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Mientras la investigación por contaminación del estuario contra las empresas del Polo Petroquímico, el Consorcio del Puerto y ABSA avanza lentamente, las intimidaciones y cuestionamientos contra los denunciantes suman nuevas modalidades. Primero fueron las amenazas a pescadores artesanales y los atentados contra el estudio y la vivienda de su representante legal, Lucas Beier, y ahora el Colegio de Abogados pasó de solidarizarse con él a tramitar un proceso en su contra por violación a las normas éticas de la profesión en sus “reiteradas exposiciones mediáticas”.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo compuesto, entre otros, por el vocal Diego Ariel Blázquez y el secretario Martín Otaño Manterola, apoderados de Profertil y TGS respectivamente. Para Beier, se trata de “una acción sinérgica con los hechos mafiosos que han atentado contra mi vivienda particular procurando mi silencio, lo cual repudio y aborrezco rotundamente”.

“Tal vez estoy paranoico y no es más que una simple casualidad que pese a que hablo con la prensa de este conflicto ambiental desde el año 2009, justo 15 días después del atentado a mi casa, y cuando en el marco de la misma tanto un fiscal como un juez tomaron medidas importantes contra las empresas, esta Comisión Directiva intente acallarme. Tal vez es solo paranoia mía desconfiar que los abogados de Profertil y TGS tengan algún interés en que no hable más con la prensa sobre la cuestión ambiental del estuario y hayan utilizado el órgano directivo del CABB para sancionarme por ello”, dijo en su descargo.

Según manifestó el letrado a FM De la Calle “las empresas no necesitan que los abogados salgan a hablar porque directamente pagan las pautas publicitarias y hacen difusión. Si a mí me prohíben hablar, ¿cómo informo a la sociedad los avances que va teniendo la causa?”. Cuatro notas de diarios digitales y cinco entrevistas del programa de nuestra emisora “En eso estamos” son toda la prueba en su contra. “La denuncia es imprecisa, dado que si consideran que he realizado alguna de las conductas prohibidas, debieron haberlo indicado expresamente con total claridad y no haber realizado un simple ‘copia y pega'”.

Lo que no prohíbe el juez de la causa lo hace el Colegio de Abogados. Cabe destacar que la conducción institucional que hoy reprocha a Beier, como en su momento a otros abogados, la violación de “las normas de ética profesional” por “publicitar” las causas en las que intervienen, es la misma que supo y sabe contener y cobijar a imputados por crímenes de lesa humanidad como los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti o el ex juez Néstor Luis Montezanti.

Beier afirmó ante las autoridades del Colegio que “este conflicto entre pescadores y empresas multinacionales es el paradigma de la desigualdad de recursos. Pero esa desigualdad, puede compensarse con el acceso a una justicia objetiva y neutral y la utilización de la difusión a través de la prensa de los avances y sucesos relevantes del proceso. Todos estos recursos son legítimos y no solo pueden, sino que deben ser utilizados por los operadores del conflicto, de no hacerlo, existiría una mala praxis”.

“No me escapa que las empresas contra las que me encuentro litigando desean que esta causa no sea pública, a raíz que he dado a conocer informes medio-ambientales que perjudican gravemente la imagen social de las empresas, y principalmente porque un fiscal ha considerado que se encuentra probado que el estuario está contaminado, lo que lo motivó a pedir el cese de los vertidos industriales, y un juez ha dictado una medida cautelar contra ABSA, por entender que existe un gran aporte de contaminantes por medio de los desechos cloacales”, agregó.

¿En qué está la causa?

Si la causa debe desarrollarse en el fuero federal o en la justicia provincial es un debate que aún no fue saldado en la Cámara de Casación. Mientras tanto, la investigación sigue en manos del fiscal Alejandro Cantaro y el Juzgado Federal 2 -a cargo de la jueza Gabriela Marrón, quien se declaró incompetente y viajó de licencia a Cuba por dos años-.

Hoy venció la medida cautelar que ordenaba a ABSA presentar un Plan Director que contemple las obras necesarias para realizar el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales que se vuelcan en el estuario. “La provincia no denunció ningún avance más allá de los anuncios, (…) el juez puede aplicar una sanción diaria por el retraso o instar a una nueva audiencia para que ABSA dé explicaciones”, dijo Beier.

En tanto, para el primer semestre de 2017 se espera una pericia “muy complicada” para evaluar la contaminación en la ría. Las empresas del Polo pretenden que sea realizada por el Instituto Argentino de Oceanografía dependiente del CONICET y los pescadores prefieren que sea una universidad nacional. “No queremos que lo haga el IADO porque lo hacen hace veinte años y si pese a esos informes no han denunciado… Ellos encuentran metales pesados tanto en los peces, como en el agua, como en los sedimentos y han tenido una actitud pasiva”.

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¿De qué lo acusan?

La Comisión Directiva del Colegio de Abogados le reprocha a Beier la supuesta infracción de la siguiente normativa:

  • Segundo párrafo del artículo 18 de las Normas de Ética Profesional: “No debe publicar ni inducir a que se hagan públicas noticias o comentarios vinculados a los asuntos en que intervenga, a la manera de conducirlos, la importancia de los intereses comprometidos y cualquier ponderación de sí mismo. Debe abstenerse de publicar escritos judiciales o las discusiones mantenidas con relación a los mismos asuntos”.
  • Artículo 58 inciso 6 de la ley 5177 que obliga guardar secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto que se le hubiere encomendado o consultado, con las salvedades establecidas por la Ley.
  • Artículo 60 inc. 7 de la ley 5.177: “Publicar avisos o realizar propaganda, por cualquier medio de difusión que pueda inducir a engaño a los clientes u ofrecer servicios contrarios o violatorios de las leyes. La publicidad profesional se habrá de limitar a su nombre, dirección del estudio, títulos científicos, horario de atención al público, fuero, materia o asuntos a los que especialmente se dedique.”

Más de 20 colectivos de todo el país que integramos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) nos reunimos entre el 22 y 24 de abril en FM La Tosca (FM 95.1), Santa Rosa, La Pampa, en la primera Asamblea de 2016. En las jornadas, de intenso debate y participación, se atravesaron distintos ejes en una coyuntura de amenaza y avasallamiento de nuestros derechos.

El encuentro se vio atravesado por las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) impuestas por el actual gobierno nacional a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) número 13 y 267 y Decreto Presidencial 236, ratificados por el Congreso Nacional y que apuntan a favorecer la concentración de medios. Entre otras cosas, disolvieron el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual en el cual AMARC Argentina era una de las organizaciones representantes del sector sin fines de lucro. En este marco, la Defensoría del Público brindó un taller en materia de derecho a la comunicación.

El vaciamiento de las políticas públicas de comunicación incluye la suspensión de los Fondos de Fomento Concursable (FOMECA), lo que que atenta aún más al desarrollo de los medios comunitarios. Sólo en este concepto el Estado adeuda a las diversas radios integrantes de la red una suma mayor a 5 millones de pesos sin dar respuestas concretas en un contexto de devaluación e inflación.

En el plano local, y a modo de ejemplo de la situación de las emisoras comunitarias, se menciona el caso particular de Radio Cooperativa La Tosca que se encuentra desamparada por la falta de reconocimiento legal de parte de la autoridad competente y que a pesar de haber sido registrada en el primer censo desde la aprobación de la ley, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual adjudicó una licencia a una escuela en la misma frecuencia, enfrentando a dos actores reconocidos de la comunicación popular pampeana; y a pesar  de la buena voluntad y el trabajo conjunto de ambas instituciones, sus reiterados reclamos no han tenido respuesta.

Desde AMARC también vemos con mucha preocupación el avance y despliegue de las políticas represivas no sólo en la provincia de La Pampa sino a nivel nacional  y continental. Mientras se desarrollaba la Asamblea la policía pampeana detuvo en forma arbitraria en la vía pública a la periodista Cintia Alcaraz, colega de una radio local, que estaba registrando un abuso de autoridad sobre dos jóvenes madres y sus pequeños hijos. La red se hizo presente en la comisaría número 3 de Santa Rosa para solidarizarse con la colega y repudiar el accionar de la fuerza represiva al mando del Ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno.

Consideramos que el ejercicio de  la comunicación popular es un derecho fundamental para caminar y organizarnos hacia una sociedad más justa y solidaria.

Con este horizonte, Radio Comunitaria La Voz Indígena 95.5 de Tartagal será la anfitriona de la próxima asamblea de AMARC Argentina reforzando nuestra vocación de pluralismo y federalismo en las voces que nos integran.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur realizará entre el lunes 25 y el viernes 30 una “semana de protesta, movilización y luto por la universidad pública y sus trabajadores”. La medida incluye la instalación de una carpa en el playón de la UNS de avda. Alem y paro de actividades académicas por 72 horas los días miércoles, jueves y viernes.

Los gremios se manifestaron “humillados” por la propuesta del gobierno nacional de un incremento salarial del 15% a cobrar en junio y reanudar negociaciones a fines de octubre. “Una vergonzosa propuesta que recibió el total rechazo de todas las federaciones docentes nacionales”.

“La crisis no es sólo salarial y laboral. Las universidades nacionales están sufriendo objetivamente un ahogo presupuestario que se pone de manifiesto en reducción o baja de programas, becas, subsidios, designaciones, compras, utilización de servicios públicos, etcétera, que nos retrotraen, temporalmente, a los inicios del año 2001”, dijeron desde ADUNS.

El armado de la carpa será “como símbolo y expresión para conmover y sumar cada vez más adhesiones a las medidas de acción y protesta. Esperamos que se complete con clases públicas, charlas debate, propuestas y actividades. Convocamos a docentes, no docentes, Centros de Estudiantes, gremios, organizaciones sociales y público en general a pasar por ella, compartir nuestra preocupación y encontrar una salida de conjunto”.

Apoyo estudiantil

Con la intención de “visibilizar y entender la lucha docente”, el Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior convocó a una clase abierta en la calle dictada por las profesoras Alejandra Barna y Adriana Ressia y sus pares Luis Sagasti y Mario Ortiz. Será el jueves 28 a las 11 en 11 de abril 445.

“Al extraer una clase de su contexto convencional y trasladarla a la calle, es decir al ámbito público, se hace visible lo que muchas veces queda oculto tras las paredes de las instituciones escolares: la práctica educativa. Confío en que será una experiencia hermosa que permitirá demostrar por qué valoramos, apoyamos y queremos tanto a nuestros y nuestras docentes”, dijo en las redes sociales Julieta Centeno, una de las organizadoras.

Agregó que “entre esas razones están la relación que se crea entre alumnado y docente, el tiempo compartido, su vocación, sus ganas de comunicarnos lo que saben, entre tantas otras cosas… Y también, será una oportunidad para visibilizar la gran importancia de la tarea que realizan y la necesidad de unión entre cada integrante de la comunidad educativa (padres, madres, alumnado y docentes) por nuestro objetivo común: la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, además de exigir que se valore al grupo docente por el importante y fundamental servicio que nos ofrecen: la educación”.

“Gracias infinitas a cada profe, creo que lo mínimo que podemos hacer es batallar para que se les retribuya dignamente por todo el tiempo que nos dedican. Si algo aprendemos en la escuela, es que nada está garantizado de por vida, y es por ese motivo, que a los derechos se los gana luchando. Esperamos a toda persona que se sienta interesada en vivir en carne propia lo lindo, transformador y elemental del proceso de educar y aprender”, finalizó.

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La excarcelación de Pablo Cuchán, condenado a 17 años de prisión por el asesinato de Luciana Moretti (15) en octubre de 2004 en Ing. White, motivó fuertes protestas sociales e institucionales en Bahía Blanca y Monte Hermoso, lugar donde pretende residir. El femicida estaba detenido hace 11 años y fue liberado por el Tribunal Criminal 1 -integrado por los jueces Hugo De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Eduardo d’Empaire- por su “conducta carcelaria ejemplar” y por cumplir los dos tercios de la condena sin sentencia firme. “Lo único que se pedía es que cumpliera la pena”, dijo la abogada de la familia Moretti.

Ayer, vecinas y vecinos de Monte Hermoso se concentraron frente a la vivienda de Los Horneros 463 para repudiarlo. La columna fue encabezada por familiares de Luciana y de Katherine Moscoso -asesinada en la ciudad balnearia en 2015. “Me preguntás cómo estoy yo, cómo está mi familia, y tenemos una bronca terrible porque es una gran tomada de pelo todo esto. Mi vida la tengo que seguir igual pero la lucha de Katy no la quiero dejar, pero todo esto te indigna, queremos saber todo lo que pasó con Katy, quiénes fueron los asesinos, los queremos presos, estamos pidiendo justicia y que venga este tipo y se instale acá…”, dijo a FM De la Calle Wanda Banegas.

“Le hicieron una nota en el cable de Monte Hermoso, fueron hasta la casa, habla como si él no fuera el asesino, como que la familia Moretti no existiera y el protagonista de todo esto es él, encima riéndose y burlándose del pueblo. Dice que va a esperar a que la gente lo acepte”, agregó la prima de Katy. Wanda comentó que conversó con Antonella, hermana de Luciana Moretti, y “no quiere saber más nada, esto la indigna, está cansada, aparte cada uno tiene que retomar su vida y es difícil, yo la entiendo y me pongo en el lugar de ella. Hay personas que juzgan no a los asesinos ni a los que cometen esas cosas sino a los familiares de las víctimas”.

“Acá los que tienen que poner las cartas sobre la mesa son los jueces y los fiscales y decir esto está mal y esto está bien: Que dejen de llenarse los bolsillos y actúen rápido contra esta gente, este es un psicópata enfermo que lo puede volver a hacer, yo hoy tengo miedo por mí, por mi hijo y mi marido y mi familia”, manifestó.

Viviana Lozano, abogada de la familia Moretti, explicó a FM De la Calle que la libertad asistida de Cuchán fue posible “indefectiblemente habiendo cumplido dos tercios de la condena que hasta este momento tiene y no habiendo sentencia firme”. Por la demora apuntó a las “apelaciones que se hicieron fuera de Bahía Blanca”, las idas y vueltas entre la Cámara de Casación y la Suprema Corte, y la “falta de recursos, jueces y empleados”.

La querellante informó que trabajan para “cuestionar la libertad en los términos que se otorgó” y dejó para que decida la familia de Luciana la posibilidad de pedir juicio político a los responsables del fallo: “Lo único que se pedía es que cumpliera la pena”.

Por otra parte, Lozano pidió “que no nos produzca todo esto una psicosis, todos los días sale gente de la cárcel, no nos empecemos a enloquecer, tengamos un poco de calma porque ya vemos lo que sucede cuando la gente se altera y lamentablemente cuesta vidas como pasó en Monte Hermoso, no caigamos en eso por favor, estamos en un Estado de derecho”.

Antes de la protesta realizada por la Colectiva Feminista frente al palacio de Tribunales bahiense, Nadia Guzmán dijo a FM De la Calle que tomaron la decisión judicial “con mucha bronca porque una vez más este sistema muestra que los asesinos y violentos están en las calles y las víctimas siempre nos llevamos la peor parte”.

“En la justicia y en todo el sistema que debería cuidar a las mujeres que son víctimas de violencia hay una tendencia a hacer todo lo contrario, a culpabilizar a la víctima, a ponernos a las mujeres en un lugar como si hubiéramos buscado esa situación o como si estuviéramos pretendiendo que nos pasen cosas malas cuando en realidad es una decisión que determinados hombres toman pensando que tienen más poder sobre las otras, pensando que pueden hacer uso y abuso de los cuerpos y la vida de las mujeres”, agregó.

“Desde el Ejecutivo y desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria se decidió transmitir la voluntad del pueblo de Monte Hermoso y declararlo persona no grata”, afirmó en conferencia de prensa el intendente Marcos Fernández. La resolución será tratada en el Concejo Deliberante el martes 26 y una vez aprobada se presentará ante el Poder Judicial para rectificar el lugar de residencia del reo.

El jefe comunal aseguró, en relación al femicidio de Katherine Moscoso y el posterior homicidio de Carlos Canini González, que “esto está enmarcado dentro de la sensibilidad que tiene nuestro pueblo que tenemos dos casos resonantes, realmente aberrantes, tenemos dos personas muertas y no tenemos solución de esos expedientes todavía”.

monteEn el deliberativo bahiense la edila de Compromiso Bahía Vanina González afirmó que “necesitamos que haya una modificación en la legislación vigente, en los recursos que hoy tiene la justicia para poder tomar las decisiones que toma, para que pueda cumplir con los plazos que son necesarios y también en las condenas”.

“Es momento que se trabaje de manera comprometida, responsable, de que las personas que están detenidas puedan tener cuando cumplen su condena una verdadera reinserción y una recuperación. También ser conscientes que hay gente que cumple su condena y que lamentablemente no puede ser reinsertada en la sociedad, que necesita otro tipo de tratamiento”, dijo y destacó que “necesitamos que sigan haciendo denuncias, que cada vez se animen más, a pesar de esta situación”.

La concejala de Integración Ciudadana Miriam Iantosca leyó durante la sesión del jueves el comunicado de la Red Local de Violencia de Género en el cual se recuerda que “Cuchán se reconoció a sí mismo culpable de los hechos, aunque nunca contó con una sentencia firme desde el momento de su detención”.

“Sumado a ello, la reciente decisión de dejarlo en libertad debido a su conducta carcelaria ‘ejemplar’, demuestra a las claras la misoginia de la justicia, y el valor que la misma le otorga a la vida de una adolescente bahiense de 15 años. Para que no sea una mera la consigna el NI UNA MENOS, necesitamos una sociedad, instituciones y una justicia comprometida para que femicidas como Cuchán no pongan en peligro la vida de mujeres y niñas de nuestra ciudad”.

Pese a la intensa lluvia, en la ciudad de Buenos Aires, juntas internas, sindicatos y organizaciones, concentraron frente al Congreso, donde llegó una enorme columna de cooperativas de trabajo organizadas en movimientos sociales. La multitudinaria movilización marchó al Ministerio de Modernización, frente a Plaza de Mayo para exigir que se termine con los despidos, que se frene el ajuste y los tarifazos, entre las principales reivindicaciones.

Una vez frente al Ministerio de Modernización, los movimientos sociales continuaron su marcha hacia el Ministerio de Trabajo, mientras que la CTA Autónoma realizó un acto.

Ricardo Pedro, Secretario Adjunto de la CTA, saludó este gesto de unidad entre los trabajadores: “estamos en la calle, construyendo unidad donde debe construirse: en la lucha, en la pelea”, dijo a la vez que reivindicó la movilización conjunta.

También saludó la lucha contra los despidos tanto en el ámbito privado como en el Estado nacional, provinciales y municipales: “este gobierno está dando luz verde para que se suspenda y despida a los compañeros que trabajan en las empresas, para los grupos económicos que se llenaron de guita durante la dictadura, el menemismo y con el gobierno anterior”.

En nombre de los Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, habló el secretario General de CONADU Histórica, Luis Tiscornia, quien contó sobre la lucha que está llevando adelante el sector en el marco de una paritaria sin propuestas por parte del Ministerio de Educación: “por eso estamos convocando a un paro de toda la semana que viene en las universidades nacionales”.

“Tenemos que salir a defender la universidad pública porque está en juego el destino del país. Un país sin ciencia, tecnología y educación para formar a sus profesionales o universidades de salarios miserables, es un país sin futuro”, denunció Tiscornia.

La Central Única de Trabajadores de Brasil se hizo presente en la movilización a través del encargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Ariovaldo Camargo, quien en portuñol contó la situación de su país: “el ajuste que quieren imponernos en Brasil, es el mismo de acá; con recortes de salario, reforma previsional, despidos, recortes de derechos”, dijo y llamó a luchar en confraternidad con todos los trabajadores de Latinoamérica.

Luego fue el turno del secretario General de ATE y la CTA provincia de Buenos Aires, Oscar “El colo” De Isasi, quien valoró la lucha que llevan adelante los estatales contra el recorte y el ajuste en el Estado: “cada vez tenemos más niveles de unidad con Judiciales, con los trabajadores de la salud, con los docentes. La lucha en la provincia de Buenos Aires crece y se unifica como en todo el país”.


En Bahía Blanca se llevó adelante un Plenario Trabajadorxs en la Sede de la Asociación Judicial Bonaerense, con la presencia de ADUNS- SUTEBA- AJB- ATE- ASTRAMYC- Profesionales del Hospital Penna- Comisión Interna Banco Credicoop. Fue con el fin de compartir la situación de los distintos sectores frente al ajuste en curso y plantear líneas de acción.

Allí se resolvió llevar a las asambleas de base, a otros sindicatos y centrales la idea de “Unidad de acción”, con paros y movilizaciones unificadas; solidaridad con los conflictos y las acciones de lucha en curso, como en Mendoza, Santa Cruz y la pueblada de T del Fuego con un acampe de más de 40 días, contra la reforma jubilatoria que impulsó la gobernadora; repudiar la criminalización de la protesta y hechos de represión ocurridos ( como en Tierra del Fuego); manifestarse en contra de los despidos y de los decretos 230 y 142, del Gobierno de la provincia que habilitan a funcionarios, disponer de bienes muebles inmuebles y del destino del personal como así también contratar personal para reemplazar a trabajadorxs con medida de fuerza; en defensa del IPS y el sistema Jubilatorio, por un aumento de emergencia para jubiladxs

Se informó que será elaborado un documento para difundir la problemática de cada sector frente a las políticas de ajuste del gobierno provincial y nacional.

Fuentes: Agencia Acta y FM De la Calle

Durante la mañana de ayer profesorxs de la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar se movilizaron solicitando una audiencia al intendente Héctor Gay ante la falta de respuesta por parte del Instituto Cultural. Fueron acompadxs por miembros del Consejo Cultural Consultivo, madres y la Unión de Músicxs del Sur.

Luego de la exposición pública del reclamo y del ingreso de la solicitud de audiencia por Mesa de Entrada, Rubén Gomez quien oficia de secretario del secretario de intendencia, invitó a las personas que se manifestaban a ser recibidas por Ricardo Margo. Se encontraban también en la oficina el secretario de Políticas Sociales Fabio Pierdominici, la subsecretaria de Formación y Promoción Educativa Morena Rossello y la concejal Soledad Pisani.

Los funcionarios sostuvieron que tienen “buena predisposición” para con la orquesta. Sin embargo, no asumieron nuevos compromisos concretos sobre el reclamo de mejoramiento económico. Adujeron que no tenían potestad de resolver la normalización de las retribuciones y que sólo podían comprometerse a “realizar gestiones”.

Margo dijo hoy en conferencia de prensa que “peleaban por una mejora salarial en concepto de las clases que dictan en la orquesta escuela. Le otorgamos un 40 por ciento de aumento dilatado en el tiempo ya que las paritarias municipales nos regían los montos a pagar, nadie, ningún gremio consiguió ese aumento”.

Sin embargo, en números concretos, ese porcentaje significa que la orquesta completa (9 profesores más todo lo que implica su funcionamiento) funcionaba con $9000 mensuales y ahora deberá funcionar con algo más de $12000. En cambio, por la misma tarea, destajistas de otros proyectos cobran más de $3000 por persona. De esta forma, el funcionario de cultura no dio otra respuesta que ratificar el monto por el que ya había fijado la suma que percibirán los docentes. Por otra parte, se comprometió a “realizar gestiones” para que la orquesta vuelva a funcionar en la escuela 29.

Esta mañana, el coordinador de la orquesta Albin Cedeño y el profesor Marcos Marchegiani visitaron el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle y explicaron lo ocurrido.

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregará el Premio Rodolfo Walsh a la trayectoria a los miembros de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca, Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani. La ceremonia se realizará el jueves 28 de abril a las 17:30 horas en el Aula “Rodolfo Walsh” del edificio “Presidente Néstor C. Kirchner” (Diagonal 113 y 63).

La labor de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, fue indispensable para que se investigara el rol de los directivos del diario local La Nueva Provincia –hoy La Nueva- y de su director, Vicente Massot, durante la última dictadura cívico- militar. Los magistrados comprendieron que ningún genocidio se puede llevar a cabo sin la participación de un fenomenal aparato de acción psicológica y que La Nueva Provincia facilitó, habilitó, encubrió y justificó el exterminio en Bahía Blanca.

La familia Julio-Massot, dueña del multimedio, no se limitó a la publicación de editoriales y artículos que encubrían y daban una versión falseada de los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado; sino que existen pruebas recabadas que dan cuenta de la relación que mantenían los miembros de la junta directiva de entonces con la Junta Militar, así como de la persecución contra los dos obreros gráficos del diario, asesinados en junio de 1976, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

En el alegato del juicio por los crímenes de la causa “Armada”, los fiscales solicitaron la publicación de la sentencia en La Nueva Provincia como acto moralmente reparatorio a la biografía de las víctimas. Sin embargo, Vicente Massot, fue desvinculado de la causa en tiempo récord. El motivo que esgrimen los jueces para el sobreseimiento es que el diario hizo ejercicio de su libertad de expresión, sin considerar el derecho que tiene la sociedad a informarse verazmente y el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la Verdad, Memoria y Justicia.

Por promover e impulsar investigaciones inéditas en torno a la participación de los medios de comunicación en la última dictadura cívico-militar; por ser pioneros en la solicitud del derecho a “rectificación colectiva” para las víctimas del genocidio; por su incansable labor y compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la democracia como sostén fundamental de su práctica profesional; la Facultad de Periodismo y Comunicación Social comprende que Abel Córdoba, José Nebbia y Miguel Palazzani encarnan los valores que representa la figura de Rodolfo Walsh.

Fuente: Facultad de Periodismo UNLP.

Personal de la Fiscalía Federal 2 y la Prefectura Naval rescataron a 25 mujeres que eran sometidas a explotación sexual en locales de Bahía Blanca y Punta Alta. Los allanamientos se realizaron la madrugada del viernes en la parrilla El Gran Chaparral y el bar Brodway, ambos del barrio El Saladero, y el cabaret rosaleño La Esquinita. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi rechazó hacer detenciones hasta conocer informes de los equipos del Ministerio de Justicia que atendieron a las víctimas.

El fiscal Alejandro Cantaro informó que en la causa confluyeron tres investigaciones que se tramitan desde hace varios meses sobre “distintas personas que en locales como bares o parrillas en algún momento cambiaban la cuestión y había mujeres explotadas, en estos casos el comercio sexual no era en el mismo lugar, no había habitaciones sino que iban a otro lugar”.

“La madrugada del viernes el equipo de la Fiscalía Federal 2 se concentró a las once de la noche, hicimos todos los contactos, y los operativos fueron: uno en Punta Alta, se rescataron catorce mujeres, dos en el Saladero, entre el Guanaco y White que había un bar Brodway y la parrilla El Gran Chaparral donde también se rescataron algunas mujeres. Se las trajo hasta la fiscalía y con presencia de los equipos de psicólogos y trabajadores se les recibió declaración y se confirmó los indicios que teníamos”, aseguró.

El funcionario judicial afirmó durante el programa Enredados* que “los tratantes ejercen violencia y todo tipo de amenazas, ayer (por el viernes) estaba en la combi de Prefectura en el que habían trasladado a las chicas, como la Fiscalía 2 tiene todo vidriado adelante vimos que había un auto estacionado, alguien lo identificó, se bajó un tipo del auto y empezó a mirar hacia donde estaban las chicas y nos dimos cuenta que era uno de los tratantes, cuando bajamos salió arando. Hay una presión constante y para quien probablemente no haya conocido mucha alternativa o provenga de una familia donde el ejercicio de la prostitución es común es difícil y el sometimiento al tratante es una cosa bastante naturalizada”.

 “La esclavitud o el sometimiento no es esa imagen estereotipada de varias mujeres encerradas y desgreñadas. Aparte las imágenes dicen cosas, cuando se quiere comunicar eso es porque, si fuera ese el estándar, de ahí para abajo es simple libertad. Hemos escuchado declaraciones de los tratantes que dicen ‘pero si las mujeres salen todos los días, yo no las tengo encerradas con llave, no las tengo encadenadas’.

“Claro, la nueva esclavitud es que a las chicas paraguayas se les paga el pasaje, se lo van descontando de los servicios sexuales, como el pase vale promedio 400 pesos ella se lleva la mitad, de esos 200 les descuentan la comida, el alojamiento -si es que la alojan-, la peluquería, el ginecólogo y entonces le quedan 80 pesos y esos 80 se imputan a la cancelación del viaje. Y el dinero para los hijos y la familia lo manda el proxeneta y les retiene el documento”, relató Cantaro.

El director del Consorcio de Gestión del Puerto y presidente de Huracán, Marcelo Osores, junto al imputado Víctor Hugo Iglesias. (Foto LNP)

Los operativos incluyeron el allanamiento del hotel del ex presidente del Club Huracán Víctor Hugo Iglesias, ubicado en Guillermo Torres al 4000. Allí se secuestraron 170 mil pesos y celulares.

“Iglesias tiene una causa ya por trata de personas y nosotros pretendemos probar alguna conexión con estos otros, porque hay conversaciones telefónicas donde lo mencionan y donde dicen que a la chica la llevaron acá (…) Se secuestró  mucho dinero, como se trata de una persona que no se le reconoce una actividad lícita es dable sospechar que viene de la actividad ilícita y también hasta podría estar involucrado en una cuestión de lavado de dinero”, explicó el fiscal.

Las mujeres rescatadas fueron atendidas por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctima (DOVic) y del Centro de Atención y Asistencia a la Víctima.

La investigación se había iniciado el 13 de febrero de 2014, a raíz de un llamado anónimo recibido en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que daba cuenta de la existencia de un posible caso en Ingeniero White.

En esa oportunidad, indicaron que mujeres menores de edad serían trasladadas desde Bolivia, Paraguay y la provincia de Salta dentro de camiones de cereales con fines de explotación sexual. El denunciante agregó que las jóvenes habrían sido entregadas por $40.000 a un hombre de aproximadamente 40 años, quien, además, fue identificado como dueño de un prostíbulo en la zona del puerto, solapado como negocio de venta de bebidas.

Las tareas de investigación encomendadas a la Prefectura Naval Argentina permitieron vincular a la persona denunciada con el bar nocturno “Brodway”. Asimismo, se detectó el traslado rotativo de las presuntas víctimas entre los distintos locales.

*Enredados se emite los sábados de 10 a 13 por Continental Bahía Blanca con la conducción de Denise Navarrete, Mauro Llaneza y Gabriel Cena.

Estudiantes y docentes bahienses y algunos bloques del Concejo Deliberante reclaman el financiamiento transitorio del boleto educativo por parte de la Municipalidad ante la negativa de la gobernadora María Eugenia Vidal a reglamentar y cumplir la ley 14.735.

La norma aprobada por unanimidad en 2015 dispone la creación de “un régimen especial de boleto para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en la Provincia de Buenos Aires”.

Mediante la ordenanza 18.253 el Concejo Deliberante adhirió a la legislación bonaerense y fijó que “la Provincia debía garantizar la implementación de la Ley y que el beneficio establecido no fuera en desmedro de los Recursos Municipales, Fondos de Administración Municipal o del servicio que se brinda al resto de los usuarios del Transporte Público”.

teatroEl proyecto presentado esta semana por el bloque de Integración Ciudadana dispone “el financiamiento transitorio” por parte del municipio “hasta que disponga la Provincia la remisión de los fondos correspondientes, afectando parte de lo recaudado en concepto de R.A. Tasa de Seguridad e Higiene abonada por las empresas del Polo Petroquímico y en concepto de Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados”.

“Una ley no es prioridad para la gobernadora, ¿dónde está el apego a las instituciones del que se habla durante su campaña? Una ley provincial que el actual intendente (Héctor Gay) siendo diputado votó a favor. Una ley votada por el consenso de todos los actores y por unanimidad”, aseguró en sesión la concejala Betiana Gerardi (FpV) y se preguntó si solo fue para la foto la reunión del subsecretario de Transporte con diputados provinciales para analizar la reglamentación.

Soledad Martínez, integrante del bloque de Cambiemos prometió “tomar la inquietud” del financiamiento municipal transitorio propuesto y “trabajar sobre eso” en las comisiones.

Fotos: Estudiantes del Conservatorio y la Escuela de Teatro. Facebook Coordinadora por el Boleto.

En el día de hoy se conoció el fallecimiento de Esteban Latorre, trabajador de Biblioteca Nacional que fue despedido y luego reincorporado por las autoridades al enterarse que había sido operado en enero del corazón. Ya son tres los trabajadores muertos en una semana por las políticas del gobierno nacional.

Latorre, de 41 años y una hija de seis años, fue operado en el mes de enero donde se le realizó un triple bypass por problemas que venía arrastrando de salud. Estando de licencia médica debido a esta situación, el 21 de marzo recibió el telegrama de despido por parte de las autoridades de Biblioteca Nacional.Afiliado a ATE, Latorre tuvo que presentar los comprobantes de su deterioro de salud por lo que terminó siendo reincorporado.

Sin embargo, este lunes se hizo presente en Biblioteca Nacional para presentar los certificados correspondientes con el fin de mantener la licencia.Según cuentan sus compañeros, Latorre se encontraba muy angustiado por los despidos (240) en su sector de trabajo y por la situación que le hicieron pasar tras ser operado del corazón. Este mismo lunes, mientras volvía en moto a su casa de José C. Paz, se descompuso y falleció en el camino.Esteban Latorre era trabajador del sector de Seguridad e Higiene, con 7 años de antigüedad estaba sujeto a la resolución 48, una renovación de contrato anual que padecen miles de trabajadores estatales.

Con el fallecimiento de Latorre ya son tres los compañeros muertos producto de los despidos y las políticas que impulsa el Gobierno Nacional. El fin de semana pasado, Yolanda Mercedes, auxiliar docente de Mar del Plata tuvo un infarto que le produjo al advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 por el descuento que le habían aplicado de más de $6.000. Y este martes, Melisa Bogarin, trabajadora precarizada del Inta del Chaco, en el marco de una reunión con autoridades del sector, se descompuso y murió mientras era trasladada a un hospital.

Fuente: http://www.eltrabajadordelestado.org/

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur adhirió al Paro Nacional de Estatales convocado por ATE junto a otras organizaciones sindicales que se realizará el martes 19. Las y los docentes universitarios concurrirán ese día a las 10 al Encuentro – Debate de Trabajadores organizado por la CTA en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense -Luiggi 63-. El Consejo Superior de la UNS se sumó a las demandas.

Tras la elección de delegadxs al Congreso de la ConaduH, el gremio decidió impulsar la realización de un paro general de trabajadorxs a través de la convocatoria de todas las centrales sindicales y ratificar el pliego de reivindicaciones de la federación universitaria buscando confluir en “unidad de acción” con organizaciones similares en futuras medidas de fuerza.

“Con respecto al mandato de plan de lucha de la Federación, nuestra delegación tomará conocimiento de la resolución que adoptará el Congreso Extraordinario sobre el particular y la pondrá a consideración de una Asamblea, que se convocará la semana que viene, para ratificarla o adecuarla a las decisiones que se tomen en la misma”, informó ADUNS.

Por otra parte, lxs trabajadorxs apoyaron la denuncia penal formulada por el gremio SOEME contra la gobernadora María Eugenia Vidal a raíz del fallecimiento de la auxiliar docente Yolanda Mercedes y acompañaron el reclamo por la urgente reglamentación e implementación de la Ley del Boleto Estudiantil Gratuito.

Respaldo del Consejo Superior de la UNS

 Una resolución que solicita a las autoridades nacionales “que realicen todos los esfuerzos necesarios para concretar, a la brevedad, en el marco de la paritaria nacional la formalización de una oferta de incremento salarial satisfactoria dada la inflación verificada”, y también que “se regularicen las transferencias de las partidas presupuestarias que financian el funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales, y se considere un incremento de las mismas” emitió en su último plenario el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur.

 La declaración tuvo su origen en un petitorio de ADUNS presentado ante las autoridades el 4 de abril. Entre sus considerandos, el Consejo expresó “que el último acuerdo paritario docente por el cual se obtuvo un incremento salarial, ha sido largamente superado por la inflación verificada en el período acordado provocando un importante deterioro del salario real”; que “junto a otros reclamos, ha motivado la adopción de  medidas de fuerza que provocan la retención e interrupción en la prestación de los servicios docentes en los ámbitos universitario y preuniversitario”, y que “es imprescindible la regularización del flujo de financiamiento y el incremento del mismo, para asegurar el normal funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales”. También, “que las condiciones presupuestarias están en estrecha vinculación con  la calidad académica de la Universidad pública en materia de docencia, investigación y extensión, afectando directamente al estudiantado”.

La Resolución CSU 168/2016 completa puede descargarse aquí:  http://servicios.uns.edu.ar/data/noticias/docs/77.pdf

La presidenta del Consejo Escolar Susana Rodríguez confirmó esta mañana que la provincia devolverá los cupos en comedores escolares recortados a principios de año y duplicará los montos asignados a desayunos, meriendas y almuerzos. Los anuncios se efectivizarán a partir del próximo mes.

“Estuve en La Plata con el director de Consejos Escolares de la provincia, fui específicamente por el reclamo de cupos de comedor del recorte que nos había llegado a principios de año que nosotros nunca pusimos en práctica porque dijimos que íbamos a seguir trabajando con los mismos cupos porque no éramos quienes para decidir quién come y quién no. Esos cupos nos los devolvieron, vamos a seguir trabajando con los cupos de 2015 hasta la nominalidad y si necesitamos más cupos de comedor o copa de leche el director dijo que no iba a tener problema en darnos los que necesitáramos”, dijo Rodríguez a FM De la Calle.

La funcionaria afirmó que “otra alegría que me dio el director fue que el DMC, el desayuno y merienda completa, va a ser de $7,90 con un incremento del cien por cien y el comedor va a ser de $12,60 también un incremento del cien por cien. Con estos montos estamos hablando de la posibilidad de otros menús”.

Por otra parte, la consejera se refirió a la continuidad de la problemática de los roedores en algunas instituciones -hoy se denunció la aparición de una rata muerta en la Escuela 5- e informó que, a partir de la renuncia de Adriana Perdriel, asumió Pablo Coleffi en el bloque de Cambiemos y Carolina Recalde fue designada vicepresidenta del cuerpo.

El municipio envió una nota a la asociación Bahía Blanca Che intimándola a que el 1ro de mayo desaloje el espacio que utiliza el grupo cultural en el inmueble ubicado en calle Alsina 370.

“Esta asociación fue creada para defender y difundir las producciones artísticas artesanales locales y regionales. Hay mucha gente que produce cosas bellísimas, locales, con un sabor muy particular pero que no tiene después cómo venderlas o qué hacer con ellas. Es un problema que en realidad el estado debería resolver: cómo se transita, cómo se difunde, cómo se intercambia en toda la provincia, en todo el país”, dijo Mónica Oliver, presidenta de la institución.

En el 2006 comenzaron a conformarse y a partir de 2008 obtuvieron la personería jurídica. Durante el mismo año de la creación formal el municipio les cedió un pequeño espacio al fondo de ese inmueble alquilado, en el que funcionan otras dependencias municipales.

Luego de recibir la noticia, integrantes de la asociación lograron ser recibidos por el director del Instituto Cultural, Ricardo Margo y un funcionario de la Secretaria Privada de apellido Gómez. El gobierno ratificó su decisión de que Bahía Blanca Che abandone el inmueble que venía utilizando desde 2008.

En cambio, se ofrece a la organización la posibilidad de funcionar en una oficina del mercado municipal. “Nos parece un lugar precioso y popular. Pero estamos pensando cómo podemos articular todo lo que además hacemos”, dijo Oliver en referencia a un conjunto de actividades que realiza la asociación, como la Feria del limonero, un espacio de encuentro periódico de distintas artes y prácticas culturales, que se lleva a cabo en el patio y pasillo de ingreso del lugar.

En otras palabras, si Gobierno no le ofrece un espacio adecuado, Bahía Blanca Che será expulsada del lugar hacia otro de dimensiones y características que no permitirán la continuidad de las actividades que la asociación de reconocida labor viene realizando.

En reemplazo de este colectivo de trabajadorxs de la cultura, las oficinas el municipio estaría pensando el lugar para que sea utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El próximo sábado 16 de abril a las 16 en adelante se llevará a cabo una nueva Feria del limonero en la que habrá música, narración, artesanías, poemas, libros, agendas, dibujos y otras expresiones. Según la organización, “un lugar donde las manos susurran, las sombras iluminan y los oídos cantan”.

Foto: Silvia Pascual

Mientras la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, concurrió a las jornadas oficiales, las calles bahienses fueron escenario de concentraciones, movilizaciones y expresiones culturales.

“Es un signo de los tiempos. Parece que la tolerancia, el diálogo, todas esas banderas o palabras a la hora de tener que escuchar la protesta se despliega la policía, se vallan las calles, se impide el tránsito. Es un signo del tiempo que vivimos a partir de lo que se dice en los discursos y lo que se hace en la práctica”, dijo a FM De la Calle Enrique Gandolfo, dirigente de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego.

La CGT terminó confluyendo en la esquina de San Martín y Alsina (por Alsina) con la marcha de estatales (por San Martín), en reclamo de medidas concretas para afrontar la situación de despidos que sufre también el sector privado.

“Creo que es muy importante que comencemos a encontrarnos más allá de las diferentes pertenencias sindicales. Que podamos unir nuestras voces en la calle y en lo posible marchar juntos, cuando los padecimientos que sufrimos son parecidos en los diferentes sectores. Tiene que ver con una política que beneficia a los de arriba, que les da enormes ingresos asegurados, una tasa de rentabilidad altísima y para los de abajo vienen despidos, aprietes, amenazas, descuentos, decretos para cerrar paritarias. Una batería de medidas que apuntan al conjunto”, agregó Gandolfo.

Por su parte, el secretario de Prensa de ATE, Matías Rossetti, recordó que se encuentran acampando “desde el día viernes en el Consejo Escolar. Obviamente por el salvaje descuento de miles de compañeros. En el día de ayer trascendió que una compañera auxiliar murió, falleció en Mar del Plata al enterarse que solamente tenía $40 en el cajero. Esto es un crimen de esta política que lleva adelante la gobernadora de la provincia”.

En este contexto, destacó que el reclamo incluye “la catarata de decretos que va en contra de todos los trabajadores del estado. Esto de darle poderes a los ministros, a los secretarios para que hagan lo que quieran con los trabajadores sin respectar ninguna ley”.

Néstor Alende, de la Asociación Judicial Bonaerense calificó a la de Vidal como “una de las gobernaciones más antipopulares de los últimos años. Nosotros tenemos hoy una nueva convocatoria paritaria pero siguen sosteniendo hasta la fecha el 25 % para todo el año y a partir de julio. Un porcentaje totalmente insuficiente. Esto después de una larga espera de no haber sido convocados en tiempo y forma”.

Según el dirigente, la mandataria aplica “medidas que claramente benefician al sector más concentrado de la riqueza y dejan de lado al pueblo y a los trabajadores. En nuestro caso en particular en otras paritarias nosotros ya prácticamente teníamos cerrado para esta fecha. Acá recién arrancamos y estamos con el mismo sueldo que tuvimos en agosto cuando se completó la tercera y última parte de la pauta salarial establecido con el gobierno de Scioli. A esta altura no sabemos cuándo vamos a terminar y cuándo vamos a tener un peso más en el bolsillo”.

Desde el Centro de Estudiantes del Conservatorio y la Coordinadora por el Boleto Estudiantil, Marcos De Benedetto sostuvo que “no está la decisión política de implementar la ley 14735”, aprobada durante el año pasado.

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Desde la Plaza Rivadavia, el concejal Gustavo Mandará (FpV) dijo que “nos pasamos una semana (por el gobierno municipal) poniendo plata en los medios, pautando pidiendo que venga la gente y cuando viene la gente no la dejan pasar. No lo puedo creer. Di un montón de vueltas para entrar. Hay gente de a pie que quiere pasar y no puede. No me acuerdo yo de un acto de Bahía Blanca con este nivel de dispositivo de seguridad”.

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A su vez, el espacio “Amor & espanto, cultura contra el neoliberalismo” llevó adelante “una acción sorpresa en una plaza lamentablemente vallada por este gobierno que le tiene miedo a que la gente se exprese. Estamos acá para participar de una acción concreta que es servir un vaso de chocolate, vasos que tendrán cada uno distintas inscripciones que denuncian la situación actual”, según informó a esta radio Sergio Zaninelli, quien a su vez es secretario general de ADUNS.

“Es una vergüenza una plaza toda vacía y los compañeros reclamando fuera de ella”, agregó.

Con un operativo de seguridad digno de una gestión antipopular, que restringió el acceso al palacio municipal y a la plaza pública -donde paradójicamente se convocó a la comunidad-, la gobernadora María Eugenia Vidal realizó su primera visita a Bahía Blanca.

Fue en el marco del 188º aniversario de la ciudad en el cual reanunció la obra del acueducto del Río Colorado y una inversión de seis mil millones de pesos para solucionar las falencias del servicio de agua y cloacas de la empresa ABSA. Vidal estuvo acompañada por el intendente Héctor Gay, funcionarixs locales y provinciales, “representantes de fuerzas militares y de seguridad, concejales y referentes de instituciones”.

La Central de Trabajadores de la Argentina, la Confederación General del Trabajo, organizaciones estudiantiles secundarias, terciarias y universitarias reunidas en la Coordinadora por el Boleto, militantes y ciudadanas y ciudadanos se manifestaron frente a los vallados que rodeaban la Plaza Rivadavia para repudiar el ajuste y sus consecuencias.

IMG_0647La agenda oficial comenzó con una breve conferencia de prensa en la Casa Coleman durante la cual el jefe comunal mostró sus “expectativas” sobre el “proyecto de cambio”. “Vamos hacia un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de gestión y transparencia, un modelo de hacer, donde las economías regionales tengan una importancia que no tenían y es por eso que hoy estamos en un proceso distinto, estamos alumbrando una nueva ciudad”, agregó Gay.

La gobernadora aseguró que “lo que más me gusta del encuentro de hoy es poder anunciar obras, que de a poco van a poder resolver el problema del agua, el principal de la ciudad”. En ese sentido, anunció una inversión de seis mil millones de pesos -aportados por la Comunidad Andina de Fomento, la provincia y ABSA- para “el acueducto desde el Río Colorado, la red fina de distribución, la planta potabilizadora Patagonia, la planta depuradora, tres estaciones de bombeo, entre otras obras”.

“Después de muchos años que se prometieron estas obras y las anunciaron, finalmente se van a hacer, se van a ver y vamos a cumplir con este compromiso”, sumó Vidal con el valor de la “palabra” como única garantía para la concreción del cuestionado acueducto.

Al ser consultada acerca de la implementación del boleto estudiantil, transformado en ley por la legislatura en 2015, Vidal se excusó en la falta de fondos en las arcas provinciales y afirmó que priorizará inversiones en infraestructura escolar.

Si bien el acto central fue programado en la Plaza Rivadavia, rodeada por más de un centenar de policías bonaerenses y locales, por una decisión de “protocolo y seguridad de la provincia” se escondió de las protestas gremiales en el hall de Alsina 65. Aun así, la gobernadora fue repudiada cara a cara por Analía Larrea, una joven que se acercó en su silla de ruedas y le reprochó el pago a los fondos buitres con “el hambre de la gente, con el hambre del pueblo”. “Ya te pudiste expresar, estamos en democracia, ya pudiste decir todo lo que querías decir”, respondió Vidal provocando el aplauso oficial.

Con la gobernadora camino al polo petroquímico, donde tenía previsto reunirse con autoridades de la multinacional DOW Chemical, un grupo de bahienses ocupó las sillas dispuestas en el centro de la plaza para presenciar espectáculos musicales y humorísticos.

La senadora Nidia Moirano cruza y junto al secretario de Seguridad comunal Emiliano Álvare Porte, la jefa de protocolo Silvia Corinaldesi y otro funcionario se abrazan por detrás para impedir el paso a Analía Larrea.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó que su presidente, Sergio Cassinotti, presentó en la UFI 8 de delitos complejos de La Plata, a cargo del fiscal Dr. Jorge Paolini, siete denuncias por irregularidades detectadas durante la anterior gestión que podrían alcanzar un perjuicio para el estado provincial de aproximadamente 380 millones de pesos anuales.

Una auditoría interna encarada por las nuevas autoridades encontró “ilícitos en el pago de sobreprecios por medicamentos, prótesis y ortesis, facturación por internación domiciliaria a pacientes fallecidos, compra de equipamiento electrónico nunca entregado y un manejo oportunista en el negocio de los Recursos de Amparos”.

El presidente de IOMA afirmó que se trata de “una mezcla de desidia y corrupción instalada, falta de gestión y ausencia de controles cruzados que sólo pudo ser posible con el paraguas de quienes gestionaban anteriormente el Estado provincial”.

IOMA es la obra social del personal del Estado provincial -maestrxs, policías, empleadxs estatales, etc.- y a través de convenios de afiliación también brinda salud a lxs trabajadorxs municipales, asociaciones y federaciones, entre otros organismos. Concentra actualmente a más de dos millones de afiliadxs, siendo la segunda en magnitud del país después de PAMI.

Las siete denuncias presentas son las siguientes:

1- Sobreprecios en medicamentos. Se pagaron más de 36 millones de pesos anuales por medicamentos comprados a través de amparos o por urgencia, en cuyos casos se abonó entre el 25% y el 30% más de su valor.

2- Internación Domiciliaria. Se detectaron casos de facturación por esta prestación a pacientes fallecidos. También a afiliados por los cuales se le facturaba al IOMA prestaciones que no eran brindadas. Un 20% de estos beneficiarios no recibían algunos de los servicios autorizados o bien su totalidad. Se identificaron casos de familiares de adherentes a los cuales ciertas empresas de internación domiciliaria les pagaban un monto determinado, pero sin darle prestación alguna, para luego facturarle a la obra social el monto total.

3- Prótesis. Se rescindió el convenio de prótesis y se retomó la compra directa, lo que representa un recupero para el Estado de 200 millones de pesos anuales. Antes el mencionado convenio estaba tercerizado en las Asociaciones Intermedias con manejos poco claros.

4- Ortopedia. Se encontraron casos de solicitud de compras fraguadas. También se hallaron ítems con sobreprecios -entre 2 y 3 veces más caros- en el listado de elementos ortopédicos aprobados. De esta manera, se recuperan alrededor de 37 millones de pesos anuales.

5- Se construyeron consensos para eliminar gastos administrativos correspondientes al segundo y tercer nivel de atención (clínicas y sanatorios) por 84 millones de pesos anuales que han sido recuperados para el Estado.

6- Se detectó que un stock de 103 computadoras figuraba como recibido en el mes de noviembre de 2015, ingresado a patrimonio y enviado al pago sin haber ingresado a la obra social.

7- Se denunció el negocio de los Recursos de Amparos. Esta modalidad se estableció como un mecanismo generalizado para brindar prestaciones que en la gran mayoría de los casos correspondía otorgar al afiliado con cobertura del 100%. Generando importantes demoras en el circuito de cobertura en detrimento del beneficiario, con el objetivo de forzar la realización de las compras por circuitos fuera de la operatoria normal, a precios no convenidos y además abonando honorarios a los abogados. Esto era el “negocio” de unos pocos, en perjuicio de los beneficiarios a los que en vez de darles lo que corresponde por derecho se los sometía a burocráticos sistemas administrativos.

El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó que se haga lugar al recurso presentado por su par bahiense, Horacio Castaño, contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que había desestimado una denuncia, presentada oportunamente, por los coordinadores de la Unidad de Asistencia por Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.

En dicha presentación, se había denunciado a Santiago Ulpiano Martínez, juez federal subrogante en su momento, por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Martínez desobedeció una orden de la Cámara Federal de Bahía Blanca que mandaba a detener personal del Ejército por crímenes de lesa humanidad.

Presentado el recurso ante la Cámara los magistrados tuvieron por desistido el recurso argumentando que “el escrito obrante (…) es notoriamente inoficioso, al estar firmado –y sellado- por el funcionario que interpuso el recurso y no por quien debe mantenerlo y tramitarlo en la segunda instancia”.

En este sentido, Javier De Luca explicó que antes de emitir dictamen el propio fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, le había informado que le pidió al fiscal Castaño que suscribiera el escrito de mantenimiento del recurso ante dicha cámara por razones personales. “Situaciones como estas se dan a diario y en este caso se buscó evitar el mecanismo de la excusación, pues nada impedía que Castaño representara al Ministerio Público Fiscal ante aquella Cámara”, adujo De Luca. Y agregó: a diario los fiscales firman escritos de colegas en el marco de “ausencia momentánea”, sin que ello implique que el recurso sea considerado como “no presentado”.

Asimismo, resaltó que lo resuelto por los jueces contenía un “excesivo rigor formal pues no responde a normas ni principios vigentes (…) de existir agravio, éste sólo afectaría al Ministerio Público Fiscal, que es el único interesado en este asunto porque hace a su funcionamiento interno, máxime si tomamos en cuenta que cualquier fiscal que hubiese mantenido el recurso tenía y tiene el deber de mantener e impulsar la acción penal, como lo hizo el Dr. Castaño”.

Al final del dictamen, el fiscal de Casación remarcó el “inusitado rigor formal contenido en el auto recurrido frustra la vía para el correcto ejercicio de la acción penal”. La causa en cuestión está vinculada al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, por ello, explicó De Luca, la Cámara debía estudiar “los requisitos formales con suma prudencia, en atención a los intereses en juego y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Nacional”.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Central Termoeléctrica Piedra Buena fue infraccionada por segunda vez en la semana por superar el nivel de ruidos permitidos para el horario diurno. El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) constató la situación y elevó actas e informes al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible.

Entre las 13:19 y las 13:32 como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30 se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo.

El miércoles pasado Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

Ambas actas de infracción fueron enviadas junto a los informes sobre lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), autoridad que tiene, en exclusividad, la facultad de resolver las sanciones correspondientes.

Un mes atrás, el OPDS fue duramente cuestinado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

Ayer, durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Héctor Gay aseguró: “Avanzamos en la gestión, diría que ya definimos en las últimas horas, para que la delegación local de la OPDS se traslade a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio. No nos parece lógico que funcione dentro de la Unión Industrial, más allá de la buena relación que mantenemos con esa entidad”.