Dos integrantes de la Cofradía Cannabica que entregaban folletos informativos en Plaza Rivadavia fueron detenidos violentamente esta tarde por la Policía Local. Otro joven testigo del atropello policial corrió la misma suerte.

Los pibes fueron requisados y se les encontró semillas, plantines sin THC y cremas terapéuticas.

Acusados de resistirse a la autoridad fueron llevados a la Comisaría Primera. Allí esperaron al titular de la fiscalía de estupefacientes Jorge Viego. Interviene además el defensor oficial Carlos Carnevale.

En el lugar se reunieron compañerxs de la agrupación que milita contra el narcotráfico y por la legalización del autocultivo de marihuana e integrantes de organizaciones políticas. También se encuentra el concejal de Encuentro Amplio, Raúl Ayude.

La policía pretende que los jóvenes continúen detenidos hasta la mañana de este sábado.

Noticia en desarrollo.

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó esta mañana un dictamen proponiendo el juicio político y la suspensión del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. Ahora, se necesitan los dos tercios del Plenario del organismo para formalizar el inicio del jury.

El proyecto del secretario de Justicia, Julián Alvarez, fue acompañado por lxs legisladorxs Héctor Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Ángel Rozas y el académico Jorge Candis. El juez Luis Cabral se abstuvo de votar. Se opusieron el magistrado Leonidas Moldes y la abogada Adriana Donato.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas denuncias contra el camarista bahiense.

Por otra parte, a las 15 Montezanti fue nuevamente citado por el juez Alejo Ramos Padilla para ser indagado por su supuesta vinculación con la Triple A y un caso de secuestro y torturas ocurrido en 1977. Desde las 14:30 integrantes de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti se manifestarán frente al juzgado de Alsina 317. El magistrado, amparado en sus fueros, se negó a concurrir en dos ocasiones anteriores aduciendo compromisos protocolares en la’Cámara y problemas de salud.

(Notas.org) Desde las seis de la mañana y hasta las 20, en todo el país se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) durante el período 2015-2019. Más de 250 mil afiliados están habilitados para votar y lo harán en 2880 urnas distribuidas a lo largo y ancho de la Argentina. Delegados internacionales, que representan a distintas centrales sindicales de América Latina, el Caribe y Europa, actuarán como observadores de todo el proceso.

Esta elección es crucial en muchos aspectos. Para empezar se trata de un sindicato histórico – fue fundado en 1925 y tiene la personería gremial número dos – y de una magnitud en términos de afiliación que vuelve al proceso electoral un hecho relevante en sí mismo, sea cual sea el desenlace. Por otra parte, el elemento distintivo en esta ocasión pasa por una ruptura al interior de ANUSATE, la agrupación que viene hegemonizando la vida de ATE desde la recuperación democrática en 1984.

Las diferencias públicas entre Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, y Víctor De Gennaro, referente histórico del gremio y reciente pre-candidato presidencial por el Frente Popular (que no superó las PASO) son lo que más ha resaltado mediáticamente en este escenario que se ha configurado en el plano nacional.

A su vez, el cambio de etapa que se avecina en el país tras 12 años de kirchnerismo es un dato no menor para un sector de trabajadores y trabajadoras que ha crecido sustancialmente en esta larga década, pero que también ha estado expuesto a altos niveles de precarización laboral y a salarios que, en la foto actual, no recuperan lo perdido tras la gran crisis de principios de siglo.

En 1984, con el retorno de la democracia, los sindicatos retomaron su vida activa y ATE, que durante la dictadura se mantuvo en manos de Juan Horvath, un colaboracionista del régimen, no fue la excepción. ANUSATE (Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE), que se forjó en esos tiempos de oscuridad, se impuso en los comicios de ese año y lo siguió haciendo, siempre con la vinculación al color verde, hasta la fecha.

En aquella oportunidad Víctor De Gennaro fue electo secretario general del Consejo Directivo Nacional y Germán Abdala del Consejo Directivo Provincial. Tiempo después, serían dos de los principales impulsores (y ATE en su conjunto) de la fundación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en 1991. Esa fue una de las páginas más importantes en las que inscribió su sello ATE, un sindicato reconocido por su nivel de democracia y pluralidad y que sobre todo durante la década del 90 tuvo un rol destacado en las luchas contra la privatización en diferentes esferas del ámbito público.

Los datos de la última elección continuaron con la tendencia de los 25 años precedentes y marcaron un triunfo abrumador de la Lista Verde, que obtuvo el 90% en todo el país. El panorama de la elección de este miércoles dista mucho de esa contundencia.

Hugo “Cachorro” Godoy (Provincia de Buenos Aires) y Julio Fuentes (Neuquén) enrocan sus actuales cargos (adjunto y general) y se presentan por la lista Verde ANUSATE, con el aval de la figura de Víctor De Gennaro. Nando Acosta, secretario general de ATE-Jujuy y Miguel Pelandino, con el mismo cargo pero en Entre Ríos, se referencian en la Lista Verde y Blanca y expresan un armado que es afín al kirchnerismo, a pesar del buen vínculo entre Acosta y Pablo Micheli, y cuyo impulso está dado por el actual diputado nacional Edgardo Depetri, que se presenta como vocal.

Las otras tres listas que se presentan son La Bermellón, encabezada por Raquel Blas (secretaria general de Mendoza) y donde se nuclean diferentes expresiones de la izquierda tradicional e independiente; la Naranja-Lila y la Gris, también con identidades a la izquierda.

Hasta el momento el favoritismo parece estar del lado de Godoy, aunque se vislumbra una elección pareja y muy disputada en varias seccionales. Lo que ha cruzado la previa son variadas denuncias de irregularidades, principalmente vinculadas a la confección de los padrones, que han sido desestimadas por el juzgado laboral número 3.

Además de la disputa nacional, se renovarán los 23 Consejos Directivos Provinciales, el Consejo Directivo de la Capital, las 152 Seccionales, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados, los 22 Centros de Jubilados y Pensionados provinciales y los 41 Centros de Jubilados y Pensionados locales. Asimismo, cada provincia elegirá Congresales Nacionales y Provinciales de acuerdo a su número de afiliados.

De todo lo antedicho, que implica nada más ni nada menos que 6315 cargos electivos, resalta la disputa del Consejo Directivo de Capital, aún más feroz que la Nacional. Allí La Verde va dividida en tres listas.

Una de ellas la encabeza el actual secretario general José Luis Matassa y se presenta con boleta corta, sin anclaje nacional pero con el apoyo decidido de Pablo Micheli. En tanto Rubén Mosquera, actual paritario de ATE, y Rodolfo Arrechea (ex secretario adjunto de ATE Capital) van con el sello de La Verde, Celeste y Blanca, que va pegado a Godoy. Finalmente, Daniel Catalano y Juan Manuel Sueiro representan a La Verde y Blanca, el armado kirchnerista en Capital, lógicamente vinculado a Nando Acosta. El posible resultado es incierto y desde varios sectores incluso hablan de “triple empate”. La Bermellón también tendrá expresión porteña con la candidatura de Mariano Skliar, de Promoción Social, como secretario general.

Para los y las estatales nucleados en ATE será un día más que importante. Para la lista ganadora, sea quien sea, todavía más. Tendrá la tarea de reconstruir un sindicato tan importante como debilitado en los últimos años, entre las diversas disputas internas que lo han erosionado. La condición actual de los trabajadores y trabajadoras del Estado y el escenario que se avecina amerita una herramienta gremial fuerte, con capacidad de conquistar avances y profundizar organización en cada sector de trabajo.

La semana próxima las asociaciones de base de la CONADU HISTÓRICA elegirán a lxs congresales que participarán el 18 de septiembre en las elecciones para renovar la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas de la federación universitaria. En Bahía Blanca, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur resolvió llevarlas a cabo los días miércoles 9 y jueves 10 en cinco mesas distribuidas entre la UNS y sus Escuelas Medias.

ConaduH llamó a la docencia universitaria y preuniversitaria a participar activamente “en aras de su fortalecimiento como verdadero espacio pluralista, democrático, antiburocrático y respetuoso de las soberanas decisiones del movimiento docente. Herramienta imprescindible – al igual que lo es la CTA para el conjunto de la clase trabajadora – para continuar la lucha por la recuperación de los derechos que nos resta conquistar y poner de pie a las UUNN, hoy entregadas a las políticas mercantilistas”.

Lxs afiliadxs podrán optar entre dos listas. La Nº1, Frente de Trabajadores Docentes “1ro. de Julio”, tiene como referentes de ADUNS a Sergio Zaninelli como candidato a secretario adjunto y Liliana Granero candidata a secretaria de Niveles Preuniversitarios suplente.

En tanto la Lista 4 “Unidad de los Trabajadores Docentes de las UUNN” propone como referentes bahienses a Juan Cappa, candidato a secretario de Relaciones Internacionales suplente, y Eugenia Fermento quien competirá como tercera Revisora de Cuentas titular.

Las Mesas de votación que estarán habilitadas en Bahía Blanca serán las siguientes:

MESA 1: EMUNS – 11 de Abril 445 -de 8 a 20- Votan docentes EMUNS (excepto EAyG) y totalidad jubiladxs EMUNS. Ver padrón aquí.

MESA 2: Escuela de Agricultura y Ganadería -de 8 a 18- Votan docentes EAyG. Ver padrón aquí.

MESA 3: Complejo Alem – Hall Central Alem 1253 -de 8 a 18- Votan docentes de los departamentos de: Biología, Bioq. y Farmacia, Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería de Computación, Física, Geología, Ingeniería, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Ingeniería Química, Matemática y Química. Ver padrón aquí.

MESA 4: Edificio 12 de Octubre -de 10 a 20- Votan docentes de los departamentos de: Humanidades y Geografía. Ver padrón aquí.

MESA 5: Complejo Altos de Palihue -de 8 a 18- Votan docentes de los departamentos de: Agronomía, Economía, Ciencias de la Administración y Derecho. Ver padrón aquí.

El 18 de septiembre se elegirán los/as integrantes de la Mesa Ejecutiva (Secretaría General y Adjunta más 9 Secretarías Titulares y 9 Suplentes) y Comisión Revisora de Cuentas (3 Titulares y 3 Suplentes) de la Federación para el período 2015-2018. Esta será la tercera elección nacional desde la obtención de la Personería Gremial en el año 2008 y la quinta desde la fundación de la entidad.

Finalizado el acto, la Junta Electoral pondrá en posesión de sus cargos a la nueva conducción, asegurando la representación de las minorías mediante la distribución de los cargos de la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas según el Sistema D’Hont. Las Secretarías General y Adjunta se adjudicarán a la Lista que haya obtenido más votos en el Congreso.

Alumnxs del Instituto de Formación Docente Nº86 continúan reclamando la construcción de un edificio propio para desarrollar las actividades que hoy se reparten en distintas sedes. Una de ellas, el Club Liniers donde se realizan prácticas de la carrera de profesorado de educación física, fue motivo de polémica meses atrás por atrasos en los pagos convenidos con la provincia.

Días atrás se realizó un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante en el cual se informó que si bien existe un espacio asignado en D’Orbigny y 14 de Julio, en el lugar funciona una escuela de fútbol y el terreno se redujo sensiblemente en su capacidad. La búsqueda se centra en un área cercana al Parque de Mayo, o en el interior del mismo, ya que facilitaría el traslado de las y los estudiantes.

“Para delimitar la zona de Parque de Mayo el municipio extravió un expediente que tiene que ver con un pedazo cedido a la provincia para la construcción de la Secundaria 24 y teníamos un problema con la delimitación. Se coordinó una reunión para el viernes 11 a las diez de la mañana cuando, en teoría, ya desde la Muni nos podrían decir cuál sería el área que nos pueden destinar para construir”, dijo a FM De la Calle la presidenta del centro de estudiantes Lucía Mérida.

Una vez resuelto el conflicto dominial del terreno, el Concejo Deliberante podría disponer una partida del Fondo Educativo para comenzar la construcción del edificio.

Además del centro de estudiantes, de la reunión participaron concejalxs integrantes de las comisiones de Educación, Cultura y Acción Social; de Interpretación, Asuntos Legales, Derechos Humanos y Garantías; y de Obras Publicas Urbanización y Vivienda; el secretario de la Agencia Urbana, Alberto Carimati: la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Aglietti y autoridades del I.S.F.D. N°86.

Las Abuelas de Plaza de Mayo informaron con enorme alegría que encontraron a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro, nacida durante el cautiverio de su madre en marzo de 1978. Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza. En ese momento, la joven cursaba el sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellxs.

Las dos abuelas, María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, y el tío paterno Osiris Rodolfo Domínguez, viajaron desde Guaymallén, Mendoza, para compartir la felicidad de este encuentro y la conferencia de prensa realizada en la casa de las Abuelas.

Gladys nació el 23 de noviembre de 1953 en la ciudad de Guaymallén. Walter nació el 30 de marzo de 1955 en la capital de esa provincia. La joven estudió Diseño y él Arquitectura, ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.

En noviembre de 1976, cuando Walter terminó el servicio militar, se casaron. Gladys trabajaba en una panadería y el joven era chofer de una línea de micros. El 9 de diciembre de 1977, en un operativo a cargo de supuestos policías pero que, en realidad, fue montado por militares, el matrimonio fue secuestrado en su casa de la localidad de Godoy Cruz y nunca más se supo de ellos ni del hijo o hija que esperaban para marzo de 1978.

Desde el momento de la desaparición de los jóvenes, las familias Domínguez y Castro emprendieron la búsqueda. Fueron al arzobispado, al comando IV Brigada Aérea, a la SIDE, presentaron hábeas corpus, y en ningún lugar recibieron respuestas.

Al enterarse de otros casos como el suyo, la abuela María Assof viajó por primera vez en su vida a Buenos Aires y se contactó con las Abuelas de Plaza de Mayo, donde se radicó la denuncia sobre la desaparición del matrimonio y se emprendió la búsqueda colectiva del niño o niña. A partir de entonces, las dos familias viajaron regularmente a Buenos Aires a aportar datos o preguntar cómo venían las investigaciones, y siempre que desde la Asociación visitamos Mendoza nos reciben con los brazos abiertos.

En 1994 el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza envió a las Abuelas una denuncia anónima sobre una joven nacida en marzo de 1978 que apareció en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro. La joven, a pesar de haber sido inscripta como hija propia, sabía que no era hija biológica de quienes la criaron, pero nunca pensó en acercarse a Abuelas. La dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hicieron que el hallazgo de la hija de Gladys y Walter se demorara 21 años más.

A mediados del año 2009, la denuncia -junto con información que las Abuelas compartimos con el Estado para la búsqueda de nuestros nietos apropiados- fue derivada a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. En este sentido, en abril de 2014, por decisión de la secretaría de Derechos Humanos se crea en CONADI un equipo de aproximación a posibles hijos de desaparecidos, como el que ya venía funcionando desde 2006 en Abuelas.

Este equipo de trabajo, inmediatamente se puso a investigar casos de jóvenes denunciados como posibles hijos de desaparecidos, que aún no han decidido acercarse voluntariamente a las Abuelas o CONADI. Fue así que en febrero de este año llamaron a la mujer -hoy flamante nieta restituida- para contarle que la CONADI contaba con información que arrojaba posibilidades de que podría tratarse de hija de desaparecidos y la invitaron a realizarse el estudio de ADN.

La nieta de María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, accedió inmediatamente a realizarse el estudio que se concretó el 16 de julio. El jueves último, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que la joven es hija de Walter y Gladys. Desde nuestra Asociación se le comunicó la noticia a las dos abuelas, mientras que la CONADI informó a la nueva nieta que con beneplácito recibió la noticia.

El derecho a la identidad se recupera una vez más en este país, con la colaboración de un Estado empeñado en promover derechos y de gran parte de la sociedad que no quiere volver a sufrir los atropellos de dictaduras terroristas. Sólo resta que el abrazo esperado 37 años por las familias Domínguez y Castro se materialice en estos días. Bienvenida nieta 117 a la verdad.

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Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo.

Los próximos 5, 6 y 9 de noviembre se desarrollará el juicio por el abuso sexual padecido por una adolescente, interna del Patronato de la Infancia, en 2008. El caso derivó en una innecesaria polémica sobre el aborto no punible por la intervención de sectores “pro vida” quienes, amparados por el juez de familia Eduardo Longás, obstaculizaron la interrupción del embarazo producto de la violación. Además, destapó la mala atención que recibían las niñas y los niños y la oscura administración del organismo.

En el banquillo habrá un solo imputado de tres, dado que uno falleció y el otro está prófugo. “Si bien llega un poco a destiempo, sentir la ratificación y el avance de la justicia siempre es reparador, en este caso para mi ahijada que es la víctima de esta situación. Por el buen manejo que ha tenido la Fiscalía a través de instrumentos como la Cámara Gesell tuvo el menor contacto con la cuestión judicial pero es un paso importante”, aseguró la abogada Fernanda Petersen.

Si bien la fecha de inicio no está definida, el viernes 14 de agosto se realizó la audiencia preliminar en la cual las partes expusieron sus pruebas. El delito imputado “es abuso agravado por el parentesco que tenía y por su situación de discapacidad. Ella tiene un retraso madurativo que si bien en este momento tiene 24 años y en el de los hechos 18, según los informes de los peritos, su edad madurativa es entre ocho y diez años. Obviamente eso hace que el abuso sea agravado porque fue su situación la que generó mayor posibilidad de vulneración de sus derechos”, explicó Petersen.

Recordó que “junto con mi hermana hicimos una denuncia por abandono de persona porque cuando mi ahijada comenta esta situación primaria en la institución se labra un acta, no se da a conocimiento ni a nosotras, en mi carácter de madrina y de familia que la acompañábamos, ni al juzgado de menores”. De esta manera, la chica siguió en contacto con sus familiares biológicos entre quienes se encontraban sus abusadores.

Respecto al equipo técnico del Patronato “consideramos que había una situación delictiva, se configuraba el abandono de persona porque ellos eran los guardadores. Esto es una institución pública o, si bien no dependía formalmente del municipio o provincia, recibía becas del Estado”. Por ello, están imputados en otra causa el ex director Antonio López (en la foto junto al abogado Miguel Asad), el psicólogo Esteban Godia, la maestra coordinadora Susana Camblor y la trabajadora social Verónica Godoy.

“El 22 de julio la Fiscalía de la dra. (Olga) Herro pidió formalmente la elevación de la causa a juicio y, en este momento, se está notificando a los defensores y a todas las partes intervinientes para que formulen las oposiciones que correspondan. Luego deberá decidir la jueza de Garantías, Gilda Stemphelet, si considera que hay que elevar la causa o no a juicio. Pero hoy formalmente todo el equipo técnico y directivo del Patronato está imputado por abandono de persona”, aseguró.

Para Petersen “el hermano o el tío o el cuñado o quien fuera del grupo familiar que abusó de mi ahijada, obviamente que contó con la complicidad de estas personas porque si alguien se acerca a una institución y reconoce indicios o alguna situación que debe alarmar al equipo técnico o la víctima habla o no se validan sus dichos, lo que se está haciendo es ser cómplice con los abusadores”.

Ante el embarazo originado por la violación, se solicitó en el Hospital Penna un aborto no punible tal como lo establece el art. 86 del Código Penal. Sin embargo, el juez Eduardo Longás aceptó el planteo de un matrimonio que pretendía adoptar al futuro bebé y “en virtud de los derechos de la persona por nacer se plantea la interrupción del aborto que se estaba llevando adelante”. En instancias superiores, la justicia resolvió en favor de la adolescente abusada.

“También hicimos una denuncia que no prosperó, porque considerábamos que se estaba violando el artículo 86 claramente. En este tema se ha avanzado por suerte con el nuevo protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que en el caso de abuso, las víctimas pueden presentarse en el Hospital Penna y con una sola declaración jurada, la justicia no tiene posibilidad de intervenir”, destacó la abogada.

Finalmente, Petersen comentó que mantienen al tanto de cada paso procesal a su ahijada y que “para ella es muy aliviante sentir que, más allá de que quienes estamos cerca de ella y su familia le creímos siempre, la justicia respalde lo que ella dijo. Hoy por hoy tiene una vida completa, con actividades, con grupo de amigos, está muy bien pero es un hecho que está para siempre”.

Además de las causas derivadas del abuso sexual, a partir de un detallado informe en defensa de los derechos de lxs niñxs del Patronato realizado por el entonces fiscal general Hugo Cañón, se terminaron las becas y subsidios estatales para la institución y se reubicó a lxs internxs en otros hogares.

“El Patronato fue una imagen muy concreta del Estado ausente sin ningún tipo de control. Sacar hasta los alfajores de un grupo de chicos, de niñas, que están en un lugar al resguardo de esas personas habla por sí mismo. De ahí para arriba pueden hacer cualquier cosa, el informe era lapidario, había bienes que no se sabía dónde estaban y había empleados que no podían cobrar sus indemnizaciones”, concluyó Petersen.

Las actas labradas por las autoridades de La Nueva Provincia para apretar a sus trabajadores durante el más duro conflicto sindical de su historia, fueron expuestas esta semana en el alegato de la Fiscalía sobre los casos de los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

El tribunal oral de Bahía Blanca juzga a más de veinte represores que actuaron durante el terrorismo de Estado bajo control operacional de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. El alegato de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani se extenderá por dos audiencias más, el martes y el miércoles próximos, en Colón 80.

“Estas actas confeccionadas para entregárselas a la Inteligencia de la Prefectura y para perseguirlos de manera laboral y echarlos sin pagar la indemnización, paradójicamente hoy nos sirven como prueba en la reconstrucción precisa hasta del detalle horario de la historia”, afirmó Palazzani.

El representante del Ministerio Público aseguró que el contexto del caso de los obreros muestra los componentes militares del terrorismo de Estado y “atraviesa horizontalmente toda la traza de complicidad civil en Bahía Blanca. No solamente la complicidad empresarial sino también vamos a ver que los familiares peregrinaron por los tribunales provinciales, los federales y por altos estamentos de la Iglesia Católica”.

Aquellos secuestros, torturas y homicidios calificados tuvieron “su génesis en el conflicto gremial con la patronal del grupo empresario Massot-La Nueva Provincia”. Fueron precedidos “por un período de varios meses de persecución como correlato directo de la actividad gremial desarrollada y los conflictos laborales existentes desde 1973, entre los trabajadores sindicalizados y los propietarios y directivos de la empresa. Resulta acreditado por un sinnúmero de documentos la existencia del conflicto y las negociaciones entre los representantes sindicales y los miembros de la familia Massot”.

Entre la abundante documentación de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se destacan dos fichas a nombre de Loyola y tres correspondientes a Heinrich, informes sobre su actividad en la comisión directiva del Sindicato de Artes Gráficas, pedidos de intervención al Ministerio de Trabajo, el señalamiento de los obreros desde el “núcleo duro” del clan Massot hacia las fuerzas armadas y los domicilios de los cuales luego iban a ser chupados.

La Fiscalía destacó que “los asesinatos no son producto de ningún espasmo de la fuerza de seguridad” y desarrolló la reconstrucción paralela entre la militancia gremial de los trabajadores, su registro en informes de inteligencia y el “hostigamiento permanente” de La Nueva Provincia desde sus editoriales.

Leé la nota completa en www.juiciobahiablanca.wordpress.com 

 

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca no se presentó hoy a la indagatoria convocada por el juez federal Alejo Ramos Padilla para defenderse de la imputación fiscal por sus supuestos vínculos con la Triple A y su complicidad con el terrorismo de Estado.

“El dr. Montezanti presentó una recusación al juez y al Ministerio Público. Se contestó, el juzgado resolvió rechazarla y luego manifestamos que por las razones que dio para no venir, que fueron funcionales, tenía algún trámite en la Cámara, entendíamos que no había razones válidas o importantes como para postergar un acto de tal trascendencia procesal. Así que solicitamos que se fije inmediatamente nueva audiencia y que se comunique esa situación al Consejo de la Magistratura”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani.

La indagatoria estaba convocada para las 11 en el juzgado de Alsina 317 donde se manifestaban organizaciones políticas y estudiantiles y cuyo frente lucía afiches que denunciaban la pertenencia del magistrado al Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 y pedían su expulsión de la Universidad del Sur.

“No me extraña, Montezanti es un cagón que se escondió durante cuatro años en la universidad, primero fue una cautelar, después una recusación a consejeros de Derecho, después del Consejo, etcétera, y es lo que está haciendo ahora. Con estas recusaciones lo único que pretende es prorrogar todos los plazos. Es muy importante hacer visible todo esto y que no queden estas cuestiones en los tribunales sino que trasciendan a la sociedad”, opinó Dante Patrignani al cierre de la transmisión especial de FM De la Calle.

Alberto Rodríguez se mostró sorprendido porque “un juez de la Cámara Federal no se haga a justicia, es un caso extraño donde tiene todas las posibilidades de demostrar su inocencia, donde podría refutar todas las acusaciones que contra él tenemos y los testigos que hay para probar su participación en la Triple A. Se ve que los tribunales le caben para juzgar a los demás pero no para defenderse, cosa que no pudieron hacer los compañeros asesinados”.

Consultado acerca de las particularidades del trámite penal para un imputado que a su vez es camarista federal, Palazzani explicó que “tienen un régimen diferente, cualquier imputado que no concurra a una convocatoria de este tipo si no tiene razones fundadas se lo puede hacer comparecer con la fuerza pública. En el caso de los magistrados esa situación no es posible por sus fueros, pero las razones que dio fueron funcionales, que tenía otra actividad en la Cámara, con lo cual permite que el juez fije otro horario para que concurra, puede ser hoy a la tarde”.

Si las ausencias de Montezanti se repiten con razones infundadas como las planteadas este mediodía, el representante del Ministerio Público aseguró que “claro que tiene que comenzar ese proceso (de desafuero)”.

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Las agrupaciones Cultura Ciclística y Quiero Ciclovías en Bahía se quejaron de que a un mes de celebrada la audiencia pública sobre el Proyecto Red de Ciclovías “nada más se ha dicho al respecto”.

“Luego de la presentación de este proyecto serio y completo en el que participaron profesionales y funcionarios públicos, el cual asimismo recibió el aporte de ideas y alternativas por parte de vecinos interesados, nos preguntamos qué cuestiones están demorando la presentación de dicho Proyecto para que sea tratado por el órgano deliberativo de nuestra ciudad, atento la necesidad de pensar en su concreción a fin de que pueda ser incluído en el próximo presupuesto anual municipal”, dijeron en un comunicado y subrayaron que “si la condición del tránsito fuera más propicia a la seguridad de los ciclistas” se sumarían muchxs más a sus filas.

Para las agrupaciones “el cambio está al alcance de la mano” si se diagraman ciclovías “demarcadas con pintura llamativa (amarillo y verde claro por ejemplo) a lo largo y ancho de la ciudad (el total de las cuatro etapas de la red proyectada) tendría por efecto un masivo reconocimiento de la presencia de la bicicleta como medio de transporte, de la mano del ciclismo urbano como fenónemo social y cultural que viene siendo adoptado por quienes en primera persona experimentan la eficacia, practicidad y economicidad de tiempo y dinero que proporciona la bicicleta en la ciudad”.

“En el entendimiento de que los cambios significativos requieren el compromiso de quienes pueden generarlos, apelamos a la buena voluntad política de nuestros representantes locales, y solicitamos se expidan respecto al futuro próximo del Proyecto de Ciclovías”, concluyeron.

Historias de la bici

Las bicicletas fueron muy populares en las décadas de 1890, 1950 y 1970. Actualmente están experimentando un nuevo auge, creciendo notablemente su uso en Bahía Blanca y todo el mundo.

En este contexto, el historiador bahiense Francisco Daniel Panizoni presenta ‘Historias de la bicicleta’, una charla abierta sobre la bici, sus orígenes y presencia en la región. Será el próximo viernes 4 de septiembre a las 18 en la Sala Juvenil de la Biblioteca Rivadavia.

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El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, rechazó ayer los cargos que le reprochan siete denuncias unificadas en un pedido de juicio político que analiza la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Su vinculación con la Triple A, haber integrado los servicios de inteligencia del terrorismo de Estado como personal civil, la reivindicación de la pena de muerte y el maltrato a empleadxs judiciales son algunos de los motivos de las reiteradas quejas en su contra.

El primero de ellos le valió un llamado a indagatoria en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad de la banda parapolicial que deberá concretarse mañana a las 11 ante el juez Alejo Ramos Padilla. El segundo, fundamentó su suspensión preventiva como docente de la UNS y la realización de un juicio académico.

El camarista evitó la exposición y volcó su descargo en un extenso escrito. Calificó como “calumniosas” las imputaciones de una supuesta “brigada acusadora” y aseguró que “se da una triple identidad de persona, objeto y causa entre las aquí planteadas, tanto respecto de la supuesta pertenencia del firmante a la Triple A, como de su breve desempeño, treinta y cuatro años atrás, como ‘asesor universitario’ en calidad de personal civil de inteligencia”.

Para comenzar el juicio político se necesitan dos tercios del plenario del Consejo de la Magistratura. Aunque antes, el trámite deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la Comisión de Acusación y Disciplina presidida por el académico Jorge Candis e integrada por los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, el representante del Poder Ejecutivo Julián Álvarez, Adriana Donato por lxs abogadxs de la matrícula federal y los senadores Ruberto Godoy y Ángel Rozas.

“Se ha demostrado, con el fallo judicial pertinente, que la infame acusación de pertenencia a la Triple A, ya ventilada en esta sede, fue objeto de sentencia judicial luego de exhaustiva investigación, con total rechazo. También se destacaron las insalvables contradicciones del testigo (Juan Pedro) Tunessi respecto de  un supuesto diploma de la organización ilícita, entre lo declarado en sede judicial y ante este organismo”, sostiene Montezanti.

Por su presunta participación en la Alianza Anticomunista Argentina y su complicidad en el plan criminal que se implementó entre 1976 y 1983 los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su indagatoria, ordenada por el juez Ramos Padilla para este jueves a las 11. Tiempo atrás, la justicia correccional identificó al camarista junto a los matones del ex diputado nacional Rodolfo “Fito” Ponce que tomaron la UTN en 1974. Fue en el fallo de una querella que el ex PCI entabló contra el militante Alberto Rodríguez, quien lo denunció durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Sur.

La semana pasada, el mismo órgano universitario aprobó por unanimidad la suspensión preventiva del docente del Departamento de Derecho hasta que culmine un juicio académico solicitado casi cuatro años atrás. “Clon de la acusación obtenido por la brigada acusadora de siempre, se ha señalado que está en curso sin haberse establecido siquiera tribunal, en sede distinta, sin que puedan influirse ambas causas, y se ha pedido prueba al respecto de los descargos, para equilibrar la expuesta en el texto en conteste”, rezongó su señoría.

Las doctrinas que propiciaba el abogado en sus escritos solían destacar el “altísimo valor moral y preventivo” de la pena de muerte como “un instrumento más de los muchos de que la sociedad dispone para neutralizar a la delincuencia” y que “la derogación formal de la pena capital introduce un proceso regresivo en la sociedad, tornando cobardes y pusilánimes a los magistrados”.

En su descargo manifiesta su supuesta evolución ideológica, paradójicamente proponiendo la muerte de la pena de muerte e invita al consejero y autor del dictamen, Julián Álvarez, a leer su “producción en los últimos 35 años y otros textos que ponen en su lugar esta peregrina acusación”.

¿Fobia antisindical?, se pregunta más adelante el juez y se responde que es una “palmaria falsedad” considerada en su mayor parte en una causa anterior “usada, ajada y abusada como todas las propuestas” en el dictamen que propone su enjuiciamiento y que configura una “ofensa al decoro”.

“Se ha señalado el tono y estilo de Gran Inquisidor ideológico que prevalece en el texto en conteste, que acusa al firmante hasta de ‘procacidad’, como solía ocurrir con los impíos sometidos al processus inquisiotionis, inadmisible en esta sede”, mencionó antes de pedir el rechazo “de plano” del juicio político.

Para “derrumbar el tinglado acusatorio” ofreció como testigos a las secretarias Previsional de la Cámara Federal, Marianela Abrieu, y penal del Juzgado Federal Nº2 Rosana Noemí Peti; a la jefa de despacho de la Cámara Federal Julieta Mateos; a la empleada pública provincial Magdalena Cizler y al jubilado Francisco Gastañaga.

El fiscal federal Miguel Palazzani se refirió este sábado a la infiltración de la policía bonaerense en la comunidad de la Universidad Nacional del Sur para identificar a los autores de una pegatina en contra del docente de Derecho Néstor Luis Montezanti por su participación en la inteligencia del terrorismo de Estado.

“Tenemos que seguir manteniendo esa capacidad de asombro para poder reaccionar, porque que uno diga que es grave a esta altura no parece algo original. Debe haber una reacción de la comunidad universitaria no solamente bahiense sino nacional. La universidad pública no puede no decir nada respecto de nada menos que la infiltración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y nada menos que en la Universidad Nacional del Sur y nada menos que a partir de una denuncia que hace un ex Personal Civil de Inteligencia que es presidente de una Cámara Federal”.

Para el funcionario, Montezanti “no pudo desconocer que esa denuncia, por todos sus componentes, tramitaba o debía tramitar en jurisdicción federal y no provincial” y solo con ese dato “hay un ruido que habrá que dilucidar”. “Es muy sugestivo que el denunciante, que es alguien que debe conocer perfectamente la ley o en todo caso el error es absolutamente inexcusable, concurra a la sede provincial a hacer este tipo de denuncia donde todo indicaba que era jurisdicción federal”, insistió.

Exigió explicaciones por parte de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y la policía bonaerenses. “Han vulnerado no solamente la Ley de Inteligencia sino la autonomía universitaria, en un hecho que realmente no tiene ninguna diferencia leer ese informe del policía con los que leemos a diario los que tenemos la oportunidad de ver los informes de la DIPPBA de la época de la dictadura”.

Palazzani compartió la “honda preocupación” expresada por el rectorado universitario en un comunicado de prensa pero sostuvo que “debe traducirse en actos que permitan investigar lo que pasó”. Por ejemplo, mediante la presentación de la UNS como querellante “porque si esta es la manera de conducirse de la policía de la provincia y de algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia, nadie puede asegurar que no haya ocurrido alguna vez o que esté ocurriendo”.

“Lo de Patrignani realmente es, no sé si la palabra es increíble pero llama mucho la atención porque tenemos informes de la DIPPBA del año 73 que ya era investigado. Verlo en el 2015 nuevamente con los mismos personajes de un lado de la inteligencia y del otro lado de los investigados y perseguidos es impactante”, afirmó.

*Entrevista realizada en el programa Enredados que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio Altos.

El docente de la Universidad del Sur Néstor Luis Montezanti, fue suspendido preventivamente hasta tanto finalice el juicio académico aprobado ayer por el Consejo Superior. El cuerpo entendió que su actuación como personal civil de inteligencia durante la última dictadura implica “falta de ética en el ámbito universitario o profesional que se proyecte sobre aquél”.

Dante Patrignani, quien solicitó el juicio en 2011, compartió el mérito de “esta victoria” con “la militancia” y llamó a prestar atención a quienes sean sorteados para conformar el Tribunal Académico para que “se hagan cargo, pongan las pelotas y hagan lo que tienen que hacer (…). Seguiremos militando, hay que estar vigilante y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, empujando, reclamando y viniendo a romper las pelotas las veces que haga falta para que esto termine con la expulsión definitiva”.

Montezanti es profesor titular de Ciencia Política, de Introducción al Derecho y de Derecho Administrativo. Además, preside la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, cargo que deberá defender el próximo 25 de agosto ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que evalúa varios pedidos unificados de juicio político. Dos días después, será indagado por el juez Alejo Ramos Padilla como imputado en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A.

“Festejemos, la lucha da muchas amarguras, muchas, pero el triunfo es de los que siempre van con la verdad. Aquellos que luchan por una justicia verdadera. El campo popular solo necesita que los jóvenes de esta universidad, los jóvenes trabajadores, se hagan de estas banderas que por tantos años han sido ocultadas”, dijo Alberto Rodríguez, querellante en la causa contra la banda parapolicial.

Parafraseando al movimiento que pretende desmonumentar al genocida Roca, decimos que la expulsión de los y las colaboracionistas de la dictadura de las instituciones democráticas, viene. Lento, pero viene.

DSCN7416Al abrir la sesión, una representante del alumnado manifestó su “preocupación” por la infiltración de un policía bonaerense en la comunidad universitaria por orden del fiscal Rubén Álvarez, en el marco de una denuncia presentada por Montezanti y repudió “todo acto de inteligencia que tenga como víctimas a estudiantes”.

El secretario del Consejo, Diego Duprat, leyó el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento y registró una propuesta de modificación de forma. Desde la bancada estudiantil de Generación UNS se afirmó que “escuchamos y percibimos una clara voluntad de la comunidad universitaria que exigía la toma de decisiones concretas respecto a un docente que ha reconocido que ha participado en el personal civil de inteligencia, por esta razón hoy hay que votar con conciencia para determinar cuál es el tipo de universidad que queremos para el futuro”.

Por su parte, la lista Unidad sostuvo que “educar en el tema de los derechos humanos debe ser un compromiso permanente y una responsabilidad ineludible de nuestra institución. Estos acontecimientos nos interpelan sobre la formación que queremos tener como estudiantes y futuros profesionales”. Y respecto a la infiltración por las pegatinas contra Montezanti opinaron que “implica un sombrío retroceso a los momentos más oscuros de la historia de nuestro país y por eso no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

DSCN7470Llegó el turno de la votación y 27 manos se levantaron por unos segundos hasta que la confirmación de la aprobación por unanimidad dio paso al clásico colectivo “ole olé, ole olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar” y los gritos de “presente” para Watu y lxs treinta mil compañerxs detenidxs desaparecidxs.

En sus considerandos la resolución afirma que “la comisión de delitos de lesa humanidad en el país fue organizada con la necesaria complicidad de una amplia red de ‘informantes’ -muchos de los cuales formaron parte del Personal Civil de Inteligencia (PCI)- que se encargaban de recolectar los datos que luego eran suministrados a los ‘grupos de tareas’”.

Además, considera que “el accionar descripto fue desplegado vigorosamente en el ámbito universitario donde los aludidos agentes se infiltraron obteniendo los nombres, domicilios, actividades y relaciones sociales de docentes, auxiliares y estudiantes que luego fueron víctimas de detenciones ilegales, secuestros, torturas, cesantías, exilios forzosos, crímenes aberrantes y desapariciones”.

DSCN7500Resuelto el punto 4 de la orden del día, el Consejo Superior continuó su sesión en el segundo piso del Rectorado mientras en las escalinatas de ingreso se realizaba un acto de festejo con la voz de Dante Patrignani y Alberto Rodríguez, pilares de la denuncia contra el camarista y la Triple A, y la lectura de un documento de la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti.

“Festejemos, la lucha da muchas amarguras, muchas, pero el triunfo es de los que siempre van con la verdad. Aquellos que luchan por una justicia verdadera. El campo popular solo necesita que los jóvenes de esta universidad, los jóvenes trabajadores, se hagan de estas banderas que por tantos años han sido ocultadas. La bandera de la libertad, de ser estudiantes críticos, de poder llevar adelante el sacar a un fascista de los cuales todavía quedan unos cuantos por sacar”, dijo Rodríguez.

Carucha advirtió que “todavía dentro de esta universidad hay un gran porcentaje de docentes que no están de acuerdo con lo que se acaba de votar. Y, es más, en sus clases de economía persiste el neoliberalismo, en sus clases de justicia o de derecho persiste el derecho del opresor y nunca explican cómo debe ser defendido el oprimido”.

“Por eso compañeros, esta lucha no terminó hoy. Hoy es un día de festejos, para poder festejar una vez por lo menos. Pero no nos olvidemos, el opresor sigue enseñando en esta universidad, los oprimidos todavía no terminan de despertar. Es de ustedes, es de nosotros, no abandonar la lucha, continuarla hasta que no quede uno solo de los que fueron cómplices y de los que siguen siendo cómplices dentro de la Universidad del Sur”, culminó.

DSCN7546Patrignani recordó que “cuando empecé con esto en soledad hace cuatro años, no lo hice porque tenía espíritu de kamikaze sino porque no conseguí quién me acompañara. Los argumentos eran: no es suficiente acusación el hecho de haber sido PCI, que haber sido PCI no es un delito, que es un tipo muy poderoso, que es juez federal y si le cae una causa contra la universidad nos hace pelota, qué jurado académico se va a enfrentar con este tipo. Toda una serie de argumentos que la perseverancia y el acompañamiento de ese grupo de militantes, de jóvenes, de estudiantes que se pusieron la mochila al hombro y a ese primer paso formal le dieron contenido y fuerza y le pusieron garra a las pegatinas, a las volanteadas”.

“Toda esa tarea fue convenciendo a algunos que no estaban convencidos y, por otro lado, los hechos relevantes de estos últimos meses, la decisión del Consejo de la Magistratura de avanzar con el juicio político donde han juntado todas las denuncias, la mía, la de los fiscales, de los organismos de derechos humanos, las viejas denuncias archivadas del sindicato de empleados judiciales y este llamado a indagatoria por parte del juez Ramos Padilla, han hecho que la universidad no pudiera seguir mirando para otro lado y tuviera que tomar esta definición”, explicó.

El profesor compartió el mérito de “esta victoria” con “la militancia” y llamó a prestar atención a quienes sean sorteados para conformar el Tribunal Académico para que “se hagan cargo, pongan las pelotas y hagan lo que tienen que hacer porque tenemos el antecedente de Gloria Girotti que se han vencido los dos años de plazo y, sin embargo, el jurado todavía no ha tomado una decisión. Seguiremos militando, hay que estar vigilante sobre esto y haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, empujando, reclamando y viniendo a romper las pelotas las veces que haga falta para que esto termine con la expulsión definitiva”.

Las Madres Lolín Rigoni e Inés Ragni abrazaron desde Neuquén a Patrignani por “honrar la militancia con su actitud” y Federico Machado, integrante de la conducción de la Federación Universitaria de La Plata, destacó la “correlación de fuerzas construida por el campo popular que nos permite, no solamente estar juzgando a los militares genocidas, sino también poner en el banquillo a sus cómplices civiles y expulsarlos para siempre de nuestras universidades para ponerlas definitivamente al servicio del pueblo”.

“Hace más de dos años, después que asumió una nueva comisión directiva en nuestra cámara, tuvimos una reunión con el ministro Alejandro Granados, informándolo de la problemática que había en el juego clandestino en toda la provincia de Buenos Aires. En mayo de 2014 se conforma la Comisión de Prevención y Represión contra el Juego Ilegal. Está constituida por el Ministerio de Seguridad y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos. A partir de ahí la Cámara toma las denuncias a través de un 0800 en toda la provincia de Buenos Aires y en una oportunidad nos llega una denuncia de un casino” dijo a FM De la Calle el titular de la Cámara de Agencieros, Gustavo O´Connor.

“Después de un año aproximadamente tenemos la grata noticia de que la Fiscalía Federal N° 12 junto con la Fiscalía n° 2 de Bahía Blanca actúan en este caso para dar a conocer y dar veracidad de la denuncia que nosotros habíamos recibido en ese momento”.

El dirigente acudió la semana pasada a Comodoro Py para ampliar la declaración. “La última versión que nosotros teníamos es que funcionaba en un club del barrio Hospital. Se juega determinados días. No circula dinero ya que determinados días se juega y otro día se realizan los pagos. Los juegos que se juegan tienen que ver con simular a un casino oficial”, sostuvo.

Llama la atención que en la casa de juego ilegal –ver foto-, sobre el ángulo izquierdo, se ve un afiche proselitista del candidato a intendente por UNA, Dámaso Larraburu.

Por su parte, el presidente del bloque de Integración Ciudadana en el Concejo Deliberante de  Bahía Blanca, Raúl Woscoff, recordó que “existe la ley provincial 13470 que regula el juego ilícito. Tomamos el antecedente del diputado (Ricardo) Vago del Partido Socialista que ha venido solicitando informes al Instituto de Lotería de la provincia respecto a qué montos en multas en los últimos años obtuvieron con motivo de procedimientos realizados para demostrar si efectivamente la provincia cumple con la ley y hace las inspecciones y si hay alguna sanción concreta. Resulta casi irrisorio advertir que hay sólo 53 mil pesos de multa recaudados a partir de la vigencia de la ley. Es una demostración clara del desinterés en el control”.

“Pero también tomamos noticia de que el propio titular del Instituto solicita a los municipio por los medios, y nosotros queremos saber si esto fue alguna circular o resolución, la mayor colaboración posible y el pedido de inspectores especiales para hacer las verificaciones en cada municipio respecto a los lugares donde se pudiera realizar juego clandestino. Entonces lo que queremos saber es si efectivamente el municipio de Bahía Blanca fue notificado de ello, si en el caso de que lo haya sido o no en alguna oportunidad ha solicitado la intervención y participación del Instituto de Loterías y Casinos de la provincia”, explicó el edil, haciendo referencia a un proyecto de resolución que presentó hoy requiriendo esa información al Departamento Ejecutivo.

“En algún momento el diputado hizo referencia, años atrás, a que se trata de un millón y medio de pesos diarios en la provincia lo que se podría mover o recaudar en concepto de juego clandestino y como se sabe esto puede estar asociado siempre a la corrupción, a la política. De manera tal que, si el Estado va a monopolizar el juego, no se puede dejar de advertir la incidencia que tendría para el erario público, y obviamente incluimos al municipio también, que recibe fondos provenientes de esa regulación del juego.” finalizó.

En el marco de una causa iniciada en una fiscalía provincial, un policía bonaerense se infiltró en la comunidad universitaria para investigar una pegatina de afiches denunciada por el camarista. El fiscal Nebbia solicitó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de Inteligencia Nacional.

El fiscal federal subrogante José Nebbia requirió la desestimación de la denuncia penal presentada por el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti –citado para el jueves próximo a indagatoria por crímenes de lesa humanidad-, por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen suya luciendo una gorra militar. En la misma presentación, el representante del Ministerio Público requirió que se investigue la violación a la ley de Inteligencia Nacional, por tareas de espionaje a la comunidad de la Universidad Nacional del Sur (UNS), dado que un agente policial se infiltró entre los estudiantes para obtener información sobre la pegatina.

La causa en la que dictaminó Nebbia fue iniciada en el fuero ordinario en noviembre pasado -y pasó al fuero federal por incompetencia- por impulso del propio Montezanti. En esa denuncia, el magistrado imputó el delito de desobediencia al profesor universitario José Dante Patrignani,  a quien se le había ordenado en sede civil ordinaria “cesar en la instalación y difusión de afiches ridiculizantes”.

En el marco de esa denuncia interpuesta por Montezanti, el fiscal provincial Rubén Álvarez había ordenado “tareas de investigación” que se tradujeron en un informe brindado en una declaración testimonial por el oficial subinspector de la Policía bonaerense Miguel Vaca. “Expresa que llevó a cabo múltiples tareas de inteligencia, entre ellas trató de vincularse con grupos socializantes de la Universidad Nacional del Sur, cosa que resultó sumamente dificultosa dado la condición de policía, la cual si bien mantuvo bajo reserva en todo momento, las personas con las cuales se pretendía vincular tienen pensamientos, ideologías y criterios distintos a los del deponente” (sic), señaló el policía, y, entre otras cosas, añadió que “aún así logró relacionarse con un par de jóvenes que participan de estos movimientos con los que tuvo cierto acercamiento, a punto de poder profundizar con la presente labor, pudiendo saber que Dante Patrignani, tiene acercamiento, o bien buena relación con los partidos de izquierda, entre ellos PO, liderado por Altamira; CTA; MCT; PCTU; PTF; con mayor acercamiento al Partido Comunista y Aduns, con cuyos líderes mantiene una estrecha amistad” (sic).

Nebbia desestimó la denuncia de Montezanti por daño, perturbación del orden y desobediencia al no encontrar que la pegatina de afiches encuadrara en aquellos delitos y destacó que “las tareas de inteligencia” en la UNS son “una verdadera locura”, porque “lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta”.

Por esa razón, el fiscal solicitó que “se extraigan testimonios de la presente causa para que se investigue -al menos- la violación de la ley de Inteligencia Nacional”, como la comisión del delito de abuso de autoridad por parte del oficial Vaca y sus superiores, “sin perjuicio de que la actividad pueda encuadrar también en otras figuras penales”.

Fuente: fiscales.gob.ar

La Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior de la Universidad del Sur aprobó un dictamen que hace lugar al pedido del profesor Dante Patrignani para iniciar un juicio académico contra el docente de Derecho, Néstor Luis Montezanti, ex Personal Civil de Inteligencia durante la dictadura e imputado en la causa que investiga crímenes de la Triple A. La propuesta que deberá analizar este miércoles el pleno del Consejo incluye la suspensión preventiva del denunciado hasta la finalización del proceso.

El rector universitario Ricardo Sabbatini aseguró que el enojo motivado por el debate de la sesión del 5 de agosto, derivó en la activación del trámite del juicio académico solicitado por Patrignani el 3 de octubre de 2011. Opinó que el dictamen “tuvo una muy buena acogida” y se esperanzó en que “se apruebe por unanimidad”.

La Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti convocó a concentrar el miércoles en el playón del edificio de la UNS de Alem 1253 a las 16:30, para movilizar hacia la sede del rectorado de Colón 80 donde comenzará a sesionar el Consejo Superior a las 18. “Es bueno que se confronte, que el estudiante aprenda a diferenciar, a debatir, estas cosas son propias de la vida universitaria”, manifestó Sabbatini.

“Estuvo trabado mucho tiempo, ustedes se acordarán, por un problema un poco técnico, que era un problema de los plazos. Eso se superó, justo fue antes de las vacaciones de invierno de la universidad, y ahora lo que nosotros un poco hicimos desde el rectorado junto con algunos consejeros de la lista  oficialista, fue ‘bueno, vamos a leer los expedientes’. Eso en realidad lo tienen que leer los abogados porque es bastante complicado entender todos los vericuetos judiciales.

“Se leyó todo el expediente y se llegó a una conclusión de que era válido el pedido de juicio académico de Dante Patrignani. Entonces hicimos un borrador de dictamen junto con los consejeros nuestros y que era precisamente iniciar el juicio a Montezanti en el Consejo Superior pero además agregarle una suspensión provisoria que está prevista en el reglamento”, comentó.

En cuanto a la reacción del también presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, el rector explicó que hizo una presentación en la UNS “por una averiguación de antecedentes que se había hecho. Nos llegó un oficio de la jueza Gabriela Marrón que a su vez Montezanti le había solicitado una serie de expedientes vinculados con su causa pero no directamente con el juicio académico”.

Además del cuestionamiento en la UNS, Montezanti el  25 de agosto debe hacer un descargo ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura en el marco de un pedido de juicio político por su cargo en la Cámara Federal y dos días después será indagado por el juez Alejo Ramos Padilla en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas de la Triple A que ya tiene cinco detenidos. En el caso del camarista, sus fueros impiden su detención pero no que sea investigado con prohibición de salir del país.

Entrevista realizada en el programa Enredados que se emite los sábados de 10 a 13 por Radio Altos.

Unas 200 familias cansadas de alquilar y con el sueño común del techo propio se organizaron en Gral. Cerri para gestionar las tierras y el financiamiento que les permitan concretarlo. Con el respaldo del Concejo Deliberante, esperan respuestas del municipio y tramitan terrenos cercanos a la Estación Aguará ante autoridades provinciales.

“Decidimos juntarnos, autoconvocarnos, venimos luchando para que el Departamento Ejecutivo de Bahía Blanca nos de alguna respuesta. Está duro, está complicado, pensaron que políticamente desde algún sector podían llegar a doblegarnos, gracias a dios no lo hicieron, estamos cada vez más sólidos, más unidos, trabajando más que nunca”, dijo a FM De la Calle Pedro Peralta.

En los últimos meses lograron “consolidar la filial de la ONG SEAC que amablemente amigos y compañeros de Buenos Aires nos ofrecieron para poder trabajar desde allí ya como una organización. Fuimos avanzando, los concejales por el mes de abril habían dictaminado que por unanimidad se aprobaba este proyecto”. La carpeta está en manos del titular de la Agencia Urbana Alberto Carimatti, de quien las familias esperan “una respuesta positiva”.

“Sí tuvimos la suerte que doblegaran esa intencionalidad de decirnos que no de primera y hoy están reconociendo que las tierras provinciales y nacionales son existentes para este tipo de desarrollo ya que estuvimos trabajando a lo largo de estos meses con gente de la provincia de Buenos Aires, especialmente de Tierra y Hábitat y tuvimos el acompañamiento de las empresas ferroviarias, antes unificadas en la ONABE hoy divididas en lo que es la Unidad Ejecutora del Plan Ferroviario Provincial. En este caso particular la vieja Estación Aguará se plantea como la mayor de las posibilidades, ya que es un espacio amplio, abierto, muy grande, y seguramente queden sin utilizarse esas líneas ferroviarias”, explicó Peralta.

Aun así, deberán tener paciencia hasta que se resuelvan trámites catastrales a cargo de ARBA y se realicen estudios de suelos desde la Subsecretaría de Tierra y Hábitat.

Peralta llamó a enfrentar la falta de viviendas colectivamente. Por ejemplo junto a “los compañeros de la UOM, con la gente que tenga esta problemática. Sentarnos en una mesa, discutirlo, proyectar algo en conjunto y que no sean simples palabras”.

“Que sea un acompañamiento desde lo social, desde la necesidad misma, porque me parece que ahí está la gran diferencia, en romper barreras, en dejar esa que nos tienen metida en la cabeza de hacerlo muy personalista y muy individual. Hoy se trata de lo social, de lo solidario, de lo comunitario. Tenemos un camino abierto distinto (…) la necesidad de la gente de poder decir ‘por primera vez tengo un techo digno, me siento digno, soy dueño de mi casa'”, concluyó.

Foto Manuel Zaldua Flickr.

Esta semana los fiscales José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani comenzaron a desarrollar su alegato en el juicio contra represores que actuaron en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina durante el terrorismo de Estado.

Afirmaron que este tercer juicio de lesa humanidad realizado en Bahía Blanca, develó “la existencia y funcionamiento de los centros clandestinos, los fusilamientos, los secuestros, las desapariciones y toda la mecánica del horror del terrorismo de Estado” y concluyó que el plan criminal “indudablemente” no hubiese podido llevarse a cabo “sin las complicidades civiles, de los empresarios, de la justicia y de la Iglesia”.

Durante las primeras dos audiencias de las cuatro otorgadas a la exposición fiscal, los funcionarios describieron la estructura orgánica de la fuerza y las normativas que demuestran la planificación al detalle del genocidio y relataron algunos de los hechos que se les imputan a 23 integrantes de la Armada, el Ejército, la Prefectura y el Servicio Penitenciario y la Policía bonaerenses.

El juicio se reanudará el lunes 24 y el martes 25 de agosto a las 9 en Colón 80. Luego deberán alegar las querellas y las defensas los días 1, 2, 22 y 23 de septiembre.

Continuidad y profundización

El fiscal José Nebbia abrió el alegato destacando los 39 años de impunidad que se comenzaron a saldar en el “largo camino” iniciado el 8 de julio de 2014. Fueron 65 audiencias en las cuales declararon más de 150 testigos, quienes -junto a la prueba documental- iluminaron “una porción de la historia que permanecía oculta porque no es sino hasta este juicio que se tiene una clara conciencia de las características y dimensiones de lo que sucedió en la región de Bahía Blanca, Punta Alta y alrededores”.

“Ya mucho se ha dicho sobre las características y condiciones políticas, sociales, culturales que existían entonces y que fueron aquel contexto histórico en el cual se enmarcó el genocidio sufrido por el pueblo argentino. Genocidio perpetrado a manos de quienes se creyeron aquel cuento de ser los salvadores de la patria y no fueron más que la mano de obra barata y descartable del momento, de aquellos que poseían, y algunos aún poseen, el poder real”, afirmó.

A la revisión sobre el accionar del Ejército, el Servicio Penitenciario y la Policía Federal que permitieron los dos primeros juicios, el debate en curso suma los prontuarios represivos de la Armada Argentina, la Prefectura y la Policía Bonaerense.

“Este variopinto de fuerzas implicadas, de imputados que integraron esas distintas fuerzas armadas y de seguridad, da cuenta justamente de esa articulación y del accionar conjunto que existió en esta jurisdicción. Las sentencias recaídas en la Causa 982 y 1067 hablan del contexto en el cual se cometieron estos crímenes, hablan de un contexto de genocidio que entendemos a esta altura del proceso de Memoria, Verdad y Justicia son hechos notorios”, sostuvo Nebbia.

Sin embargo, la Fiscalía se detuvo sobre algunos “hitos” que se repiten en cada juicio: la participación del diario La Nueva Provincia de la familia Massot y de la Iglesia Católica a través de sus capellanes militares.

Celia Jinkis, Madres de Plaza de Mayo.

La constante presencia del clan Massot

“El rol de ese multimedio ha sido tan cardinal, como ustedes mismos lo han señalado en aquella histórica primera sentencia, que es imposible silenciarlo. Hemos escuchado a lo largo de este juicio, de las audiencias de debate, cómo víctimas y familiares hicieron constante referencia al papel desplegado por el clan Massot en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra”, dijo el fiscal al tribunal.

Subrayó además que aquella sentencia de septiembre de 2012 permitió que uno de los responsables, el único vivo, Vicente Gonzalo Massot “debió sentarse en el banquillo de los acusados por primera vez frente a un juez a dar explicaciones al Estado democrático de derecho”.

El representante del Ministerio Público prometió exponer durante el alegato la relación de la empresa con los crímenes cometidos en la región: “Tenemos que recordar que aquí se están juzgando los secuestros, las torturas y los asesinatos de dos obreros gráficos de La Nueva Provincia, me refiero a Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Secuestros, torturas y asesinatos que fueron consecuencia directa de la férrea defensa que ambos obreros gráficos llevaron adelante respecto de los derechos como trabajadores”.

“Es que como dijera un nefasto personaje de la zona, hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos. Todos aquí sabemos a quién pertenece la cita y todos sabemos a qué empresa se estaba refiriendo”, manifestó en alusión a los dichos del general Adel Vilas.

Nebbia sostuvo que los juicios visibilizaron los dispositivos de exterminio de la Zona de Defensa 5 -“la existencia y funcionamiento de los centros clandestinos, los fusilamientos, los secuestros, las desapariciones y toda la mecánica del horror del terrorismo de Estado”- y concluyó que el plan criminal “indudablemente” no hubiese podido llevarse a cabo “sin las complicidades civiles, de los empresarios, de la justicia y de la Iglesia”.

El prefecto Martínez Loydi prefirió los cuentos de Fontanarrosa durante la audiencia.

En el nombre de dios

En cuanto al rol de los capellanes militares, el fiscal mencionó el reglamento de acción psicológica RC 5-1 del Ejército y se detuvo en las normativas de la propia Marina. “En el anexo F al Placintara 75, el anexo de personal, al señalar el mantenimiento de la moral de la propia tropa se señala: ‘Se fortalecerá la convicción del personal sobre la justicia de la causa nacional que se defiende, para lo cual se prestará preferentemente atención dentro de los servicios al religioso’”.

Adolfo Scilingo, antes de ser condenado a 1084 años de prisión en España, reconoció el “apoyo espiritual” de los capellanes para con los marinos que “no soportaban torturar o arrojar personas vivas desde un avión, método sugerido por la propia Iglesia”.

Durante los años 1976 y 1977 el jefe de servicios religiosos del Comando Naval fue el capellán Carlos Luis Wagenfuhrer. Surge de su legajo que tenía grado de capitán de fragata y como tal era calificado por su desempeño dentro de la fuerza. Nebbia destacó que el sacerdote “debiendo actuar por orden superior fuera de las instituciones en parroquias conflictivas como San Pablo y Cristo Rey de la ciudad de Punta Alta, encarriló a los fieles dentro de la correcta posición teológica y social de la Iglesia”.

“Esto está firmado por Bolino que era el jefe del Estado Mayor de ese Comando Naval y por su comandante Jorge Anaya. Incluso este capellán en su legajo tiene actuaciones por una afectación cardíaca, coronaria, que fue considerada por la justicia militar como producto de afecciones al servicio en esa intervención en esas parroquias de Punta Alta. Los curas que allí actuaban, en esas dos parroquias conflictivas, San Pablo y Cristo Rey, como así también algunos de los feligreses no escaparon a la persecución del estado terrorista”, aseveró.

Armados contra el pueblo

Finalmente, el Ministerio Público repasó durante los primeros minutos de su alegato el contraste entre la Armada Argentina nacida “a la luz de la llama de la independencia y de la revolución de 1810, luchando contra los marinos realistas y repeliendo invasores de potencias extranjeras” y la que bombardeó a su propio pueblo en 1955 o torturó y desapareció en la oscuridad del terrorismo de Estado, inscribiendo a sus responsables en “los anaqueles reservados a aquellos pequeños, oscuros y tristes personajes”.

Dicho contrapunto incluyó la resistencia al imperio de Brasil y bloqueo anglofrancés bajo las órdenes de Guillermo Brown, “un irlandés nacionalizado que se llenó de gloria peleando por la patria” a diferencia de los imputados que “se escondían detrás de las capuchas para, en una mesa de tortura, picanear a hombres y mujeres inermes, atados y desnudos a merced de esos valientes oficiales de la Armada Argentina. Esa fue su hazaña, esa fue su proeza dentro de la Marina. Secuestrar, robar, violar, asesinar y desaparecer”.

“De esos marinos estamos hablando aquí. De esa Marina que, como ustedes señalaban en la sentencia citada, fue la responsable de la masacre producida la mañana del 16 de junio de 1955 cuando desde sus propios aviones bombardearon y ametrallaron una Plaza de Mayo repleta de civiles. Algunos de esos aviones salieron desde aquí, desde la Base Aeronaval Comandante Espora, aquí fueron artillados y pintados con la conocida consigna Cristo Vence.

“Esa masacre que fue perpetrada sobre la emblemática Plaza de Mayo, repleta de civiles en ese momento, había hombres, mujeres, niños que aguardaban por un desfile aéreo, otros chicos que iban al colegio de la zona. El resultado de tan valiente acción de guerra fueron 335 civiles muertos y los hospitales colapsados por más de 700 heridos. Ese acto contra el propio pueblo, valga la paradoja, fue el bautismo de fuego de la aviación naval de la Armada Argentina. Al decir de un historiador: Buenos Aires se estrenaba como la primera capital de Sudamérica en ser bombardeada desde el aire por sus propias fuerzas armadas”, relató Nebbia.

Fuente: www.juiciobahiablanca.wordpress.com