Noticias relacionadas con lo que sucede en Bahia Blanca y la zona

DSC08907Tres familias reclaman el reconocimiento de su trabajo a la Cooperativa Obrera. Permanecen frente a la sede institucional de Bahía Blanca ubicada en calle Paraguay 364, a la espera de respuesta.

“Éramos un emprendimiento familiar que venimos haciendo desde 2008. No nos hemos registrado. Hacíamos un trabajo de reciclaje en Cooperativa Obrera. Consistía en la limpieza del predio ubicado en ruta 3 acceso al puerto”, sostuvo José María Ullmann, una de las personas que hizo pública la situación.

“La empresa dice que no podíamos seguir porque ellos querían vender el nylon y los pallets que nosotros usábamos como reciclaje. Supuestamente la empresa a la que yo le proveía nylon y pallets arregló directamente con la Cooperativa. Se olvidó de la gente que vivíamos de eso”, agregó.

“El incumplimiento que nosotros estamos reclamando es que hace un montón de años que nos iban a blanquear y no lo hicieron. No cumplieron. Todo lo que se había hecho era de palabra. A las palabras se las lleva el viento”.

Las personas que trabajan en el emprendimiento se encuentran actualmente desempleadas.

Por último, Ullmann sostuvo que se quedarán frene a la sede de la entidad financiera y comercial hasta que se solucione el conflicto.

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La Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca informó que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) infraccionó hoy a la empresa Profertil S.A. por ruidos molestos.

A las 4:40 de este martes la Guardia del CTE detectó emisiones de ruido que provenían de la empresa Profertil. Tres minutos después se comunicó con la planta para solicitar información acerca del evento, desde donde informaron que “tuvieron problemas con un compresor de vapor con apertura de su válvula de seguridad, debido a lo cual se produjo el ruido constatado”.

Una vez analizados los resultados de las mediciones, se verificó que superaban los límites permitidos. Razón por la cual se procedió a labrar un acta de inspección por falta al Art. 1 del Decreto Reglamentario 1741/96, Ley 11459 conforme Art. 1 de la Resolución 159/96 (ex – SPA) (norma IRAM 4062/84) modificada por la Resolución 94/02 (ex – SPA).

“El ruido medido fue calificado como molesto de acuerdo a la norma antes aludida. El nivel sonoro fue medido con un decibelímetro certificado, calibrado y homologado según normas vigentes y organismos competentes”, aseguró la Agencia Ambiental.

El acta de infracción será enviada junto a “un informe pormenorizado” al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).

(Por Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti) La renuncia del juez Ramos Padilla al cargo que subroga en el Juzgado Federal Nº1, fundada en el estado de la justicia bahiense y las incontables trabas que ha encontrado en su gestión, nos lleva a reflexionar sobre quien ha sido el mentor principal de este estado de cosas: Nestor Montezanti, presidente de la Cámara Federal en el momento en que fue suspendido para ser sometido a Juicio Político por el Consejo de la Magistratura. Esta decisión fue adoptada con los votos de kirchneristas, radicales y representantes de jueces y abogados, por lo que queda deslegitimada su postura de “víctima” de una campaña del oficialismo.

Con posterioridad a la resolución del Consejo de la Magistratura, asistimos a un embate mediático del ex PCI Néstor Montezanti para mostrarse como un “perseguido político” del gobierno, intentando frenar su definitiva destitución.

Desde las páginas del diario de los Massot insistió en negar su documentada participación como personal civil de inteligencia de la dictadura. Afirmando que “el sistema de justicia ha traicionado todos los principios”, arremete contra el juez Ramos Padilla que lo convocó en cuatro oportunidades a declaración indagatoria en la causa Triple A.

Una campaña en el portal “change.org”, promovida por el médico bahiense Juan Sebastián Soler y dirigida al Consejo de la Magistratura que, con el título “No destituyan al juez Montezanti”, lo presenta como un adalid “implacable con el narcotrafico, la trata de personas y la delincuencia”, afirmando que su potencial intervención en el caso Suris es la razón por la que el oficialismo pretende separarlo de su cargo de conjuez de la Cámara Federal. Al decir del dr. Soler: “Ahora van por Montezanti, para encubrir una red de empresas, intereses y relaciones vinculadas al lavado de dinero, evasión impositiva y corrupción y designar nuevos jueces con la mayoría automática del Consejo de la Magistratura”.

Argumentos similares esgrime el periodista Luis Novaresio en una nota del portal “infobae.com” de fecha 18 de noviembre. Con el titulo “Juez Montezanti: Soy un perseguido político de este gobierno” le da la palabra al “juez platense” (sic) para que pueda expresarse: “Siento desprecio por quienes inventaron las acusaciones. Han atropellado todo vestigio de división de poderes y, lo que es peor, han cruzado la línea de la dignidad”.

El vergonzoso editorial de La Nación del día posterior al ballotage, que con el título “No más venganza” reivindica “el terrorismo de Estado” que aplastaba con su “poder de fuego” a miles de militantes sociales y políticos y dedica un párrafo al exPCI: “También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial”.

En todos los casos se repite el mismo argumento falaz. Lo cierto es que el único fallo en el que Montezanti se ocupa de la “corrupción” en el poder es para liberar al intendente y al jefe de policía de Lonquimay (La Pampa), Luis Enrique Rogers y Carlos Adrián Alanis, procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual por la Jueza Federal Iara Silvestre.

Una charla para interesadxs en la carrera de arquitectura se llevará a cabo a las 16 en el salón de actos de Alem 1253 de la Universidad Nacional del Sur. Allí se explicarán cuestiones relacionadas con el sistema de nivelación, las materias de primer año, los pases de carrera y otras.

La carrera se creó en noviembre, según resolución de la Asamblea Universitaria Nº 15/2014, y su plan de estudios ya fue presentado y aprobado en las instancias nacionales. El pasado miércoles fue aprobado el inicio en 2016.

El Plan de Estudios de la carrera tiene cinco años de duración con un total de 35 materias. El único requisito para ingresar es completar las dos primeras etapas del trámite de inscripción. Las materias del primer cuatrimestre son Taller de Arquitectura I, Sistemas de Representación I, Matemática I ARQ e Historia del Arte y la Cultura.

Cómo es la inscripción

El trámite de Inscripción requiere en primer lugar preinscribirse a través de la web en www.uns.edu.ar/ingreso entre el 3 y el 18 de diciembre, y luego presentar la documentación en 12 de Octubre y San Juan, 3° Piso oficina 14 en la fecha que indica el turno que se obtuvo en la preinscripción: el formulario de preinscripción impreso, DNI y fotocopia del DNI, y Título Secundario o certificado de título en trámite o certificado de alumnxs del último año del secundario.

En el momento que se entrega el Título Secundario o bien el certificado de título en trámite que acredita no adeudar materias o el certificado de alumno o alumna regular del último año del secundario (si todavía adeuda materias del secundario), se asigna un número de registro al aspirante y pasa a ser alumno de la UNS. Para completar el trámite es necesario también realizar la revisación médica. En el momento que se presenta la documentación se brinda información respecto a esta revisación. Los pases de carrera y cursados paralelos de alumnxs regulares de la UNS para Arquitectura se tramitan entre el 9 y el 18 de diciembre en la Dirección de Alumnos y Estudios, Alem 1015.

Cursos de nivelación

Las y los ingresantes a Arquitectura deben realizar cursos de nivelación en dos materias: Matemática y Comprensión de textos. Para comenzar a cursar las asignaturas del plan de estudios vinculadas con cada una de las materias de nivelación, deben cumplir alguna de estas alternativas: promocionar el curso de nivelación que se dicta en febrero, aprobar el examen de nivelación de marzo o su recuperatorio, promocionar el curso remedial que se dicta entre abril y junio, o bien aprobar el examen o el recuperatorio en julio o agosto respectivamente. Las fechas, horarios y aulas de los cursos y exámenes se publican en www.uns.edu.ar/ingreso

El juez Alejo Ramos Padilla presentó su renuncia “indeclinable” como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de nuestra ciudad a partir el 31 de diciembre. Lo hizo en carta dirigída al camarista Pablo Candisano Mera por la pérdida de “legitimidad” que le significó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias por parte de la Corte Suprema.

“He visto durante años cómo se degradaba el Poder Judicial de la Nación, como jueces complacientes del poder de turno o de las grandes corporaciones acomodaban sus decisiones en pos de un interés mezquino. He visto cómo jueces de las más altas jerarquías afectaban la legitimad prorrogando sus mandatos por encima de la Constitución y supeditando su renuncia a fechas determinadas con clara intencionalidad política. Son para mí, la convalidación de las leyes de impunidad en los años 80, la Corte adicta de los años 90, el tratamiento que el Poder Judicial le dio a la ley de medios y a la llamada democratización de la justicia, y el modo en que muchos magistrados se aferran a sus cargos incumpliendo los mandatos de la Constitución Nacional, los más claros ejemplos de esta degradación”, afirmó.

El magistrado que, entre otras causas, llevaba adelante la investigación de crímenes cometidos por la Triple A en la cual declaró en rebeldía al suspendido presidente de la Cámara Federal, Néstor Montezanti, mencionó el enorme desgaste y cansancio personal” que le originó reorganizar el caótico panorama que dejó su antecesor Santiago Ulpiano Martínez y se quejó por la falta de recursos y personal. Padilla se enfocará así en su cargo como titular del juzgado de Dolores que “en los próximos meses de verano debe atender sus mayores demandas”.

El renunciante escribió que asumió en nuestra ciudad “de acuerdo a la ley, por expreso mandato del Consejo de la Magistratura. Desde hace años me desempeño como titular del Juzgado Federal de Dolores en la vecina jurisdicción de Mar del Plata -cargo al accedí mediante concurso público y previo acuerdo del Senado de la Nación-. Esta subrogancia -que no implica mayores beneficios, ni un cargo de mayor jerarquía, la acepté en la creencia que podía constituir un aporte para superar la grave situación que se vivía en la jurisdicción de Bahía Blanca y con la legitimidad de haber sido designado por el órgano específico en la ley y la Constitución”.

Recordó “la grave afectación al servicio de justicia, numerosos atrasos e irregularidades jurisdiccionales y administrativas” oportunamente informados a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Comisión Interpoderes y la Cámara de Apelaciones.

Padilla detalló que para cambiar dicho panorama “se realizaron, con pocos recursos, esfuerzos extraordinarios que implicaron en lo personal atender dos juzgados federales a más de 700 km de distancia”, “soportar largas jornadas laborales que se extendieron entre 12 y 16 horas diarias -incluso los sábados, domingos y durante la feria de invierno-” que le generaron “un enorme desgaste y cansancio personal”.

Al momento de balancear lo realizado, destacó que “se regularizó la situación de los detenidos que llevaban meses sin ser indagados; se resolvió la situación de decenas de detenidos que desde años estaban a la espera de una resolución; se regularizó la situación de las prisiones preventivas vencidas y no informadas al Consejo de la Magistratura; se atendieron las quejas por retardo de justicia; se procedió a la quema de material estupefaciente que se encontraba disperso y sin siquiera cumplir las condiciones mínimas de seguridad y custodia (incluso a la intemperie, esto es en la terraza del juzgado); y se dispuso la adecuada custodia de más de medio centenar de armas y la destrucción del material explosivo que estaba en condiciones de estallar y en el ámbito de la propia Secretaría”.

Además, el magistrado reseñó que durante su subrogancia “se corrigieron inconsistencias en los registros (no existía información sobre la cantidad de personas detenidas, ni tampoco certeza sobre dónde se encontraban alojadas); se llevaron adelante allanamientos y se les quitó las armas que los detenidos tenían en sus domicilios -15 casos-; se implementó un control sobre los detenidos y se regularizó el alojamiento de los detenidos de lesa humanidad (alojados en dependencias policiales y en contravención con las disposiciones del Ministerio)”.

“Se comenzaron a superar los atrasos generalizados en todas las secretarías, los conflictos internos, administrativos y laborales entre los distintos funcionarios; se comenzó a capacitar al personal; se impulsó la formación de un seminario administrativo para que se analice la responsabilidad del ex juez subrogante y del secretario de Derechos Humanos (NdR: Mario Fernández Moreno); por primera vez se avanzó en la investigación de la organización paraestatal Triple A y se dictó procesamiento de muchos de sus integrantes; se dictaron numerosos autos de mérito en causas de lesa humanidad”. En otro orden, “se comenzó un proceso para regularizar los más de 150 reclamos de ciudadanías que se encontraban demorados, otorgándose aproximadamente el 50 por ciento de los reclamos”.

La decisión de apartarse del cargo es consecuencia de la resolución de la Corte Suprema que el 4 de noviembre declaró inválidas las leyes, reglamentos y designaciones efectuadas por el Consejo de la Magistratura y si bien Ramos Padilla aseguró no compartir sus consideraciones ni su oportunidad se ajustó al fallo y señaló que “al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’ ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’ y ponernos fecha de vencimiento -tres meses-, se puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un juez”.

Otro hito en la historia regional marcó esta tarde el tribunal oral bahiense al condenar a prisión perpetua a 18 genocidas y a penas de entre ocho y 18 años a otros cuatro. Son miembros de la Armada, el Ejército, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial que cometieron crímenes de lesa humanidad “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. Nueve marinos fueron castigados por la violencia sexual ejercida en los centros clandestinos.

Además, los jueces ordenaron que una vez quede firme la sentencia, “en el plazo de diez días, el diario LaNueva. de esta ciudad (ex La Nueva Provincia) publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la información oportunamente vertida en ese periódico donde se comunicaba a la ciudadanía que Edgardo Carracedo, Rodolfo Canini, Néstor Giorno, Hugo Mario Giorno, Aedo Héctor Juárez, Héctor Ramón Duck, Cristina Coussement y José Luis Peralta fueron detenidos o abatidos en enfrentamientos militares, cuando quedó debidamente acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, tortura y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la cual fueron vertidas tales noticias”.

Las Madres Marcela García y Celia Korsunsky y Adriana Metz, quien volvió a gritar por su hermano apropiado.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “tenga a bien efectuar las medidas a su alcance para que en el predio donde funcionó la Séptima Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías sea estatuido como Sitio de la Memoria del terrorismo de Estado” y que el juzgado federal realice en el lugar “trabajos de prospección orientados a recolectar pruebas vinculadas a los hechos ventilados durante este debate”.

Las penas deberán ser cumplidas en “prisiones federales comunes” luego de evaluarse el estado de salud de cada uno de los condenados, cuyas bajas de las fuerzas armadas y de seguridad a las que pertenecen fueron solicitadas a las autoridades correspondientes.

Recibieron penas de prisión perpetua: el ex comandante de Infantería de Marina y de la Fuerza de Tareas Nº9 Eduardo René Fracassi; el ex miembro del Batallón Comando de la Brigada de Infantería de Marina Nº1 Luis Alberto Pablo Pons; el ex jefe de Contrainteligencia del Departamento de Operaciones de la Base Baterías Enrique de León; Oscar Alfredo Castro, ex comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA) y de la Fuerza de Tareas Nº2; Alberto Gerardo Pazos, ex jefe de Operaciones e Inteligencia de la FAPA; Edmundo Oscar Núñez, quien  fuera jefe de la Base Puerto Belgrano y la FAPA.

Matías Russin, muestra la foto de su padre desaparecido a los represores.

También recibieron la pena máxima: José Luis Ripa, ex jefe de Seguridad de Puerto Belgrano; Tomás Hermógenes Carrizo, jefe de Contrainteligencia y del Registro Civil de Puerto Belgrano y jefe militar del Barrio Puerto Rosales; Leandro Marcelo Maloberti, responsable de Contrainteligencia de Puerto Belgrano y de la Policía de Establecimientos Navales; Manuel Martínez Loydi, ex jefe de las secciones Informaciones e Investigaciones de Prefectura Zona Atlántico Norte; los prefectos Néstor Alberto Nougués y Luis Ángel Bustos; el ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército, Carlos Andrés Sricker, y los oficiales de dicha unidad Oscar Raúl Otero y Guillermo Julio González Chipont; y los ex guardias del centro clandestino La Escuelita, Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala y Raúl Artemio Domínguez.

todos adentro efemedelacalleEl prefecto Pedro Alberto Pila fue condenado a 18 años de cárcel; y ocho recibieron como pena el ex jefe de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya, el ex jefe de sección del Batallón 181, Alejandro Lawless, y el policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman.

Los represores condenados fueron absueltos, al mismo tiempo, en varias imputaciones por distintos motivos y en particular fue rechazada la acusación de haber integrado una asociación ilícita, reprochada a Fracassi, Castro, Pazos, Núñez, Ripa, Selaya y Stricker. Los fundamentos del veredicto -que puede leerse aquí– deberán difundirse antes del 1 de marzo de 2016.

La empresa Dow tomó la decisión de “despedir a un mecánico. Lo responsabiliza de la explosión” ocurrida en una de sus plantas el 3 de noviembre, dijo a FM De la Calle Julio Leguizamón, titular del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Bahía Blanca.

“Nosotros tuvimos reuniones en Buenos Aires con directivos de Dow para que nos den una explicación de esta decisión y de esta investigación porque no coincide para nada con lo que nosotros tenemos”.

Ayer, durante una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, “la empresa ratificó el despido sin escuchar los argumentos de parte del sindicato. Nosotros estamos seguros que no es como ellos plantean”.

A las 18, un plenario de delegados definió “realizar un paro por 24 horas en Dow a partir del jueves a las 6 de la mañana, pidiendo la reincorporación del trabajador. De no tener respuesta, el conflicto puede ir aumentando”.

La ganancia empresaria por sobre la seguridad

A diferencia de la empresa, que responsabiliza a un trabajador por la explosión, la organización gremial apunta a decisiones gerenciales que priorizan la puesta en marcha de la planta en función de necesidades económicas en lugar de tomar todas las medidas de seguridad, y con ello, los plazos requeridos para garantizarla.

“Si hay que investigar, ver cuáles son las causas verdaderas, hay que tomarse todo el tiempo, hay que hacerlo. No se puede ser tan simplista de decir ´un mecánico no puso un bulón´ y listo. Es un disparate y a parte no pasó eso”.

Según el SPIQyP, “lo que generó el incidente es el mal manejo de cierta jefatura intermedia que prioriza la producción a la seguridad, a la inversa de lo que dice la política de la empresa. Ellos actúan en desesperación por arrancar las plantas. Hay que tener en cuenta que la planta estuvo parada por un incendio anterior. Se estaba reparando. Siempre pasa lo mismo. El hecho del apuro de producir. Eso les hace cometer errores como este”.

(Por José Schulman*) En tanto proceso de resignificación de la historia reciente, y por ello de diagnóstico eficaz sobre las causas de la tragedia que ha sufrido nuestro pueblo y de sus largas consecuencias en todos los planos de la vida social, la memoria siempre es materia de disputas y de enconadas batallas por su dominio.

Lo fue en los días del genocidio, durante los largos años de dura impunidad, aún durante estos años de avances significativos en Memoria, Verdad y Justicia y no hay ninguna duda que será uno de los espacios importantes de disputa en el periodo de gobierno que se abre en Argentina.

Hace unos días un grupo de dirigentes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre al llamar a cerrar el paso de Macri, decíamos: no somos indiferentes ante el peligro de una derecha explicita y amiga de los genocidas; por ello vamos a luchar contra el ascenso de Macri y de todos sus cómplices (que ya ganaron varias provincias) que han dicho que los derechos humanos son un curro y llamado a terminar con la “revancha”.

El macrismo no oculta sus relaciones con los nostálgicos del Terrorismo de Estado, los que insistirán en clausurar los juicios y obturar la memoria sobre todo ahora que estamos llegando a poner en el banquillo de los acusados a los empresarios y directorios de las Multinacionales que –articulados por el gobierno de los EE.UU., su Comando Sur y sus estrategias de contrainsurgencia aplicadas en toda Nuestra América-gestaron el Genocidio y sueñan con volver a ser únicos amos y señores de nuestras riquezas y soberanía. Por eso defenderemos los juicios y los espacios de memoria conquistados, no porque los idealicemos sino porque son la plataforma para construir una identidad nacional que se vincule a los sueños incumplidos de nuestros treinta mil. Porque cada condena les duele y cada nieto recuperado dice más sobre la historia reciente que las mil mentiras de los represores y sus escribas.

Aún antes del acto electoral grupos de acción que actúan encubiertos agraviaron sitios de memoria como Mansión Seré y la ESMA mientras algunos condenados como el ex Juez Federal Víctor Brusa provocaba pidiendo fiscalizar para Macri (a sabiendas que su condición de condenado se lo impedía) y no pasaron más de 24 horas para que La Nación presente su proclama de impunidad, la misma que ha sostenido todos estos años con una coherencia y constancia digna de mejor causa pero ahora potenciada por dos hechos: uno es más que obvio, el resultado electoral envalentona a todo el espacio comprometido con la impunidad para los represores pero aún más con los empresarios, políticos, intelectuales y religiosos que fueron parte orgánica y fundamental del Genocidio y la otra es el “mensaje” que el Papa Francisco envía por medio de Graciela Fernández Meijide (la misma que cuestiona la cifra de desaparecidos en la Argentina y clama por la reconciliación sin verdad ni justicia): “hay que curar las heridas pero sin dejar de mirar las cicatrices” habría dicho Francisco para luego completar con “el que está probado que cometió crímenes tiene que cumplir su condena”. Al mismo tiempo expresa su enorme preocupación por aquellas personas detenidas por delitos de lesa humanidad que pasan muchos años de prisión sin procesos ni condenas. Todas las herramientas que posee el Código Procesal, explica, deben ser cumplidas estrictamente para evitar cualquier tipo de tentación de venganza.”

Conviene recordar que en el 2013 según publicó Infojus el 21/8/13, Ricardo López Murphy “habló en una reunión de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. El ex ministro de Economía y Defensa de De la Rúa afirmó que entre 1976 y 1983 “hubo una guerra” y aconsejó a los familiares de represores que soliciten el arresto domiciliario de los condenados, para eludir la prisión. Organismos de DD.HH. repudiaron sus dichos”.

Y conviene asumir que dicha estrategia se viene aplicando con buenos resultados para la impunidad, según un informe reciente del Ministerio Publico: entre 2006 y la actualidad fueron imputadas 2166 personas. De todas ellas, 1065 están detenidas (49 por ciento), 753 está en libertad (35 por ciento), 59 están prófugas (3 por ciento), y los fallecidos suman 280 (13 por ciento, de los cuales 227 fallecieron impunes). En nueve casos no hay datos. Entre los detenidos, 587 están alojados en dependencias penitenciarias, 441 permanecen en arresto domiciliario, 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 7 en hospitales y sobre 17 no hay datos.

O sea, sobre 2166 imputados (es decir que se consideró que había suficiente prueba sobre su compromiso con el Genocidio para que haya investigación judicial y más que probable juicio oral, solo 587 están presos y buena parte de ellos en el pabellón de Marcos Paz, que algunos consideran un lugar de privilegio. O sea, solo un 27% de los imputados (algunos ya están procesados, juzgados y condenados más de una vez) no está libre, en su casa o en unidad hospitalaria o militar.

Esta estrategia de impunidad en marcha cuenta con el acuerdo de la Corte Suprema y su presidente Lorenzetti que se ha transformado en un referente enorme de la derecha liberal y pro yanqui que se referencia en Macri y sus amigos. Las referencias de La Nación a Montezanti y Hooft muestran lo que les duele el avance de nuestra lucha contra la derecha fascista anidada en el Poder Judicial desde los años del Terrorismo de Estado del que formaron parte orgánica e importante.

Una vez más reivindicamos el rol jugado por nuestros compañeros de Bahía Blanca en hacer visible, acusar y sostener la batalla contra la impunidad de Montezanti, batalla que no abandonaremos hasta verlo fuera de la Universidad del Sur, del Poder Judicial y entre rejas.

La memoria está en disputa y la disputa crecerá en estos meses y años, pero conviene partir de la realidad para librar la batalla en forma, y ganarla. Porque más de una vez la derecha ha utilizado la estrategia del tero: pone el grito en un lado y el huevo en otro. Aunque en estos días es razonable pensar que gritarán mucho y pondrán muchos huevos.

La respuesta de los trabajadores periodistas y gráficos del Diario La Nación es ejemplar, estimulante y muestra que el campo de los que no estamos dispuestos a regalar nada es muy amplio y diverso, como plural ha sido la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

En aras de esa pluralidad, en los días que restan del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Daniel Scioli es pertinente que el movimiento de derechos humanos reclame la anulación de algunos instrumentos legales y jurídicos, que en manos del gobierno de Macri, Vidal, Larreta, De la Sota y quienes los apoyan/presionan como los grupos económicos y los medios de comunicación, auspiciados todos por la Embajada de los EEUU, pueden ser de enorme peligro para los derechos humanos y la democracia.

A mero listado tentativo proponemos la derogación de las leyes antiterroristas (tuvo varias versiones, hay que derogar todas ellas), la desmilitarización del Servicio Penitenciario Federal y la disolución de todas las policías locales (incluyendo la Metropolitana) que ampliaron al extremo la peligrosidad de la Bonaerense o duplicaron la Federal en la ciudad autónoma, la puesta en marcha del Instrumento de aplicación de la Convención contra la Tortura, la transformación de todos los espacios de memoria en Espacios de gestión pública (no meramente gubernamental) con autonomía política y autarquía administrativa siguiendo el camino recorrido por el Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que articulaba organismos de derechos humanos con representantes estatales de modo tal que nadie pueda ignorar la lucha histórica por Verdad Memoria y Justicia de los organismos, las víctimas, los familiares y el movimiento popular.

Sabemos que hay muchas más medidas que se podrían tomar (para limitar la tortura y el gatillo fácil, el poder de la corporación judicial y las mafias entrelazadas con las policías, o terminar con los Servicios de Espionaje o los acuerdos militares con Israel) pero insistimos en que lo nuestro es más una propuesta de acción para el movimiento popular que un listado riguroso de medidas a tomar antes del 10 de diciembre.

Y también sabemos que habrá los que dirán que ya es tarde o inútil.

Son los mismos que sostuvieron el límite de lo posible como marco de toda su actuación en estos años. Lo real es que lo posible se fue reduciendo tanto que llegamos a este punto que nadie imaginaba.

Es hora de volver a pedir lo imposible para luchar por lo legítimo.

Por la verdad, la memoria y la justicia para todas y todos los víctimas de crímenes de Estado de ayer y de hoy.

Y por todos los derechos para todos. Que es lo menos que nos merecemos.

*Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Este viernes 27 de noviembre desde las 15 se llevará a cabo un Festival por el Derecho a la Salud Mental. Será en la Plaza Rivadavia y habrá jornadas de reflexión y actividades artísticas.

“Es un tema que cada vez afecta a más número de población. En todas las familias nos sucede que hay algún problema o bien entrada la mayoría de edad o la vejez. O personas jóvenes. Es algo que no distingue ni clase, ni edad. Puede afectar a cualquier persona”, dijo a FM De la Calle Ramiro Ravasi, organizador de la jornada.

“Es importante concientizar sobre medios preventivos, sobre el cuidado y los dispositivos que están a disposición para esta problemática y sobre lo que hace falta seguir profundizando y trabajando”, agregó.

El 2 de diciembre de 2010 fue promulgada la Ley de Salud Mental. La misma tiene por objeto “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Desde distintos sectores se dio la pelea por la desmanicomialización. Ahora que la ley está vigente, no se instrumentan todos los estamentos que la normativa prevé. “La nueva ley propone que se arme un organismo que regule un órgano de revisión. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, este organismo no está pudiendo funcionar porque el gobierno de la ciudad lo llevó a juicio y prohíbe la implementación del órgano de revisión. Sabemos que hace un año murió un chico de 20 años por seguir aplicándose una terapia de electroshock en el Borda”, explicó.

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Grilla de actividades

15hs – Debate Público

– Disertan:

Sandra Uicich: Filósofa

Silvina Evangelista: Filósofa

Jorge Moyano: Trabajador Social

Raúl Ayude: Político

María Teresa “Cuqui” Altfater: Enfermera

Viviana Randazzo: Bioquímica

Horacio Wild: Psicoanalísta (http://www.realbahiablanca.org/)

Walter Alejandro Bascuas es Coordinador Voluntario del proyecto “Sembrando Vida” de la huerta del Borda.

Y todo aquel que desee aportar desde su experiencia o conocimiento.

– Para niñas, niños y no tanto

Clase abierta de Expresión Corporal y Sonido con Jezabel Tiziana de los Santos

Dibujo y pintura.

(Se aportarán materiales para que el que quiera pueda expresarse libremente con la temática que nos cvonvoca.)

Participan:

– Artes Plásticas:

Mabel Lemonnier: Acción Plástica en Vivo.

Agustín Eduardo Rodríguez: Dibujo

Guillermina Prado: Escultura “Mujer con Paraguas”

Olga Corrales: Escultura

Juan Ignacio Valenzuela: Dos Esculturas de la serie – “Vacíos Habitados”

Ana Carla Moreno y Mariel Mateu: Intervención Artística – “Bien-estar”

Paula Katzen Gpug: Intervención Artística –

Verónica Mollica: Intervención Artística

Carmen Lombardich: Instalación Interactiva – “La ultima lectura”

María Carla Rodríguez: Intervención Artística -Serie “Reivindicando Monstros”

Jorge Moyano: Instalación de la serie “Dispositivos Manicomiales”

Majo Petrosino:

Claudia Mariela Pappalardo: Maquillaje y Body Painting en Vivo.

– Música – Literatura – Danza – Teatro – Acción Artística – Música Visual

16.30hs – Sergio Sammartino: Poesía

17hs – Cesar Chirinos, Gustavo Neyra, Araceli Márquez y Sebastián Saez del grupo Techno Children presentan su obra homónima para niños, niñas y no tanto.

17.15hs – Lucía Dicek: Tribal Fusión / Tribu Chidananda: Improvisación estilo Tribal

17.30hs – Miltón López: “Poesía Border”

18.15hs – Guillermina Larrea: Movimiento – “Día a Día”

  1. 45hs – Astor Vtali: Canciones de autor –

19.00hs – Proyecto de Producción de Tango – Escuela de Danza – Tango: “El Rey”

19.10hs – Emilia Bianco: “Canciones del más acá”

19.15hs – Sebastián Andrés y Sebastián Barrionuevo: “Tango de Bolsillo”

19.45hs -Laureana Sänger: “Cuentos de bolsillo “

20.00hs – Guillermo Rodriguez: “Canciones para Ella”

20.15hs – Gustavo Pilotti: “Electropoiesis”

20.45hs – Franco Barberón: Música

21.00hs – Elsa Beatriz Calzetta: “Cuentos bajo las estrellas”

21.15hs – Nicolás Testoni: Música Visual “”

  1. 30hs – Matías Aguilar: “Sin vacilar” – Danza Contemporánea

21.45hs – Nicolás Testoni: Música Visual

22.00hs – Pablo Lasala y Guillermo “Memo” Galassi:

22.30hs – Cristian Tapia: Piezas visuales y Secuencias fotográficas.

23.00hs – Roberta Castro y Ramiro Ravasi: Improvisación interactiva.

Un grupo de trabajadoras del Frigorífico INCOB denunció este sábado la continuidad de las presiones por parte del titular de la cooperativa Enrique Garaggiola contra quienes cuestionaron su gestión y pidieron la renovación de autoridades. El planteo derivó la semana pasada en un ataque de una patota que con armas y palos intentó desalojar a lxs denunciantes de la planta.

“Se está haciendo difícil porque nosotros creemos que él va a volver y no va a volver con las mismas intenciones sino que va a volver peor y si bien el patrullero está, el fiscal tampoco dio la garantía de que esto pueda estar eternamente, tiene un tiempo, ya nos explicaron. El otro tema es que están rondando por casas de compañeros, por eso es que hoy vinimos acá, porque queremos que esto sea público, queremos que la sociedad nos ayude a resolver el conflicto porque nos encontramos en una situación donde tampoco nosotros sabemos cómo resolverlo pero sí tenemos que tener precauciones con nuestras familias”, aseguró María del Carmen durante la transmisión de FM De la Calle desde el VI Encuentro de Artistas y Agrupaciones por la NO Violencia hacia Mujeres y Niñxs.

La trabajadora agregó que “tenemos compañeros que se están quedando todo el día en el frigorífico y también hay peligro respecto a ellos porque no te olvides que están sin dormir y a las seis de la mañana entran a una faena y manejan cuchillos. Necesitaríamos que esta persona (por Garaggiola) tome conciencia de lo que está pasando y empiece a arreglar las cosas o que se corra a un costado para que no pase algo peor, porque acá estamos hablando de personas”.

“No queremos el poder, queremos que la cooperativa trabaje como corresponde y es lo único que sabemos hacer. Pero sí con los compañeros descansando las horas que corresponden y no teniendo que hacer guardia para ver si nos pasa algo en el frigorífico”.

“El fiscal está al tanto, lo estamos hablando con el Concejo Deliberante, las autoridades que corresponden en Bahía Blanca y por eso estamos hoy acá, lo único que nos quedaba era que Bahía blanca se dé cuenta que podía haber sido una masacre lo que pasó y gracias a dios, por determinadas situaciones, no llegó a pasar. Esta bueno que todos nos apoyen y se acerquen al frigorífico”, concluyó.

El decano de Medicina de la UNS, Pedro Silberman, se refirió en FM De la Calle a la afectación de la reforma de la Ley de Educación sobre la carrera que dirige la cual es la única con cupo en la universidad local.

“Aplaudo que sea gratuita, me parece muy bueno. Lo que tiene que ver con los cursos de nivelación y demás, es para emparejar a los ingresantes. Los mecanismos y/o requisitos de entrada a la carrera no limitan, sino que tiene condicionamientos producto del cupo, a los recursos e infraestructura del lugar de cursada”, dijo.

Silberman comentó sobre una reunión mantenida con decanos de distintas universidades: “Tuvimos varios encuentros pero no quedamos en nada, todavía. Vamos a ver sobre la marcha cómo resolvemos la cuestión (…) Especulamos que haya algún consenso con esta ley, de no ser así, deberán darnos los recursos necesarios para que podamos cumplir con los requisitos. Nosotros en ciertas cuestiones se nos va a complicar de sobremanera consumar lo pedido”.

En la ciudad, Medicina se desarrolla desde el primer día en los institutos de salud, es una gran ventaja sobre otros lugares, “los estudios previos nos marcan que son 60 estudiantes por año,  hay muchas necesidades”.

Por otra parte, Silberman  se refirió a los trabajos que se realizan en el Hospital Penna: “Se está haciendo una ampliación en los lugares donde conviven los alumnos.  Estamos acondicionando el establecimiento, las aulas, se está  creando un lugar de estar. También un vestuario y un comedor.  Tenemos los planos hechos, está el convenio con la UNS, faltaría saber quién lo financiaría, si el Ministerios de Educación o saldría del propio presupuesto”.


Texto: Diego García.

Desde 2006 hasta la actualidad, los condenados por crímenes de lesa humanidad en la Argentina suman 622 y 57 es el total de absueltos. Esas cifras son el resultado de 147 sentencias dictadas desde aquel año y representan los números más destacados del informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el estado de los juicios por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. De las 147 sentencias, 45 corresponden a causas finalizadas, es decir, sin recursos pendientes: 42 firmes y 3 concluidas por fallecimiento o declaración de incapacidad de los acusados.

La Procuraduría informó además que entre 2006 y la actualidad fueron imputadas 2166 personas. De todas ellas, 1065 están detenidas (49%), 753 está en libertad (35%), 59 están prófugas (3%), y los fallecidos suman 280 (13%, de los cuales 227 fallecieron impunes). En nueve casos no hay datos. Entre los detenidos, 587 están alojados en dependencias penitenciarias, 441 permanecen en arresto domiciliario, 13 en recintos de fuerzas de seguridad, 7 en hospitales y sobre 17 no hay datos.

Tras referirse al resultado del balotaje que consagró a Mauricio Macri como presidente, el diputado provincial Santiago Nardelli fue consultado por FM De la Calle sobre las políticas que implementará Cambiemos a partir del 10 de diciembre en relación a la continuidad de los juicios de lesa humanidad.

-Ayer se brindaba con champagne -literalmente- en las oficinas de La Nueva Provincia, hoy La Nación habla de “no más venganza”, de cómo “la elección de un nuevo gobierno es un momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70”, hay represores que se ofrecen para ser fiscales de Cambiemos, por lo que vemos también en este contexto político por primera vez en lo que son los juicios en nuestra ciudad habría una especie de manifestación en favor de los “presos políticos” por parte de los familiares de los imputados. ¿Qué debemos esperar por parte de ustedes en relación a la posibilidad de seguir avanzando con estos procesos, dado que más allá de que esto esté en la justicia es obvio que el acompañamiento político o no tiene un peso en ese sentido?

Cuando a un sector lo vota el 49% y al otro el 51% no me atrevo a generalizar de ninguno de los dos lados algunas posiciones. La verdad que Milani es una persona que está en el Frente para la Victoria y está severamente cuestionada por los organismos que trabajan en derechos humanos con el CELS a la cabeza. No haría de manifestaciones de votantes y adherentes cuestiones de la política de decisión de los espacios políticos.

Sí lo que vos decís me parece importantísimo porque nos hemos acostumbrado a lo último que vos decís, el discurso del gobierno sobre la justicia le ha quitado transparencia a los procesos. En todo sentido, no solo lo que venimos hablando de lesa humanidad sino de todos en general. Pero respecto de los de lesa humanidad me parece importantísimo que una persona que cometió un delito en una época y que ese delito es considerado imprescriptible para la ley tenga su condena. Esa es mi posición personal, tampoco, como te decía antes, en un espacio tan amplio, todos piensan lo mismo.

Yo no veo que el gobierno de Mauricio Macri haya intentado en algún momento que no haya juicios por la verdad. Ahora, también el proceso tiene que tener tiempos y la justicia se ha acostumbrado en un garantismo no real de sostener procesos indefinidamente como si la condena o la absolución no fuesen parte de un proceso penal. Lo que necesitamos que en un proceso que se está desarrollando hoy sobre hechos que ocurrieron hace treinta años, en algunos casos más, debemos tener la claridad de que se esclarezcan como para no tener esto permanentemente abierto. Esa es mi posición personal, a mí me gustaría juicios y sentencias no juicios eternos como veo en todas las áreas. Uno se ha acostumbrado a que la sentencia definitiva en Argentina es un anhelo, y esto convierte, no solo para los garantistas esto es casi cercano al abolicionismo porque no se condena a nadie, para las personas que están en cualquier proceso penal no es ningún garantismo sostener procesos abiertos.

Así que la justicia tiene que actuar, el gobierno seguramente le va a dar la independencia para que lo haga pero lo que creemos que el proceso penal es un garantismo cuando se lleva adelante respetando también los tiempos.

-Más allá de que vos interpretes que el kirchnerismo actuó de determinada manera hacia la justicia o que el kirchnerismo entiende que el macrismo también lo pudo haber hecho a nivel de la Capital Federal, hay una decisión política de un gobierno de, por ejemplo, poner recursos para que las Abuelas tengan difusión, tengan tecnología y lo que haga falta para acelerar la búsqueda de los nietos, hay áreas que tienen recursos para que haya gente destinada a trabajar sobre determinada documentación, a eso me refiero en cuanto a lo que es la posibilidad de que otros poderes, más allá del judicial, puedan aportar a cerrar esa etapa de la historia sin impunidad.

Respecto a la búsqueda de nietos y de hijos para mí es un tema que no debe cesar porque debe ser una de las historias más tristes que yo haya leído si se quiere y no de la historia argentina. La verdad que la apropiación de hijos es una cuestión que genera un daño irreparable y me parece que eso, el derecho a la identidad biológica de una persona tiene que ser un derecho que por ahí esté por arriba de muchos otros.

Ahora, si vos me decís el aporte en ese caso estoy absolutamente de acuerdo en apoyar la búsqueda y trabajar activamente sobre eso. Ahora, también hubo aportes para Sueños Compartidos para que hagan un desmanejo total con el tema de construcciones de viviendas que una pelea entre Hebe de Bonafini y Sergio Schocklender llevó a cualquier lado. Entonces, cuidado con lo simbólico, esconde muchas veces gente que utiliza lo simbólico y yo en eso no quiero cambiar un simbolismo por un simbolismo contrario. Acá quien cometió delitos y si son económicos también, deben ser juzgados, porque si no vamos a parecer que hay un mascarón de proa que oculta un dejar hacer, un dejar pasar cualquier cosa y eso yo no lo comparto, tampoco comparto que hay fondos que se destinen que no tengan una aplicación adecuada, debida, y controlada, y me parece que el caso de Sueños Compartidos es un caso emblemático en el cual el principal responsable es el Estado que dotó de 600 millones de dólares paulatinamente a una sociedad que cuando se le hizo el primer arqueo de caja no había ni viviendas ni absolutamente nada y quien lo administraba viajaba en avión privado y tenía una ferrari. Eso a través de un simbolismo que puede ser muy bueno pero si se ejecuta una acción que no se corresponden con ellos tampoco hay que avalarlas. Me parece que ahí hubo una mirada indulgente de muchos sectores porque como que hubiese temas que hay que no mirar porque si no sos un tipo reaccionario que está en contra de los derechos humanos. Si hubo excesos en el manejo de Sueños Compartidos tampoco escuché nunca una crítica y eso me parece una reverenda barbaridad.

-Lo escuché a Gay ratificar como delegado de Cerri a Alberto Sangre, un tipo que fue y reivindicó a un militar que luego de un juicio con todas las garantías y las instancias de defensa que se deben tener fue condenando a prisión perpetua. ¿Para un dirigente de la democracia, eso no representa ningún tipo de inconveniente para llevar adelante una tarea en el gobierno de Cambiemos?

Verdaderamente no conozco qué fue lo que pasó con la declaración de Sangre, no tengo una idea, no puedo opinar de un testigo en un juicio, tendría que tener elementos, pero no sé ni siquiera bien lo que pasó. Escuché algo de que había fuertes críticas contra la declaración de Alberto Sangre en algún juicio de algún sector pero no lo conozco. Te pediría que de esa respuesta, si te tendría que improvisar algo no, prefiero no porque seguramente para mucha gente es un tema muy sensible y que alguien como yo opine liberalmente porque está en un reportaje no sería justo.

Sí te digo, para ir al fondo de la cuestión sin el hecho que lo desconozco, me parece que como te decía antes tampoco se puede estar con algo de sospecha de cualquier imputación, genera una descalificación, si hay alguien que tiene un reproche para hacerlo me parece bien que se haga y que se sepa la verdad, de hecho los juicios se iniciaron con los juicios de la verdad y a mí me parece importantísima, por lo menos lo que se pueda acceder en esta época de ella y es un trabajo que no debe claudicar, pero sobre el dato puntual te pido que me eximas de la respuesta porque te tendría que improvisar y no quiero.

El frente político Cambiemos obtuvo el triunfo en el balotaje durante la jornada electoral del día de ayer. De esta forma, Mauricio Macri será el próximo presidente de Argentina con el 51,40 % de los votos (12.903.301). Daniel Scioli, en cambio, obtuvo un 48,60% (12.198.441).

En Bahía Blanca, como se esperaba, el macrismo obtuvo un alto caudal de sufragios en su favor registrando el 64,83% de adhesión (117.692) contra un 35,17% del electorado que optó por el Frente para la Victoria (63.842).

El diputado Santiago Nardelli, referente del PRO en la región, dijo a FM De la Calle que se sentían “esperanzados porque aportamos a este espacio” pero aclaró que “se van a dar políticas más consensuadas, por necesidad, ya que no hay una mayoría absoluta y también por el perfil y por cómo llevaron adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

A nivel local dijo que había que esperar “un intendente que esté comprometido con la ciudad. Creo que Gustavo Bevilacqua no demostró un compromiso con la ciudad. Es una persona difícil de cruzarse por la calle”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Mandolesi Burgos, quien acompañó como pre candidato a primer concejal por el Frente para la Victoria a Iván Budassi en su pre candidatura a intendente, sostuvo que “por un lado, nosotros no esperábamos perder en primera vuelta. En balotaje es difícil y una elección inédita en la Argentina. Se trató de proponer, de mostrar las diferencias de propuestas de país que hacía uno u otro candidato. Nosotros estábamos convencidos de que la propuesta de Daniel Scioli era superadora. Pero en este momento hay que reconocer que la gente votó, que somos un país democrático, la expresión popular se expresó a través del voto en una elección que fue pacífica y ordenada más allá de lo que se habló durante muchísimos meses sobre la posibilidad de fraude”.

Según el edil, “esto tiene que ver la responsabilidad del oficialismo que hoy deja un país ordenado, desendeudado, con una baja tasa de desempleo. Y un país que tiene mucho todavía por crecer, por su puesto. Quienes tenemos la responsabilidad de convertirnos en oposición lo haremos desde un lugar constructivo”.

Horas después de la última audiencia del juicio contra 22 represores que actuaron en la órbita de la Base Naval de Puerto Belgrano y a la espera del veredicto que leerá este miércoles a las 15 el Tribunal Oral, el dr. José Nebbia aseguró a FM De la Calle que durante el debate los objetivos de la Fiscalía fueron “ampliamente superados”.

Agregó que el “contundente” análisis y entrecruzamiento de testimonios y prueba documental permitió “tener un acabado análisis de cómo fueron las estructuras represivas, cómo estaban conectadas en la zona y cómo se producía la caza de los militantes políticos. Cómo los servicios de inteligencia de Prefectura actuaban en coordinación con los de Armada y, a su vez, con los de la Policía de la provincia y con el Ejército”.

La causa analizó los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Para el miércoles la Comisión de Apoyo a los Juicios y organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas convocaron a un acto a las 13:30 en la Plaza de la Memoria y la Resistencia (ex Plaza del Sol) y a una movilización hacia la sede del tribunal de Colón 80, una hora después. En tanto, APDH, HIJOS Bahía Blanca, Red x la Identidad y la Mesa por el Juicio y Castigo Unidos y Organizados concentrarán a las 13 en Colón y Drago.

Mientras varias investigaciones se tramitan en la primera instancia, nuevos tramos de Ejército  y Armada esperan fecha para el juicio oral. La Fiscalía insiste en acumular las causas y realizar un único debate que acelere los tiempos y, como el que culmina, dé “acabada cuenta de la interrelación entre las fuerzas para la represión”.

-¿Cómo evaluás el resultado del debate oral en relación a los objetivos planteados por la Fiscalía?

Como lo venimos señalando junto con Miguel Palazzani, el otro fiscal de la causa, los objetivos que uno analiza antes de comenzar el debate fueron ampliamente superados. La riqueza de la prueba producida a través de los testimonios, como así también el análisis de la profusa prueba documental que hay en la causa arrojaron más resultados que aquellos que uno espera al comienzo.

-¿Qué datos podrías destacar de aquellos que surgieron durante el debate?

Mucho análisis de documentación sobre reglamentación pero también de archivos de inteligencia y de todo tipo de documentos que, al cruzarlos, al analizarlos de manera conjunta, nos permitieron tener un acabado análisis de cómo fueron las estructuras represivas, cómo estaban conectadas en la zona y cómo se producía la caza de los militantes políticos. Cómo los servicios de inteligencia de Prefectura actuaban en coordinación con los de Armada y, a su vez, con los de la Policía de la provincia y con el Ejército.

Eso ha quedado absolutamente demostrado, lo que nos permitió también explicar cómo las estructuras que aparecen en los reglamentos funcionaron en los hechos, en los secuestros, en las torturas, en los abusos sexuales y luego en el destino final que era la liberación, el asesinato haciendo aparecer los cuerpos como falsos enfrentamientos o la desaparición de personas. En ese aspecto la documentación que se analizó, se entrecruzó y se fue exponiendo durante los alegatos fue contundente.

-¿Notaste características particulares de lo que fue el accionar de la Armada -más allá de la actuación conjunta- en relación a lo que fue la del Ejército?

Sí, son modus operandi distintos los de la Armada y el Ejército. Tanto en las acciones concretas que llevaron adelante durante el terrorismo de Estado como así también en la manera de dejar plasmado en los documentos esas acciones. Algo que sí tiene la Marina a diferencia del Ejército es que luego, en la retirada, la destrucción de la documentación fue mucho mayor. Por eso también el trabajo que se tuvo que llevar adelante analizando otro tipo de documentación como, por ejemplo lo de Prefectura, misma del Ejército o los legajos, es un poco más compleja.

-Sobre la documentación decía en su alegato uno de los defensores que a la Prefectura no se le podía endilgar haber tenido una política de destrucción de los archivos. ¿Hacía referencia a lo que salvó el ex fiscal Hugo Cañón a partir de una denuncia o hablaba de documentación de aquellos años que efectivamente estaba a disposición de la justicia?

No, para nada. A mediados de la década del dos mil el fiscal Cañón recibe información, la denuncia de propia gente de la Prefectura, gente de la Prefectura de la democracia digamos, que se iba a destruir un montón de documentación vieja, entre ella, archivos. Ahí Cañón inmediatamente, con mucha diligencia, se apersona y secuestra esa documentación. Son los archivos de inteligencia que hoy nos sirven para este juicio, para el de La Plata y el de Mar del Plata. La actitud de la Prefectura lejos estuvo de colaborar con la justicia sino que fue justamente una anomalía, quedaron esos archivos allí y cuando los fueron a destruir se pudieron rescatar.

-¿De las estrategias defensivas algo te llamó la atención o fue más de los mismo en el sentido de ‘no estuve en el momento de los hechos que se me imputan’ o ‘no tuve nada que ver con la lucha contra la subversión’?

No, giraron en torno a eso.  Si uno está a los más de veinte imputados en el juicio no sucedió nada o lo que sucedió es un invento porque cada uno en lugares estratégicos nada tuvieron que ver, nada supieron, nada vieron, en los momentos más álgidos inclusive de la represión. Yo no estuve, yo no vi, yo no supe.

-Un punto que hemos conversado y difundido en detalle pero amerita mencionar en un balance es el tema de la violencia sexual, la posibilidad de poner sobre la imputación este tipo de delitos y lo que destacabas en el alegato respecto al valor y coraje de las víctimas en esta etapa de los juicios de avanzar en ese aspecto tan difícil para cualquier persona.

Absolutamente, ese es otro de los puntos que sobresalen de este juicio. A lo largo del debate las víctimas pudieron ir contando las situaciones a las que fueron sometidas de abusos sexuales, de exposición a la desnudez, de tocamientos, insultos o comentarios sobre sus cuerpos desnudos. Eso fue recogido por la Fiscalía y ampliamos la acusación. Que las víctimas lleguen a contar eso implica que sienten de alguna manera la contención por parte del Estado, que recogen sus planteos, las protegen y llevan adelante el reclamo, ese es un punto concreto.

Siempre pongo el mismo ejemplo. Imagináte que para nosotros en nuestra vida privada y cotidiana, nuestras experiencias sexuales o lo que sea, inclusive a nuestros amigos más íntimos es pudoroso hablarles sobre ese aspecto de nuestra vida. Hay que ponerse en la situación de una víctima que fue forzada, que fue abusada, contando algo tan íntimo adelante de personas que no conoce, de tres jueces, de un fiscal, de las defensas, de un público. El valor y la valentía de esas mujeres son inconmensurable.

-En distintos juicios se proponen nuevas formas de reparación a las víctimas, complementaria a la pena de los responsables. Aquí propusieron junto a Miguel Palazzani que el diario La Nueva Provincia publique el veredicto.

La reparación absoluta no es posible porque el daño fue tan grande que volver al estado anterior es imposible. Pero hay determinadas medidas, entre ellas el juicio, las condenas, escuchar, recoger lo que dicen las víctimas, que hacen a modos de reparación.

Nosotros lo que entendimos es que en las páginas de La Nueva Provincia se mintió con intención, por eso está imputado el único sobreviviente de los directores, y que una forma de reparar a las víctimas sería que La Nueva Provincia por primera vez diga la verdad, que aquellos a quienes mencionaban como delincuentes que traicionaban a la patria no eran tales sino que fueron víctimas. Entonces publicar que fueron víctimas y también publicar el nombre de los victimarios es una forma más de reparar a las víctimas y que sus biografías, al menos en esas páginas, no queden escritas de esa manera.

-¿Hay antecedentes de casos similares?

No, lo que planteamos es que es un derecho a réplica de las víctimas. Imaginemos que hoy si en cualquier medio se vierten manifestaciones sobre nosotros de determinadas características tenemos el derecho a, por el mismo medio, dar nuestra opinión e inclusive la justicia puede obligar después de un proceso a que se publique la verdad. Entonces, entendemos que un derecho sui generis de derecho a réplica se encaja dentro de esta petición.

-¿Qué te pareció la poca repercusión del juicio en la ciudad?

Lo analizo en perspectiva de las características particulares que tienen Bahía Blanca, Punta Alta y los medios de la zona. Creo que ese análisis tiene que caber dentro de ese contexto.

-¿Qué causas quedan en trámite para juicio oral?

Hay un segundo tramo de Armada con nuevos imputados y otras víctimas que nosotros habíamos propuesto al comienzo de este juicio que se lleve adelante en el mismo juicio y el tribunal opinó que no era posible. Y hay un tercer tramo de Ejército con muchos imputados y nuevas víctimas que también está a la espera que se fije fecha para el debate oral. Quizás podríamos hacer todos juntos esos juicios.

-Sobre todo porque en este mismo debate quedaron en el camino no solo represores sino también sobrevivientes por el paso del tiempo.

Entendemos que estamos en condiciones de llevar adelante los juicios, que todos se deben acumular y el ejemplo más claro es este que estamos concluyendo donde hubo acusados de Armada, de Ejército, de Prefectura, de la Policía provincial, del Servicio Penitenciario, se dio acabada cuenta de la interrelación entre las fuerzas para la represión. Es absolutamente factible hacer un único debate.

-Respecto a las investigaciones en curso, en este clima político de recambio de gobierno, ¿qué podemos esperar para los próximos meses en torno a las causas contra civiles y militares?

En las causas que están elevadas a juicio los juicios se deben hacer, se debería fijar fecha y comenzar. En las causas en instrucción hay pedidos de indagatorias, de hecho el juez Ramos Padilla fijó para el martes que viene (por el pasado 17) una serie de indagatorias de más de media docena de represores. Así que eso continúa, los juicios son políticas de Estado, todos los estamentos y los poderes en efecto así lo han dicho Inclusive la propia Corte en cabeza de su presidente Lorenzetti. Deben continuar las causas y, como venimos haciendo, redoblando esfuerzos para llevar adelante las investigaciones.

En el marco del VI Encuentro Nacional de Artistas y Agrupaciones por la No Violencia hacia las Mujeres, Niños y Niñas se presenta el libro “Código Rosa: Relatos sobre abortos”. Será a las 19 en la sala de conferencias del octavo piso del Departamento de Humanidades de la UNS, y contará con la participación de la autora Dahiana Belfiori, Ruth Zurbriggen (La Revuelta) y Silvia Scheider (Campaña por el Derecho al Aborto). También serán parte activa del encuentro el sábado desde las 14.

La presentación del libro tiene dos objetivos, por un lado contar relatos de mujeres que abortan y lo que les pasa a las socorristas y, por otro lado, visibilizar qué hacen las socorristas en Bahía y la articulación a nivel nacional. De cara al panorama político que vive nuestro país, y teniendo en cuenta que el debate sobre aborto no está en agenda de ningún dirigente, es importante echar luz sobre el tema.

“¿Qué representaciones operan en torno al aborto y particularmente en torno a los socorrismos para que una mujer eligiera usar esa palabra en lugar de “Socorro”? ¿Y por qué una inmediata asociación con el espionaje? Siendo los abortos como son, prácticas clandestinas, algo de la obtención y circulación de información de manera encubierta se establece en torno a dichas prácticas. Sin embargo hemos ido cambiando la historia desde ser “pasadoras de datos” hasta constituirnos en sujetas activas de esas prácticas. Creamos el código, lo interpretamos, lo compartimos. Y lo hacemos visible. Organizamos así una nueva forma de “espionaje” que desplaza ciertos imaginarios sobre el aborto: hacemos circular información a la vista de todxs”, dice Dahiana Belfiori.

El libro es la recopilación de relatos recabados por activistas de La Revuelta, sobre algunas experiencias de abortar con misoprostol en la ciudad de Neuquén. Los testimonios son entrevistas semi-estructuradas, donde a través de la ficción, se intentan plasmar tonos y matices de las protagonistas. Los textos tratan de reflejar quienes son las mujeres que abortan, y que es una problemática que afecta a todas las clases sociales, no distingue piel, edad, estado civil, cultura, poder económico ni sexualidad.

Por año son entre 400.000 y 500.000 las mujeres que abortan en nuestro país según cifras oficiales del Ministerio de Salud. La tarea que emprenden las Socorristas en Red es brindar toda la información necesaria a las mujeres que están evaluando la posibilidad de realizarse un aborto o aquellas que ya lo han decidido, para que la práctica sea segura y no corra ningún riesgo su salud. Además realizan el acompañamiento durante y después del proceso, algo casi tan importante como la información en sí, teniendo en cuenta el estigma que pesa sobre ellas.

El año pasado las Socorristas acompañaron a 1650 mujeres en la interrupción de un embarazo, a lo largo y a lo ancho del país. “Para nosotras es fundamental que la mujer pueda planificar su vida, decidir sobre su cuerpo, y tener en claro que puede hacerlo sin ningún tipo de catástrofe y que no está sola”.

Para más información llamá al 291- 154135371. También podes visitar el Sitio de Socorristas en Red

Código Rosa

El domingo en Argentina se realizará por primera vez un balotaje. Dirimirán sus diferencias los  candidatos Mauricio Macri por Cambiemos y Daniel Scioli por el Frente para la Victoria. Algunas fuerzas políticas sostienen que la tercera opción es el voto en blanco.

Dejamos aquí un conjunto de entrevista que realizamos en los últimos días a diferentes referentes y funcionarios políticos. En ellas, cada espacio aporta reflexiones y análisis en torno del momento político y expresan los posicionamientos que fundamentan el voto que consideran correcto.

José Lualdi, Laura García Vázquez y Joni Landa

Lxs dirigentes del Partido Comunista de Bahía Blanca, Emancipación Sur y Pueblo en Lucha, respectivamente, debatieron en una mesa la actual coyuntura electoral y propusieron una mirada respecto de los desafíos que supone el nuevo escenario político argentino.

Santiago Mandolesi Burgos

Es concejal por el FpV-PJ y presidente del Honorable Concejo Deliberante. Fue primer precandidato a concejal por la lista que promovía como precandidato a intendente a Iván Budassi.

Alfredo Grande

Psiquiatra y Psicoanalista. Director y actor teatral. Periodista y escritor Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE). Miembro Fundador y Presidente Honorario de ATICO (Cooperativa de Trabajo en Salud Mental)

María Celia Vázquez

Es docente y dirigente sindical universitaria. Junto a otro grupo de profesorxs realizaron actividades y un llamamiento a defender lo obtenido durante los últimos años de gobierno en el ámbito universitario.

Enrique Gandolfo

Es dirigente del SUTEBA e integra la Lista Granate en esa organización. Participa en la Central de los Trabajadores Argentinos.

Cesar García

Dirigente del PTP – Corriente Clasista y Combativa de Bahía Blanca.

Manuel Bertoldi

Dirigente de Patria Grande, espacio político surgido del movimiento social en 2001. Compitió en las PASO en la provincia de Buenos Aires.

Jorge Altamira

Dirigente del Partido Obrero en el FIT. Fue precandidato a presidente por su organización política en las PASO.

Mauro Fernández

Periodista, escritor y guionista. Vivió doce años en Buenos Aires desempeñándose en diferentes ámbitos vinculados a esas tareas. Nuevamente en la ciudad desde hace tres meses, participó de la organización de la convocatoria “Contra el neoliberalismo. No da lo mismo”.

Un directivo de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), “bajo estricto pedido de confidencialidad”, reveló a un sitio especializado que la empresa analiza instalar la quinta planta atómica del país en Bahía Blanca. “De todos modos, recién se están llevando a cabo los primeros estudios de factibilidad al respecto”, sostiene la publicación.

La titular de BIOS, Silvana Buján, aseguró a FM De la Calle que un noticia similar se conoció tiempo atrás en Mar del Plata donde “hubo primero sorpresa, después posicionamientos muy claros, nadie la quiere, ni siquiera las autoridades” municipales o universitarias. “Me parece que está pasando lo mismo en Bahía Blanca, es muy raro que suceda en estos momentos donde dentro de horas todos estos acuerdos van a ser una papa caliente para el entrante sea quien sea. Yo creo que es una bomba de humo”, dijo.

Agregó que “la ficha está puesta en la participación de la gente, la licencia social, fijáte que están pasando cosas increíbles, se está logrando frenar emprendimientos mineros, cosa que antes era imposible”.

Entre los pocos detalles referidos a la planta, El Inversor informa que “la idea es que sea la primera del tipo ‘PWR’ (de uranio enriquecido y agua natural) en toda Latinoamérica” y que “contemplará un 50% de componentes nacionales. Al promover una transferencia completa de tecnología, permitirá su exportación a otros países de la región”.

En nuestra ciudad, la ordenanza 12.976 prohíbe la instalación de usinas nucleares; la importación definitiva o temporal de residuos radiactivos; las instalaciones de gestión de residuos radiactivos, incluyendo las de combustibles gastados, y los repositorios de residuos radiactivos, incluyendo los de combustibles gastados, entendiendo por repositorios de depósitos de dichos residuos como forma de disposición final.

NA-SA está a cargo de la producción y comercialización de la energía generada por Embalse, en Río Tercero, Córdoba; y por Atucha I (ahora llamada Juan Domingo Perón) y Atucha II (rebautizada Néstor Kirchner), que se ubican en Lima, dentro del partido bonaerense de Zárate. Adicionalmente, la firma es responsable de las obras de extensión de la vida útil de Embalse y de la construcción de la cuarta usina nucleoeléctrica argentina (que también estará localizada en Lima), por lo que suma un total de 1.750 megawatts (Mw) de potencia eléctrica bruta.

“Es una locura la energía nuclear en términos de todas sus características negativas. Por un lado la inseguridad que conlleva. Por otro, lo no renovable del recurso y el descomunal costo que tiene, es algo que se está cayendo a pedazos ya con la argumentación”, explicó Buján y agregó que “así como en algún momento entró el fracking como algo maravilloso que iba a salvar las economías, bueno, ya empezaron países enteros a prohibirlo por todos lados, es un problema tener que ir siempre a la cola del problema, cuando ya está instalado y le arruinaste la vida a un montón de gente”.

La integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico opinó que “si Bahía Blanca no quiere esa central nuclear estamos en una etapa de nuestra democracia en la cual las audiencias públicas previas son obligatorias, en las cuales yo creo que aunque sea a punta de denuncia judicial uno puede lograr que alguien muestre alguna vez una evaluación de impacto ambiental, cosa que jamás la Comisión de Energía Atómica ha mostrado nunca de sus centrales construidas o en construcción, son secretos de Estado y eso es ilegal”.

Destacó el “pedigrí” de la CNEA que, en cuanto a “la parte tecnológica satelital, de energías alternativas, es fantástica” aunque “por el lado nuclear los muchachos hacen agua feo, han dejado pasivos ambientales por todo el país, jamás se hicieron cargo de nada y lo han reconocido oficialmente después de mucho tironeo de sus distintos emprendimientos mineros. Por ejemplo de uranio, están absolutamente abandonados, han empezado tímidamente una remediación que según sus propios cálculos va a llevar un siglo y pico en una de sus minas en Malargüe. Lo demás está completamente abandonado, la gente sigue viviendo alrededor con polvillo de minería de uranio volando por ahí y drenajes de ácido sulfúrico bajando por los ríos a lugares tan aislados como Carlos Paz”.

En cuanto al costo de generación de este tipo de energía, Buján comentó que por un lado está la respuesta de “cualquier gobierno que apueste a la energía nuclear”, que podría equipararse al valor de la producida por una hidroeléctrica o una central termoeléctrica tradicional de combustible fósil.

“La verdadera, si a fin de mes revisas lo que ganaste, lo que invertiste y lo que tenés que gastar a futuro, no te da de ninguna manera. Porque en la cuenta trucha no estás poniendo lo que no gastaste en remediar la basura que dejaste por ahí, las grandes minas de uranio abandonadas que tiene la CONEA, no consideran el transporte, los riesgos de seguridad, no consideran más que la construcción peladita de cuánto vale la vasija, la mano de obra, los caños, el hormigón y el terrenito. A futuro, cero. Y a futuro estamos hablando de miles y miles de años de un repositorio que no existe para poner los residuos nucleares gastados allí que voy a tener que cuidar de alguna manera por miles de años”.

La especialista concluyó que “no tenemos ética diacrónica, o sea, en el tiempo, el humano se manda la macana porque total se va a morir pronto y los que vienen después que se arreglen. Ese es un poco el concepto de los que están haciendo fracking, de los que contaminan aguas, de los agrotóxicos, los que vengan después que vean cómo lo pueden resolver”.


“Un polo energético tienen sus límites”

La asociación ambientalista Unión 20 de Agosto expresó su “rotundo rechazo” a la posibilidad de instalación de una planta nuclear y recordó que en 2002 trabajó en la elaboración de un proyecto de ordenanza consensuado en su texto y alcance durante 2003 con todos los bloques del Concejo Deliberante y aprobado a fines de 2004.

La norma prohíbe expresamente, entre otras cosas, la instalación de usinas nucleares en el partido de Bahía Blanca. “Se reguló con total responsabilidad el tránsito de material radioactivo por el distrito como también los usos permitidos de material nuclear en ciertas actividades y usos acotados como en el caso de medicina, docencia, industria, veterinaria y agricultura”.

“No rechazamos la energía nuclear para determinados usos en la sociedad que supongan por un lado un beneficio notable respecto del riesgo que signifique su utilización a esa escala, con los controles ya establecidos en los organismos del Estado, pero rechazamos rotundamente su aplicación en la producción de energía eléctrica, teniendo en cuenta los antecedentes nefastos que existieron y existen en muchos países del globo, y máxime teniendo en cuenta que el direccionamiento de producción de energía en el mundo se efectúa en el sentido de aumentar su producción a partir de energías renovables, tales como las de origen eólica, solar, hidroeléctrica o mareomotriz”, advirtió la ONG.

PARA VER: Into the eternity

Onkalo es un lugar planificado para que se pueda guardar con seguridad los residuos radioactivos de alta actividad. Una obra faraónica formada por una red de túneles perforando la dura roca a razón de 25 metros por semana, y que se sumerge hasta más de 6km de profundidad. Es el primer intento para dar una solución definitiva a los peligrosos residuos radioactivos mortales que no se ve, no se nota, ni se huele, pero que mata tras una corta exposición al mismo. Para que los residuos nucleares dejen de ser una amenaza mortal para los humanos tienen que pasar 100.000 años, este es el tiempo que los ingenieros tienen planeado ocultar estos residuos nucleares en Onkalo, pero la pregunta es: ¿Y si civilizaciones futuras encuentran estos residuos nucleares, sabrán que tienen las horas contadas?

Esta madrugada, cuatro mujeres fueron rescatadas durante dos allanamientos que se realizaron en un prostíbulo denominado “Cat’s” y una vivienda particular de nuestra ciudad. Además, el operativo culminó con la clausura del local nocturno y con tres personas detenidas: el dueño, el barman y un  hombre que realizaba tareas vinculadas a la seguridad.

La medida fue ordenada por la jueza Gabriela Marrón, a cargo del Juzgado Federal N°2, por pedido del fiscal ad hoc José Nebbia, quien subroga la Fiscalía Federal N°2. Asimismo, el allanamiento contó con la participaron integrantes de la Fiscalía N°1, a cargo del fiscal Antonio Castaño.

Durante el operativo estuvieron presentes integrantes del Programa de Rescate de Víctimas del delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación, personal de la  Dirección Nacional de Migraciones y la representante local de la  Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Silvina Pasquaré.

La pesquisa comenzó a raíz de la denuncia anónima recibida el 25 de marzo en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. En esa oportunidad, una persona se refirió a la existencia del prostíbulo y dijo que habría alrededor de seis mujeres presuntamente explotadas sexualmente. Además, indicó que las víctimas vivían en el local y que el local funcionaba los domingos, miércoles y jueves de doce a ocho, evitando los restantes días de la semana para no alertar a la policía.

Al día siguiente, se registró otra denuncia sobre el mismo prostíbulo con sus presuntos responsables, una pareja de nacionalidad paraguaya, quienes les retendrían el documento a las mujeres que eran explotadas en el local nocturno.

El 1 de abril se ampliaron las denuncias. En esa ocasión, el denunciante refirió conocer los datos de dos mujeres de nacionalidad paraguaya que serían explotadas en el cabaret investigado.

Durante la investigación, se estableció los denominados “pases” se efectuaban fuera del prostíbulo, en un hotel alojamiento llamado Mesón Sur.

El local contaba con varias publicaciones a través de una serie de sitios web, cuyos anuncios garantizaban “El mejor lugar, tragos y la mejor compañía” y “Chicas muy sensuales te están esperando…baile del caño”.

Fuente: Fiscales.gob.ar