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El juez federal Alejo Ramos Padilla desestimó la denuncia que había realizado el camarista suspendido Néstor Montezanti ante una fiscalía provincial, por medio de la cual un policía bonaerense se infiltró en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur para investigar una pegatina de afiches. Además, respondiendo a otro pedido del fiscal José Nebbia, el magistrado ordenó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de Inteligencia Nacional.

Montezanti había realizado una demanda por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen del camarista luciendo una gorra militar.

La causa había sido iniciada en el fuero ordinario por impulso del propio abogado en noviembre de 2014 y pasó al fuero federal por incompetencia. En esa denuncia, el ex Personal Civil de Inteligencia durante el terrorismo de Estado había imputado el delito de desobediencia al profesor universitario José Dante Patrignani, a quien se le había ordenado en sede civil ordinaria “cesar en la instalación y difusión de afiches ridiculizantes”.

En el marco de esa denuncia, el fiscal provincial Rubén Álvarez había ordenado “tareas de investigación” que se tradujeron en un informe brindado en una declaración testimonial por el oficial subinspector de la Policía bonaerense Miguel Vaca. El uniformado “llevó a cabo múltiples tareas de inteligencia, entre ellas trató de vincularse con grupos socializantes de la Universidad Nacional del Sur, cosa que resultó sumamente dificultosa dado la condición de policía, la cual si bien mantuvo bajo reserva en todo momento, las personas con las cuales se pretendía vincular tienen pensamientos, ideologías y criterios distintos a los del deponente” (sic), señaló el policía, y, entre otras cosas, añadió que “aun así logró relacionarse con un par de jóvenes que participan de estos movimientos con los que tuvo cierto acercamiento, a punto de poder profundizar con la presente labor, pudiendo saber que Dante Patrignani, tiene acercamiento, o bien buena relación con los partidos de izquierda, entre ellos PO, liderado por Altamira; CTA; MCT; PCTU; PTF; con mayor acercamiento al Partido Comunista y Aduns, con cuyos líderes mantiene una estrecha amistad” (sic).

El fiscal Nebbia había desestimado el planteo de Montezanti por daño, perturbación del orden y desobediencia al no encontrar que la pegatina de afiches encuadrara en aquellos delitos y destacó que “las tareas de inteligencia” en la UNS son “una verdadera locura”, porque “lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

El juez federal resolvió en el mismo sentido señalando que “ninguno de los hechos imputados en este legajo ha reunido las exigencias típicas requeridas por los tipos penales objeto de estudio, no logrando en ninguno de los casos atravesar el umbral de la tipicidad, deviniendo indefectiblemente en la atipicidad de las conductas endilgadas”.

Además, en relación con el pedido de investigación sobre la violación a la ley de inteligencia nacional, Ramos Padilla precisó que “dado que los hechos descriptos son expresamente contrarios a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos los cuales generan responsabilidad para el Estado Argentino, corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Publico Fiscal, por ello, extráigase testimonio de la presente causa, fórmese causa penal y deléguese la instrucción al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación”.

Fuente: Fiscales.gob.ar

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur devolvió ayer las actuaciones del Tribunal Académico que juzgó a la docente Gloria Girotti, ex secretaria del Juzgado Federal Nº1 durante el terrorismo de Estado imputada por crímenes de lesa humanidad. En su dictamen, el jurado propuso “mantener abierto el juicio académico” y aconsejó “analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.

Girotti asistió al juez muerto impune Guillermo Federico Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 desde donde tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos hábeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.

Para la ex consejera Telma Alonso “el tribunal está confundiendo las cosas (…) no entiendo por qué estuvo dos años dando vueltas con el tema y no resolvió nada. Dice ‘el Consejo debería tomar alguna medida cautelar’. Los que tienen que tomar la resolución son ellos, tiene que absolverla, suspenderla o separarla del cargo. Corresponde que se expida taxativamente sobre qué opina”.

El consejero por la Lista Azul No Docentes Roberto Cimatti fue el miembro informante del proyecto aprobado y repasó el recorrido del expediente abierto casi cuatro años atrás. Ahora el Tribunal deberá dictar sentencia en un plazo de veinte días hábiles.

DSCN9663 (2)El pedido de juicio académico fue solicitado a mediados de noviembre de 2011 con el respaldo de 59 miembros de la comunidad universitaria y recibió el aval del Departamento de Derecho en marzo del año siguiente. Girotti recurrió la decisión de sus colegas y el Consejo Superior rechazó su planteo permitiendo que en junio de 2012 se sorteen los jurados entre una lista de profesores eméritos o consultos quienes recién se constituyeron en octubre.

En marzo de 2013 la acusada hizo su descargo. Un mes después renunció un integrante del tribunal y fue reemplazado en mayo por otro futuro renunciante. En agosto el jurado quedó nuevamente listo aunque recién reanudó sus reuniones en septiembre para solicitar información a la justicia sobre las causas penales en las que Girotti está imputada. La documentación fue recibida en marzo de 2014 y doce meses después el jurado requirió a la Dirección General de Personal de la UNS sobre la situación laboral de la docente.

Luego de este riguroso trayecto burocrático, el mes pasado estamparon sus firmas en el dictamen final simplemente proponiendo “mantener abierto el juicio académico”.

La resolución que ayer llegó al plenario del Consejo con el acuerdo de lxs consejeros Cimatti, Julieta Gutiérrez y Gonzalo Rodríguez (Unidad), Brenda Russo (MNR Desafíos), Guido Beltrami (Generación UNS) y el decano de Medicina Pedro Silberman, propuso devolver las actuaciones al Tribunal Académico para que dicte sentencia en los próximos veinte días hábiles.

DSCN9645 (2)En su argumentación recuerdan que el Reglamento de Juicios Académicos establece que el tribunal “deberá pronunciar sentencia (…) la que debe contener una recensión de lo sustancial de la causa, el planteamiento de las cuestiones surgidas, un análisis razonado y pormenorizado de los elementos de ella considerados conducentes para la solución del caso juzgado, efectuado conforme a las reglas de la sana crítica, y unas conclusiones en las que se indicará claramente si el imputado debe ser absuelto, suspendido o separado”.

El director general de Asuntos Jurídicos dictaminó que “lo resuelto por el Tribunal Académico no es, en términos jurídicos, un fallo” sino la suspensión del procedimiento y que esto no es una opción prevista en las normas.

A su vez, la iniciativa advierte que “no es óbice para tal pronunciamiento la inexistencia de una sentencia definitiva en sede penal, pues lo que juzga el Tribunal Universitario no son necesariamente la comisión de delitos (…) sino el reproche ético de conductas que vulneran el Estatuto de la UNS”. El jurado tuvo en cuenta “el carácter ético” de la instancia aunque eludió su responsabilidad y sugirió que “resultaría aconsejable analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.

La ex consejera y dirigente de ADUNS Telma Alonso recordó durante la sesión que Gloria Girotti, como secretaria del juez Madueño, “firmó la negativa a muchos habeas corpus de gente que estuvo detenida desaparecida y que después se demostró que evidentemente lo estaba y el Juzgado no hizo absolutamente nada para tratar de determinar si realmente era sí o no”.

DSCN9640 (2)La docente mencionó el testimonio en indagatoria del represor Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita y la cárcel de Villa Floresta, quien declaró que “muchos de los detenidos estaban con los ojos vendados y algunos engrillados. Cuando el juez le pregunta por qué él no hace la denuncia dijo: ¿Y por qué voy a hacer la denuncia si la dra. Girotti estaba presente, si ella veía lo mismo que yo estaba viendo?”.

“Me da la impresión de que lo que está pidiendo la comunidad universitaria, representada a través de estos miembros que presentan el juicio académico, es que se analice la conducta ética de Gloria Girotti, no la cuestión judicial. (…) Está demostrado que firmó los habeas corpus, que fue secretaria de Madueño -que murió preso por delitos de lesa humanidad-, que fue nombrada por un represor que dice que estaba presente cuando se le tomaba declaración a los detenidos desaparecidos.

“¿Esa persona tuvo un comportamiento ético compatible con su calidad de docente? ¿Puede estar formando a nuestros alumnos de derecho? Esa es la pregunta. No si tiene que estar presa o no”, aseguró Alonso y planteó que incluso el fallo es perjudicial para la acusada: “Gloria Girotti tiene un pedido de juicio académico, hay un tribunal que debe decir si es merecedora de ello, pero no tiene que tener la espada de Damocles en forma indefinida”.

Guillermo Lucanera de la Lista Blanca aseguró que “filosóficamente, teóricamente, estoy de acuerdo con lo que se pide pero tengo mis enormes reservas en relación al resultado de esta resolución. Son las que me van a llevar a abstenerme de votarlo porque no quiero votar en contra”.

“Este es un tema muy sensible para toda la universidad. Hemos designado un jurado que tiene que evaluar y realizar una sentencia hacia la persona en cuestión y la potestad de decidir o no sobre el trascurso de esta sentencia es por parte del tribunal y no del Consejo Superior”, opinó Guido Beltramini, representante del alumnado por Generación UNS.

Finalmente el cuerpo aprobó la devolución de las actuaciones al Tribunal Académico con una abstención y la exclusión de Javier Orozco de Línea PHI quien fue firmante de la solicitud del juicio.

La titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca, Gabriela Marrón, procesó a un hombre, a quien además le impuso prisión preventiva, y a una mujer acusados de haber engañado y trasladado con fines de explotación sexual a al menos tres personas trans en un privado.

Se trata de una pareja acusada de captar mujeres transexuales extranjeras en situación de vulnerabilidad, llevarlas al lugar donde ellos vivían y obligarlas a prostituirse. Además de ser el propietario del lugar, el imputado habría sido el el encargado de retenerles el 50% de las ganancias de los “pases” realizados por las víctimas.

La causa estuvo a cargo del fiscal Antonio Castaño, quien subrogaba la Fiscalía Federal N°2 de la ciudad bonaerense, hasta julio de este año cuando José Nebbia fue puesto a cargo de esa dependencia del Ministerio Público.

La investigación había comenzado en febrero, cuando una de las víctimas denunció que una de las imputadas le había ofrecido viajar a Bahía Blanca para alojarse en su domicilio y prostituirse a cambio se conseguir dinero para acceder a prótesis mamarias. Además, indicó que los acusados se hicieron cargo del pasaje y que, una vez en el lugar, le retuvieron la cédula de identidad y que le retenían el 50% del valor de los “pases”.

Durante la pesquisa, se estableció que en las inmediaciones del domicilio, personas del colectivo trans ofrecían “servicios sexuales” e ingresaban al prostíbulo. Asimismo, se determinó que el propietario del lugar sería el hombre procesado con prisión preventiva y que era el encargado del lugar y de retener la recaudación.

El 4 de octubre pasado, se realizaron cuatro allanamientos de manera simultánea en el privado de Bahía Blanca, en un cabaret y en otras dos propiedades, ubicadas en la ciudad Ingeniero White, a pocos kilómetros. Durante los procedimientos, se rescataron nueve personas.

Fuente: Fiscales.gob.ar

El juez José Luis Ares ordenó desmantelar la antena de telefonía celular 4G instalada en Agustín Álvarez y Rizzo. Fue en el marco del amparo presentado por la Asociación Civil Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca contra Telefónica Móviles Argentina S.A., la Municipalidad y el Club de Equitación. Deberá ser en el plazo de tres meses bajo apercibimiento de una multa de cinco mil pesos por cada día de incumplimiento.

El magistrado remitió la causa a la Fiscalía para investigar al intendente Gustavo Bevilacqua y los titulares de la Agencia Urbana, Planificación y Desarrollo y la Agencia Ambiental por posibles delitos violación, omisión o retardo de los deberes de funcionario público.

“Hay certeza científica acerca de la peligrosidad que acarrea la antena en cuestión, por lo que el principio preventivo exige tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la salud de los potenciales afectados y el derecho a un ambiente sano. Pero a mayor abundamiento, destaco que incluso en caso que la apreciación o convicción respecto de ese peligro fuera dudosa, sería imprescindible tomar la misma decisión por aplicación del principio precautorio que rige en materia ambiental”, aseguró el juez correccional.

Ares dejó sin efecto el certificado de prefactibilidad y el permiso otorgado por la comuna para “instalar y hacer funcionar la antena en cuestión, y ordenar que se cumpla la Ordenanza Municipal 17130 y declarar la inhabilitación para la emisión de señal o radiación alguna a través de dicha antena en dicha ubicación, para lo cual se comunicará esta decisión al organismo controlador, OPDS”.

“Comenzamos con una fuerte convicción y mucha valentía. Se conformó la ONG Salud Ambiental en Acción Bahía Blanca como una muestra de nuestra solidaridad, no queriendo que nuestro problema se traslade a otro barrio tal como nos propuso el intendente Bevilacqua, de sacarla de nuestro barrio e instalarla en otro. Quisimos en cambio trabajar para solucionar un problema que tiene solución, con compromiso político e inversión económica, colocando las antenas fuera del ejido urbano e instalando la tecnología adecuada para que la señal llegue a nuestros teléfonos en bajos niveles de emisión que no perjudiquen la salud y a los seres vivos”, dijeron lxs vecinxs denunciantes en Facebook.

La relocalización de la antena deberá realizarse tras una evaluación de impacto ambiental y el cumplimiento de la mencionada ordenanza en sector “fuera de la planta urbana y alejado de los centros de reunión”. El Club de Equitación deberá abstenerse “de colocar en su predio por sí o a través de terceros antenas de telefonía celular que emitan ondas electromagnéticas” en violación a la normativa local.

“La ordenanza fue sancionada por la presión de los organismos y de la gente, estuvo cajoneada en el Concejo Deliberante y no la quisieron aplicar. Cuando quisieron, le introdujeron modificaciones para tener ellos una parte del control y poder tener la cometa, lo único que les importa acá es el diezmo, el quince por ciento que manotean”, aseguró el abogado de la ONG Leandro Aparicio en relación a los funcionarios municipales.

Si bien el fallo es apelable, el letrado explicó que “la concesión del recurso es con efecto devolutivo” y no suspensivo, por lo tanto, la empresa deberá proceder a quitar la antena hasta tanto termine definitivamente la causa.

antena

El club local podría perder el próximo 11 de noviembre su histórica cancha ubicada entre Charcas, D’Orbigny y Haití producto de dos juicios laborales.

Roberto Achares, vicepresidente de la entidad contó en FM De la Calle que “nos enteramos por el diario local del remate, son dos juicios laborales, el primero es de Héctor Bustamente y el otro es de Lamas. Ellos eran dos empleados del club”. “Son gente con pocos códigos, en su momento quisimos arreglar, se ve que tenían al terreno en cuenta”, remarcó.

Achares resumió la situación de los clubes de barrio: “Lo real es que nos mantenemos con las cuotas sociales, las cuotas de los chicos y alguna publicidad. Se hace muy difícil, nosotros tenemos varias disciplinas, son 24 profes que trabajan y no podemos tener a todos como marca la ley, esa es la pura verdad”.

Con respecto a la multitudinaria asamblea que sucedió días atrás señaló que “los socios están más que preocupados, es la cancha de todo la vida. Vinieron de manera pacífica a apoyarnos a nosotros y a los ex directivos que están colaborando. Entre todos vamos a salir adelante”.

Foto: http://bellavistabb.blogspot.com.ar/

El concejal del Encuentro Amplio Raúl Ayude terminará su mandato en diciembre de este año. Fue co fundador del Frente Integración Ciudadana. Hace pocos meses se alejó de esta fuerza por diferencias políticas. El referente de la centro izquierda analiza en esta entrevista realizada durante el programa Tarde Piaste de FM De la Calle los resultados electorales, la situación política de la ciudad, el balance de su experiencia política frentista y las perspectivas del espacio político del que es referencia.

En la ciudad de Bahía Blanca los resultados del escrutinio dieron la victoria electoral al referente de Cambiemos, Héctor Gay, con un 43.58%. En segundo término se ubicó el legislador del FpV Marcelo Feliú, quién alcanzó el 35.30% de los votos positivos. El reciente referente local de UNA Hernán González Bécares obtuvo un 9.30%. La propuesta de Progresistas encabezada por Raúl Woscoff no alcanzó los votos suficientes para que ingrese un edil por dicha fuerza tras obtener un 7.30%. El FIT logró un 4.45%, resultado con el cual tampoco logra entrar al cuerpo deliberativo.

De esta forma, serán 12 los nuevos legisladores locales en el Honorable Concejo Deliberante. Laura Biondini, Constanza Rivas Godio, Fernando Compagnoni, Tomás Marsico, María Soledad Pisani y José Santomássimo lo harán por Cambiemos (6 bancas). Maximiliano Nuñez, Pablo Rosenfelt, Paola Ariente, Ezequiel Gimeno y Betiana Gerardi serán ediles por el FpV (5 bancas). El actual jefe de gabinete municipal Roberto Ércoli lo hará por UNA (1 banca).

Los referentes de cada espacio se pronunciaron luego del resultado electoral.





Foto: Pablo Romera

Días atrás el partido GEN presentó el Informe sobre desempleo en Bahía Blanca para grupos vulnerables y un plan de equidad laboral de género para lograr la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. “Queremos ver qué nos está pasando en Bahía Blanca para ver cómo revertirlo”, dijo a FM De la Calle la diputada nacional Virginia Linares.

Agregó que como entienden que el observatorio debería ser gubernamental, le propuso al intendente Gustavo Bevilacqua que la tarea sea encarada por el municipio pero “no mostró interés”. Según la legisladora, “nos pasa en Bahía Blanca lo que nos pasa en todo el país, la gran vulnerabilidad que hay con los jóvenes y con las mujeres”.

Justamente sobre las trabajadoras se enfoca esta edición del informe que, de entrada, destaca que “uno de los aspectos centrales de la situación de las mujeres frente al trabajo está dado por la doble responsabilidad -hogar y trabajo- que viven aquellas que desean trabajar y a las que se les plantean una serie de conflictos entre su desarrollo personal y su desempeño laboral, que se presentan frecuentemente como incompatibles”.

La diputada adelantó que presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto para crear una Comisión de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres que deberá integrarse con representantes de las áreas comunales de empleo y políticas sociales, del empresariado y los sindicatos.

En particular, también propondrán un ingreso igualitario al plantel de las Sapem Ambiental y de Transporte, sobre todo en esta última, descartando que “tienen las condiciones mínimas para manejar un colectivo tanto varones como mujeres”.

El estudio manifiesta que “el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado en el hogar –incluyendo quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado de niños, personas enfermas y ancianos- es del doble al triple del dedicado por los hombres”.

Citando al Consejo Nacional de las Mujeres, menciona que aún se mantiene “un conjunto reducido de ocupaciones que se definen como típicamente femeninas en términos culturales.   Las mujeres trabajan, fundamentalmente como maestras y profesoras, enfermeras, secretarias, dactilógrafas, empleadas de oficina y vendedoras de comercio, peluqueras y afines”.

familias“En Bahía Blanca, al igual que en otros centros urbanos del país y de América Latina, se ha registrado una profunda transformación del modelo de proveedor único del hogar, que predominó durante décadas. Ha ido quedando progresivamente atrás el modelo tradicional del ‘hombre proveedor’ -con un padre que trabaja y es el sostén único del hogar, la mujer como ama de casa a tiempo completo e hijos dependientes- reemplazado por familias de doble o múltiple ingreso”, dice el informe. Si este fenómeno se mantiene en la ciudad y el país “representaba ya en años recientes apenas algo más de un tercio de los hogares con núcleo de familia”.

El documento explica que “este cambio tiene amplias consecuencias, ya que conlleva un replanteo de los roles en el hogar y pone de relieve la importancia que ha adquirido la presencia de los aportantes adicionales de ingresos, entre los cuales les corresponde un lugar destacado a las cónyuges”. Por otra parte, es notable el aumento registrado en las últimas décadas de los hogares con jefatura femenina que en Bahía Blanca se traduce en un 32,2%.

En cuanto a la participación femenina en las actividades económicas, a finales de 2013, “las mujeres jóvenes de hasta 29 años, contaban en Bahía Blanca con una tasa de empleo (28,7%) que era la mitad de la de los hombres de las mismas edades (57,6%). Aunque algo más atenuadamente, esta misma situación se registraba en el grupo de 30 a 64 años, con el 63,2% de las mujeres empleadas y el 90,5% de los hombres en dicha situación”.

La desocupación les afecta con mayor contundencia que a los hombres: “En la ciudad en el último trimestre de 2013 y con una tasa general de desocupación del 8,7%, en tanto un 13,2% de las mujeres estaban desocupadas, sólo un 4,8% de los hombres lo estaban”.

Tampoco las favorece la brecha salarial dado que cuando “la media de ingreso mensual de la ocupación principal de los varones era de $5900, la de las mujeres $3800, un 36% menos”. El dato se replica “en todos los niveles de calificación laboral, y se incrementa entre las ocupaciones de menor o nula calificación, desde un 20% más de ingreso mensual promedio de los varones profesionales respecto a sus pares femeninas hasta un 60% más de ingreso para los varones no calificados respecto a las mujeres sin calificación”.

brecha salarial“Actualmente junto al notable aumento de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y a la asunción, por parte de ellas, de roles claves y de gran relevancia en los procesos de crecimiento y desarrollo económico –incluidas sus crecientes responsabilidades como jefas de hogar-, y aun habiéndose registrado una marcada mejora de sus niveles de instrucción y escolaridad –en los que desde finales de los años 90 superan a los varones-, persisten importantes brechas de desigualdad respecto a los varones que requieren ser atendidas concertadamente desde el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, concluyen desde el Observatorio.

El fiscal ante la Cámara Nacional de Casación, Javier De Luca, propuso archivar una denuncia del suspendido camarista Néstor Montezanti contra el profesor Dante Patrignani. Se trata de la supuesta “revelación de secretos políticos y militares” en la que habría incurrido el docente al difundir el legajo que demuestra la pertenencia del abogado al Destacamento de Inteligencia 181 durante la dictadura y su juramento de guardar “lealtad y fidelidad” al estado genocida.

El documento había sido presentado por Patrignani como prueba en la demanda civil que Montezanti le inició al considerar que el conocido fotomontaje que lo muestra con gorra militar “era difamatorio y humillante” y lo deshonraba “al ventilar su participación como personal civil del Ejército durante la última dictadura, de modo ilegítimo e arbitrario, además de considerarlos impúdicos”.

De Luca destacó que “la vergüenza del demandante por haber colaborado con el Ejército Argentino” no constituye delito y advirtió que, tal como informara FM De la Calle, del legajo militar “surge que con fecha 25 de septiembre de 1980 fue presentado a la Fuerza por el entonces Coronel José Osvaldo Riveiro, de modo que mediante los afiches se había dado a conocer un hecho verídico en el libre ejercicio de su libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos”.

En la primera instancia, la Fiscalía entendió que “la documentación no era de acceso restringido ni secreto para la mayoría de las personas” y el juez dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. El letrado, que será próximamente sometido a un juicio político en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, apeló y la Cámara Federal que supo presidir revocó la decisión por “prematura y contraria a derecho”.

Patrignani y la Fiscalía calificaron a resolución como “absurda y arbitraria en tanto sujeta la revocación de un archivo a medidas superfluas y sobreabundantes” y recurrieron a Casación, cuyo fiscal ahora insistió con la inexistencia de delito.

“No deja lugar a duda que el informe de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino en cuanto a que la documentación que fue presentada por el demandado en una causa civil, no posee la clasificación de seguridad que prescribe el artículo 16 de la ley 25.520, lo que imposibilita la violación de algún secreto. A ello, cabe agregar que fue presentada en el marco del legítimo ejercicio de un derecho, el de defensa en juicio y que, por ser de interés público, su uso y difusión tampoco puede constituir delito. Por todo ello considero que se impone el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito”, opinó.

También subrayó que Montezanti ejercía hasta hace algunas semanas la titularidad de cátedras en la Universidad del Sur y presidía la Cámara Federal de Bahía Blanca, por lo cual, el hecho de que “trabajó para el Ejército Argentino, constituye información de interés público que queda amparada por la libertad de expresión. La presentación de dicho documento en una causa civil no resulta suficiente para atribuir responsabilidad penal, por cuanto se estarían limitando los derechos vinculados con la información, y así también el debate público de cuestiones de interés general como garantía del sistema democrático”.

montEn su dictamen, De Luca recordó los fundamentos del Decreto 4/2010 que desclasificó la nómina del Personal Civil del Ejército entre 1976 y 1983, que reconoce que “mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa al accionar de las fuerzas armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de memoria, verdad y justicia” y que “la  decisión de un Estado democrático de clasificar y mantener información y/o documentación de carácter no público no sólo debe basarse en la necesidad de proteger la seguridad del Estado y sus relaciones multilaterales sino que debe también establecer un límite temporal a esa restricción”.

Asimismo, aclara que el accionar de las fuerzas armadas durante el genocidio “demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto”.

“Pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de ‘Secreto de Estado’ o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado. Cualquier limitación (…) podría obstaculizar una investigación completa y, por ende, impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables”, concluye.

Fuente: juiciobahiablanca.wordpress.com

El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense de Bahía Blanca, Néstor Alende, se refirió en FM De la Calle a las demandas de las trabajadores y los trabajadores del sector y anunció que “vamos a una jornada de lucha el 28 de octubre”.

Alende remarcó tres temas primordiales: “Exigimos que se trate en la Legislatura la ley de recuperación del 3% de antigüedad que hemos perdido, la ley de Paritarias y la ley de Autarquía”.

El secretario se explayó sobre estos dos últimos y explicó que “la ley de autarquía es un resorte del Poder Ejecutivo. Nosotros discutimos con dos patrones, uno como dije es el Ejecutivo, que abarca el tema monetario, y otro con la Suprema Corte que comprende las condiciones laborales”.  “Queremos una cláusula, queremos tener paritarias con o sin autarquía”, enfatizó.

Algunos dirigentes de gremio, en el caso local el propio Alende, están siendo perseguidos gremialmente. El tema fue planteado en una reciente reunión con el máximo tribunal provincial. El dirigente aseguró al respecto que “persiguen a los compañeros de varios rincones de la provincia y adelantó que  “el presidente de la Corte Suprema lo va a dejar sin efecto”.

Finalmente, el secretario de la AJB comentó que “hay varios peritos que no están cobrando la retención del título, ya sea escribanos o contadores.  A los abogados se lo están liquidando”.

Tres documentalistas francesas visitaron el estudio de FM De la Calle para contar su experiencia en el 30º Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mar del Plata y comentaron el trabajo que están realizando en la ciudad. Coline Dhaussy, Lucie Assemat y Marine Allard participaron del micro de Acciones Feministas en el programa En Eso Estamos.

“Se trata de ver cómo se puede manejar acá, en América Latina, las luchas por los derechos de las mujeres, por una vida libre de violencia y las luchas socioambientales que tienen que ver con la libertad de estar en el territorio donde quieres estar, como son los pueblos mapuches. Nosotras vemos acá en Argentina como un hilo rojo en términos de luchas por la autodeterminación, como fue la lucha de lxs trans para cambiar de estado civil, también como fue la lucha del matrimonio igualitario, tiene que ver en ganar libertad en la manera de gestionar tu propia vida”, comentó Lucie.

Agregó que “nos pareció interesante ir profundizando esa búsqueda con eso de los derechos colectivos, porque está muy bien que tengamos el derecho al aborto, que tengamos esas luchas, una vida libre de violencia pero también eso se tiene que inscribir en un marco de defensa de derechos, pues si eres mujer en alguna comunidad donde no tienes algún hospital cerca, algún centro de salud o no te dan el derecho a gestionar tu salud con métodos naturales tampoco puedes usar tu derecho individual. Queríamos ver como se podían manejar esas dos luchas y como podían confluir. También como llevar esos ejemplos a Europa”.

Sobre el Encuentro de Mujeres, Coline afirmó que “no esperaba tantas mujeres juntas en la misma ciudad, estuve muy emocionada, porque un encuentro con 60 mil mujeres o más es imposible en Francia”. “Sería posible hacer una revolución, es una buena esperanza para mujeres de todo el mundo, es muy importante con el documental hablar del encuentro, el mundo no conoce el ENM”, opinó Marine.

Lucie manifestó que “no solo se trata de la muchedumbre que éramos, también se trata de cómo se lucha acá. Yo nunca vi a tantas feministas, cantar, tocar, bailar, tanta alegría. Lo filmamos y veíamos a tantas mujeres bailar y agarrándose como si fuera, no sé… un tecno party en Francia feminista y con consignas políticas. De lograr hablar de femicidio, de violencia, de abuso, de maltrato cantando y bailando, dando fuerza y alegría. No es un milagro porque no creo en la Iglesia pero es muy inspirador”.

Las documentalistas conversaron acerca de la situación en Francia en materia de violencia machista, femicidio y políticas públicas. “En la ley francesa y en los tratados europeos e internacionales hay concepto feminista de violencia de género. En la nueva legislación en Francia hay noción. Ese concepto de violencia por cosas de género aquí ya está instalado. Pero en la práctica hay un gran problema de la formación de la policía, de los trabajadores sociales, de los médicos, de los servicios sociales. Entonces, cuando una mujer quiere dejar a su marido la dificultad empieza en ese momento, en todos los servicios sociales, para tener un apartamento, para abrir una cuenta bancaria, para tener a sus hijos, es muy complicado, es muy difícil”, comentó Marine.

Por su parte, Lucie acotó que “el nivel de tolerancia está bajando, eso es alentador. También la violencia psicológica está empezando a ser reconocida por parte de las mujeres, el personal de salud, policial, judicial se tiene que capacitar. Una cosa que ya como que no aguantan tanto como hace unos 10 años”.

“En Francia el aborto es legal hace como 40 años. No van a quitar el derecho al aborto en términos legales, la derecha lo quiere quitar con el programa de austeridad, centros de aborto, etc. Ahora ya no es tanto una batalla en términos legales sino más en presupuesto y acceso”.

Por último, al ser consultadas sobre su postura respecto a la prostitución, Lucie sostuvo que “mientras nos peleamos, estamos gastando un montón de energía en eso, no hacen falta los opositores para que nos estemos peleando. Hay un argumento de las reglamentaristas que las prostitutas tienen que tener derechos. Las abolicionistas dicen que no es un trabajo, que no pueden tener derechos por ese trabajo. Igual voy a sonar muy utópica diciendo esto, pero creo que todo el mundo debe tener los mismos derechos universales. Por tu trabajo que tengas derecho a la salud, a la educación, al retiro y por ahí se puede solucionar de esa manera”.

(Por Partido Comunista de Bahía Blanca) El próximo domingo la ciudad vota el color político del gobierno que ejecute los lineamientos del siguiente mandato. Pese a que se pretende polarizar la intención de voto, en coincidencia con el intento del sciolismo vs marcrismo, es importante observar las particularidades del fenómeno en nuestra región.

En términos generales, el macrismo es una fuerza de derecha que intenta instalarse con rostro propio sin tener que pedir prestado un partido popular para ejecutar sus políticas. Se muestra abierto al diálogo y habla sólo de “cambio” sin explicar cuál sería, dado que de hacerlo tendría que confesar los crímenes de clase que cometerá.

El Frente para la Victoria intenta, por su parte, mostrar el rostro humano del capitalismo basado en no perder los derechos asignados. Lo hace con un candidato que utiliza el discurso de lo realizado como base para avanzar cambiando lo que haya que cambiar. En este sentido, Scioli tampoco confiesa cuáles serán los cambios y qué sector social será el beneficiario.

Mientras tanto el gobernador anunció a su futuro gabinete de ministros que de progresista tiene lo que Macri de popular: ni la sombra.

Dejando de lado la oferta acotada de sectores trotskistas que no intentaron un frente que contuviera a todos los sectores en lucha sino que buscaron apoyo acrítico hacía su proyecto, llegamos a octubre de 2015 sin una herramienta política popular alternativa para confrontar contra las políticas de profundización del capitalismo y contención del conflicto social. El FIT no representa el crecimiento de la izquierda sino la expresión del fracaso en la búsqueda de una herramienta política amplia que contenga a las organizaciones populares.

En Bahía Blanca la derecha clásica realizó su apuesta coherente eligiendo como candidato al cuadro que han formado durante décadas: Héctor Gay.

Por su parte, el Frente para la Victoria no se quedó atrás en términos de sacar de entre los suyos el más conservador de los candidateables: Marcelo Feliú.

Mientras Héctor Gay brinda con su mentor, Vicente Massot, Marcelo Feliú lo hace con su amigo Montezanti. Gay siempre estuvo del lado de las empresas y contra “la gente”. ¿Algún militante político o social ha visto alguna vez a Feliú en 1 conflicto popular que pueda recordar? Cada quien tiene el derecho de ver lo que quiera ver en cada candidato. Sin embargo, por más mas baño de pueblo con el que intenta lavarse Hetitor y más progresismo kirchnerista con el que quiera vestirse el legislador destacado, el uno sigue siendo el vocero a sueldo de las empresas que nos matan y dejan nada a cambio, y el otro el señorito católico por el que apostó el conservadurismo social y empresarial.

Si bien es cierto que no es lo mismo el Frente para la Victoria que Cambiemos, cuando los candidatos asisten a debates tienen serias dificultades para mostrar alguna diferencia programática en torno al objetivo de sus fuerzas basado en la funcionalidad y el aliento a los negocios que han llevado a esta ciudad a ser una con los mayores índices de desocupación, a la dependencia económica de un Polo industrial que contamina y no genera gran cantidad de empleo ni deja riqueza hacia la comunidad, en una ciudad donde pasan miles de millones de dólares y esa sangría constante que sale en barco la pagamos los y las bahieses.

Creemos que, dentro de la pobre oferta electoral existente y en la necesidad de profundizar los esfuerzos por la constitución de una fuerza política alternativa del pueblo, el proyecto económico de Cambiemos y del FpV es consolidar los negocios de los mismos de siempre.

La foto de Scioli con el embajador yanqui y la tropa “progresista” prometiendo desarrollo no podría ser más gráfica. Gay pidió también su turno para entrevistarse con el funcionario norteamericano. Hace 30 años los mismos sectores prometieron desarrollo y construyeron un muro que nos tapa el mar y nos mata lentamente. Hablan de crecimiento pero no dicen para quién. Hablan de inversiones pero mientras los y laburantes, las pymes y los que no son grandes actores económicos luchan a diario y son asfixiados por diferentes trabas, hay otra ley siempre dispuesta a favoreces a quienes nada han hecho para el bien común y todo han hecho únicamente por sus propias arcas y beneficios.

En este contexto, Integración Ciudadana, aún con todas las diferencias que expresamos públicamente en su momento, representa una fuerza política que no tiene compromisos con esos sectores de poder y que puede dar al Estado un rol menos vergonzante que el de esclavo por elección. Y decimos Integración Ciudadano porque no apoyamos la lista, más allá de lo local, que el sello Progresistas presentó. Hablamos de una fuerza con sellos de goma que ha retirado el apoyo a los procesos populares, que ha expresado su apoyo a los sectores golpistas y antipopulares de Venezuela.

Volviendo al plano local, decimos nuevamente que no se puede ser progresista y conservador al mismo tiempo. No se puede ser pro imperialista y popular en simultáneo. Se puede ser una cosa y mostrarse como otra, pero la única verdad es la realidad y a la realidad todos y todas la tenemos en frente.

(Por Walter Rezzuti*) Porque creo que el acceso a la Tierra es cuestión prioritaria para miles de bahienses que buscan tener un lugar propio y, para ello, hay que enfrentarse al negocio y la especulación inmobiliaria, intereses que históricamente Gay ha defendido y lo sigue haciendo, al tener a su lado a personas que han acrecentado su patrimonio con la práctica de métodos propios de quienes no les importa permitir la posibilidad del acceso a un lote con servicios.

Porque creo que el sueño de la vivienda propia implica gestión e independencia empresarial por parte de un intendente que no se encuentre ligado a la obra pública tradicional, y que aplique en toda su magnitud la Ley de Acceso Justo al Hábitat, ley provincial que fue boicoteada permanentemente por Gay desde los micrófonos de la radio de la que fue empleado.

Porque creo que el trabajo y la generación de ingresos debería ser una política central en un gobierno municipal, que contribuya a la inclusión de la mayoría  postergada en una economía humanizada que ponga en el centro al trabajador y sus necesidades para el desarrollo de una vida digna, lo que implica cuestionar e intervenir sobre el proceder económico de corporaciones poderosas, al lado de las cuales Gay ha estado en las últimas décadas.

Porque creo que la respuesta a problemas sociales acuciantes es imperante, aunque ello implique enfrentar a sectores que actuaron en connivencia con los que Gay ha representado en sus años de periodista en LU2.

Porque creo que la defensa de la salud y su acceso gratuito como forma de favorecer el ejercicio pleno de derechos fundamentales, va a contramano de las palabras que Gay ha expresado permanentemente a favor de la medicina prepaga y en contra de los trabajadores de la salud.

Porque creo en la escuela pública como principio político de articulación de la igualdad de oportunidades, fundamentalmente desde los sectores populares, y en los docentes como instrumentos de transformación, es que no puedo dejar de recordar cada una de las palabras de Gay permanentemente defenestrando la lucha de los maestros y la situación de la educación pública en detrimento de la privada.

Porque creo en un concepto de cultura que implica el desarrollo de las comunidades barriales de sus propias capacidades y sensibilidades, a fin de recuperar el sentido de sociedad con metas comunes y sueños colectivos –y desde las producciones artísticas-, aspectos estos permanentemente bastardeados por Gay desde la postura de una cultura propia de las élites sociales.

Porque creo que es condición necesaria el desarrollo social en un medio ambiente acorde para el hombre y todos los hombres, no puedo dejar de recordar el ocultamiento de información y de hechos que Gay ha realizado sistemáticamente siempre a favor de los poderosos y nunca de las víctimas que sufrieron las consecuencias de un accionar signado por la lógica del mercado y en detrimento de la calidad de vida.

Porque creo que la inseguridad está íntimamente ligada a la seguridad social que brinda el trabajo, el acceso a la tierra y la vivienda, la salud, la educación, la cultura y el medio ambiente, es que no concibo la estigmatización permanente que ha hecho Gay de los sectores más pobres de la comunidad asimilando barrios pobres con delincuencia juvenil, como si no existieran valores a imitar desde de la realidad de ese sector.

Porque creo que al frente de los intereses de los bahienses debe estar alguien que haya estudiado y que tenga un título de grado, para comprender, con gran apertura de criterio, las distintas situaciones y hechos que se dan en una sociedad como la nuestra, y que requieren capacidad e interés en seguir aprendiendo y no mentes cerradas en preconceptos a los que Gay nos tuvo acostumbrados durante tantos años.

Por todo eso, y porque creo en un desarrollo económico pero también político, social y cultural inclusivo, es que pienso que sería un retroceso social si un hombre como Gay, con todas sus relaciones corporativas, con vasos comunicantes con los más poderosos sectores bahienses que no han permitido que todos tengamos un lugar en nuestro querido partido de Bahía Blanca, llega a la Intendencia de Bahía Blanca, al menos, sin un recorrido político que nos haya permitido evaluar sus acciones.

NO VOTO A GAY PARA INTENDENTE DEL PARTIDO DE BAHÍA BLANCA.

*Integrante de la Agrupación Municipal Nueva Bahía.

Mónica Dambolena es la mamá de Juan Cruz Manfredini, joven trabajador que murió hace cinco años tras una explosión en el depósito que la empresa Camin Cargo Control tenía en un dúplex de Cuyo al 1300. Según comentó a FM De la Calle, “pasó mucho tiempo y todavía no hay justicia. Está todo listo para el juicio oral, solo falta la fecha”.

Las presentaciones de los imputados fueron rechazadas por la Cámara de Apelaciones y “hay un veredicto de un juez que  marca la culpabilidad, solo tenemos que esperar la fecha. Estamos cansados, queremos que nos digan cuando y listo”, dijo en referencia al fallo que confirmó los procesamientos de  Marcelo Javier Camín y Norberto Maximiliano Metz.

La demora en la definición del inicio del debate se debe a la falta de fecha disponible “por la cantidad de casos atrasados que tienen la jueza y el fiscal”. “No sé si es político o qué. Yo quiero terminar con esto”, afirmó Dambolena.

Con respecto con la precarización laboral, la madre de Juan Cruz sostuvo que “en el puerto están trabajando en las mismas situaciones. Parece que a nadie le importa esta problemática, tienen más peso las empresas que el municipio o el Concejo Deliberante”.

Eduardo Mena, integrante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca y denunciante de la contaminación del estuario por parte de las empresas del polo petroquímico y ABSA, aseguró a FM De la Calle que no hay novedades en la causa y que el juez Agustín López Coppola “no tiene tiempo para atendernos”.

“Hace ya cinco años y no hay novedades, no hay movimientos. Las empresas siguen contaminando. Hemos hecho pruebas tan simples como agarrar un vaso de agua de lo que sale de las empresas, meter una lombriz adentro y se muere”, afirmó.

El pescador insistió en que junto al resto de los denunciantes quieren “ver un cambio, por lo menos que dejen de contaminar, más allá de la fuente de trabajo que me la arrebataron”. “Que una causa no avance por ahí es entendible con los términos judiciales, pero que sigan contaminando me parece un asesinato. Y no solo es el tema pescadores, se contamina toda Bahía Blanca, Villalonga, Punta Alta, porque esto es por agua y por aire”, declaró.

En cuanto a la actividad ictícola Mena explicó que “está muy pobre, ya casi no hay pesca, la mayoría -incluyéndome a mí- hemos salido a buscar otros trabajos como lo que es limpiar patios, cartonear y, algunos, trabajos ilícitos”. A la pérdida de la fuente laboral tradicional se suman las dificultades que les genera pelear judicialmente por sus derechos porque “ya no te toman en ningún lado”.

Mena sostuvo que tampoco encontraron respuestas en ámbitos políticos: “Promesas hemos tenido del Municipio, de todos lados, pero la única respuesta que hemos tenido es cuando hemos hecho disturbios, hemos quemado gomas, hemos hecho cortes. Lo cual yo lo he hecho pero no es de mi agrado, a mí se me enseñó a trabajar no a ir por la justicia, por lo legal. Yo entiendo que hay mucho poder por delante pero la contaminación sigue, nosotros estamos a la deriva, nos cerraron las puertas de todos lados. Hoy por hoy hacemos peripecias para darle de comer a nuestras familias”.

En cuanto al manejo de fondos públicos destinados a la reconversión pesquera o la indemnización de trabajadores resignados ante el avance industrial, Mena comentó que “podemos tener veinte mil deducciones pero pruebas no tenemos ninguna. Pero que hubo un mal manejo lo sabemos todos”.

“Eso lo dictamina la justicia y, bueno, ellos tienen el poder para investigar a quien tienen que investigar (…) Hay gente que se le dijo que se le iba a dar sesenta mil y le dieron veinte mil. Yo entiendo que en la pesca hay mucha gente que no sabe leer ni escribir pero me parece muy deshonesto que se hayan abusado de tal forma de haberles mostrado un montón de plata y que no sepan lo que era. Y bueno, los robaron, en cierta forma les robaron”, dijo.

Por otra parte, el pescador informó que tras las denuncias judiciales referidas a los atentados e intimidaciones sufridas por su grupo y su abogado “el tema se calmó muchísimo” aunque “desvió la causa”.

“Más de uno de nosotros tiene la vida jugada porque se sabe que nos estamos metiendo con gente que no se va a quedar tranquila. Esto ya del momento en que lo iniciamos teníamos de idea de que nos podía pasar algo, pero la lucha es que dejen de contaminar, la lucha es salvar nuestra ciudad, salvar nuestros hijos y poder tener una fuente laboral”, concluyó.

Luego de dos años de intenso recorrido en cines y festivales “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” está disponible para ver y bajar en internet. La tercerización, los negociados con los servicios públicos, el desvío de subsidios, el papel de la burocracia sindical y de los funcionarios políticos, la actuación de las fuerzas represivas (bajo el mando de Aníbal Fernández) son temas de enorme actualidad en la situación política reflejados en la película. Mirala en delacalle.org

Un intenso recorrido 

El 4 de abril de 2013 fue el día del estreno de “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” en los cines. Faltaban sólo dos semanas para la sentencia en el juicio por el asesinato de Mariano que terminaría con una histórica sentencia a una parte de los responsables políticos del crimen. Entre ellos uno de los principales líderes de la burocracia sindical que aún hoy continúa preso: José Pedraza.

Los realizadores Julián Morcillo y Alejandro Rath, junto al Ojo Obrero y la productora Puente Films, hicieron un gran esfuerzo para llegar con la película terminada para esa fecha con la intención de sumar el estreno a la campaña por juicio y castigo que ya era una gran causa popular con importantes hitos de movilización y expresiones artísticas de apoyo. En un mercado cinematográfico muy hostil para las producciones documentales nacionales (por el dominio del mismo por parte de las producciones norteamericanas) la película consiguió permanecer en cartel durante cinco semanas en cinco salas de la ciudad de Buenos Aires y estrenar en varias salas del interior del país (Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca, etc.) logrando superar la cifra de 10.000 espectadores. Incluso ese número podría ser superior si la película hubiese sido estrenada en una mayor cantidad de salas. Un dato que certifica esto es que la película logró estar en el top ten de cantidad de espectadores por función de todas las películas estrenadas en 2013. Este hecho y la gran repercusión obtenida en medios y críticas hablan de la importancia de la película en la lucha por el juicio y castigo.

La realización misma de la película fue producto de una excepcional movilización política. Martín Caparrós interpretando al protagonista; Iván Moschner y Lucía Romano realizando importantes papeles; la participación de Leonor Manso, Enrique Piñeyro y Soledad Villamil; los compañeros de lucha de Mariano y su familia que dieron su testimonio; los cientos de militantes que representaron los hechos del 20 de octubre; el equipo técnico que se sumó a la producción; la gente que puso su casa para filmar o que ayudó con la comida en el rodaje, las decenas de aportes recibidos para terminar la película; la campaña militante de difusión de la película; los miles de espectadores que llenaron las salas en los primeros días para permitir que la película siga en cartel… en fin, una película que pudo ser realizada y tener el recorrido que tuvo sólo porque expresó una causa popular y sentida.

Fuente: APEL.

La Corte Suprema de Justicia cerró la última querella por “calumnias e injurias” que el ex presidente de la Cámara Federal de Apelaciones imputado en la causa Triple A, Néstor Luis Montezanti, había iniciado contra el militante Alberto Rodríguez.

“Se ha resuelto declarar extinguida por prescripción la acción penal, quedando cerrado definitiva e irrevocablemente el proceso a favor del querellado”, sostuvieron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El ex estudiante se mostró “sorprendido” ante FM De la Calle porque desconocía que el docente suspendido hubiera recurrido al máximo tribunal.

“Otra vez miente miente, pero esta no le salió”, manifestó Rodríguez recordando el reportaje que el ex Personal Civil de Inteligencia de la dictadura se hizo en el diario de Massot acorralado por su pasado en la Universidad del Sur, el Consejo de la Magistratura y la causa penal en la cual el juez Ramos Padilla lo declaró en rebeldía por cobijarse en sus fueros para no ser indagado.

En el panfleto, Montezanti negaba su pertenencia a la Triple A y mentía: “Cuando un viejo y tenaz militante comunista quiso usar esa infamia en mi contra para limpiar la universidad de todos los profesores que se opongan al discurso homogéneo e intolerante de su facción, yo me sentí injuriado, lo querellé y gané el juicio”.

El represor comenzó la querella tras una serie de denuncias que Rodríguez hizo en 2002 ante el Consejo Superior de la UNS. En aquella reunión, el testigo del asesinato del dirigente David Cilleruelo por miembros de la Triple A exigió “analizar de una buena vez el plantel de docentes”, recordó que “aún hay personajes de la misión Ivanissevich que fueron cómplices de crímenes ocurridos en esta universidad” y señaló a Montezanti como “partícipe de la Triple A”.

“Eran cuatro querellas. Dos las pude demostrar ante el juez Ares, otra en el Juzgado de Mercedes que es adonde elevó la queja y quedaba la de la misión Ivanissevich la cual la Corte de la provincia la mandó a archivo y hasta ahí la había seguido. Después se ve que sin avisar mandó a la Corte Suprema de la Nación el recurso de amparo y acaba de salir que definitivamente las calumnias e injurias por las cuales me acusaba quedaron definitivamente archivadas dando la razón al querellado, que en este caso era yo”, comentó Rodríguez.

“Esperemos que pase también lo mismo con la Universidad del Sur donde los amigos de Bahía Blanca parece que todavía lo protegen“, dijo el actor y afirmó que si bien la imputación sobre la pertenencia del ex camarista a la misión Ivanissevich fue archivada, “él fue un abogado secretario del Departamento de Humanidades para hacer el listado de profesores para que luego quedaran cesantes. De eso no tengo pruebas que lo hizo pero sería interesante preguntarles a los docentes cesanteados qué hizo Montezanti en las pocas semanas que fue secretario”.

Mientras el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano se encamina lentamente a su fin, otro represor se benefició con la impunidad biológica. Esta vez fue el turno del ex jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora Domingo Ramón Negrete.

El ex capitán de navío falleció el viernes a los 85 años, según los avisos fúnebres publicados este fin de semana en el diario LaNueva. del empresario Vicente Massot, coimputado en las causas contra civiles y militares partícipes del terrorismo de Estado que se tramitan en Bahía Blanca.

La Fiscalía y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la APDH habían solicitado en sus alegatos la pena de 17 años de prisión para el genocida por ser coautor mediato de privación ilegal de la libertad en dos casos, un caso de imposición de tormentos agravados y uno de abuso deshonesto. En tanto el Equipo Nizkor y familiares de víctimas elevaron el pedido a 25 años.

El represor había nacido el 9 de abril de 1930 en Salta, hijo de Eduardo María y de Rebeca Irene Visich. Desde el 6 de febrero de 1976 al 31 de enero de 1977 ejerció la jefatura de la Base Espora, una de las principales bases operativas de la Aviación Naval en la cual se asentaban varias escuadrillas y un taller aeronaval.

Familiares, amigos y el consorcio del Edificio Caviglia, en cuyo piso 15 cumplía prisión domiciliaria oraron por la “querida memoria” del reo y sus camaradas de armas de las “Promociones 79 ENM, 18 CMN y 82 EAN” mostraron en las páginas de La Nación, pesar por su muerte “en situación de detenido político” .