El fiscal general federal Alejandro Cantaro pasó por el programa ¿Quién te juna? (miércoles de 21 a 22), donde comentó la situación en los penales y su visión del sistema judicial.
Al principio se le consultó por qué se opta por el juicio abreviado para lxs menores, y si bien manifestó no contar con estadísticas, afirmó que esta modalidad de juicio últimamente se ha llevado adelante tanto con niñxs y adolescentes como en el sistema penal de mayores.
“El juicio abreviado significa que no hay debate. Desde hace unos años, en la provincia de Buenos Aires, todas las causas penales se resuelven con un juicio oral y público. A veces con un juez –cuando el delito es menor, son delitos correccionales, penas hasta tres años–, y ante un tribunal oral si son delito graves, de más de tres años. Ese es el modo normal para concluir una causa penal”, explicó Cantaro.
Además, expresó que hay soluciones ‘alternativas’ al conflicto. Por ejemplo, “lo que se llama suspensión de juicio a prueba. No se hace el juicio, se suspende, se le impone ciertas condiciones a la persona que está imputada de ese delito y, si en un plazo determinado (entre dos y cuatro años) no comete un nuevo delito, y cumple con las reglas que el juez le impone, entonces queda sobreseída, la causa termina”.
También, en algunos casos, “se puede llegar a un acuerdo, entre el imputado del delito, el fiscal y su defensor. Esto es lo que se llama juicio abreviado, no hay debate, la causa llega hasta un cierto punto”. Cuando recién se impuso el juicio abreviado, la controversia se generó porque muchos juristas y jueces rechazaban esta idea; lo sentían como una presión, una extorsión, sobre todo para los presos”.
En el sistema penitenciario la mayor parte de los presos son procesados, no penados. Pero, según contó el fiscal, “el tratamiento en el servicio penitenciario es diferente para el que está procesado y privado de su libertad, que para aquel que está penado. Entonces, el preso quiere ser penado, porque empieza a transitar el período de ir mejorando su situación, su conducta y poder ir calificando para cuando llegue el momento de salir en libertad”.
La situación de niñxs y adolescentes
“Llamémoslos como debe llamárselos –aseveró Cantaro–. Basta de menores, son ‘niñxs y adolescentes en conflicto con la ley penal’. Y hay que ser muy cautos con los defensores; los oficiales por lo menos son muy buenos, muy aguerridos, y seguramente se posicionan frente a una acusación contra un/a adolescente en una forma muy defensora”.
Asimismo, el fiscal explicó que la ley que regula el juicio penal se modificó hace algunos años, de modo que lxs niñxs y adolescentes tienen las mismas garantías que un adulto. “La ley prevé algunas reducciones de pena; inclusive, para un mismo delito, para un adulto o un/a adolescente es diferente la pena. Se imponen garantías de alojamiento donde van a estar; de hecho, son muy pocos los que son sometidos a un juicio penal estando privados de su libertad.
Cantaro criticó severamente el funcionamiento del sistema penitenciario en relación a la situación de lxs niñxs y adolescentes: “El sistema penal es tremendo, es una aplanadora. Debilita, desgasta. Si llega a quedar privado de su libertad un/a niñx o adolescente, en Bahía Blanca por ejemplo, no hay sistema de privación de libertad. Hay algunos institutos donde, en el caso de no quedar privado de libertad, permanecen, como empezando ya a instalar el sistema de reposicionamiento. El sistema penal es particularmente perverso con los niños o adolescente”.
El sistema penitenciario en Bahía Blanca
Del mismo modo, el fiscal general se quejó de las condiciones de la UP4, y la situación de las personas privadas de su libertad. “La cárcel de Bahía Blanca debe tener 100 años (la de Saavedra es más nueva). Ahora le habían cortado el gas, y estaban inventando métodos para poder calentarse. Nosotros trabajábamos mucho a partir de denuncias que recibíamos. Tenemos un teléfono con cobro revertido de todas las cárceles del país, así que recibimos todos los días veinte, treinta llamados. Cuando llaman presos de otras cárceles, nos comunicamos con el juzgado para decirle que tal persona, que está a disposición suya, necesita que vayan a verlo porque está padeciendo esto”.
Con ese sistema de teléfono, en un momento lograron trabajar dentro de la Unidad 4. “Cuando nos decían que en varios pabellones no tenían agua caliente… se congelaban en invierno al bañarse. Y debajo de la cárcel hay un surgente. Entonces fuimos, hablamos con uno, con otro, agarramos al jefe del servicio penitenciario, al ministro de seguridad, y lo que hicieron fue hacer caños, y con el agua del surgente lo llevaron a tres pabellones. Después las condiciones de vida en la Unidad Penal 4, y en otras cárceles que nosotros hemos visitado, son tremendas”, ratificó.
Cantaro no tuvo reparo en criticar el accionar del poder judicial. “He escuchado jueces, que cuando alguien venía a quejarse porque no podía ir al hospital a hacerse atender, le decían ‘mire mi compromiso es que usted no esté peor en la cárcel de lo que estaba en la calle. Este es mi compromiso, usted no tiene que estar peor’. Pero esto es lo que asumió el Estado, sino que renuncie”.
Y agregó: “Cada vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que intervenir en estos casos, se le impone penas [a Argentina] por no cumplir. Después del caso Verbitsky, donde Horacio describió lo que pasaba en las cárceles, dice ‘mire, no me diga que su único compromiso es que alguien no esté peor en la cárcel que en su casa, porque usted lo tiene que tener bien. Tiene que alimentarlo, curarlo si está enfermo. Para eso asumió el compromiso, sino renuncie”. La verdad es que hay innumerables violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario”.
QTJ: ¿Crees en la justicia?
“Diría que he visto al sistema judicial resolver algunos conflictos rápidamente, y enfáticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los días intervenciones en amparos de salud. Gente que tiene que recurrir a la justicia para que su prepaga, su obra social o el Estado, le dé una prótesis tal como se merece para su operación. He visto al sistema penal, y he visto alguna resolución de conflicto en materia penal, pero la verdad es que el sistema judicial y el penal tienen baches enormes”.
