La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur adhirió al Paro Nacional de Estatales convocado por ATE junto a otras organizaciones sindicales que se realizará el martes 19. Las y los docentes universitarios concurrirán ese día a las 10 al Encuentro – Debate de Trabajadores organizado por la CTA en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense -Luiggi 63-. El Consejo Superior de la UNS se sumó a las demandas.

Tras la elección de delegadxs al Congreso de la ConaduH, el gremio decidió impulsar la realización de un paro general de trabajadorxs a través de la convocatoria de todas las centrales sindicales y ratificar el pliego de reivindicaciones de la federación universitaria buscando confluir en “unidad de acción” con organizaciones similares en futuras medidas de fuerza.

“Con respecto al mandato de plan de lucha de la Federación, nuestra delegación tomará conocimiento de la resolución que adoptará el Congreso Extraordinario sobre el particular y la pondrá a consideración de una Asamblea, que se convocará la semana que viene, para ratificarla o adecuarla a las decisiones que se tomen en la misma”, informó ADUNS.

Por otra parte, lxs trabajadorxs apoyaron la denuncia penal formulada por el gremio SOEME contra la gobernadora María Eugenia Vidal a raíz del fallecimiento de la auxiliar docente Yolanda Mercedes y acompañaron el reclamo por la urgente reglamentación e implementación de la Ley del Boleto Estudiantil Gratuito.

Respaldo del Consejo Superior de la UNS

 Una resolución que solicita a las autoridades nacionales “que realicen todos los esfuerzos necesarios para concretar, a la brevedad, en el marco de la paritaria nacional la formalización de una oferta de incremento salarial satisfactoria dada la inflación verificada”, y también que “se regularicen las transferencias de las partidas presupuestarias que financian el funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales, y se considere un incremento de las mismas” emitió en su último plenario el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur.

 La declaración tuvo su origen en un petitorio de ADUNS presentado ante las autoridades el 4 de abril. Entre sus considerandos, el Consejo expresó “que el último acuerdo paritario docente por el cual se obtuvo un incremento salarial, ha sido largamente superado por la inflación verificada en el período acordado provocando un importante deterioro del salario real”; que “junto a otros reclamos, ha motivado la adopción de  medidas de fuerza que provocan la retención e interrupción en la prestación de los servicios docentes en los ámbitos universitario y preuniversitario”, y que “es imprescindible la regularización del flujo de financiamiento y el incremento del mismo, para asegurar el normal funcionamiento de las Instituciones Universitarias Nacionales”. También, “que las condiciones presupuestarias están en estrecha vinculación con  la calidad académica de la Universidad pública en materia de docencia, investigación y extensión, afectando directamente al estudiantado”.

La Resolución CSU 168/2016 completa puede descargarse aquí:  http://servicios.uns.edu.ar/data/noticias/docs/77.pdf

La presidenta del Consejo Escolar Susana Rodríguez confirmó esta mañana que la provincia devolverá los cupos en comedores escolares recortados a principios de año y duplicará los montos asignados a desayunos, meriendas y almuerzos. Los anuncios se efectivizarán a partir del próximo mes.

“Estuve en La Plata con el director de Consejos Escolares de la provincia, fui específicamente por el reclamo de cupos de comedor del recorte que nos había llegado a principios de año que nosotros nunca pusimos en práctica porque dijimos que íbamos a seguir trabajando con los mismos cupos porque no éramos quienes para decidir quién come y quién no. Esos cupos nos los devolvieron, vamos a seguir trabajando con los cupos de 2015 hasta la nominalidad y si necesitamos más cupos de comedor o copa de leche el director dijo que no iba a tener problema en darnos los que necesitáramos”, dijo Rodríguez a FM De la Calle.

La funcionaria afirmó que “otra alegría que me dio el director fue que el DMC, el desayuno y merienda completa, va a ser de $7,90 con un incremento del cien por cien y el comedor va a ser de $12,60 también un incremento del cien por cien. Con estos montos estamos hablando de la posibilidad de otros menús”.

Por otra parte, la consejera se refirió a la continuidad de la problemática de los roedores en algunas instituciones -hoy se denunció la aparición de una rata muerta en la Escuela 5- e informó que, a partir de la renuncia de Adriana Perdriel, asumió Pablo Coleffi en el bloque de Cambiemos y Carolina Recalde fue designada vicepresidenta del cuerpo.

Melisa Bogarin, trabajadora del programa ProHuerta en Chaco, falleció ayer durante una asamblea en la cual informaba que por resolución su contrato precarizado había sido extendido por tres meses, sin seguridad de renovación. Germán, su marido y padre de su hija de un año, ya había sido despedido de la Secretaría de Agricultura Familiar. “Mientras explicaba sus miedos por la continuidad de sus sueños de trabajo y familia, les había sido otorgado el año pasado un crédito Procrear para la primer vivienda, se descompensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada al hospital más cercano para ser atendida”, aseguraron sus compañerxs de ATE.

ProHuerta es una política pública de autoproducción de alimentos que gestiona el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde hace más de 25 años, y que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad social, las que se juegan todos los días para llevar un plato de comida a las mesas de sus familias.

Cuando empezamos la normalización del sindicato acá en la provincia me ayudó muchísimo en el área de comunicación, era comunicadora social, era esa su herramienta de trabajo y a la hora de ir a las comunidades, era de esos cuadros necesarios con fuerte compromiso con un sector tan vulnerable”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante.

Mediante una carta abierta, sus compañerxs comentaron que Melisa “no era una trabajadora que pensaba la comunicación como tradicionalmente se la conoce, una herramienta para difundir un hecho en un medio. Si no que consideraba que, para los sectores con los que trabajaba todos los días, campesinos, agricultores familiares y comunidades originarias, la comunicación, ejercida como un derecho humano, podía servirles para, sin intermediarios, ayudarles a expresar sus problemáticas, luchas y alegrías. En eso trabajo en esos 8 años”.

“Con otros compañeros, impulsó una red de radios escolares rurales, en las escuelas en donde asistían los hijos de los huerteros, de los agricultores familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era su preocupación, cómo la comunicación podía servir a esos sectores para decir, para denunciar la explotación y postergación, para ayudar a organizarlos”.

Bustamante explicó que la trabajadora “no tenía antecedentes cardíacos, hace poco fue mamá, desconocíamos si tenía algún tipo de problema de salud porque hasta eso nos están tirando algunos. No solamente nos pegan diariamente que somos ñoquis sino que además, una cosa de locos, de la solidaridad a la apatía en ese espectro hay gente de todo tipo, compañeros que han dado toda su solidaridad y todavía hoy estoy escuchando ‘ah, bueno, pero era contratada’. La verdad que es durísimo pero estamos dándonos fortaleza entre todos, seguimos asumiendo esta lucha que tiene que ver con detener los despidos”.

Agrega la carta de lxs trabajadorxs de ProHuerta: “Soñó e hizo lo posible, desde su lugar, por la construcción de la utopía de un país más justo e inclusivo. Su marido Germán también trabajaba la comunicación en el mismo sentido en la Secretaría de Agricultura Familiar. Tenían una nena que hace unas semanas cumplió un año. Como miles de laburantes de la gestión pública, desde hace 4 meses, viven la humillación, la persecución y el maltrato, no solo de un gobierno que nos trata de ñoquis y vagos, sino de un sector importante de la prensa nacional y la sociedad que repite ese relato, sin fundamentos, sin saber, sin conocer una sola historia de estos trabajadores, queriéndole cobrar a Melisas y Germanes vaya saber qué venganza”.

“Melisa Bogarin tenía 30 años. El proyecto de gobierno encarnado por Mauricio Macri no es solo un gobierno de ajuste, de devaluación, de tarifazos, de despidos. Es un gobierno de muerte. Y los trabajadores no queremos una muerte más. En tu memoria, por tu trabajo, por tus sueños y por tu familia, los trabajadores de INTA, tus compañeros, te prometemos mantener encendido el reclamo de justicia”, concluyeron.

Denunciaron a Vidal por homicidio culposo

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) denunció penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal y al director general de Cultura y Educación Alejandro Finocchiaro tras el fallecimiento de una de sus afiliadas.

Yolanda Mercedes, vivía en Mar del Plata y trabajaba en la escuela especial 506 de esa ciudad. Desde el gremio manifestaron que murió “producto de un infarto tras advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 y no podía pagar el alquiler. El gobierno de María Eugenia Vidal le había aplicado un descuento de más de $6.000 sobre su salario”.

El gremio había mantenido medidas de fuerzas durante 45 días en reclamo de la reapertura paritaria y desde la gobernación aplicaron descuentos en el último recibo de sueldo por las ausencias.

“La muerte de Yolanda no fue en vano: en honor a su memoria, iremos hasta las últimas consecuencias para que cada uno de los responsables de esta aberración que se cometió con los descuentos abusivos e indiscriminados tengan que rendir cuentas ante la Justicia. Tenemos muchos casos de compañeros que han sufrido descompensaciones y todo tipo de problemas de salud. Desde el primer momento advertimos, cuando se conocieron los descuentos, que era una decisión criminal” expresó Marcelo Balcedo, secretario de Soeme en un comunicado.

“Lo más agraviante, en el caso de Yolanda es que ella ni siquiera hizo retención de tareas, pero igual le aplicaron el descuento. Así también ha pasado con compañeras que tienen licencia médica o que están internadas”, agregó por su parte el secretario de la delegación Mar del Plata, Enrique Sánchez.

El municipio envió una nota a la asociación Bahía Blanca Che intimándola a que el 1ro de mayo desaloje el espacio que utiliza el grupo cultural en el inmueble ubicado en calle Alsina 370.

“Esta asociación fue creada para defender y difundir las producciones artísticas artesanales locales y regionales. Hay mucha gente que produce cosas bellísimas, locales, con un sabor muy particular pero que no tiene después cómo venderlas o qué hacer con ellas. Es un problema que en realidad el estado debería resolver: cómo se transita, cómo se difunde, cómo se intercambia en toda la provincia, en todo el país”, dijo Mónica Oliver, presidenta de la institución.

En el 2006 comenzaron a conformarse y a partir de 2008 obtuvieron la personería jurídica. Durante el mismo año de la creación formal el municipio les cedió un pequeño espacio al fondo de ese inmueble alquilado, en el que funcionan otras dependencias municipales.

Luego de recibir la noticia, integrantes de la asociación lograron ser recibidos por el director del Instituto Cultural, Ricardo Margo y un funcionario de la Secretaria Privada de apellido Gómez. El gobierno ratificó su decisión de que Bahía Blanca Che abandone el inmueble que venía utilizando desde 2008.

En cambio, se ofrece a la organización la posibilidad de funcionar en una oficina del mercado municipal. “Nos parece un lugar precioso y popular. Pero estamos pensando cómo podemos articular todo lo que además hacemos”, dijo Oliver en referencia a un conjunto de actividades que realiza la asociación, como la Feria del limonero, un espacio de encuentro periódico de distintas artes y prácticas culturales, que se lleva a cabo en el patio y pasillo de ingreso del lugar.

En otras palabras, si Gobierno no le ofrece un espacio adecuado, Bahía Blanca Che será expulsada del lugar hacia otro de dimensiones y características que no permitirán la continuidad de las actividades que la asociación de reconocida labor viene realizando.

En reemplazo de este colectivo de trabajadorxs de la cultura, las oficinas el municipio estaría pensando el lugar para que sea utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El próximo sábado 16 de abril a las 16 en adelante se llevará a cabo una nueva Feria del limonero en la que habrá música, narración, artesanías, poemas, libros, agendas, dibujos y otras expresiones. Según la organización, “un lugar donde las manos susurran, las sombras iluminan y los oídos cantan”.

Foto: Silvia Pascual

(Por Francisco J Cantamutto) El escándalo conocido a nivel mundial como los Papeles de Panamá recién empieza a desplegarse. En Argentina,  el impacto fue inmediato, dado que involucra al propio presidente Macri y todo su entorno familiar. Hasta el momento las explicaciones son escasas y las pruebas directamente nulas, apelando –como ya es costumbre- a la fe y la buena voluntad.

El origen del escándalo

La cantidad de documentos hackeados del estudio Mossack Fonseca es varias veces más grande que los involucrados en el Wikileaks, del que aún surgen novedades. Procesarlo demanda mucho tiempo, y los alcances del escándalo están lejos de conocerse. Esta ha sido la razón aducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), que procesa los documentos mediante un software de reconocimiento gráfico.

Si bien esto probablemente sea cierto, esta asociación de periodistas creada en 1997 no es exactamente neutral. Según denunció Julian Assange, la misma es financiada por Organized Crime and Corruption Reporting Project y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Níkolás Stolpkin completa la lista con otros destacados aportantes: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York. Open Society Foundations responde al especulador global George Soros, mientras que la Ford tiene conocidas relaciones históricas con la CIA. Aunque la fuente del hackeo es anónima, su procesamiento claramente responde a urgencias de geopolítica estadounidenses. Esto explicaría por qué no abundan en la lista del escándalo nombres de esta nacionalidad.

Pero el origen no debe opacar los hallazgos reales, sino más bien explicar el foco de énfasis al inicio: por qué aparecen unos nombres antes que otros. De hecho, dado que Estados Unidos cuenta con sus propias zonas de secrecía -Delaware, Wyoming, Nevada-, de mucha mayor escala que Panamá: los estadounidenses pueden aprovechar sus propios “paraísos”. En el listado se ha visto afectado, por ejemplo, el primer ministro David Cameron, que tras mentir públicamente 3 veces al respecto, debió aceptar haber obtenido rédito de una sociedad creada por su padre. Como participan del consorcio grandes medios de comunicación de la mayor parte del mundo, con agendas sólo en parte homogéneas, lo que dificulta contener la información. De hecho, el diario alemán Süddeutsche Zeitung (aquí traducción) se sorprendió del trato amable que la prensa argentina dio al presidente Macri.

Es que los representantes por Argentina en el ICIJ son periodistas de La Nación y Canal 13. Su objetivo de búsqueda primario era la ex presidenta Cristina Fernández, y “tropezaron” con estos casos alrededor del ahora presidente Macri. Mostrando lo sesgado e interesado de su investigación, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon reconoció que poseían esta información sensible antes de la segunda vuelta electoral, y decidieron evitar su estado público hasta ahora. Información que sin dudas hubiera incidido en el resultado, pues hubiera puesto en duda la transparencia promocionado por Cambiemos.

El impacto local

Las cuentas offshore son instrumentos financieros utilizados a escala mundial, con el objeto de ocultar información y evitar el pago de impuestos. Apañados por leyes locales que permiten estas prácticas, las empresas y los empresarios más poderosos toman provecho de ellas, incluyendo actividades ilícitas. Las acciones de Cambiemos desde que inició su gobierno no han contribuido a controlar el uso de estas cuentas, sino más bien lo contrario. La quita de controles a los movimientos de capitales (incluyendo la desaparición del mal llamado “cepo”) y los despidos masivos en la Unidad de Investigación Financiera facilitan los usos ilícitos de las cuentas offshore.

Ahora bien, esto no debe sorprender que en el marco de un gobierno cuyas figuras centrales están implicadas en este tipo de prácticas. La investigadora de CONICET y UNSam, Ana Castellani, ubicó a 7 funcionarios del gabinete nacional con cuentas offshore:

– Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Involucrado en Kalushy SA, en Panamá. Avruj señaló que la empresa fue creada por la ONG B’nai B’rith, para la que trabajó. La organización lo negó de manera contundente.

– Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Involucrado en Marbira SA, en Panamá.

– Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria. Involucrado en Trafimex SA Holding Corporation, en Panamá.

– Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrada en 4 empresas en Chipre desde mediados de los años ´90, de las cuales tres continúan activas a la fecha. Orsett Investments Limited, Emerging Ukranian Limited, Ukranian Dolphin Limited y Prior Investments Limited.

– Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Involucrado en TESACOM Panamá SA.

– Jorge Braulio Norverto, Subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Involucrado en La Jotabe, en Florida.

– Maria Paula Schiappapietra, Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Involucrada en Los Didis, en Florida.

Por supuesto, hay que agregar al listado al presidente Mauricio Macri, con al menos dos sociedades registradas en Panamá que lo ubican como director, Fleg Trading y Kagemusha. La última en operatoria y la primera vigente entre 1998 y 2008, ambas sin declarar por el presidente. De esta segunda, Macri dijo que no tuvo operatoria porque el negocio en Brasil no prosperó. Sin embargo, ha trascendido recientemente que el negocio en cuestión, la expansión del Pago Fácil en el país vecino, ocurrió bajo el mando del consorcio Macri durante el período 2001-2006, para ser luego vendido al socio Western Union. Es decir, el presidente habría mentido en su declaración jurada y en su excusa pública, siguiendo el patrón del inglés Cameron. Como señalamos, todo el entorno familiar de Macri está implicado con cuentas de este tipo en Panamá, lo que favorece la naturalidad con la que Macri reacciona ante las preguntas: forma parte de lo “normal” para el empresario.

El gobierno no ha dado hasta ahora ninguna explicación, y no ha aportado pruebas: todo se reduce a la voluntad de quien quiera creer. Los libros de las cuentas offshore podrían ser aportados por sus titulares si así lo quisieran. Como ya dijimos, no sólo la sospecha por actividades ilegales, sino la evasión y elusión impositiva, además de la falsedad de las declaraciones juradas, son elementos para cuestionar el accionar del gobierno. El discurso de la transparencia queda muy rápidamente desprestigiado.

Mientras la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, concurrió a las jornadas oficiales, las calles bahienses fueron escenario de concentraciones, movilizaciones y expresiones culturales.

“Es un signo de los tiempos. Parece que la tolerancia, el diálogo, todas esas banderas o palabras a la hora de tener que escuchar la protesta se despliega la policía, se vallan las calles, se impide el tránsito. Es un signo del tiempo que vivimos a partir de lo que se dice en los discursos y lo que se hace en la práctica”, dijo a FM De la Calle Enrique Gandolfo, dirigente de la CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego.

La CGT terminó confluyendo en la esquina de San Martín y Alsina (por Alsina) con la marcha de estatales (por San Martín), en reclamo de medidas concretas para afrontar la situación de despidos que sufre también el sector privado.

“Creo que es muy importante que comencemos a encontrarnos más allá de las diferentes pertenencias sindicales. Que podamos unir nuestras voces en la calle y en lo posible marchar juntos, cuando los padecimientos que sufrimos son parecidos en los diferentes sectores. Tiene que ver con una política que beneficia a los de arriba, que les da enormes ingresos asegurados, una tasa de rentabilidad altísima y para los de abajo vienen despidos, aprietes, amenazas, descuentos, decretos para cerrar paritarias. Una batería de medidas que apuntan al conjunto”, agregó Gandolfo.

Por su parte, el secretario de Prensa de ATE, Matías Rossetti, recordó que se encuentran acampando “desde el día viernes en el Consejo Escolar. Obviamente por el salvaje descuento de miles de compañeros. En el día de ayer trascendió que una compañera auxiliar murió, falleció en Mar del Plata al enterarse que solamente tenía $40 en el cajero. Esto es un crimen de esta política que lleva adelante la gobernadora de la provincia”.

En este contexto, destacó que el reclamo incluye “la catarata de decretos que va en contra de todos los trabajadores del estado. Esto de darle poderes a los ministros, a los secretarios para que hagan lo que quieran con los trabajadores sin respectar ninguna ley”.

Néstor Alende, de la Asociación Judicial Bonaerense calificó a la de Vidal como “una de las gobernaciones más antipopulares de los últimos años. Nosotros tenemos hoy una nueva convocatoria paritaria pero siguen sosteniendo hasta la fecha el 25 % para todo el año y a partir de julio. Un porcentaje totalmente insuficiente. Esto después de una larga espera de no haber sido convocados en tiempo y forma”.

Según el dirigente, la mandataria aplica “medidas que claramente benefician al sector más concentrado de la riqueza y dejan de lado al pueblo y a los trabajadores. En nuestro caso en particular en otras paritarias nosotros ya prácticamente teníamos cerrado para esta fecha. Acá recién arrancamos y estamos con el mismo sueldo que tuvimos en agosto cuando se completó la tercera y última parte de la pauta salarial establecido con el gobierno de Scioli. A esta altura no sabemos cuándo vamos a terminar y cuándo vamos a tener un peso más en el bolsillo”.

Desde el Centro de Estudiantes del Conservatorio y la Coordinadora por el Boleto Estudiantil, Marcos De Benedetto sostuvo que “no está la decisión política de implementar la ley 14735”, aprobada durante el año pasado.

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Desde la Plaza Rivadavia, el concejal Gustavo Mandará (FpV) dijo que “nos pasamos una semana (por el gobierno municipal) poniendo plata en los medios, pautando pidiendo que venga la gente y cuando viene la gente no la dejan pasar. No lo puedo creer. Di un montón de vueltas para entrar. Hay gente de a pie que quiere pasar y no puede. No me acuerdo yo de un acto de Bahía Blanca con este nivel de dispositivo de seguridad”.

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A su vez, el espacio “Amor & espanto, cultura contra el neoliberalismo” llevó adelante “una acción sorpresa en una plaza lamentablemente vallada por este gobierno que le tiene miedo a que la gente se exprese. Estamos acá para participar de una acción concreta que es servir un vaso de chocolate, vasos que tendrán cada uno distintas inscripciones que denuncian la situación actual”, según informó a esta radio Sergio Zaninelli, quien a su vez es secretario general de ADUNS.

“Es una vergüenza una plaza toda vacía y los compañeros reclamando fuera de ella”, agregó.

Con un operativo de seguridad digno de una gestión antipopular, que restringió el acceso al palacio municipal y a la plaza pública -donde paradójicamente se convocó a la comunidad-, la gobernadora María Eugenia Vidal realizó su primera visita a Bahía Blanca.

Fue en el marco del 188º aniversario de la ciudad en el cual reanunció la obra del acueducto del Río Colorado y una inversión de seis mil millones de pesos para solucionar las falencias del servicio de agua y cloacas de la empresa ABSA. Vidal estuvo acompañada por el intendente Héctor Gay, funcionarixs locales y provinciales, “representantes de fuerzas militares y de seguridad, concejales y referentes de instituciones”.

La Central de Trabajadores de la Argentina, la Confederación General del Trabajo, organizaciones estudiantiles secundarias, terciarias y universitarias reunidas en la Coordinadora por el Boleto, militantes y ciudadanas y ciudadanos se manifestaron frente a los vallados que rodeaban la Plaza Rivadavia para repudiar el ajuste y sus consecuencias.

IMG_0647La agenda oficial comenzó con una breve conferencia de prensa en la Casa Coleman durante la cual el jefe comunal mostró sus “expectativas” sobre el “proyecto de cambio”. “Vamos hacia un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de gestión y transparencia, un modelo de hacer, donde las economías regionales tengan una importancia que no tenían y es por eso que hoy estamos en un proceso distinto, estamos alumbrando una nueva ciudad”, agregó Gay.

La gobernadora aseguró que “lo que más me gusta del encuentro de hoy es poder anunciar obras, que de a poco van a poder resolver el problema del agua, el principal de la ciudad”. En ese sentido, anunció una inversión de seis mil millones de pesos -aportados por la Comunidad Andina de Fomento, la provincia y ABSA- para “el acueducto desde el Río Colorado, la red fina de distribución, la planta potabilizadora Patagonia, la planta depuradora, tres estaciones de bombeo, entre otras obras”.

“Después de muchos años que se prometieron estas obras y las anunciaron, finalmente se van a hacer, se van a ver y vamos a cumplir con este compromiso”, sumó Vidal con el valor de la “palabra” como única garantía para la concreción del cuestionado acueducto.

Al ser consultada acerca de la implementación del boleto estudiantil, transformado en ley por la legislatura en 2015, Vidal se excusó en la falta de fondos en las arcas provinciales y afirmó que priorizará inversiones en infraestructura escolar.

Si bien el acto central fue programado en la Plaza Rivadavia, rodeada por más de un centenar de policías bonaerenses y locales, por una decisión de “protocolo y seguridad de la provincia” se escondió de las protestas gremiales en el hall de Alsina 65. Aun así, la gobernadora fue repudiada cara a cara por Analía Larrea, una joven que se acercó en su silla de ruedas y le reprochó el pago a los fondos buitres con “el hambre de la gente, con el hambre del pueblo”. “Ya te pudiste expresar, estamos en democracia, ya pudiste decir todo lo que querías decir”, respondió Vidal provocando el aplauso oficial.

Con la gobernadora camino al polo petroquímico, donde tenía previsto reunirse con autoridades de la multinacional DOW Chemical, un grupo de bahienses ocupó las sillas dispuestas en el centro de la plaza para presenciar espectáculos musicales y humorísticos.

La senadora Nidia Moirano cruza y junto al secretario de Seguridad comunal Emiliano Álvare Porte, la jefa de protocolo Silvia Corinaldesi y otro funcionario se abrazan por detrás para impedir el paso a Analía Larrea.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó que su presidente, Sergio Cassinotti, presentó en la UFI 8 de delitos complejos de La Plata, a cargo del fiscal Dr. Jorge Paolini, siete denuncias por irregularidades detectadas durante la anterior gestión que podrían alcanzar un perjuicio para el estado provincial de aproximadamente 380 millones de pesos anuales.

Una auditoría interna encarada por las nuevas autoridades encontró “ilícitos en el pago de sobreprecios por medicamentos, prótesis y ortesis, facturación por internación domiciliaria a pacientes fallecidos, compra de equipamiento electrónico nunca entregado y un manejo oportunista en el negocio de los Recursos de Amparos”.

El presidente de IOMA afirmó que se trata de “una mezcla de desidia y corrupción instalada, falta de gestión y ausencia de controles cruzados que sólo pudo ser posible con el paraguas de quienes gestionaban anteriormente el Estado provincial”.

IOMA es la obra social del personal del Estado provincial -maestrxs, policías, empleadxs estatales, etc.- y a través de convenios de afiliación también brinda salud a lxs trabajadorxs municipales, asociaciones y federaciones, entre otros organismos. Concentra actualmente a más de dos millones de afiliadxs, siendo la segunda en magnitud del país después de PAMI.

Las siete denuncias presentas son las siguientes:

1- Sobreprecios en medicamentos. Se pagaron más de 36 millones de pesos anuales por medicamentos comprados a través de amparos o por urgencia, en cuyos casos se abonó entre el 25% y el 30% más de su valor.

2- Internación Domiciliaria. Se detectaron casos de facturación por esta prestación a pacientes fallecidos. También a afiliados por los cuales se le facturaba al IOMA prestaciones que no eran brindadas. Un 20% de estos beneficiarios no recibían algunos de los servicios autorizados o bien su totalidad. Se identificaron casos de familiares de adherentes a los cuales ciertas empresas de internación domiciliaria les pagaban un monto determinado, pero sin darle prestación alguna, para luego facturarle a la obra social el monto total.

3- Prótesis. Se rescindió el convenio de prótesis y se retomó la compra directa, lo que representa un recupero para el Estado de 200 millones de pesos anuales. Antes el mencionado convenio estaba tercerizado en las Asociaciones Intermedias con manejos poco claros.

4- Ortopedia. Se encontraron casos de solicitud de compras fraguadas. También se hallaron ítems con sobreprecios -entre 2 y 3 veces más caros- en el listado de elementos ortopédicos aprobados. De esta manera, se recuperan alrededor de 37 millones de pesos anuales.

5- Se construyeron consensos para eliminar gastos administrativos correspondientes al segundo y tercer nivel de atención (clínicas y sanatorios) por 84 millones de pesos anuales que han sido recuperados para el Estado.

6- Se detectó que un stock de 103 computadoras figuraba como recibido en el mes de noviembre de 2015, ingresado a patrimonio y enviado al pago sin haber ingresado a la obra social.

7- Se denunció el negocio de los Recursos de Amparos. Esta modalidad se estableció como un mecanismo generalizado para brindar prestaciones que en la gran mayoría de los casos correspondía otorgar al afiliado con cobertura del 100%. Generando importantes demoras en el circuito de cobertura en detrimento del beneficiario, con el objetivo de forzar la realización de las compras por circuitos fuera de la operatoria normal, a precios no convenidos y además abonando honorarios a los abogados. Esto era el “negocio” de unos pocos, en perjuicio de los beneficiarios a los que en vez de darles lo que corresponde por derecho se los sometía a burocráticos sistemas administrativos.

El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, solicitó que se haga lugar al recurso presentado por su par bahiense, Horacio Castaño, contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que había desestimado una denuncia, presentada oportunamente, por los coordinadores de la Unidad de Asistencia por Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.

En dicha presentación, se había denunciado a Santiago Ulpiano Martínez, juez federal subrogante en su momento, por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Martínez desobedeció una orden de la Cámara Federal de Bahía Blanca que mandaba a detener personal del Ejército por crímenes de lesa humanidad.

Presentado el recurso ante la Cámara los magistrados tuvieron por desistido el recurso argumentando que “el escrito obrante (…) es notoriamente inoficioso, al estar firmado –y sellado- por el funcionario que interpuso el recurso y no por quien debe mantenerlo y tramitarlo en la segunda instancia”.

En este sentido, Javier De Luca explicó que antes de emitir dictamen el propio fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, le había informado que le pidió al fiscal Castaño que suscribiera el escrito de mantenimiento del recurso ante dicha cámara por razones personales. “Situaciones como estas se dan a diario y en este caso se buscó evitar el mecanismo de la excusación, pues nada impedía que Castaño representara al Ministerio Público Fiscal ante aquella Cámara”, adujo De Luca. Y agregó: a diario los fiscales firman escritos de colegas en el marco de “ausencia momentánea”, sin que ello implique que el recurso sea considerado como “no presentado”.

Asimismo, resaltó que lo resuelto por los jueces contenía un “excesivo rigor formal pues no responde a normas ni principios vigentes (…) de existir agravio, éste sólo afectaría al Ministerio Público Fiscal, que es el único interesado en este asunto porque hace a su funcionamiento interno, máxime si tomamos en cuenta que cualquier fiscal que hubiese mantenido el recurso tenía y tiene el deber de mantener e impulsar la acción penal, como lo hizo el Dr. Castaño”.

Al final del dictamen, el fiscal de Casación remarcó el “inusitado rigor formal contenido en el auto recurrido frustra la vía para el correcto ejercicio de la acción penal”. La causa en cuestión está vinculada al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, por ello, explicó De Luca, la Cámara debía estudiar “los requisitos formales con suma prudencia, en atención a los intereses en juego y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Nacional”.

Fuente: fiscales.gob.ar

(Por Julio Gambina) El 3 de abril se difundió el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en Inglés) sobre empresas offshore y fuga de capitales[1]. Allí aluden a información sobre más de 11,5 millones de registros financieros y legales, que expone un sistema de “delincuencia, corrupción y maldad, oculto por las empresas offshore secretas.”

Tal es el escándalo por la difusión de esa información renunció Sigmundur David Gunnlaugsson, presidente de Islandia tras las protestas masivas por revelaciones de que había sido propietario de una empresa offshore con su esposa.[2] La filtración de la información causó también conmoción en Nuestramérica, especialmente en la Argentina ante la presencia del Presidente Mauricio Macri entre los involucrados con empresas offshore en las Bahamas, conocido paraíso fiscal.[3]

Más allá de la filtración y las sospechas que genera la información[4], lo cierto es que evidencia la práctica generalizada de la Fuga de Capitales sostenida desde la facilitación de la circulación mundial del dinero. En un estudio sobre los tratados de libre comercio, presentado en el VII° ESNA[5] realizado en Montevideo entre el 31 de marzo y el 2 de abril, se informa que éstos no son “acuerdos comerciales”, sino “instrumentos de protección de las inversiones extranjeras”[6]. En la presentación se informa sobre los paraísos fiscales, que son resultado del proceso de liberalización que empujan los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión.

Sobre los paraísos fiscales se informa de la difusión de los mismos en todos los continentes, destacando el caso del Estado de Delaware, en EEUU, en donde  aparecen “registradas 6.500 empresas. Dos tercios de las empresas del listado Forbes 500 tienen domiciliada alguna empresa en este domicilio, entre ellas Ford, American Airlines, General Motors, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken.” Informa sobre 830.000 compañías registradas en las islas Vírgenes Británicas, donde la población apenas llega a los 19.000 habitantes. Estiman en 2 billones de dólares “el stock de flujos que salieron hacia paraísos fiscales entre 1970 y 2011”, y se destaca Brasil con 520.000 millones de dólares, un 160% de su deuda externa; México con 417.000 millones de dólares, un 224% de sus pasivos externos; Venezuela con 406.000 millones de dólares, 728% de su deuda externa y Argentina con 399.000 millones de dólares, dos veces su deuda externa.

Convengamos que una empresa offshore es parte de la trama de la fuga de capitales y que la fuga de capitales no puede entenderse sin la complicidad del sistema financiero. No hay paraísos fiscales sin transnacionalización de la especulación y del sistema financiero, que tiene en su cúpula el FMI y al Banco Mundial. Una empresa offshore supone el registro en el exterior de una empresa, pero nadie organiza una empresa offshore en paraíso fiscal si no es para evitar pago de impuestos en el país propio o de la inversión. La filtración, más allá de las consecuencias políticas que supone, habilita a discutir la cuestión de fondo, que debiera reactualizar el fin de los paraísos fiscales, un tema que estuvo en la agenda del G20 desde que se auto consideró “ámbito de discusión de la crisis” a partir de sus inicios en noviembre del 2008.

En rigor, la cuestión de fondo es el capitalismo, ya  que el capitalismo de época es el delito, el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, la venta de armas. Son los asuntos, entre otros, que motivan el lavado de dinero y la fuga de capitales. Se trata de esconder las grandes acumulaciones que generan socialmente una tremenda brecha entre muy pocos ricos y muchos sectores empobrecidos. No debe sorprender la existencia de empresas y cuentas offshore de gobernantes y famosos, ya que se trata de una práctica usual de las clases dominantes en el capitalismo contemporáneo. Es la forma cotidiana de expresión del capitalismo especulativo y normal. Para terminar con el negocio offshore hay que terminar con la especulación y la economía del delito, es decir, con el capitalismo.

La Central Termoeléctrica Piedra Buena fue infraccionada por segunda vez en la semana por superar el nivel de ruidos permitidos para el horario diurno. El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) constató la situación y elevó actas e informes al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible.

Entre las 13:19 y las 13:32 como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30 se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo.

El miércoles pasado Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

Ambas actas de infracción fueron enviadas junto a los informes sobre lo sucedido al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), autoridad que tiene, en exclusividad, la facultad de resolver las sanciones correspondientes.

Un mes atrás, el OPDS fue duramente cuestinado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

Ayer, durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Héctor Gay aseguró: “Avanzamos en la gestión, diría que ya definimos en las últimas horas, para que la delegación local de la OPDS se traslade a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental del municipio. No nos parece lógico que funcione dentro de la Unión Industrial, más allá de la buena relación que mantenemos con esa entidad”.

La Comisión por la Memoria (CPM) realizará este sábado un encuentro de la militancia por los derechos humanos. Políticas de memoria, la lucha contra la violencia institucional y la tortura, la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y la consolidación del Estado democrático figuran entre los principales ejes de debate propuestos.

“¿Qué hacemos? Las estrategias de intervención en el territorio” es la consigna para esta jornada enmarcada en el 40º aniversario del último golpe de Estado. “Sin ninguna duda el protocolo contra la protesta social y la detención de Milagro Sala son dos alertas muy importantes porque si se cercena el derecho a la protesta, el resto de los derechos se ven cercenados. La base de los derechos humanos es la posibilidad de su exigibilidad, de poder reclamarlos”, dijo a FM De la Calle la directora de Áreas de la Comisión Sandra Raggio.

“Para nosotros la memoria es la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos tiene que ver con las políticas de memoria. Por eso la Comisión no solo ha destinado a lo largo de estos años programas vinculados tanto con las clásicas políticas de memoria vinculadas con el terrorismo de Estado, con no olvidar lo que pasó, la reivindicación de las víctimas, la demanda de justicia, la política de archivos y educativa, sino también lo que ha sido todo el trabajo de monitoreo en las cárceles y la atención de denuncias por violaciones a los derechos humanos ligadas con la violencia policial y judicial”, afirmó.

Raggio afirmó que “no hay democracia sin plena vigencia de los derechos humanos, pero es cierto que en los últimos años cuando uno habla de derechos humanos muchas veces asocia con la dictadura militar o con los organismos históricos asociados con la dictadura, pero también en los años 90 el movimiento histórico de derechos humanos fue uno de los núcleos fundamentales para la resistencia al neoliberalismo ampliando la agenda y uniéndola con las peleas de los sectores populares, en 2001 hemos visto a las Madres de Plaza de Mayo resistiendo a la brutal represión en plena crisis del neoliberalismo, y también esa relación se da pero un propósito para nosotros es que se consolide y fortalezca”.

“La verdad que las políticas regresivas tanto en materia económica como también lo que ha sido el protocolo de la protesta social, la detención de Milagro Sala, los despidos masivos, la política de ajuste vinculada con este aumento impresionante de las tarifas que impactará seguramente en la capacidad de resolver sus necesidades básicas a las familias, también están vinculados con los derechos humanos”, sostuvo la directora.

El Encuentro provincial por los derechos humanos, del cual FM De la Calle será una de las oganizaciones bahienses que participarán, será este sábado 9 de abril a partir de las 9 en el Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, La Plata. Quienes estén interesadxs pueden inscribirse enviando un mail al siguiente correo: [email protected]

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(Nota ampliada) La vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, renunció esta mañana por el repudio social recibido en los últimos días por sus dichos discriminatorios hacia sectores vulnerables. La noticia fue confirmada a FM De la Calle por la secretaria de Gobierno, María Laura Biondini, quien aseguró que la decisión política del intendente fue pedirle a la consejera el apartamiento de su cargo.

“El que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay, si la leche no es de calidad tienen que tomarlo igual”, “la delincuencia la lleva en la sangre”, “el hambre no tiene marcas”, y la propuesta de “atarle las trompas a la madre” de niños con riesgo escolar fueron algunas de sus manifestaciones.

La funcionaria fue reprobada por miles de ciudadanos y ciudadanas en las redes sociales, organizaciones gremiales y sociales pidieron su renuncia y el Concejo Deliberante rechazó ayer sus expresiones y pidió definiciones al jefe comunal Héctor Gay.

Yo no fui

Perdriel afirmó que su renuncia se motivó en el “perverso operativo mediático y en redes sociales que la oposición ha realizado al Bloque Cambiemos y hacia mi persona, donde se tergiversaron supuestas frases dichas por mí, donde se han vertido dichos quitados de contexto y de conversaciones privadas confiando en el buen compañerismo de opositores donde la oposición me denostó y me humilló sin piedad en púbico, donde todo el trabajo realizado, mi trayectoria y compromiso con la educación pública durante 22 años no han servido de nada ante la oposición quienes también son docentes. Donde el sr. Raúl López se da el gusto de gritarnos en las sesiones, ya que es una persona que hace prevalecer sus gritos y maltratos verbales cuando uno no congenia con sus pensamientos, siendo las mujeres siempre su blanco”.

Por su parte, López aseguró que la ex vicepresidenta “ni siquiera en este acto de justicia pudo tener un gramo de dignidad” ni “una pizca de arrepentimiento”. “Creyendo sus propias mentiras, atribuyó su marcado fascismo a situaciones armadas, a perversas y maquiavélicas operaciones políticas. En mi caso particular, acusándome de ‘gritar’ y de maltratar sobre todo a las mujeres, queriendo desviar la atención y transformar su insensibilidad social e ignorancia política en un problema de género”.

“No tengo que dar explicaciones porque mi trayectoria las da por mí, diez años en la conducción de un gremio mayoritariamente de mujeres y dos y medio en la función pública me avalan. La opinión de la mayoría de mis compañeras y compañeros de Consejo me sirve mucho más que las acusaciones de alguien a quien sus propios compañeros de partido le soltaron la mano. No me afecta más mentiras de quien es tan cobarde que para justificar sus dichos trata de explicar que no la entendieron. La misma que defendió a la policía en el fusilamiento de Yuliano Gallo cuando en su rol de docente lo dijo en una asamblea”, agregó.

Y finalizó: “Defiendo mis ideas con vehemencia, pero sin insultar ni faltar el respeto. (…) Me preocupa el fascismo ideológico, la denigración de los que menos tienen. Y seguiré levantando con toda vehemencia la bandera de la defensa de los derechos humanos, de la integridad moral y la dignidad de todos los habitantes. Y la VERDAD, por sobre todas las cosas”.

Estado mala leche

El grupo “El amor & el espanto” Cultura bahiense contra el neoliberalismo convocó a una acción colectiva, pública, participativa, nutritiva y sustanciosa para exigir la dimisión de Perdriel. “Además de pedir su renuncia, proponemos pensar la matriz que atraviesa su espacio político y que hace que alguien así pueda estar ocupando un cargo tan sensible en materia social. Una cosa grave, creemos, es que haya mala leche en el Estado y otra más terrible aún es que haya un Estado mala leche”, proponían. La actividad se realizará  el lunes a las 10 en Plaza Rivadavia, a pesar del alejamiento del cargo de la directora rural.

“¿Qué piensa el intendente de las manifestaciones de sus consejeras escolares sobre los comedores escolares?”, se preguntaron desde la Corriente Comunista David Watu Cilleruelo y Nuevos Vientos. A los dichos de Perdriel sumaron la frase de su compañera de bancada Miriam Olivares: “Hay chicos en los comedores que no deberían estar, hay padres que los mandan porque no tienen ganas de darles atención, en este caso el estado malgasta sus recursos”.

“Estas manifestaciones (…) dejan en claro su visión acerca de los niños y las familias que requieren el servicio alimentario en nuestras escuelas. (…) La educación es un derecho de todos los chicos, imposible de ejercer sin tener las necesidades básicas satisfechas. El recorte en la cantidad de cupos, retraso en los pagos de proveedores, la licuación de su valor, sumado al aumento del desempleo de sus padres suman chicos solicitan un plato de comida. Deja como resultado que hoy, hay niños que no comen. No alcanza, así de difícil y de simple”, afirmaron Roberto Jarque y Raúl Ayude.

Además, dijeron que “estos niños son víctimas de la marginación y de la pobreza, deben recibir un trato de parte de los funcionarios del Estado que busque incluir y equiparar oportunidades. Para eso es indispensable tener una lectura social y política correcta de sus condiciones y las necesidades y obligaciones que esto implica. Esta descripción social es bien conocida por intendente Héctor Gay, por su responsabilidad debe dar respuesta a esta situación. A su vez es quien seleccionó a estas docentes para ejercer un cargo electivo representativo como el de consejera escolar, lo que hace indispensable manifieste si comparte esta opinión o si repudia los dichos”.

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¿Cómo hacemos lxs profesionales para aportar, entrelazar, conocimientos que adquirimos en la educación formal al campo popular sin quedar atadxs a nuestros propios deseos? De mínima creemos que actualizar este debate planteándolo en los espacios académicos es una incipiente iniciativa.

“No somos de cartón, no somos reciclables, tampoco descartables; somos cartoneras” es la premisa con la que trabajamos para construir este material sonoro que relata las historias de vida de tres mujeres cartoneras de Villa Caracol, barrio periférico de nuestra ciudad caracterizado históricamente como un barrio que, producto de las consecuencias del neoliberalismo, vive y se alimenta de la práctica del cartoneo.

Estas voces representan identificaciones distintas de lo que implica pensarse cartoneras, teniendo en cuenta sus formas de trabajo, su historia personal-colectiva y sus luchas sociales, pero encuentran similitudes en su condición primera: ser mujeres. Por eso buscamos conocer, dar a contar, cómo llega una mujer a ser cartonera, y como llega un cartonera a pensarse mujer.

Sentirnos mujeres y colectivizarnos como tales, resulta necesario para dar cuenta y denunciar que los relatos históricos nos han condenado tradicionalmente al olvido, producto de la historia oficial androcéntrica, escrita y relatada por varones. Aún cuando hubo intentos por incorporarla, en la mayoría de los casos, resultó funcional a la idea de la “complementariedad”.

Por esta razón, la historia de las mujeres se ha ido constituyendo producto del movimiento social, político, feminista; donde continuar con la tarea de nuestras compañeras para terminar con el sexismo predominante en los relatos, nos impulsa a tomar dentro de tantas tareas; documentar sobre, por y para nosotras.

En este sentido compartimos este material radiofónico para que se escuche, se comparta y fundamentalmente se utilice como una herramienta de análisis e impulso para pensar y planificar nuevas estrategias comunicacionales-educativas contribuyendo así en espacios de reflexión, diálogos, medios de comunicación, prácticas políticas, y vínculos sociales no sexistas, antipatriarcales, incomodantes y feministas.

Ficha técnica de la producción sonora

Autoría: Paula Mailen Ercoli

Edición y Artística: Emiliano Randazzo

Memorias del proceso de tesis

Director: Pablo Becher

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el rechazo institucional a los dichos discriminatorios hacia sectores vulnerables esgrimidos por la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel. Además exigieron al intendente Héctor Gay que defina públicamente su postura al respecto. Cambiemos sacrificó la credibilidad de su propio bloque en el organismo educativo para apoyar a la funcionaria cuestionada.

Más temprano, el jefe comunal destacó en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, la creación de la subsecretaría de Formación y Promoción Educativa porque “estamos convencidos de que a través de la educación vamos a encontrar más fácil la salida a una problemática social, cada día, más compleja”. Nada dijo sobre su frustrada candidata a presidenta del Consejo Escolar.

Gustavo Mandará (FpV) lamentó la falta de unanimidad porque “uno no puede sino pensar que quienes no apoyan este rechazo están coincidiendo con el lamentable pensamiento de esta consejera escolar”. El concejal recordó que Gay encabezó la lista por la cual fue electa Perdriel y por eso le piden que defina si “convalida o no convalida” las expresiones.

“Uno de los fundamentales ejes de su gestión es atender a las políticas sociales, políticas sociales que puedan brindar más y mejores posibilidades precisamente a los sectores más vulnerables, sectores más vulnerables que entiendo yo han sido tan castigados por políticas de gestiones provinciales anteriores bastante erradas”, respondió Fernando Compagnoni (PRO).

El presidente del Frente para la Victoria se preguntó “¿qué compromiso social se puede esperar de quienes piensan que quienes tienen hambre tienen que consumir cualquier cosa? Por eso urge que el intendente, como jefe político del movimiento al que pertenece Adriana Perdriel tome postura pública. Y no pedimos la renuncia de esta consejera escolar porque no nos corresponde (…). Lo que aquí estamos viendo es la gota que rebalsa el vaso de una lamentable y desafortunada sucesión de dichos penosos”, agregó.

“No podemos acompañar este proyecto en los términos en los que el mismo fue presentado y ha sido planteado en este recinto. Sin embargo, queremos dejar sentada la postura pública que de ser ciertas las expresiones que supuestamente se le endilgan a la consejera escolar que ha sido citada, las mismas no representan la visión de este bloque Cambiemos”, dijo Compagnoni.

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Para eliminar falsas dudas, Betiana Gerardi recurrió a las actas del Consejo Escolar, firmadas por los bloques opositores, lxs representantes de Cambiemos y por la propia Perdriel, aunque en disconformidad: “La consejera Carestía comenta que recibió un llamado del Jardín 953 respecto a la calidad de la leche distribuida por el municipio, la directora expresa que la leche no es de buena calidad. Inmediatamente la consejera Recalde trae dos paquetes de leche en polvo Quelech y Lechelista que fue a buscar a dicho jardín para ser degustado por el cuerpo de consejeros. La consejera Rauch mira el envase de los paquetes, lee las características nutricionales y evidencia que están elaborados en Santa Fe. Las consejeras Godio y Olivares manifiestan que es la misma leche que entregaban años anteriores”.

“La consejera Perdriel ante esta situación afirma que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay, si la leche no es de calidad tienen que tomarlo igual. Estas son las frases que constan en actas, constan también en actas la frase ‘la delincuencia la lleva en la sangre’ -refiriéndose a unos alumnos- también consta en actas del día de ayer, cuando se le lee esto mismo para que ella haga su descargo, dice ‘tal vez también mal dicho aseveré: el hambre no tiene marcas'”.

Finalmente detalló que en la última sesión se analizó la problemática de “nueve hermanitos en situación de riesgo y vulnerabilidad escolar” y cuando se le preguntó a la vicepresidenta “¿qué podemos hacer con estos chicos?”, su respuesta fue: “Atarle las trompas a la madre”.

Para Miriam Iantosca (IC), Perdriel “lanzó una frase desde su percepción, pero recordemos que la percepción está ligada a la acción y eso es lo que hace ruido por su función, porque no es saludable para el lugar donde está. Queremos escuchar la voz del intendente, queremos saber qué es lo que piensa (…), sabemos del dolor que debe tener la consejera pero nos parecieron insuficientes sus disculpas”.

Mandará afirmó que las manifestaciones repudiadas son inaceptables aun como ejercicio de la libertad de pensamiento. “Un viejo profesor de ética de la UNS cuando le preguntaron una definición sobre ética (…) dice, ética es aquello que indica que sobre gustos puede ser que no haya nada escrito pero comer caca está mal, eso es ética”. Por ejemplo, “la violencia de género está mal”, “la intolerancia religiosa está mal”, “el maltrato animal está mal” y “en el mismo sentido uno no puede aceptar que no se respete la dignidad humana por libertad de pensamiento, y mucho más cuando se trata de un funcionario público”.

“Es inaceptable que una persona que ocupa un cargo para el cual fue elegida y su función recae en la educación pública tenga expresiones tan desafortunadas hacia un sector tan vulnerable en nuestra ciudad. Voy a decir lo que decimos los docentes en este caso: con los chicos no”, sentenció Gerardi.

El bloque de Cambiemos del Consejo Escolar avaló con sus firmas los dichos de Perdriel. Sus pares del Concejo Deliberante aun los ponen en duda.

El bloque de Cambiemos del Consejo Escolar avaló con sus firmas los dichos de Perdriel. Sus pares del Concejo Deliberante aun los ponen en duda.

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Dos demonios sobrevuelan el Consejo Escolar

Las conducciones local y provincial del Suteba exigieron la renuncia de la vicepresidenta del Consejo Escolar, Adriana Perdriel, por los dichos discriminatorios y “lombrosianos” que esgrimió durante las últimas sesiones del cuerpo respecto a que hay niñxs que “la delincuencia la llevan en la sangre” o “que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay”.

En el ámbito local, la Comisión Ejecutiva del Suteba Bahía Blanca reclamó “la inmediata renuncia al cargo para el que fue electa” la funcionaria dado que “es inaceptable que alguien que ocupe un cargo por el cual debe ocuparse de la educación pública crea que hay niños que ‘la delincuencia la llevan en la sangre’ o ‘que el que tiene hambre tiene que comer o tomar lo que hay’ y ‘si la leche no es de calidad tienen que tomarla igual’. Consideramos que el desprecio hacia quienes padecen situaciones de pobreza y marginación como producto de la injusticia estructural es incompatible con el desempeño en un cargo de consejera escolar”.

Las maestras y los maestros bahienses exigieron también que el intendente Héctor Gay y el bloque de concejalxs de Cambiemos “den respuesta en este sentido, ya que se trata de una representante del mismo partido”.

En tanto, la conducción provincial del gremio emitió un comunicado solicitando el “inicio de auditoría en Bahía Blanca para verificar las irregularidades mencionadas” y se sumó al pedido de renuncia de Perdriel “por incumplimiento de sus responsabilidades”.

“Desde nuestra organización históricamente demandamos el cumplimiento del derecho social a la educación y nuestras luchas fueron motorizadas por este reclamo. Compartir esta concepción implica el cumplimiento del Estado como garante del mismo desde las políticas públicas y su financiamiento. En todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, cada Consejo Escolar tiene esta responsabilidad principal e indelegable, siendo electos por el voto directo del pueblo a tal fin”, afirmaron.

Agregaron que “también están quienes entienden que un derecho debe convertirse en una dádiva, lo que es política socioeducativa en asistencialismo para los más vulnerados transformado en políticas de sometimiento y disciplinamiento social al aparato estatal y político”.

“Estas cuestiones se desprenden de los dichos de Adriana Perdriel, vicepresidente del Consejo Escolar de Bahía Blanca, que avala la corruptela de empresa privadas prestadoras del estado en los comedores escolares y justifica su propia inoperancia como supervisora del funcionamiento del SAE, además de considerar que nuestros alumnos no son sujetos de derecho, sino clientela que debe conformarse con lo que le dan, incluso alimentos vencidos. ¿Cómo puede ser que un funcionario que debe representar al Estado en su territorio tenga concepciones lombrosianas del Siglo XIX y concepciones discriminatorias respecto de aquellos a los que debe representar?”, finalizaron.

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Mañana a las 10, el gobierno de Mauricio Macri deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los decretos firmados durante el primer mes de su mandato, que significaron un avasallamiento contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desconociendo los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos. La audiencia se concedió tras un pedido del CELS y un grupo de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

El debate será seguido en vivo desde el auditorio del anexo A del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y en varios puntos en todo el país. Para la audiencia que se realizará en Washignton, los peticionantes enviarán una comitiva encabezada por Horacio Verbitsky e integrada por representantes de los distintos sectores que integran la CCD: por los organismos de derechos humanos, Damián Loreti (AMARC-CELS); por los medios comunitarios, Néstor Busso (FARCO-ALER); por el sector universitario, Daniel Badenes (UNQ-REDCOM); por los medios pyme, Osvaldo Francés (ARBIA) y por el movimiento cooperativo, Oscar Nocetti (Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa, La Pampa-CCD). También acompañarán la rectora Ana Jaramillo (UNLa) y el investigador Martín Becerra (UNQ), especialista en temas de economía de los medios y ex asesor del Directorio del AFSCA por el radicalismo.

“Es una comitiva multisectorial y plural, que expresa que esta no es la lucha de un sector político sino de un amplio sector de la sociedad que entiende a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio”, sostuvo Badenes, quien también es vicepresidente de AReCIA. “Llegamos a la CIDH por el avasallamiento de la ley audiovisual, que fue ejemplar, pero mucho de lo que vamos a decir también vale para el sector gráfico: para asegurar la libertad de expresión hay que poner límites a la concentración, a las posiciones dominantes, y tener un estado que fomente los medios populares y no sea garante de las corporaciones”.

Hace un mes, el auditorio del Congreso fue testigo del lanzamiento de los Nuevos 21 Puntos durante el Congreso de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), con más de 500 representantes de 16 provincias, legisladores y organizaciones políticas, sindicales y de la comunicación.

La audiencia podrá seguirse desde este sitio, el de la coalición -www.coalicion.org.ar- o a través del aire de FM De la Calle 87.9Mhz.

Si vos, tu organización o alguien cercano no firmó aún los Nuevos 21 Puntos, en este vínculo está el formulario:http://goo.gl/forms/tBjo6aChDX ¡Compartilo!

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La CTA Autónoma, Consumidores Libre y la Defensoría de la Tercera Edad porteña  convocaron a boicotear a las grandes cadenas de supermercados de todo el país mañana con el fin de expresar un claro mensaje hacia estos formadores de precios que fomentan la inflación y el abuso de los precios.

Bajo la consigna “#SúperVacíos”, la iniciativa apuesta a que sea la población, al no realizar compras, la que exprese un contundente mensaje a quienes remarcan a diario los alimentos como la leche, la carne, el pan y demás productos básicos en la mesa de cualquier familia, por un lado, pero también para quienes tienen la responsabilidad de gobernar y no toman medidas al respecto.

“Los ‘súper vacíos’ darán el mensaje pacífico pero elocuente, de una ciudadanía cansada ante la inflación y la suba permanente e indiscriminada de precios. Sabemos que no comprar durante un día no es la solución, pero estamos convencidos que va a ser un mensaje muy claro a los grandes comercios que abusan de nosotros y también para quienes gobiernan”, afirmaron las organizaciones convocantes.

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