Integrantes del programa provincial Envión le entregaron un nota en mano al intendente Héctor Gay solicitando una reunión urgente para regularizar su situación laboral.

“Dijo que creía en la importancia del programa y que, si no se podía regularizar por medio de provincia, el Municipio se iba a hacer cargo. Desde que asumió le fuimos presentando cartas de pedido de audiencia. Como no lo logramos nos presentamos, lo esperamos, nos recibió bien, tomó un número y nos dijo que nos iba a llamar. Esperaremos hasta el 29 de noviembre, pasado ese lapso nos reuniremos para ver cómo seguimos”, señaló Natalia Castillo, integrante del Envión de Villa Harding Green.

Agregó que “sentimos que lo están vaciando de a poco. Desde que asumió el nuevo gobierno la provincia lo acomodó bastante para nuestra sorpresa, pero desde el Municipio todo el tiempo estamos con algo que nos hace ver que lo quieren dejar caer. La desidia en la que estamos hace que nuestros compañeros se vayan, que no tengamos talleres. Los sostenemos gracias a los jóvenes, las familias de los barrios e instituciones con las que trabajamos en red y a los trabajadores que estamos sobreviviendo en cada equipo técnico”.

Castillo señaló que “es la única política pública destinada puntualmente a adolescentes con esta impronta, en territorio, donde los chicos asistan. Si bien el Municipio tiene dispositivos destinados a niñez, la adolescencia viene relegada. Nos quejamos de las juventudes pero si no los apoyamos se dificulta. Es muy cómodo leer los diarios quejándonos de las cosas que hacen los pibes pero si el estado se retira no es mucho lo que se pueda hacer”.

Por otro lado, desde Envión piden la municipalización del programa. “Nuestro pedido máximo es el pase a planta, no por un capricho sino porque si bien el programa es un convenio entre Municipio y provincia, el Municipio digita quién ingresa, dice cuántas horas, en qué lugar, con qué exigencia. Creemos que eso también le daría estructura al programa. Si no todos los años estamos viendo si se renueva o no”.

“Sumado a eso tenemos múltiples problemas en la implementación. No tenemos equipos completos, otros temas con las sedes y cotidianidades que hacen que el programa no tenga la fuerza y la energía que se necesita para trabajar”, afirmó.

 

El jueves a las 12:30 se conocerá el veredicto del juicio a parte de la patota que quiso tomar violentamente el frigorífico INCOB el 17 de noviembre de 2015.

Durante la segunda y última audiencia del debate oral el fiscal Cristian Aguilar y el abogado querellante Leandro Aparicio alegaron e hicieron sus pedidos de penas en el Jugado Correcional Nº1.

Para el ex titular de la cooperativa INCOB, Enrique Garaggiola, y para Reinaldo “el mudo” Hernández la fiscalía requirió dos años y medio de prisión y la querella tres años y medio por lesiones graves. En el primer caso no se avanzó con la imputación por portación ilegal de arma de fuego de uso civil por estar pendiente una apelación.

Para Ezequiel Garaggiola, el Ministerio Público reclamó la misma pena que para el resto aunque el abogado de INCOB agravó la acusación y solicitó 5 años de cárcel.

Hugo Polis fue separado de la causa por la prescripción de la imputación por lesiones leves y Juan Carlos Villarreal espera la definición de una apelación para ser juzgado.

La Asociación Amigos del Jardín Botánico manifestó su preocupación por el proyecto que pretende construir cocheras subterráneas debajo de la Plaza Lavalle y construir un nuevo espacio público sin los árboles.

“Nos preocupa el arbolado urbano, que es un déficit de la ciudad  y este proyecto afectaría a uno de los pocos espacios verdes que hay en el sector”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la institución, Melina Calfuán, presidenta de la Asociación.

Esta tarde habrá un abrazo en defensa de la plaza desde las 19:30. El martes a las 9, en tanto, se realizará un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante del que participarán los inversores e integrantes de la  Comisión de Arbolado.

“Tenemos dos representantes en la Comisión, uno de ellos es Carlos Villamil, botánico y profesor consulto de la UNS , él se ha manifestado en contra de este proyecto, sobretodo porque no se había mandado en tiempo y forma para analizarlo qué se presentaba”.

Calfuán señaló que “expresamos la preocupación por el tema de cortar árboles, más allá de la especie que sea, que son parte del patrimonio histórico. Por otro lado, hay un edificio muy cercano, en Saavedra y O’Higgins, que puede ser afectado por el movimiento de suelos”.

“En el centro no tenés tantos arboles en las veredas, se realizan podas en momentos que no son adecuados, podas intensas. (…) En la plaza se haría una reestructuración, en la que principalmente habría hierbas y arbustos, se bajaría el porte de las plantas. La cochera implica sacar los arboles más grandes y sacar las raíces”.

Se trata del debate oral del juicio por el intento de toma por la fuerza el frigorífico recuperado INCOB por parte del entonces presidente saliente de la cooperativa Enrique Garaggiola y su patota.

Además de Garaggiola, están imputados su hijo Ezequiel, Hugo Polis, Reinaldo Hernández y Juan Carlos Villarreal. Son juzgados por amenazas calificadas, lesines graves y leves y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Antes del inicio de las audiencias la defensa recusó a la jueza María Mercedes Rico, quien reemplaza en la causa al recientemente jubilado José Luis Ares. Cuestionó que intervino en el expediente cuando era secretaria judicial.

Sin embargo, el debate empezó a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones. “Si resuelven que la jueza no puede hacerse cargo vamos a estar haciendo un juicio al pedo, entiendo yo que si van a hacer eso es porque se van a tomar su tiempo para fundamentar la postura que ya tienen decidida”, dijo a FM De la Calle el abogado querellante Leandro Aparicio.

El letrado manifestó que hay “varios testigo, entiendo que el soporte principal son las filmaciones y, en definitiva, los testimonios van a dar precisión a todo lo que está filmado. Los testimonios nos van a decir por qué van, quién es Garaggiola, qué hacia. Lo que es importante es si los testigos y víctimas siguen amenazados, si tienen miedo”.

En cuanto a las responsabilidades penales, “algunos están identificados con un arma de fuego, revólver, otro disparando, otros pegando, otro amenazando de muerte. a medida que se hagan las declaraciones se va a establecer concretamente la responsabilidad. El que se ve muy claro bajando con un arma larga y está filmado es el hijo de Garaggiola que ya está condenado por otra causa, más allá de los recursos, le correspondería pena efectiva”.

Los pedidos de condenas girarán en trono a 4 y 6 años de prisión.

“El patriarcado es del capitalismo y el capitalismo no es la economía social. Van unidas ambas, economía social y feminista. El feminismo es una herramienta para la economía social y solidaria pero en la práctica nos falta. Hacemos el análisis, el diagnóstico y la autocrítica”.

Marta Gaitán, secretaria de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vicepresidenta del Comité de Género COOPERAR, brindó en la ciudad la charla ” “Economía social y solidaria, herramienta de transformación social en la agenda de género”.

La idea del encuentro fue “señalar cuáles son los puntos en común que tienen los movimientos de mujeres, los feminismos, con la economía social y solidaria porque confluyen y abonan a una misma ideología, porque nos defendemos y porque queremos ser la pata del feminismo en la economía social”.

“Nos interesa difundir las experiencias y las herramientas que hemos elaborado desde el Comité de Equidad de Género para abordar todos los tipos de violencia con la idea de cumplir los tratados internacionales, los principios del cooperativismo y la agenda 2030 pero, básicamente, para instalar en nuestras agrupaciones de base tolerancia cero a la violencia de genero”, dijo a FM De la Calle.

Gaitán comentó que “sabíamos que a la hora de contrarrestar los efectos del neoliberalismo las mujeres éramos y somos mayoría y verdaderas protagonistas de gestionar la crisis. Crecieron las cooperativas de trabajo, lo autogestivo es fuente de ingreso para familias monoparentales pero eso no se traduce en las mesas donde se toman las gestiones donde solo hay un 27 por ciento de mujeres”.

“Tenemos que intensificar nuestra lucha, crear estrategias y redes que sensibilicen y acudan con medidas concretas. (…) El Estado tiene que tener políticas publicas focalizadas en nuestra problemáticas. Creemos que nada que tenga que ver con la economía social y solidaria se puede llevar adelante sin un Estado activo que defienda los derechos de todas y todos y en pos del desarrollo de los pueblos”, concluyó Gaitán.

Un incendio en el Centro Control Motores de Dow obligó a parar la planta preventivamente ayer a la tarde. El Comité Técnico Ejecutivo pidió explicaciones sobre las causas sin infraccionar a la firma.

Ni la empresa ni el municipio informaron a la comunidad sobre el hecho. El próximo jueves se cumplirán cinco meses de la explosión en el cracker 2 de la misma empresa.

Según consta en el Acta 5869, Dow dio aviso al CTE y detalló a las 19:15 del miércoles que “debido a un sobrecalentamiento de cables en el sector mencionado se produce un principio de incendio el cual es sofocado rápidamente por la brigada interna de planta”.

Un rato después el fuego se reavivó y fue controlado nuevamente. El inspector del organismo de control recorrió el sector “observando el daño ocurrido”.

Las autoridades de la empresa explicaron que “los equipos afectados corresponden a los cubicles del sistema de arranque de los sopladores de descarga de los hopper procedentes de planta barcaza (LLDPE) a los silos de embolsado”.

“Al momento de la recorrida la planta LDPE se encontraba parada y en condiciones de arrancar. El Centro de Control cuenta con detectores de humo, los cuales fueron alarmados y detectados por el panelista de la planta. Se nos informa que no hay operarios afectados”, concluye el CTE.

Ruidos en la Central Piedra Buena

Lo que sí comunicó el área de Prensa de la comuna fue que el CTE infraccionó a la empresa Central Piedra Buena S.A. por ruidos molestos. Cinco vecinos  había hecho denuncias.

La emisión se produjo a las 12:51 del miércoles como consecuencia del venteo de vapor a la atmósfera debido a la apertura de la válvula de seguridad, a raíz del paro de la unidad 29 generando un nivel de ruido superior al normal.

Esto fue registrado por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario diurno.

En base a un trabajo elaborado junto a las economistas Agostina Costantino y Patricia Laterra, María Julia Eliosoff analizó las políticas sociales del gobierno de Cambiemos, las contrapuso a las del kirchnerismo y señaló los desafíos que enfrentará el próximo gobierno en cuanto a la economía popular y los movimiento sociales.

 Políticas sociales del kirchnerismo

“Tuvieron tres pilares: programas vinculados a la seguridad social; luego lo que fueron programas vinculados a la asociatividad, microcréditos y subsidios; y la estrella que fue el ingreso social con trabajo -Ellas Hacen-. La estrategia era que para disminuir la pobreza hay que aumentar ingresos, para aumentar ingresos hay que conseguirles trabajo y eso sería vinculado a la economía social y solidaria por la falta de demanda del trabajo de esa gente”.

“Se fomentó empleo mediante cooperativas de trabajo que hacían tareas  comunitarias, obras públicas no complejas, formación en género, cuestiones de violencia, oficios. Lo positivo era que este tipo de programas de inserción colectiva contribuyó a fortalecer vínculos en los barrios”.

Cuando aparece Cambiemos

“Dicen que el problema no es que haya nadie que emplee a esa gente sino que esa gente no es empleable. Hay que modificarle estrategias para que sean empleables. Ellas Hacen y Argentina Trabaja pasa a llamarse Hacemos Futuro y es un subsidio para que vos puedas ingresar al mercado de trabajo. Una línea es el emprendedurismo con capacitación en oficios y otra es el fomento de capacidades blandas, que la gente sea más vendible, que tenga mejor carácter, que dé con el perfil empleable. Cambia la perspectiva de un adelanto de retorno de una cooperativa a un plan o subsidio por ir a formarte. El Estado te subsidia para que encuentres la forma de ser empleable”.

“Ahí aparece el rol de CTEP para lograr el Salario Social Complementario que complementa los ingresos de las familias que viven de la economía popular y, como son muy bajos, el Estado debe garantizarles llegar a un salario mínimo vital y móvil. Es una conquista para las organizaciones pero sigue siendo una perspectiva individual. El primer año que desaparecen Ellas Hacen y Argentina Trabaja hay cooperativas que logran regularizarse y son acompañados por los ministerios de Desarrollo o Producción pero en su gran mayoría desaparecieron”.

Nuevo gobierno 

“Hay una mirada o guiño positivo al movimiento de la economía popular o social, de articulación para pensar cómo acabar con el hambre de la mano de lo que produce la economía social. Eso tiene que ver con reconocer que es un sector productivo, que muchas personas viven del sector, la UCA estima que la economía popular tenía tres millones de trabajadorxs”.

“La economía popular necesita una política pública concreta. Hay algunos sectores que tienen mucha visibilidad y se pueden trabajar. Textiles, recolectores urbanos, trabajadores rurales, trabajo doméstico y de cuidados. El presidente electo lo viene mencionando como un nicho posible para las trabajadoras de la economía popular. Esperemos que no siga las mismas lógicas patriarcales y lo que ocurre en el mercado formal del trabajo, por ejemplo, respecto a la división sexual del trabajo”.

Este jueves a las nueve comenzará el juicio oral y público por la violenta irrupción de una patota en el frigorífico recuperado INCOB ocurrida el 17 de noviembre de 2015.

Entre los imputados están el ex presidente de la cooperativa que gestiona la planta, Enrique Garaggiola y su hijo Ezequiel. Se les imputan lesiones graves y tenencia de armas de fuego.

“El 17 de noviembre cayó una caravana de cinco vehículos con Garaggiola a la cabeza. No entendíamos qué pasaba, cayó con alrededor de 20 personas armadas, iniciaron disparos, hirieron a los compañeros, a uno casi le amputan la mano. Como no podía justificar los movimientos que hizo con la cooperativa y las deudas millonarias recurrió a la fuerza”, comentó a FM De la Calle Orlando Acosta, trabajador del frigorífico.

El trabajador recordó que “en ese momento los compañeros, salieron corriendo hacia el portón donde estaba el forcejeo y se amontonaron. Si él lograba ingresar a las oficinas la policía no lo podía sacar porque seguía siendo el presidente de la cooperativa. Esa mañana alguien desactivó las cámaras de seguridad, un compañero fue y las conectó, él tenía gente de la cooperativa que hizo esto, no se esperaban las grabaciones y el enfrentamiento de manos contra armas”.

Acosta señaló que “hay compañeros que hasta el día de hoy tienen discapacidad para laburar, un daño psicológico y emocional de ver ingresar a la gente. Les pagó 20 mil pesos a cada matón, venían dispuestos a todo. Uno le apuntaba con una 9 milímetros al pecho a un compañero y gatillaba”.

“Este señor Garaggiola llevaba un estilo de vida exuberante gracias al laburo que hacíamos que nunca rendía, como subsidios y la parte impositiva que hasta hoy nos toca seguir regularizando”.

Acosta destacó que estaban bajo un “gerenciamiento” y hoy pudieron “lograr el carácter autogestionado, inaugurar un curso de alfabetizaciones, una escuela primaria y secundaria, una carnicería que vende a bajo costo para costear los retiros de los compañeros… La cooperativa hace muchas donaciones a entidades, en un momento donde hay tanta crisis nos gustaría que la autogestión sea una salida de la crisis”.

Andrea, la mamá del joven que falleció por una sobredosis en El Saladero semanas atrás, pide que el Estado la ayude a contener a sus otros dos hijos menores de edad, quienes continúan en situación de extrema vulnerabilidad.

La mujer había radicado una denuncia por abandono de persona contra responsables de Políticas Sociales, Niñez y Adolescencia e integrantes de un Servicio Local.

“Pedí hablar con el intendente y el señor Rubén Gómez me atendió de muy mala manera y me sacó. Necesito reunión inmediata, para uno ya es tarde pero tengo dos hijos más en riesgo. No me quisieron atender, necesitaba ser escuchada diez minutos”, dijo a FM De la Calle.

Andrea comentó que su “hijo de 17 está mucho más tranquilo, pasando su duelo como corresponde, pero mi hijo de 14 está descontrolado. No lo tengo al lado mío y no quiero que me vuelvan a llamar porque un hijo mío se murió”.

“El otro día hubo una situación de robo donde detuvieron a dos menores, uno era uno de mis hijos. Me presenté en el tribunal y me dijeron que no tenían intervención. Me comunican desde Niñez que le habían dado la libertad desde el Valentín Vergara. Quise saber con qué fundamentos, era la oportunidad para tomar alguna medida. Tiene que pasar algo extremo señora, me dijeron. Tiene que estar porque cometió algo grave. ¿Qué tiene que pasar? Una muerte más, ¿tiene que morir como su hermano para que activen algo? No quiero tener a mi hijo encerrado pero era una oportunidad para atenderlo por su seguridad y la de terceros”.

Luego de la muerte de uno de sus hijos, sus amigos junto a una vecina se acercaron al delegado de Ing. White para pedirle ayuda para conformar una cooperativa de trabajo con el fin de que los adolescentes se alejen de las adicciones.

“Les tomaron el pelo, se aprovecharon de sus necesidades y, como saben que ella puede actuar contra el municipio, le ofrecieron armar la cooperativa y ponerla de presidenta. Fue días antes de la elecciones. Ella movilizó a los pibes, fueron con banderas a apoyar a Gay y nunca llegó el trabajo ni la cooperativa, solo algunas chapas y materiales a algunas familias”.

“Se aprovecharon de la situación. Cuando hice la denuncia esta gente aprovechó la oportunidad para obtener un voto en El Saladero. Fue todo propaganda política, a mi hijo le prometieron que iba a estar dentro de la cooperativa y después le dijeron que de los 25 jóvenes que son había puesto para diez”, finalizó.

Se conocieron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina. El trabajo permite por primera vez comparar e interpretar continuidades y rupturas.

El catolicismo disminuye aunque conserva una mayoría atenuada (62.9%). El 18.9% de la población no tiene religión y los sectores evangélicos crecen al 15.3%.

Una buena: en una década se duplicó la proporción de quienes afirman que el aborto es un derecho de las mujeres. Dos malas: la mitad de la población se manifiesta a favor de la pena de muerte y 7 de cada 10 reclaman controles migratorios más estrictos.

Por otra parte, la sociedad argentina considera mayoritariamente que el Estado no debe financiar a las confesiones religiosas, rechaza la enseñanza confesional en la escuela pública y objeta el sostenimiento exclusivo a la Iglesia Católica.

La investigación fue realizada en el marco del programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL/CONICET, dirigida por les dres. Fortunato Mallimaci, Verónica Giménez Béliveau y Juan Cruz Esquivel.

“Vivimos una modernidad capitalista que produce sociedades y religiones donde los vasos comunicantes y los vínculos históricos y sociológicos son múltiples. Ante un sentido común ‘perezoso’ que universaliza y generaliza, veremos en esta investigación cómo han cambiado (o no) y cuáles son los distintos sentidos, acciones, cuidados del cuerpo y el alma, culturas, visiones, identidades y representaciones de las personas que habitan en la Argentina”, dice Mallimaci.

Destaca que “alrededor de un cuarto de la población interactúa cotidianamente en espacios religiosos sin que otro espacio político, social, cultural o actividad local compita. Por eso, a no olvidar, las religiones siguen siendo importantes comunidades de interpretación en un mundo de incertidumbres y actores socio-religiosos significativos en el territorio y en la vida política y cultural de nuestro país”.

Principales emergentes de la encuesta

Adscripción religiosa, creencias, prácticas y el Papa Francisco.

A medida que aumenta el nivel educativo hay mayor proporción de sin religión. Las y los evangélicos predominan en los niveles educativos más bajos.

El NOA es la región más católica. En AMBA y Patagonia se registra la mayor proporción de sin religión.

En Patagonia y NEA el porcentaje de evangélicos supera al del resto del país.

La individuación se consolida en el campo religioso: las personas prefieren relacionarse con Dios por su propia cuenta, se registra una caída en la asistencia semanal al culto y predominan las prácticas religiosas que se realizan en la intimidad.

La elección de un Papa argentino no modifica significativamente la vida religiosa de la Sociedad. El Papa Francisco motiva posiciones socio- religiosos contradictorias en la población.

Sociedad, Estado y religión

Entre 2008 y 2019 se duplica la proporción de quienes afirman que el aborto es un derecho de la mujer.

La mayoría considera que debe estar permitido en algunas circunstancias. Las y los evangélicos son quienes más se oponen al aborto, los y las sin religión aquellos que están más a favor.

La mayoría de las y los habitantes de Argentina cuestionan las concepciones patriarcales sobre la familia y los roles de las mujeres y los varones en el hogar. El modelo patriarcal de familia se destaca entre las y los evangélicos. Entre las y los católicos y sin religión aparecen mayores niveles de aceptación de la diversidad familiar y el matrimonio igualitario.

La postura frente al control migratorio y la pena de muerte para los delitos graves se constituyen como un desafío para los Derechos Humanos. La mitad de la población se manifiesta a favor de la pena de muerte y 7 de cada 10 reclaman controles migratorios más estrictos. Las y los evangélicos son quienes más rechazo declaran hacia la pena de muerte.

Una integrante de la comunidad de la Parroquia San Roque denunció al cura Mauro Henrique Cantanhede Ferreira por abuso sexual. La víctima afirmó haber recibido amenazas y hostigamiento de parte de la Curia.

La abogada Fernanda Pertersen dijo a FM De la Calle que en el relato de la joven “hay abuso de poder muy marcado, hay una cuestión de manipulación, de perversión, de psicopatía por parte de esta persona hacia la víctima. Por su pertenencia a una fe católica queda en el medio de algo muy difícil de salir”.

“A ella hasta le cuesta reconocerse como víctima, se pone en un lugar de responsabilizarse, de considerar que ella hizo algo mal. Estas cuestiones hacen que sean hechos más difíciles de abordar desde lo legal y desde el acompañamiento a la víctima”, explicó.

La letrada afirmó que se realizarán las pericias correspondientes para acreditar las denuncias: entrevistas con el equipo técnico y con el área de asistencia a la víctima. En la causa interviene la fiscal de Delitos Sexuales Marina Lara.

Petersen aseguró que “la institución católica, en la práctica y en el imaginario tiene mucho poder, ella pertenencia a la comunidad, se fueron generando situaciones que hicieron que ella no pudiera ponerlo en palabras. Ha recibido muchísimas marcaciones, desde superiores dentro de la instituciones o personas allegadas a ella que le marcaron que nadie le iba a creer, que iba a terminar perdiendo y todas situaciones que han dado una revictimización tras otra”.

“Todo esto, para quienes no somos las vulneradas, suena a que podría haber hecho algo. Pero la realidad es que fue haciendo mella en su psiquismo, le impedía llevar adelante una denuncia formal. Luego de haber hecho la denuncia, intentó comunicarse con autoridades de la Curia y no ha recibido otra cosa que no sea eso, el descrédito se ha dado sistemáticamente”.

Consultada respecto a la existencia de otras mujeres abusadas, Pertesen señaló que “ella hace mención a esa circunstancia. Las víctimas denuncian cuando pueden y cuando están dadas las condiciones, es cuestión de respetar esto y ver si están en condiciones de denunciar”.

El cónsul general de Bolivia en Argentina, Ademar Valda, habló con FM De la Calle sobre la coyuntura política luego del golpe de Estado que forzó la renuncia de Evo Morales y la represión del gobierno de facto que ya provocó 27 muertes.

“Hoy Bolivia no vive un Estado de derecho ni una democracia. Lo legal y legítimo es que Evo termine su mandato hasta el 22 de enero de 2020”, advirtió.

En cuanto a la labor de la representación boliviana en Argentina afirmó que “hemos sido posicionados por Evo y, según la ley, sigue ejerciendo sus funciones mientras la Asamblea Plurinacional no acepte su renuncia. Seguimos realizando funciones, estamos en el Consulado General atendiendo a la gente normalmente. No reconocemos a un gobierno de facto”.


Valda explicó que “la única que puede aceptar o rechazar la renuncia es la Asamblea Plurinacional que hasta ahora no ha sesionado y estimo que va a rechazar la renuncia. Se habla de una transición democrática pero la presidenta autoproclamada ni siquiera cumple con los requisitos. Si no está el presidente, asume el vicepresidente o, en su defecto, el presidente del Senado. Por ende, lo que ha sucedido es una estrategia de terror y miedo para forzar un golpe de Estado”.

“Si el golpismo convoca a elecciones va a ser la continuidad de esta dictadura. Quien debe convocar es la Asamblea Plurinacional. Se ha amenazado con cerrar el Parlamento, se ha amenazado a diputados y senadores. No les interesa respetar el órgano de poder ni que se respete el voto, si no obtener el poder y forzarlo para beneficio personal”, dijo.

El diplomático agregó que “existe un cerco comunicacional, los grandes medios se han prestado a validar la dictadura, no informan sobre el asesinato de hermanos campesinos e indígenas, nos apena porque la prensa debería estar cuestionando al poder ilegítimo de Añez y hoy cumple un rol de validar el golpe de Estado y la ruptura de el Estado de derecho, juega un rol antidemocrático”.

21 entidades que integran la Comisión de Usuarios Residenciales de Gas Natural rechazaron la compensación económica otorgada por el ENARGAS a las distribuidoras del servicio producto de la devaluación del peso. Por otro lado, solicitaron a Alberto Fernández que luego de asumir como presidente anule la medida y el aumento tarifario previsto para enero.

“Son las famosas 24 cuotas del 2018 que no se aplicaron. Como se pospuso para este año, ahora pretenden hacerlo y compensarlas por la devaluación del año pasado” señaló desde Consumidores Argentinos, Sergio Procelli.

El dirigente afirmó que “no tiene por qué trasladarse al usuario, menos a los consumos futuros. Quedó pendiente y recién ahora sale esta medida como compensación del dólar. Acá hay dos opciones: que lo pague el usuario o el Estado, que somos los mismos. Las distribuidoras siempre estarían ganando”.

Procelli comentó que “el mes que viene pagaríamos el 22% de lo que se prorrogó. Se debió aplicar ese aumento en octubre pero no se hizo por las elecciones, el gobierno que asuma va a tener 15 días para convocar a audiencias, si es que va a continuar con estos dos aumentos anuales. De aplicarse esto estaríamos hablando de una suba del 50% solamente con el aumento del valor del dólar”.

“Esa tarifa dolarizada no tiene que ver con el costo real del gas sino con subsidios que cobran como incentivo por Vaca Muerta. El Estado le paga la diferencia, serían 3,50 dólares más. No podemos estar pagando los usuarios subsidios a las petroleras”.

“Hay cantidad de gente que se queda sin servicio, se habla de un 10% permanente, es un servicio que inmediatamente que se lo cortan trata de establecerlo, vemos gente que se endeuda para pagarlo o para pagar la reconexión”, finalizó.

Si bien el bloque oficialista y los opositores dijeron coincidir en que en Bolivia hubo un golpe de Estado el 10 de noviembre, no lograron aprobar ninguno de los proyectos de repudio que estaban en consideración.

Al no reunir los votos para habilitar el tratamiento de los textos del peronismo ni el de Cambiemos el debate ocurrió en el espacio de homenajes y manifestaciones.

“No conozco ningún teórico que pueda decir que esto no es un golpe de Estado cuando la sola descripción de los hechos hablan por sí solos”, afirmó el presidente del PJ Cumplir, Marcelo Feliú.

Walter Larrea (Unidad Ciudadana) destacó que es fue un golpe “con una modalidad novedosa, en términos de la política de la Doctrina de Seguridad Nacional que tanto daño le ha generado a los pueblos”.

“Se trató de que las fuerzas armadas y de seguridad, empachadas de doctrinas norteamericanas como ha sido constante en el Siglo XX y XXI, prefirieron retirarse y dejar la zona liberada para que hordas de fascistas y reaccionarios amenazaran al pueblo de Bolivia y sus representantes, obligándolos a presentar renuncias”.

Desde Cambiemos, Federico Tucat expresó que “en nuestro proyecto el artículo 1 es igual al que ellos pretendían votar. No nos equivoquemos, la discusión no es esa, no hay dudas respecto a lo planteado por Larrea”.

“No tenemos dudas ni jurídica ni técnica ni históricamente de lo que hubo fue un golpe de Estado. Por eso nuestro bloque lo repudia. Ni queremos justificarlo ni explicarlo, hubo consenso. Simplemente es que creemos que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, que si había un declaración también debía abogar porque nuestro país garantice la salida en paz, una reestructuración y reacondicionamiento de la elección para que la autodeterminación de los pueblos pueda elegir”, agregó.

“Buscar fundamento para justificar un accionar ilegítimo y violento es aberrante, ni con la OEA ni con la biblia en la mano, no se puede destituir un presidente -elegido democráticamente- por la fuerza y tampoco amenazar a la gobernabilidad de un país a punta de pistola como sucedió”, dijo Maite Alvado (UC).

Trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Público denuncian el vaciamiento del ente creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Comisión Bicameral designó a Emilio Jesús Alonso como interventor en septiembre de 2018.

El delegado de ATE, Diego Sagardia, dijo a FM De la Calle que “un ente que ha sido premiado nacional e intencionalmente que esté  parado atenta de lleno contra los derechos de las audiencias”.

“Nació para defender y canalizar los derechos de las audiencias de la radio y televisión, no tiene capacidad sancionatoria, sí de recepcionar reclamos y denuncias”, detalló.

El delegado recordó que “desde la creación, la Comisión Bicamenral solo designó a Cynthia Ottaviano, luego del mandato cumplido no nombró a defensor ni defensora, le dieron la firma a una compañera con firma delegada”.

“Luego de casi dos años de gestión donde el organismo hizo muchísimo gracias al esfuerzo de trabajadores y trabajadoras, la Comisión Bicameral designa a Emilio Jesús Alonso como interventor. Ellos dicen que es el encargado. Desde septiembre de 2018 a esta parte, el organismo se ha enfriado y se ha vaciado de políticas públicas”, comentó.

Con Alonso llegó “un grupo pequeño de trabajo que comenzó de manera muy dudosa, nos fuimos enterando de a poco quiénes trabajaban. El trabajo colectivo hizo que no se despidiese a nadie. En diciembre del año pasado, se vencían los contratos de quienes trabajan de manera precaria, de un grupo importante de trabajadores y trabajadoras, logramos que se renueven, en un mes y pico se vuelven a vencer  y no sabemos qué va a pasar”.

Mariana Fernández Massi, integrante del colectivo EJES, dijo a FM De la Calle que “ha habido un fuerte avance de la frontera extractiva, postales e imágenes que no hubiésemos imaginado con torres venteando gas en el medio de las chacras”.

La economista comentó que buscan “prevenir que Río Negro se convierta en un nuevo enclave petrolero”.

Más allá de la renta petrolera: una propuesta para la diversificación productiva y la democratización energética”, se titula el informe elaborado por profesionales de las universidades del Comahue y de Río Negro y dirigentes sindicales. Proponen alternativas productivas al impulso dado por las autoridades locales y nacionales a la extracción de hidrocarburos no convencionales.

“La mesa tiene dos grandes ejes, discutir esta orientación que se le da a la provincia con propuestas de cómo frenar este proceso y también discutir qué características tiene que tener esta diversificación productiva. Estos procesos no son reversibles, no se puede instalar una locación petrolera y dentro de diez años pretender volver a producir peras y manzana”, aseguró.

Fernández Massi afirmó que “hay una propuesta respecto a las potencialidades que tiene la provincia en materia de generación eólica. Nos aparece central la discusión no de qué actividades sino bajo qué modelo. Hablamos de la minería no metalífera a gran escala. El mapa de vientos la hace una provincia muy apropiada para la generación eólica, sin embargo, por las escalas de los proyectos los parques eólicos que están instalados no permiten un eslabonamiento con la industria nacional”.

Respecto al vínculo entre Bahía y Vaca Muerta sostuvo que “una de las principales áreas que se encuentra en la fase de extracción masiva es El Orejano, que depende de YPF, Dow, y PBB. Cuando una sigue qué está haciendo Dow Chemical es garantizar el acceso al gas. Hay un claro vínculo entre la producción petroquímica y los intereses en Vaca Muerta. es bastante difícil discutir Vaca Muerta fuera de los espacios locales, para quienes viven cerca es más evidente cuál es el daño que está generando, hay un consenso generalizado de que Vaca Muerta es una especie de portador de la solución económica de Argentina”.

La comunidad boliviana de Villarino se manifestó en Pedro Luro contra el golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales. Participaron familias de Pradere, Ascasubi y Mayor Buratovich junto a organizaciones y movimientos sociales.

 “Me siento muy contento porque hay muchos hermanos que se han sumado a esta manifestación por la democracia”, comentó a FM De la Calle el dirigente de la Federación Nacional de Campesinos, Rolando Rodríguez.

Comentó que “la gente está muy triste, muy dolidos por las cosas que están haciendo. Los medios muestran lo que les conviene, hay lugares donde no llegan, al campo y ahí están maltratando a la gente, hay represión y muertos. Cuando salimos a hacer respetar nuestro voto nos reprimen y nos matan, por eso estamos reunidos, queremos que se sientan apoyados desde lejos”.

Rodríguez señaló que quieren “que se respeten nuestros derechos. Muchos quieren que vuelva Evo porque ha hecho volver el derecho a movilizarse, uno se podía manifestar y nadie te reprimía con balas, esa no es la manera de arreglar las cosas. A la gente no las paras con balas”.

Respecto de la senadora Jeanine Añez comentó que “se autoproclamó ella sola como presidenta cuando no estaban senadores y diputados, es algo injusto. Te das cuenta que lo armaron todo, la policía reprimió a senadores del MAS. Creo que no existe la democracia”.

Por último, Rodríguez dijo estar “muy agradecido de que hay muchos argentinos que se sienten identificados”.

En el marco del 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo Local de Niñez organiza un ciclo de charlas y encuentros.

La doctora Silvia London disertará esta tarde acerca de “estrategias en pos de oportunidades educativas en poblaciones vulnerables” que apunta a “fortalecer las redes y los contactos que tenemos entre los actores de una sociedad”.

Será en dos encuentros: desde las 17 en la Torre Bicentenario de Peatonal Drago para equipos técnicos municipal, educativos, barriales y de organizaciones que trabajan en la temática y luego, abierta a la comunidad, a las 19 en Colón 80.

London comentó a FM De la Calle que un equipo interdisciplinario trabajó “en los barrios 9 de noviembre, Cabré Moré, Stella Maris y un barrio intermedio. Es una mirada local y focalizada, trabajamos desde un abordaje socioeconómico, un poco para analizar la sociología y pensamiento de esta comunidad, respecto a las oportunidades educativas. No tiene que ver con el acceso a la escuela exclusivamente sino con un conjunto de actividades”.

El estudio es producto de una demanda de la Red de Voluntarios por una Infancia Mejor. “Muchas veces hay oenegés, iglesias, movimientos sociales que intervienen en barrios y hay cierta desconexión entre estas intervenciones. Las redes lo que hacen es potenciar las intervenciones. De pronto había sectores que no estaba intervenidos, otros sobreintervenidos. Esto es lo que estuvimos analizando y buscando y el rol de la comunidad”.

La economista explicó que los datos llevaron al equipo a “identificar problemas que van más allá de no tener dinero para mandar al chico a la escuela. Se ve la necesidad de tomar medidas que de golpe, si no se hubiera hecho este análisis estarían ocultas”.

“Por ejemplo, que la inasistencia a los lugares educativos que están lejos de las casa se da muchas veces por factores climáticos. No se soluciona esto con un colectivo gratuito porque no pasa por la puerta. Además, mi papá, mi mamá, me tienen que llevar hasta la parada y esto le hace perder horas de trabajo, genera un círculo o trampa de pobreza, que conduce a que los chicos no vayan a la escuela. Mejorar las calles con tosqueo, para que no se inunden y puedan los chicos caminar esas 5 o 6 cuadras hasta la parada e ir a la escuela sería una alternativa”.