F&F: “Es un reconocimiento de que no podía ganar las elecciones”

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El senador provincial Andrés De Leo opinó acerca de la fórmula Fernández- Fernández y ratificó la continuidad de la Coalición Cívica en Cambiemos de cara a octubre. “Las elecciones han tenido algunos matices, se parece más al escenario del 2015 que al del 2017”, comentó.
“Está claro que es un escenario nacional dónde todavía la situación económica es bastante preponderante pero vemos que los signos e índices económicos empezaron a recuperarse. Cambiemos y el presidente se van recuperando. Creo que Cambiemos será muy competitivo”.

Respecto a la precandidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la vicepresidenta comentó que “es un reconocimiento de que no podía ganar las elecciones. Está buscando con este golpe de timón, generar una mejor expectativa, está buscando un manto de impunidad sobre las causas de corrupción que pesan sobre ella en algunos escenarios. Hace una semana que (Alberto) Fernández mencionaba que no era posible que Cristina nombrara a un candidato porque iba a ser un títere, además de la amenazas a jueces que iban a tener que revisar lo que estaban haciendo”.

En relación a Bahía Blanca comentó que “creo que el intendente ha manifestado voluntad de continuar y entiendo que eso se va ratificar en los próximos días. Yo iré (por la reelección) en tanto Cambiemos o la Coalición entienda que tenga que ser. Hasta el 21 de junio estaremos hablándolo”.
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Roucomar: “30 familias dependen de esa fuente de trabajo”

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Trabajadores y trabajadoras de la empresa Roucomar, radicada en Ingeniero White, se encuentran luchando por la continuidad de sus fuentes laborales.

El titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Juan Pablo Moreno, comentó a FM De la Calle que “la empresa emite una desfinanciación donde se le hace imposible continuar en estos términos si no encuentran una inyección de dinero. Esto nos movilizó entendiendo que viene saliendo del concurso preventivo de crisis, que hace más de tres años viene reestructurándose”.

“Le planteamos la necesidad de continuar, vamos a luchar por la continuidad laboral, la plaza de trabajo no es la que sobra. Hay 30 familias que dependen de esas fuente de trabajo. Creemos que tenemos que apelar a las fuerzas vivas de nuestro municipio, sobre todo porque con la tasa de interés la posibilidad de que las pymes puedan obtener un crédito es inviable”.

“Roucomar se dedicó históricamente al pescado y productos del mar. Como se viene reestructurando tiene un 10% de carne del mar y el resto son carnes vacuna, pollo, han hechos rebosados. Somos el último eslabón que es la comida. Cuando llega la crisis ahí vemos que es tremendo lo que está pasando en líneas generales. Se complica también con los aportes de la obra social porque lo primero que hacen es dejar de hacer los aportes, moratorias y cuestiones que nos complican a nosotros también”, finalizó Moreno.

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Contra el desguace y por los derechos culturales

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El miércoles próximo se realizará frente al Municipio una actividad contra el desguace cultural bajo la consigna “el arte en la calle en defensa de los derechos culturales”.

Cecilia Epherra, integrante del Consejo Cultural Consultivo, habló con FM De la Calle para contar detalles de la convocatoria. “Todas esas problemáticas, que son específicas en lo que afectan a trabajadores y trabajadoras de cultura, empezaron a confluir en el desguace cultural, una articulación entre precarización laboral, subejecución de partidas presupuestarias y una política donde la cultura no representa ninguna prioridad en cuanto a la inversión de fondos públicos”.

“El desguace cultural era un punto más de la Audiencia Pública Popular del año pasado. Estaba puesto mano a mano con la emergencia en niñez, con la situación alimentaria, con la subejecución del Fondo Educativo, la situación de la salud pública, la desarticulación de políticas de género. Estaba la emergencia social como un todo. Tuvimos la necesidad de reencontrarnos para pesar un balance de lo que fue el año y de cómo la audiencia fue una demostración sólida de cómo construir en un contexto difícil”.

“La actividad del miércoles será con “intervenciones artísticas y políticas entorno a los reclamos, lectura de un documento único y articulando con intervenciones escénicas musicales y del área performática que van a estar frente al Municipio, desde 9:30 hasta las 11. También invitamos a todas aquellas personas que han sentido el impacto de este desguace desde el lugar de espectadores”, concluyó Epherra.

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“El fallo cuestiona el enemigo interno que instaló Bullrich”

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La Cámara Federal de General Roca descartó la figura del “exceso en legítima defensa” y procesó con prisión preventiva al cabo primero del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, por el homicidio agravado del mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi.

“El fallo es muy importante porque, además de lo que implica en términos prácticos el cambio de la tipificación de la pena a uno de los responsables del hecho, cuestiona el enemigo interno que plantea Bullrich cuando, gracias al poder mediático, instala la teoría del enfrentamiento, de la presencia de armas en la comunidad mapuche”, comentó a FM De la Calle Santiago Rey, director del portal En Estos Días y autor del libro “Silenciar la muerte”.

Explicó que “el cúmulo de pruebas permite observar que hubo una persecución, una casería, que hubo un muerto pero podría haber habido más, que los Albatros dispararon casi 130 veces con municiones de plomo. Este fallo dicta la preventiva y devuelve el expediente a instrucción para que se sigan acumulando pruebas”.

Pericias

“Hay una primera pericia balística que realizan prestigiosos peritos que con total certeza determina que el proyectil que mató a Rafael salió de un subfusil MP5, que es un arma de guerra, que corresponde a Javier Pintos. A ese resultado se llega comparando el proyectil que se extrajo del cuerpo de Rafa con la armas secuestradas luego del hecho”.

“El juez Villanueva pidió, en su momento, una nueva pericia y se la encargó a Gendarmería, a una fuerza de seguridad que depende del mismo Ministerio que emana órdenes sobre Prefectura, al mismo jefe que debiera controlar a su subordinado”.

“El objetivo de esa pericia es decir que no hay pruebas suficientes, sembrar incertidumbre sobre algo que había quedado claro. La Cámara dice que no se puede tener en cuenta esa pericia porque hay una relación de dependencia en la cadena de mando que hace que lleguemos al Ministerio de Seguridad, que es también el responsable o parte de esa estructura que está siendo investigada en el hecho. Descartada esa pericia se revalida la primera donde queda claro de dónde salió el disparo”.

Responsables directos

“Se dictó la falta de mérito sobre otros cuatro responsables, Cabia, Sosa, García y Obregón. La falta de mérito es que no hay elementos de prueba ni para sobreseerlos ni para procesarlos, remite nuevamente el expediente a instrucción para que se recabe la prueba y puedan resolver la situación procesal de los cuatro. Hay un quinto oficial principal de apellido Berra, que tenía la jefatura de ese operativo, sobre quien hay muchas críticas porque se excedió en los límites del territorio en donde tenía que buscar a quienes tenía que desalojar. Lo que quedó demostrado en el lugar donde se encontraron las vainas servidas es que hubo persecución y casería”.

Responsabilidades políticas

“No creo que haya cuestionamientos penales a responsables políticos. Hay un hecho que es claro: (Pablo) Noceti, mano derecha de Bullrich, en el 2017, un día antes de la desaparición de Santiago Maldonado, se reunió en Bariloche con integrantes del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad y les dijo que la nueva consigna del Ministerio era la actuación ante casos de flagrancia, es decir, que las fuerzas de seguridad puedan actuar más allá de una orden judicial para hacerlo”.

“Según pudimos reconstruir, apeló a una figura tremenda, dijo ‘es como si yo veo que a mi madre la están violando, voy a actuar’. Comparando una protesta social con una violación. A partir de ahí, las fuerzas de seguridad actúan bajo el precepto de flagrancia. En ese contexto tal vez alguien pueda animarse a hacer un cuestionamiento de tipo penal vinculando ese mandato de Noceti”.

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Masacre de Echeverría: “Puede volver a pasar”

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A seis meses de la Masacre de la Comisaría de Esteban Echeverría que causó diez muertos, la Comisión Provincial por la Memoria elaboró un informe que da cuenta de las condiciones del establecimiento y las responsabilidades del Estado provincial en el hecho.

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, comentó en FM De la Calle que pidieron “la recusación del fiscal, que de entrada la única hipótesis que asumió fue que los responsables eran los detenidos, que se habían prendido fuego ellos y que no había causa penal. No había ni responsabilidad de la policía ni de los responsables políticos”.

El 15 de noviembre de 2018 hubo un incendio en la zona de calabozos de la comisaría 3° de la localidad de Esteban Echeverría donde se hallaban detenidas 26 personas, diez de ellas fallecieron.

“La comisaría estaba clausurada por seis órdenes judiciales, seis tribunales habían dicho que no podía alejar personas. El día que ocurre había 26 personas y tenían lugar para 10, si hubiera estado habilitada. Hay 120 órdenes judiciales que son incumplidas por el Estado provincial que clausuran comisarías, hay una fractura y una ruptura del estado de derecho”, señaló García.

“En 2017 ocurrió la Masacre de Pergamino, donde murieron 17 personas en similares características, el Ministerio de Justicia informó que el 80% de las comisarías no tenían matafuegos, ni plan de contingencia, ni colchones ignífugos. Eso se informó antes y ni siquiera se tomó una medida para eso”.

Por último, el abogado comentó que “los familiares están destrozados, hay nulo acompañamiento estatal. En general son familias muy pobres, sin trabajo, sin vivienda, quien más hizo una contribución fue el Estado municipal pero sin tener contención. Algunos de los sobrevivientes están en cárceles comunes y algunos recuperaron la libertad. De los de la celda 1, que fue la que se incendió, quedaron dos con graves consecuencias físicas, quemaduras severas”.

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“El gobierno no está enfrentando al narcotráfico”

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Ayer se publicaron en el Boletín Oficial reformas a dos leyes sobre estupefacientes que modifican criterios de actuación y competencia de la justicia ante delitos vinculados al narcomenudeo.

Mariano Fusero, abogado e integrante de RESET Política de Drogas y Derechos Humanos, comentó a FM De la Calle las implicancias de las resoluciones y analizó la política del Ministerio de Seguridad para “la lucha contra el narcotráfico”.

“La base de esta ley es del 2005 y le permite a cada una de las provincias hacerse de la competencia de investigación de determinados delitos menores, de tenencia simple, para consumo personal, autocultivo, lo que es narcomenudeo. Esta ley llevó a malos resultados, la investigación del fuero federal, establecida antes de esta ley, es una investigación sistémica del fenómeno donde se establecen eslabones más pequeños de la cadena de mando”.

“Donde, eventualmente, se puede hacer investigaciones para llegar a grandes eslabones. Estamos hablando de tráfico a gran escala, lavado de activos. Esta modificación produce que se corte la investigación en el camino, entonces, determinada competencia le corresponde al fuero local y otra competencia le corresponde al fuero federal”.

El abogado argumentó que con esta ley “se produjeron resultados desastrosos en las provincias. Uno es el crecimiento constante de la penalización de las personas que consumen drogas con figuras menores como la tenencia para consumo, que a todo esto está declarada inconstitucional hace diez años en el fallo Arriola que dijo que la tenencia de cualquier sustancia hace a la privacidad y autodeterminación de las personas”.

“Esos fueros que se crean en determinados contextos con campañas de ley y orden crean la criminalización a consumidores. En provincia de Buenos Aires, luego de la adhesion a la ley, en pocos años se incremento un 200% la cantidad de personas que consumen sustancias. También disminuye la investigación dentro del fuero federal de causas graves de tráfico y lavado de activos”.

“Un fenómeno perverso que afecta a comunidades de consumidores y a las mujeres. En provincia de Buenos Aires en pocos años aumentó la tasa de prisionización de mujeres alrededor de un 35%. Estas medidas son bastantes improvisadas y circundantes de una campaña política detrás”.

Por otro lado, Fusero desmintió que el consumo de estupefacientes haya disminuido como muestran el gobierno: “Se dice que aumentó el precio de la cocaína, la ministra Bullrich lo da como algo positivo, en el sentido que si aumentó el precio significa que el combate de las drogas está causando que haya menos producto. Esto viene de Colombia, Perú. Asociemos esto al proceso inflacionario y devaluatorio y que la cocaína, por más que sea ilegal, es la mayor comoditie que tiene su precio establecido a nivel internacional”.

“Es lógico que cualquier producto por más ilegal que sea aumente su precio. Estos anuncios son para captar a aquellas personas o electores desinformados. No hay ningún indicio que indique que el comercio a gran escala haya descendido. El mismo gobierno reconoce que los indice de consumo crecen exponencialemente”, concluyó.

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Rendición de cuentas: “La subejecución de partidas es la norma”

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Concejales de la oposición analizan los números de la Rendición de Cuentas 2018 que deberá tratarse en la sesión del 23 de mayo o quedará aprobada automáticamente a fin de mes.

Carlos Quiroga destacó por FM De la Calle que “la subejecución de partidas es la norma, del Fondo Educativo de 112 millones se gastaron 50 y los 60 restantes pasan, por ser recurso afectado, al 2019 pero nominalmente pierden el 40 % de inflación”.

“Se da en un montón de otras partidas sensibles del área social donde permanentemente hacen alarde de una preocupación que no existe. Partidas de alimentos, del fondo de niñez, no hay una donde no estén con subejecución. Son partidas que están destinadas a un fin específico, no se pueden gastar en otra cosa”.

Quiroga adelantó el voto negativo de su bloque y comentó que “aún cuando fuera rechazada es una cuestión de costo político, operativamente no altera al Municipio. Esto es evaluación del pasado, desde el punto de vista político los deja expuestos como quienes llevaron adelante una ejecución penosa”.

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Amas de casa: fin del reconocimiento del trabajo no remunerado

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(Por @Espacio de Economía Feminista UNICEN /Espacio de Economía Feminista en la SEC Feminista regional CABA) El fin de la ley de moratoria previsional, más conocida como “jubilación para las amas de casa” es un hecho y el Gobierno Nacional no duda en revertirla. Hace tres años, el Gobierno decidió instaurar la Pensión Universal y así converger al fin de la moratoria previsional N°26.970, que desde su creación concedió un valor simbólico a las trayectorias de las vidas de las mujeres que cargan en sus espaldas ese trabajo que lejos de ser amor, es una desigualdad social muy concreta. Esta decisión tomada hace ya tres años, paradójicamente junto con la ley de “reparación histórica”, pero que hoy se convierte en un hecho profundiza la precarización laboral y previsional pretendiendo implementar una “Pensión Universal” que no solo vuelve a invisibilizar y desvalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene nuestras sociedades, sino que además proyecta jubilaciones aún más bajas.

Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) se produjeron, entre otras, dos transformaciones con vistas al mejoramiento de la protección social: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan de Inclusión Previsional (PIP) o vulgarmente llamado “las jubilaciones de amas de casa”, esta última es la que está en juego. Aunque no fueron presentadas como reivindicaciones para paliar las desigualdades de género entre varones y mujeres, mejoraron la inclusión de las mujeres al sistema de previsión y seguridad social. A partir del 2004, el PIP permitió la inclusión de un grupo siempre relegado en el sistema previsional, aquellas que teniendo la edad de retiro no pudieron acceder a una jubilación. Entre otras causas esto puede deberse a que las mujeres trabajaron durante toda su vida en el ámbito del hogar sin remuneración y reconocimiento, en el ámbito de la informalidad y entonces no pudieron realizar aportes (y sus empleadores las respectivas contribuciones obligatorias) y a que sus trayectorias laborales registradas y remuneradas fueron demasiado inestables.

La Economía Feminista provee evidencia en torno sobre cómo estas trayectorias laborales fueron y son signadas por una organización social del cuidado injusta que hace cargar a las mujeres -en promedio- con una participación del 89% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el doble de horas de los cis-varones dedicado a estos trabajo agravando la participación de las mujeres tanto en el mercado formal e informal del trabajo remunerado, lo que implica una situación diferencial de quienes sí pudieron acceder al trabajo registrado y sostenido. A partir de la moratoria cualquier persona podía inscribirse para poder percibir un seguro social, lo que implicaba el pago en cuotas de la deuda reconocida por los años no aportados: se declaraba una deuda por aportes impagos y se saldaba con un plan de pago en cuotas, que se iban descontando de los haberes mensuales una vez que la Anses otorgaba la prestación. Señalemos que los aportes se pagaban y que no consistían en jubilaciones “gratuitas” cómo se difunde a menudo.

El PIP no fue una política aislada, junto con la figura del Monotributo Social (inclusión a trabajadores y trabajadoras en condición de vulnerabilidad pertenecientes a un listado restringido de actividades productivas y de servicios) y del Régimen de Regularización de Deudas de los trabajadores/as autónomos/as, formaba parte de un paquete que tenía como objetivo regularizar una situación dispar en tanto seguros y previsión social para lxs trabajadorxs, a través de viabilizar el pago de las contribuciones que no realizaron lxs aportantes al Sistema de Seguridad Social pero a la vez tratando de ampliar las prestaciones que este brindaba.

El mote de “jubilación de las amas de casa” se debe a que la mayoría de las personas beneficiadas han sido mujeres; en mayo de 2010 por ejemplo, del total de beneficios otorgados un 78% corresponden a mujeres, mientras que el 22% restante a varones (Observatorio para la Seguridad Social, 2011:14). La desigualdad de género es una de las mayores problemáticas que continúa mostrando nuestro sistema previsional al día de hoy, ya que las mujeres como parte del rol que se les asigna en las familias, realizan un gran porcentaje del trabajo doméstico y de cuidado necesario para la subsistencia de las mismas sin ningún tipo de remuneración y por lo tanto sin aportes. Al mismo tiempo, aún hoy las mujeres y personas LGTBNB+ presentan tasas de formalidad y participación en el mercado laboral mucho menores que los varones(cis). Existe entonces una evidente desventaja: acumulan menos aportes, y por lo tanto no logran alcanzar el mínimo para acceder al beneficio de la jubilación después de haber trabajado durante toda su vida. Según el ex Ministerio de Trabajo de la Nación informa que de las mujeres económicamente activas, las desocupadas son alrededor del 10%, si se agregan a éstas las que ocupan puestos informales, se concentra casi el 40% de las mujeres que participan del mercado de trabajo, casi 3 millones de personas según datos del 3er Trimestre 2017.

Duvojne dice que “mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que dio el kirchnerismo”. En alusión a que quienes se consideran plenos aportantes en el mercado formal, y por lo tanto creen que tales pensiones no contributivas se estarían financiando con la “licuación” de los beneficios de quienes sí aportaron. No es casual que la mayoría de estos plenos aportantes sean (cis)varones y de clases medias y altas.

Este planteo invisibiliza por un lado que la recaudación impositiva se ve incrementada al ampliar el alcance de las herramientas conjuntas al PIP (con la implementación de la figura del Monotributo Social) en actores que no aportaban previamente. Y por el otro, que les beneficiaries que a través del PIP lograron un alivio económico a través de poder contar con un ingreso para afrontar su adultez mayor fueron perjudicades previamente por el mismo capitalismo heteropatriarcal que les excluyó del mercado laboral formal o del reconocimiento de sus labores domésticas y de cuidado, privandoles del derecho jubilatorio que todes les trabajadorxs poseen. Resultan paradójicas las declaraciones del Ministro de Economía si observamos las cifras del Reporte de Trabajo Registrado de febrero de 2019 que muestra una caída del 2% del trabajo registrado con respecto al mismo mes de 2018, mientras que se observó un aumento interanual del 3.6% de trabajadores en casas particulares (en su mayoría mujeres dedicadas a reemplazar a otras mujeres en las tareas de cuidado, limpieza y mantenimiento del hogar).

Otro ingreso a la precariedad: porque la pensión universal es más desigualdad

Paradójicamente, el fin de medida que intentó reconocer y reparar una parte pequeña pero sustancial para que las vidas de las mujeres sean más autónomas en su adultez mayor, viene de la mano de reclamos históricos que se neoliberalizan para sostener la precarización.

Muchos de los reclamos en torno a la sostenibilidad de la vida, exigen la universalización de las prestaciones -entre otras medidas- y vienen a dar por tierra los argumentos que refuerzan la segmentación e inequitativa distribución de la protección social. Sin embargo, con un gobierno que tiene como objetivo la austeridad del gasto público esta universalización concedió un retroceso al piso de derechos adquiridxs en la década anterior.

La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) si bien brinda una cobertura previsional para todas aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con los años de aportes que exige el régimen previsional contributivo y es vitalicia, prevé el pago mensual del 80% de la jubilación mínima, creando una discriminación entre quienes pudieron contribuir en su historia laboral y quienes no. A diferencia de la moratoria, estipula un aumento de la edad a partir de la cual se percibe el beneficio (de 60 a 65 años), y no es compatible con la percepción de otro beneficio social, únicamente con la Asignación Universal por Hijo/a, por Hijo/a con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual y debiendo optar por uno u otro. Por ejemplo, una mujer no podría tener dos pensiones, en caso de tener derecho a obtener pensión por viudez deberá renunciar a la percepción de este beneficio. Este sistema lejos de ser una protección social robusta que garantice bienestar en las 110.711 personas beneficiarias provee una suma dineraria de $8.328,30, estando a un 10% de la línea de pobreza individual para la compra de alimentos y servicios básicos que asciende a $9.185 .

Desde la economía con una mirada feminista son muchas las voces que creemos en la centralidad de la ampliación de la protección social sin segmentaciones ni distribuciones inequitativas atadas a la suerte y meritocracia de trayectorias laborales inestables y erráticas constitutivas de la división sexual del trabajo y de la época. Una propuesta que implique reducir las famosas brechas de género no requiere sólo políticas focalizadas sino la ampliación y robustez de un sistema de bienestar que abarque no solo la extensión de lo que entendemos como protección social sino cuestiones más allá del ingreso monetario que cada persona obtiene para sostenerse. En ese sentido, garantizar políticas públicas y el derecho al cuidado de todas las personas con pleno reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una medida nodal para empezar a construir una justicia económica y de género para quienes sostienen día a día las vidas en nuestro cotidiano. “Eso que llaman amor”, está invisibilizado y genera desigualdad, se puede reconocer, reducir y redistribuir.

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#EconomíaFeminista
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El modelo portugués: ¿solución o condena ante la deuda con el FMI?

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¿Es viable incrementar el gasto público para salir de la recesión? ¿Qué condiciones tiene Argentina para poder hacerlo? ¿Es posible implementar un modelo similar al portugués? ¿Cuál es el costo social?

Agostina Costantino, economista y columnista de En Eso Estamos, pone en debate el modelo económico aplicado por Portugal para afrontar su deuda con el Fondo Monetario Internacional, al cual algunos sectores de la oposición sugieren como la solución a la crisis de nuestro país.

“Portugal está gobernado desde 2015 por una coalición de partidos de izquierda que logró reactivar la economía después de la fuerte crisis que venía atravesando el país desde 2008 y 2009. A través del aumento en gasto público -aun teniendo una deuda con la troika, que son el Banco Europeo, la Comunidad Europea y el FMI- logró salir de la recesión aplicando políticas contrarias a las que se aplican en Argentina y que son también las aplicadas en Grecia, que es el espejo contrario“.

¿Qué posibilidades tiene Argentina de ejecutar un programa similar?

Punto número 1: la previa

“No es cierto que no se hayan aplicado fuertes recortes en Portugal. Los gobiernos anteriores a Costas, el actual presidente, subieron la cuota de IVA, privatizaron todo lo que podían, recortaron salarios un 14% a través de la suspensión del pago de aguinaldos, congelaron el salario mínimo, impusieron una reforma laboral que redujo las indemnizaciones y facilitó los despidos, redujo pagos por horas extras, recortó el tiempo de pago del subsidio de desempleo y limitó la negociación colectiva. El abaratamiento de mano de obra que produjo estas medias y la facilitación de las inversiones a través de una serie de procesos de privatizaciones, sentaron las bases para que a partir de 2015 pudieran aumentar el gasto público”.

“En el caso de Argentina no quedan muchos bienes para privatizar, queda el último gran bastión que es el Banco Nación que se viene demandando desde algunos años por parte de organismos internacionales. Y, hasta ahora, el gobierno no ha logrado disciplinar a la fuerza de trabajo lo suficiente. Si bien los salarios reales cayeron, no lo hicieron en la medida en que la burguesía y el FMI están demandando. Aún no lograron pasar las grandes reformas estructurales que son la laboral y la jubilatoria. Todo esto hace falta para emular el caso portugués”.

Punto número 2: el turismo colaboró

“De la mano del aumento del gasto público, beneficiados por la ola de atentados que se produjeron en países europeos y las revueltas de los países del norte de África, Portugal se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de Europa. De hecho, la facturación del sector turístico representaba el 10% del PBI. En Argentina, en el caso del sector agrícola ganadero representa el 7% del  PBI. La fuerte entrada de divisas por el concepto de turismo permitió ir saldando las deudas sin aumentar el gasto público. Además, algo muy importante es que ellos recaudan impuestos en la misma moneda de la que están endeudados, que es lo opuesto a lo que pasa en Argentina, eso se llama descalce de moneda”.

¿Qué pasa en Argentina?

“En el caso de Argentina es claro que un sector exportador debería apoyarlo porque las políticas de aumento en el gasto público tienen que permitir seguir pagando la deuda con el FMI. En Argentina, dadas las condiciones, ese sector es el agrícola o el agroindustral, si la salida portuguesa se plantea como la salida progresista, ¿va a ser apoyada por la burguesía agraria? Acá es donde está la principal contradicción que muchos no quieren mostrar, no dicen qué condiciones fueron necesarias: primero fue una política de shock, de recortes brutal, y después el apoyo de un sector exportador que en Argentina no queda claro cuál sería”.

“Y, por último,  en qué medida ese sector estaría interesado en políticas progresistas si tampoco depende del mercado interno para sus ganancias, en qué medida se vería beneficiado”.

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FlyBondi: “Se quedan diez familias sin trabajo”

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FlyBondi deja de operar en el aeropuerto local a partir de junio. Dará de baja las dos rutas que tenía desde y hacia El Palomar. Enzo Gorosito, miembro del sindicato del personal aeronáutico, comentó a FM De la Calle que están “muy tristes y, a la vez, preocupados por la situación porque mas allá de la crítica al modelo low cost, llegó un comunicado sorpresa de la agencia y levantó la escala de un día para el otro”.

“Están dejando sin trabajo a tres trabajadoras más los servicios de pista de la empresa Intercargo. Son entre 10 y 12 familias que se quedan sin trabajo”.

“Destruyeron todo el mercado de aerocomerciales, vemos en las empresas falta de pago, Andes devolvió aviones, Macair -que incorporó Avianca- hace cinco o seis meses que no paga salarios. El modelo de la revolución de los aviones está estancado, en vez de prosperar chocaron la calesita”, comentó Gorosito.

“No se puede vender un pasaje a 500 pesos porque eso no puede cubrir los costos operacionales, es pan para hoy y hambre para mañana y puede ocurrir una catástrofe aérea”.
“Su finalidad es la rentabilidad, si una ruta no da con los números levantan y se van a las que les generan superávit como son las rutas turísticas. En cambio, Aerolíneas tiene la función de federalizar y conectar los distintos puntos del país. A Aerolíneas se le han sacado los subsidios, dijeron que a largo plazo se iba a poder sustentar sola. Ni las más grandes de empresas como American Airlines dejan de tener subsidios”, finalizó.
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Juicio a ginecólogo por impedir un aborto no punible

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En 2017 el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra impidió que una joven de 19 años se realizara un aborto no punible por ser un embarazo producto de una violación. Actualmente, el médico enfrenta un juicio en Cipolletti por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Natalia Gherardi, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, dijo a FM De la Calle que “este juicio es una oportunidad para mostrar que no es lo mismo una cosa que la otra, que obstaculizar el ejercicio de derechos de las mujeres tiene que tener consecuencias”.

“Tenemos mucho interés porque está en juego la responsabilidad de un profesional que se ha dedicado activamente a violar derechos. Está en juego el derecho de las mujeres a que se respete su decisión en lo que la ley contempla desde hace cien años”, comentó la abogada.

“El Estado tiene la obligación de garantizar un aborto no punible. Esta joven fue con un aborto en curso, ni siquiera lo que se le pedía es que realice el aborto sino que permitiera su finalización. Lo que él hizo fue en contra de la voluntad de esta mujer, suministrarle medicación para interrumpir ese aborto y obligarla a que continúe con esa gestación”.

“Lo que hizo fue muy problemático porque está mostrando una manera de ejercer la medicina que es desatendiendo a los pacientes, suministrándole medicación sin su consentimiento informado, manteniendo a una mujer casi privada de la libertad dentro de un hospital público para que se lleve adelante al decisión del médico y no de la mujer”.

La especialista destacó que “va a ser muy importante que la justicia reafirme el derecho a la salud y a la integridad de las mujeres. La pena no es muy elevada, lo más importante es la accesoria de habilitación para ejercer ese cargo y revisar su matrícula profesional porque, más allá de la terrible vulneración de los derechos de esta mujer, lo que muestra es un total desinterés por los derechos de los pacientes y eso es muy preocupante. “, finalizó Gherardi.

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Loma Negra: “Será un desastre si cierra”

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Los despidos de un centenar de trabajadores de Loma Negra quedaron en suspenso por la conciliación obligatoria dictaminada por el Ministerio de Trabajo de la provincia. La empresa tiene en vilo a dos pueblos del partido de Benito Juárez que dependen de su funcionamiento.

El intendente Julio César Marini dialogó con FM De la Calle: “Ellos consideran que no están ganando y yo te puedo asegurar que no están perdiendo plata en Benito Juárez. Quieren ganar más pero por ahí lo que no se entiende es que esa comunidad creció porque se instaló la fábrica en el año ’56, la gente se instaló ahí y formó su familia y amigos porque la fabrica se instaló primero”.

El funcionario aclaró que firmó un decreto declarando “alerta social, económica y laboral por lo que está sucediendo con Loma Negra. Estamos en alerta porque mandó telegramas de despidos a muchos trabajadores, luego la medida la levantaron porque por fin intervino el Ministerio de Trabajo de la provincia”.

“No solamente estamos acompañando sino que en una reunión llevamos una propuesta, comprometernos a que en los próximos cuatro años no vamos a aumentar lo que es el impuesto a piedra, la tasa que cobramos en este caso a Loma Negra. Son 150 millones de pesos que no ingresarían al Estado municipal, para un municipio chico es mucha plata. Estamos aportando para que no dejen en la calle a nuestros trabajadores”.

La situación se agrava en el partido ante el posible cierre de las empresas textiles BF y Amesud: “Si cierran me quedan 100 obreros más sin trabajo. Estaba hablando con el dueño para ver qué podemos hacer desde el Estado municipal para evitarlo”.

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“Estamos en el medio de un juego perverso”

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SUTEBA denunció atrasos en el cobro de decenas de docentes y afirmó que no fue convocado a la reunión de la Mesa Distrital encabezada por el vicegobernador Daniel Salvador y el director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.

Gabriela Delfino comentó a FM De la Calle que “la primera acción del año fue denunciar la mesas distritales donde nos estábamos invitados ni sindicatos ni docentes porque fueron planificadas para hacerse en cada escuela. Con el correr del tiempo dieron cuenta que eran actos partidarios del gobierno y en los lugares donde se realizaron las mesas tenían prohibida la entrada”.

Respecto al atraso de los cobros, Delfino comentó que “hemos ido en medias de fuerza a reclamar por el salario de lo ya acordado, a los referentes políticos, que es el Consejo Escolar, se comprometió a llevar una nota a La Plata, lo hizo pero eso no garantiza el cobro, que va a tardar por lo menos dos meses. Siempre la misma respuesta: nosotros no podemos resolverlo desde acá”.

“Ahora aparece el SUNA (Sistema Único de Novedades de Agentes) que es todo a través de internet y muchas escuelas no tienen y en las que hay lo pagan los docentes, eso implica que el secretario va a tener que quedarse en su casa cargando en el sistema. La consecuencia inmediata de esto es el no cobro del salario, por ejemplo si alguien carga mal una letra del apellido una docente esa persona no cobra y eso lleva meses cambiarlo”, comentó Delfino.

Señaló que “me acabo de enterar de un rumor y es que las escuelas donde pusieron internet es donde se va a probar el voto electrónico. En verdad a nadie le importa los chicos, ni las comunidades”.

“Administrativamente habían desaparecidos tres escuelas, en la práctica significa que hasta el momento si se necesita una suplente no sabes dónde pedirlo porque desaparecieron y se englobaron en una secundaria virtual, porque no tiene edificio, de lugares que son con alta vulnerabilidad en la matrícula. Estamos viendo si los docentes van a cobrar o no, hasta ahora no porque no están cargados en ningún sistema”, finalizó.

 

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Otorgaron licencia al diputado denunciado por acoso

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La Cámara de Diputados aprobó el pedido de licencia de su presidente Manuel Mosca. El referente de Cambiemos fue denunciado por acoso sexual y si bien había solicitado también su desafuero, sus pares giraron el pedido a la Comisión de Asuntos Legales e Institucionales.

“Acompañamos la licencia porque no vamos a obligar a ningún diputado a que concurra si no puede hacerlo. Hay un trasfondo que es más complejo y es de carácter político.  Si hay un pedido de allanamiento o detención no hay un impedimento por los fueros a que curse un proceso judicial”, comentó el diputado Guillermo Kane del Frente de Izquierda.

El caso tomó notoriedad luego de que el propio diputado se presentara ante el fiscal Álvaro Garganta por ser víctima de una supuesta extorsión por una denuncia de acoso sexual. Luego de este hecho se supo que una militante del PRO de Necochea lo había denunciado ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte por hechos de violencia ocurridos durante la campaña electoral del 2015.

“Habría entre tres, cuatro o posiblemente seis mujeres con denuncias, y solo una de ellas fue la que se dirigió a la Corte. Según trascendidos de los mismos compañeros de Mosca, algunas otras mujeres se han sentido amedrentadas. Está la posibilidad de que el poder político y los recursos que maneja como presidente de la Cámara, hayan actuado para que varias denunciantes decidan no hacerlo, por eso planteamos que la Cámara debía suspenderlo hasta que se aclaren las cosas”, señaló Kane.

Por último, el diputado señaló que “el otro problema que ha quedado expuesto es que la interna en el oficialismo está llegando a niveles muy graves, hay una interna sorda con Vidal y está en duda la candidatura de Macri. Es fácil deducir que los meses que han tenido la denuncia en sus manos, han tenido una carta que jugar contra un hombre Vidal”.

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“Necesito que me escuchen”

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Después de un largo derrotero por diferentes instancias municipales, Marta Beatriz Giordano finalmente consiguió que el HCD le otorgara la banca 25 para exponer su situación habitacional.

“Mi problema se debe a una discapacidad motriz debido a la secuela de polio, desde hace mucho tiempo estoy tratando de que se me otorgue una vivienda, siempre alquilé y una vivienda que no es propia no se pude reformar”.

“Y yo necesito reformarla a lo que mi patología requiere. Desde el municipio no he tenido respuesta desde hace muchos años, por eso pedí la Banca 25. Después de ir y venir muchas veces logré que se votara a mi favor”, comentó a FM De la Calle.

Giordano afirmó que “se construyeron dos barrios municipales, en el Plan Federal 2 estoy inscripta  desde el 2010 y no he sido seleccionada. De cada barrio hay un cupo destinado para personas con discapacidad motriz, desde el 2008 tengo una respuesta que me envían del Instituto de Vivienda de La Plata diciéndome que la solución me la tienen que dar desde el municipio donde yo estoy viviendo, con esa carta estuve yendo a todos lados y no me han dado respuesta”.

“No me puedo quedar”. En octubre caduca el contrato de locación donde vive Marta.”Tengo silla motorizada, más allá de que no puedo pasar al cuarto de baño hay otras complicaciones importantes”.

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Armada II: “El daño se sigue cometiendo”

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¿Dónde están los desaparecidos? La pregunta que sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y la mayoría de la sociedad argentina repetimos hace más de cuatro décadas, fue la elegida nuevamente por la Fiscalía para cerrar su alegato en el Juicio Armada II.

“La desaparición desafía una de las condiciones más básicas de la existencia humana, como es la realización del duelo. Ninguna familia pudo velar a sus desaparecidos. El valor de encontrar aunque sea los huesos. Y, sin embargo, lo que tenemos como correlato son los pactos de silencio, los compromisos de impunidad que solo se resquebrajan cuando se trata de pasar factura o de echar a alguien por la borda”.

El fiscal José Nebbia y su auxiliar, Pablo Fermento, solicitaron trece condenas de prisión perpetua, dos de 25 años, una de 16 y otra de 12. Se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio, consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidios, sufridos por 66 militantes políticos.

“Estos hechos son los más graves que podamos conocer. Hablamos no solo de lo que sucedió con las víctimas sino de las relaciones que se entramaron para organizar este aparato criminal. La utilización de las instituciones, la indefensión en la que se colocó a la población y los mecanismos de impunidad. Esta es una forma de evitar su reiteración en el tiempo”, afirmó Fermento.

El Ministerio Público destacó que “la gran organización que se realizó fue la que garantizó la comisión de los hechos (…) Unidades de reserva actuaban cuando las otras no daban abasto. Siempre había alguien para ejecutar la misión de la tortura, del secuestro”.

Durante las jornadas de alegato, los fiscales ubicaron “a cada uno de los imputados en esta organización, a cada unidad, cada fuerza de tarea, los roles que desempeñaron”.

Fermento subrayó: “Consideramos que torturaron tanto los que estaban dentro del centro clandestino como los que planificaban la tortura, la ordenaban y la coordinaban. Usamos el mismo criterio en relación a la violencia sexual: fueron violadores quienes estaban adentro del centro clandestino como quienes incorporaron esta práctica al plan criminal”.

Aseguró que “hemos asistido a una amplísima expresión comunitaria de reivindicación del proceso de justicia en su plenitud. Este desarrollo ha tenido vaivenes, nació con las Madres, con las familias, con los organismos de derechos humanos que vimos en los archivos de inteligencia observados por el Estado, incluso en democracia”.

“Logramos que este movimiento, este compromiso, sea asumido por el Estado. Y eso no implica solamente la investigación sino también que sean sancionados eficaz y adecuadamente. (…) La pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y la lesión provocada que sigue vigente”.

Las condenas a prisión perpetua fueron solicitadas para Sergio Aráoz de Lamadrid, Ricardo César Araujo, Rómulo Augusto Illa, Arturo María Quintana, Aristóbulo Nicanor Moreira, Francisco Martínez Loydi, Alejandro Carlos Lorenzini, Álvaro Hernán Hermelo, Emilio José Shcaller, Carlos Enrique Lacoste, José Abdala Figueroa, Carlos Alberto Louge y Miguel Ángel Torra.

Por su parte, para Mario Bilesio y Herberto Rubatino se reclamó un castigo de 25 años de cárcel, 16 para Enrique de León y 12 para Luis Oscar Conti.

Tres de los imputados están en libertad. El resto en prisión domiciliaria. Los fiscales pidieron la revocación de los beneficios: “No puede darse ningún tipo de privilegio a quienes cometieron estos delitos y se valieron de los velos de la impunidad. Los delitos continúan vigentes. Los 30 mil desaparecidos continúan en esa situación. Los niños apropiados continúan sin recuperar su identidad. El daño se sigue cometiendo y esto también tiene que ser valorado al momento de aplicar la pena”.

El próximo 20 de mayo comenzará el alegato de la dra. Mónica Fernández Avello, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca.

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Protocolo municipal para desalojos

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En el marco de las reiteradas tomas de tierra de familias que no pueden acceder a una vivienda, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sancionó un protocolo de actuación que limita el accionar judicial y policial en desalojos.

Atento a esta resolución, el bloque del PJ Cumplir elaboró un proyecto “solicitando la confección de un protocolo municipal de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”.

Paola Ariente, una de las autoras de la iniciativa, destacó a FM De la Calle que “los desalojos deben ser de forma diferente a lo que normalmente se hace por una denuncia de usurpación. Hay que contemplar varios requisitos: notificar al defensor del Pueblo, al Ministerio de Desarrollo Social, al asesor de incapaces, pide que se haga un censo previo e informe socio ambiental de los ocupantes del predio, que las notificaciones sean en horarios diurnos, que al momento del desalojo estén presentes un servicio de emergencias”.

Ariente comentó que la Corte “pide la intervención de oficinas municipales, desde ahí es que planteamos que el Municipio también realice sus propio protocolo interno de como tiene que actuar para acoplarse a esto”.

Consultada sobre los terrenos entregados por el Municipio luego de la toma obre avda. Villa Arias, la concejala aclaró que “algunos sí tienen servicios y otros no. Yo planteé una solución a ese tema que es el derecho real del territorio en procesos de urbanización pero igualmente les dieron terrenos a través de escritura. Mientras tanto la gente sigue en situación de vulnerabilidad, se le hace dificultoso levantar su propia casa. Cuando se le da un terreno pero no se les sigue sosteniendo detrás es muy difícil”.

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“Basta de esta política de hambruna”

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La Corriente Clasista y Combativa se movilizó esta mañana en el centro de la ciudad bajo la consigna “Tierra-Techo-Trabajo”.

Los reclamos principales son la Emergencia Alimentaria, el aumento de cupos de Salario Social Complementario, el aumento en el salario de las cooperativas que dependen del Estado, la Emergencia en Adicciones y la Emergencia Agripecuaria.

“Tenemos problemas con las salitas médicas, no hay médicos, no hay pediatras. Este gobierno nos trató de vagos y planeros, los invito a que vean los talleres que tenemos y los merenderos”, dijo a FM De la Calle la coordinadora de la CCC bahiense Marisa Ganio.

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