuelco de efluentes líquidos de las distintas plantas y se obtuvieron registros relacionados a las mismas. Entendemos que estos procedimientos son parte de un proceso judicial, sobre el cual no contamos con mayor información dado que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario. De todos modos, las compañías y la institución brindarán su total colaboración y se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, firmaron el director industrial Roberto Elissamburu y el director ejecutivo Ricardo Rabbione.

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El fiscal afirmó que “en algunas empresas hubo resistencia, llamaron inmediatamente a los responsables de las áreas que estaban involucradas, inclusive llegaron los abogados y cuestionaban la toma de las muestras o quiénes eran los testigos que estaban presentes. En algunos lugares hubo un clima más hostil, en otros no. Yo estuve en Indupar -donde era Solvay Indupa- y acompañaron en la toma de muestra, entregaron la documentación rápidamente”.

“A ese comunicado le faltan dos palabritas centrales”, dijo Cantaro, “no habla de allanamiento ni secuestro. Ayer no se perició nada, ayer se allanó. Y los hechos demuestran que fue oportuno que haya sido un allanamiento porque, insisto, hay alguna resistencia en la entrega de la documentación y en la posibilidad de tomar las muestras”.

Por otra parte, el mencionado “secreto de sumario” no existe en la causa sino en la línea editorial financiada por el “único equipo integrado por el sector público y privado” que saludó el presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay, en la visita del martes a la planta de Dow.

*Las entrevistas a Alejandro Cantaro y Lucas Beier fueron realizadas por el autor de la nota en Radio Altos.

Luego del femicidio ocurrido el viernes en Villa Mitre y a días de que comience el juicio a Jonathan Luna por el caso de Micaela Ortega, la abogada Fernanda Petersen habló con El Mejor Equipo de FM De la Calle.

Sobre la muerte de Mónica Esteban afirmó que no avanza el cambio de actitud y respuesta de lxs agentes del Estado.Empieza con la violencia verbal y terminamos con la institucional. Después de más de diez denuncias no podemos estar hablando de que la justicia no tomó ninguna medida, que este hombre no pudo ser notificado o que no se presentó”.

Y aseguró que “si a una de sus ex parejas le robó el botón antipánico estamos ante la presencia de una persona que evidentemente no va a cumplir ninguna ley, ninguna restricción que se le imponga, se tendrían que haber tomado otras medidas”.

“Obviamente que el Estado es responsable por esta inacción y por la falta de preparación en perspectiva de género: de entender la problemática de las denuncias por violencia, lo que es un círculo de violencia, y por qué muchas veces las mujeres vuelven con los violentos. Esta mirada errada de la situación hace que, lamentablemente, el viernes hayamos tenido que sufrir otro femicidio en Bahía Blanca”, aseveró la abogada.

Petersen consideró que para transformar esa mirada del Poder Judicial “la capacitación es fundamental. Y es una regla de oro creerle a la víctima. Si una mujer denuncia en diez o quince ocasiones violencia (verbal, física, económica, etc.), y tenemos como antecedente otra pareja que también había hecho denuncias. La medida de ‘no acercamiento’ está comprobado que no sirve. Como jueces o como parte de un sistema de justicia, pidámosle a lxs legisladores que lo modifiquen. Evidentemente este tipo de delitos tendría que tener otro tipo de abordaje”.

A raíz de estas situaciones, en el Colegio de Abogados están armando un consultorio gratuito para las víctimas de violencia y van a disponer un día de atención específico con abogadxs de la matrícula que trabajen esta temática. “Para tener también otro lugar porque, lamentablemente, la consulta es cada vez mayor”, afirmó Petersen, quien ya confirmó su participación.

El fin de semana también se supo que Jonathan Luna, femicida de Micaela Ortega, contaba con una cuenta activa de Facebook desde el penal de Saavedra. Al respecto, la abogada de Mónica Cid aseguró que “es una provocación”.

“El Estado está ausente en muchísimos espacios y nos toca a lxs particulares en cada situación hacer la denuncia y llevar adelante las acciones que tienden a corregir esto. Nosotras no estamos pidiendo que a Jonathan Luna no se le respeten los derechos, estamos pidiendo que las medidas de seguridad y de conducta que tiene que cumplir, las cumpla.

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“En las manos de Jonathan Luna, un dispositivo tecnológico con acceso a internet, es un arma. Es una persona que está imputada del delito de femicidio, de grooming (captación de menores por redes sociales), y que ha tenido otros intentos de captación antes y después del femicidio de Micaela. Me parece que, como mínimo, se debe tomar alguna medida al respecto”.

“Desde lo legal, es inentendible. Desde lo personal y particular, hay que decirle a la familia ‘este sujeto tiene una cuenta activa de facebook y publica fotos de él, con su compañero de celda, etc’. Se genera una situación de mayor vulnerabilidad para los familiares de las víctimas, que sienten que el Estado, como muchas veces estuvo ausente en temas de la búsqueda o recursos de la fiscalía, también está ausente en la supervisión de estas medidas particulares”, explicó.

Petersen también representa a la artista Olga Corrales, quien fue detenida el último Ni Una Menos (3 de junio), luego de realizar pintadas en Punta Alta. Si bien tuvieron tres instancias para reunirse con la persona que representa al Municipio de Coronel Rosales, optaron por ir a juicio “porque lo único que hacía era dilatar una situación que, consideramos, no era la intención de ninguna de las chicas pedir disculpas”.

Y reflexionó al respecto: “Una puede compartir o no la decisión de pintar un monumento –que no fue un monumento, sino la arcada de la entrada a la plaza de Punta Alta–, pero eso en media hora y con una lata de pintura se solucionó. Las mujeres que faltan, no vuelven más. Las mujeres abusadas tampoco vuelven a vivir una vida como la que tenían antes”.

“Cada vez que una mujer hace una denuncia y Tribunales no la escucha, eso no vuelve para atrás. El Estado está presente, pareciera, en el respaldo al femicida, al violento, y da mensajes violentos. Esto envalentona a cualquier machista que ande suelto, a sentirse con derechos para hacer lo que se le antoja”.

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21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata del tercer tramo de la causa V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo solicitado por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Los jueces José Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava afirmaron que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por mayoría, declararon que “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívica militar”. Además, mandaron que las penas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.

A su vez, los magistrados rechazaron otras medidas de reparación simbólica dirigidas a las universidades nacionales del Sur y del Comahue y a la Municipalidad bahiense.

El fiscal José Nebbia comentó que el debate mostró el “montaje en todo el territorio de la Patagonia con epicentro en Bahía Blanca”. “Lo distintivo del juicio es que se muestra la articulación con la represión en Rio Negro. Eso se había visto respecto de Viedma, pero aquí vimos qué fue lo que pasó con el Alto Valle y Neuquén”.

Recordó que la causa involucró a 105 víctimas, “un tercio de esas personas están desaparecidas y por eso la cantidad de pedidos de condena de prisión perpetua es tan alto y para aquellos que no están imputados por víctimas asesinadas o desaparecidas, la cantidad y la gravedad de los hechos hace que las penas sean también altas”.

“Me acuerdo de 1984, ’85, que estábamos acá junto a los compañeros de Bahía Blanca -porque las causas estaban juntas todavía- y lo que era Bahía todavía aplastada por los militares, los marinos y todo lo que los rodeaba y cómo se han levantado, se han organizado, han protestado y han tenido estos juicios contra el Ejército y contra la Marina que son ejemplo”, dijo a FM De la Calle Noemí Labrune mientras esperaba ingresar a la sala.

En cuanto a las declaraciones del ex guardia de La Escuelita, Arsenio Lavayén, quien se refirió a la apropiación de uno de los bebés nacidos en cautiverio, Nebbia afirmó que la información ya la tenían pero “es la primera vez que uno de los imputados rompe ese pacto de silencio y esperemos que eso tenga consecuencias no solamente para el imputado que tuvo una necesidad de contar lo que había hecho, lo que había visto, sino también en el resto, que se quiebre el muro de silencio y que nos permita encontrar a los chicos y a los cuerpos de las personas que desaparecieron y no sabemos dónde están”.

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La titular de la APDH de Neuquén opinó que el pacto de silencio de los genocidas “se va a mantener porque los que están apalabrados, los que estaban promoviendo este sistema criminal, saben que siguen torturando. Deben estar muy contentos de negar lo que saben porque es parte del crimen compuesto, permanente y continuo del delito de lesa humanidad”.

Luego de la sentencia, el fiscal Miguel Ángel Palazzani aseguró que “la Fiscalía se va muy conforme” y agregó que Alejandro Magno Nieva “fue absuelto por el beneficio de la duda, veremos los fundamentos y apelaríamos esa parte”.

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Consultado por el cumplimiento efectivo de la orden judicial para que las penas sean en cárceles comunes, sostuvo que dependerá de la situación de cada represor: “Recorrimos todos los caminos procesales pidiendo la revocación de esas domiciliarias para el caso de los que entendemos que por las pericias están en condiciones de estar en cárcel común y lo solicitamos, el tribunal termina resolviendo caso por caso. Por lo pronto, el principio es cárcel común”.

En cuanto a los planteos rechazados por el tribunal dijo que “hay que seguir siendo creativos, pidiéndolos, apelándolos y dando fundamentos y argumentos porque la lucha sigue, esto no termina acá”.

El 5 de diciembre se realizará la audiencia preliminar de la segunda etapa del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano de la Armada Argentina.

Las penas y los nombres

Las condenas a prisión perpetua fueron para los integrantes del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal y Osvaldo Lucio Sierra. Para Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Enrique José Del Pino y Víctor Raúl Aguirre del Destacamento de Inteligencia 181 y para los miembros de la Agrupación Tropas Julio Guillermo González Chipont, Pedro Ángel Cáceres y Carlos Alberto Ferreyra.

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La pena máxima alcanzó también al jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Jorge Enrique Mansueto Swendsen y Alejandro Lawless, jefe de sección en dicha unidad militar; a los guardias del CCDTyE La Escuelita Gabriel Cañicul, Raúl Artemio “el abuelo” Domínguez, Desiderio Andrés “perro vago” González, Arsenio “zorzal” Lavayén y José María Martínez; y a los policías bonaerenses Pedro José Noel y Jesús Salinas.

Para el integrante de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, los jueces sentenciaron 14 años de cárcel; 10 para el policía federal de Viedma Osvaldo Vicente Floridia y 9 para el jefe de la Policía Federal de Neuquén, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, y los militares de la Agrupación Tropas Miguel Ángel Chiesa, Jorge Horacio Rojas y Miguel Ángel Nilos.

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Los jefes de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya y Andrés Reynaldo Miraglia recibieron castigos de 6 y 3 años de prisión, respectivamente. Y también 3 recibió el comisario rionegrino Antonio Alberto Camarelli. En tanto, fue absuelto el ayudante del comandante del V Cuerpo e integrante de la Agrupación Tropa, Alberto Magno Nieva.

Durante el juicio murieron Carlos Andrés Stricker, Hugo Jorge Delmé y Raúl Oscar Otero, todos condenados a prisión perpetua en juicios anteriores. Previamente habían sido apartados del proceso Enrique Braulio Olea, Julio Manuel Santamaría, Mario Alberto Gómez Arena y Luís Alberto Farías Barrera. En tanto, el comisario bonaerense Gustavo Boccalari recusó al tribunal y fue condenado a perpetua por otros jueces.

Continúan este jueves los allanamientos encabezados por la Fiscalía Federal en busca de muestras de sedimentos y vertidos líquidos para la realización de una pericia sobre el estado del estuario en el marco de la causa judicial que investiga la contaminación en la ría.

Ahora es el turno de la empresa ABSA que vierte líquidos cloacales y otras substancias sin el tratamiento adecuado.

La denuncia fue presentada por pescadores artesanales años atrás e involucra además a Solvay Indupa, Profertil, Mega, TGS, Petrobras, PBB Polisur, Dow Química Argentina, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca.

Participan la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal de Buenos Aires e integrantes de la Prefectura Naval de Bahía Blanca y la zona. El material recolectado será peritado por el Departamento de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal también realizará informes para la investigación.

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