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Preocupación por el Día de la Madre: “El próximo mes va a ser crítico”

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“No nos gustaría que el sistema de salud colapse, esto nos generaría mucha angustia”, afirmó la Sociedad de Medicina Interna en un comunicado en el cual llama a la población a extremar los cuidados.

El presidente de la entidad, Matías Mirofsky, dijo a FM De la Calle que “si este fin de semana no tomamos los recaudos necesarios, las consecuencias las vamos a ver dentro de 15 días. Ese es el motivo por el cual el próximo mes va a ser muy crítico en cuanto al sistema de salud de nuestra ciudad”.

Agregó que “la situación es crítica y delicada porque la disponibilidad de camas en hospitales es muy limitada. Esto genera mucha preocupación de que la cantidad de contagios que se están reportando son bastante importantes para la región, la preocupación para esto es que las camas se saturen y nos quedemos sin”.

“Queremos hacer hincapié en el cuidado individual que es la única forma de evitar contagios, sabemos que hay gente que se está cuidando. Pero hay otro grupo minoritario que, al ser tan contagiosa la enfermedad, es el que hace la diferencia y genera este tipo de situaciones que vivimos”, destacó.

El médico señaló que “cada vez que se analiza un caso positivo, la mayoría de las veces informa que la semana previa había estado en una reunión social. Esos son los focos de contagios, 10, 15, 20 personas, siguen contagiando y se hace una gran bola de nieve que impacta gravemente en el sistema de salud porque un porcentaje va a requerir una terapia intensiva y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. Las reuniones sociales hay que tratar de evitarlas”. 

En relación a prolongar el aislamiento, Mirofsky dijo que “las cuarentenas prolongadas no tienen impacto y tampoco creo que un cambio de fase vaya a cambiar algo”.

Por otro lado, subrayó la necesidad de aumentar los testeos. “En Bahía estamos muy debajo de lo que realmente necesita la ciudad, el gran ejemplo fue CABA, donde el testeo fue muy importante, más de 2500 personas que salían a testear a las calles, contenían, hacían burbujas, aislaron barrios. Les fue muy bien, sumado al cuidado personal de cada uno. Necesitamos capacitar recurso humano que haga test y lugares que los procesen”. 

“Necesitamos recursos económicos y humanos, si tenemos los test y nadie lo hace no sirve, si tenemos el recurso humano pero no los test no sirve. Es una cuestión de gestión buscar el recursos humano y decisión política ponerse de acuerdo”. 

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“La proyección indica que estamos en el orden de los 10 mil contagiados”

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Así lo indicó la economista e investigadora del CONICET, Valentina Viego, quien desde marzo realiza un seguimiento de la evolución de las cifras que se publican en torno a los contagios de Covid 19 en la ciudad.  Oficialmente fueron confirmados 4864 en lo que va de pandemia.

Destacó que el reciente blanqueo del Municipio del subregistro de fallecidos por la enfermedad dejó el total en línea con lo proyectado a principios de septiembre.

“En la tercera semana de septiembre iba a haber unos 15 fallecidos por semana, esto se cumplió. Saqué el cálculo de que tres semanas íbamos a estar en 20 fallecidos por semana. El día sábado chequee cómo estábamos y me pregunté porqué hay menos, dado que la tasa de letalidad es muy estable. La única posibilidad de que hubiera menos fallecidos era algún cambio en la estructura de edades y fallecidos. Finalmente nos enteramos que se debía a subregistro y la cifra se está cumpliendo”, explicó a FM De la Calle. 

Detalló que “en Buenos Aires había 3500 casos perdidos, siempre ocurría que las cifras de SISA no tenían todos los casos que tenían los reportes locales, cada jurisdicción tenía que ir actualizando. Acá ocurre al revés, en el reporte local estaba con subregistro. Eso me llama la atención porque en teoría hay un responsable que llama diariamente a los hospitales y tenés la evolución de los casos”.

“Es cierto, no todas las personas fallecen en hospital pero son personas diagnosticadas porque si no no sabríamos. Y si fueron diagnosticadas la Secretaría de Salud tiene que hacer un seguimiento aún si no están hospitalizados. Ahí también hubo algo que falló, no solamente en la funeraria. Eso evidencia que en el sistema del seguimiento no funcionó bien”, afirmó Viego.

En relación al cálculo que se emplea para conocer las proyecciones comentó: “Tenés una tasa de letalidad del 2,5 y 3% de los confirmados que suelen fallecer, eso ocurre a las tres semanas. Si vos estás teniendo 100 casos por día por semana acumulas 700. Y si  de esos sacas el 2,3% tenés la proyección de los fallecimientos que van a ocurrir”. 

La investigadora señaló que “seguimos estando en el doble de casos, 2,2 es el factor de multiplicación. Estamos en el orden de los 10 mil contagiados. Se complican las proyecciones porque hay pocos fallecidos jóvenes, por suerte. Todavía hay pocos como para tener una estimación de los casos verdaderos”.

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Covid 19: el Municipio informó que 30 muertes no habían sido cargadas

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El gobierno comunal difundió anoche que encontró errores en los datos de fallecidos por Covid cargados en el sistema SISA y en la Sala de Situación del gobierno provincial.

El secretario de Salud, Pablo Acrogliano, afirmó que “las medidas sanitarias no se modifican, lo que cambia es el impacto de mortalidad que genera la enfermedad”.

A nivel local se realizó un relevamiento de las notificaciones de las empresas funerarias y una revisión de las actas de defunción; y se controlaron en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) y en el SYNTIS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), las notificaciones y actas de defunción respectivamente.

Este entrecruzamiento arrojó que 30 personas fallecidas por Covid-19 no habían sido debidamente informadas en los sistemas oficiales. Asimismo, hay 5 casos más, que aun no pudieron definirse y se encuentran en investigación epidemiológica para determinar la causa del fallecimiento.

Los casos se dieron desde el 31 de agosto hasta el 7 de octubre de 2020, fallecieron 15 hombres y 15 mujeres, y el 97% fueron mayores de 60 años (sólo un hombre de 43 años). Hasta ayer el número de fallecidos por Covid-19 era de 120 personas, a las cuales deben sumarse siete pacientes que murieron en las últimas 24 horas.

En cuanto a la causa del error sostuvo que “el circuito del certificado de defunción es bastante burocrático. No todas las personas se mueren en un hospital. Con la firma del profesional se genera el certificado que pasa a la casa mortuoria y ellos lo presentan al Registro Civil y a partir de ahí se levantan los datos. En ese circuito intervienen muchos actores y es donde seguramente ocurrió esta falla de carga. Los últimos dos o tres meses, en los que se produjo este bache, coinciden con el aumento del número de casos, a mayor volumen genera mayor posibilidad de riesgo de error”.

La revisión de las cifras fue a partir de la confirmación por parte de las autoridades provinciales de la existencia de 3.523 personas fallecidas por Covid-19 que no se habían registrado en las estadísticas oficiales debido a un subregistro de información.

Esta situación alertó al Departamento de Epidemiología y Calidad del Municipio de Bahía Blanca el cual comenzó una búsqueda activa intensificada de casos confirmados de Covid-19 fallecidos, que no fueron notificados debidamente a las autoridades sanitarias.

Fuente: Municipalidad de Bahía Blanca.

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Rosalía: “Sigo firme porque no me siento sola”

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“Es muy fuerte volver a pasar una pesadilla después de 15 años”, dijo Rosalía Reyes desde la casa de su hermana, donde cumple arresto domiciliario. Fue en una conversación por el Instagram de FM De la Calle conducida por Giuliana Crucianelli.

Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero, el Tribunal Criminal N° 3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.

“Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla”, relató.

El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.

“En el frigorífico se mataban pollos para ir a la Cooperativa. En ese entonces trabajaba muchas horas, 13, 14 horas por día, era monotributista, si no trabajabas no cobrabas, no teníamos obra social. Era mamá de cuatro hijos: Vanesa de 12, Mayra de 10, Némesis de 9 y Brian de 4. Era mamá y papá, sostén, tuve que agachar la cabeza para darle de comer mis hijas, llevarle el plato, estuve alrededor de siete años trabajando en el frigorífico. Cuando quedé embarazada lo oculté, no por que no quisiera que nazca, lo oculté para resguardar mi trabajo, no quería quedarme sin darle la alimentación a mis hijas, solamente comíamos bien cuando cobrábamos”.

En el 2007, después de diversos desmanejos de operadores judiciales y una revictimización constante, la causa llegó a juicio y Rosalía escapó.

“Tuve mucho miedo, mis hijas eran chicas. No me quise presentar a la sentencia porque tenía miedo que me den perpetua. Yo era todo para mis hijas, tomé a mis cuatro hijas y me fui a Zárate. Veía un patrullero y me escondía. Fue pasando el tiempo, me animé a salir más a trabajar. En el 2009 nació mi hija Brenda. Siempre digo que Dios me devolvió esa vida que no pude salvar”.

En el 2019, Rosalía llevó a Brenda a su último control médico y a través del reconocimiento facial de las cámaras de Retiro, la Policía la identificó y la detuvo porque tenía una orden de captura. “Me detuvieron, me llevaron a la Unidad de Azul después de 14 años y medio y volvió a pasar la misma situación otra vez”.

En febrero, fue condenada a ocho años de prisión por la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.

Rosalía necesita ver a su hija menor y a sus nietos en Zárate. “Día a día me dan fuerza, desde que empezó todo esto, siempre están conmigo. Siempre me dicen no bajes los brazos mamá, sos muy fuerte”.

“En ese momento veía mucha gente, muchas marchas y cuando hablo con mi abogada y le pregunto me dice ‘es todo el apoyo hacia vos Rosalía’. Estoy sin palabras, ahí sentí el apoyo de muchas mujeres feministas, cuando hace 15 años atrás estaba sola”.

La defensora oficial, Fabiana Vannini, elevará un pedido de informe socioambiental de Zárate para pedir el cambio de domicilio y que Rosalía pueda cumplir la domiciliaria allí. Aún no hay fecha de audiencia en la Cámara de Casación Penal.

“Espero que los jueces revean mi causa, que no juzguen porque solo una sabe lo que pasó. Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas”.

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“El manoseo de Rosenkrantz es banalizar los juicios y nuestra lucha”

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El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad.

Lo hizo luego de cuatro años de inactividad y ante un pedido de juicio político. Sin embargo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo rechazaron la invitación por entender que fue una jugada “oportunista” del magistrado. Tampoco asistieron la mayoría de los organismos de derechos humanos.

El secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle que consideran que la reunión “no existió, al no participar los tres poderes no hay ‘Interpoderes'”.

Más allá de los intereses de Rosenkrantz, el espacio “generaba la posibilidad de ir a disputar. Para nosotros no hay escenarios amigos, no hay gobiernos amigos. El gobierno decidió no ir, una táctica errónea porque en política cuando alguien dice no voy siempre pierde, y nos quitó la posibilidad de reclamar. ¿A quién le reclamamos? ¿A (Horacio) Pietragalla? Si no se hace cargo de nada”.

Agregó que “estamos enojados, aunque con la derecha no nos enojamos, a la derecha la combatimos. Programáticamente pedimos la ampliación de la Corte Suprema para terminar con esto, decimos que hay que cambiar la Corte, la Constitución, y no solo eso sino cambiar el Código Penal, los que pretenden corrernos sin ir a la reunión es una pavada”.

Al final, señaló Schulman, “terminó el día y Ronsenkantz sigue en la Corte, los juicios siguen hechos mierda y el gobierno no hace nada”.

El dirigente mencionó que “los procesos de Memoria Verdad y Justicia son responsabilidad del Estado argentino. Que el Ejecutivo siga mirando para otro lado o que el Legislativo pueda creer que puede estar ausente no lo convalidamos”.

“Están al margen de la lucha contra la impunidad, la impunidad no es poner al Sargento García que estaba tomando mates y torturaba un rato. En Bahía la impunidad es de los dueños de La Nueva Provincia, de Montezanti y de todos los jueces que lo avalaron durante años sabiendo que había participado del grupo de tareas que agredió a los estudiantes el día que habían protestado por el asesinato de Watu, de eso presentamos pruebas hace 15 años. La impunidad toca al poder real y por eso los que tienen alguna complicidad están asustados y los que no lo quieren enfrentar hacen estas cosas que hizo el gobierno con la Comisión Interpoderes que es funcional a que siga la impunidad”.

“El manoseo de Rosenkrantz es banalizar los juicios y nuestra lucha”, concluyó Schulman.

El Centro de Estudios Legales y Sociales concurrió al encuentro y detalló sus planteos en un comunicado. Advirtió que “la falta de compromiso que caracterizó estos años” incluyó “dilaciones injustificables, ausencia de políticas de apoyo a las víctimas y a las investigaciones, desarticulación de los equipos de relevamiento, decisiones judiciales cuyo trasfondo es frenar el proceso, como ocurrió con el fallo del 2×1 y ocurre con las trabas en las investigaciones de responsabilidades empresariales como la que involucra a Carlos Blaquier por la represión en el Ingenio Ledesma”.

Sobre la Interpoderes
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Adriana Meyer: “Buscar la mayor objetividad no implica ser neutrales”

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La periodista Adriana Meyer, quien cubre la investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro para Página/12, conversó con FM De la Calle sobre la nueva etapa de la causa.

“El uso del lenguaje nunca es neutro ni casual y se juega con esto del informe final de la autopsia como final de la causa. Es la antítesis. La causa, previo a la autopsia, había tenido un vuelco importante cuando empezaron a trabajar los fiscales Heim y Azzolin, hay nueva prueba que los querellantes prefieren no revelar porque está en marcha”, apuntó.

Meyer, quien publicó recientemente una nota de opinión titulada “Que parezca un accidente“, afirmó que “buscar la mayor objetividad no implica ser neutrales. Algunos periodistas critican respecto de quienes investigamos lo de adherir a la posición de la familia: a la víctima hay que escucharla en serio”.

Respecto del hallazgo de ADN de Facundo en un patrullero, señaló que se trata de un cabello “que como no esta el bulbo, se puedo dar con ADN mitocondrial que corresponde a Cristina. Eso sumado a una certera identificación de los testigos de uno de los policías sospechados, una serie enorme de medidas que hacen a la querella estar esperanzada que se va a llegar al pedido de encarcelamiento e indagatoria de los sospechados”.

Meyer sostuvo que “hay que reiterar y machacar, ante enormes esfuerzos por encubrir, que el objeto de la causa desde que pasó al fuero federal es desaparición forzada. Pasa el tiempo y ves operadores periodísticos que responden a sectores de la policía y sectores muy conservadores del Poder Judicial que vuelven a a la carga con la hipótesis del accidente, que no fue descartada pero está muy abajo, la primordial sigue siendo la desaparición forzada de persona”.

En relación al informe de los resultados de la autopsia destacó que “hay tergiversación en el sentido de mencionar la posibilidad de accidente cuando la autopsia dicen que con lo que hay, un cuerpo desmembrado, sin carne, es decir, unos huesos y esqueleto incompleto, pusieron que fue una muerte violenta de asfixia por sumersión, pero no hay elementos para afirmar ni que fue un homicidio ni un accidente ni suicidio. La hipótesis de suicidio nunca fue hipótesis para los investigadores”.

“También es cuestionable que la autopsia haya afirmado con tanta elocuencia la no intervención de terceros. Eso, según expertos que consulté, va a ser respondido en la investigación penal”.

¿Qué matices hay en el trabajo y el rol del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la Corte?

“Hay un primer cuestionamiento dicho por Creimer, que no hubo un ateneo, una discusión previa y cuando ella fue a la reunión el informe ya estaba redactado. Salvando eso, el día de la reunión tuvo discusiones fuertes respecto a algunas disidencias, especialmente con equipos de la Corte y de la justicia. No cargaría las tintas sobre el Equipo, así como son hiper profesionales y rigurosos, su capacidad empieza y terminan en una excelente identificación de huesos. Esta causa es mucho más que un conjunto de huesos”.

Agregó que “lo que cuestionaba Creimer no tenía que ver con el EAAF sino con la odontóloga que le dijo a la mamá de Facundo una cosa el día de la autopsia y después se desdijo. A las claras hubo presiones para que el informe dijera algunas cosas. Por lo que dijo Creimer, a ella también la querían presionar para que firme en conformidad, el lío se armó cuando ella dejó escrita su disidencia”.

Asimismo la periodista señaló que el hecho que la jueza no haya incluido esta firma en disidencia parcial de la perito de la querella en el comunicado entregado a los medios “no es neutral”.

“Me hace acordar a los 55 peritos de (el juez Gustavo) Lleral de la causa Maldonado, resultó que eran 26. No soy quien para cuestionar a un perito, pero hay cosas operativas. ¿Por qué la jueza omitió semejante cosa? La disidencia de la perito es lo que permite seguir debatiendo en la causa y que esto no sea un cierre”, señaló.

Meyer afirmó que “en la desaparición forzada el encubrimiento de la fuerza sospechada es parte del mismo delito. En la primera parte del expediente había solo versiones policiales. Cuando eso llega a la instancia que se agota la causa provincial y pasa a federal, un organismo como la Comisión Provincial por la Memoria y Amnistía ven que hay elementos. Esos organismos no se meten si no ven claramente la intervención de la policía”.

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Revocan preventiva y elevación a juicio de Axel Moreyra

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La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías anuló la elevación a juicio y la prisión preventiva contra Axel Moreyra, el joven acusado de ser autor de un robo con arma en la zona de El Pinar que nunca cometió y por el cual estuvo detenido durante más de treinta días.

Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou apartaron a la jueza de Garantías Marisa Prome por haber realizado una mala valoración de la prueba. El cuestionamiento central es que se probó que el imputado estaba en otro sitio en el momento del hecho.

El chico continúa en prisión domiciliaria hasta que se realice una audiencia con el nuevo juez, Guillermo Mércuri, quien deberá resolver teniendo en cuenta las definiciones de la Cámara.

Juan González, abogado defensor de la familia Moreyra, explicó a FM De la Calle que la decisión tomó en cuenta “una valoración de la prueba que habíamos presentado como defensores. Se hace una nueva resolución y determina la arbitrariedad de la jueza”.

“Nuestra hipótesis está basada en pruebas acompañadas en el expediente, hicimos una pericia ocular, se acercó la mamá al lugar, recorrimos la zona, vimos cámaras, el chico estuvo en otro lugar que no coincide con la zona en la que fue el robo. Las víctimas se comunican al 911 16:06 cuando tenemos registrado a Axel en calle 14 de Julio, cerca del cementerio, donde iba caminando con su hermana. Las cámaras lo registran a las 16:02, es imposible que el joven esté en dos lugares al mismo tiempo. Esa prueba no se valoró correctamente ni por la fiscalía ni por la jueza”.

González aseguró que les llamó la atención “porque hemos presentado testigos y pruebas. La geolocalización de celulares la pedimos y nos la negaron”..

Señaló que “con lo que ya surge con la carga de prueba de la fiscalía y con la de la defensa, creemos que no existe la probabilidad positiva que se requiere para que una persona tenga un grado de sospecha para aplicar preventiva y llegar a juicio”.

El letrado agregó que “Axel es inocente hasta que se demuestre lo contrario con sentencia firme y con un juicio justo. El proceso llevado a cabo por el Ministerio Publico Fiscal ha carecido de esto. Si alguien levanta una acusación que tiene una pena de 5 a 15 años de prisión, mínimamente tiene que ir a hacer una pericia ocular. ¿Cómo no puede salir a buscar testigos? ¿Cómo no va a ir hasta el lugar”.

“La familia está muy mal, están viendo esto como una pesadilla, ahora el está en modalidad domiciliaria, no sale de la habitación. Esto es un tema que genera un trauma, Axel es un chico que nunca pisó una comisaría, que no tiene antecedentes. Esta situación la están viviendo con muchísima angustia”, concluyó.

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“Ni un peso de Cultura se distribuyó para paliar la pandemia”

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La Unión de Músicos y Músicas del Sur, la Asociación Argentina de Actores y Espacios Culturales Independientes renovaron sus críticas hacia las autoridades municipales tras la confirmación de que los fondos del área no fueron utilizados para la emergencia sanitaria.

“Era el argumento que nos dijo (Morena) Roselló. Estamos en octubre y del presupuesto de Cultura, de más de 300 millones de pesos, no hay nada direccionado a la pandemia”, comentó a FM De la Calle Cecilia Epherra.

Las organizaciones denunciaron que “reviste una gravedad inusitada el accionar descripto, dado que no se informa sobre los dineros públicos destinados al presupuesto del Instituto Cultural y se demuestra que fue una decisión NO EJECUTAR estas partidas dejando al sector lisa y llanamente abandonado. Ese dinero tiene destinos específicos por ordenanzas y al día de hoy NO SE SABE DÓNDE ESTÁ”.

Epherra afirmó que la política cultural del gobierno de Héctor Gay “se viene dando con un tono criminal porque deja sin contención alguna a los y las trabajadores de arte y al cultura”.

Para UMSur fue irresponsable la decisión municipal de otorgar “permisos precarios” para actividades que involucran el quehacer musical. “Dichas actividades no estaban autorizadas según el protocolo provincial sino para localidades que se encontraran en fase 5. Nuestra ciudad no sólo se encontraba en fase 4 sino que, precisamente por esa política de apertura indiscriminada, aumentó los casos de manera exponencial, al punto del límite del colapso sanitaria, según han denunciado los y las profesionales de la salud”.

“¿Quién se haría responsable de la situación de salud de nuestros compañeros y de nuestras compañeras? ¿Qué ART ser haría cargo de su suerte? ¿Quién iba a suministrar los instrumentos sanitarios? ¿Dónde el transporte seguro que prevé la normativa provincial? ¿Qué protocolos específicos según el instrumento musical del cual se trate? ¿Cómo se aprueba un protocolo si no se consulta a la organización gremial del sector en cuestión?”, se preguntaron.

Epherra aseguró que “la salud es un concepto integral que involucra a la cultura, la estrategia que propuso el sindicato a comienzo de la pandemia fue desarrollar una política pública y que el municipio invierta en una estrategia integral: contención desde lo económico para trabajadores y contención de la salud mental. De esta manera se estaría dando fuentes de trabajo y creando contenido para generar producciones locales que den acceso al arte a la comunidad”, agregó.

En cuanto a los protocolos para la vuelta de la actividad musical cuando la situación epidemiológica lo permita, explicó que “los casos son diferentes porque depende muchísimo de cómo es el instrumentado y los recursos. Los protocolos que tomaban del modelo de provincia involucraban mucho despliegue que acá no se aplicaba, el traslado hacia el lugar de trabajo, si usas transporte público, etcétera. En Bahía hubo casos de técnicos diagnosticados positivos, hay responsabilidad del Municipio por no proponer un protocolo claro”.

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¿ADN de Facundo en el patrullero de Origone?

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“Esto recién empieza”, dijo Cristina Castro tras conocer los resultados de la autopsia a los restos de su hijo. Afirmó, además, que recibió resultados de análisis de ADN que identificaron su perfil genético en una de las pruebas secuestradas en la investigación.

Se excusó de brindar mayor información pero sostuvo que “si hay ADN concordante conmigo es porque mi hijo estuvo en ese lugar”. Según pudo conocer FM De la Calle, la muestra correspondería a un pelo sin bulbo con ADN compatible con Facundo.

Se trataría de uno de los elementos encontrados en el patrullero Toyota Hilux, interno 22788 patente EPH-491, que el día de la desaparición del joven era conducido por el policía Alberto González del destacamento de Teniente Origone.

En un calabozo externo de dicha sede de la Bonaerense, el perro Yatel, del entrenador Marcos Herrero, encontró el amuleto de Facundo. El mismo can había ladrado, gemido y rascado de manera “concluyente” en la patrulla. “En algún momento Facundo estuvo en esa camioneta”, dijo entonces Herrero.

Con los resultados positivos del allanamiento del 31 de julio, la querella pidió ampliar el relevamiento del puesto de Origone junto a Herrero e integrantes de la Policía Científica. Quieren que se “proceda a requisar, recolectar rastros y someter a pruebas de sustancias hemáticas a través del dispersado de luminol”. La jueza Gabriela Marrón nunca lo permitió.

González declaró que el 30 de abril un vecino lo llamó porque había un chico caminando a la vera de la ruta. Relató que se dirigió al KM 750, requisó a Facundo y tomó una foto de su carnet de conducir. Como desde Médanos le advirtieron que ya había sido infraccionado, lo dejó seguir.

En el marco de un rastrillaje, González dijo a Cristina Castro que su hijo continuó camino a pie hacía Bahía Blanca. Sin embargo, días atrás había declarado en sede policial que lo había levantado una Duster Oroch.

Allí se vincula con el testimonio de la Testigo H, acercado a la causa por les bonaerenses Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores cuando su fuerza ya estaba apartada. Sosa y Jana Curuhinca fueron quienes infraccionaron a Facundo por la mañana en Buratovich. Flores es media hermana de Curuhinca.

Los testimonios de González y la Testigo H son contradictorios en varios puntos. Por ejemplo, hay una diferencia de siete kilómetros entre el sitio en el que cada cual ubica los hechos, en si hubo o no participación de un segundo policía y en la manera en que estaba estacionado el patrullero.

A mediados de junio, González recordaba llamativamente con exactitud el domicilio de la novia de Facundo a donde le habría manifestado que se dirigía.

Otro documento “curioso” es su libreta de trabajo. En una de sus hojas se leen los datos de la Testigo H y debajo los de Facundo. “En la hoja donde tomé los datos de este chico, figuran los datos de una señora (XX), recuerdo que eso fue anotado porque varios días antes me avisan que esta señora se había escapado de un control de tránsito en Mayor Buratovich y que salga y la intercepte, por eso yo anoté en la libreta eso”, intentó explicar el teniente primero.

Foto libreta: Adriana Meyer.
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“Estamos viviendo un ecocidio”

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Vecinos y vecinas de las Asambleas Ambientales de Punilla denunciaron penalmente al gobierno cordobés porque “hubo un abandono total” desde el comienzo de los incendios.

“Hemos denunciado penalmente al gobernador, Juan Schiaretti, por el mal uso de su poder para convocar a otras fuerzas de combatientes de incendios a nivel nacional”.

“Todavía no entendemos porqué esperó un mes para hacerlo cuando los que estábamos viendo el fuego, veíamos que los bomberos estaban totalmente agotados, que también es un riesgo para ellos y para los vecinos. De hecho, fallecieron dos personas en los últimos días”, dijo a FM De la Calle la asambleísta Sofía Echenique.

Afirmó que Córdoba vive un “ecocidio”. “Estamos viendo en vivo y en directo la devastación de las tierras por los incendios y una degradación que viene de años con emprendimientos inmobiliarios y obra pública mal hecha. Realmente es una asesinato a la naturaleza. Desde el Plan de Manejo del Fuego se ha protegido a los inmuebles pero han librado al monte de esa protección, no considerándolo como el bien común más importante que tenemos en la provincia más allá de lo material valuable”.

Echenique remarcó la falta de contención del fuego por parte de los bomberos, sin embargo, destacó que “no es la responsabilidad del personal voluntario sino de órdenes de la cúpula de bomberos, defensa civil o del gobierno provincial”.

“Hubo un abandono que llevo a esto, a que fallecieran dos vecinos nuestros. En este marco de reclamos pedimos formación de brigadas voluntarias forestales. Los bomberos que vienen porque el monte se está quemando, la mayoría no tienen formación en combate del fuego forestal y esto es fundamental para decidir o no cuanto avanza un fuego”.

“Las personas idóneas comentan que hubo un manejo estratégico totalmente fallido de estos fuegos, eran evitable en cuanto a la magnitud, hemos perdido 200 mil hectáreas de bosque nativo”, agregó Echenique.

La asambleísta abonó la teoría del origen intencional de los focos: “En algunos han localizado a las personas que supuestamente fueron las que lo iniciaron, pero la prueba de esto está en que en estos mismos días en que el monte se estaba quemando salieron publicitando venta de terrenos y loteos”.

“El valle de Punilla ha dado una resistencia ambiental muy fuerte y creemos que no quieren tener el costo social y político de desmontar con una topadora y lo hacen con fuego, después pueden decir acá no había bosque. Hay leyes que protegen y el bosque quemado sigue siendo bosque por más quemado que esté hasta que se regenere”, concluyó.

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Toma de tierras: “El desalojo como respuesta única lo que hace es generar más conflictividad social”

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Tras una reunión con Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, los concejales del Frente de Todos, Walter Larrea y Luis Calderaro, presentaron un proyecto de ordenanza para adherir al Plan Nacional de Suelo Urbano.

“Lo que busca es que el gobierno municipal adhiera e implemente la creación de bancos de suelo, un registro de suelos de dominio público ya sea municipal, provincial o nacional y que el Municipio vaya apropiándose de un número de lotes que están ociosos y abandonados y que en muchos casos tienen un fin especulativo”, comentó Larrea a FM De la Calle.

Agregó que “esto posibilitaría que el Municipio pueda desarrollar una política habitacional y que tiene que ser programada, planificada, contemplar que los lotes a urbanizar tienen que ser con servicios básicos, apuntando a construir una ciudad justa, inclusiva y para muchos sectores de la informalidad que no califican como sujetos de crédito para programas destinadas a otros sectores, planes PROCREAR u otras líneas comerciales”.

Larrea mencionó que “la toma de tierras no es la solución ni la respuesta más eficaz. Del mismo modo la penal no es la respuesta para la ocupación indebida de tierra. Tendríamos que discutir si la ocupación de lotes abandonados constituye un delito”.

“Para mí la ocupación de tierras ociosas no encuadran en el delito de usurpación calificado en el 181 del Código Penal e incluso las respuestas de desalojo o de expulsión de los ocupantes no estarían contemplando recursos y soluciones que tiene la justicia enmarcados en los propios códigos”, señaló.

Por último señaló que “la respuesta punitiva de aplicar el Código Penal y el desalojo como respuesta única lo único que hace es generar más conflictividad social”.

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Familias de la toma de Don Bosco se manifestaron en el Municipio

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Familias de la toma de tierras ubicadas en Don Bosco al 3900 se manifestaron frente al Municipio y reclamaron una reunión con las autoridades luego de que el viernes la policía detuviera a cuatro personas.

“Lo de siempre, la policía pasó a identificar a gente que ya está viviendo en la toma y la llevó detenida supuestamente para notificarlos. Estuvieron casi 4 o 5 horas detenidos, la gente obviamente que va a estar en el terreno porque ya están viviendo ahí”, mencionó Cecilia a FM De la Calle.

Según informaron más tarde, las familias pudieron establecer contacto con funcionarios de provincia encargados del área de acceso al Hábitat.

Cecilia comentó que la Unión Ferroviaria “volvió a tapar con un montículo de tierra la calle que pasa y comunica con tres barrios. Piensan que así nosotros vamos a abandonar, el que la necesita sigue yendo y sigue poniendo cosas. De ahí no nos vamos a ir por más que llamen a quien llamen, estamos pacíficamente”.

“La Unión Ferroviaria sigue en la misma postura, dijeron que van a seguir firmes y que se van a seguir haciendo las cosas por abogados. Lo único que pudimos obtener fue un papel de la ADIF en el que dice que no son de los ferroviarios las tierras sino que son del Estado que se las está prestando como un alquiler”, agregó.

Afirmó que ya hay seis familias viviendo y que “hemos contado hasta 300 que vamos y venimos. La cantidad de ranchos que se han hecho son muchos, la gente quiere venir a vivir porque no tiene donde ir”.

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“No tocaron un centavo de los recursos afectados del Instituto Cultural y tampoco los ejecutaron”

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El intendente Héctor Gay afirmó el 1 de agosto que no ejecutó el presupuesto del Instituto Cultural porque tuvo que “comprar comida para la gente”. Esto fue desmentido por el propio Municipio al informar al Concejo Deliberante las partidas reasignadas en el marco de la emergencia.

La información llegó tras la insistencia de la oposición y por la necesidad del oficialismo de sumar votos para prorrogar la emergencia económica, tal como sucedió en la sesión del jueves. El Frente de Todos denunció el incumplimiento de un artículo que obligaba a informar al cuerpo regularmente y a publicar la información en la web comunal.

Carlos Quiroga dijo a FM De la Calle que “no tocaron un centavo de los recursos afectados del presupuesto del Instituto Cultural y tampoco los ejecutaron. Estuvieron mintiendo con que no ponían plata en Cultura por la pandemia”.

“Cuando acompañamos la primera emergencia económica por 90 días, logramos incorporar un artículo para que toda la información sea informada y publicada en la web. Nos mandaron un único documento donde establece que gastaron 36 millones para la pandemia cuando hay un presupuesto total de 9 mil millones”.

Según lo informado por el Municipio los 36.400.000 surgieron de las siguientes partidas: 16.600.000 correspondieron al servicio de recolección de residuos (se redujeron frecuencias y hubo menos residuos por la baja de la actividad comercial); 12.400.000 fueron derivados de obras presupuestadas por el municipio que se postergaron para después de la pandemia; 5.200.000 del mantenimiento de espacios verdes; y 2.200.000 de la reducción de frecuencias y tareas de limpieza, aseo y fumigación.

“Resulta que para la pandemia usan dos mangos, sacan de otro lado y a cultura no ponen un peso. Una vergüenza. Transcurrió el año y las y los artistas y espacios culturales han padecido una situación terrible que se podría haber paliado simplemente cumpliendo con la ley, aplicando el presupuesto”, afirmó Quiroga.

Sin embargo, destacó que su bloque acompañó la prórroga de la emergencia “para que después no digan que lo que no se hace es porque no les damos esa posibilidad. En esta circunstancia nos parece una cuestión de responsabilidad, no sin antes hacer público y advertir lo que ha sucedido”.

Emergencia del transporte

Otro proyecto que impulsa el oficialismo es la prórroga a la emergencia del transporte. La iniciativa será tratada en la próxima sesión y, según anticipó Quiroga, no contará con los votos del Frente de Todos.

“Va todo en línea con el tema de extender los permisos precarios (a las empresas), de patear la pelota para adelante y seguir haciendo negocios con privados”.

“Creo que no quieren ninguna de las dos SAPEM, que las dos van a desaparecer, las van a disolver. En el caso de la basura que es el mayor presupuesto, lo van a dar a manos privados. Decían que es que los basurales a cielo abierto no están bajo la órbita de SAPEM, bueno háganlo. Va a haber un superávit, los 16 millones que se pusieron para la emergencia, es porque se disminuyó la frecuencia”.

Por último, aclaró que “SAPEM Ambiental funciona bien, es transparente y eficiente. El negociado es una opción que puede ser imaginada como motivo y argumento para que tomen esta determinación”.

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Durante el último trimestre hubo casi 4 millones de personas sin empleo

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La economista, Agostina Costantino, analizó los datos del desempleo publicados días atrás por parte del INDEC en base a la Encuesta Permanente de Hogares.

La economista de FM De la Calle afirmó que “la tasa de desocupación aumentó tres puntos respecto del trimestre anterior, del 10% al 13%. Visto en números absolutos, en cantidad de personas, no hubo tanto aumento, siguen en 1.4 millones”.

Sin embargo, destacó que “muchas personas que no estaban trabajando no estuvieron activamente buscando trabajo porque la cuarentena impedía salir a la calle. Esta población inactiva pasó de entre el 40 y 50%, al 60%, subió diez puntos”.

Este punto no es captado por la encuesta porque la tasa de desocupación se calcula sobre la Población Económicamente Activa (PEA), que son todas las personas que trabajan y las personas que no trabajan pero están buscando activamente empleo.

“Si tenemos en cuenta los desocupados y los que buscaron, más el aumento que tuvo la población inactiva, la cifra sube casi 4 millones de personas. Ahí sí el aumento es muy considerable: de 1.4 a casi 4 millones de personas que no trabajaron, tanto las que buscaron como las que no”, destacó Costantino.

Por otro lado, comentó que “un informe de la Organización Internacional de Trabajo sobre el manejo de los gobiernos sobre el empleo afirma que la realidad fue peor que la previsiones y que el desempeño de los gobiernos frente a estas cifras del desempleo depende o dependió del esfuerzo fiscal que hayan hecho para mantener los puestos de trabajo”.

En Argentina se reglamentó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). “El gobierno se hace cargo de la mitad de los salarios de empleados registrados aunque solo contempla a los puestos de trabajo registrados. Eso es clave”.

“En los últimos años tuvimos un cambio en la estructura de mercado laboral, cayeron la cantidad de asalariados formales y aumentaron los no registrados. Lo que aumentó es el cuentapropismo, los monotributistas, personas que no fueron despedidas pero cambiaron la categoría ocupacional. Pasaron de asalariados formales a monotributistas”.

Costantino mencionó que “si sumamos la cantidad de informales, en este segundo trimestre respecto del primero cayeron más de la mitad. El primer trimestre había 1.4 millones de informales trabajando y en el segundo pasaron a ser 600 mil. Fueron los primeros que perdieron su fuente de trabajo. También los cuentapropistas quienes pasaron de 1.2 millones a 700 mil en el segundo trimestre”.

Sí se logró mantener el empleo entre los asalariados formales. “Tanto la política del ATP como la prohibición de despedir trabajadores tienen un alcance limitado en la medida que no llega a informales y monotributistas que son 1.3 millones”.

Por último, la economista destacó que “al Estado le cuesta más llegar a los informales. En ese sentido, hay que repensar la estructura de empleo y pensar que el empleo de calidad es aquel receptor de estas políticas públicas”.

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Mirá el capítulo 2 de ¿Quién mató a Facundo?

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“Ser joven no es delito”, es el título de esta segunda entrega de la serie ¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real. El capítulo cuenta la vida y militancia de Facundo en Pedro Luro, un pequeño pueblo del partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires.

En este capítulo acompañamos durante un mes a Cristina Castro, la madre de Facundo, que comenzó peregrinando por comisarías y llegó a la Quinta de Olivos exigiendo nuevas autoridades en la causa judicial. También grabamos con Vanesa Ganduglia y Mercedes Hollmann, ex docentes de la experiencia cultural-educativa Semillero Cultural, quienes relatan el contexto en el cual Facundo se convirtió en un militante involucrado con los derechos humanos y la realidad política.

También conocemos a algunos de los amigos de Facundo, o el Kufa como solían llamarlo, quienes reconstruyen la personalidad y las actividades que realizaron durante la adolescencia. El archivo del documental muestra a Facundo en todas sus facetas, el rapero, el militante por los derechos humanos, el peronista y el más divertido de sus amigos.

“¿Quién mató a Facundo?” es un documental urgente porque busca responder y desarticular una enorme maquinaria de prensa montada para encubrir a los responsables del crimen. Se produce y emite en episodios, que van siguiendo en tiempo real la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, luego de tres controles de Policía Bonaerense.

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Un tercio de la población bahiense vive en la pobreza

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Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el primer semestre del año la pobreza alcanzó al 33,7% de la población de Bahía Blanca.

Son 105.889 bahienses que reunieron los ingresos suficientes para alimentarse, vestirse, transportarse y cuidar su salud. Dentro de dicho grupo, hay 13.817 bajo la línea de la indigencia, es decir, que no tuvieron el dinero necesario para cubrir sus necesidades alimentarias.

La economista e investigadora del Conicet, Emma Santos, dijo a FM De la Calle que “la situación es bastante difícil, si bien era esperable y pudo haber sido peor de no haber habido ayudas monetarias, sin duda no alcanza para mantener los niveles de estos valores”.

Subrayó que le preocupa la primera infancia y adolescencia, “a nivel nacional el 56% de los niños son pobres, esto tiene que ver con la caída de la actividad. En Bahía la tasa de actividad y empleo cayeron 10 puntos del año pasado a este”.

“Si se amplia la mirada más allá de lo monetario, tenemos la dimensión de nutrición y alimentación, el déficit que implica estar por debajo de la línea de pobreza e indigencia. En lo que respecta a la educación me preocupa las implicancias de esto a largo plazo, obviamente todos están sin ir a la escuela, para los sectores más desfavorecidos esto es muy complicado. Aún cuando no se abandone la escuela puede afectar las capacidades cognitivas y de desarrollo. Hay que buscar maneras creativas para atender a estos sectores”, comentó Santos.

La economista agregó que “la pobreza monetaria suele ir de la mano con el ciclo económico, estamos en recesión y la caída de la tasa de actividades afecto a la población joven de 14 a 20 años, hay un desaliento y no buscan trabajo. Eso se ve traducido en los índices de pobreza monetaria”.

En relación a la política social local ante la emergencia opinó: “No estoy conforme, me parece que se podría haber abordado de otra manera, sí aumentó la entrega de bolsones ahora modificado con la tarjeta”.

Sin embargo, señaló que “cuando el monto es muy bajo la capacidad de elección se ve muy acotada, la tarjeta social es el beneficio más generalizado a nivel municipal tiene un monto bajo e igual para todas las familias, no importa el tamaño familiar”.

“Es ridículo, no es lo mismo mil pesos para una familia de tres que para una de seis. No ha habido demasiada innovación, más que la entrega de bolsones. Se podría hacer algo más creativo, que llegue de mejor manera, que focalice la ayuda y atienda a las particularidades demográficas de los hogares”.

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#Facundo: el Juzgado Federal había ordenado no enviar las actas por infracción a la cuarentena

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El subcomisario Pablo Reguilón, ex titular de la Subestación Policial de Buratovich, confirmó que desde días antes de la desaparición de Facundo Castro tenían la orden de “no mandar papeles” al Juzgado Federal “hasta que no termine la cuarentena”.

Se refería a las actas labradas por infracción del artículo 205 por violar el aislamiento obligatorio como la confeccionada por Mario Sosa y Jana Curuhinca al detener a Facundo a las 10 de la mañana del 30 de abril.

El dato fue aportado a la causa por un vecino de Buratovich que conversó con el efectivo en vísperas de una marcha por la aparición con vida de Facundo. Reguilón fue apartado de su cargo tras amenazar al abogado Luciano Peretto.

La querella solicitó y analizó el detalle de las infracciones realizadas días antes y después del 30 de abril. Según explicó el abogado Leandro Aparicio a FM De la Calle “se observa un control racial, gente boliviana en su mayoría o trabajadores de otros países, no los nacidos y criados en Buratovich”.

Comentó que vieron un cambio de criterio a partir del 20 de abril: “En primer momento los llevan al hospital, a partir de un día determinado no, no hay más informe médico. Después tenemos el despacho de la jueza que explica el tema del Covid, que no le manden papel. Y después vemos el criterio del otro juzgado donde la mandan con la regularidad habitual, no me preguntés porqué pero tardan seis días”.

“La de Facundo tardó 46 días, llegó el 26 de junio a las 14:15. Ese día fuimos con Cristina y Lucho Peretto al juzgado federal, preguntamos por la causa, no tenían idea. De ahí seguramente habrán llamado para que se la manden, supongo que habrá sido así”, sostuvo.

El testigo ratificó judicialmente lo que le dijo Reguilón: “¿Viste el quilombo que hubo en Bahía Blanca con el vago que sacó a pasear al perro y lo masacraron los vigi? Dos días después nos cita la departamental a los 40 jefes de toda la jurisdicción. Muchachos, el acta modelo es esta, completan con los datos, se notifica, copia de la imputación y nos vemos, que siga camino”.

El subcomisario se refería al caso de Luciano González quién recibió una paliza de parte de cuatro efectivos policiales y fue detenido la noche de 15 de abril cuando salió a pasear al perro por la cuadra de su casa en Bahía Blanca.

Reguilón aseguró que cuando se conoció la noticia de que buscaban a Facundo y que la familia denunciaba la desaparición forzada, llamó a Rodolfo Murillas, secretario del fiscal Santiago Martínez. “Es el mismo que me mandó a allanar la comisaría. Murillas, tengo actuaciones por infracciones al artículo 205 de este pibe que ahora está denunciado en averiguación de paradero. Ah mandamelas, dice”.

“Les mandé el sumario como para que tenga de qué hablar, porque no sabía ni la hora en la que habíamos hecho el procedimiento. Porque en un punto nos dijeron ‘no nos llamen más por cada infracción que hagan'”.

“Te podés imaginar los tipos que acostumbrados a manejarse con Suris, La Nueva Provincia y dos o tres causas más que tienen, se encontraron de un día para el otro con 5 mil causas adentro del juzgado y que por las 5 mil causas nosotros llamábamos al juzgado”, dijo el policía.

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Facundo: la Fiscalía profundizará la investigación de la desaparición forzada

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Los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin informaron que contextualizarán los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Castro con los demás elementos incorporados a la causa e informes de diferentes organismos cuya producción se encuentra en curso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal participaron del acto en el que se notificó el informe integrado de los estudios periciales realizados al cuerpo hallado en Villarino Viejo y escucharon de primera mano el parecer de las y los peritos intervinientes.

Por la tarde la fiscalía mantuvo un nuevo encuentro con la mamá de Facundo, Cristina Castro Alaniz, y los abogados de la querella, en el que analizaron e intercambiaron opiniones y puntos de vista respecto de los resultados al que arribó el equipo interdisciplinario que llevó a cabo la autopsia sobre los restos de Facundo.

Asimismo, en el marco de la hipótesis de trabajo que constituye el objeto procesal de la causa, es decir, la posible desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que motivara la intervención de la Justicia Federal, se acordó continuar y profundizar la pesquisa.

La autopsia fue realizada el 25 de agosto por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Cuerpo Médico Forense (CMF), el CONICET, las universidades de Quilmes (UNQUI) y del Centro (UNICEN) y una perito de parte.

La fiscalía recibió con cautela los resultados volcados en el informe y expresó que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se están trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona.

Fuente: fiscales.gob.ar

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