Política – Página 156

Una reflexión sobre el conocimiento y la memoria

Bahia Blanca, Cultura, Derechos Humanos, Educación, Entrevista, Judiciales, Noticias, Política

La directora del programa de Investigación del Área de Educación, Investigación y Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, Samanta Salvatori, participó del ciclo de Encuentros “Memoria, Derechos Humanos y Educación” y brindó una charla sobre “La Construcción de la Memoria y las formas de participar en el aula”. Antes de su exposición en la actividad convocada en el marco de la Licenciatura en Ciencias de la Educación visitó el estudio Heinrich y Loyola de la FM De la Calle.

Salvatori comentó que vino a la ciudad para “contar la experiencia que llevamos adelante en la Comisión por la Memoria, a partir del programa Jóvenes y Memoria que hace años que se viene desarrollando en las escuelas y con organizaciones sociales y poder comprender qué es esto de educar en la memoria, de reflexionar qué entendemos por memoria, no como algo anclado en el pasado sino a partir de ese mandato que tuvo la escuela desde un principio, del deber de memoria, poder desentrañar eso y qué ha pasado todos estos años desde el período posterior a la dictadura militar”.

La dictadura “caló hondo en la educación pero también hubo muchas resistencias y eso es interesante de indagar, cuando trabajamos con docentes en las capacitaciones emergen esas situaciones de resistencia, de cómo hacían para poder dialogar con los jóvenes, presentarles otra mirada. Si no nos quedamos solamente con esa implantación de un modelo económico, la implantación de un sistema en la educación”, afirmó.

La investigadora recordó que “al principio muchos de los trabajos tenían que ver con recuperar estas historias del pasado, siempre contraponiendo relatos. Después las temáticas fueron ampliándose, más allá de la intervención que hicimos como institución para proponer nuevos temas porque nos parecía que había que empezar a hablar de algunas cuestiones, se hablaba de la dictadura pero no se hablaba de la violencia política”.

“Pero también hubo una emergencia de temas que tienen que ver con lo que fue atravesando a los jóvenes, la violencia policial, la violencia en distintas instituciones del Estado, en la escuela, las interpretaciones que ellos hacen sobre el sistema educativo, los barrios, qué sucede en el barrio, muchos de los trabajos indagan en cómo se construye desde la sociedad ese Otro somos nosotros en este barrio, y también la incorporación de organizaciones sociales -ahora están participando desde Envión Bahía Blanca- hace que esos temas vayan emergiendo y se vayan fortaleciendo en el programa”, agregó.

También el plantel docente se renovó: “Muchos son jóvenes y a veces no conocen qué sucedió durante la dictadura militar, por ahí tienen 22 o 23 años y empiezan a estar frente a alumnos. Cómo abordar el tema, a veces en las capacitaciones decimos ‘pero todavía no saben qué pasó, cuál fue el modelo económico de la dictadura militar’. Les querés contar todo. Llevamos adelante una capacitación en distintas instancias en el programa para no solamente pensar en la información que se necesita para abordar el tema sino también de qué manera podemos formarnos en nuestra tarea de formar a los jóvenes, plantearnos una crítica sobre lo que estamos haciendo (…) y de qué manera es la práctica docente porque muchas veces es transmitir el conocimiento y no, lo que promovemos es la reflexión en torno a ese conocimiento”.

Foto: Sandra Della Giustina.

21 junio, 2016/por FM De la Calle

Macri y su política monetaria ortodoxa generan su propia bomba

Argentina, Economía, Política

(Por Julio Gambina) El objetivo explícito de Macri y su equipo era bajar la inflación, y para eso, nada mejor que un monetarista ortodoxo al frente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Su lógica, respondiendo a la teoría, era disminuir la cantidad de dinero en circulación. Había que “secar” la plaza, que no hubiera mayor circulación de dinero, con impacto, claro está, en el consumo y en la producción, por eso el “enfriamiento”, pero con el propósito de disminuir la escalada de precios, que anualizada al presente supera el 40%.

Para cumplir con el cometido de sacar dinero de circulación, el BCRA ofreció endeudarse desde diciembre pasado con tasas que llegaron al 38% y estimuló la especulación con el peso, al tiempo que incrementó a niveles muy elevados el endeudamiento del BCRA. Las cabezas financieras dejaron de especular con el dólar, liberado desde diciembre pasado de toda restricción para la compra-venta. El resultado es que ahora la divisa estadounidense perdió atractivo para la inversión con rápida rentabilidad, y en reemplazo, las colocaciones en pesos ganaron atractivo, a costa del fuerte endeudamiento del Banco Central.

Macri y su gente aún hablan de la bomba que dejó el kirchnerismo con las restricciones a la compra y venta de divisas y otros menesteres del gasto público. Ahora, el macrismo genera su propia bomba, con la cotización del dólar a la baja, un nuevo ciclo de endeudamiento público, con mayor gasto en intereses, y con el fantasma de la inflación continua en el presente,

Sube el dólar y suben los precios, pero al bajar la divisa, los precios no lo hacen, y el estímulo especulativo de la política oficial sostiene la recesión y la inflación con un cuadro de recreación de mayorías sociales perjudicadas y muy pocos ganadores.

Baja la cotización del dólar

El asunto es que ingresaron dólares por préstamos (para cancelar deuda pública y arreglar con buitres y otros acreedores) y por liquidación de exportaciones, especialmente soja. Esto último se dio por la eliminación o reducción de retenciones y suba de los precios de exportación. Todas a favor de grandes productores y exportadores agrarios.

Las divisas ingresan por el Banco Central y ya no hay quien demande esos dólares, ya que las colocaciones en peso son más rentables. Si bien ahora el BCRA paga 32,25% por los LEBAC, cuando llegó a pagar 38% anual a 35 días. La tendencia a la baja proviene de presiones del propio gobierno que teme licuar el consenso político por la recesión económica inducida por el costo elevado del dinero. La discusión desde la ortodoxia está tensionada por la rigidez ideológica en el monetarismo o la disputa del consenso electoral hacia las elecciones de medio tiempo en 2017.

Como opción de inversión mejoraron las colocaciones financieras, entre ellos los títulos ofrecidos por el BCRA, también por las letras del Ministerio de Hacienda y los plazos fijos de la banca comercial.

La retracción económica también deprime el precio de la divisa. A la menor reactivación industrial crecerá la demanda de bienes intermedios y presionará la cotización del dólar por importaciones, y con ello el déficit comercial, junto a una demanda de mayores recursos fiscales para atender vencimientos de la deuda pública.

Al mismo tiempo, los exportadores explican que con la inflación acumulada desde diciembre pasado ya se comieron la devaluación del comienzo del gobierno Macri, con lo que no debiéramos sorprendernos con nuevas y renovadas políticas para la devaluación monetaria para seguir favoreciendo a los grandes productores y exportadores.

El problema es que siempre pierden los de abajo, cuando aumenta el precio del dólar, o cuando baja, ya que el movimiento de los precios siempre es ascendente y los ingresos populares se deterioran por ausencia de actualización o disminución del poder de compra.

Precios en alza

El INDEC dio su primera medición tras un largo silencio, que en mayo fue del 4,2% y pronostica una evolución futura a la mitad, haciendo coincidir el pronóstico con el objetivo del 25% anunciado por el Ministro de Hacienda al comienzo del mandato.

Para que ello sea posible, el macrismo deberá alimentar su propia bomba y parece condenado a no poder bajar la tasa de interés por debajo del 30% para sostener su ideología sobre la inflación y claro, eso le provoca contradicciones para sostener el apoyo político de la sociedad.

Esa es la incógnita: ¿cuánto ajuste soporta la sociedad? El conflicto social crece en dinámica y resta la articulación de esa conflictividad en un proyecto social y político que vaya más allá de las reivindicaciones por los ingresos populares.

La realidad es de fragmentación política de un conflicto social ascendente. Por eso se sostiene la unidad de acción, reconociendo proyectos políticos diferenciados. Sin esas diferencias, no se entiende la unidad de proyectos políticos que incluso aparecen antagónicos, por lo menos en sus perspectivas organizacionales, por ejemplo, entre las CGTs y las CTAs.

No cierra a muchos esa “unidad de acción”, sin embargo, es la mínima acción indispensable para la generación de una densidad social que facilite la emergencia de un proyecto emancipador, claro que también habilita a la disputa de proyectos de contención del conflicto, y/o de acumulación de poder para restablecer una perspectiva posibilista de retorno a los años recientes.

Así se dirime la disputa política en el movimiento popular actual, no solo contra el macrismo, sino con variantes favorables a la dinámica del capitalismo. Ese es el territorio concreto de la lucha de clases contemporánea, con presencia de la identidad peronista reivindicada especialmente desde el movimiento sindical; de quienes imaginan una perspectiva nacional popular desde la transversalidad y más allá del peronismo y claro, de quienes aspiramos a constituir nueva identidad popular más allá del capitalismo, el imperialismo, el patriarcalismo, el racismo y la discriminación.

19 junio, 2016/por FM De la Calle

Trata: piden detener al vice de Huracán y a otros tres

Bahia Blanca, Derechos Humanos, Economía, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

(Por Mauro Llaneza) El procesamiento con prisión preventiva de cuatro tratantes que explotan sexualmente a decenas de mujeres en prostíbulos de Ing. White fue solicitado por la fiscalía federal. Se trata del vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo “Piraña” Iglesias, el administrador del Bar Brodway, Alfredo “Beto” García, el prefecto Eduardo Horacio Gutt, alias Moisés, y Martín Vargas, propietario de restaurante El Gran Chaparral.

El fiscal Antonio Castaño y el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos, Marcelo Colombo, destacaron en la causa la “evidente connivencia policial y política” con la que actúan los proxenetas. Iglesias es un hombre del presidente de la Liga del Sur, Dámaso Larraburu. Supo militar la frustrada candidatura a la intendencia del dirigente peronista y muestra con orgullo su foto con dos que tuvieron mejor suerte: los diputados nacionales Gustavo Bevilacqua y Sergio Massa.

Varios de los hombres investigados son ex integrantes de la Prefectura Naval expulsados por cuestiones disciplinarias y aún tienen contactos en esa u otras fuerzas de seguridad que los mantienen al tanto de los movimientos judiciales y allanamientos. El imputado Eduardo “Moisés” Gutt es actualmente ayudante de primera entre el personal subalterno de la Prefectura Bahía Blanca y advirtió a Beto García que la situación se estaba poniendo “peligrosa”. La exclusión de esa dependencia y su reemplazo por prefectos de Zona Mar Norte, Mar del Plata y Quequén permitió que la madrugada del viernes 15 de abril pudiesen ser rescatadas siete mujeres en el Bar Brodway y cuatro en El Gran Chaparral.

García también se mantiene informado por el policía bonaerense Marcelo de la Rosa a quien alguna vez le pidió que actúe contra El Gran Chaparral, ubicado en la playa de camiones cercana al Triángulo, porque las “fiestas” del restaurante de Martín Vargas le quitaban prostituyentes. Muchos clientes solían ver el cierre de las persianas del local sentados en sus mesas, las luces bajaban, la música subía y los machos estallaban en “aplausos, silbidos y una especie de aliento”. Los cuerpos y la compañía de las “mozas” pasaban a ser vendidos mediante “copas”, bebidas que las mujeres compran al dueño para revender más caras y quedarse con la diferencia.

Luego de la clausura de El Gran Burlesque en Torres 4091, edificio del Piraña Iglesias, los investigadores dieron con una “cumbre” de proxenetas en la cual acordaron variar la modalidad del delito para no ser descubiertos e incorporaron a ex miembros de Prefectura como personal de seguridad. Miguel Ángel “Sapo” Álvarez de Diábolo y José Gabriel Contreras de Las Vegas participaron del encuentro con los miembros de la red denunciada por la Fiscalía.

Varios de ellos están procesados en otras causas y a la espera del juicio oral -como Iglesias- aunque la justicia nunca aceptó mantenerlos en prisión preventiva a pesar del riesgo de fuga y el comprobado entorpecimiento de la instrucción mediante presiones contra las víctimas.

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La investigación concluyó que todas las mujeres rescatadas atraviesan situaciones de pobreza, violencia familiar, son único sostén de familia, madres de varios hijos e hijas menores de edad, inclusive con discapacidades físicas, o tienen parientes mayores enfermos, a quienes deben asistir, padres ausentes (suyos y de sus hijas e hijos), provienen del circuito prostibulario, vivieron circunstancias muy violentas, y no cuentan con estudios secundarios ni ninguna otra alternativa económica viable. “Allá es mierda”, dijo una de las víctimas sobre su país.

Dicha vulnerabilidad “facilita la captación -denominada actualmente ‘captación blanda’- como asimismo, mantener a la persona damnificada en la condición de explotación, asegurándose” los tratantes “no ser delatados y a consecuencia de ello, garantizar su impunidad”.

Muchas de las mujeres rescatadas no se reconocen como víctimas, según los fiscales, “por miedo a represalias por parte de traficantes, contra ellas mismas o sus familiares, trauma, vergüenza, temor al rechazo de su familia al regresar o de la sociedad, falta de confianza o autoestima y falta de información sobre la asistencia disponible”. Ellas vieron que los imputados no fueron detenidos por la jueza Mirta Susana Filipuzzi.

La licenciada en psicología María Victoria Burgos detectó en las víctimas “un vínculo patológico y dependiente con los tratantes, o que tendería a encubrirlos, mostrando enojo y molestia ante la intervención judicial y la interrupción del funcionamiento del que forman parte”.

“¿Se puede ser libre para decidir cuando se encuentran quebrantados los derechos más elementales del ser humano?”, preguntó la referente local de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas Silvina Pasquaré.

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El 13 de febrero de 2014 un llamado anónimo denunció en la línea 145 que mujeres menores de edad habrían sido trasladadas desde Bolivia, Paraguay y Salta dentro de camiones de cereales para ser explotadas sexualmente. Habrían sido entregadas por 40 mil pesos a un hombre de unos 40 años, propietario de un prostíbulo en el puerto.

La Protex identificó al acusado, ya había sido imputado por el mismo delito tras el allanamiento en 2012 a su Night Club Kaos. Más de dos años después, otra denuncia al 145 advertía que una piba se habría escapado de Kaos gritando y pidiendo ayuda porque la tenían encerrada. El prostíbulo seguía funcionando encubiertamente y su dueño, Víctor Hugo Iglesias “estaría relacionado con el bar ‘Unión’, que sería administrado por su hermano” Claudio.

Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para la Fiscalía, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque, donde se estaría cometiendo el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, las víctimas rotarían entre ambos boliches y existiría una conexión entre todos los sujetos investigados”.

Una de las mujeres rescatadas en abril dijo que una amiga le pidió que “nunca se meta con Víctor Hugo Iglesias y compañía, alias Los Pirañas, que son muy bravos, que son muy peligrosos, con la droga, no sé, ha tenido chicas encerradas, prostituyéndose”. Otra había “trabajado” en Kaos con un Víctor Hugo: “Él sí las amenazaba, se quedaba con todo el dinero de los pases. Eso hace como seis años atrás, cuando recién llegó de Paraguay. Víctor Hugo si veía una chica que no trabajaba la trataba mal, era re loco, venía y les decía por qué no trabajaban. Arriba de la casa de Víctor Hugo tenía piezas, allí vivió durante cuatro años. En esas habitaciones se hacían los pases. Eso fue más o menos de 2009 a 2013”.

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“¿Por qué las mujeres insisten en jurar no saber nada? ¿No puede aparecer como indicador de la posición dominante e influencia negativa que ejerce el tratante que ellas lo llamen “señor”, “patrón” o “el dueño”? ¿Será por vergüenza que intentan convencernos falsamente que tienen novio (de los cuales no recuerdan sus datos personales) y que por eso han dejado de practicar intercambios sexuales por dinero?”, plantearon los fiscales Castaño y Colombo.

Y agregaron: “¿No es raro que alguien salga solo a tomar algo a un bar de esas características, instalado a la vera de la ruta, dejando a sus hijos durmiendo sin nadie que los cuide, únicamente para divertirse, sin ganar dinero? ¿Es solamente casualidad que todas las entrevistadas hayan tenido una vinculación anterior con el circuito prostibulario bahiense, presenciando inclusive otros procedimientos judiciales? ¿Por qué dicen haber concurrido por esa sola vez, cuando las hemos visto antes, junto a los proxenetas? ¿No debe resultar llamativo que, por ejemplo, la supuesta moza “P” mantenga el mismo discurso que el tratante?”.

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Alfredo Ismael “Beto” García se defendió en la indagatoria diciendo que su negocio “contaba con la habilitación municipal” y que tenía las “obligaciones fiscales en regla”. Dijo que se dedica al “servicio de bar y sanguchería” y que la acusación “infundada” provino de enemigos de Prefectura. Pidió una audiencia en la Municipalidad y se quejó por ser “injustamente perseguido”.

Iglesias ofreció como prueba de su inocencia las grabaciones de las cámaras ubicadas frente a su hotel aunque el fiscal la descartó por los contactos clandestinos que el imputado tenía en el Sistema de Prevención y Vigilancia por Imágenes “que le brindaban protección y aseguraban su impunidad”.

“A mí solo me rompe las bolas, me manda a decir ‘Víctor te vieron que saliste con un fierro’, ‘Víctor te vieron que saliste con un palo'”, le dijo Iglesias telefónicamente a un hombre no identificado quien le contaba que “el de las cámaras”, “el hermano de Martín”, se lavaba las manos y no lo ayudaba.

Eduardo Gutt admitió su amistad de tres décadas con Beto García, a quien conoció en la Prefectura y apuntó también a oficiales de Inteligencia de dicha fuerza con quienes tiene “mala relación”. Alias Moisés advertía sobre los allanamientos a García y este a Iglesias. Para los fiscales “violó todas las normas de secreto que regulan la actividad pública convirtiéndose en un cómplice primario del delito de trata de personas”.

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“Ninguna duda queda a esta altura que tanto en el Bar Brodway de propiedad de Alfredo Ismael García, como así también en El Gran Chaparral de propiedad de Martín Vargas, desde un tiempo desconocido hasta la fecha en que se practicó el procedimiento de registro, detención y secuestro, se cometió el delito descripto supra, habida cuenta que allí se explotaban sexualmente mujeres, las que previamente fueron captadas a través del circuito prostibulario que funciona en este medio, y a consecuencia de lo expuesto, se enriquecieron ilícitamente con el dinero preveniente de dichos intercambios sexuales ajenos. Para ello se valieron de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, haciendo de dicho abuso una actividad habitual”.

“Los bares o restaurantes no eran más que la forma de intentar disimular los prostíbulos, siendo las mujeres que se ofrecían o vendían allí el motivo por el cual acudía la clientela. Una clientela muy especial: casi exclusivamente formada por camioneros”, dijeron Castaño y Colombo.

La causa está a cargo del Juzgado Federal Nº1, sin titular desde la jubilación de Alcindo Álvarez Canale cuatro años atrás. En el Nº2 fue nombrada en febrero de 2015 Gabriela Marrón, de licencia hasta octubre de 2017 para acompañar el traslado laboral a Cuba de su marido. La jueza de Viedma Mirta Susana Filipuzzi ordenó como subrogante los allanamientos de abril y pidió más pruebas para detener a los imputados. Está de licencia. Héctor Plou, titular del Juzgado Federal de Junín, debe resolver el pedido de los fiscales para procesar y dictar la prisión preventiva de los tratantes. Además de sus propios expedientes y los de Bahía Blanca fue designado hasta el 30 de noviembre en otra sede judicial en Santa Rosa. Intentó renunciar a esa responsabilidad pero el Consejo de la Magistratura no se lo permitió.

18 junio, 2016/por FM De la Calle

Tarifazo… ¿era necesario?

Argentina, Economía, Política

(Por Francisco J Cantamutto) Los aumentos de tarifas son presentados al público como una necesidad indiscutible… ¿es tan cierto esto?

Uno de los factores de conflictividad más marcados de las últimas semanas es el tarifazo, que se empieza a sentir en las nuevas boletas de agua, luz y gas. Este tarifazo se suma al aumento en el transporte público, que ya atacó el bolsillo en este 2016, y el 4° aumento de los combustibles desde diciembre. Ante los reclamos, el polémico ministerio de Energía Aranguren sugiere trasladar a precios. Por eso, su impacto en el resto de los precios de la economía se está viendo con el correr de los días, en función del traslado de costos a precios en las cadenas de valor. El límite parece ser la demanda, que lleva ya 5 meses de caída en el consumo minorista.

Ahora bien, la pregunta clave es si era necesario este aumento. El argumento del gobierno es que las tarifas venían retrasadas desde hace años, y por ello el sector desinvirtió, generando los problemas de oferta que tenemos hoy, que provocan cortes del servicio. ¿Es tan así?

Uso político de la inflación

Los descontentos se multiplican por doquier ante la inflación que no cede y la recesión que se profundiza. Las políticas del gobierno de Cambiemos ha puesto al país ante este escenario: estancamiento con inflación. Sin embargo, no se trata de un “error de cálculo”, sino una estrategia deliberada. Como reconoció en varias oportunidades el presidente del Banco Central, Sturzenegger, la cota última del aumento de precios es justamente la recesión: la caída de la demanda del mercado interno se traduce en la imposibilidad de trasladar aumentos de costos, frenando así la inflación mediante la recesión. El detalle es que esto implica caída de la actividad, del empleo y los salarios.

La inflación es utilizada así como instrumento para regular la orientación general de la economía. Es un error creer que todos pierden con la inflación: hay sectores concentrados del capital que reciben transferencias en el corto plazo, y ven sus ganancias incrementadas con el nuevo rumbo. Al respecto, Hagman, Harracá y Wahren mostraron que en 5 meses de gobierno, Cambiemos produjo una transferencia de ingresos equivalente a $281.106 millones, unos 19.383 millones de dólares. Una vez que la recesión produzca cierres de pequeñas empresas, quiebras de cooperativas, y un incremento del desempleo, las grandes empresas podrán contratar trabajadores/as en condiciones más precarias y por salarios menores.

En este esquema, las tarifas de los servicios públicos son un instrumento clave de política económica en la historia económica argentina. Analizando los años de posguerra, el investigador Guillermo Vitelli propuso la existencia de un modelo recurrente de plan de estabilización y ajuste que sirve, con recaudos, para comprender la actualidad. Según encontró, en repetidas ocasiones, el gobierno impulsa una aceleración inflacionaria para modificar los precios relativos de la economía, favoreciendo determinados sectores productivos. Una vez conseguida esa nueva orientación, los precios se “congelan”, y se espera que estas ganancias reactiven la economía. Actualmente, estaríamos en la fase de aceleración inflacionaria: devaluación y quita de retenciones, suba de la tasa de interés, y… aumento de tarifas. Cada medida apunta a un sector de capitales: elevar las ganancias de los exportadores, las finanzas y las empresas de servicios públicos. Se espera que estos sectores impulsen la actividad, una vez que estas ganancias los tienten a invertir.

Tarifas congeladas

Los servicios públicos fueron privatizados durante los noventa, todos ellos con esquemas regulatorios muy laxos y permisivos. Todo ello habilitó a que los capitales que compraron a precio de bicoca estas empresas gozaron de rentas cuasi-monopólicas. Las escasas inversiones y fallas de servicio fueron parte de los descontentos que provocaron la caída de la Convertibilidad. En ese escenario, que incluía cortes de ruta de vecinos enfurecidos, fue que Duhalde congeló las tarifas como parte de la ley de emergencia n° 25.561 en enero de 2002. La intención de fondo era subsidiar la tasa de ganancia industrial, al reducirle un costo central de producción, e indirectamente, al permitirle pagar salarios más bajos.

En lugar de promover una revisión del esquema regulatorio, lo que procedió desde entonces fue una negociación empresa por empresa para analizar posibles aumentos de tarifas. En las escasas audiencias realizadas quedó claro que esto era imposible. Para compensar al capital ubicado en estas ramas de servicios, se instrumentaron las transferencias desde el Estado, que fue el rubro de mayor crecimiento del gasto. Los subsidios al sector energético pasaron de $1.157 millones en 2005 a $135.000 en 2015, siendo el componente más importante de las transferencias a sectores económicos, casi un 3% del PBI. Esto es el triple de lo que se gastó en la Asignación Universal por Hijo/a. Este es uno de los sesgos relevantes del gasto público durante el kirchnerismo.

Estas transferencias permitieron que este sector obtuviera ganancias, pero se vieran supeditadas a negociaciones permanentes, que ponían imprevisibilidad y asimetrías entre las empresas. Éstas respondieron conteniendo la inversión, lo que afectó a la calidad del servicio. Esta extorsión fue sumada al argumento de que este gasto presiona al alza el gasto público, induciendo al déficit fiscal y con ello, presuntamente, a la inflación. Por ello, según Cambiemos, es necesario aumentar las tarifas para bajar el gasto e impulsar la inversión.

Los problemas de este razonamiento son múltiples. Primero, mayores ganancias no implican mejores servicios y, mucho menos, mayor inversión: lo prueban las últimas dos décadas y media de gestión privada de los servicios públicos. Segundo, no es cierto que el sector esté teniendo pérdidas por tener las tarifas congeladas: ¿por qué pagar este costo social de ganancias empresariales que se fugan, si se puede gestionar desde el propio Estado? Tercero, con el mismo criterio de compensar precios retrasados, los trabajadores estatales y los informales tienen salarios reales atrasados desde 2001: ¿por qué no mejorarles los salarios a ellos? Cuarto, el impacto de las subas no parece apuntar a corregir los desfasajes: como se ve en la tabla adjunta, los principales afectados por el aumento de las tarifas fueron los comercios –que no pueden aumentar sus precios por falta de demanda- y los hogares más pobres (R1). ¿Qué corrección es ésta, que favorece a los más ricos y mantiene el subsidio a la industria? Se trata, sin más, de una gran avanzada contra los sectores populares y el capital de menor escala.

El debate dentro del gobierno es que este aumento dosificado de tarifas contradice el objetivo de reducir la inflación, y lograr de una vez la nueva estructura de precios relativos. La usina neoliberal FIEL, que tiene al ministro Aranguren en su consejo directivo, había advertido de este dilema al inicio del ajuste. Si no aumentan por cuotas, se produce una explosión social; si aumentan por cuotas, la inflación y la recesión son el único horizonte. En ningún escenario, nuestras necesidades son contempladas.

Categoría	Consumo anual (en m³)	Tarifa normal (en $ por m³)		Aumento	Gasto mensual promedio (en $)
Categoría	Consumo anual (en m³)	Marzo	Abril	Aumento	Marzo	Abril
Residencial 1	250	0,9015	4,3463	482%	19	91
Residencial 2-3	1.000	0,8134	3,2074	394%	68	267
Residencial 3-4	2.200	2,1726	6,4788	298%	398	1.188
Comercial	110.000	0,4535	2,8181	621%	4.005	25.466
Industrial	3.200.000	0,0406	0,0975	240%	10.817	26.009

Elaborado a partir de datos de la Universidad de Belgrano.

17 junio, 2016/por FM De la Calle

Ferro: Los fallos de Ramos Padilla “quedan vigentes”

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Entrevista, Judiciales, Noticias, Política

(Por Mauro Llaneza) El juez Jorge Ferro se refirió ayer en FM De la Calle a los fallos que firmó como integrante de la Cámara de Apelaciones bahiense en los cuales se aceptaron las recusaciones planteadas por las defensas de represores que son investigados en la ciudad contra Alejo Ramos Padilla, subrogante del Juzgado Federal Nº1 hasta su renuncia el 31 de diciembre de 2015.

“Los actos que dictó mientras estuvo a cargo del juzgado quedan vigentes”, aclaró y agregó, contradiciendo lo escrito en el fallo Delaico que ilustra esta nota, que las quejas fueron declaradas “abstractas” y por ende, no analizaron los cuestionamientos contra el juez que firmó en Bahía Blanca alrededor de 80 procesamientos contra represores de las fuerzas armadas y de seguridad y de Triple A.

Por otra parte, comentó por qué votó por la confirmación de la falta de mérito que benefició al dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y adelantó que en agosto podría comenzar el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad.

Desde Mar del Plata, Ferro aseguró que “cuando estas causas llegan a la Cámara Federal, la sala que integro con el dr. Triputti y creo con el dr. Velázquez, resolvemos que las recusaciones del dr. Ramos Padilla caen en abstracto precisamente porque él ya no es juez subrogante en Bahía Blanca. Por cuestiones técnicas, no obstante esa declaración en abstracto, dejamos vigentes los autos que el dr. Ramos Padilla había dictado como tal durante su permanencia como juez, las causas no se retrotraen, lo que ocurre es que a partir de ahora van a tener un nuevo juez que va a ser designado por el Consejo de la Magistratura”.

Extracto fallo Delaico.

Los defensores calificaron a Ramos Padilla como un “juez militante” y cuestionaron que haya sido “director de Derechos Humanos, que participó como querellante en causas de lesa humanidad mientras estuvo cumpliendo funciones como abogado en La Plata e intervino en muchos juicios” y que al subrogar el juzgado local “esa supuesta forma de actuar o ejercer ese derecho de defensa de los querellantes podía influir en su ánimo parcial”.

Sin embargo, Ferro aseguró: “Eso nosotros no lo tratamos porque entendemos que ya al haber renunciado a su cargo de juez ya no tiene sentido analizar las pretensiones de los abogados defensores porque precisamente caen en abstracto”.

Extracto fallo Delaico.

El camarista reprochó al juez renunciado el haberse excusado en causas de lesa en su juzgado original pero no en nuestra ciudad: “El tema de la uniformidad del plan criminal ya como miembros del tribunal oral lo hemos dicho en tres juicios ahí en Bahía Blanca, entonces decimos si las causas de lesa humanidad actúan de una forma en Dolores tienen que actuar de la misma forma en Bahía Blanca”.

La falta de mérito de Massot

Al ser consultado sobre la falta de mérito otorgada al empresario Vicente Massot por el abogado Claudio Pontet en el marco de la causa que investiga la participación de La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado, Ferro aseguró que la Cámara confirmó la resolución porque “no hay ningún tipo de elementos que lo convaliden al señor Vicente Massot como participante de los casos de Heinrich y Loyola en el año 76, 77”.

“Al menos está acreditado por ahora que él vivía en Buenos Aires, que estaba en Buenos Aires y que solo ocasionalmente viajaba a Bahía Blanca. Distinto es el caso de la madre (Diana Julio) y del hermano fallecido (Federico Massot) que ellos estaban en Bahía Blanca y manejaban de manera directa el diario La Nueva Provincia”, dijo.

Massot fue acusado por la Fiscalía de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario.

Según el magistrado, las negociaciones con el Sindicato de Ártes Gráficas que conducían los obreros asesinados estaban a cargo de Federico y “un señor que en este momento no recuerdo el apellido, ¿puede ser Gabrielli?”. Insistió en considerar probada la permanencia del actual director de la empresa en Capital Federal durante el conflicto gremial.

-¿Y las actas de delegación de la gestión de Federico a Vicente?

Porque él no estaba en Bahía Blanca. Él tiene perfectamente acreditado que durante esos períodos estuvo permanentemente en Buenos Aires.

Acta LNP, 16/9/75.

-¿El acta de la propia empresa no dice lo contrario?

No, el acta ante escribano dice que él puede manejar las negociaciones sindicales, como que estaría facultado, pero no dice que él las llevó a cabo.

-Hablan de por lo menos dos ocasiones en que estuvo cara a cara con Heinrich y Loyola.

Por eso le digo, el acta dice, pero hasta este momento no está acreditado que él participó de esas reuniones en el ámbito del diario, hasta lo que surge ahora. Por eso confirmamos la falta de mérito y si la parte de la Fiscalía profundiza investigaciones y logra acreditar lo que ellos dicen otro puede ser el resultado.

Acta LNP 28/9/75.

-¿Y en relación a la acción psicológica que ustedes habían ordenado investigar?

Bueno, la acción psicológica era manejada por las autoridades del diario en ese momento que eran la señora, la madre, y el hijo que falleció.

-Eso está probado pero no lo de Vicente…

Eso sí, pero no lo de Vicente Massot.

-Ustedes dicen en algún momento que la empresa es usada por las fuerzas armadas, casi como víctima de los terroristas de Estado…

No, lo que decimos es que el diario La Nueva Provincia en ese interín sirvió como acción psicológica porque lo expresaba el propio Adel Vilas en su declaración indagatoria. Lo que ocurre es que el diario en ese momento estaba dirigido por la señora de Massot y por el hijo que estaba en Bahía Blanca. El señor Vicente Massot por lo que surge en el expediente hasta este momento no tuvo nunca injerencia o poder de decisión en ese diario, aparte tenía si mal no recuerdo creo que 19 o 20 años.

Próximo juicio

Como presidente del Tribunal Oral subrogante de Bahía Blanca, Ferro informó que “está en pleno camino el cuarto juicio” por crímenes de lesa humanidad. Las partes están aportando sus pruebas, “tenían un plazo de diez días, creo que van a pedir otra ampliación y si todo ocurre normalmente calculo que en el mes de agosto empezaríamos con las audiencias orales. Es un plazo muy relativo porque como es complejo el juicio y muy extenso las partes pueden ofrecer muchas pruebas”. Se trata de la causa Ejército III caratulada “González Chipont y otros” con cerca de 35 imputados por casi un centenar de hechos.

16 junio, 2016/por FM De la Calle

La Cámara confirmó recusaciones contra ex juez subrogante

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Judiciales, Noticias, Política

(Por Mauro Llaneza) Seis meses después de la renuncia de Alejo Ramos Padilla como subrogante del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, la Cámara Federal avaló una recusación en su contra planteada por la defensa de un represor y puso en jaque a todas sus resoluciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad.

Se trata de varias causas similares que repiten el argumento: que Ramos Padilla haya sido abogado de organismos de derechos humanos y condene públicamente el terrorismo de Estado da “sustento serio y razonable al temor de parcialidad” que plantean los genocidas. Esto habilitaría a las defensas a pedir la nulidad de decenas de procesamientos, elevaciones a juicio, prisiones preventivas e indagatorias de civiles y militares.

El camarista Jorge Ferro afirmó que más allá de la renuncia del recusado “el caso no puede ser declarado abstracto” porque eso sería “adoptar una posición, por lo menos, ingenua respecto del tipo de proceso que nos ocupa, pues en razón de su objeto, los sujetos que involucra, su gran volumen, su complejidad, su extensión geográfica y temporal, su importancia histórico social y su alto contenido político e ideológico entre muchos otros factores, nunca podría ser asimilado a una causa penal ordinaria”.

A pesar de haberse inscripto en la historia judicial bahiense como el presidente del tribunal oral que condenó a decenas de represores y ordenó investigar a La Nueva Provincia, el marplatense ya había comenzado su adaptación al cambio cuando confirmó la falta de mérito a Vicente Massot victimizando a la empresa sin importar siquiera las “apariencias” de quien benefició al hijo de Diana Julio.

La Fiscalía había solicitado la nulidad de la designación de Claudio Pontet a quien recusó por imparcial “no sólo como consecuencia de la estrecha vinculación de Pontet respecto a imputados de delitos de lesa humanidad de esta jurisdicción, sino además por la adopción de conductas y posturas previas a su nombramiento”, que “afectan seria y fundadamente la confianza en que proceda con objetividad y equidistancia”. El tema no fue de “interés actual” para la Cámara.

Ahora, por ejemplo en un incidente de la causa “Delaico… p/Privación de la libertad pers. tortura, homicidio agravado”, Jorge Ferro declaró la nulidad del rechazo de Padilla a la recusación en su contra por entender que era una definición que correspondía a la Cámara y desplegó la jugada con el apoyo del pampeano José Mario Triputti –vocal del tribunal oral- y Pablo Candisano Mera.

El debate comenzó cuando el defensor Sebastián Olmedo Barrios pidió el apartamiento de Ramos Padilla por falta de imparcialidad porque a su entender el juez “tiene una posición política tomada” respecto al tema de la causa y “de planteos jurídicos que pueden producirse durante el proceso”. Se basó en declaraciones periodísticas que Padilla realizó cuando era abogado de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

El magistrado destacó entonces que fue designado para entender en todas las causas que tramita el Juzgado Nº1 y que “no conoce a las partes, no tiene parentesco alguno con ellos, ni amistad o enemistad manifiesta, ni prejuicio alguno sea objetivo, subjetivo o con relación a la materia específica de juzgamiento” y que sus resoluciones se fundarían en las pruebas de cada caso.

Padilla sostuvo que su anterior actuación como abogado no tenía ninguna incidencia en la causa en cuestión ni su compromiso con los derechos humanos podía ser un inconveniente dado que así lo exige el Reglamento de Selección de Magistrados. Calificó la recusación como “absurda” pues si los mismos argumentos se utilizaran en causas de “trata de personas, narcotráfico, abuso de menores, etcétera, se podría sostener que no se encontrarían habilitados para actuar como magistrados aquellos abogados que previamente hubieran actuado como acusadores en algunos de esos procesos” o que hubieran manifestado que los imputados “deben ser juzgados y de resultar responsables, condenados”.

Ya en la Cámara, el juez Ferro dijo que el planteo es “ambivalente” porque, por un lado, toma “esa posición simplista” y, por otro, “al justificar su designación y el rechazo de los múltiples planteos recusatorios, busca apuntalarse en la diferenciación de estas causas respecto de cualquier otras, haciendo hincapié en que este tipo de causas es producto de una política de Estado y que todo juez de la Nación debe regir su actividad siguiendo los mandatos de la Constitución Nacional y los tratados de DDHH”.

Para Ferro es “obvio” que el mejor argumento es el “mixto” de Olmedo Barrios quien invocó “tanto las causales del código como la causal objetiva de ‘temor de parcialidad’, debiendo tenerse en consideración las particularidades propias de los procesos judiciales en que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”.

En plan de compartir “obviedades”, Ferro recordó que “el plan criminal fue único, no hubo uno por cada circunscripción en las que está organizada la justicia federal, de allí que no puede hacerse el análisis desvinculando las causas unas de otras pues se iría a contramano de la realidad de los hechos acreditados en las distintas causas que tramitan en todo el país”.

Y agregó que “si bien las acusaciones que como querellante formuló el dr. Ramos Padilla involucraban a personas distintas de las partes intervinientes en esta jurisdicción (tanto víctimas como imputados), igualmente refieren al mismo plan criminal investigado”.

Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia trabajan por estas horas en la apelación de los fallos, los represores de las fuerzas armadas y la Triple A son de los pocos que aún tienen expectativa de mejorar en el segundo semestre.

15 junio, 2016/por FM De la Calle

Avanza la multisectorial contra el ajuste

Argentina, Economía, Política

(Por Francisco J Cantamutto) La propuesta de confluencia entre sectores afectados por el ajuste del gobierno nacional tuvo éxito y mantiene su convocatoria.

El día lunes se hizo la segunda reunión de la Multisectorial en el hotel BAUEN, con gran confluencia de organizaciones. Entre otras, se sumaron a las que participaron en la anterior reunión el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Club Matienzo, ATACA, Centro Cultural de la Cooperación, Cooperativa de Consumo la Yumba, Cooperativa educativa 9 de julio, Teatro Fray Bocho, integrantes de la Asociación Argentina de Actores, Librerías de la calle Corrientes, Centro Cultural Recuperado Olga Vázquez (La Plata), Cooperativa La Minga, Asociación de Docentes de Educación Física (ADEF), Construyendo culturas, entre otras.

Una sorpresa fue que se presentaron entre los participantes, representantes de multisectoriales de zona Norte de conurbano (Vicente López), de vecinos organizados de La Plata y de las asambleas de Juan B Justo y de San Telmo. Esto dio fuerza a la idea de federalizar la forma de construir y darle densidad nacional. Como dijo otro interlocutor más tarde, “encarnarla en las bases, agregar todas las broncas”.

Se revisaron las acciones acordadas de la semana previa. Tanto los clubes de barrio como las cooperativas y recuperadas lograron que los atendieran a partir de las manifestaciones que hicieron. A los clubes se les ofreció un descuento del 40% en gas y agua, que rechazaron por insuficiente. La negociación, dijeron, ahora seguía con la Multisectorial. Es decir, dieron más fuerza al espacio común. A las cooperativas y recuperadas les abrieron mesas de negociación en los Ministerios de Energía y de Trabajo. La reflexión fue que esto muestra que si bien el gobierno no es débil, sí cede ante la presión y se ve obligado a negociar. Aún está por verse qué se consigue.

Entre otras propuesta estuvo la de hacer los pagos de boletas impugnados, para agotar la vía administrativa. Se presentó además la propuesta de un amparo colectivo en Capital Federal, reuniendo la mayor cantidad de casos posibles para hacer la presentación. El jueves se prevé realizar una jornada de protesta distinta contra el tarifazo: el torneo de fútbol Juanjo Aranguren frente al ministerio de Energía. Los premios serán un sol de noche y un juego de velas. Esta acción, propuesta por los clubes de barrio, ganó rápidamente simpatías, pues permite expresar el problema de otra manera. La invitación está abierta a participar del torneo de protesta.

Se valoró mucho la propuesta, y a partir de ella se mencionaron otras formas de involucrar a sectores no organizados: bocinazos en los cruces de calle, apagón coordinado, el frazadazo, etc. Se remarcó que es importante construir no sólo juntando organizaciones, sino ayudando a organizar en el lugar: el barrio, la empresa, etc. Hubo al respecto un pequeño debate sobre el vínculo con los partidos políticos. Sintéticamente, se aceptó que pueden participar de la Multisectorial y apoyar todas sus iniciativas, pero la Multisectorial no es de los partidos, sino que los partidos participan de ella.

“Hay que armar el rompecabezas de los sectores afectados”, se dijo, apuntando a reunir lo que está hoy separado. El gobierno sabe negociar dividiendo, se insistió, es importante estar juntos para presionar. “No se pelea sólo contra el tarifazo, es contra un modelo de ajuste”. La confluencia de diferentes experiencias debe permitir avanzar un paso más que la pura negativa, que es un buen comienzo pero debe superarse. Por eso se insistió con ir pensando en confluencias. La idea de festejar un 9 de julio alternativo tuvo mucha aceptación, para lo cual se insistió con la idea de una Marcha Federal, a propuesta de ATE Capital.

El rumbo de la Multisectorial es un camino en construcción, y es una cuestión de tiempo llegar a ver sus alcances. Lo que queda claro es que está sirviendo como espacio de convocatoria para múltiples afectados por las políticas del gobierno de Cambiemos. Y la recuperación experiencias previas, en especial de 2001, se hace desde un tejido social más integrado que entonces, y con menos ingenuidad política. El ajuste no será tan fácil como creían.

14 junio, 2016/por FM De la Calle

Tarifazo: “Puedo matar una vaca pero no puedo comprar un kilo de asado”

Argentina, Bahia Blanca, Economía, Entrevista, Gremiales, Noticias, Política

Trabajadores del frigorífico INCOB visitaron esta mañana FM De la Calle y comentaron la difícil situación que atraviesan por la caída de la producción y el tarifazo en los servicios públicos. De faenar medio millar de animales por semana en 2015 hoy matan con suerte 150. De pagar 12 mil pesos por la factura de luz hoy deben afrontar 62 mil. “Es imposible juntar el retiro semanal de los compañeros (…) yo puedo matar una vaca pero no puedo comprar un kilo de asado”, graficó Esteban. 76 familias viven de la empresa recuperada.

“La propuesta de la Cooperativa INCOB es poder reorganizarnos entre todos los sectores que habitamos Bahía Blanca, centros culturales, clubes de barrio, centros de jubilados, cooperativas, pymes, realmente nos sentimos todos afectados, y creemos que si solamente INCOB sale a la calle va a tener respuesta pero solo para INCOB, queremos que esto se normalice para todos los argentinos”, agregó.

La semana pasada fueron invitados por sus pares del Hotel Bauen a participar en una asamblea en la ciudad de Buenos Aires. “El martes hicimos una manifestación en Plaza de Mayo junto con clubes de barrios de todo el país” y “el jueves fue la manifestación de la multisectorial, fue interesante, nos trajimos buena respuesta de varios compañeros porque sinceramente acá en Bahía Blanca no le veíamos salida al tema del tarifazo”, explicó Esteban acompañado por Agustín y Pocho.

“El Ministerio de Energía propuso pagar el 50 por ciento en efectivo y el otro 50 en tres meses, te estaban cobrando lo mismo pero con la excusa de que en esos meses el otro 50 por ciento lo pongas dentro de tus costos. Pasa que hoy la producción de cualquier empresa, como está el país, no avanza. Si tuviéramos la que teníamos hace un año atrás tranquilamente podemos pagar ese monto, pero hoy el país no se mueve, de matar 500 o 600 animales semanales estamos matando 140 o 180. La producción bajó muchísimo”, dijo.

Esteban explicó que “somos prestatarios del servicio, de acuerdo a la producción que tenemos es el retiro semanal que se lleva cada compañero. Se trató de hacer un fondo en la cooperativa por unos meses, la veníamos sobrellevando bastante bien pero lo que nos deja mucha plata es el cuero, bajó el cuero, aumentaron las tasas de SENASA, aumentó la luz, nos aumentó todo. La cooperativa hoy en día se ve obligada a salir a la calle porque es nuestro derecho de poder manifestarnos democráticamente, creemos que esto es injusto porque no podemos llegar a fin de mes”.

Para comunicarse con la Cooperativa INCOB pueden llamar al 0291 454 5138.

13 junio, 2016/por FM De la Calle

Alternativas a la prohibición

Argentina, Bahia Blanca, Cultura, Derechos Humanos, Economía, Educación, Entrevista, Judiciales, Mundo, Noticias, Política, Salud

El periodista Emilio Ruchansky presentará en Bahía Blanca su libro “Un mundo con drogas”. Será este viernes a las 18 en Sarmiento 54. Dos horas antes disertará sobre “actualidad legislativa y jurisprudencial en drogas” a instancias de la Defensoría local y el Departamento de Derecho de la UNS. Inscripciones en www.derechouns.com.ar

El integrante del staff de la Revista THC y columnista de la TV Pública investigó las experiencias alternativas a la prohibición en países como Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay, Bolivia y Holanda y las contrastó con las políticas represivas de la prohibición que generaron “una multiplicidad de problemas graves que saltan a la vista: cebo transgresor para adolescentes, proliferación de mercaderías descontroladas, mafias clandestinas enquistadas en diversos estamentos del Estado, negocios multimillonarios para unos pocos y cadenas de crímenes cada vez más espantosos”. Aquí la charla con el autor durante el programa En Eso Estamos de FM De la Calle antes de su llegada a la ciudad.

-¿Qué es Un mundo con drogas?

Es un libro que empieza a gestarse en 2012 en un viaje a Holanda donde pude entrevistar a biólogos que hacen semillas feminizadas de cannabis, ir a los coffee shops y hablar con los dueños, conocer un poco el ambiente del activismo holandés que es bastante desconocido acá y juntar materiales de la política pública de ellos, por qué decidieron permitir los coffee shops, que tiene que ver con separar el mercado de heroína con el de cannabis, es decir, que la gente que quiere cannabis solamente tenga cannabis y no tenga contacto con los dealers.

A partir de que la puerta de entrada es el dealear y no el cannabis o el alcohol, ellos plantean esta política de separación que funciona. Yo ya conocía el caso de Suiza con las salas de consumo controlado que también tiene que ver con evitar el contagio de Hepatitis C y HIV en usuarios de heroína o cocaína inyectables en Europa, fui juntando los casos, también España con los clubes de cultivo, Estados Unidos con los dos estados que legalizaron, yo fui a Colorado para ver cómo se gestó, cómo se votó -eso fue un plebiscito-, y cómo es la legislación interna.

El libro tiene una preocupación y yo a veces lo encuentro hasta pesado de detalles de legislación, por eso también la invitación de los defensores del Departamento de Bahía Blanca, porque hay mucha letra fina sobre cómo se puede legislar en drogas y qué resultados tiene pensar y actuar de una manera distinta. Dejar de basarnos solamente en la represión y empezar a atender el problema respetando la voluntad de las personas, sin internación coactiva o judicial sino acercándose y aceptando que consumen y viendo cómo se puede mejorar eso y cuáles son los objetivos que se puede plantear esa persona.

También fui a Bolivia por el tema de la hoja de coca y a Uruguay que es hoy el país más avanzado en políticas de drogas en el mundo.

-¿Qué valoración hacés de estos primeros meses de esas políticas públicas en Uruguay?

Solamente con los clubes de cultivo cooperativo más el autocultivo, que no está todo registrado, hay cuatro mil personas registradas, ya tienen un 40 por ciento del cannabis circulante que es uruguayo. Es decir, cuarenta por ciento menos de ganancia para las mafias de cannabis paraguayo, esto involucra a las mafias locales más la plata que pagarán para entrar al país, etcétera. Es positivo en el sentido de que se logran los objetivos que es dejar de alimentar al mercado negro, dejar de financiar a la persona que supuestamente decís combatir.

Hay que ver que va a pasar con las farmacias, están hablando de agosto, creo que se va a retrasar pero hay dos empresas licitadas, una es argentina, ganaron la licitación y va a haber venta en farmacias, con lo cual ahí ya el sistema realmente va a tomar la dimensión que tiene que tomar porque no todo el mundo tiene tiempo de cultivar en su casa o un club cannabico cerca, ni es tan sibarita que es el estilo de los clubes. La venta en farmacia lo va a poner en el acceso a los consumidores a un nivel más masivo y ahí sí va a empezar a funcionar el mercado bajo la consigna uruguaya que también es la segmentación de mercados de marihuana y pasta base, el que quiera marihuana que no se le ofrezca pasta base, cocaína y otras drogas. Si funcionó en Holanda no tiene porque no funcionar en Uruguay.

-¿Cuando planteas la regulación lo haces para cualquier droga?

La regulación hasta lo que pude investigar para el libro se ha vuelto sobre el tema del cannabis. Son cosas distintas, hay otras drogas que por la peligrosidad uno tendría que evaluar cómo regularlas. Obviamente que la prohibición no sirve para ninguna sustancia, hay algunas que creo que son más regulables como el éxtasis. Más allá de que lo que pasó en Time Warp, que nos quieran llenar la cabeza con que a los chicos los mató una pastilla, todos sabemos que había el doble de gente y no había agua, había cuestiones básicas que cualquier persona que consume éxtasis sabe que tiene que tener.

Primero te diría, un milagro a la vez. Hay que probar cómo funciona con el cannabis, qué nuevos problemas genera, porque acá no hay soluciones mágicas, la regulación lo que trae aparejado son nuevos problemas comerciales, controlar a las empresas, que no haya publicidad. Fijate que mal nos fue con el tabaco que nunca se aclaró que causaba cáncer abiertamente, solamente se decía que era perjudicial para la salud, y fijate que mal nos está yendo con el alcohol que tiene publicidad en televisión, esponsorea partidos siendo hoy el principal problema de consumo de la Argentina y de la región.

-Y muchas veces no lo consideramos como una droga…

Me ha pasado de dar charlas y personas indignadas me decían que no es una droga, ‘cómo me vas a decir que es una droga’.

-Emilio, ¿qué opinás respecto del discurso de algunos curas de villas de Capital que suelen plantear que todo bien despenalizar para cierto sector de la sociedad pero que en los barrios sería una catástrofe?

Creo que no todos los curas opinan lo mismo en las villas, los Curas de Opción por los Pobres no creo, existe un cura en particular que es el padre Pepe que se viene oponiendo sistemáticamente a la despenalización bajo criterios inentendibles. Porque él está de acuerdo en no criminalizar a las personas que padecen una adicción y cuando le decís que es necesario despenalizar para no criminalizar te dice ‘no, despenalizar es una mala señal’. Y así al infinito, es irresponsable.

Y ya la Organización de los Estados Americanos está planteando que sin despenalización no hay estrategia de salud. No podés esperar que la gente se acerque a los servicios médicos si la estás criminalizando, si pueden ir presos por tener sustancia. Esto de defender con el garrote no sirve. Portugal lo demostró, cuando se despenalizó no aumentó el consumo, aumentaron las consultas médicas porque la gente se sintió más segura.

Siempre nos van a decir que no estamos preparados, no lo entiendo, ¿no estamos preparados para qué? Estamos preparados para seguir metiendo gente presa, consumidores, persiguiéndolos, para que la policía siga recaudando con las mafias de venta de sustancias, para seguir encerrando chicos con órdenes judiciales sin respetar su voluntad, creo que es muy inhumano lo que está pasando pese a tener una gran Ley de Salud Mental en la Argentina.

-Me tocó estar en Uruguay en un momento en que se llevaban detenidas a un grupo de personas que cultivaban pero que no estaban inscriptas en un registro del Estado. Hay quienes se oponen a este tipo de registros por la información que le dan a un Estado que en última instancia conserva características represivas, ¿cuáles son los riesgos en ese sentido?

En el caso del registro, en el libro está explicado por la persona que armó la regulación que es Julio Calzada, era algo necesario para el momento y hay que ver si se sostiene en el futuro. A nadie le gusta registrarse, son cuestiones privadas, para comprar cerveza no tenés que estar registrado y estamos de acuerdo en que hasta es ridículo. Ahora, el gobierno uruguayo plantea que necesita saber el volumen del cannabis que se está cultivando al menos legalmente, sea autocultivo, sean clubes o farmacias, porque Uruguay también puede correr el riesgo de transformarse en un país productor de cannabis y exportador. Ahí solucionas el tema de las mafias pero generas tal vez nuevas. Es una primera regulación, no hay experiencias a nivel de estados nacionales, si en el caso de Estados Unidos, Holanda nunca completó la regulación del cannabis, permite la tenencia y la venta pero no la producción, es raro pero es así.

Es importante que los Estados se involucren, la consecuencia grande que puede tener, que está en Colorado y es para debatir, es que pueden encarecer el producto la cantidad de controles y si se encarece el cannabis el del mercado negro va a seguir estando. Si tu objetivo es sacar el mercado negro, es lo que dice Pepe Mujica, contra los bombazos de cien dólares no hay forma de ganar la guerra. Hay que copar el mercado, claro, pero si el Estado se burocratiza demasiado y eleva el precio del cannabis tenés un problema de nuevo.

Son cuestiones complicadas, hay que salir del fracaso de las drogas que ya lo reconoce (el presidente de Colombia, Juan Manuel) Santos, (el de México Enrique) Peña Nieto, hay presidentes que no son los ex sino en ejercicio diciéndolo, y de los países más afectados. Evidentemente la salida no va a ser fácil y va a haber complicaciones. Uruguay tuvo un camino valiente, es importante que el Estado intervenga porque hasta ahora la regulación la tenían los transas, los narcos, la policía.

-¿Qué fue el Proyecto Cocaína de la OMS?

Es una investigación, hecha en Cochabamba, San Pablo, Rio de Janeiro e Ibadán -en Nigeria-, es el estudio más importante que se hizo sobre cocaína y sobre hoja de coca. Incluye pasta base, crack, clorhidrato y formas inyectables también y fue realizado por la OMS pero nunca se pudo publicar porque Estados Unidos presionó con dejar de financiar al organismo de salud si lo hacían. Lo que dice es que el clorhidrato de cocaína no genera una epidemia sanitaria ni nada parecido. Y también que la hoja de coca tiene utilidades médicas. Según el psiquiatra que hizo el estudio, lo que más molestó a los delegados estadounidenses fue el tema de la hoja de coca y no la cocaína, aunque suene increíble.

El estudio es muy interesante, lo pude rescatar, está publicado por Wikileaks y el National Institute y lo que hice es reconstruir cómo se gestó, porque la OMS en un momento tuvo un área que se llamó Abuso de Sustancias que se cerró cuando terminó el Proyecto Cocaína y es una investigación comparativa que hizo un antropólogo barcelonés que ya había trabajado con investigaciones de cocaína pero en Europa, comparando Barcelona, Ámsterdam y Roma. Es un estudio en territorio donde hablan los pastabaseros, la gente que está más en el horno, y también gente que le va bien, de buenos ingresos económicos que toman cocaína los fines de semana, que no tienen un problema de consumo.

También publiqué unas cosas que no existen en un sitio que se llama unmundocondrogas.com, está el proyecto, algunas cosas más y las taquigráficas de Uruguay, algunas cosas sobre Suiza en inglés, siempre pido una mano a ver si me pueden ayudar a producir muchos de los materiales, mi idea no es vender libros sino acercar materiales a las personas que investigan, que hacen política con esto o tienen que ver con la tensión desde el lugar que les toque.

-Venimos de una marcha mundial muy concurrida como la de los últimos años y la posibilidad de avanzar en el cannabis medicinal, ¿que hay en concreto y en el marco del nuevo gobierno en cuanto a la posibilidad de despenalizar en el país?

El martes que viene tenemos una reunión en la comisión de Salud para ver el tema del cannabis medicinal y te diría que el avance va a ser ese por ahora. No hay todavía en el gobierno una postura muy clara sobre este tema, hay un ala más dura -Burzaco, Patricia Bullrich- y por otro lado, gente más liberal como Pinedo. Hay que ver cómo se da ese debate interno.

De todas formas la ministra planteó fijar cantidades mínimas, no es algo que a nosotros desde la Revista THC nos parezca ideal pero ayuda. Por lo que pude hablar con Pinedo hay toda una expectativa de lo que está haciendo Uruguay, yo creo que eso va a influenciar mucho. Uruguay fue pionero en algunas cosas como el divorcio como nosotros fuimos pioneros con matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género, es interesante que ellos tomaron el tema de la despenalización y la regulación al lado del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, dentro de ese paquete de derechos, cosa que acá no se hizo.

9 junio, 2016/por FM De la Calle

#NiUnaMenos: femicidio en Dorrego

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Feminismo, Géneros, Judiciales, Noticias, Política

Liliana Díaz, de 29 años, fue asesinada ayer en Coronel Dorrego. El femicida sería su ex pareja Marcelo Fabián Camarero, de 48, quien se presentó a medianoche en la comisaría junto a su representante legal y quedó detenido. La víctima fue encontrada sin vida dentro de un automóvil.

Según los medios del lugar, Liliana cursaba la carrera de Educación Física en la Escuela Secundaria Nº2 y habría sido atacada en un playón de estacionamiento ubicado enfrente. Luego, Camarero habría llevado el auto hasta una cochera de calle Yrigoyen, entre Lequeric y Santagada donde lo encontró la policía. La mujer era bombera voluntaria y residía en El Perdido.

“Hay algo que se fue de las manos evidentemente, pensar en nuestro pueblo, de 2008 hasta acá son muchos los casos que se van sucediendo, tratás de ver cuál es el punto en común y el único es el ser mujer”, dijo a FM De la Calle Eliset Nomdedeu, integrante del programa feminista “Y que los platos los lave otro” y enumeró: “Katherine Moscoso, Verónica Vaca hace unos años, Marcela García, el caso de Rocío secuestrada y violada, son muchos”.

La Unidad Fiscal Descentralizada de Dorrego informó: “Un sujeto de sexo masculino se encuentra aprehendido imputado de Femicidio (art. 80 inc. 11 del Codigo Penal) Se trata de Marcelo Fabián Camarero, DNI 18377613, quien cerca de las 21 de ayer, le habría quitado la vida a Liliana Díaz, su ex pareja, mediante disparo de un arma de fuego calibre 9 mm.. El hecho acaeció en el interior del vehículo del aprehendido, Peugeot 308., se procura determinar lugar exacto. Interviene UFIJ 5 temática de homicidios subrogada por Mauricio Del Cero. Colabora esta Ayudantía Fiscal. Están en curso medidas probatorias fundamentales. Ampliaremos”.

Según pudo constatar FM De la Calle, el viernes 16 de enero de 2015 el Boletín Oficial dio cuenta de la solicitud para la tenencia y portación de una pistola 9mm. por parte del femicida “a efectos de que cualquier ciudadano, habitante de la Nación Argentina y entidades de la sociedad que tengan interés, puedan oponerse”.

“Estamos despertando, yo me enteré anoche a pocas horas que había pasado y es como que uno no alcanza a acomodar la cabeza, hace una semana estuvo la marcha y ya vino mucha menos gente que otros años, pasas por distintos ciclos, el hartazgo, la bronca, preguntarte qué hay que hacer o qué falta”, afirmó Nomdedeu.

Agregó que es “una mujer más, de tanto años, y el tema de cómo lo tratan los medios, era ‘su autor’, el uso de los eufemismos para no decir el asesino y enfatizando que no se quiso fugar, que ya es un justificativo del homicidio”, opinó.

El #NiUnaMenos en Dorrego

Video: Pablo Rodríguez.

9 junio, 2016/por FM De la Calle

Reunión contra el tarifazo y el ajuste

Argentina, Economía, Política

(Por Francisco J Cantamutto) Reunidos para resistir el ajuste, se propuso la constitución de una coordinadora multisectorial.

Ante el escenario abierto por el tarifazo y otras medidas de ajuste social, FACTA y otras organizaciones llamaron a una reunión el día lunes en el hotel BAUEN para debatir la situación y posibles acciones. La lista de oradores fue abierta, y el micrófono pasó de mano en mano, donde se presentaron y explicaron su situación muchas organizaciones muy diversas. Había clubes de barrio, empresas recuperadas, cooperativas, sindicatos, jubilados, PyMEs, trabajadores informales, gestores culturales, entre otros. Algunos partidos políticos se hicieron presentes para acompañar, pero no lideraron la reunión.

El clima general de la reunión fue de mucha bronca por las políticas del gobierno nacional, sin ninguna respuesta para los sectores populares y laburantes. La caracterización que se hizo del proyecto del gobierno nacional fue que éste intenta realizar un feroz ajuste, aún si esto implica dejar fuera y sin contención a la mayoría de la clase trabajadora. El aumento de tarifas y de combustibles, la apertura a las importaciones, la devaluación fueron las políticas más criticadas, como parte de un programa más general de ajuste. Ante esto, el gobierno es muy astuto dividiendo a los afectados, dando algún subsidio o contención pero por separado y con muchas limitaciones. Por ejemplo, los clubes de barrio criticaron la devolución del 40% del aumento, porque sólo era para el gas, dejando fuera los demás servicios, y aún así implicaba un aumento del 150-200% sobre lo que pagaban antes. La respuesta que parece venir es puramente represiva.

El objetivo del gobierno, hubo acuerdo, es crear recesión y desempleo, de manera de bajar los salarios. Representantes de cooperativas y PyMEs señalaron que no había que ponerse a competir “entre pobres”, que el problema era el capital concentrado. Con desempleo y salarios bajos, ponen contra las cuerdas a todos los sectores populares. Se añadió además, desde el Programa Facultad Abierta, que las Empresas Recuperadas eran atacadas por vía económica, judicial y política, justamente porque mostraban una alternativa para los y las laburantes ante estas crisis: tomar las herramientas y ponerlas a trabajar. No se están atiendo sus pedidos, se vetan los proyectos que éstas promueven y llegan con inspecciones imposibles de cumplir. Desde la recuperada Por Más Tiempo señalaron que tenemos que recuperar nuestra herramienta principal de trabajo, que es la palabra.

Los dirigentes de clubes de barrio señalaron que su realidad es semejante, y que de obligarlos a cerrar, implicaría que miles de pibes pierden el lugar de contención. Representantes de la cultura explicaron que el gobierno ya venía complicando la gestión independiente en la ciudad de Buenos Aires, cerrando espacios y centros culturales. El tarifazo pone en riesgo de cierre a estos espacios.

Según se señaló en la reunión, los pedidos de tarifas “sociales” no son una alternativa real, pues son parciales (todas implican aumento), llenas de trámites y que provocan división. Hubo un acuerdo muy general en la necesidad de ganar la calle, y se señaló que eso ya se está haciendo, pero por separado. Esta semana protestan en la Capital los clubes de barrio (martes), recuperadas (jueves) y consumidores y usuarios (viernes).

Por esto se remarcó la necesidad de empezar a confluir entre todos los sectores afectados. La consigna fue unidad en la acción, es decir, actuar conjuntamente en lo que hay de acuerdo, con independencia de que luego cada sector tenga sus particularidades. Lograr la mayor unidad posible con acciones concretas. Confluir en todo lo que se pueda, y golpear a la vez. Se habló de conformar una Multisectorial, con mesas específicas de trabajo. Se señaló la necesidad de hacer esto de manera Federal, recuperando la experiencia de 2000-2001.

Se comenzaron a intercambiar experiencias de protesta y acciones para resistir. Por ejemplo, la presentación de medidas cautelares y amparos ante el ajuste, promover una ley de emergencia laboral y PyME, bocinazos, veredazos, entre otras. Se insistió en hablar con los y las vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, para convocar de manera amplia. Todas las acciones sirven, pero quedó claro que era necesario impulsarlo en las calles y en unidad.

Por todo lo anterior, las reuniones van a seguir, buscando unidad, comunicación y coordinación. El próximo lunes 13 es la próxima cita, en el mismo lugar.

Entre otras organizaciones, se presentaron en la reunión: FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), CTA, FECOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo), representantes de clubes de barrio, CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), FECACYA (Federación de Cooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines), Sindicato de Obreros Curtidores, Federación Gráfica Bonaerense, Confederación Nacional de Jubilados, APYME, CGE (Confederación General de Empresas), Fedecámaras, Central de Trabajadores Informales, Comerciantes contra el Tarifazo, Alerta PYME, Programa Facultad Abierta de la UBA, Instituto Scalabrini Ortiz, Cultura Unida, Unión de Usuarios y Consumidores.

9 junio, 2016/por FM De la Calle

Juicio a la precarización: “Podría haber muerto mucha más gente”

Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Economía, Gremiales, Judiciales, Mundo, Noticias, Política

El lunes a mediodía la jueza Susana González La Riva dirá si Norberto Metz es penalmente responsable del homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Así lo es para la Fiscalía que pidió una pena de cuatro años de prisión para el ex gerente local de Camin Cargo Control S.A. y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba. El juicio analizó la responsabilidad de Metz y próximamente deberá ser juzgado el representante nacional de la firma, Marcelo Camin.

Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, comentó a FM De la Calle que fue una investigación con mucha prueba aunque “uno no puede decir qué pasó por la cabeza de un juez”. Destacó que “lo importante es que se haya debatido”, más teniendo en cuenta el intento del primer fiscal de la causa de acordar una pena de tres años en un juicio abreviado para el gerente de la empresa Marcelo Camin.

“Cuando se va a debate hay que reproducir todo lo que se hizo en forma oral, a riesgo de eso, la familia prefirió en honor a la memoria de su hijo que esto salga a la luz, que se debata y se conozca cómo trabajan estas empresas, esto es un tema de precarización laboral donde para ofrecer un producto barato, a bajo costo, la empresa pone en riesgo a los trabajadores y a un montón de gente”.

Fernández explicó que se trata de “una empresa internacional con sede en Houston” y otra que se llama Camin Cargo Argentina. “El gerente de Argentina es Marcelo Camin y está imputado también pero, por un recurso de Casación, todavía no llegó su debate. Con respecto al jefe local lo que había que demostrar era el nivel y grado de responsabilidad que teníaal manejar la delegación de Bahía Blanca, ese fue el nudo principal. Se apuntó a tratar de demostrar claramente que esta persona tenía toma de decisión”.

“Es importante porque no hay muchos antecedentes de gente de una empresa, del personal jerárquico, que sea responsable penalmente. Muchos terminan en un abreviado, en una probation, y si no tienen antecedentes pareciera como que no debería ir preso una persona. Pero, la pucha, no solamente mató una persona -no tuvo la intención de matarlo pero es un homicidio culposo- (…), era una bomba de tiempo, no podés poner en una vivienda tipo dúplex, en un edificio acostado, muchas viviendas, ¿cuánta gente que va por recreación al Parque de Mayo sabía que a media cuadra había una bomba?”, se preguntó.

El abogado dijo que para probar a qué se dedicaba -dedica- Camin Cargo Control hubo que escuchar a muchos especialistas. “Cuando viajan productos inflamables en buque se toma una muestra local y se hace un resguardo, se contrata a estas empresas para que cuando el buque llega a destino, si hay un tema de contaminación, tengan un respaldo de muestra. Por eso la actividad principal es guardar muestras, uno espera que lo hagan en un lugar seguro y no en un departamentito que alquilaron como casa habitación”.

“La peligrosidad estuvo dada porque se almacenaron productos incompatibles entre sí. Había muchos tipos de gasolina que salen del puerto, naftas, gasolinas especiales que son altamente explosivas. Incluso como también hacían muestreo de fertilizantes había urea granulada, nitrato de amonio. Pareciera que no son peligrosos por sí solos pero los especialistas en explosivos nos explicaron que si mezclas fuel oil con nitrato de amonio se denomina ANFO, un explosivo casero con el que se voló la AMIA. Para que uno tenga dimensión de la peligrosidad. Podría haber muerto mucha más gente acá”, advirtió.

Fernández agregó que “esta gente para ahorrar costos no tenía, como explicaron los técnicos, los productos peligrosos separados y en un lugar habilitado. Obviamente vino la jefa de Habilitaciones y dijo que esto no podía estar por el lugar directamente, es residencial, tendría que haber estado en el puerto o el parque industrial, un lugar preparado para tener este tipo de producto, no en el medio de la ciudad”.

“Más de una empresa debería poner las barbas en remojo y por lo menos si contratan a una empresa para tomar una muestra requerir dónde la llevan. En el sistema penal se imputan personas determinadas pero posiblemente esto desemboque en alguna investigación, espero, es difícil entender la actividad porque los únicos que saben son los que la realizan”.

“Esto es un contrato entre una empresa internacional que viene de afuera a buscar un producto -a la cual ni siquiera conocemos- y contrata un buque y el que vende el producto acá. Esas dos personas contratan a un tercero para queguarde la muestra. Esto debería reverse y las autoridades deberían mirar un poco más. Esa es la lucha de la familia, nadie les va a devolver el hijo, incluso en un momento se trató de desvirtuar esto como que había sido una mala manipulación de una garrafa de este muchacho. Le echaron la culpa al muerto que es lo más fácil”, dijo.

En ese sentido comentó que ” los médicos explicaron que estaba quemado el 95 por ciento del cuerpo y que si manipulas una garrafa lo lógico es que te quemes adelante, no que tengas una quemadura tipo V en la espalda, es imposible. El ambiente donde ponían estos productos generaba vapores, algoque detonó eso levantó una temperatura terrible e hizo lo que técnicamente se llama deflagración, una explosión”.

La sentencia se conocerá el lunes a las 12 en el Juzgado Correccional Nº3 de Estomba 34. Más información en Exigimos Justicia para Juan Cruz Manfredini.

Otras entrevistas:

Foto familiar: Facebook Gino Manfredini.

8 junio, 2016/por FM De la Calle

Decreto 721: un globo de ensayo para las fuerzas armadas

Ambiente, Argentina, Bahia Blanca, Derechos Humanos, Economía, Entrevista, Mundo, Noticias, Política

A principios de mes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721/2016 del presidente Mauricio Macri a través del cual derogó la disposición tomada en 1984 por el gobierno de Raúl Alfonsín para restar autonomía a los militares y dejar en manos de las autoridades elegidas democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense. La medida provocó el rechazo de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

La especialista en temas de Defensa Nacional, Estrategia y Geopolítica y secretaria del Centro de Militares por la Democracia, Elsa Bruzzone, dijo a FM De la Calle que el decreto “ratifica lo que ya se venía haciendo, manejo de cuarteles, traslados, tareas administrativas y de funcionamiento interno” y no representa “ninguna autonomía”, aunque lo calificó como “un globo de ensayo para ver si pueden acostumbrarnos a que las fuerzas armadas puedan intervenir en los asuntos internos del país”.

Bruzzone explicó que la Ley de Defensa 16.970 de la dictadura de Onganía no distinguía las funciones de las FFAA en torno a la defensa nacional y la seguridad interior, lo que “permitió la utilización de las mismas en las tareas de represión interior con los resultados por todos conocidos”.

Al asumir Raúl Alfonsín, mientras se redactaba una nueva Ley de Defensa, aprobó el decreto recientemente derogado y “controló” a las fuerzas”. “Cuando la ley es sancionada en 1985, y más después con la reglamentación de la ley bajo el gobierno kirchnerista, este decreto ya prácticamente queda sin efecto porque tiene que ver con tareas administrativas, con el con el manejo hacia adentro de las FFAA”.

“Como bien lo explica el Decreto 721, el poder civil sigue teniendo el control y el manejo en los ascensos, a partir de coronel y los grados superiores se sigue requiriendo el acuerdo del Senado, en los puestos más altos el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Defensa designan, los planes de estudios siguen estando en manos del Ministerio, las hipótesis de conflicto las fija el gobierno nacional”.

Bruzzone dijo que “el peligro es que se pudiera avanzar más adelante en una modificación de la Ley de Defensa Nacional donde con una simple letra que dijera ante una agresión externa o interna permitiera que la FFAA intervinieran en tareas de represión interior o en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay presiones desde hace cuatro o cinco años del Departamento de Defensa norteamericano a través del Comando Sur”.

“Estas intervenciones han tenido resultados nefastos en México, en Colombia o inclusive en Honduras. Acá está prohibido pero se han reanudado las presiones y las hay también de integrantes de la política, de los grupos económicos, de nuestra justicia, que pretenden que esta línea divisoria caiga”, afirmó y agregó que las contradicciones de la ley, por ejemplo, abarcan el envío de tropas a supuestas misiones de paz de Naciones Unidas que en realidad son ocupaciones de países “donde los integrantes de las misiones realizan tareas de seguridad interior, la mayor parte de las veces con resultados catastróficos para las poblaciones locales porque se producen violaciones a los derechos humanos”.

Bases militares

“EEUU tiene en su mente la instalación de bases militares ya sean descubiertas o encubiertas, disfrazadas bajo el concepto de ayuda humanitaria ante desastres naturales, epidemias, pandemias, bases científicas para realizar estudios, o bases de control de la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masivas. (…) Ellos tienen que tener libre acceso y control de recursos naturales que ya no poseen para seguir siendo la potencia dominante en el mundo”, manifestó.

Tras mencionar las bases yankees o de la OTAN en Colombia, Haití, Guantánamo, Puerto Rico, Perú, Chile, Paraguay y Malvinas, Bruzzone destacó que pretenden instalar una de carácter científico en Ushuaia “con acceso libre a la Antártida” que, junto a la de Malvinas, habilitaría el control del Atlántico Sur y su conexión con el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle con proyección hacia el océano Índico.

“Además permite una presencia en zona donde toda la plataforma continental nuestra alrededor de las islas tiene yacimientos de hidrocarburos y minerales estratégicos e industria pesquera y tanto Ushuaia como Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida que no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo sino que también -en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña- se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico”. Hasta 2041 rige la prohibición de toda explotación de los bienes comunes aunque EEUU intentará impedir su prórroga por otros cincuenta años.

En San Ignacio, Misiones, también podrían construir una base. “En lugar de utilizar a Hamas o a Hezbollá en la zona de la Triple Frontera, que es uno de los puntos más importantes de carga y recarga del Acuífero Guaraní, (…) reflotan el fantasma de la presencia del Daesh o ISIS, como lo llaman en occidente, o del Frente al Nusra que está vinculado a Al Qaeda para reflotar las presiones que en su momento se hicieron sobre De la Rúa y Duhalde”. “Dependerá de nosotros impedir que se consume”, dijo.

El discurso de Gay

La integrante del CEMIDA se refirió además al discurso del intendente Héctor Gay del 25 de mayo en el cual habló de la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”.

“Este discurso me remite a la Doctrina de la Seguridad Nacional (…), me remite a tiempos que hemos vivido y a los cuales no quiero volver. No quiero volver a la década de 1930, a 1955, de ahí en adelante tampoco quiero volver a un 24 de marzo del 76 que es a lo que él me está remitiendo. El que no tiene patria ni nación es él porque la patria y la nación no son pasiones inútiles y un verdadero patriota y alguien que ama profundamente a su patria y a su pueblo no ve en el otro, en el pueblo, al enemigo”, dijo.

Bruzzone reconoció que “tenemos enemigos de adentro” aunque apuntó a “los grupos económicos de poder, las corporaciones trasnacionales, los organismos financieros internacionales, estamos llenos de cipayos al servicio de intéreses foráneos”. “Tenemos enemigos de afuera, sí señor, todo imperio, todo aquel que ejerce colonialismo, eso es enemigo, enemigo es el capitalismo que destruye vida humana, vida vegetal, vida animal, que destruye a la naturaleza y al planeta”.

Sobre la aclaración del intendente, quien comentó que se refería al narcotráfico, la especialista afirmó: “Usted va a escuchar que utilicen el narcotráfico o el terrorismo, que los agiten como bandera, pero en realidad los destinatarios de eso son el pueblo, las organizaciones sociales, políticas, culturales, todos aquellos que luchan por la justicia social, por la independencia económica, por la soberanía política y la paz, el capitalismo”.

8 junio, 2016/por FM De la Calle

Gradualismo o shock: la interna del ajuste

Argentina, Economía, Política

(Por Francisco J Cantamutto) El enorme malestar social que crea el plan de ajuste provoca discusiones dentro del gobierno. Los problemas políticos del ajuste económico.

El gobierno de Cambiemos tiene disputas internas, que se han hecho conocer –otra vez- como de “halcones y palomas”. La metáfora es mala porque aquí no hay relación predatoria entre ambos tipos de aves ni dietas disímiles; se refiere apenas a los diferentes estilos para aplicar un mismo programa económico. Por un lado, están quienes pretenden un ajuste más brutal, profundo y veloz, en clave de shock. Por otro lado, están los que creen que es mejor dosificar la administración de políticas, permitiendo ajustes graduales. No son posiciones siempre fijas, porque se cruzan perspectivas ideológicas, vínculos con diferentes sectores empresariales y lecturas del proceso político. Créase o no, la pelea la vendrían ganando los gradualistas.

Por ejemplo, el primer debate en este sentido se dio en torno a la devaluación de diciembre. En ese caso, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el coordinador del equipo económico Gustavo Lopetegui creían necesario ir con calma, mientras que el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger creían necesario liberar totalmente el tipo de cambio. El riesgo percibido por los primeros era el riesgo de un exceso de devaluación (que el dólar llegara a $20, por ejemplo), mientras que los segundos creían que era una buena señal de libertad al mercado. Si bien al inicio primó esta última visión, la segunda devaluación en febrero obligó a intervenir en el mercado para contener la estampida.

En el mes pasado trascendieron nuevos chispazos, en relación al control de la inflación y el nivel de las tasas de interés. Prat Gay habría criticado que las tasas de referencia –como las LEBAC, al 37,5% anual- estaban demasiado altas, y esto bloqueaba la inversión. Esto llevaría a una parálisis de la actividad. Sturzenegger, por su parte, criticó que su par no era lo suficientemente veloz en la tarea de reducir el déficit fiscal, lo que lo obligaba a emitir pesos y buscar formas de licuar esa emisión. Esto llevaría a dificultades para reducir la inflación. Esta discusión, sin embargo, se dio en el marco de un diálogo fluido –facilitado por el viceministro Pedro Lacoste- y objetivos de política compartidos. Reducir la inflación –aún a costa de recesión-, generar clima de inversiones, y luego recién reactivar la economía. Por eso ambos ponían las fichas en el segundo semestre, ahora trasladado al 2017.

Más radicales se presentan otros sectores del propio gobierno (Carlos Melconian, presidente del Banco Nación) y sectores afines (como Daniel Artana, de FIEL, o Dante Sica, de la consultora ABECEB) que insisten con que la frecuencia semanal de malas noticias genera malestar, y la “sensación” de que no hay buenas perspectivas. Esto atentaría contra el “clima de inversiones”, posponiendo las decisiones que permitirían a la economía salir del actual trance. Por ejemplo, el índice de confianza al consumidor relevado por la Universidad Di Tella muestra caídas mes a mes, lo que implica menor demanda y, por ello, demora decisiones de inversión.

Esta obsesión con la inversión no es trivial, pues se supone que es el objetivo ulterior de la política de estabilización y ajuste, presentado como lucha contra la inflación y la “herencia” kirchnerista. Según el razonamiento del gobierno, con cuentas fiscales balanceadas, menores tasas de inflación y un clima de previsibilidad, las inversiones llegarán y reactivarán la economía. Prat Gay comenzó su tarea, con los despidos en el Estado y el arreglo con los buitres, la tarea recae ahora en otros funcionarios. Concretamente, les tocaría la posta a la canciller Susana Malcorra y el ministro de Producción Francisco Cabrera, encargados de atraer la inversión extranjera. El 23 de marzo pasado, en un encuentro de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense se anunció –por tercera vez- una Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, de gestión compartida por estos funcionarios. Pretenderían transformar al ente mixto (público-privado) Fundación Exportar, para que promueva conjuntamente exportaciones e inversiones. Hasta ahora los resultados concretos son esquivos: no hay prácticamente nada que anunciar respecto a inversiones.

Cabrera es además acusado de no ofrecer ninguna contención a las PyMEs, actualmente en pie de guerra por el tarifazo y la apertura de importaciones. Pero aquí es donde el límite no es personal, sino de la fuerza política. El sentido general de las reformas neoliberales fue claro desde sus inicios: privilegiar la estructura de poder definida en el mercado y sostenida por el Estado para la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Eso significa que el Estado pone toda su estructura al servicio de los sectores más concentrados del capital, no se achica ni minimiza, sino que modifica su accionar. Tampoco significa que el empresariado concentrado tenga acuerdos plenos respecto de todo un programa, sino apenas de su sentido general contra las clases populares –y fracciones más débiles del propio capital. Esto explica que incluso en el marco de las reformas estructurales de la última dictadura en el país o durante la Convertibilidad se dieran disputas al interior del bloque en el poder, con personeros políticos representando fracciones de capitalistas.

Ya a fines del siglo XX, a la luz del enorme descontento social de las reformas, dentro de la propia ortodoxia mundial comenzaron a plantearse cuál era el problema. El supuesto, claro, es que las reformas neoliberales son beneficiosas y sobre esto no hay discusión. Un documento muy circulado del Banco Interamericano de Desarrollo –una de las instituciones de crédito responsables de presionar por las reformas- presentaba ya en el 2000 lo que veían como problema: la duración total y secuencia de aplicación de las mismas. Este debate lo había planteado casi una década antes la pretendida heterodoxia del mainstream, que coincidía con el sentido general de liberalización y apertura, pero que, a diferencia de sus pares más tecnócratas, tomaba en consideración los problemas políticos (por ejemplo, leer aquí un conocido texto de 1992 de Dani Rodrik). Esta variante que ganó espacio con el estallido de la crisis mundial en 2008: economistas igualmente neoliberales, pero con consideraciones políticas (como Stiglitz o Krugman). ¿Cuál es el debate? Cuán rápido y profundo tomar las mismas medidas, de manera de evitar alianzas sociales y políticas que las resistan.

Es por eso que el propio Prat Gay dijo, ese mismo 23 de marzo pero en la Sociedad Rural, que eligieron “el camino del gradualismo porque es el único posible”. Un ajuste más acelerado no sólo foguearía la resistencia en las calles, sino que impediría el juego de alianzas en el Congreso y las provincias, que tan bien llevan adelante otros gradualistas como Frigerio y Pinedo. El problema de esta estrategia es el malestar permanente por las medidas contrarias a los intereses populares: ¿hasta cuándo podrán sostener el discurso de la “herencia K”?

No hay que confundirse, por dosis o por shock, todos en el gobierno quieren aplicar el mismo veneno.

7 junio, 2016/por FM De la Calle

La calle disputa la agenda a la dominación

Economía, Política

(Por Julio Gambina) ¡Multitudinaria marcha NI UNA MENOS! La violencia contra las mujeres es en todo los terrenos. Hay más mujeres que hombres en la Argentina. Sin embargo, hay menos mujeres registradas en el mercado laboral. Los salarios de las mujeres son menores a los de los varones. La mayoría de las mujeres hacen gratis los trabajos de cuidado. Trabajan gratis en sus casas y en tareas sociales. La desocupación es mayor entre mujeres que entre varones. Las amas de casa no son consideradas mujeres trabajadoras desocupadas y por su tarea no se les paga. La violencia de género ejercida contra las mujeres es cotidiana y más común de lo reconocido. ¡No al femicidio, a la discriminación de género y al patriarcalismo!

Hasta acá el post en mi muro del “face”, que resulta uno de los más compartidos y comentados a pocos minutos de colocado. Varios “me gusta” y “reacciones”, junto a comentarios: “bien dicho” y “basta de capitalismo colonial patriarcal”. Probablemente se incrementen los comentarios y quizá cierta polémica. Son muchas/os las/os que postearon mensajes relativos a la movilización callejera en variadas ciudades de todo el país. Casi nadie estuvo afuera del fenómeno de conciencia sobre la cuestión y familias enteras se movilizan, incluidos algunos que no se mueven por ninguna otra causa. La razón de la movilización es la asunción de un tema generalizado que se hizo evidente con la movilización callejera.

El tema existe y existía, pero adquirió relevancia con la multitudinaria movilización, y no solo del 3/6 del 2015, sino con las marchas de las mujeres y con la militancia consecuente del movimiento de mujeres, que en trabajosa militancia social popular extendida tiene el logro del presente movilizado. La consigna por la reivindicación de género atraviesa a las distintas clases y necesita hacerse más compleja en la consideración de la explotación y discriminación hacia las mujeres en el trabajo. Por eso mi reflexión sobre el “mercado laboral”[1] y el trabajo del “cuidado”. Es parte de lo mismo y además tiene especificidad, que se reproduce cotidianamente en la lógica de acumulación capitalista.

Trabajadoras y trabajadores para construir un paro nacional

Por eso, las mujeres también protagonizaron la movilización del día anterior, el 2/6, convocada contra el Veto a la ley anti despidos y contra los tarifazos. La cita fue promovida por las CTA y nutrida con varios sindicatos de las CGT y organizaciones sociales y políticas, más muchas/os indignadas/os que querían y demandan el paro nacional. Es que si los trabajadores en general están afectados por las políticas de ajuste del gobierno Macri, las mujeres lo sienten en mayor magnitud y no solo por lo señalado al comienzo, sino que también existe discriminación al interior del ámbito de trabajo y en la propia organización social o política, que reproduce las lógicas sistémicas. No podría ser de otro modo, pues la hegemonía cultural atraviesa a todas las organizaciones.

Es curioso como la “dirigencia” se sorprende de la masividad de la protesta y queda atrás del sentimiento popular masivo. El pasado 3/6/15 sorprendió la masividad del “ni una menos”. Igual sorprendió a propios y extraños la masividad de la movilización del 29/4/16 convocada por las CGT y las CTA contra el ajuste, el veto a ley anti despidos y los tarifazos. Igual se sorprenderán ante la construcción de un paro nacional.

La bronca es grande contra los despidos, la inflación y la baja del poder adquisitivo de los ingresos populares, el tarifazo y la impudicia de la fuga de capitales y la lógica de que “pobres hubo y habrá siempre” manifestada en declaraciones de funcionarios de Macri. Son los que señalan: “si el combustible es caro, que no compren”, o “creían que podían tener acceso a una TV u otros consumos”. Son expresiones de los que se consideran la elite privilegiada y con acceso a bienes y servicios negados para los de abajo, la mayoría de la población.

Las centrales sindicales demandaron al Parlamento la emergencia ocupacional y así se elaboró la legislación para suspender los despidos, que muchos suponían de escaso efecto concreto, aun cuando pudo instalar la agenda de la gravedad y extensión de las cesantías. El movimiento obrero organizado pudo instalar agenda de debate político en la sociedad. Claro que no es el único tema y quizá ni siquiera el que involucre a más población, tal como ocurriría si se pudiera instalar la cuestión de la indigencia o la pobreza, la malnutrición o la ausencia de salud y educación, entre muchos temas que incluyen el ingreso y calidad de vida de las/os jubiladas/os. Lo que pretendemos resaltar es que sobre la ofensiva del gobierno Macri por lograr hegemonía política desde su mayoría electoral, el movimiento obrero pudo instalar desde la movilización una agenda política más cercana a sus intereses.

Claro que el poder mueve también sus fichas e intenta desmarcar al movimiento obrero y por eso negocia con el sindicalismo tradicional para desalojar la calle y seguir disputando hegemonía. La lógica discursiva de las CGT es que la “gente no está para protestas”. La realidad lo desmiente y en todo caso, se trata de la disposición a desplegar iniciativas políticas para disputar el poder. Es una cuestión de miles y de millones de personas, por lo que se demanda masividad y ello supone juntar lo diverso, tanto en las movilizaciones obreras como entre las mujeres.

La sociedad movilizada disputa agenda, por derecha y por izquierda. Recordemos las movilizaciones “Blumberg”, o las protestas de la Mesa de Enlace. No todo lo movilizado era por derecha y sin embargo, la agenda era reaccionaria.

Disputa del consenso

Existe en la actualidad razones para la movilización popular. El gobierno disputa hegemonía convocando al consenso pasivo y si puede al activo y lo hace desde la crítica a 12 años de kirchnerismo, algo que ya le dio réditos en el voto, quizá la mitad de lo cosechado en noviembre del 2015.

Ahora pretende que sea consenso activo y por eso publica “El Estado del Estado”[2] para mantener viva la llama de la crítica al gobierno anterior y avivar el rechazo de buena parte de la sociedad, incluso de los de abajo. Allí no se condena el acuerdo del poder, como las concesiones petroleras y mineras, los acuerdos secretos, caso Chevron, o el conjunto de iniciativas estatales que confirman el modelo productivo y de desarrollo de promoción de la dependencia tecnológica y productiva a mano de las transnacionales, en el agro, la industria o los servicios.

También disputa consenso con la articulación legislativa del “pago a jubilados” con el “blanqueo de capitales”. El fondo es limpiar la fuga de capitales, interés de pocos enriquecidos y además, fuente de ingreso de divisas, indispensable para la lógica de la política económica del gobierno Macri. Parece atractivo compensar a los beneficiarios estafados por malas liquidaciones previsionales, aun cuando se ocultan quitas y pagos en cuotas, tanto como desfinanciamiento del Fondo de Garantías y Sustentabilidad (FGS). El FGS está generado con recursos previsionales que pertenecen a las/os trabajadoras/es jubiladas/os, administrado por ANSES, y que se nutre, entre otros, de la renta generada por acciones privadas que pretenden ser liquidadas y retornadas a la propiedad y gestión de particulares.

El movimiento de jubiladas/os también se moviliza, y desde hace mucho tiempo por asegurar fondos previsionales suficientes para satisfacer las necesidades de las personas mayores. Por eso rechazan el proyecto y exigen se compensa a los litigantes con sentencia o no, como a los que reciben liquidaciones por debajo de lo que corresponde; y más aún el 82% móvil con relación a las/os trabajadoras/es en actividad. Se propone que los recursos para tal fin provengan de rentas generales y no desfinancien el FGS. La reforma previsional en curso, contenida en la propuesta legislativa, será resultado de la movilización gestada desde abajo o la que promueva el discurso oficial relativo a lo que se puede o no.

En rigor, la cuestión es si la iniciativa del gobierno y del poder se impone en la disputa del consenso social, o si la movilización popular genera consenso para otro proyecto político, social y cultural de confrontación con la lógica del capital, la de la ganancia, la acumulación y la dominación.

Esta última consideración no está instalada en la mayoría social y muchos creen que es ilusorio convocar a cualquier actividad anti capitalista, bajo el argumento que la sociedad no está para disputas mayores.

Se equivocan, los ilusos son los que creen que todo se resuelve con solo ir por reivindicaciones democráticas (salario, empleo, condiciones de trabajo) hasta que se consolide una potencia para ir por más, contra el régimen del capital.

No tienen razón los líderes sindicales que agotan las iniciativas en que la gente no está para más y que es un tiempo de cerrarse en la defensa corporativa.

Es erróneo. Este es un tiempo para ir por más organización y movilización, en el espíritu originario de la CTA, que sostenía un nuevo modelo de organización de las/os trabajadoras/es, que son la mayoría de la sociedad, estén regularizados o no, tengan salario o no. Es desde ahí que en el 2002 se sostuvo la necesidad de superar la crisis política con la construcción de un movimiento político social y cultural de liberación. La constituyente social fue un intento, que siempre puede ser relanzado más allá de como se la nomine.

Manipulación del poder o masividad movilizada en la disputa

Por eso hay que pensar en la capacidad de movilización manifestadas el 2 y el 3 de junio pasados, aun con diferencias de participantes y motivaciones, ya que ambas ponen en evidencia que los debates en la sociedad se manipulan desde el poder con el peso de los medios privados y monopólicos (cadenas) de información del poder, o se instalan democráticamente desde la masividad de la movilización popular.

Es cierto que no alcanza con movilización, e incluso con organización, ya que se requiere definir el proyecto que indique el rumbo, para mí, anticapitalista, pero este requiere de aquel. No es un detalle menor, que la CTA Autónoma se auto define como una Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.

Sin proyecto o rumbo puede ser estéril cualquier iniciativa, pero no hay proyecto posible sin la dinámica social masiva y movilizada. Eso requiere articular lo diverso, y ensayar búsquedas de acciones que promuevan sujetos para el cambio, que construyan programas y rumbos estratégicos, y en ese camino, resuelvan los adecuados instrumentos para la disputa integral del poder.

Foto: Sala de Prensa

7 junio, 2016/por FM De la Calle

Condenaron a ex concejala por usar pasajes del Penna

Bahia Blanca, Judiciales, Noticias, Política

Gabriela Bustos Arnst fue condenada por falsificación de documento público y fraude a la administración pública y uso de instrumento público falsificado y fraude a la administración pública en un juicio refrendado por el juez José Luis Ares. La pena fue de dos años de prisión en suspenso, 15 mil pesos de multa, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y 200 horas de trabajo comunitario. Fue absuelta por uso de documento público adulterado, delito por el cual serán investigados su padre, su madre y su hermana.

Se trata de la utilización de pasajes del Ministerio de Salud ortorgados al Hospital Penna para presentar ante la empresa Transportes Plaza S.A.C. entre los días 11 de enero y 1 de diciembre de 2011. Para ello, se falsificó la firma al director César Comezaña.

“Con dicho accionar y ardid desplegado, se provocó fraude engañando a la Administración Pública, quien, como consecuencia de ello, resultó perjudicada patrimonialmente por el pago efectuado de los pasajes emitidos a personas no autorizadas”, dijo el juez Ares.

El fiscal Gustavo Zorzano, el defensor particular Gustavo Giorgiani y la propia Bustos Arnst, acordaron el juicio abreviado. El Ministerio Público calificó el ilícito como fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de documentos públicos adulterados y solicitó la imposición de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con la obligación de cumplir con las siguientes reglas de conducta por el plazo de tres años: fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de institución de bien público, fuera de los horarios habituales de trabajo, durante el tiempo que dure la ejecución de las reglas de conducta establecidas, hasta alcanzar la cantidad de trescientas horas (a razón de cien horas por año), multa de veinte mil ($20.000) e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. La defensa prestó conformidad a la calificación y pena junto a su asistida”.

El juez correccional absolvió a la imputada respecto a varios hechos por no haber sido probados y en otros supuestos aplicó el criterio unánime en la doctrina y la jurisprudencia de que no corresponde condenar por el uso del documento falsificado al autor o autora de la falsificación (el uso queda absorbido por la falsificación). Por ello, redujo la pena pactada por las partes y ordenó investigar a familiares de Bustos.

6 junio, 2016/por FM De la Calle

Ruidos en la termoeléctrica

Ambiente, Bahia Blanca, Noticias, Política, Salud

Nuevamente la empresa Central Piedra Buena S.A. fue infraccionada por el Comité Técnico Ejecutivo por la emisión de ruidos molestos. Se recibieron 17 denuncias. Así lo informó hoy la Secretaría de Gestión Ambiental. Otras dos sanciones por el mismo motivo se habían registrado la primera semana de abril.

El hecho más reciente se produjo el viernes 3 de junio a las 20:01 “como consecuencia de la salida de servicio de la unidad 29, provocando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua”.

“La emisión fue registrada por la estación de monitoreo acústico continuo del CTE y constatada por los inspectores. Luego de analizados los registros de niveles sonoros y realizados los cálculos correspondientes se determinó que el mismo superó los límites legales para emisión sonora en horario de descanso”, afirmaron desde la oficina ambiental.

El acta de infracción será enviada, junto a un informe de lo sucedido, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) donde deberían estar en análisis las labradas por Rosana Cappa y Matías Espósito los días 6 y 8 de abril.

Entre las 13:19 y las 13:32 del 8 de abril los ruidos fueron consecuencia de la salida de servicio de la unidad 30: “Se abrieron las válvulas de seguridad de la caldera y se emitió la atmósfera vapor de agua. El ruido fue constatado por los inspectores del CTE superando los límites legales para emisión sonora en horario diurno por lo cual se infraccionó a la empresa. Se recibieron 38 denuncias vecinales y, según informó el municipio, personal del CTE se comunicó con cada unx de lxs vecinxs para comunicarles las actuaciones que se estaban llevando a cabo”.

Según informamos oportunamente, el miércoles 6 de aquel mes, Central Piedra Buena S.A. violó la misma normativa cuando aproximadamente a las 15:09 salió de servicio de la unidad 29 motivando la apertura de las válvulas de seguridad de la caldera y emitiendo a la atmósfera vapor de agua. En dicha ocasión se recibió solo una denuncia.

El OPDS fue duramente cuestionado por el juez correccional José Luis Ares por el “sospechoso”, “sistemático” y “burdo accionar dilatorio” de sus funcionarios en causas de contaminación ambiental. Además dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de acción pública, tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros, por parte de integrantes del organismo provincial que en Bahía Blanca tiene sede en la mismísima Unión Industrial.

El intendente Héctor Gay se comprometió a gestionar el traslado de la delegación a dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental aunque, por el momento, fue solo otro anuncio.

6 junio, 2016/por FM De la Calle

CICOP cerró un 25% hasta agosto

Bahia Blanca, Gremiales, Noticias, Política, Salud

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud provincial, CICOP, alcanzó un acuerdo “integral” con el gobierno bonaerense tras varias semanas de paros y protestas que incluye la recomposición salarial, mejora en las condiciones laborales y avances en la situación previsional.

El presidente del gremio, Fernando Corsiglia, dijo a FM De la Calle que en cuanto a lo salarial se plantó “un esquema a ocho meses con un 25 por ciento de aumento promedio de bolsillo en agosto. En lo que hace a condiciones de trabajo tiene que ver con compromisos que realizó el Ministerio de Salud en relación a cargos, se compromete a 300 cargos y llevar a adelante el proceso de una alta por cada baja que se produzca. Se comprometió a realizar refacciones en 21 establecimientos por un valor de 450 millones de pesos y un aumento de 120 por ciento al presupuesto para insumos en relación al 2015”.

En el aspecto previsional se dará “continuidad a las jubilaciones que estaban en espera, acordamos que los que tienen 60 años de edad o más y 35 años de servicio o más puedan jubilarse, cosa que hasta ahora estaba detenida, sin pagar ningún cargo adicional. Se jubilarían por el viejo régimen. Tenemos 120 días de plazo para discutir acerca de la implementación del decreto actual en relación al cambio jubilatorio”.

En cuanto a la evaluación del prolongado conflicto con el gobierno, Corsiglia aseguró que lograron “instalar en la agenda mediática la cuestión de la salud pública y al mismo tiempo quedó abierta la discusión para todos los problemas que seguimos teniendo. Desde el punto de vista del gremio fue positivo y para la salud pública es un pasito para intentar mejorar”.

6 junio, 2016/por FM De la Calle

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