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Terminó el debate del juicio Armada

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Con las últimas palabras de algunos de los 22 imputados por crímenes de lesa humanidad que son juzgados en Bahía Blanca, terminaron ayer las audiencias del debate oral en la Causa Armada. Los acusados son hombres de dicha fuerza naval, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral ratificó que el próximo miércoles 25 de noviembre a las 18:30 dará lectura al veredicto.

El fiscal José Nebbia rechazó una serie de nulidades planteadas por la defensa oficial en relación a la incorporación a la prueba de declaraciones tomadas durante la instrucción y las inspecciones oculares a los centros clandestinos de detención.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los campos de tortura y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

“Voy a dar por terminado y concluido y cerrado el debate correspondiente a la causa 1103 caratulada ‘Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterado, homicidio agravado reiterado en perjuicio, entre otras personas, de Guillermo Aníbal Aguilar’ y convoco a todos, a las partes, para el día 25 de noviembre a las 18:30 que se va a dar lectura del veredicto que va a caer sobre esta causa”, dijo el presidente del Tribunal José Mario Triputti.

tribunal efemedelacalleAntes, José Nebbia -quien estuvo a cargo de la acusación junto a Miguel Ángel Palazzani- rechazó los pedidos de nulidad solicitados por la defensa oficial. Uno de ellos estaba relacionado con las declaraciones testimoniales tomadas por la Unidad Fiscal durante la investigación de la causa “sin el control de las partes”. Entre las cuestionadas estuvo la del ex colimba Aníbal Américo Agotborde.

“Este testimonio estuvo a disposición antes de ser elevado casi tres años, esta Fiscalía no se puede hacer cargo de suplir el trabajo de la defensa. Además tuvieron la oportunidad de preguntarle ampliamente en el debate oral y no lo confrontaron con los testimonios prestados en ese momento en la instrucción”, afirmó  Nebbia. “Más allá del momento puntual en que se tomó la declaración del testigo  lo cierto es que la práctica y procedimiento del Ministerio Público Fiscal siempre es el mismo (…) ellos marcan la cancha, toman las declaraciones y después nos invitan a jugar”, se cubrió el defensor Marcos Marini.

Otra de las nulidades apuntaba a las inspecciones oculares cuyos resultados, según la defensa, fueron contradictorios. “Quiero señalar que la primera inspección ocular fue hace muchísimo tiempo, estaba Cañón todavía de fiscal, pasó Córdoba, estamos nosotros. Y en esa oportunidad no se inspeccionó la séptima batería, fueron la tercera, la cuarta y la sexta. Todos los sobrevivientes fueron convocados y (algunos) estuvieron en condiciones materiales y emocionales de ir y otros no”, comentó el fiscal.

Luego de rechazar dichos planteos, el representante del Ministerio Público pasó a rectificar algunos errores expresados durante su alegato referidos a fechas de actuación de algunos represores y se detuvo en la reivindicación de la testigo Diana Diez: “Fue secuestrada, fue abusada dentro del centro clandestino, hace diez años murió de cáncer, no pudo venir a explicar lamentablemente ella misma lo que le habían hecho. En épocas en que la impunidad reinaba, valientemente declaró y contó todo lo que supo y reconstruyó lo que les había sucedido a ella y a sus compañeros. Así que tratarla de mentirosa habla más de quien lleva adelante esa conducta que de la propia sobreviviente emblemática”.

Al momento de las últimas palabras de los imputados, el primero en tomar el micrófono en el Aula Magna de la UNS fue el prefecto Luis Ángel Bustos “muy preocupado por su salud y su familia”, seguido por su colega Néstor Alberto Nougués, quien se consideró “inocente de todos los cargos” porque no conoció a las víctimas dado que “siempre estuve en una oficina”.

El ex guardia de La Escuelita Raúl Artemio Domínguez sostuvo que “hace dos años, ocho meses y once días que estoy privado de la libertad por una causa que no tengo nada que ver” y el teniente coronel (r) Guillermo González Chipont agradeció el permiso para ver a su hijo una vez por mes.

El ex jefe de la Sección Informaciones de Prefectura Francisco Martínez Loydi quiso que el tribunal “sepa algo de mi vida” y repasó “algunos hechos que me marcaron” como su “voluntario” ofrecimiento para ir a Malvinas años después de cometer los crímenes que se le imputan. Al ex titular de la cárcel de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya, le llamó la atención que la ex presidenta Estela Martínez de Perón y su ex ministro Carlos Ruckauf no aparezcan en el juicio aunque hayan sido quienes “ordenaron que actúe de la forma en que actué”.

Alejandro Lawless, quien fuera jefe de sección en el Batallón de Comunicaciones 181 volvió sobre su careo con un ex colimba y el ex responsable de la Fuerza de Tareas Nº2 de la Armada, Gerardo Alberto Pazos, afirmó que “se han sacado del contexto histórico hechos que ocurrieron en el país durante los años 70”

Tomás Hermógenes Carrizo comandó la contrainteligencia en Puerto Belgrano y leyó en su “condición de marino” unos párrafos de una carta de un almirante yankee a otro nazi que tras la segunda guerra mundial reivindicaban la obediencia debida. “Finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubrí las facetas oscuras, corruptas y confusas de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba desde el comienzo de mi vida, fueron la justicia, la política y la Armada”, rezongó Enrique de León, quien fuera encargado de la contrainteligencia en Baterías.

Raúl Oscar Otero aseveró que su cargo en el Batallón de Comunicaciones 181 era logístico y que no tenía injerencia fuera de la unidad y habló de su estado de salud. Pedro Alberto Pila explicó “algunas facetas” de su vida “cuando casi daba por terminado su ciclo en la Prefectura Naval Argentina” porque había perdido su vocación de servicio cuando la fuerza se involucró “en funciones ajenas a su función específica”.

El ex jefe del Departamento Seguridad y Comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano José Luis Ripa pidió “a dios ilumine a vuestras excelencias para que dictaminen mi sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata” y Carlos Andrés Stricker insistió en diferenciar el Batallón de Comunicaciones 181 del “cuartel de Villa Floresta” del Ejército y afirmó que por los crímenes que se le achacan “tendrá que dar cuentas mi jefe que está muerto”.

Todos ellos, más los que ayer prefirieron el silencio, escucharán qué será de su futuro el próximo miércoles 25 a las 18:30 en Colon 80, sede del rectorado de la Universidad Nacional del Sur a cuya comunidad supieron reprimir crudamente.

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Protesta por persecución sindical

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Hoy se realizará una jornada de protesta convocada por la Asociación Judicial Bonaerense en repudio a la persecución gremial que ejerce el Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, contra el flamante secretario general de la departamental local, Néstor Alende.

La medida se da en el marco del Congreso General Ordinario que sesionará en Bahía Blanca en solidaridad con Alende. Al mediodía se realizará una asamblea en el hall de tribunales y luego se marchará a la sede del Ministerio Público Fiscal para reclamarle a Fernández por la persecución y hostigamiento que lleva adelante contra el trabajador judicial.

“Decidimos realizar esta acción gremial en Bahía Blanca porque los trabajadores judiciales no podemos tolerar que un compañero sea sancionado por hacer valer sus derechos. El sumario fue armado burdamente por el Fiscal General, en reacción a los límites que Alende puso a su accionar arbitrario y violento”, señaló Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.

Cabe recordar que Alende fue sancionado por negarse a cumplir una orden inconstitucional de su superior y Fiscal General, Juan Pablo Fernández. “Se puede decir que no, acá la obediencia debida no existe, cuando algo es ilegítimo no tenemos que agachar la cabeza y cumplirlo, tenemos que denunciar, hay muchos compañeros sumariados, hay fiscales e instructoras sumariadas”, dijo el secretario General de la AJB Bahía Blanca.

Por su parte, Abramovich señaló que estamos ante “un intento de atacar la libertad sindical en el Poder Judicial, que lamentablemente viene siendo avalado por el accionar corporativo de un sector del Poder Judicial que pretende que no exista un sindicato que defienda los derechos de los trabajadores”, concluyó.

La AJB y la Federación Judicial Argentina han realizado numerosas protestas y gestiones ante la Procuradora María del Carmen Falbo, solicitando el archivo del sumario contra Alende.

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Caso Patronato: “Esperamos el fallo con confianza”

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Este jueves a las 12:30 el Tribunal Criminal Nº2 dará a conocer su veredicto en el juicio contra Néstor Luis Ibars, imputado por abuso sexual agravado por acceso carnal y por el retraso madurativo de su víctima, una ex interna del Patronato de la Infancia. En 2008, el caso destapó las irregularidades y mala atención que recibían lxs menores en la institución y una innecesaria judicialización y polémica sobre el aborto no punible generada por grupos “pro vida”.

“Son tres personas denunciadas, a dos se logró imputarlos. Eran Eber Mardones, que falleció, y Néstor Ibars y Juan Esteban Mardones que está prófugo de la justicia. La Fiscalía pidió doce años de condena, nuestra abogada que es la dra. (Claudia) Gauna pidió 15 años y el dr. (Jorge) Sayago de la defensa oficial pidió la absolución porque consideró que había contradicciones en los dichos y las excusas técnicas que siempre surgen en estos casos”, dijo a FM De la Calle la madrina de la joven, Fernanda Petersen.

Al debate fueron incorporadas por lectura las declaraciones que realizó la víctima durante la instrucción. “Por eso el fiscal (Rodolfo De Lucía) al momento de alegar referenció que no hay que perder de vista que el único testimonio que hay que tener en cuenta, que es el de mi ahijada, estaba en la Cámara Gesell y que al ser un delito que se produce entre cuatro paredes todo lo que ella dice está corroborado por las pericias psicológicas, por la gente a la que ella se lo contó. Creo que este sistema favorece porque declarar en un tribunal con las circunstancias que tiene y un defensor, que tiene todo el derecho legal y técnico a preguntar, hubiese generado una situación en ella demasiado violenta”.

La abogada testificó al igual que su hermana María Agustina por ser “las primeras personas que tomamos contacto con la situación”. Luego se presentaron las psicólogas que atendieron a la chica en la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía y médicos del Hospital Penna que realizaron el aborto terapéutico.

“Por parte de la defensa estuvo el director del Patronato, Antonio López, y Verónica Godoy, que es la trabajadora social y que obviamente referenció que no recordaba nada. Ella es una pieza muy importante no dentro de este juicio sino del que se está siguiendo al personal técnico y directivo del Patronato porque ellos por parte del hermano tomaron conocimiento de que en la casa de la persona que falleció se habían dado situaciones que no eran las adecuadas. El hermano de mi ahijada es una persona alcohólica, violenta, él se responsabilizó de que esto no iba a volver a pasar y esta información nunca la acercaron a tribunales”, aseguró Petersen.

La denunciante, quien en la época de los hechos era secretaria del hogar, agregó que la justicia se enteró de los abusos “cuando con mi hermana ese lunes nos presentamos en el Patronato diciendo: ‘¿Qué pasó? ¿Quién hace la denuncia con nosotras?’. Nadie nos acompañó y ahí empezó todo este camino que llegó, después de siete años pero llegó al fin, contra Néstor Ibars, que también es una persona que trabajaba para la Dirección General de Escuelas con lo que esto implica”.

“Empezar a poner blanco sobre negro ayuda porque, más allá del tiempo que haya pasado y la sentencia que se pueda llegar a tener o no, el tema de visibilizar y de que estas cuestiones no queden en la nada y sobre todo el tema institucional del Patronato de la Infancia. Mi ahijada le contó lo que ella había vivido con todos los detalles a Susana Camblor, a Verónica Godoy y al psicólogo de la institución Esteban Godia y nadie hizo nada. No solamente que no hicieron nada sino que le dijeron que habían hecho un evatest y que como dio negativo consideraron que no era tan grave, que de eso no se hablaba”, dijo.

Petersen subrayó que “generarle a una víctima de abuso ‘de esto no se habla, esto no es bueno’, obviamente es victimizarla doblemente. Y no fue por parte de gente que tal vez no conoce este tipo de situaciones, fue por parte de personal calificado o que debería serlo, que trabaja en una institución que también es responsabilidad del Estado porque recibía becas -y lo sigue haciendo- del Estado municipal y provincial”.

Respecto a la falta de memoria planteada por la trabajadora social Verónica Godoy, Petersen afirmó que “ella está imputada penalmente por estos hechos, tiene que acordarse, se analizará en su momento si con esta cuestión comete algún delito o no y si es así la denunciaremos con mi hermana porque no vamos a permitir que esta gente siga haciendo lo que le plazca. Uno cuando va a un juicio oral tiene obligación de decir verdad de todo lo que sabe, ella hace menos de dos años declaró todo esto en la Fiscalía de la dra. Herro, salvo que haya un certificado que diga que tiene amnesia total no puede olvidarse. (…) Ella dijo textualmente: ‘De esto voy a hablar en mi juicio’, como si esto fuera una obra de teatro en la que uno tiene exclusividad y no puede hablar en otro canal”.

“Los testigos de la defensa intentaron demostrar que mi ahijada mentía, que fabulaba, que era mentira que fuera tantas veces. Todo eso quedó más que acreditado así que esperamos con confianza el fallo”, manifestó Petersen. Mañana las juezas Eloisa Errea de Watkins y Claudia Fortunatti y el juez Eugenio Casas darán su veredicto en los tribunales de Estomba 54.

Foto: DesBandadas.

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Impulsan ordenanza sobre techos verdes

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El arquitecto Raúl Luisoni se refirió en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle al proyecto de ordenanza sobre “techos verdes” que analiza el Concejo Deliberante. Según el profesional, se trata de “realizar sobre la estructura de una casa o edificio el crecimiento de plantas, ya sean nativas o adaptadas y de pequeño porte en lo posible” para no incrementar los costos.

Luisoni comentó sus aspectos positivos: “Los beneficios son varios, la aislación térmica de las superficies es uno. También evita la voladura de polvo en los días ventosos. Gozaríamos de una ciudad con menor temperatura y menor amplitud térmica. A modo personal, en la casa de uno no estaría con tanta temperatura y en la noche no despediría calor la estructura del hogar. Todo depende y es en función del clima de una ciudad”.

“En la estructura de losa es un poco más sencillo realizar un techo verde. Ahora, en la estructura de chapa es más complejo, hay que hacer una subestructura para que aguante. Igual es un gasto mayor a no realizarlo. (…) Estaría bueno incentivar a las zonas del centro y macrocentro que es donde existe mayor calor. Cuando salís para lugares más periféricos, cambia la cuestión, hay más plantas. Se está estudiando un descuento en el ABL para estimular a los consorcios de los edificios”, añadió.

En el plano político, Luisoni recibió el apoyo de la concejala Elisa Quartucci: “Se interesó en el tema y consultó al Colegio de Arquitectos. Durante años tratamos de darle un marco legal, que tenga una serie de beneficios, públicos y privados y además, que la gente lo entienda”.

“En Rosario y Capital Federal están legislados. Hay varios puntos de país donde ocurre. Acá pasó en una casa del barrio Palihue recuerdo. Todo depende del clima, realmente es muy difícil que haya un verde absoluto”, sentenció.

Texto: Diego García.

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Falla en Profertil y multa a Dow

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El fin de semana circuló por Facebook un comunicado de la empresa Profertil dando cuenta de “una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco” que provocó un “fuerte ruido”, el cual se agregaba que las autoridades estaban “debidamente informadas”. Sin embargo, vecinxs whitenses se quejaron por la falta de comunicaciones a la población.

El coordinador del Comité Técnico Ejecutivo, César Pérez, aseguró en FM De la Calle que “es normal que eso suceda en estas plantas de proceso” y que no ameritaba difundirse desde la comuna. Además, se refirió a la multa que finalmente le impondría el Municipio a la empresa Dow por no informar oportunamente sobre la explosión e incendio registrada en una de sus plantas la semana pasada.

“El único comunicado que hemos recibido de Profertil es de ayer a la tarde en el cual nos comunicaban que estaban poniendo en marcha sus unidades”, sostuvo Pérez. En las redes sociales, la empresa había dicho el sábado: “A las 19 horas del día de hoy se produjo una falla en la turbina del compresor de aire de la planta de amoniaco. A raíz de esto se pudo percibir un fuerte ruido. En el curso de las acciones que a continuación se sucederán por esta parada imprevista de la planta podrá observarse mayor luminosidad en las antorchas de proceso y, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro habitual. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas como es habitual en estas maniobras”.

“Son secuencias operativas y las mismas protecciones por proceso que por alguna causa han parado el equipo, el compresor, es normal que eso suceda en estas plantas de proceso”, afirmó el titular del CTE y agregó que “una falla puede determinarse que un instrumento detectó alguna variable fuera de lugar en el compresor, entonces, por seguridad automáticamente mandan a parar el compresor, eso es propio de todo lo que es el funcionamiento de esta máquina”.

En cuanto a la comunicación del episodio, que se limitó solo a la voluntad de la empresa en las redes sociales, Pérez comentó que “muchos de esos comunicados los recibimos nosotros vía el sistema de radio que tenemos con la empresa”. ¿No amerita que se lo comunique a la comunidad?, se le preguntó. “No, no”, respondió.

Luego de este mediodía, Profertil reportó a los medios por correo electrónico: “La compañía informa que, normalizada la situación que dio origen a la salida de servicio del Complejo, se han iniciado las maniobras de puesta en marcha de las unidades productivas de urea y amoniaco. Durante este proceso podrá observarse una mayor luminosidad en antorchas como así también, eventual y esporádicamente, un incremento del nivel sonoro. Las autoridades municipales, provinciales y nacionales están debidamente informadas según lo acostumbrado en estos casos”.

Multa a Dow

Si bien en principio la Agencia Ambiental y el CTE descartaron infraccionar a Dow PBB Polisur por la explosión e incendio en una de sus plantas (foto), el viernes resolvieron enviar al Tribunal de Faltas una denuncia por incumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas.

“A través de todo lo que es la legislación nacional y provincial no teníamos ningún elemento para poderla sancionar. Sí después corroborando los datos y la secuencia de llamados en el Proceso APELL del Plan de Respuestas a Emergencias Tecnológicas (PRET) observamos que la empresa no había hecho un comunicado dentro de los treinta minutos como lo dice el Plan. Se le está imputando una falta por la ordenanza municipal 17.087”, dijo Pérez.

La empresa debió dar explicaciones sobre lo que estaba sucediendo el martes 3 en Dow dentro de los treinta minutos posteriores a la explosión a través de Radio Nacional. El Juzgado de Faltas podrá aplicarle una multa de entre cincuenta y cien sueldos municipales.

Por otra parte, el coordinador del CTE sostuvo que el PRET depende de tres componentes: “Las empresas, la comunidad en la cual están incluidos los equipos de respuesta, llámese Bomberos o Defensa Civil y la Municipalidad. Hay un protocolo en el cual iniciado el evento, si no lo categoriza la empresa en función de lo que puede estar sucediendo, se hace una primera categorización de un Nivel 1 y después se va viendo si es necesario o no aumentar de nivel”.

“El Proceso APELL tiene un coordinador que desde hace un año no ha sido nombrado, estando a cargo del CTE y por tener cierta relación con el proceso y por tener la guardia que son los primeros que están en la emergencia, transitoriamente estoy yo como coordinador y llevando adelante el desarrollo y las actividades de las tres comisiones que tiene el proceso”, relató.

En la explosión de Dow la categorización fue de Nivel 1 aunque se registraron tres heridos. “No teníamos certeza si había o no heridos, con lo cual estábamos en un Nivel 1. Cuando ya estaba todo controlado el fuego, ahí recién nos avisan que había una persona un poco aturdida por el ruido, nada más. Teniendo en cuenta eso, se evaluó junto con el director de Defensa Civil que no era necesario subir al Nivel 2. Sí después finalizado y dado por concluido el PRET, que fue alrededor de las 16:10, sí hubo dos personas que tenían algún golpe en la mano pero el evento ya había finalizado”.

El Nivel 2 hubiese implicado la conformación de un “comité móvil” integrado por representantes de Defensa Civil, Policía, Dow y el municipio “para seguir cuál es el avance del incidente hasta tanto finalice”.

Que la empresa haya informado tarde la existencia de heridos, para el titular del CTE, estaría dentro de la misma infracción elevada al Tribunal de Faltas aunque todavía “la comisión de Respuesta a Emergencia del Plan APELL” debe “determinar si todos los protocolos también se siguieron con respecto a los avisos”.

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Gay pretende reflotar el Plan Estratégico

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El arquitecto José Zingoni fue invitado en los últimos días a formar parte orgánica del gobierno municipal del intendente electo Héctor Gay. El ofrecimiento surgió por su labor en la elaboración del Plan Estratégico durante el gobierno de Jaime Linares. “Lo bueno que tiene esto es no hay un plan de gobierno sino un plan de ciudad”, dijo el presidente del GEN.

“El plan en su momento fue una herramienta novedosa, buscaba definir el horizonte de la ciudad de una manera muy participativa, nosotros trabajábamos en conjunto con distintas instituciones locales y privadas. En principio se realizaba un diagnostico participativo, luego un menú de programas y proyectos. Lo que se mezclaba son los aspectos técnico de desarrollo local como el metodológico empleado para llevar a cabo un plan”, explicó a FM De la Calle.

El arquitecto recordó problemáticas que continúan vigentes: “La cuestión de la contención de la periferia, el acceso de la gente a la tierra, estos temas han quedado de lado. El desarrollo portuario es una de las cosas más importantes para la ciudad y dio un giro importante. Fijate que el puerto crece hacia adentro, no hacia afuera. Uno de los fines del plan era trabajar para la comunidad”.

Añadió que “después del 2003 hay cosas que sobrevivieron del plan, como por ejemplo el tema de los ensanches de algunas calles. Lo que tenía que ver con el tránsito, los espacios públicos, los edificios históricos, todas estas cuestiones han quedado de lado”. Además, remarcó, “no se compró ni un metro de tierra para ampliar el actual relleno (sanitario), no hay ni un solo informe de cómo van las cosas en la temática de residuos”.

El plan contemplaba la problemática del agua en la ciudad. “Durante nuestro trabajo tomamos como fundamental los informes realizado en la Universidad del Sur. Hicimos una ponderación de varias opiniones, el mismo avance tecnológico en esta materia fue y son importantes. En la actualidad se ha desatendido la voz de los especialistas en esta materia”.

Con respecto al ofrecimiento del macrismo, Zingoni manifestó que “fue una propuesta generosa de parte de Gay. Yo estoy agradecido pero respondo a un sector político y no voy a cambiar. Mis deseos eran formar parte de un hipotético gabinete de Virginia Linares y no se dio. Desde hace tiempo que tengo en claro en qué lugar estoy y quiero estar. Políticamente es mi lugar”, sentenció.

El presidente del GEN aclaró que “sería bueno y necesario reflotar, renovarlo al Plan Estratégico. Estoy pensando con mi equipo de trabajo en ser un asesor externo del nuevo gobierno comunal, pero todavía no definimos”.

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UNS: Resultado de elecciones en Alumnos

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Sin inconvenientes, se llevaron a cabo los comicios para elegir representantes de estudiantes en distintos órganos de gobierno. La Junta Electoral informó los resultados provisorios de la elección.

Para el Consejo Superior, la Lista Unidad obtuvo 2.774 votos, y cinco cargos; Generación UNS, 2.522 y cuatro cargos; MNR Desafíos 518, sin cargos; Frente Estudiantil Popular de Izquierda, 478 votos, sin cargo; Franja Morada, 282, sin cargos. Votos en blanco, 134.

Para la Asamblea Universitaria: Unidad 2.716 votos y 11 cargos; Generación UNS 2.539 y 10 cargos; MNR Desafíos 554 y dos cargos; Frente Estudiantil Popular de Izquierda 480, un cargo; Franja Morada, 293, sin cargos. Votos en blanco: 134.

Fuente: Prensa UNS.

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Con orgullo contra la derecha machista

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Una nueva Marcha del Orgullo se realizará este sábado a las 16 en Plaza Rivadavia para reivindicar la lucha por la libertad sexual y los derechos LGTBI “enfrentando la impunidad, la represión y la derecha ajustadora y machista que se viene”. Durante la jornada se recordará y demandará justicia por las víctimas del odio homolesbotransfóbico como Diana Sacayán y Alejandra Galicio.

“Mientras en la provincia no se aplica la Ley de Educación Sexual Integral, las compañeras trans siguen en su mayoría en situación de prostitución y con una expectativa de vida de menos de 40 años, y siguen muriendo mujeres en abortos clandestinos, Scioli (Que llama a Negre de Alonso -Abiertamente del Opus Dei- para integrar la Corte Suprema) y Macri siguen representando el programa de la derecha machista, pro-Bergoglio y antiabortista de más represión, más persecución y menos derechos. La igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida en este sistema de opresión y explotación”, asegura la convocatoria.

Por otra parte, “mientras grupos de choque que apoyan al intendente electo del Pro atacan y amenazan de muerte a activistas LGTBI y de izquierda en Mar del Plata, los mismos que atacaron junto con la policía a la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres, en la provincia de Córdoba, en Salta, etc, siguen aplicándose códigos contravencionales que habilitan a la detención de personas LGTBI sólo por su identidad. Se suceden día a días los asesinatos de odio a compañeras trans. El más visible últimamente fue el de la activista Diana Sacayán, que denunciaba la complicidad del aparato represivo con el narco y luchaba por los derechos laborales de las personas trans”.

“En nuestra ciudad siguen falleciendo compañeras trans jóvenes y, mientras la iglesia y la policía se legitiman y ejercen su permanente violencia simbólica y física sobre las mujeres y la diversidad sexual, se cumplen 10 años del asesinato de Alejandra Galicio por ser travesti y nunca se investigó al respecto”.

Galicio tenía 33 años cuando el jueves 7 de abril de 2005 fue encontrada malherida en las cercanías de avenida Cerri al 900 en un sector de la desocupada edificación de la ex bodega Arizu lindante con las vías del ferrocarril. Ingresó al Hospital Municipal con traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, contusiones varias y traumatismos de rostro, además de la existencia de un hematoma cerebral, según concluyó una tomografía computada, pero su estado no le permitió en los días de agonía, prestar declaración testimonial. Murió a las 5:45 del día 11 de abril por la brutal golpiza recibida.

La Marcha del Orgullo fue organizada por la Comisión de la Mujer y LGTBI del CEHum con la adhesión de las siguientes agrupaciones: BíoCentro; Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas y Niños; Agrupación de mujeres Pan y Rosas; Acciones Feministas; DesBandadas; Agrupación universitaria Tesis XI; Puño y Letra; Cardumen; Colectivo Pueblo en Lucha; Partido de los Trabajadores Socialistas; Partido Comunista; La Fede de Watu; Diversidad y Liberación; y Juntas y a la Izquierda.

Escuchá al docente Facundo Martínez en diálogo con FM De la Calle:

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Causa Armada: el 25 se conocerá el veredicto

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Durante la tarde del 25 de noviembre, el tribunal oral subrogante de Bahía Blanca dará a conocer el veredicto del juicio contra 22 de los 25 represores que comenzaron a ser juzgados en julio de 2014 por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina. La fecha será antecedida por las audiencias de réplicas y dúplicas convocadas para el miércoles 11 y el jueves 12.

Esta semana terminaron los alegatos de las defensas públicas y privadas que ocuparon las últimas seis sesiones del debate oral. Los abogados solicitaron la absolución de los imputados que pertenecen a la Armada, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

A casi cuatro décadas del inicio formal de la dictadura cívico militar, muchos serán lxs testigos, sobrevivientes y familiares que no podrán ver plasmado el histórico reclamo de juicio y castigo, al igual que no serán de la partida muchos de los responsables del terrorismo de Estado. En este caso, el ex contralmirante Manuel Jacinto García Tallado y el prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli fueron apartados por problemas de salud y los ex capitanes de navío Domingo Ramón Negrete y Guillermo Félix Botto, como diría el psicoanalista Alfredo Grande, gozan de “la impunidad de los cementerios”.

La causa analiza los hechos padecidos por 66 víctimas en los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que funcionaron en el Buque ARA 9 de Julio -amarrado en la Base Naval de Puerto Belgrano-; en la Base de Infantería de Marina Baterías; en las dependencias de la Prefectura naval en Bahía Blanca e Ingeniero White; en el edificio de la Policía de Establecimientos Navales; y en Batallón de Comunicaciones 181 y La Escuelita, en el ámbito del V Cuerpo del Ejército.

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani solicitaron penas de prisión perpetua para 18 represores y de 10 a 25 años para los restantes. Además, pidieron que, como reparación integral a las víctimas, se aplique un “derecho a réplica colectivo” y la parte resolutiva de la sentencia se publique en “un lugar visible y destacado” del diario de la familia Massot. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario La Nueva Provincia como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino”.

La revocación de la prisión domiciliaria de los acusados, los trabajos de prospección en el predio de la Séptima Batería “para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos” y la baja por exoneración y/o destitución de los represores fueron compartidas por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y la APDH. También por el abogado César Sivo, quien se diferenció al rechazar la tipificación de genocidio para los crímenes juzgados y calificarlos como delitos contra la humanidad.

Los genocidas llegaron a juicio por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios y, durante el debate, el tribunal aceptó ampliar la imputación por delitos sexuales contra 19 de ellos. “Las víctimas habían contado los abusos y las violaciones que sufrieron estando secuestradas y eso debía ser juzgado en este juicio”, aseguró entonces el fiscal José Nebbia. Los jueces destacaron la “interdependencia entre el cautiverio, las torturas y los abusos de índole sexual que se produjeron en un mismo lugar de detención respecto de la misma persona”.

Para comprender estos crímenes específicos en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, la “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”, alegó la querellante Mónica Fernández Avello.

Los abogados oficiales Marcos Marini y Gustavo Rodríguez y los particulares Mauricio Gutiérrez, Luis De Mira, Gerardo Ibáñez y Sebastián Olmedo Barrios coincidieron en el pedido de absolución de sus clientes.

Los días miércoles 11 y jueves 12 la Fiscalía tendrá la oportunidad de contestar varios planteos de nulidad realizados por las defensas y luego el tribunal escuchará las réplicas y dúplicas, previas a las últimas palabras de los represores y el veredicto de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava.

El banquillo

Los imputados de la Armada Argentina son los ex capitanes de navío Tomás Hermógenes Carrizo; Oscar Alfredo Castro; Edmundo Óscar Nuñez; Alberto Gerardo Pazos y Enrique de León; los ex capitanes de fragata José Luis Ripa y Leandro Marcelo Maloberti; el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi y el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons.

Del Ejército Argentino están acusados el ex suboficial Felipe Ayala; el ex coronel Carlos Andrés Stricker, y el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; el ex suboficial mayor Víctor Raúl Aguirre; el ex suboficial Raúl Artemio Domínguez y el ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont.

Completan el banquillo los ex prefectos navales Francisco Manuel Martínez Loydi; Pedro Alberto Pila, y Néstor Alberto Nougues y Luis Ángel Bustos; el ex prefecto del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Luis Selaya y el ex comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Óscar Fogelman.

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Un mar de fueguitos entre las sierras

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Desde mañana se realizará la sexta Feria del Libro de Sierra de la Ventana en los galpones del ferrocarril. No será solo un encuentro dedicado a las Letras sino también una oportunidad de disfrutar de buena músic10rnos en la decoración y demás. El año pasado fue el agua, este es el fuego y nos dejamos guiar por el cuento de Galeano ‘Somos un mar de fueguitos’ como norte para reunirnos”, dijo ayer desde la organización Ana Clara Pérez.

La feria “nació como un impulso de la Biblioteca Mariano Moreno y su gente para poder traer libros de afuera. En este pueblo no hay librerías que vendan, tenemos a las bibliotecas populares de Sierra y Villa Ventana muy activas pero no tenemos otros espacios para poder adquirirlos”.

“Se empezó a hacer esta feria con ese fin y además en el pueblo hay muchos escritores, grupos de poetas que se juntan a escribir, a hacer talleres, a inspirarse en este lugar que nos rodea para escribir. Un poco la feria es esto, que vengan libros, que vengan editoriales de otros lados para nutrirnos, para poder abrir el espectro y que los locales tengan dónde mostrar sus obras y también es una excusa para muchísimas otras artes”, agregó Ana Clara.

cronograma feria sierra

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“No pondrás la otra mejilla”

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La muestra “Arte para desnaturalizar la violencia hacia mujeres y niñas”, organizada por el Frente Julieta Lanteri y FEIM (Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer) que se desarrolla durante toda esta semana en el Centro Histórico Cultural de la UNS en Rondeau 29, tuvo como invitada a Mabel Bianco, presidenta de la organización.

“Las chicas, que son cinco artistas jóvenes, han hecho estos afiches para demostrar que no es natural la violencia hacia las mujeres. Y que hay que sacarlas del rol de la victimización para protegerse”, aclaró Bianco en conferencia de prensa.

“La violencia hacia las mujeres y niñas es una de las formas más severas, más silenciadas y menos denunciadas de violación a los derechos humanos. Impacta sobre mujeres de todas las edades, culturas y condiciones socioeconómicas con graves consecuencias sobre su integridad física y emocional así como su desarrollo personal y social. Tiene su origen en la desigualdad estructural de poder entre mujeres y hombres y en la reproducción de estereotipos de género que promueven la desvalorización y subordinación de las mujeres”, inicia el folleto explicativo de la muestra.

Bianco también habló acerca de los candidatos a presidente que al parecer no tienen planeado incorporar los temas de las mujeres en la agenda política y mucho menos en el debate. “Tener una gobernadora mujer no alcanza, es más que nada la intensión que tenga. Tampoco podemos pensar que porque hay una mujer en el gobierno se arregla todo”.

¿Qué hace falta para mejorar la situación de las mujeres víctimas de violencia?: “Falta articulación entre las diferentes áreas (policial, judicial, de salud) falta acción conjunta con la familia y los amigos. No alcanza con el botón de pánico o la exclusión del violento (…) porque igual la encuentra”.

Además, Bianco mencionó el problema que existe con los protocolos de atención y como dificulta la tarea: “Se podrían mejorar las cosas si los tuviéramos y todas fueran tratadas de igual manera, que no las rechacen, que no le pida esto o aquello, o que sigan los casos”.

Respecto a la educación sexual, la presidenta de FEIM, aclaró que es una deuda del Estado que “el Ministerio de Educación no ha hecho programas de educación curriculares para la erradicación de la violencia para que lxs niñxs tengan una formación. Tampoco se hacen campañas de difusión”.

El viernes a partir de las 16, dos de las artistas que exponen esta muestra (Clara Desimone y Florencia Miguel) realizaran visitas guiadas para grupos de estudiantes de secundario o terciaron que deseen ir. La entrada es libre y gratuita.

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A las 13 sentada pacífica en la rotonda de PBB

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Ayer a las 14 10 una explosión sacudió Ingeniero White y barrios lindantes. Tres trabajadores fueron hospitalizados. Según informó la empresa DOW, donde se produjo el hecho, la situación estuvo fuera de peligro hacia las 15 30.

Sin embargo, el Comité Técnico Ejecutivo emitió un comunicado recién a las 20 30, es decir, seis horas después del siniestro.

Hoy a las 13 vecinxs de White llevarán a cabo una “sentada pacífica en la rotonda de PBB”. Una de las preocupaciones es cómo actuar en caso de emergencia. Durante la tarde de ayer fuimos a recorrer la vecina localidad. En general, lxs vecinxs manifestaron su preocupación por la falta de información y, en función de eso, la incertidumbre respecto de qué hacer ante una situación donde la desinformación y la incertidumbre van de la mano. “Si hay una situación de emergencia no tenemos vías de salida” de la localidad. Sostienen que “el proceso apell” no sirve.

“Ayer estaba tranquila en casa durmiendo a mi hijo. Más que la explosión sentí un temblor. Como estoy acostumbrada me quedé escuchando a ver si volvía a escuchar ruido. Automáticamente empezó a sonar la sirena de los bomberos. Ahí me empecé a preocupar y a averiguar. No salí, busqué en las redes sociales”, dijo Cintia, vecina de White, a FM De la Calle.

“Es la segunda vez que pasa en el mismo reactor. La primera vez pasó a mediados de octubre. El mismo reactor”, agregó.

“Lo que hice fue dirigirme al CTE. En ese momento (Cesar) Pérez (responsable del organismo) no estaba, obviamente. Me atendió uno de los chicos que está de controlador y me explicó más o menos la situación. Así me enteré. Pero realmente fue un caos porque después te vas enterando de todo. En ese momento no tenía a mi hijo en el jardín pero padres que tenían chicos en los jardines empezaron a llamar desesperados y tengo entendido que los propios maestros confinaron a los chicos después de escuchar el ruido. La onda expansiva se escuchó hasta Villa Nocito. Esto fue muy grave y no lo digo yo, me lo dijo gente del CTE”.

Preocupada por la participación vecinal en pos de la búsqueda de salidas a la problemática, Cintia remarcó que “esto sigue. No se sabe por qué explotó la primera vez ese reactor. Todavía están esperando las pericias. Por lo tanto, si pasó en octubre vamos a saber por qué pasó esto el año que viene”.

Escuchá la nota completa:

Por su parte, esta mañana la empresa DOW informó a través de REX Comunicaciones lo siguiente:

A menos de 9 horas de ocurrido el evento,  reportado el 3 de noviembre, en la planta de polietileno de baja densidad (LDPE), compartimos  información reunida, luego de un análisis aún preliminar del incidente, con la intención de aportar algunas aclaraciones, en la medida de nuestras posibilidades actuales:

–       A las 14.10 hs se produjo una pérdida de etileno seguida de incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.

–       Por el momento no estamos en condiciones de definir las causas, las que están siendo investigadas mediante un proceso que involucra a especialistas locales e internacionales.

–       A las 14.12 hs las autoridades del CTE recibieron el primer llamado de la empresa, reproduciendo la información que dentro de las plantas se estaba transmitiendo por radio a través del canal de emergencia.

–       La emergencia fue categorizada Nivel 1 dentro del marco del Proceso APELL. Esto significa que el evento estuvo confinado, acotado en todo momento dentro de los límites de la unidad operativa en cuestión y sin implicar riesgos para la comunidad cercana. Para este tipo de categorización, no está previsto que se active la sirena comunitaria, ubicada en Ing. White.

–       La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de dos dotaciones de bomberos de Ing. White y una de Prefectura.

–       El final de la emergencia se declaró a las 15.30 hs. En total participaron unas 50 personas, utilizando equipos propios y de los cuerpos externos.

–       Los sistemas automáticos de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.

–       Dentro del conjunto de empleados propios y contratistas, hubo 3 personas afectadas. Una de ellas, que se encontraba cerca del lugar del evento, fue atendida por aturdimiento y retirada en camilla para estudios más completos en el Hospital Privado del Sur. Las otras dos, que se encontraban en edificios linderos dentro del complejo, fueron asistidas por contusiones en sus manos. Los exámenes posteriores no revelaron lesión alguna. Los accidentes fueron catalogados como casos de primeros auxilios y ninguno de ellos se encuentra hospitalizado.

–       La planta se encuentra parada, en condición segura. El resto del complejo está en operación normal.

–       Se están evaluando los daños, comenzando las tareas de limpieza y remoción necesarias para proceder con la investigación del incidente.

–       Las autoridades de control fueron debidamente informadas y puestas en conocimiento de las acciones tomadas. Se hicieron presentes en la planta y realizaron las inspecciones visuales pertinentes.

–       Los medios de comunicación locales recibieron información a requerimiento.

–       En principio podemos reportar daños materiales localizados en la planta, laboratorio de control de calidad y sector de logística.

–       Queremos destacar y felicitar públicamente la capacidad de respuesta y  el profesionalismo del personal propio que participó en el control de la emergencia,  como así también a los grupos de Bomberos Voluntarios de Ing. White y de la Prefectura Naval Argentina.

–       Asimismo ponemos énfasis en que todas las barreras de protección y los sistemas de detección y respuesta se activaron de acuerdo con lo previsto con el objetivo de minimizar impactos a la seguridad de personas, instalaciones, medioambiente y comunidad cercana.

–       Entendemos que eventos de estas características generan preocupación en nuestra ciudad y seguimos a disposición para aportar y completar todas las aclaraciones que resulten necesarias.

–       Continuaremos compartiendo el estatus de la situación a medida que progresemos en la investigación y en las acciones necesarias hasta reanudar la operación normal de la planta.

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Incendio en planta de Dow

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Alrededor de las 14 se registró una explosión y posterior incendio en la planta DOW del Polo Petroquímico. Las instalaciones fueron evacuadas. Una persona fue hospitalizada por aturdimiento y otras dos sufrieron traumatismos en sus manos.

Vecinxs de la zona y trabajadorxs de plantas linderas salieron a la calle preocupadxs porque “temblaban los vidrios y volaban fierros por el aire”, según sostuvieron distintos testimonios a FM De la Calle. Mientras tanto, personal de la firma, Bomberos de White, Defensa Civil y Prefectura Naval se trabajan para apagar el incendio.

Cabe recordar que el 9 de octubre el CTE infraccionó a PBB POLISUR S.A (DOW Argentina) por falta de aviso inmediato de un evento de fuego ocurrido en la misma planta de producción de polietileno de baja intensidad.

Actualizaciones:

Para este miércoles a las 13 fue convocada una SENTADA VECINAL en la ROTONDA de PBB y el CORTE PACÍFICO de una de las ENTRADAS MÁS IMPORTANTES a la EMPRESA DOW.

La información brindada por el CTE a las 20:30

12212431_899071810170581_1471977689_nLa Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca informa que el Comité Técnico Ejecutivo (CTE) actuó inmediatamente ante la explosión e incendio ocurrido en la planta de Polietileno de Dow Argentina, hoy a las 14:10 hs.

A través de Defensa Civil se activó el Plan de Respuesta a Emergencia Tecnológica (PRET) categorizando a la emergencia de nivel 1. No fue necesario activar las sirenas comunitarias ni enviar los mensajes masivos de texto, debido a que no se preveían consecuencias que pudieran afectar a la población, tal como es indicado en el Proceso Apell. Cabe aclarar que tanto las sirenas comunitarias como los SMS alertan a los vecinos y los llaman a confinarse y a tomar distintas medidas de autoprotección.

A las 16:10 luego de concluida la emergencia y previa recorrida por la zona afectada, Defensa Civil dio por finalizada la emergencia.

Se recibieron 80 llamados de vecinos de distintos puntos de la ciudad al teléfono de emergencias 911. Personal del CTE se comunicó con ellos a fin de informarles sobre lo ocurrido y lo actuado por el organismo.

Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos personas con posible traumatismo de manos.

La planta se encuentra parada, se solicitó a la empresa un informe técnico completo de  las causas que originaron el incidente,  como así también informar previamente a la puesta en marcha para realizar una inspección.

La versión oficial de la empresa difundida a las 16:30

Dow cumple en informar que en el día de la fecha a las 14.15 hs, por causas que aún no se pueden determinar, se produjo una explosión con un incendio en la zona de reacción de la planta de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) ubicada en la Av. 18 de julio.

La situación fue controlada por la brigada de emergencia interna con apoyo de los cuerpos de bomberos de Ing. White y de Prefectura, declarándose el final de la emergencia a las 15.30 hs. Los sistemas de parada de planta y de respuesta a emergencia se activaron inmediatamente y se conformó el equipo de crisis del complejo para dar soporte a la contención del evento.

Hubo una persona atendida y derivada al hospital por aturdimiento y dos personas con posible traumatismo de manos por pérdida de estabilidad. El resto del complejo está ajustando su operación debido a la posible afectación de áreas comunes. Las autoridades de control fueron debidamente informadas y en conocimiento de las acciones
tomadas.

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“Juan Cruz está entre nosotros”

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El sábado pasado familiares y amigxs de Juan Cruz Manfredini festejaron su cumpleaños con música al aire libre. Se trata del joven que murió trabajando para la empresa Camín Cargo Control Argentina S.A., contratista del polo petroquímico, en 2010.

“Recordar a Juan de lo que a él le gustaba hacer. Para toda la música él se prestaba siempre”, dijo a FM De la Calle Mónica Dambolena, mamá de la víctima.

DSC07129Refiriéndose al espíritu de la convocatoria, sostuvo que “es un slogan que yo puse: de estar con nosotros para a estar entre nosotros. Cada uno que lo ha vivido y lo ha conocido lo lleve dentro de él”.

Por su parte, Gino Manfredini dijo que ”hoy cumple 31 años mi hermano Juan Cruz, que falleció en el año 2010 en un explosión que sucedió 5 días antes, laburando para una empresa extranjera que precarizaba gente. Pero esa es otra historia porque lo que estamos haciendo acá es conmemorándolo como si estuviera en vida”.

La actividad se desarrolló en la Plaza Rivadavia y contó con la colaboración técnica de la Feria de Artesanxs de Bahía Blanca.

También grupos y solistas colaboraron a través de su participación. Fueron Willy Traversa y su banda, La Wafflera, Pulmotor y Anestecia. De la última banda participó Juan Cruz y en la tarde del sábado estrenaron una canción escrita por él, que no había sido tocada aún.


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Educación: pública vs. privada

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El Suteba Bahía Blanca presentó este martes el informe “Educación Pública: los números de la crisis” en el cual se manifiesta que “en el transcurso de estos ocho años, lejos de cumplir con la promesa de la ‘recuperación de lo público’ el gobierno privilegió el desarrollo de la educación privada a través de subsidios discrecionales y le otorgó el status de ‘pública de gestión privada'”. En este artículo ofrecemos una entrevista con la subsecretaria de Educación gremial, Monserrat Gayone, y otra con la postura del jefe Distrital Santiago del Santo.

Para el sindicato, “el sostenimiento del sistema privado y la continuidad de la transferencia de responsabilidades a los presupuestos provinciales, junto a la Emergencia Económica son el corsé que impide materialmente el crecimiento de la educación pública estatal. El congelamiento presupuestario afecta tanto el cobro de los salarios docentes y auxiliares como la creación de nuevos cargos, el pago a los proveedores, la creación de nuevas escuelas y jardines y la refacción y/o mantenimiento de las existentes”.

Gayone subrayó en el documento que “luego de casi una década de obligatoriedad del nivel inicial, este no creció sustancialmente. Para que ingresen más alumnos de cuatro y cinco años, quedan afuera los de tres. Si no pueden concurrir a privado se inscriben condicionales, a la espera de vacantes. Así es que se registran sólo 497 niños más que en 2007, quedando este año 733 como condicionales”.

En el caso de la escuela primaria se registró una pérdida de 400 alumnxs cuyo “destino más probable” fueron las instituciones privadas. “Se evidencia también una dinámica de la matrícula desde las escuelas periféricas hacia las más céntricas y de éstas a las escuelas privadas. De esta manera se sigue trasladando la creciente fragmentación social al sistema educativo”.

Al analizar la educación especial, la dirigente del Suteba destacó que “comparando los datos de 2007 y 2015 se contabiliza una baja de 194 alumnos. El nuevo paradigma ‘social’ que desalienta la derivación de alumnos con necesidades educativas especiales y la inclusión como estrategia universal está a la base de la baja de matrícula en el sector”.

El informe desarrolla el caso de la Escuela 509 y concluye que “la falta de espacio, la demorada creación de cargos y la carencia de recursos, por los que hace años reclama la escuela y su comunidad educativa, perjudica a los niños y jóvenes con discapacidad, más allá de la promesa incumplida por el Estado de la ampliación de derechos”.

Finalmente, desde el gremio se sostuvo que en el nivel secundario, a pesar de su obligatoriedad, se registró una pérdida de 4161 pibas y pibes entre 2007 y 2015. Sobre sus causas, se planteó la hipótesis de que parte de la matrícula haya pasado al sector privado y otro tanto haya optado por el plan FINES o proyectos de terminalidad similares. “La educación secundaria es el nivel con mayores problemas de infraestructura que se arrastran desde la reforma de los 90 -transferencia de escuelas de Nación a provincia-, creación precaria de secundarias en edificios de primaria, falta de obras de reparación y mantenimiento de los edificios de las escuelas Medias y Técnicas preexistentes. Un rasgo muy significativo del período es la fragmentación curricular profundizando la ruptura del nivel con el conocimiento disciplinar”.

educacionEl jefe distrital de Educación, Santiago del Santo, coincidió con los datos publicados por Suteba pero no “con la interpretación que se hace” de los mismos. Acordó además en el rechazo a “los resultados nefastos para los derechos de las personas” que trae el neoliberalismo y criticó la falta de diálogo y colaboración por parte del gremio para “construir y sacar adelante las cuestiones del Estado que son responsabilidad de todos”.

Respecto a la variación de la matrícula planteó analizar cuáles son las variables que intervienen: “Los compañeros de los gremios han suspendido 71 días de clases en el año 2014 y 36 días de clase -38 solamente el Suteba- en el 2015. Entonces, pararnos en la vida cotidiana de las familias, yo como papá, y seguramente las cuestiones de infraestructura van a incidir, hemos hecho mucho pero falta muchísimo por hacer (…) pero creo que pesa mucho, mucho, muchísimo más, además de este análisis de políticas ideológicas profunda, que no tengan clases”.

“Ninguna acción mía va en contra de la educación de gestión privada, es parte de la educación pública porque en el mismo lugar, en el mismo artículo de la Constitución Nacional donde está consagrado el derecho a aprender, también está el derecho a enseñar”, aseveró.

Sobre la baja en la matrícula del nivel inicial el funcionario aseguró que en la comparación entre los últimos dos años no se registraban menos alumnxs sino la misma cantidad -tomando a lxs chicxs de cinco como caso testigo-. “Apareció un dato significativo que eran 200 chicos más en privada, la explicación se dio en algunos colegios privados de Bahía Blanca que abrieron su jardín, por ejemplo el Don Bosco y otros lugares que abrieron mayor cantidad de salitas. Ahora, la meseta de por qué se mantenía la misma cantidad de chicos era algo que no le encontrábamos explicación y lo logramos viendo la tasa de natalidad. Afirmamos exactamente lo mismo que el Suteba, (aunque) pensamos que las causas son múltiples y no solo una”.

Del Santo informó que hay cuatro jardines por construir para atender la demanda de las salas obligatorias, dos edificios están en obra y los restantes pendientes por falta de terrenos propios. Más adelante se refirió a la sobredemanda de matrícula en sectores que han incrementado su población, las obras financiadas por el Fondo Educativo y la falta de cargos y otras problemáticas de la Escuela Especial 509.

“El presupuesto de la educación en la provincia de Buenos Aires se lleva el 33% del presupuesto oficial y de ese 33 el 98% se aplica a sueldos. Entonces, en ese volumen de dinero estamos gestionando para que las cosas vayan donde tienen que ir”, afirmó el jefe distrital.

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Ordenan investigar espionaje en la UNS

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El juez federal Alejo Ramos Padilla desestimó la denuncia que había realizado el camarista suspendido Néstor Montezanti ante una fiscalía provincial, por medio de la cual un policía bonaerense se infiltró en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur para investigar una pegatina de afiches. Además, respondiendo a otro pedido del fiscal José Nebbia, el magistrado ordenó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de Inteligencia Nacional.

Montezanti había realizado una demanda por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen del camarista luciendo una gorra militar.

La causa había sido iniciada en el fuero ordinario por impulso del propio abogado en noviembre de 2014 y pasó al fuero federal por incompetencia. En esa denuncia, el ex Personal Civil de Inteligencia durante el terrorismo de Estado había imputado el delito de desobediencia al profesor universitario José Dante Patrignani, a quien se le había ordenado en sede civil ordinaria “cesar en la instalación y difusión de afiches ridiculizantes”.

En el marco de esa denuncia, el fiscal provincial Rubén Álvarez había ordenado “tareas de investigación” que se tradujeron en un informe brindado en una declaración testimonial por el oficial subinspector de la Policía bonaerense Miguel Vaca. El uniformado “llevó a cabo múltiples tareas de inteligencia, entre ellas trató de vincularse con grupos socializantes de la Universidad Nacional del Sur, cosa que resultó sumamente dificultosa dado la condición de policía, la cual si bien mantuvo bajo reserva en todo momento, las personas con las cuales se pretendía vincular tienen pensamientos, ideologías y criterios distintos a los del deponente” (sic), señaló el policía, y, entre otras cosas, añadió que “aun así logró relacionarse con un par de jóvenes que participan de estos movimientos con los que tuvo cierto acercamiento, a punto de poder profundizar con la presente labor, pudiendo saber que Dante Patrignani, tiene acercamiento, o bien buena relación con los partidos de izquierda, entre ellos PO, liderado por Altamira; CTA; MCT; PCTU; PTF; con mayor acercamiento al Partido Comunista y Aduns, con cuyos líderes mantiene una estrecha amistad” (sic).

El fiscal Nebbia había desestimado el planteo de Montezanti por daño, perturbación del orden y desobediencia al no encontrar que la pegatina de afiches encuadrara en aquellos delitos y destacó que “las tareas de inteligencia” en la UNS son “una verdadera locura”, porque “lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

El juez federal resolvió en el mismo sentido señalando que “ninguno de los hechos imputados en este legajo ha reunido las exigencias típicas requeridas por los tipos penales objeto de estudio, no logrando en ninguno de los casos atravesar el umbral de la tipicidad, deviniendo indefectiblemente en la atipicidad de las conductas endilgadas”.

Además, en relación con el pedido de investigación sobre la violación a la ley de inteligencia nacional, Ramos Padilla precisó que “dado que los hechos descriptos son expresamente contrarios a la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos los cuales generan responsabilidad para el Estado Argentino, corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Publico Fiscal, por ello, extráigase testimonio de la presente causa, fórmese causa penal y deléguese la instrucción al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación”.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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UNS: rechazan indefinición del juicio académico a Girotti

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El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur devolvió ayer las actuaciones del Tribunal Académico que juzgó a la docente Gloria Girotti, ex secretaria del Juzgado Federal Nº1 durante el terrorismo de Estado imputada por crímenes de lesa humanidad. En su dictamen, el jurado propuso “mantener abierto el juicio académico” y aconsejó “analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.

Girotti asistió al juez muerto impune Guillermo Federico Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 desde donde tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos hábeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.

Para la ex consejera Telma Alonso “el tribunal está confundiendo las cosas (…) no entiendo por qué estuvo dos años dando vueltas con el tema y no resolvió nada. Dice ‘el Consejo debería tomar alguna medida cautelar’. Los que tienen que tomar la resolución son ellos, tiene que absolverla, suspenderla o separarla del cargo. Corresponde que se expida taxativamente sobre qué opina”.

El consejero por la Lista Azul No Docentes Roberto Cimatti fue el miembro informante del proyecto aprobado y repasó el recorrido del expediente abierto casi cuatro años atrás. Ahora el Tribunal deberá dictar sentencia en un plazo de veinte días hábiles.

DSCN9663 (2)El pedido de juicio académico fue solicitado a mediados de noviembre de 2011 con el respaldo de 59 miembros de la comunidad universitaria y recibió el aval del Departamento de Derecho en marzo del año siguiente. Girotti recurrió la decisión de sus colegas y el Consejo Superior rechazó su planteo permitiendo que en junio de 2012 se sorteen los jurados entre una lista de profesores eméritos o consultos quienes recién se constituyeron en octubre.

En marzo de 2013 la acusada hizo su descargo. Un mes después renunció un integrante del tribunal y fue reemplazado en mayo por otro futuro renunciante. En agosto el jurado quedó nuevamente listo aunque recién reanudó sus reuniones en septiembre para solicitar información a la justicia sobre las causas penales en las que Girotti está imputada. La documentación fue recibida en marzo de 2014 y doce meses después el jurado requirió a la Dirección General de Personal de la UNS sobre la situación laboral de la docente.

Luego de este riguroso trayecto burocrático, el mes pasado estamparon sus firmas en el dictamen final simplemente proponiendo “mantener abierto el juicio académico”.

La resolución que ayer llegó al plenario del Consejo con el acuerdo de lxs consejeros Cimatti, Julieta Gutiérrez y Gonzalo Rodríguez (Unidad), Brenda Russo (MNR Desafíos), Guido Beltrami (Generación UNS) y el decano de Medicina Pedro Silberman, propuso devolver las actuaciones al Tribunal Académico para que dicte sentencia en los próximos veinte días hábiles.

DSCN9645 (2)En su argumentación recuerdan que el Reglamento de Juicios Académicos establece que el tribunal “deberá pronunciar sentencia (…) la que debe contener una recensión de lo sustancial de la causa, el planteamiento de las cuestiones surgidas, un análisis razonado y pormenorizado de los elementos de ella considerados conducentes para la solución del caso juzgado, efectuado conforme a las reglas de la sana crítica, y unas conclusiones en las que se indicará claramente si el imputado debe ser absuelto, suspendido o separado”.

El director general de Asuntos Jurídicos dictaminó que “lo resuelto por el Tribunal Académico no es, en términos jurídicos, un fallo” sino la suspensión del procedimiento y que esto no es una opción prevista en las normas.

A su vez, la iniciativa advierte que “no es óbice para tal pronunciamiento la inexistencia de una sentencia definitiva en sede penal, pues lo que juzga el Tribunal Universitario no son necesariamente la comisión de delitos (…) sino el reproche ético de conductas que vulneran el Estatuto de la UNS”. El jurado tuvo en cuenta “el carácter ético” de la instancia aunque eludió su responsabilidad y sugirió que “resultaría aconsejable analizar la compatibilidad del referido estado jurídico con el ejercicio de la docencia al frente de alumnos”.

La ex consejera y dirigente de ADUNS Telma Alonso recordó durante la sesión que Gloria Girotti, como secretaria del juez Madueño, “firmó la negativa a muchos habeas corpus de gente que estuvo detenida desaparecida y que después se demostró que evidentemente lo estaba y el Juzgado no hizo absolutamente nada para tratar de determinar si realmente era sí o no”.

DSCN9640 (2)La docente mencionó el testimonio en indagatoria del represor Leonardo “Mono” Núñez, enlace entre el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita y la cárcel de Villa Floresta, quien declaró que “muchos de los detenidos estaban con los ojos vendados y algunos engrillados. Cuando el juez le pregunta por qué él no hace la denuncia dijo: ¿Y por qué voy a hacer la denuncia si la dra. Girotti estaba presente, si ella veía lo mismo que yo estaba viendo?”.

“Me da la impresión de que lo que está pidiendo la comunidad universitaria, representada a través de estos miembros que presentan el juicio académico, es que se analice la conducta ética de Gloria Girotti, no la cuestión judicial. (…) Está demostrado que firmó los habeas corpus, que fue secretaria de Madueño -que murió preso por delitos de lesa humanidad-, que fue nombrada por un represor que dice que estaba presente cuando se le tomaba declaración a los detenidos desaparecidos.

“¿Esa persona tuvo un comportamiento ético compatible con su calidad de docente? ¿Puede estar formando a nuestros alumnos de derecho? Esa es la pregunta. No si tiene que estar presa o no”, aseguró Alonso y planteó que incluso el fallo es perjudicial para la acusada: “Gloria Girotti tiene un pedido de juicio académico, hay un tribunal que debe decir si es merecedora de ello, pero no tiene que tener la espada de Damocles en forma indefinida”.

Guillermo Lucanera de la Lista Blanca aseguró que “filosóficamente, teóricamente, estoy de acuerdo con lo que se pide pero tengo mis enormes reservas en relación al resultado de esta resolución. Son las que me van a llevar a abstenerme de votarlo porque no quiero votar en contra”.

“Este es un tema muy sensible para toda la universidad. Hemos designado un jurado que tiene que evaluar y realizar una sentencia hacia la persona en cuestión y la potestad de decidir o no sobre el trascurso de esta sentencia es por parte del tribunal y no del Consejo Superior”, opinó Guido Beltramini, representante del alumnado por Generación UNS.

Finalmente el cuerpo aprobó la devolución de las actuaciones al Tribunal Académico con una abstención y la exclusión de Javier Orozco de Línea PHI quien fue firmante de la solicitud del juicio.

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Procesan a una pareja por trata

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La titular del Juzgado Federal N°2 de Bahía Blanca, Gabriela Marrón, procesó a un hombre, a quien además le impuso prisión preventiva, y a una mujer acusados de haber engañado y trasladado con fines de explotación sexual a al menos tres personas trans en un privado.

Se trata de una pareja acusada de captar mujeres transexuales extranjeras en situación de vulnerabilidad, llevarlas al lugar donde ellos vivían y obligarlas a prostituirse. Además de ser el propietario del lugar, el imputado habría sido el el encargado de retenerles el 50% de las ganancias de los “pases” realizados por las víctimas.

La causa estuvo a cargo del fiscal Antonio Castaño, quien subrogaba la Fiscalía Federal N°2 de la ciudad bonaerense, hasta julio de este año cuando José Nebbia fue puesto a cargo de esa dependencia del Ministerio Público.

La investigación había comenzado en febrero, cuando una de las víctimas denunció que una de las imputadas le había ofrecido viajar a Bahía Blanca para alojarse en su domicilio y prostituirse a cambio se conseguir dinero para acceder a prótesis mamarias. Además, indicó que los acusados se hicieron cargo del pasaje y que, una vez en el lugar, le retuvieron la cédula de identidad y que le retenían el 50% del valor de los “pases”.

Durante la pesquisa, se estableció que en las inmediaciones del domicilio, personas del colectivo trans ofrecían “servicios sexuales” e ingresaban al prostíbulo. Asimismo, se determinó que el propietario del lugar sería el hombre procesado con prisión preventiva y que era el encargado del lugar y de retener la recaudación.

El 4 de octubre pasado, se realizaron cuatro allanamientos de manera simultánea en el privado de Bahía Blanca, en un cabaret y en otras dos propiedades, ubicadas en la ciudad Ingeniero White, a pocos kilómetros. Durante los procedimientos, se rescataron nueve personas.

Fuente: Fiscales.gob.ar

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