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(Por Mariela Dobal*) ¨El hecho hace a la palabra. La palabra hace al hecho. Como un juego de espejos, hecho y palabra, se crean uno al otro. No hay principio, solo un juego eterno donde se multiplicarán infinitamente¨. Así Malcolm Evans, fiel asistente de The Beatles, definía con simpleza la relación más poderosa para crear sentidos y poder: hechos y palabras.

La comunicación, además de ser un derecho universal, es una herramienta, un puente, una ventana abierta, un camino a transitar siempre. En ese amplio abordaje, la comunicación mediática y por diversas plataformas, es una oportunidad multiplicada para acceder a informaciones útiles, crear realidades, contar historias, aumentar voces y miradas de todos los mundos posibles que habitamos. Desde una perspectiva de derechos humanos, la comunicación es servicio y poder para transformar (a veces, al menos algo) aquello que nos duele o irrita. Es pensar y hacer acciones que busquen cambiar todo, para reinventar estrategias y guiños acordes a la cotidianeidad que se altera y sacude todo el tiempo.

Y… ¿Qué implica la comunicación con perspectiva de género? En principio nombrar a quienes están más silenciadas y ausentes: mujeres y disidencias sexuales, desde un enfoque de derechos en el cual trabajar dignamente, acceder al cuidado de  la salud, no sufrir violencias por la condición de género y progresar en cualquier escenario sociocultural sea una posibilidad latente y no una excepción milagrosa.

Reflexionar sobre la paridad de mujeres y diversidades en los medios de comunicación, acerca de las representaciones de los discursos hegemónicos de roles, oficios, habilidades, apariencia, etcétera y el refuerzo de estereotipos que se escupen a borbotones en las distintas pantallas, nos ayudará a comprender que, lejos de imponer manuales de estilo, la perspectiva de género nos acercará a narrativas más equitativas y justas para contar las realidades que protagonizamos.

El uso del lenguaje, es otra decisión política. Es optar por deconstruir los discursos que perpetúan las discriminaciones y violencias machistas que atraviesan etnias, edades, capacidades, territorios, discapacidades y cuerpos. Todos los cuerpos que no encajen con el sistema que estandariza y establece lo que se compra y vende, aún a pesar de un capitalismo que hace agua por todos lados.

En este contexto, en septiembre, el gobierno municipal presentó un proyecto de ordenanza que aspira incorporar perspectiva de género SOLO en los medios que reciben pauta oficial del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y Entes Descentralizados. Textualmente asegura que ¨será inexcusable para percibirla, el abordaje con perspectiva de género de los contenidos que generen y o reproduzcan¨.  ¿Todos los contenidos o con difundir las seis campañas anuales que proponen para visibilizar los derechos de las mujeres bastará? Y en todo caso… ¿Quiénes y cómo controlarán semejante vorágine de producciones? Porque de violencia simbólica y mediática las audiencias estamos inundadas.

Propone también que se difundan las vías de contacto y acompañamiento a mujeres violentadas -exigencia ya vigente por las leyes 26.485 (Protección Integral a las mujeres) y 26.522 (Servicios de Comunicación Audiovisual)- es lógico y necesario. Sin embargo, conocer con precisión cuáles son las respuestas operativas del gobierno local en la materia es también ineludible al momento de brindar esa información.

Consultamos sobre este proyecto de ordenanza a concejalas integrantes de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad del Concejo Deliberante. Quien la preside, Analía López, expresó que si bien coincide en su espíritu general, difiere en cómo está planteado: ¨Es fundamental que los medios de comunicación tengan perspectiva de género a la hora de comunicar e informar porque son herramientas importantísimas para sensibilizar y formar opinión en la sociedad. Sin embargo, dicha perspectiva no se agota en esto, en el uso del lenguaje inclusivo, ni de incorporar temáticas específicas. Dicha perspectiva es transversal y debe reflejarse en la paridad laboral -que en los medios de comunicación, como en otras actividades, no existe-, en la igualdad de condiciones de trabajo -igual salario, oportunidades de capacitación acceso a cargos jerárquicos- y en las relaciones interpersonales que se dan en los lugares laborales¨.

Desde otro enfoque, la concejala del oficialismo Soledad Martínez resaltó ¨la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de saberes y valores, como así también en la formación del ciudadano, por eso es necesario trabajar en el correcto abordaje de las temáticas con perspectiva de género, tanto sobre igualdad como violencia de género. Entendiendo la importancia que tienen estos proyectos tratamos de llegar a un acuerdo y luego hacer los aportes necesarios para enriquecerlo, antes de llevarlo al recinto para que sea votado¨.

Otro de los artículos de la iniciativa establece que serán obligatorias las capacitaciones a los titulares de las empresas periodísticas y que ellos deberán decidir qué personal se formará en la materia. Analía López no comparte este punto: ¨El Ejecutivo tiene la responsabilidad inexcusable, por haber adherido a la Ley Micaela, de capacitar a todo el personal municipal de manera obligatoria y permanente, no es su función abordar la capacitación del personal de empresas privadas. Por otra parte, el proyecto hace mención a los medios de comunicación que reciben pauta, yo desconozco el criterio de otorgamiento y distribución de los fondos destinados a pauta (y me gustaría tener esa información), pero creo que si demandamos perspectiva de género debe ser para todos los medios de comunicación¨.

Ampliamos interrogantes… ¿Desde qué lugar funcionarias y funcionarios, sin perspectiva de género en sus políticas públicas, impondrán capacitaciones en ámbitos privados? ¿Quiénes diseñarán esas capacitaciones y cómo se garantizarán en cada espacio laboral?

Finalmente, se deja por escrito que en caso de incumplimiento de esta normativa, quienes otorgan publicidad oficial resolverán unilateralmente qué hacer. No hay mención alguna de instancias de mediación, reflexión, aprendizajes compartidos, en fin, situaciones que fortalecerían realmente una comunicación más democrática. Una vez más hacen uso y costumbre de la discrecionalidad en el (des)manejo de fondos públicos, en este caso la pauta oficial.

Celia Amorós, filósofa feminista recuerda que ¨contextualizar es politizar ¨. Contextualicemos, ya que estamos hablando de políticas públicas de comunicación.

Más allá de las perspectivas, las mujeres y disidencias sexuales faltamos en los medios. Para decidir contenidos, para opinar y no ser interpretades. Mujeres y disidencias como fuentes de consulta en cada ámbito donde nos desempeñamos con profesionalismo y empatía. Mujeres y disidencias dueñes de la palabra, de la tierra, de nuestros cuerpos y sueños. Con derechos conquistados y permanentemente vulnerados. Mujeres y disidencias políticas y profundamente necesarias en cada comunidad, como esta pandemia desnudó sin descaro. La primera semana de noviembre este proyecto será tratado en comisión en el deliberativo. Abundan las sugerencias, posibles modificaciones y mejoras para su tratamiento y reflexión. Ojalá se abra el debate para la participación activa de personas y colectivos con diversas experiencias y valiosos recorridos. Se trata de renombrar, para visibilizar derechos de todes. De escuchar todas las voces, para que el árbol no nos tape el bosque, otra vez.

*Docente y periodista. Integrante del Colectivo FM De la Calle.

En 2019 el Municipio dispuso alrededor de un millón de pesos para la Dirección de Adultos Mayores, del cual ejecutó un tercio. Es decir, el 0,0004% del presupuesto total. Para 2020 se presupuestó la misma suma, a pesar de una inflación interanual del 50%.

En ese contexto, la concejala del Frente de Todos, Lucía Martínez Zara, elaboró un proyecto para modificar la ordenanza que amplía los derechos del Consejo Municipal de Adultos Mayores.

“La primera modificación tiene que ver con que el Consejo pueda elaborar anualmente un proyecto que refleje las demandas de la población mayor. Es importante que este proyecto pueda ser contemplado en el presupuesto del Ejecutivo y, en caso que haya que hacer adecuaciones técnicas, se llame al Consejo para pertinentes consensos”, señaló.

La iniciativa establece, además, que el Municipalidad garantice un espacio físico para el funcionamiento del organismo.

Martínez Zara afirmó que “intenta generar un ámbito de inclusión y participación de la población mayor promoviendo el envejecimiento activo. Tiene que ver con un proceso que significa generar oportunidades de bienestar mental físico de participación”.

En los considerandos se expresa “la escasa inversión en la Dirección de Adultos Mayores para al abordaje integral de las problemáticas de este sector, habiendo representando dicha inversión en el ejercicio 2019 nada más que el 0,0004% del total del presupuesto ejecutado”.

Martínez Zara señaló que “una de las cosas que se ponen es que los adultos mayores son personas de muchísimo riesgo y que debe haber mayor asignación de recursos y de compromiso político de todos los sectores. No hemos visto por parte de esa Dirección de Adultos Mayores políticas concretas hacia adultos mayores, más allá de los voluntariados de PAMI, para este año presupuestaron el mismo monto que para el año pasado”.

Cristina Castro confirmó a FM De la Calle que, horas antes de que el cuerpo de Facundo fuera encontrado por un pescador en el cangrejal de Villarino Viejo, se activó una línea de celular con el DNI de su hijo.

“(La Policía) tiene el documento de Facu, lo siguen teniendo. Se habilitó una línea de teléfonos con la documentación de Facu, fue el mismo día que apareció el cuerpo en el cangrejal. Dos días antes una policía publicó que Facundo estaba conectado a través de otra línea y una barbaridad de cosas que dijo. Ellos siguen teniendo cosas de Facu, el documento nunca apareció, yo se que las tienen ellos”, declaró.

Mañana se realizarán movilizaciones en Pedro Luro y en Bahía Blanca para pedir justicia por Facundo a seis meses de la desaparición forzada seguida de muerte.

“Estamos pidiendo justicia por Facu y para que no vuela a pasar nunca más. Hasta no tener a los asesinos tras las rejas no voy a parar. Esta vez fue mi Facu pero que no le vuelva a pasar a ningún pibe, la impunidad y corrupción es tan grande que algo tiene que cambiar, no pueden seguir desapareciendo y asesinando a nuestros jóvenes”, afirmó Cristina.

En cuanto a los avances de la causa mencionó que “cada día estamos más seguros y tenemos más certezas de que a Facu lo mató la policía bonaerense. Seguimos sin entender a esta jueza que denunció a Marcos Herrero, un perito tan respetable. No sabemos si quiere que la recusemos. Sabía que había delegado toda la responsabilidad en Ulpiano Martínez, que no estaba haciendo nada y que iba a tratar de desviar la investigación. Al poner dos fiscales que trabajan a la par nuestro le molestó, por eso nos deniega las prueba. (…) Es una hija de la dictadura y así se comporta”.

Mañana, una movilización a pie y en autos partirá a las 17 desde la Plaza Pablo González de Pedro Luro. En Bahía Blanca, la CTA realizará una marcha y caravana con puntos de encuentro a las 17:30 en Alem 1253 y a las 18 en Plaza Rivadavia.

“Lamento muchísimo no poder estar allá, mi familia en este momento tan duro me necesitan en Luro, los acompaño con el corazón y salgamos todos a pedir justicia”, dijo Cristina y agradeció el apoyo de las y los bahienses.

Por último, en relación al desalojo de centenares de familias en Guernica, dijo que “un policía con más sueldo reprime con más ganas, que no nos pase por arriba, Argentina tiene que despertarse, no permitir que nos sigan maltratando y reprimiendo. Tenemos que salir a la calle”.

El pueblo chileno aprobó el fin de semana una reforma de la Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet para condicionar el sistema democrático. No es el caso de la Constitución Nacional de nuestro país, sin embargo, casi un millar de las leyes vigentes fueron aprobadas por regímenes no democráticos.

Más de 400 fueron creadas por la última dictadura genocida y entre ellas se destacan normas de gran relevancia como la Ley de Entidades Financieras, la Ley para el Personal de la Policía Federal y el Régimen Penal de Minoridad.

Las Leyes de la Dictadura y cómo afectan a la democracia es una investigación realizada por un grupo de periodistas que recopila la legislación aprobada en dichos regímenes y analiza, en particular, la tarea de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, órgano militar creado por Videla y compañía.

“Al mirar a Chile, cuando uno ve el terrorismo de Estado, lo primero que imagina son las víctimas, los desaparecidos, las violencias pero también querían modificar de cuajo el sistema de ese momento. Para algunas cosas usaron la violencia y para otras las leyes, todavía está la letra que escribieron los militares. Es interesante analizar esta semi legalidad que utilizaron para dejar su legado en las leyes”, dijo a FM De la Calle el periodista Gerardo Aranguren.

Afirmó que “es interesante ver cómo las distintas Cortes Supremas que asumieron después fueron blanqueando esos decretos para convertirlos finalmente en leyes”.

“La diferencia de la última dictadura es la creación de un organismo como la CAL . Funcionaba dentro del Congreso, prácticamente legislaba, el 24 de marzo echaron a todos los diputados y senadores, las oficinas las ocuparon los militares y siguieron creando leyes. La Ley de Entidades Financieras, por ejemplo, que sigue regulando el mercado. Algunas no siguen siendo iguales pero sí mantienen el espíritu”.

Aranguren comentó que el juez Eugenio Raúl Zaffaroni afirmó en una de las entrevistas de la investigación que “es una tarea del Congreso de analizar la legalidad de esas leyes, que en origen es legal porque las Cortes Supremas le fueron dando legalidad pero que son ilegítimas porque son de un gobierno de facto”. 

“Anular eso de un plumazo es complejo porque hay leyes que son muy del uso diario, no solo eran respecto a la represión y cuestiones financieras, sino el vínculo con la Iglesia, si un río es de una provincia o de otra, cosas que si borrás tenés que resolver de alguna manera. Cuando se discutió la nueva Constitución en 1994 se estableció que si asume un gobierno de facto sus decretos serían ilegítimos y no tendrían validez, pero para atrás no se resolvió nada”, agregó. 

Una de las normas que perdura hasta la actualidad es el Régimen Penal Juvenil. “Se discutió durante la última dictadura, se estableció en 14 años, después se subió a 16 la edad de imputabilidad. Videla la puso en 16 años y hace poco tiempo teníamos legisladores que estaban impulsando bajarla a 14”.

Otra normativa vigente es “la ley que rige a la Policía Federal, esto se ve en uso de armas de policías que están fuera de servicio. La ley de la policía lo que hace es mantener el estado policial de un agente por más que no esté en servicio, tiene la obligación de actuar o puede ser sancionado, lo que se ve en casos de gatillo fácil o muertes policiales son policías actuando cuando están fuera de servicio. Modificar esa ley no solucionaría pero sería una discusión interesante al resolver esos temas”. 

Respecto a la Ley de Entidades Financieras, el periodista dijo que “se puede ver quiénes aportaron al lobby y debate de esa ley. En su mayoría era el lobby privado de empresas, bancos. En ese momento se intentó prohibir los bancos cooperativos que eran muchos antes de la dictadura, sentían los privados que era competencia desleal porque tenían otros controles más laxos y buscaron prohibirlos directamente, el lobby del sector civil estaba muy presente”. 

El doctor Horacio Romano, columnista de FM De la Calle, destacó la incidencia del estrés como una de las principales afecciones a la salud y su importancia para diagnosticar otras enfermedades.

“Es una variable que siempre se supo pero se prefirió seguir parámetros más medibles, colesterol, glucemia o presión arterial. Es más difícil saber cuánto estrés tiene uno. Uno se puede percibir estresado o normal y estar estresado”, explicó. 

En términos académicos, “el estrés es una reacción psíquica y física a los insultos del medio. Si se me cae una pared al lado me voy a estresar, esto aumenta la adrenalina, que haya más sangre en mis músculos y una reacción de alerta donde se me prenden todas las neuronas. Esto se ha estudiado después de grandes catástrofes”.

“Hace 50 años, después que mandaban un cohete a la luna, vieron que se morían uno o dos ingenieros y llegaron a la conclusión de que luego quedaba desempleada un montón de gente y la incertidumbre descargaba una situación de estrés tan fuerte que literalmente quemaba el corazón. Hoy se sabe bastante bien que quien sufre el estrés psicosocial crónico tiene dos veces más riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular que aquel que no tiene. Esto es más o menos equivalente a tener diabetes y casi con el cigarrillo”, enfatizó. 

Romano agregó que “en la historia psicosocial, es cierto que el estrés atraviesa todas las clases sociales, también es cierto que es más importante en personas con mayor vulnerabilidad”. 

“El estrés lleva a cambios de conducta y cambios físicos, hay una vasoconstricción arterial y aumenta la presión. También hay un mecanismo de arterioesclerosis acelerada que lleva a los problemas coronarios. Induce a mayor consumo de cigarrillo, alcohol y aumento de peso, independientemente de la cantidad de comida o ejercicio”, afirmó. 

El médico señaló que el estrés baja la inmunidad. “Estas cuestiones que tenemos normalizadas, estaba tan estresado que me enfermé, es así. El corticoide que se pone en marcha bloquea mecanismos de defensa y esto hace que uno sea más susceptible a enfermedades”. 

“Hay una correlación clara y precisa que tiene que ver con el cerebro, con la parte hormonal, con la cardiovascular, aumentan los ACV. En otro estudio que se hizo en 2008, le da más puntos a lo psicosocial que a la diabetes, tiene casi tres probabilidades más de tener problemas cardiovasculares quien está sometido a estrés crónico”.

Por último, destacó que “el arte, entre otras cosas, es una salida interesante. En realidad, la medida contra el estrés es aprender a relajarse y convivir con todo esto. Hay veces que en la vida eso no es posible, en quienes pueden, este tipo de cosas es bastante bueno”. 

La madrugada del 21 de marzo de 1975 una patota de la Triple A al mando de Pablo Argibay intentó secuestrar a Carlos Entraigas pero no lo encontró en su departamento. El viernes, el ex militante del FAS declaró desde España en el juicio contra cuatro miembros de la banda.

Recordó que “esa noche mataron a Fernando Alduvino, a Marisa Mendivil, que era la mujer de Ponte, y al padre Dorñak del Juan XXIII. El 20 de marzo habían matado al comisario (Héctor José) Ramos y era la demostración de fuerza de decir van a caer cinco por uno”.

Se trata  de quien fuera segundo jefe del Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca y responsable de seguridad de La Nueva Provincia. Había sido calificado por Montoneros como “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”.

Las audiencias continuarán jueves y viernes desde las 9 y se podrán seguir en juiciobahiablanca.wordpress.com

En 1975 Carlos Entraigas estudiaba contador en la UNS y militaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo, la cual integraba el Frente Antiimperialista por el Socialismo.

La madrugada del 21 de marzo una patota comandada por Pablo Argibay lo fue a buscar al departamento que compartía con Luis Hinderman y Julio César Scavo. “Scavo, trabajaba en el Juzgado Federal y lo conocía a Pablo Argibay, hijo de un señor que era escolta de Remus Tetu, rector de la universidad”.

Carlos aún no había regresado de Viedma. El único que estaba era Scavo, quien contó al tribunal que el timbre sonó insistentemente: “Me despierto, mi padre había tenido un ACV, pensé que me llamaban por eso, en calzoncillos y ojotas fui a atender”. “¿Usted es Carlos Entraigas? ¿Dónde está?”, preguntaba el hijo del “Moncho”.

Entró con las manos en los bolsillos seguido por “dos sujetos con medias en la cara y revólveres. Me levantan de cada brazo como un papel, me sacan a la calle y veo que había dos o tres coches y varias personas con armas largas”. “No, no, no, él no es”, les dijo Argibay.

La patota revisó las pertenencias de Entraigas y se fue. A primera hora de la mañana Scavo llamó a Viedma para advertir a Carlos que lo estaban buscando.

Entraigas recordó que “esa noche mataron a Fernando Alduvino, a Marisa Mendivil, que era la mujer de Ponte, y al padre Dorñak del Juan XXIII. El 20 de marzo habían matado al comisario Ramos y era la demostración de fuerza de decir van a caer cinco por uno”.

“Tengo cierto remordimiento porque alguien que murió se hubiese salvado si me encontraban a mí. Creo que tenían una lista con cinco titulares y cinco suplentes, yo desgraciadamente era titular pero me salve. En el caso de Dorñak aparentemente el titular era el padre Santecchia al que los grupos de derecha y La Nueva Provincia señalaban como principal ideólogo del Juan XXIII”, dijo.

En cuanto a los responsables, el testigo afirmó que se hablaba de “la patota de (Rodolfo) Ponce, estaba mezclado la UNS con Tetu y Argibay, que era su escolta, y acompañaba siempre alguno de ese grupo. Detrás de todos estos hechos siempre hay un motivo económico. Alguien los mandó, les dio una lista de nombres y les pagó por eso”.

La actuación de la Triple A era conocida. “Se decían que eran discusiones internas de la CGT”, aseguró Entraigas, “empecé a ver otra cosa cuando me salvé esa noche y no volví”.

“Después mataron a Watu y a José González que era un seminarista. También a Daniel Bombara. Bombara, Dorñak, Santecchia, González, los que en un primer momento sufrimos esa persecución y atentados estábamos de una manera u otra vinculados a la Iglesia Católica, aunque sea por ser practicantes o pertenecer a grupos cristianos que intentaban hacer algo siguiendo el Evangelio”.

“Lo sacaron cuando estaba durmiendo y a las pocas horas lo mataron”

Entraigas recordó el asesinato de Luis Jesús García. “Me enteré, fui a su casa donde lo estaban velando y al regresar subieron al colectivo y nos detuvo la policía. Creo que por la ropa que llevábamos, el Negrito vivía en un barrio obrero y yo no tenía pinta de vivir ahí. Después de unas horas en la comisaría vino el abogado Facchini y nos soltaron a todos”.

En casa de la familia García vio llegar una corona “de la CGT o de Ponce y la madre la tiró al medio de la calle porque decía ‘ahora me mandan una corona y a la noche lo mandaron a matar’”.

“Fui porque fue una conmoción. Fue el primero y fueron a su casa, lo sacaron cuando estaba durmiendo y a las pocas horas lo mataron. Había gente que decía que lo habían torturado y gente que no. Fui a acompañar a la familia en ese momento de dolor sin saber quién era el Negrito García”.

Preso con un sicario de la Triple A

Entraigas fue secuestrado el 27 de marzo de 1976 por un grupo de hombres de civil que se identificaron como integrantes de la Policía Federal. Ingresaron a la casa de sus padres buscando armas. Las únicas que encontraron eran del padre y “perfectamente legales”.

En la sede de la Federal de Viedma lo esperaban el comisario Vicente Forchetti y personal del Ejército para golpearlo y torturarlo. Durmió en una celda en la cual estaban Costa, director de LU15, y el diputado provincial Roa.

Al día siguiente los trasladaron a Bahía Blanca. “Fuimos a La Escuelita pero al haber salido nuestros nombres publicados en la prensa salvamos nuestra vida”.

Continuaron su cautiverio en el V Cuerpo de Ejército hasta el 9 de abril cuando los llevaron al penal de Villa Floresta. “Me ponen en la celda con un señor Sañudo, era de la patota de Ponce, creo que lo tenían ahí para ver si yo decía u opinaba algo”.

Luego lo ubicaron en una celda con Costa y a Sañudo con Mansilla, “que era como su perro fiel, aparentemente era más joven y solo opinaba lo que decía Sañudo”.

En la cárcel había dos versiones sobre la permanencia allí de los integrantes de la Triple A: o era “para protegerlos de otros grupos rivales” o “una coartada para que dijeran yo no maté a Fulano porque estaba en la cárcel pero que los sacaran por la noche a hacer alguna tarea y luego los volvían a meter”.

“Sañudo era muy discreto pero su fama lo precedía. Cuando salíamos al patio había otros grupos de sindicalistas, por ejemplo los Bustos, cada uno se reunía con su gente”. El día que mataron al líder del PRT-ERP, Mario Santucho, Sañudo le gritó a Entraigas: “Carlitos mataron a tu jefe”.

Un tío sacerdote consultó al coronel Zorzano sobre la situación de Entraigas. “Aparentemente nos querían hacer una ley de fugas y matarnos a todos. Una noche en la cárcel estábamos durmiendo, nos sacan corriendo y nos ponen contra una pared en el patio. Me temblaba hasta el alma del susto que tenía, estaba al lado de (Jorge) Tassara, me hace seña que saque pecho, que no ponga cara de miedo. Aparece un fotógrafo, nos hace una foto a cada uno y nos vuelven a la celda. No lo esperábamos pero respiramos contentos”.

Días después las imágenes fueron publicadas por La Nueva Provincia y el diario Rio Negro, “decía más o menos que tremendos elementos subversivos que amenazan la paz están neutralizados y presos en la unidad 4 de Bahía Blanca”.

“Llega un momento que ya no soy de aquí ni de allí”

Entraigas estuvo detenido hasta septiembre de 1978 y luego se exilió en España. “De la noche a la mañana te encuentras en un país que no conoces, con gente que no conoces, con otras formas de actuar. Estuve preso en una celda pequeña y cuando llegué a España no sabía cruzar la calle”.                                                               

Afirmó que “fue una tabla de salvación que una familia española me adoptase como un hijo más” aunque con el correr de los años “aquí siguen diciéndome que se nota que soy argentino pero cuando voy a Argentina me dicen que soy gallego. Llega un momento que ya no soy de aquí ni de allí”.

Entraigas cerró su testimonio con un homenaje a las madres: a la que lo adoptó en su exilio, quien murió el 17 de octubre, a su madre biológica fallecida un 21 de octubre, a las de la Plaza de Mayo y a aquellas “que luchan contra la droga, contra la trata, contra todos los atropellos contra sus hijos”.

“No hemos mencionado a ninguna mujer integrante de estos grupos. Siempre hemos mencionado hombres. Es una característica que las ennoblece. En todo el mundo prácticamente no hay mujeres mercenarias”, afirmó.

A pocos días de cumplirse seis meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, tres amigues y compañeres de la cervecería donde trabajaba el joven de Pedro Luro hablaron con FM De la Calle.

El próximo viernes 30 una movilización a pie y en autos partirá a las 17 desde la Plaza Pablo González de Pedro Luro. En Bahía Blanca, la CTA realizará una marcha y caravana con puntos de encuentro a las 17:30 en Alem 1253 y a las 18 en Plaza Rivadavia.

El termómetro marcaba 31 grados. El sábado más caluroso de septiembre, a la hora de la siesta, se abre bajo un sol que raja la tierra el local en pleno centro de Luro. Afuera, unas típicas mesas con banquetas de madera. Adentro, detrás de unas cortinas, un salón con barra, paredes rojas, varios vinilos colgados en las paredes, un disco de “El Gitano” inmóvil arriba de la puerta que va al baño.

Kufa trabajaba en la bacha. Detrás de la puerta vaivén que va hacia la cocina quedó su delantal, sucio, tal y como lo dejó antes de irse la última noche. Sus amigues piensan enmarcarlo y colgarlo en la pared.

“Era técnico en casi todo”, dice Mailén y Celeste agrega que “siempre estaba para todo, por más que no tenía que hacerlo lo hacía”.

También hay, en un espacio pequeño al lado del lavamanos, un rincón en el que se halla una manzana del tamaño de un nuez con una vaquita de San Antonio. Es un amuleto muy parecido al que encontraron en el puesto policial de Origone y que Facundo llevaba siempre consigo.

“Cuando me enteré de lo que estaba pasando fue algo doloroso, raro de él porque siempre estaba por todo el pueblo, lo veías a las cinco de la tarde en un barrio y a las ocho de la noche en otro, era raro que nadie lo viera. No era de irse de la nada, si bien salía a dedo para Bahía no iba a desaparecer sin comunicarse”, cuenta Sandro con quien se conocían de chicos y después de varios años volvieron a reencontrarse en “Turmalina”.

Entre todes tienen un grupo de WhatsApp en el cual organizaban la búsqueda de Kufa. Ahora lo usan para difundir novedades en torno a la causa, se avisan cuando salen, cuando vuelven, si ya llegaron, si ven algún movimiento raro.

“Siento miedo, mucho miedo. Si bien le tengo un cierto respeto a las autoridades, desde que pasó esto, cuando pasa un patrullero algo me pasa en el cuerpo, mucho miedo y bronca. De acá salimos tarde, dos, tres de la mañana. Primero estoy atenta a todo, si nos llega a pasar algo tener pruebas, vi unas lucecitas y no te explico el terror que me dio pensar que era la policía”, comenta Mailén.

Para Celeste “es una sensación rara. Dicen ‘bueno si te pasa algo lo primero que llamás es a la policía’. Si me pasa algo lo pienso, no se si llamaría”. 

“Queremos que se haga justicia y que paguen quienes tengan que pagar, que la gente no se quede dormida y no se calle”, pide Mailén.

Para el ámbito de la cultura de la ciudad de Bahía Banca el año 2020 será recordado como uno de los más oscuros y ello no es por causas exclusivas de la Pandemia que afecta al mundo sino porque desde el primer mes y el inicio de la gestión de Morena Rossello al frente del área se intentó la destrucción de un modelo de construcción cultural participativo mediante el envió al HCD de la derogación de todas las ordenanzas que sustentan ese modelo.

La movilización de las entidades representativas de los sectores culturales junto con organizaciones sociales y políticas le puso un freno a la iniciativa pero la actitud de destrucción, vaciamiento y destrato a los trabajadores culturales tuvo continuidad y se profundizó.

El modelo Cultural diseñado por el Intendente Héctor Gay e implementado por Rossello ignora permanentemente los requerimientos y propuestas acercadas por las organizaciones para paliar y sostener las fuentes laborales de cientos de trabajadores y no ejecuta el presupuesto del área con el argumento falaz y cínico de que los fondos fueron destinados a atender la emergencia alimenticia, argumento que quedo desvirtuado por el informe que se presentó en el Concejo Deliberante el 8 de setiembre pasado donde se pone en evidencia que mintieron descaradamente ya que ni un solo peso del presupuesto del área fue afectado a la ayuda alimentaria.

Resulta lamentable el grado de incapacidad y desinterés mostrado en momentos tan críticos para el sector por la Secretaria de Cultura: La suspensión de la Comedia Municipal, la interrupción de los talleres culturales y la inacción permanente se tornaron una característica distintiva de esta etapa. Ni siquiera tuvieron la iniciativa de coordinar y apoyar acciones destacadas del ámbito público y privado que paliaron en alguna medida la situación crítica de los trabajadores culturales. En el mismo sentido nos enteramos en estos días que se interrumpió el programa “Serenatas de la Muni” que durante casi 30 años brindo un ámbito de trabajo para músicos locales.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la comunidad de Bahía Blanca en general y la cultura bahiense en particular no merecen la inacción , la incapacidad y el destrato de este tipo de funcionarios que pretenden echar por tierra años de trabajo participativo que conformo una estructura institucional que es modelo y que ignora y destrata a los trabajadores, convocamos a repudiar esta decisión, a requerir la renuncia de la mencionada funcionaria y a exigir al Intendente Gay que se termine con el modelo de desguace de la Cultura y se garantice la permanencia de los instrumentos participativos de gestión.

COMITÉ POLÍTICO DE EMERGENCIA CULTURAL

Acción Urgente – Asociación Argentina de Actrices y Actores B.Blanca – Asociación de Murgas Bahienses – Bahía Blanca Che – Centro de Estudiantes de la Escuela de Danzas – Coordinadora Estudiantil Artística – CECon: Centro de Estudiantes del Conservatorio – Colectivo Canciones del Sur – Consejo Consultivo Ramas Artísticas – Desdbandadas – Movimiento Federal de Danza Bahía Blanca – Pistas Mestizas – Red de Espacios Culturales Independientes – Título en Construcción – Unión de Músicxs del Sur – Causa Nacional Bahía Blanca – Corriente Nacional de la Militancia Bahía Blanca – Corriente Clasista René Salamanca – Movimiento Mayo – Espacio Progresistas Bahía Blanca – FPV Volvemos – Comunismo Revolucionario Bahía Blanca – Causa Nacional – Cardumen – Frente Grande G83 – Frente Patria Grande – Militancia Peronista – La Watu – Los Irrompibles – Militancia Peronista PJ – Movimiento Popular Liberación – Nuevos Vientos – Nuevo Encuentro Bahía Blanca – Partido Solidario – Agrupación Municipal Integración Ciudadana – Partido del Trabajo y del Pueblo – Partido de la Victoria – Partido Comunista Congreso Extraordinario Bahía Blanca – VAMOS en el Frente Patria Grande – Elías Ferán (ex concejal) – Hernán Herbalejo (Vice Director de la Escuela Media 13 Ex Nacional) – Marime Inchausti (ex concejal) – Manuel Mendoza (ex concejal) – Sandra Reñones (ex Directora de Instituto Cultural y Senadora Provincial MC)- Acciones Feministas – Consejo Local de las Mujeres – Frente Feminista Nacional y Popular – Mala Junta Vamos FG – Organización Feminista del Frente Patria Grande – Agrupación Independiente de Adultos Mayores la Norma Pla – ApyME – CTA.T. – APA (Asoc. Del Personal Aeronáutico) – CTA Autónoma Pcia. de Buenos Aires – CTA Bahía Blanca – Mujeres Rurales- SADOP – S.A.T.E Bahía Blanca (Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos) – Secasfpi Anses – Sindicato del Personal de Vialidad Nacional – SMATA – Suteba Celeste – Unión Ferroviaria – FM De la Calle – La Máquina Radial – Red de Comunicadoras Bahía Blanca – Carlos Fabaro – Virginia Linares – Carlos Quiroga concejal del Bloque FdT- Ana Civitella – María de los Ángeles Rosón – Raúl Ayude.

Integración Ciudadana solicitó una audiencia pública para evaluar la privatización de la recolección de residuos que hoy realiza Sapem Ambiental. La convocatoria a empresas privadas fue confirmada por las autoridades municipales.

“Entendemos que es un cambio de régimen jurídico que no está fundamentado, por lo menos, públicamente. Es lo que ha dicho el intendente, que tienen la intención de realizarlo, que se están preparando los pliegos”, dijo la abogada María de los Ángeles Rosón.

Agregó que “los integrantes del directorio se enteraron a través de manifestaciones públicas. El intendente no ha dado argumentos que para nosotros tienen que tener mucho peso de raigambre jurídico. Es un servicio público, tiene que ver no solo con la cuestión ambiental sino con la salud de ciudadanos y ciudadanas”.

Rosón sostuvo que la empresa “esta funcionando de manera regular, entonces no se entiende cuál es el fundamento del intendente. Públicamente hemos escuchado al representante de los trabajadores. El Tribunal de Cuentas no ha hecho observaciones, no en cuanto a los fondos”.

La audiencia pública apunta a ser “un mecanismo de transparencia donde la gente puede no solo escuchar sus fundamentos sino dar su opinión, no solamente respecto del cambio de régimen sino de funcionamiento del servicio. Lo ideal sería que salga por ordenanza y por eso hicimos la propuesta al HCD”.

“No se privatiza la totalidad del servicio, sino que se concesiona. Cuando hablamos de privatización pareciera que sale de la órbita del Municipio. El Municipio sigue siendo el responsable y concesiona el servicio, sí va a tener las obligaciones que le marca la Ley Orgánica, por ejemplo, regular la tarifa, controlar el servicio”, señaló.

En cuanto a las mejoras que debería incorporar el servicio, la abogada mencionó que “había un cuestionamiento con la recolección de ramas, pareciera que hay algunas cuestiones que se fueron recuperando como, por ejemplo, la cuestión de la transparencia. Hace dos años solicitamos que los balances estén colgados en la web, para que tengamos acceso, mandamos carta documento, finalmente eso está accesible. Hay temas que perfeccionar como la separación de residuos domiciliarios y eso sí requiere acciones del Municipio. Han habido cambios de los funcionarios, cada uno viene con una idea diferente, pero no vemos que haya habido un gran avance”.

“A mi hermano lo mataron el 2 de julio del 1975. Hoy hace 47 años cruzó la frontera hacia la Argentina tratando de salvar su vida”, dijo desde Chile Carlos Oliva Troncoso. Afirmó que tanto la Universidad Católica de Temuco como la Universidad del Sur tienen responsabilidades en el crimen.

Lo hizo el viernes pasado ante el tribunal oral que juzga a cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense. Su hermano Víctor, estudiante de Filosofía y Letras, llegó a la ciudad con una convicción: “Va a ser lo mismo aquí o allá, mi camino está elegido”.

“Su vida era la militancia, su vida era el futuro. Me siento orgulloso de su decisión porque a pesar del riesgo y el peligro el no renunció, intentó hacer su vida completa”, destacó.

Las audiencias continuarán el jueves 29 y el viernes 30 desde las 9 con transmisión por el canal de youtube de Audiovisuales UNS.

Carlos Oliva declaró que su hermano, “a pesar de ser refugiado de ACNUR y tener la residencia argentina, no fue protegido por el Estado. En noviembre del 75, apenas unos meses después de su asesinato, la justicia argentina sobreseyó el caso, no hubo ninguna intención de averiguar qué pasó y por qué lo mataron, sabiendo que se utilizaron armas de guerra y que la motivación fue política”.

Lalo era buen hijo y buen estudiante. Le gustaban los deportes y el arte. Un pibe como cualquier otro, “la diferencia es que en mi casa se discutía mucho lo que sucedía en el mundo y eso lo llevó a militar desde joven”.

“Su presencia física en este mundo fue terminada cuando no cumplía los 24 años. Fue una existencia muy rica, muy potente, que dejó huella en todos los lugares donde pasó”.

A fines de la década del 60, Chile vivía un proceso de movilizaciones populares. Lalo empezó a militar en el secundario y continuó como dirigente estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en la universidad.

“En el gobierno de Allende su tiempo fue en gran parte absorbido por su compromiso político. Su entrega y su coraje probablemente lo llevaron a perder la vida”, dijo su hermano menor.

Juntos, fueron detenidos algunos días por la dictadura de Pinochet. Al tiempo, Víctor cayó nuevamente en manos de la policía civil. “Lo logramos sacar por gestiones de mi padre ese mismo día pero la orden era asesinarlo. La orden venía de la Universidad Católica de Temuco”.

“Lalo no se quería ir de Chile. Lo convencimos pensando que era la única manera que podía mantenerse con vida”. El 23 de octubre de 1973 los hermanos se abrazaron sin dramatismo. “Me dijo una frase que fue lo último que escuché de él: va a ser lo mismo aquí o allá, mi camino está elegido”.

Víctor vivió un tiempo entre Cipolletti y Buenos Aires hasta que supo de un grupo de profesores de Temuco que daban clases en la Universidad Nacional del Sur. Llegó a Bahía Blanca a principios de 1974 y se matriculó en Filosofía y Letras de la UNS.

“En un año y medio envió unas 15 cartas donde cuenta lo que podría contar. No menciona nombres, dice que está bien, estudiando, menciona que estaba de novio. Mi mamá estuvo en Bahía en el 75, unos meses antes de que lo asesinaran, y volvió preocupada. Nos dijo que el Lalo estaba nuevamente participando en política. No veo por qué allá iba a ser distinto. Yo me quería ir con él y me pidió que no, que mi deber era estar al lado de los viejos y que su intención era volver”, afirmó Carlos.

En 2014 la familia comenzó a viajar a la ciudad para reconstruir la historia de Víctor y buscar justicia. Conocieron detalles de su secuestro y asesinato, de su participación en asambleas, del recuerdo de la comunidad de Villa Nocito. “Siguió militando y eso para mí tiene un valor, a pesar de los riesgos eligió su camino de compromiso social y político y lo llevó hasta el final”.

“¿Don Lalo, vio el diario?”, preguntaron al padre de Víctor en el almacén de su barrio en Temuco. Un chileno fue encontrado muerto en las afueras de Bahía Blanca, 22 años, 35 impactos en el cuerpo, respondería al nombre de Víctor Oliva.

“Esto fue dos días después. A la noche llamamos por un teléfono con mensajero a mi tío Manuel en Cipolletti. Pasó mucho rato y no hubo respuesta. Al segundo llamado responden diciendo que Don Manuel estaba en Bahía Blanca por un accidente que sufrió un familiar. Ahí tuvimos certeza que la persona que habían matado era Lalo”.

Carlos relató que su madre nunca se recuperó: “Creo que hizo un pacto de no volver a sonreír para transitar por el resto de vida que le quedaba sufriendo la pérdida de su hijo. Entre ellos había una complicidad muy particular”.

“Estábamos en casa de unos familiares. Mi papá se agarró a cabezazos contra una chimenea, gritaba y decía por fin lo mataron estos asesinos, lograron lo que querían. Paradójicamente Lalo fue asesinado en el lugar que buscó para salvar su vida”.

El cuerpo de Lalo fue abandonado en ropa interior con dos ejemplares del diario del PRT ERP. Su tío lo sepultó en Cipolletti, a donde sus padres lo visitaron durante años. En 1986, en plena dictadura chilena, fueron trasladados a Temuco.

Lalo es mencionado en el Informe Rettig. “Se dice que fue una colaboración entre la DINA y la Triple A. No fue el único chileno asesinado allá, era una preparación para asesinatos anteriores como la Operación Colombo o la Operación Cóndor. Las dos universidades tienen responsabilidades de lo que le pasó”.

Para Carlos dar testimonio en el juicio “es trascendental, es el deber que uno tiene como ser humano, como militante y como hermano. Es lo que Lalo hubiera hecho por mí”.

Fotos Calos Oliva: capturas Memorial Universidad Católica de Temuco.

La economista y columnista de FM De la Calle, María Julia Eliosoff, analizó los últimos informes de pobreza y distribución del ingreso publicados por el INDEC.

“El panorama general es que la pandemia ha destruido gran parte de las mediciones económicas: la caída del PBI ronda el 20%, la del consumo el 22%, cayeron exportaciones, cayó la inversión. Venimos de un contexto de crisis socioeconómica muy profunda que nos había dejado el macrismo, teníamos un promedio de inflación interanual del 50% y eso impacta en los ingresos fijos de las personas, sector trabajador y asalariado, jubilados, el sector que reciben transferencias del estado”, afirmó.

En ese marco se realizó la reunión del Consejo del Salario, espacio que determina el valor de Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). “Es muy importante porque marca cuáles van a ser los números para otro tipo de ingresos, no solo para asalariados, sino que muchas transferencias del Estado están atadas al SMVM -uno es el programa Potenciar Trabajo-. Lo que ocurre con esa discusión es que fue bastante baja, de $16.875 va a pasar en marzo a $21.600, es un aumento del 28% en tres cuotas, por ende, en octubre se percibe un 12% más”. 

Eliosoff agregó que, “desde diciembre del 2019 hasta ahora, el SMVM perdió un valor real del 18% en el contexto de una caída de la inflación muy importante”. 

Por otro lado, los datos aseguran que la pobreza ronda el 41%. “Más de cuatro de cada diez personas son pobres y al menos una de cada diez son indigentes. Ocho hogares de cada cien no pueden comprar los alimentos necesarios”.

En los informes de distribución del ingreso -señaló la economista- que “cayó la cantidad de personas que reciben ingresos laborales. El Estado está teniendo claramente mayor presencia. Esto no se refleja en los niveles de ingresos más bajos, como consecuencia de la pandemia y la caída de ingresos aumentó la brecha que existe entre las familias que perciben ingresos más bajos, el promedio de $2100 mensuales y el más alto que es de $54 mil”. 

“En el decil (10% de la población) de ingresos más bajos, las mujeres están más representadas. Cuanto más bajo más mujeres hay y cuanto más alto son los niveles con menos mujeres”.

“En los deciles más bajos las mujeres perciben los ingresos más bajos, en este informe esto se dio vuelta. Esto tiene que ver con que las mujeres perciben ingresos del Estado más que los varones. Estas medidas, como aumentos de AUH y el IFE, incidieron en las mujeres de los niveles más bajos y, en contraposición, en los deciles más altos cayó la participación de las mujeres”, comentó Eliosoff.

Por último, señaló que se concentró la riqueza: “una persona es 25 veces más rica que las personas pobres y esas personas ricas son varones. Los varones son aún más ricos que antes”. 

El proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Salud e Industria del Senado. La semana que viene se debatirá en el recinto.

La iniciativa establece un sistema de rotulado frontal con la composición nutricional de los alimentos y bebidas para advertir a les consumidores sobre excesos de azúcares, sodio y grasas con el fin de “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada”.

“Es muy importante disponer información clara, veraz y de fácil comprensión de los productos alimentarios que consumimos para poder tomar una decisión informada y libre. Esta es una de muchas medidas que podemos tener para un consumo responsable y autónomo de alimentos”, dijo a FM De la Calle la médica especialista en nutrición, Virginia Ventura.

Desde una perspectiva de soberanía alimentaria, “entendiéndola como el derecho y la responsabilidad de los pueblos de decidir cómo producir, qué comer y cómo comercializarlo, la forma que tenemos de tomar una decisión autónoma y libres es contando con la información necesaria. El empaquetado actual es confuso y no le llega dar al consumidor esa información que necesita”.

La integrante de ETSA (Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria) agregó que “en este momento las enfermedades crónicas no transmisibles son un problema de salud pública mundial. La principal causa de malnutrición son enfermedades como la obesidad, colesterol, hipertensión, diabetes”.

“Si bien son multifactoriales la base es una mala alimentación y el consumo de alimentos ultraprocesados en detrimento de alimentos frescos, lo que determina un consumo de azúcar que llega a ser el doble. Como el rotulado dice las cantidades en el reverso, de forma muy chica y a veces algunas cosas no se colocan, las personas no llegan a darse cuenta de los azucares y el sodio que tienen los alimentos”.

Ventura afirmó que “todas esas enfermedades representan otra de las pandemias que vivimos en el mundo y sabemos que determinan una vulnerabilidad mayor de esas enfermedades, que aumenta la mortalidad por Covid 19”.

Otros países de Latinoamérica ya aprobaron rotulados similares. “En Chile se han hecho algunos estudios, se ha visto que el impacto en el tipo de elección que hace la persona con este etiquetado ha disminuido el consumo de estos productos”.

Como objetivo secundario, Ventura señaló que la ley apunta a “estimular a la industria a reformular sus preparaciones, que seguramente lo van a intentar, formular de forma tal sus productos para evitar tener esos rótulos”.

“No es demonizar alimentos, no interfiere con ningún acuerdo que se haya hecho en Mercosur, sino que la idea es que pueda tomar una decisión más informada”, insistió la médica.

Vecinos y vecinas de barrios de la zona alta de la ciudad se reunieron frente de la planta de ABSA para firmar y entregar un petitorio. Exigen precisiones sobre la prestación del servicio y las obras proyectadas a las autoridades de la empresa, al Municipio y al Concejo Deliberante.

“Estoy en el barrio desde 2006, hay vecinos que están desde mucho antes. Hace 15 años que tenemos deficiencia, se ha ido agravando con el correr del tiempo. Era un problema estacional en el principio, después durante el año. Los cortes varían, duran un día completo, hemos estado semanas enteras sin agua”, comentó a FM De la Calle, Diego Calandra, vecino de Altos de Bahía. 

Señaló que el eje central del petitorio es “solicitar información para ver cómo se suministra el agua en el sector. No estamos esperando una obra faraónica, sabemos que hay un problema sistémico y estructural, creemos que se puede hacer una obra mucho menor o acciones para solucionar el inconveniente. Estamos en una zona alta, en otras zonas el servicio llega por gravedad y acá tienen que bombear”.

Tras reiteradas reuniones con el gerente local de ABSA, Gustavo Bentivegna, Calandra destacó que “no queremos una descripción del problema, queremos una solución”.

“Hemos escuchado durante años explicaciones generales, sin nivel de detalle, útiles para evitar una confrontación momentánea y extender indefinidamente los actuales niveles de prestación de servicio, los cuales no están a la altura de la época ni de la ciudad de Bahía Blanca. Suenan como excusas rápidas para no encarar nunca las soluciones de fondo, ni siquiera para iniciar reparaciones parciales que tengan el objetivo de solucionarlo a mediano plazo”, sostienen les firmantes desde los barrios Altos de Bahía, Palos Verdes y Patagonia Chico.

Agregan: “Tenemos conocimiento que la solución definitiva al problema sería una gran obra de ampliación de la planta Patagonia, cuya financiación depende de la Provincia. No obstante estamos convencidos de que existen soluciones alternativas, menos costosas para mejorar la situación, para lo cual solicitamos a la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca que audite el manejo de las operaciones e inversiones de la planta potabilizadora he informe a los vecinos del avance de las soluciones”. 

Calandra argumentó que “entendemos que no es sencillo redirigir los caudales porque eso gravita de acuerdo al consumo que hay en el momento. A través de válvulas que hay distribuidas en Bahía ellos abren o cierran. Sabemos que varía de acuerdo al consumo. En esta última etapa no hablamos con nadie de la Municipalidad”.

Calandra adelantó que “la semana próxima posiblemente haya una reunión con titulares de ABSA vía zoom, continuamos agotando instancias y entre vecinos empezamos a conversar que si se tiene que judicializar, así va a hacer”. 

La Fiscalía General informó que a raíz de múltiples denuncias recibidas sobre posibles casos de maltrato animal en el criadero Von Zius, ubicado en el Paraje Calderón, se inició una investigación que tramita bajo la órbita de la UFIJ N° 7 a cargo de Marcelo Romero Jardín.

En el marco de las tareas investigativas se tomaron declaraciones testimoniales y se realizaron tres allanamientos en domicilios relacionados con los responsables del criadero.

El procedimiento se llevó a cabo con personal de la DDI, Asociaciones Proteccionistas, el Equipo de Trabajo en Causas de Maltrato Animal y varios médicos veterinarios convocados por intermedio del Colegio Profesional.

Se recolectaron elementos de prueba que determinarán los pasos a seguir mientras se continúa tomando declaraciones testimoniales.

Las entidades proteccionistas iniciaron la demanda a partir del “caso de una familia de Buenos Aires que denunciaba recibir a Nina, una galga italiana de dicho negocio con mastitis, pérdidas dentales y fractura del maxilar, entre otras patologías”.

Con la viralización de la historia “decenas de personas comenzaron a relatar sus terribles experiencias con animales comprados o con la ‘adopción’ de perros/as ‘jubilados/as’ en el mismo lugar con afecciones similares”.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia presentó un relevamiento de las condiciones del sector en el contexto de aislamiento. Reclaman la declaración de la Emergencia Social en Niñez y Adolescencia y políticas públicas y presupuestos con perspectiva de niñez.

“Vemos una profundización de una crisis y precariedad y deficiencias del sistema de promoción y protección, en todo nivel, desde la desigualdad, la pobreza, los casos de violencia, la imposibilidad de los chicos de estar espacios de recreación, de acceso a la cultura”, dijo a FM De la Calle Antonella Laiuppa.

El Consejo está compuesto por más 20 organizaciones sociales, educativas, religiosas y del ámbito de salud y la justicia que trabajan en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La psicóloga Alba Picardi aseguró que hay que “entender al niño como sujeto de derecho y que debe ser atendido prioritariamente. Por eso en las conclusiones del informe pedimos una vez más, que cuando se elabora el presupuesto, sea desde una perspectiva de niñez, que sea un eje prioritario y no un como si. Pareciera que en el discurso está presente pero en las cuestiones concretar no está como algo central de las políticas”.

Laiuppa afirmó que “si no hay recursos para políticas y programas vinculados a la Niñez pasa a ser carente de contenido, esto es una decisión política”.

Señalaron que “el sistema de promoción y protección de la infancia no puede funcionar si sus trabajadores están precarizados. El 50% del personal es contratado en condiciones de precariedad laboral y maltrato. Si sumamos a quienes están con licencia por la realidad sanitaria se ve en el personal que está trabajando un agotamiento y exigencia, sumado a la complejidad de los casos”.

Sobre el impacto de la Covid 19 en las infancias y la adolescencia, el área de Epidemiología informó al Consejo que “si bien hubo algunos casos estaban ligados al contagio familiar. La mayoría quedó en el asilamiento y los cuidados que se dieron al grupo. No hubo situaciones graves salvo algunos que tenían que ver con padecimientos de base en salud que sumados al Covid complejizó un poco. En general fue pasar por un cuadro bastante llevadero. El gran problema es que en muchísimos casos los niños son asintomáticos y eso genera el temor del contagio a personas cercanas”.

“Son muchos meses y hay que pensar cuál será la mejor manera de darle ciertos marcos de referencia en cuanto a los lugares que eran importantes para ellos a nivel social, la escolaridad u espacios de actividades del tiempo libre que hacen a su crecimiento”, dijo Picardi.

El Consejo afirmó que “es notable la desigualdad manifiesta en lo que refiere a calidad educativa por la falta de puntos abiertos de conectividad y la falta de dispositivos tecnológicos para garantizar la continuidad pedagógica, aun sabiendo la gran labor docente y el esfuerzo de utilizar diversas estrategias”.

Laiuppa mencionó que las dificultades van “más allá” porque también “es importante un entorno familiar que pueda acompañar esta trayectoria”.

Desde la Comisión de Educación elaboraron una encuesta que ya fue contestada por más de 800 adolescentes, en la que apuntan a relevar cómo han vivido la relación con sus pares e instituciones durante el aislamiento.

Otra de las problemáticas abordadas es el abuso sexual infantil. Se estima que alrededor del 75% de los abusos son intrafamiliares y, además, se alerta que el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) ha aumentado el riesgo asociado con el aumento de las violencias.

“Vimos con mucha preocupación que el niño quedó aislado, con lo cual perdió la posibilidad de pedir ayuda o encontrar un referente que pudiera detectar la situación de abuso. En algunos lugares se fueron acomodando y en otro la respuesta se ve enlentecida. Por eso realizamos una campaña sobre la obligación de todos de hacer algo al respecto”.

El informe fue entregado días atrás en la Intendencia, la Secretaría de Políticas Sociales, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Presidente y los bloques del Concejo Deliberante, el Servicio Zonal y la Coordinación de SENAF Bahía Blanca.

Organizaciones proteccionistas denunciaron penalmente a los responsables del Criadero Von Ziuz por maltrato y crueldad animal. Se trata del veterinario Néstor Rubén De la Puente y la abogada Victoria La Plaza. La denuncia quedó radicada en la UFI Nº7.

Una familia de Buenos Aires decidió adoptar a una perra galga del criadero y expuso en redes sociales las condiciones de maltrato en las que recibieron al animal: pérdida de piezas dentales, mandíbulas rotas, úlceras en los ojos, imposibilidad de caminar, terror a ser alzados, bajo peso, infecciones, una vida entera en una jaula.

Luego de la publicación, varias personas comenzaron a relatar hechos similares con perros del mismo lugar.

“La causa penal está siendo desarrollada y queremos darle conocimiento al público de esta situación. Esto es una cuestión de maltrato y crueldad en términos de la ley, es un delito penal”, comentó a FM De la Calle la abogada especialista de Derecho Animal Regina Adre.

Agregó que consideran que, “independientemente de que es una consideración penal la que está en juego, siempre decimos: mirá en qué situación están la madre y el padre del perrito que compraste. Los criaderos son totalmente reprochables desde el punto de vista ético porque los animales no son cosas, no son susceptibles de comercialización”.

“Es el mismo planteo que se hizo en su momento con respecto a galgos o caballos respecto a las carreras, no quiere decir que todos droguen a los animales, pero como es un negocio es más rentable a que un animal tenga cría permanentemente a que tenga cría una vez cada 5 años”, comentó Adre.

Por último señaló que “desde el punto de vista de criadero como tal, no hay una regulación, se habilita como un comercio, por eso la causa también la tiene le Juzgado de Faltas para ver si cumplen con todos los requisitos”.

¿Guarda relación el lugar en el que vivimos con la calidad de vida y la salud?, se preguntó el médico Horacio Romano en FM De la Calle.

Según la OMS, la Salud Ambiental es “aquella disciplina que comprende los aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psico-sociales”.

“Se sabe que el cáncer como causa de morbilidad y muerte es alto y que en los últimos 10 o 20 años va en ascenso. Argentina es uno de los países con tasas de medianas a altas. Como está desnudando también la pandemia, las condiciones sociales, económicas y ambientales tienen muchísima importancia en el desarrollo de enfermedades como el cáncer. En algunos casos, tiene una implicancia genética, se hereda la predisposición”. 

Romano agregó que el cáncer de mama, cuyo día se concientización se conmemoro esta semana, tiene una incidencia de un tercio del total de cánceres que padecen las mujeres. 

¿Por qué aumentan los índices?

“La contestación es compleja, no es lineal, tiene que ver con grupos sociales, económicos, culturales. Por ejemplo, hay mujeres que acceden a controles una vez al año mientras que las de los sectores vulnerables no acceden. 

Romano comentó que “no existe o existe poca epidemiología que describa el cáncer. La provincia de Buenos Aires tenía hasta 2015 una forma de relacionar las causas de muerte. En nuestra zona la primera era el cáncer y, después, las cardiovasculares. En el mundo era al revés”. 

“En los últimos años los datos están a granel, uno tiene que tomarse el trabajo de sacarlos porque no hay una tasa, por ende, es difícil comparar. Estos datos deben estandarizar la cantidad de casos por 100 mil habitantes, informar del número bruto no te permite aclarar bien”.

¿Qué sucede en Bahía?

“En Bahía el tema ambiental no es menor porque el sistema endocrino es un sistema de muy fina regulación, los disruptores endocrinos que tienen que ver con distintas sustancias químicas, agroquímicos que interfieren, un día dispara un  grupo celular que termina siendo un tumor”.

“La relación de lo ambiental y cáncer es algo que está bastante probado. En lo ambiental sabemos hace tiempo, por lo que se ha declarado desde que empezó a medir el Comité Técnico Ejecutivo hasta 2011, que la emisión de cloruro de vinilo en la zona portuaria es alta y esto tiene relación con el cáncer. A veces establecer la relación directa no es tan fácil. Ni siquiera es que solamente hay cloruro de vinilo, si lo relacionamos con otros elementos como obesidad, son varios elementos. No depende solo de ellas sino que es multicausal”. 

Por último, Romano mencionó que “hay estándares que se siguen en otras partes del mundo que no se siguen en Argentina. Cuando uno empieza a mirar las cosas, se empieza a cuidar más. Indudablemente tenemos que hacerlo, el ciudadano involucrado o controlando es un factor importante para marcarle a los organismo de control y las empresas que tienen que tomar otra actitud”. 

La jueza federal Gabriela Marrón mandó investigar al perito Marcos Herrero, quien acompaña la querella de la familia de Facundo en la causa por su desaparición forzada seguida de muerte. Lo ordenó a los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin en el fallo que denegó medidas vinculadas  al accionar de la Bonaerense.

Ante el fracaso de las intervenciones de los canes de la Policía Federal, recientemente apartada, Marrón reprochó los resultados positivos de Yatel. El perro marcó el patrullero en el cual se encontró un pelo cuyo ADN es compatible con Cristina Castro, encontró el amuleto en el Puesto Policial de Origone y la piedra turmalina en un patrullero bahiense.

¿En qué se basa Marrón para denunciar al adiestrador? ¿Después de cuánto tiempo pueden los perros detectar el olor humano? ¿Quiénes son los expertos traídos al expediente por el fiscal Ulpiano Martínez?

En la resolución, la jueza puso en duda que la sandía con la vaquita de San Antonio en su interior perteneciera a Facundo y se preguntó si la “trasladaba con él a todos lados como refiere la madre”. Tras ello, atacó directamente su “legalidad” y “validez”.

El amuleto fue encontrado por Yatel en el segundo allanamiento a la estación policial de Origone, a la cual ella misma autorizó el ingreso de Marcos Herrero como perito de parte. “Los canes de la fuerza de seguridad no marcaron la bolsa de basura donde se encontró el amuleto pero sí lo hizo el perro de Herrero”, plantea Marrón en referencia a los animales de la Policía Federal, institución que fue apartada del caso por su parcialidad.

Sin embargo, dijo, “la ciencia” y “la técnica –a través de profusa bibliografía-” dan cuenta que los canes entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo.

Para la jueza, de la combinación de “la fecha probable de muerte y el lapso que los perros pueden oler a una persona viva o a un cadáver” surge “que al momento del hallazgo del amuleto el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima”.

Aplicó la misma lógica al hallazgo de la turmalina en el patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca: “Este caso es mucho más grave aún ya que la piedra fue encontrada con posterioridad al otro amuleto y cuando la víctima, según informe pericial, llevaba casi dos meses fallecido, como mínimo”.

Por ello, concluye que es “necesario y también forzoso” que la Fiscalía “investigue el accionar del perito”.

Rastro criminal

Lo extraño del caso es que la magistrada, que controla la investigación delegada en la Fiscalía, habiendo reconocido la aptitud y legalidad de Herrero para ser perito de parte, ahora lo cuestione sin reproches hacia las fuerzas federales y los testigos que firmaron las actas de los allanamientos en los que actuó.

Fuentes allegadas al adiestrador explicaron a FM De la Calle que la técnica utilizada en Origone se denomina “rastro criminal” e implica la búsqueda de material biológico humano en un determinado perímetro y no necesita un olor de referencia.

«Mi persona explicó que el perro identificó una esencia de rastros biológicos que podrían o no ser de Facundo. El hecho importante es cuando se abre la bolsa, (…) Cristina (…) reconoce un elemento que le había regalado la abuela a sus tres hijos», dijo Herrero en aquella oportunidad.

Diferente fue el trabajo sobre el Toyota Etios en Bahía Blanca, en el cual se aplicó la técnica de “rastro específico”, que sí requiere del olor humano.

Sin embargo, los antecedentes de Herrero destruyen las conclusiones de los peritos convocados por Santiago Ulpiano Martínez para desacreditar al rionegrino, quienes hoy son invocados como “la ciencia” y “la técnica” por la jueza Marrón.

Dichos “expertos” informaron que el olor humano no podría detectarse después de 72 horas. ¿Cómo hicieron entonces Herrero y sus perros para encontrar el cuerpo de Micaela Ortega y pertenencias de su femicida 35 días y once meses después del crimen, respectivamente?

Otro caso en el cual se destacó la labor del perito fue el de Araceli Fulles, otra víctima de femicidio cuyo cuerpo fue encontrado por uno de los canes de Herrero 25 días después de su desaparición, enterrado debajo de un contrapiso.

“La ciencia” y “la técnica” tienen nombre propio

Se trata de dos de los tres “especialistas” requeridos por el recusado Martínez para relativizar las pericias de Yatel y su guía. Uno es el Director de Defensa Civil de la Provincia de Chubut, José Mazzei, y el otro el veterinario y comisario correntino Mario Rosillo.

Cuando la jueza dice que “el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima” lo hace sobre una de las conclusiones de Mazzei. Aunque lo informado sea que “en rastro por olor referenciado se sabe que el umbral de latencia se ubica alrededor de las 72 hs., si bien se han conseguido buenos resultados con un rastro de mayor edad'”.

Agrega el director de Defensa Civil: “Lo cierto es que a partir de las 72 hs. el rastro empieza a perderse, estando directamente relacionado con las condiciones ambientales, climáticas, meteorológicas, topográficas y tipo de superficie”. Condiciones que el propio Herrero reconoce como obstáculos a considerar, si bien en el caso de la sandía y la turmalina se trató del interior de un calabozo abandonado y el de un vehículo.

Por otro lado, Mazzei indica que la justicia debería convocar peritos “certificados por la Dirección Nacional de Cinotecnia dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación” aunque, tal como manifiesta, “está pendiente (estaba prácticamente a ponerse en marcha el año pasado) la certificación de canes y guías Detectores de Restos Humanos (de RH) y canes y guías de Rastro por Olor de Referencia”.

Más contradicciones

La predisposición de Rosillo hacia el pedido de Martínez es aún más generosa. En la causa manifestó que “se ha sugerido que el intervalo calificado para una búsqueda abierta es de 24 a 72 hs. como óptimo. El ideal para una búsqueda rápida son 12 hs.”.

Sin embargo, en su libro “La identificación humana forense con caninos” (2017) sostiene: “La resistencia del olor humano se ha demostrado en los objetos sometidos al calor, las explosiones, el envejecimiento y la contaminación por otros olores. De manera similar, el olor humano en el campo se ha demostrado viable a pesar de la influencia del medio ambiente y el envejecimiento. (…) También se cree que el olor no va a sobrevivir por largos períodos de tiempo fuera. Sin embargo, los últimos estudios conllevados con la experiencia indican que el olor humano es más resistente de lo que se creía anteriormente”.

Rosillo citó en la causa de Facundo un protocolo de odorología forense de Salta que menciona procesos para la recolección de olor “con más de tres meses de antigüedad” y comentó que en 2010 encontró a un puestero de estancia de Cipoletti desaparecido por “más de 5 meses”.

El comisario retirado mostró su entusiasmo con el expediente en una segunda presentación en la cual sugiere a Ulpiano Martínez hacer un peritaje con olor de referencia en laboratorio sobre la zapatilla encontrada intacta a metros del esqueleto del joven. Evidentemente creyó que, aun habiendo pasado tres meses y medio de la desaparición forzada, todavía podría dar resultados. Quien no tenía ningún apuro ni interés era el fiscal recusado: “toda vez que dicho elemento será sometido a un examen pericial, de momento no se producirá la medida propuesta”.

Rosillo también ha sostenido versiones contradictorias según el lugar que ocupe en las causas. Por ejemplo, como perito de la defensa en la causa por el abuso sexual y muerte de Marito Salto afirmó que el olor humano solo persiste 72 horas y, convocado por el Tribunal Oral correntino en el Caso Schaerer dijo que “el habitáculo de un automóvil es idóneo para preservar huellas olorosas por un tiempo de dos a dos años y medio”.

Un atentado contra la verdad

Los fiscales Heim y Azzolin y las querellas apelaron el fallo de Marrón. Desde la Comisión Provincial por la Memoria destacaron en un comunicado que “los argumentos para desacreditar los peritajes recaen en tantas irregularidades y contradicciones que resulta difícil de explicar y mucho más difícil de entender”.

Agregaron que “en el transcurso de la causa, la policía bonaerense cometió una serie de delitos e irregularidades que no se explican si no es para encubrir hechos y desviar la investigación” y “a pesar de reconocer la historia de hechos de violencia institucional, la jueza parece desconocer la verdadera complejidad de estos procesos en donde se sospecha la intervención de una fuerza de seguridad. La falta de voluntad de investigar y la demora en las medidas de pruebas sólo atenta contra la verdad, la justicia y la reparación”.