La vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, Claudia Legnini, aseguró esta mañana en FM De la Calle que “la postura política es clara” y que la recepción de documentación oficial referida a la citación a indagatoria del profesor de Derecho Néstor Montezanti en la causa Triple A, “podría ser parte de un puntapié inicial para una acción efectiva”.

Ayer, el Consejo Superior dio marcha atrás con la intención de suspender  al presidente de la Cámara Federal de sus cargos docentes hasta tanto se resuelva su situación procesal o se realice el juicio académico que se tramita en su contra. “Me tengo que hacer cargo por la institución, sí hay demoras, no todo el mundo piensa igual, hay demoras administrativas, lógicas, burocráticas y demoras hechas ex profeso”, manifestó en torno al juzgamiento que se solicitó en octubre de 2011.

Una de las herramientas que tiene el rector Ricardo Sabbatini -ausente de la sesión por encontrarse en Rosario- es el apartamiento de Montezanti ad referéndum del cuerpo deliberativo. Con los papeles que deberá remitir el juez federal Alejo Ramos Padilla, la decisión la tomarán “los abogados que tenemos en el Consejo Superior que son los que dijeron que no se podía”, afirmó y agregó que “la discusión se había dado a la mañana en la comisión donde algunos fueron con una postura, y después había otras personas que en general, no todos, pensaban que a lo mejor estaba bien el hecho de la suspensión, pero debíamos de tener elementos legales un poco más fuertes”.

“Yo era una de las personas que pensaba que debíamos suspenderlo”, sostuvo Legnini y comprometió en la misma línea de pensamiento al rector Sabbatini: “Creemos que Montezanti es un docente un tanto complicado, soy muy cuidadosa en mis palabras porque el dr. Montezanti suele estar muy atento a lo que se dice y el que no tiene un poco de léxico legal y demás, a veces dice cosas que no corresponden, pero usted me entiende”.

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Luego de las declaraciones de la vicerrectora, visitaron los estudios de la radio la ex consejera y representante de ADUNS, Telma Alonso, impulsora del juicio académico contra la ex secretaria del juez genocida Guillermo Madueño, Gloria Girotti; Dante Patrignani, denunciante de Montezanti en la UNS y el Consejo de la Magistratura; y Alberto Rodríguez, testigo y querellante en la causa Triple A.

“Yo realmente no tenía muchas expectativas de la resolución del Consejo Superior porque, en general, siempre han sido muy tibias las que se han tomado y, por ejemplo en el caso de Girotti hace más de dos años que está el tribunal del juicio académico reunido, convocado, se vencieron todos los plazos y el consejo universitario no hace nada para tratar de que se expida”, comentó Alonso durante el programa En Eso Estamos.

Patrignani reconoció que fue “con alguna expectativa porque sabía que se había reunido la Comisión de Interpretación y Reglamento y habían discutido este punto. Recibí una llamada a mediodía diciéndome que iba a haber una postura de la vicerrectora de la suspensión de Montezanti hasta tanto se aclarara su panorama procesal y pedía que fuéramos como siempre a acompañar esta iniciativa. (…) Pero bueno, evidentemente no había mucha decisión”.

“¿Qué hubiera pasado si lo hubieran suspendido? En todo caso él va a la Cámara, pide una cautelar y en una semana hay que ponerlo de vuelta en su cargo. Ahí nadie pierde nada y dentro de una semana está el trámite formal de un sumario o se vota el juicio académico”, agregó el profesor.

Para Rodríguez “fue durísimo estar ahí presente, escuchar hasta con palabras soeces, una forma de expresarse hacia el público y los demás consejeros lamentablemente no propia de un consejero universitario”.

“Disiento que volvió para atrás, este señor no traiciona ni tiene miedo, es un hombre ideológicamente seguro y juega como el gato maula con los míseros ratones que estábamos ahí. Son gente que levanta la mano en esta vez, pero ¿y todas las demás? Se sacaron de encima el problema. No quieren tomar una posición y están tomando una posición”, dijo en referencia al consejero Guillermo Luccanera.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur no trató la suspensión del docente y presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti, tras su citación a indagatoria por crímenes de lesa humanidad en la causa Triple A.

El abogado fue imputado por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani por su presunta participación en la banda paraestatal y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983. Además, el juez Alejo Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa lo involucran en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza.

Tras un breve debate, el Consejo Superior aprobó una resolución que considera los hechos enrostrados al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 “de extrema gravedad” aunque se limitó a avalar el pedido de documentación efectuado por el rector al juez de la causa.

Durante el encuentro intervino Alberto Rodríguez, uno de los denunciantes del camarista, y afirmó que si “lo legal es lo legal (…) no es justo que Montezanti siga en esta universidad si no reincorporan también a los matones que están detenidos”.

“Eso es lo que deberían hacer. Porque dos años esperando que alguien me traiga un papelito para iniciar un juicio académico, es evidente que no hay intención de ningún tipo para que se haga por parte del Consejo. Porque podrían llamar la atención a esos señores que tienen parado el juicio”, agregó.

“Hace un tiempo atrás hubo un fuerte debate dentro de la comunidad universitaria acerca de un docente del Departamento de Derecho que era integrante de la Cámara de Casación, Sal Llargués, acerca de un fallo bastante polémico e inmediatamente el Departamento de Derecho lo descontrató porque estaba convocado para realizar una especialización. Hay antecedentes como el caso del rector Crapiste que suspendió preventivamente al ex docente Sierra. Yo creo que es de una gravedad que no podemos dejar pasar. Podemos hacer la del avestruz, acá no pasó nada, o tomamos algún tipo de resolución”, afirmó el consejero Roberto Cimatti de la Lista Azul No Docente.

“Te pediría Roberto que me digas en base a qué normas, a qué legislación vamos a tomar alguna medida”, exigió el profesor de la Lista blanca Guillermo Lucanera. Cimatti respondió: “Voy a apelar a normas de ética y convivencia. Pongamos un ejemplo, un integrante de la comunidad universitaria es citado a una indagatoria por una causa de narcotráfico o de delitos sexuales. Creo que eso generaría debate y estoy seguro que lo suspenderíamos. Estamos hablando de un docente que fue imputado por el Ministerio Público Fiscal como participante del terrorismo de Estado, la causa judicial es por delitos de lesa humanidad”.

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Rodríguez manifestó que “esta universidad es vergonzante, no tiene forma de escapar a que haya quienes participaron de la Triple A, quienes tomaron la UTN. El dr. Montezanti está en juicio acreditado por testigos, que junto a los matones de la Triple A tomaron la UTN en el 74. Señores, si quieren el juicio vayan y pídanlo en tribunales al dr. Ares. ¿Cuánto más necesitan para sacar de este medio en que los estudiantes tienen docentes democráticos? ¿Cuánto más? ¿Cuántos abogados más van a salir bajo la ínfula de quien aboga por la pena de muerte todavía como si estuviéramos en el siglo XIX?”.

“Es servicio de información de la dictadura, ¿qué más necesitan? Vayan y vean lo que en el Consejo de la Magistratura está como expediente para el día 25 esperándolo al dr. Montezanti. Ahí van a ver que no solo fue partícipe de la Triple A, integrante de la dictadura, sino que además, maltrata alumnos, a sus empleados. Es impresentable tener a este docente en esta universidad. Voten de una vez. Pónganse los pantalones o decidan y levanten la mano que ustedes están de acuerdo”, concluyó.

Por su parte, Marcelo García Diéguez de Línea Phi propuso tomar completa la “perspectiva de los tiempos”: “En esto empieza con la vuelta de la democracia, estamos hablando de alguien que formó parte de este cuerpo, muchos compartieron (con Montezanti), de golpe parece que nos damos cuenta de la urgencia de los meses y cuando compartimos años en cercanías de trabajo diario no teníamos la misma preocupación de hoy”.

Fuente: www.juiciobahiablanca.wordpress.com

Dos nuevas detenciones se produjeron en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas de la Triple A en Bahía Blanca. Esta vez fue el turno del militante justicialista Osvaldo Omar Pallero y el ex corredor de motos Juan Carlos Curzio. Por estas horas los reos son interrogados por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Completan la lista de represores capturados en la misma causa: Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno. En tanto, el presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti, será indagado el próximo 27.

Curzio fue señalado como integrante de la patota del ex diputado nacional del Frejuli Rodolfo “Fito” Ponce por ex trabajadores del rubro de la construcción que lo padecieron en el marco de las internas gremiales de la UOCRA a principios de los setenta. Luego fue contratado por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay.

Pallero integró, a partir del 17 de marzo de 1975, la primera tanda de dicho “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS.

Los organismos de inteligencia lo identificaron en la época de los hechos como miembro de la Junta Nacional de Granos y de la Juventud Sindical Peronista. Como tal fue parte de los grupos de choque que, a instancias de Ponce, tomaron la UTN en defensa del rector Emilio Garófoli.

Junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, Pallero viajó a Santa Fe en 1975 con la misión de “detectar a posibles elementos de izquierda que actuaran dentro de la Comisión Directiva y resto del personal de la Junta Nacional de Granos”.

Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia solicitaron en abril la investigación de un grupo de civiles acusados de conformar una asociación ilícita con el objetivo de llevar adelante la “erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

En su requisitoria los funcionarios incluyeron 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado inmediatamente anterior al golpe del 24 de marzo, “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantes”.

Sostuvieron que todos los casos bajo estudio evidencian “los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, siendo su carácter más notorio la actuación de grupos paraestatales, “bajo la dirección de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal”.

Fuente: www.juiciobahiablanca.wordpress.com

Esta tarde el Consejo Superior Universitario analizará un proyecto para suspender en sus cargos al docente de derecho Néstor Luis Montezanti hasta se resuelva su situación procesal o se inicie el juicio académico que se tramita en su contra. La sesión será a las 18 en Colón 80

Recordamos que el también presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Alejo Ramos Padilla para el próximo 27 de agosto. El abogado fue imputado por los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani por su posible y presunta participación en la banda paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983.

Según publicó fiscales.gob, al fundamentar la citación a indagatoria sobre Montezanti, Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto a su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza.

Ex militante de la Juventud Peronista con actividad social en el Barrio 17 de Agosto, Riquelme Esparza se desempeñaba como enfermero en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. A mediados de 1977, fue secuestrado de ese lugar y trasladado al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde fue víctima de torturas durante los reiterados interrogatorios a los cuales fue sometido. Su testimonio ubica a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la UOM, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.

Suteba cumple hoy su primera jornada del paro por 48 horas resuelto en la asamblea previa al receso invernal. En una reunión docente, esta mañana decidieron convocar a una nueva Marcha de los Guardapolvos Blancos junto a otros gremios para unificar las demandas en torno a la salud y la educación. Será el próximo viernes a las 18.

Las y los maestros bahienses llevarán mañana al plenario de seccionales opositoras de Suteba la intención de continuar denunciando las falencias que presenta el sistema educativo provincial en “la mayor unidad posible con el resto de los trabajadores estatales”, aseguró Gabriela Delfino por FM De la Calle.

“De cara a las elecciones de las PASO donde hay un gobernador que muy probablemente sea el próximo presidente, la situación de la educación y de la salud públicas en la provincia de Buenos Aires no ha variado y ese es el modelo que se propone para todo el país”, agregó la secretaria general.

La dirigente destacó que durante la asamblea una docente propuso “hacer una marcha de los guardapolvos blancos y de antorchas denunciando la situación de precarización de la educación pública, esa precarización implica infraestructura, falta de cargos, pero sobre todo un proyecto político que tiende a que los chicos aprendan poco y favorece el gran negocio de la educación privada sosteniendo desde el sector público a las escuelas de gestión privada. Nos parece bárbaro hacer una marcha de los guardapolvos blancos fuera del horario escolar, el viernes a las 18”.

Consultada sobre la existencia de algún diálogo con el gobierno durante el receso, Delfino afirmó: “No, ni lo tenían pensado, por supuesto. En eso también tiene que ver la posición que toma la conducción provincial, frente a todo esto lo único que hizo (Roberto) Baradel fue presentar un reclamo ante la justicia, que no me cabe ninguna duda que lo presenta por todo el movimiento y las acciones que hemos realizado desde las seccionales del conurbano, por ejemplo por el tema del no cobro. Pero es algo que podría haberse solucionado tranquilamente el año pasado o el anterior en el marco de un paro que tenía una adhesión masiva y no lo hizo”.

“Esta conducción sindical está aliada con este gobierno, dice públicamente que está con este proyecto, y las consecuencias son dejar de lado lo más básico que es la defensa de los trabajadores”, concluyó.

Ese fue el lema de la actividad que se realizó este domingo en Villa Nocito para impulsar la erradicación de los basurales del sector. El encuentro organizado por vecinas y vecinos del barrio junto al Merendero Popular Ernesto Che Guevara y el Colectivo Pueblo en Lucha, contó con una charla sobre la salud y los basurales a cargo de la dra. Selva Lamtzev, la pintada de un mural y merienda.

Un par de días antes, Claudia Meza dialogó con el programa En Eso Estamos de FM De la Calle y adelantó detalles de los reclamos contra el basural: “Es increíble lo que hay, hicieron una pista de salud arriba, ahí los chicos no pueden ir a jugar. La verdad, no se puede. Volvieron las ratas, la Escuela 36 tiene comedor y en las vacaciones de invierno lo tuvieron que suspender por el problema de las ratas otra vez. Todo por el basural”.

“Prometieron mucho, hicimos unas reuniones y todo, que van a hacer esto, que iban a sacar la basura. La basura la dan vuelta, venían las palas y la revolvían. Eso con el viento y el agua vuelve a salir. (…) Habíamos quedado de acuerdo que incluso íbamos a hacer reuniones, nos iban a dar una mano para conocer todas las enfermedades, ayudarnos, nos iban a dar hasta el cebo para las ratas, nos iban a enseñar cómo usar todo, pero eso quedó en la nada. Nunca. Nada”, agregó sobre la atención del municipio.

Por otra parte, apuntó a personas que no son del barrio pero se acercan a usarlo de vertedero. “Gente de afuera que viene, saca la basura del auto, de la camioneta, y te tiran toda la basura ahí. ¿Por qué hacen esa clase de cosas? Que vos me digas ‘bueno es el vecino, todo el barrio’… pero no. Todo es de afuera, esa basura se juntó de afuera y de los camiones que venían de la Municipalidad y tiraban. Del mismo municipio venían”.

“Eso se paró un poco cuando nosotros empezamos a reclamar, pero la gente de afuera viene por la avda. Buenos Aires que es la costa del canal y el frigorífico. Yo te puedo decir que están las cuadrillas del municipio que dejan todo limpito, pero pasaste a las dos horas que la gente se fue y viene un auto y te tira la basura. No sé cómo hay que enseñarle a la gente que no tire basura”, insistió.

Finalmente, advirtió que aunque a sus vecinxs “les cuesta salir de la casa, con el asunto de las ratas tenemos todos el mismo problema”.

Foto: Pueblo en Lucha.

Aníbal Faccendini es director de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario y uno de los creadores del “derecho de jarras” con el cual pretenden concientizar y generar “una cultura del agua sana”. La iniciativa incluye proyectos legislativos que ya se discuten en la provincia de Santa Fe y la difusión de este concepto jurídico y sociológico para su reproducción a nivel nacional.

“Hay cerca de 1100 millones de personas que no acceden a agua sana, tenemos cuatro mil niños que mueren por día y en África cerca de 135 millones de personas que se enferman por no acceder a agua sana. Si le agregamos los dos millones de adultos que se mueren por año, la situación realmente es de un biocidio grave donde ha llegado el momento que en los mínimos actos cotidianos se empiece a generar cultura, conciencia aquí y ahora”, declaró a FM De la Calle.

El abogado se propone además “denunciar que la pobreza, como la esclavitud en su momento, no es normal, no es correcto, es pura patología social y lo genera un sistema determinado para permitir acumulación de unos pocos. Necesita ese sistema desposeer de los bienes comunes necesarios a muchísimos otros. El agua donde es escasa, donde no hay, hay pobreza. No es que no les llega a todos, no les llega a los pobres. La escasez social del agua denuncia la injusticia social y ambiental que padece ese ciudadano porque no accede al agua sana para vivir”.

“El derecho de Jarras es una creación sociológica, jurídica, de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario como un concepto, un instrumento inédito para Argentina y América Latina, que consiste fundamentalmente en que la gente cuando va a un bar, este es uno de los aspectos, tenga la posibilidad de ejercer este derecho en forma operativa e inmediata. Apenas se sienta en un bar para consumir algo, el mozo le acerca una jarra de agua en forma automática como cuando le acercan los cubiertos”, explicó.

El docente detalló que “otro aspecto es que el ente de administración pública -tanto provincial, municipal o nacional- garantice a los empleados, como así también a nuestros legisladores en los tres niveles del Estado federal el acceso a esta jarra de agua. En los ámbitos laborales privados, muchos de los lugares de producción tanto a nivel comercial, industrial o de servicios, aunque parezca insólito, muchas veces en jornadas de ocho horas no están garantizados dos litros de agua por día por persona”.

La fundamentación no solo se basa en el carácter elemental del acceso al líquido sino a las pruebas científicas que advierten que es un alimento insustituible: “Yo puedo pasar un mes sin comer sólidos pero no puedo pasar más de 72 horas sin tomar agua, el agua es constitutiva, esencial de la vida y nuestro cuerpo, el 75 por ciento de su composición es agua y a medida que nos acercamos a la vejez se reduce del 75 al 50 por ciento”.

Contra la privatización

Faccendini explicó que el agua como el aire son bienes comunes, por lo tanto, “a diferencia de los dos elementos de propiedad que hemos conocido los humanos que son la propiedad privada y lo que se llamó el socialismo real, (…) el bien común es la propiedad de todos en forma colectiva pero individual y en forma simultánea, de manera que nadie se pueda adjudicar la propiedad del agua sana o que se tiene que tomar”. Además, aseguró que la privatización del agua “fue nefasta como Aguas Argentinas, Aguas de Córdoba, de Santa Fe, como en su momento Azurix en la provincia de Buenos Aires o Aguas de Aconquija en Tucumán”.

Para el especialista, brindar agua de calidad a la población sigue siendo un desafío de los estados provincial y nacional ya que, por ejemplo, cerca de cuatro millones de argetinxs están expuestxs al arsénico. Hacen falta inversiones “para acceder a agua de rio que es la mejor” o, si es agua de pozo, mejorarla “mediante la osmosis inversa con todos los gastos que eso implica”.

“Una cosa es agua corriente y otra sana o potable. Yo puedo tener agua corriente que sale del caño pero no ser agua sana. La única sana es la que se pude tomar, si no, no es consumible y eso significa que no es potable. Servirá para bañarse, hacer cuestiones domésticas, pero no sirve para tomar”, detalló.

Por otra parte, el abogado advirtió que el nuevo Código Civil quitó el artículo 241 que establecía que el acceso al agua es un derecho humano esencial. “Estamos hablando de una cultura estatal con un atraso de 50 años, es nuevo el planteo pero siempre fue un derecho humano esencial, es como si alguien puede decir si tenemos derecho al acceso al aire puro. El sistema tan mercantilizado hace que la gente asuma como normal algo que es absolutamente anormal y hasta loco, que es que bienes que son esenciales para la vida lo tomen como algo natural que estén con niveles de contaminación que puedan afectarle la salud”.

El capitalismo fabrica pobres

Con la misma lógica de desnaturalización de problemáticas provocadas por el ser humano, Faccendini integra un colectivo que pretende que la ONU declare ilegal la pobreza.

“En el reino animal no racional no hay pobres, no hay monos pobres y monos ricos, habrá otra disputa de supervivencia pero no hay disputa de la construcción social de las comunidades del hombre que se construyen pobres. El capitalismo de la modernidad ha constituido y producido continuamente pobres que no acceden a los bienes esenciales y lo más terrible es que se ha generado una pedagogía de la pobreza en el sentido de generar en el pobre una situación de cierto estándar”.

“Primero que la pobreza es normal y de normal no tiene absolutamente nada. Segundo, si es pobre es por culpa de él, por ineptitud, por debilidad, por falta de inteligencia, o sea, en ese caso estamos en un proceso de doble victimización. Es víctima social por la pobreza y después, culturalmente se los victimiza como culpables de esa propuesta”, agregó.

En tercer término remarcó que “el sistema de esta modernidad pone al descubierto que la pobreza marca no solamente un biocidio, no solamente una lesa ambientalidad, porque el hombre forma parte de la comunidad biológica junto con los otros animales no racionales y evidentemente si hay pobres, esa pobreza afectada a una de las especies vivas sobre el planeta está afectando y lesionando el ambiente. No es solamente un problema económico, social, psicológico, sociológico sino también es un problema ambiental”.

Adolfo “Fito” Aguirre, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente Popular y su precandidato a diputado nacional, Claudio Giorno visitaron FM De la Calle en los últimos días de la campaña electoral.

“Uno de los primeros puntos es plantear que el ambiente es para todos, tomamos la decisión con todos los candidatos en desarrollar un tour socioambiental que en las distintas recorridas marque el nivel de contaminación, quiénes son los que producen esto y los que facilitan la cuestión. Sabemos que todo está conectado”, aseguró Aguirre.

El dirigente de ATE manifestó que se propusieron”colocarlo en la agenda política y además cuestionar el modelo de desarrollo urbanístico, porque se discrimina situando un suelo rico y un suelo pobre favoreciendo una burbuja inmobiliaria”.

“Las anomalías del sálvese quien pueda están haciendo generar inundaciones por la falta de desagües, no tener noción del cambio climático y modificar cuestiones naturales como retocar los arroyos para hacer country es peligroso. Estos temas no están en el show político”, afirmaron los precandidatos.

Claudio Giorno declaró que “el Congreso Nacional debería plantear las condiciones de vida que necesite el pueblo. Las consecuencias de las relaciones con el modelo extractivitas, de saqueo, está desde hace varias décadas, contradiciendo al relato nacional y popular. Hay que plantear modelos como el agropecuario de cultivaciones variadas”.

Al ser consultado sobre la calidad del servicio de la empresa ABSA, Aguirre dijo que “no hay planeamiento, lo último fue con Perón. Desde los ’90 que al Estado lo transfirieron al mercado libre competencia, todo se mueve con presupuestos, por eso en el tema del agua hay que pensar en un gran proyecto de estructura”.

Texto: Diego García. 

“¿Sabés cuánto estuvimos peleando por eso?”, preguntó Enrique Garaggiola, presidente de la cooperativa del Frigorífico INCOB, al ser consultado sobre el anuncio del gobernador Daniel Scioli sobre la creación del Ministerio de Economía Popular si llega a la presidencia.

El trabajador aseguró a FM De la Calle que “planificamos todo lo que podíamos hacer y estar fuera del Ministerio de Trabajo que maneja plata de las Naciones Unidas. ¡Nosotros queremos plata del presupuesto nacional para hacernos cargo de la producción! Para pedir plata a las Naciones Unidas les tenés que presentar las manos de Perón y las manos de Perón no las van a encontrar, no las tenemos nosotros ni las tiene nadie”.

“Hace seis años de estas reuniones que hemos tenido con (el secretario de Agricultura Familiar y dirigente del Movimiento Evita, Emilio) Pérsico para que se genere un Ministerio de Economía Popular pero que intervengan los laburantes, no los vivos de siempre. Como fue en su momento el MNER, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas que se generó por necesidad pero se dividió tanto porque después empieza el ego, todos tenemos alma de líder. Se desarmó el MNER, algunos hicieron federaciones, otros confederaciones, otros están en el gobierno nacional, ¿quién quedo? Murúa”, dijo.

Garagiola afirmó que el referente de IMPA, Eduardo “Vasco” Murúa, dejó tiempo atrás la conducción del MNER y ahora reapareció junto a Scioli. “Cuando se va a generar algo, otra vez vienen como para ver”, afirmó el titular de INCOB y concluyó que “en ese ministerio tienen que participar los laburantes, que sea regional, que lo hagan como lo hagan, pero que no comentan el error de que sea otro ministerio privatizado”.

Jóvenes en conflicto con la ley penal en el frigorífico

Quince jóvenes en conflicto con la ley penal tutelados por el Centro de Referencia de Bahía Blanca son capacitados por trabajadores del Frigorífico INCOB. La actividad inició con una recorrida por la planta del ex Paloni y el acompañamiento de algunos de los fundadores de la cooperativa.

Durante el paseo, los chicos recorrieron las instalaciones del establecimiento y se interiorizaron sobre la cadena de producción del frigorífico. Además, compartieron con los trabajadores sus experiencias sobre el proceso de recuperación de la fábrica y el funcionamiento de las cooperativas de trabajo.

“El único camino que es viable es el del trabajo, ser buena persona, buen hijo, buen padre, buen hermano. Entonces, le dimos oportunidad al chico de que pueda venir a trabajar acá. (…) Nos pusimos a disposición, algunos chicos está bárbaro que les haya pasado esto porque empezaron con la disciplina del horario de entrada, hay uno que sale cinco menos cuarto de la mañana para llegar seis menos cuarto acá, a pie se viene desde Spurr. Ese chico quiere cambiar, ese chico vio que hay alguien que le puede dar una mano y es la salida que necesita”, manifestó Garaggiola.

La iniciativa surgió por la necesidad de encontrar espacios de inclusión laboral para los chicos que se encuentran cumpliendo medidas alternativas a la privación de la libertad. Los jóvenes asisten una vez por semana en grupos reducidos para conocer y aprender el oficio. El espacio de formación está coordinado por los trabajadores de la planta y los pibes asisten al establecimiento acompañados por operadores socio-comunitarios.

Además, Garaggiola se refirió durante la entrevista a la situación del frigorífico INCOB y las gestiones para reabrir el ex Villa Olga bajo control de sus trabajadores y con la denominación “Fortín Cuatreros”. Escuchá la nota completa:

La impunidad y la represión de ayer y hoy fue el tema de la charla encabezada por Alejandrina Barry el último viernes en Bahía Blanca. Hija de desaparecidos y querellante en la causa contra Editorial Atlántida, Barry es precandidata a diputada nacional por la lista del PTS en el Frente de Izquierda.

“Mi candidatura tiene que ver con levantar esa voz y poder llegar al Congreso de la Nación donde esté representada esta pelea (contra) la impunidad y la represión, nuestras listas además de la cantidad de trabajadores, de mujeres que luchamos por nuestros derechos y de jóvenes es la cantidad de hijos, familiares y referentes de organismos de derechos humanos como mi compañera Victoria Moyano que es precandidata a diputada nacional por Capital Federal con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo”, dijo en su visita a FM De la Calle.

La integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos aseguró que hoy la represión y la impunidad se encuentra “en las calles por la desaparición de Julio López y de Luciano Arruga” y en el Proyecto X, una metodología de “infiltración de Gendarmería Nacional, particularmente sobre las organizaciones de trabajadores, de los delegados de base, mostrando la continuidad del aparato de inteligencia de la dictadura”.

Además destacó la represión sufrida en los últimos años por el pueblo qom, “hace tres semanas tuvimos que salir corriendo hacia el acampe porque lo rodeó la Policía Federal (…) vienen a Capital a reclamar y son rodeados para impedir que levanten la voz y puedan seguir reclamando por sus derechos”.

“Estamos discutiendo mucho con los jóvenes, con los trabajadores, que han tenido expectativas con las banderas o el discurso que ha levantado este gobierno en favor de los derechos humanos”, sostuvo Barry y detalló que, en ese sentido, colaboran el sostenimiento de César Milani como jefe del Ejército “hasta que las denuncias eran tan abrumadoras” y la postulación de Daniel Scioli a la presidencia.

Respecto a las políticas de seguridad pública, la precandidata mencionó que “el 45 por ciento de los casos de gatillo fácil son de la provincia de Buenos Aires” y que la creación de la policía local “es parte de la decadencia de los políticos tradicionales que lo único que tienen para ofrecer es la inauguración de nuevas policías. El presupuesto para salud, trabajo para los jóvenes, es bajísimo pero sus grandes inauguraciones son policías en todos lados, se han incorporado 15 mil a la provincia donde muchos de ellos son exonerados, casi una amnistía general a los que fueron protagonistas de violaciones a los derechos humanos. En esto no tienen diferencia ni Macri, ni Scioli ni Massa”.

Contra los responsables civiles

En el primer tramo de la entrevista, Barry comentó que días atrás presentó un amicus curiae junto a otrxs referentes y organismos de derechos humanos, en la causa contra el ex secretario de redacción de la revista Para Tí, Agustín Botinelli.

La presentación apunta a revertir la falta de mérito otorgada al imputado meses atrás, en sintonía con los fallos que favorecieron a Vicente Massot y Pedro Blaquier, y “hace un planteo para que se avance en juzgamiento sobre el conjunto de los civiles” entendiendo que se trata de una misma política para empantanar las causas.

Además de Botinelli, la querella de Barry imputó a los hermanos Vigil -el único vivo es el ex director de El Gráfico-, y los ex secretarios de redacción de Gente, Chiche Gelblum, y Somos, Héctor D’Amico. Los hechos están relacionados a las acciones psicológicas desplegadas a partir del montaje de notas supuestamente periodísticas en la que se mostraba a Alejandrina como una niña abandonada por sus padres guerrilleros.

La querellante recordó que “fue una investigación de muchos años junto con mi familia, mis compañeros de militancia, ese mensaje que daban los militares ‘Alejandra está sola por culpa de sus padres subversivos’ no es lo que pasó en la realidad. En principio nunca estuve sola porque fui criada por mi abuela materna y desde que me enteré que era hija de desaparecidos, que me convertí en militante por los derechos humanos, siempre estuve acompañada por mis compañeros del CEPRODH, del PTS y todos los organismos”.

“En ese camino pudimos investigar mucho y ofrecer pruebas contundentes a la justicia sobre cómo se había armado ese operativo de prensa, que se había dado en el marco de un operativo conjunto de las fuerzas armadas uruguayas y de Argentina, la patota de la ESMA es la que viaja a Uruguay a asesinar y desaparecer a mis padres, me tienen apropiada unos días cuando montan ese operativo de prensa. Esas pruebas las aportamos mostrando que la relación entre la ESMA y Editorial Atlántida era absolutamente carnal, el caso mío no fue el único sino que fue un modus operandi durante toda la dictadura”.

Horas después de la destitución de Ricardo Pera los concejales Raúl Woscoff y Gustavo Mandará; la mamá de Daiana Herlein, Lorena Zerneri; y el abogado defensor del ex edil del Frente Renovador, Carlos Andreucci, analizaron los resultados de la sesión especial en el aire de FM De la Calle.

Woscoff apuntó a la injerencia del intendente

El presidente del bloque de Integración Ciudadana, Raúl Woscoff, recordó que durante su intervención en la sesión especial destacó “la gravitación que tiene el reglamento interno del Concejo” que rige “aspectos y obligaciones para los concejales” como la obligatoriedad de concurrir a las sesiones y de integrar las comisiones internas “pero no la de una eventual investigadora”. Uno de los puntos cuestionados por la defensa de Pera fue que ediles que asumieron en representación de su bloque, luego no continuaron por “una incompatibilidad ética en razón de que habían sido víctimas”.

“Los cuatro episodios que marcaron la responsabilidad, para nosotros en carácter grave o gravísimo, ocurrieron dos en el recinto, uno en el primer piso del Concejo y otro en la puerta de acceso. Esto es como profanar el ámbito de la civilidad, es como no tomar en cuenta esas particularidades que se dan en el escenario en el que han ocurrido”, sostuvo durante el programa En Eso Estamos.

El legislador remarcó la coincidencia entre el planteo del abogado Andreucci, el del vocero del bloque del Frente Renovador y la postura del intendente Gustavo Bevilacqua quien “solicitó a pedido de Pera un informe y un dictamen a la Asesoría General de Gobierno”. “Yo a eso lo califico de presión a los concejales y al Concejo porque él sabe que es notoria y manifiestamente improcedente. (…) La injerencia del intendente en una decisión que es propia del Concejo es de un alcance y trascendencia que no se puede obviar y que creo que va a merecer algún tratamiento posterior por parte del cuerpo”, dijo.

“La comisión prejuzgó”

El concejal destituido prefirió no presenciar la sesión y fue defendido en el recinto por el abogado Carlos Andreucci, quien realizó un extenso alegato planteando “vicios de procedimiento” y cuestionando “la ponderación de los hechos” que hizo la mayoría legislativa al “darlos por ciertos y considerarlos con la gravedad como para la destitución”.

“La primera parte es la que se va a controlar desde el punto de vista judicial, es la regularidad de lo que la comisión debió haber hecho y no hizo. Esto era inevitable de plantear porque hay un procedimiento, una legalidad que se debe respetar y que advertimos desde el inicio que no la estaban haciendo”, manifestó Andreucci en Tarde Piaste.

El letrado interpretó que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que los hechos deben ser “precisamente” definidos para que el pleno del Concejo derive la investigación a una comisión especial y “ese es un primer tema que acá no se respetó”.

En segundo término, afirmó que la comisión debe estar integrada por representantes de todos los bloques y si bien comenzó siendo así, luego lxs edilxs agredidos decidieron apartarse por “cuestiones éticas”. “Declinaron estar los titulares pero debieron hacerlo los suplentes”, comentó Andreucci y agregó que “esto en la jurisprudencia de la Corte fulmina todo tipo de tareas”.

Además, el abogado criticó la toma de declaraciones sin identificar a los testigos y el supuesto prejuzgamiento por parte de lxs investigadorxs. “Cuando nos dan el traslado para hacer la defensa, la comisión hace un informe preliminar calificando en ese momento la gravedad de los hechos y sosteniendo que todos estaban probados y eran infracciones graves. Esto no lo puede hacer la comisión que tiene que juntar las pruebas y mandárselas al cuerpo para su evaluación. La comisión prejuzgó”, declaró el defensor.

En conclusión, Andreucci planteó un “conflicto de poderes” que pone la decisión final en manos de la Suprema Corte de Justicia provincial. El plazo para formalizar el planteo es de cinco días hábiles a contar desde el fin de la feria judicial. Mientras tanto, Pera continúa en su cargo aunque -rechazando la sugerencia de su abogado- prefirió no presentarse en la sesión ordinaria de este jueves.

“Me parece justo”

Lorena Zerneri es la madre de la adolescente Daiana Herlein, fallecida por la caída de una rama sobre su cabeza en el Parque de Mayo, e hija de Irma Díaz, una de las personas agredidas por Pera en la vereda del Concejo tras la interpelación a un funcionario municipal.

En diálogo con FM De la Calle aseguró que “tenía dudas” de que pudiesen juntarse los votos suficientes para tomar una decisión a partir del trabajo de la comisión investigadora. “En todo ámbito la sociedad está diciendo no a la violencia y no se puede permitir esto dentro de una institución, ya con varios antecedentes. Era lo que tenían que hacer. Más allá de que a mí me tocó de manera personal, con mi mamá, con un altercado conmigo, creo que lo sucedió también con sus pares fue importante y supongo que la comisión habrá hecho su trabajo como tenía que hacerlo, con seriedad y resolvieron lo que más o menos todos los vecinos esperaban”.

Zerneri recordó la labor de la comisión especial conformada para investigar las responsabilidades políticas sobre la muerte de su hija, cuyo dictamen mayoritario recomendaba la renuncia de varios funcionarios del gabinete comunal -decisión que solo podía ejecutar el intendente- la destitución del concejal Fabio Pierdominici.

“Lo de Daiana quedó en la nada, se hizo todo un trabajo y luego no se juntaron ni siquiera los 13 votos para hacer el tratamiento en una sesión. Sabemos que hay un grupo de concejales que no trabajan para quienes los votaron, para el pueblo, para los ciudadanos sino para su representante político porque todo ese grupo que no votó es la gente de Larraburu. Y ellos que hacen campaña en contra de la violencia, la delincuencia y demás son los primeros en apoyar este tipo de cosas, lo mismo que el intendente”, dijo.

Asimismo, calificó de “vergonzosa” la actitud de Gustavo Bevilacqua: “Yo cuando escuché que decía ‘no voy a hacer declaraciones porque es mi amigo’. Por favor! Es el intendente, no es el amigo de Pera que está en la Municipalidad. Ya no debería sorprenderme este tipo de declaraciones pero bueno… No se puede creer que esta persona siga en su puesto diciendo semejantes pavadas”.

Sí o no a la violencia

“El despacho de la mayoría tenía la solidez suficiente para acompañarlo, somos uno de los bloques que ni siquiera participó de la comisión investigadora”, afirmó Gustavo Mandará, integrante del Frente para la Victoria 27 de Octubre y una de las víctimas de Pera.

El edil manifestó que, según el abogado Andreucci, “Mendoza se tragó el codo de Pera, Quartucci fue a prepear a Pera, Massarella se tragó con la cabeza a Pera y yo me tragué una silla. Contamos once personas que lo vieron, aportamos solamente dos testigos por un tema de decoro y para no exponer a empleados del Concejo Deliberante a la situación de tener que declarar en una comisión investigadora. Lo vio mucha gente y lo vio otra gente que dijo que no lo vio, pero allá ellos”.

“Me parece que echa por tierra la muy sesuda y leguleya defensa de Andreucci, que para eso le pagaron al hombre, (que) no hay que perder de vista que es si violencia sí o violencia no. Las tres horas de exposición de Andreucci las escuché todas y en ningún momento hay un mínimo atenuante a alguna de las conductas violentas de Pera que me parece que es lo que está en el tapete y es lo que la ciudadanía ha llamado la atención”.

Mandará se preguntó “con qué autoridad uno puede condenar la violencia de otro si cuando le acontece a uno mira para otro lado” y aclaró que “a Pera no se lo evaluó en tanto representante de la UTA o de los trabajadores sino en tanto persona que cometió conductas violentas. Lo mismo aplica para un filósofo, un abogado o un verdulero, con todo respeto. En ningún momento está en tela de juicio la condición sindical de Pera o, como se pretendió esgrimir cuando salía la CGT a decir que ésta era una persecución a los trabajadores”.

El Concejo Deliberante destituyó esta noche al concejal por el Frente Renovador, Ricardo Pera. La resolución fue tomada por el cuerpo en Sesión Especial, luego de aprobar por mayoría, en lo general y de manera nominal (16 votos afirmativos contra 7 votos negativos) el despacho por el que se dispuso aplicarle la sanción de destitución prevista en el art. 254 inciso 3) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El titular de la Unión Tranviarios Automotor, quien asumió el cargo en representación del Frente para la Victoria y luego pasó al bloque del massismo, estuvo ausente durante la jornada y fue representado por su abogado Carlos Alberto Andreucci. Adelantaron que apelarán la medida ante la justicia.

La mayoría de los y las legisladoras presentes calificaron como “graves” los hechos que involucran al ahora ex edil contra el vecino Marcelo Águila y el concejal Nicolas Vitalini; y como “gravísimos” los hechos en los que resultaron afectados Irma Rosa Díaz, abuela de Daiana Herlein, joven fallecida por la caída de una rama en el Parque de Mayo, y los concejales Sergio Massarella y Gustavo Mandará del FpV 27 de Octubre.

El deliberativo desestimó, en primer término, la recusación pretendida contra los concejales Gustavo Mandará, Manuel Mendoza, Sergio Massarella, Raúl Woscoff, Nicolás Vitalini, Raúl Ayude, Elisa Quartucci, Soledad Espina y Ramiro Villalba. Asimismo, se rechazó el planteo de nulidad del decreto del Honorable Concejo Deliberante de fecha 15 de enero de 2015, así como del Decreto de Presidencia nº 91 de fecha 29 de enero de 2015.

También fue rechazado el planteo de nulidad relacionado con el encuadramiento de las conductas dentro del art. 249 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por otra parte, se aprobó la actuación llevada a cabo por la Comisión Investigadora, dando por válida su conformación, y desestimando la nulidad pretendida.

La audiencia comenzó con un par de horas de demora en un edificio vallado y con control policial en la calle. Solo pudieron ingresar empleadxs del Concejo y medios de prensa acreditados.

La semana anterior el titular de la CGT, Miguel Aolita, intentó sin éxito desde la Banca 25 que se permita el ingreso de militantes de la central obrera y el gremio de colectiveros.

Manuel Bertoldi y Francisco Álvarez son integrantes de Patria Grande. El pasado martes visitaron el estudio Heinrich y Loyola de FM De la Calle para expresar a la ciudadanía de Bahía Blanca cuáles son sus puntos de vista sobre la agenda política bonaerense y nacional.

El partido Patria Grande es el resultado de la confluencia de muchas agrupaciones que se organizan en los barrios populares, en ámbitos como la economía popular, en sindicatos y en universidades. Estas organizaciones resolvieron articularse y sumar a sus espacios de militancia de base, la intervención en el debate público de las elecciones.

Patria Grande ya participó en dos experiencias electorales en las ciudades de La Plata y Luján. Estos precedentes, apuntó Bertoldi, estimularon la construcción de la personería electoral en la provincia de Buenos Aires. “En el 2013, hicimos dos presentaciones locales, una en la ciudad de La Plata y otra en Luján, donde, afortunadamente, se superaron las expectativas que teníamos como fuerza. En Buenos Aires, tuvimos que hacer una fuerte trabajo de convidar esta propuesta a más de 10.000 afiliados”.

Bertoldi es ingeniero agrónomo y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Comenzó su participación política en el movimiento estudiantil a fines de los años ’90 y, posteriormente, acompañó el desarrollo del Movimientos de Trabajadores Desocupados de Berisso. Desde el 2011, integra la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA. Para las próximas elecciones se postula como candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires.

Ambos invitados fundamentaron que si bien el escenario económico, político y social actual es distinto al del año 2001, aún quedan temas pendientes, como por ejemplo el agronegocio, el medio ambiente y la dependencia de la economía, temas que siguen afectando a la clase trabajadora. “La dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo la instalan los medios y es falsa. Hay que reconocer ciertas victorias que nuestro pueblo ha conseguido en los últimos años, pero también poner el debate en temas que no se han querido trabajar, en términos más de cambios estructurales, para tener un país soberano, con justicia social y protagonismo popular”, sostuvo Bertoldi.

Patria Grande no se caracteriza por tener un aparato político fuerte, por el contrario, su mayor herramienta es la militancia. Los activistas de esta propuesta electoral se identifican con las luchas de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, piqueteros asesinados durante la gestión de Eduardo Duhalde, en lo que se llamó la ‘Masacre de Avellaneda’ de junio de 2002. “Ellos dieron su vida por un proyecto con justicia, y ésta no es posible en el capitalismo, eso ya quedó históricamente demostrado, hay que insistir de nuevo con el socialismo”, señaló Álvarez.

Reflexionando sobre la agenda política que instaló el oficialismo, desde Patria Grande se reconoce la decisión de incluir en el debate público a un Estado más presente. Sin embargo, no coinciden en cómo se dio esa implementación, en el sentido de que los sectores populares no alcanzaron a beneficiarse del conjunto de las políticas sociales. “Vemos que hay una segmentación de las políticas públicas porque llegan a algunos sectores sociales y a otros sectores siguen estado marginados y excluidos. En salud todavía hay deficiencias estructurales en los barrios periféricos, nos encontramos con salitas médicas que carecen de profesionales y materiales, ambulancias que tardan horas en llegar a pesar de estar próximas a los centros urbanos. Ahí el Estado no ha construido materalidad”.

La política en materia de seguridad es interpretada como una lógica de control social, que a su vez se consolida con el marketing electoral. El aumento de fondos económicos para esta cartera no significó una reducción en las estadísticas. “A la seguridad hay que ponerla en el debate público en función de lo que ha sido, por más de 20 años, la gestión del Partido Justicialista. Se pasó de 15.000 presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires a más de 35.000 presos y los índices de inseguridad se han mantenido. Las policías comunales que uno, a priori, las entiende como policías que intentan sacarle cierto margen de control a la policía provincial -una institución totalmente corrompida-, sin embargo son un parche porque le da un arma a un chico que ingresa y solamente con un curso de seis meses lo largan a la calle. En Bahía Blanca arrancaban hoy, ¿no?”, preguntó el entrevistado, haciendo alusión a los 300 policías que Daniel Scioli puso en funcionamiento la semana pasada.

Además, las políticas para contrarrestar la inseguridad no están atacando sus verdaderos causantes, que son el negocio de autopartes, el narcotráfico y la red de tratas, porque tienen intereses en esos grandes negocios. “Así salen a la luz casos emblemáticos como el de Luciano Arruga, donde quedó demostrado cómo la policía extorsiona a los pibes de los barrios humildes para que salgan a robar para ellos. Como Luciano se opuso a ese apriete en el destacamento de Lomas del Mirador fue torturado y perseguido”, recordó el candidato.

Según los entrevistados hay fondos económicos en la provincia, lo fundamental es analizar cómo se manejan y apostar a una nueva redistribución: “Habría que hacer una redistribución presupuestaria de los recursos, hay que ir a quitarle poder a los poderes económicos concentrados, que todavía se apropian de gran parte de la riqueza que genera nuestro pueblo”.

Haciendo foco en la gestión portuaria de la provincia, Bertoldi indicó que unas pocas empresas multinacionales centralizan el comercio de granos del país, quedándose con la mejor parte. “Esa renta extraordinaria que se genera de las producciones son apropiadas por algunas multinacionales. Hay que tener una política para deconstruir ese poder, que se construyó desde las dictaduras militares para acá”.

Un camino para contrarrestar la dependencia hacia este modelo agropecuario es fortaleciendo a las economías regionales. De esta forma, “hoy la pesca es una gran entrada de recursos pero por concesiones a empresas extranjeras, hay que fomentar la pesca artesanal que generaba miles de puestos de trabajo en zonas como Necochea, Mar del Plata, inclusive aquí Bahía Blanca. Construir economías regional y de valor agregado en los diferentes puntos de la provincia, que busquen la diversificación productiva y el enraizamiento en los sectores rurales”, analizó.

Finalmente, incluyeron entre sus posturas el problema del acceso a la vivienda. “Hoy los códigos de ordenamiento urbano que se están aprobando son códigos que consolidan un modelo de exclusión, generan una mayor especulación inmobiliaria de las tierras aledañas a los centros urbanos, imposibilitando que familias de clase media, clase media baja y clase trabajadora puedan acceder a un pedacito de tierra para poder construir una casa. El plan Procrear -que nosotros entendimos que fue positivo porque generó inversión y acceso a la casa a grandes sectores medios de la población-, tampoco resolvió los precios de la tierra. Muchas las familias que acceden a los créditos se les dificulta poder acceder a un terreno para construir su casa. En concreto, miles de familias llevan adelante tomas de tierra para poder parar su casilla”.

Las propuestas de la lista para la provincia de Buenos Aires están en: http://patriagrande.org.ar/llegamosabuenosaires/las-propuestas-de-patria-grande-para-la-prov-de-buenos-aires/

Este martes el Frente Popular presentará sus candidatxs desde las 16:30 en la Casa de la Emancipación de Sócrates 1342. La alternativa que reúne en Bahía Blanca a la Unidad Popular, el Partido del Trabajo y el Pueblo y Proyecto Sur en la corriente Emancipación Sur lleva como precandidata a intendenta a Laura García Vázquez.

Junto al segundo precandidato a senador provincial, César García, la docente visitó días atrás los estudios de la FM De la Calle para difundir sus propuestas de cara a las primarias del 9 de agosto. “Son proscriptivas las PASO, nos piden 500 mil votos para poder estar en el debate de octubre. Eso golpea fuertemente a las fuerzas que tienen menos recursos, denunciamos que más que democratizar, en realidad lo que hace es dejar fuera del camino a las fuerzas que vienen planteándose una discusión de fondo”, aseguró el dirigente del PTP.

El Frente Popular lleva como fórmula presidencial a Víctor de Gennaro y Evangelina Codoni, a Viviana Marfil como cabeza de lista para el Senado provincial, Juan Lucero para el Concejo Deliberante y Susy Martínez como primera consejera escolar. Desde Bahía Blanca el pastor metodista Aníbal Sicardi y el compositor y documentalista Luis Rojas integran la lista de precandidatos al Parlasur.

La única mujer precandidata a jefa comunal resumió el eje de sus propuestas en “tres derechos humanos básicos para la supervivencia”: agua, alimentos y energía para todxs. “Esta cuestión de los derechos humanos muchas veces se confunde. Yo particularmente pienso que la Declaración Universal pone más el énfasis en los derechos políticos, en los derechos de supervivencia, en lo que reivindicamos todo el tiempo de lo que fue el terrorismo de Estado que tiene una gran importancia, pero no tanto en los derechos para mantener la vida”.

“Hablar del agua en Bahía Blanca es paradójico porque si lo comparamos con hace cuatro años, tenemos un dique sobrepasado y sin embargo la ciudad está llena de pérdidas de agua por todos lados. El servicio es malísimo y hay cortes permanentes. Agua que además no se sabe si es potable porque está en discusión por las cianobacterias en el dique. Entonces todo el que puede, utiliza un filtro o compra el agua y el que no puede se enferma”, detalló.

Para la artista plástica, “la energía no es un lujo sino que tener calefacción debería ser algo prioritario, Argentina viene arrastrando un déficit energético crónico que tiene que ver con nuestra matriz, con la falta de soberanía, con los negocios que se meten en el medio e impiden que, por ejemplo, haya un desarrollo de energías renovables que aseguraría un costo de la energía más económico y más democrático”.

El precandidato a legislador provincial por la sexta destacó el impacto que tendría el proyecto de la minera Vale -Potasio Río Colorado- a partir de la salinización de las aguas que riegan la producción de cebolla en el Partido de Villarino. “Eso puede provocar pueblos fantasmas en base a un negociado que no solamente va a traer contaminación sino que, como dice De Gennaro, es una política para gobernar hacia los de arriba y los de afuera”.

“Muchas veces se habla de la pobreza en general o del trabajo, es palabra contra palabra, pero lo que no se quiere discutir es la dependencia de este modelo que viene todos los años principalmente aceptando lo que en la década del noventa decíamos que eran relaciones carnales con Menem, pero hoy aparece que le vendemos la lana como producto terminado a los chinos, los ferrocarriles los traemos de China”, dijo y recordó la instalación de una “base militar” de aquel país en Neuquén.

En lo local, García aseguró que “podemos discutir la precarización laboral como tema excluyente, el tema del hambre lo levantamos con la Corriente Clasista y Combativa, venimos de inaugurar otro merendero, cómo paliar el hambre, pero lo que está en discusión es generar miles de puesto de trabajo en la región y tres millones a nivel nacional. Ahora, si no se tocan las rentas, si acá no se toca a Cargill, a Profertil, a todas las empresas multinacionales que hay en el polo petroquímico imposible que los bahienses y el resto de la zona vivan bien”.

Finalmente, García Vázquez afirmó que en la ciudad “hay que crear herramientas para que las mayorías puedan participar, una de las propuestas principales es la descentralización de las delegaciones municipales pero que tengan otro poder para que el vecino tenga participación real en decidir qué es lo que se hace con el presupuesto municipal”.

Escuchá la entrevista completa con Laura García Vázquez y César García en En Eso Estamos: