La jueza Gabriela Marrón rechazó allanar el destacamento policial de Teniente Origone y la comisaría de Cerri y secuestrar los teléfonos celulares de decenas de efectivos vinculados a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

Las medidas habían sido solicitadas por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim con la intención de reconstruir la jornada del 30 de abril y, si se determinase que el joven no falleció ese día, conocer con quiénes se comunicó y en qué lugares habría estado. También investigan si intervinieron terceras personas en su deceso, “lo que -destacaron- no fue establecido en el informe pericial remitido por el EAAF”.

Marrón dedica su fallo a excusar a los policías implicados y a atacar al perito de la querella, Marcos Herrero, a quien pretende que se investigue por los hallazgos de su perro. Por otra parte, acusa a Heim y Azzolín de no buscar la verdad sino “solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento”.

La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal. Las querellas analizan recusar a Marrón.

Fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín.

La jueza sí ordenó que el policía Alberto González presente su libreta personal, en la cual registró los datos de Facundo aunque aparece “información antedatada” sobre la Testigo H. De no cumplirse voluntariamente será la Gendarmería la encargada de hacerlo.

Por otra parte, ordenó al Municipio de Villarino que entregue la información de todas las lectoras de patentes cercanas al puesto de control fitosanitario con el registro de los vehículos que pasaron del 30 de abril hasta el 8 de mayo. En la causa hay tres versiones: una planilla incompleta aportada por Senasa y dos versiones recortadas y “disímiles” entregadas por funcionarios municipales.

Aceptó, además, el pedido de información a las empresas correspondientes respecto a la titularidad de cuentas de redes sociales y correos electrónicos que pertenecerían a varios policías.

“Una actuación sistematizada para entorpecer la investigación”

Los fiscales encontraron “comunicaciones sugestivas entre miembros de la policía y el borrado de otras” en el análisis efectuado por la DATIP sobre las extracciones forenses de algunos de los teléfonos secuestrados, junto a imágenes que “no tendrían anclaje en su versión de los hechos”.

Advirtieron que existen rastros con ADN compatible a Facundo “en el interior de un móvil policial en el que supuestamente no habría estado”, lo que se suma al hallazgo de su amuleto en la sede policial a la que pertenece dicho vehículo y que, a su vez, “tenía asignado un celular del que se borraron registros de comunicaciones”.

Mencionaron la piedra turmalina del colgante de Facundo encontrada en el baúl del patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca que reportó “movimientos, cuanto menos extraños”, que lo ubicaron cerca del lugar donde se encontró el cuerpo del joven.

Y agregaron que en el interior de la mochila de Facundo estaba el pantalón con el que se lo ve junto a Mario Sosa en la foto tomada por Jana Curuhinca la mañana del 30 de abril. Allí también había otras prendas “aparentemente dañadas”, su registro de conducir pero no su DNI y un cartel con la inscripción ‘Médanos’ que “no habría sido escrito por Astudillo”.

Estas son algunas de las pruebas que llevaron a Heim y Azzolín a reclamar que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad entregue los teléfonos personales y oficiales de 46 agentes policiales de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, Gral. Cerri y Bahía Blanca.

Horas después de conocer las conclusiones de la autopsia, escribieron: “En el particular contexto de actuación general de la policía de Villarino, (las diligencias solicitadas) permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, aunque encaminada a entorpecer el curso de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte”.

El ex rector del Instituto Juan XXIII, Benjamín Stochetti, declaró en el Juicio Triple A sobre el crimen del sacerdote salesiano, Carlos Dorñak. La madrugada del 21 de marzo de 1975 la banda paraestatal realizó un raid se secuestros y fusilamientos que también tuvo como víctimas a Fernando Alduvino y a María Isabel Mendivil.

“Lo que ocurrió esa noche fue tan fuerte para mí que, por años, lo que tal vez le pedía a dios era que nunca estuviera un tiempo más pacífico, más nuestro, más acogedor que el que teníamos en ese momento. Le pedía a dios que siempre tuviera alguna dificultad porque no quería tener la experiencia de un rayo a mediodía”, afirmó.

Según su relato, el hecho fue “un desmoronamiento” para la institución que provocó que “cosas que se quisieron hacer en ese momento recién se realizaran en los últimos años”.

El cura y docente mencionó que junto a compañeros de su congregación como Benito Santecchia, José Del Col, Oscar Barreto y Juan y Valentín Reebok trataban “de animar al alumnado de acuerdo a lo que la Iglesia Católica nos proponía desde hacía unos años”. Al grupo solían sumarse párrocos diocesanos para “preparar las predicaciones del domingo”.

En alguna ocasión, Stochetti participó con Barreto de reuniones del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. “En el país había surgido de acuerdo al ejemplo de una veintena de obispos que después del Concilio propiciaba la mejora del mundo a través de la práctica de la justicia auténtica y la preocupación por los más necesitados”.

Destacó que “algunos de ellos, aunque no estuvieran enrolados en ese movimiento, por su acción o por su mentalidad habían tenido problemas. El más conocido es el caso del padre José Zamorano, un misionero español. Irrumpieron en su casa en horas de la noche, creo que eran fuerzas de seguridad”.

Stochetti dijo que Dorñak era un “músico muy exigente que hasta que no lograba la perfección en lo que hacía no se quedaba tranquilo”. Dirigía el coro de la institución y “su proclama de cura había sido de un salmo que dice: yo amo la belleza de tu casa”.

“Si había alguien que en cuestión de compromiso, de preocupación, no tuviera nada que ver con ni subversión ni siquiera con trabajo entre los pobres, era justamente Carlos Dorñak. Era docente, encargado de todo lo que tiene que ver con la documentación, el ecónomo de la casa, de tal manera que era muy amable, bondadoso y sensible”.

El asesinato de Dorñak

La vivienda del Juan XXIII era una casa de familia con varias habitaciones. En las dos del frente dormían Santechia y Dorñak. La de Stochetti daba al patio y, sobre esa, había otras dos que ocupaban Barreto y Del Col.

Aproximadamente a las dos y media de la mañana el cura escuchó explosiones y, unos segundos después, el padre Santecchia golpeaba la puerta de su habitación. “Le pedí que no hablara, me quedé quietito, él subió para avisar. Una vez que se silenció todo salí por la puerta o por la ventana y quise avisar al Colegio Don Bosco”.

Trepó uno de los árboles del patio. “Miré hacía la calle con la intención de saltar y vi a muy corto espacio, unos dos metros, a unos tres jóvenes, más bien altos, delgados, con armas, probablemente eran metralletas. Me quedé quietito en el follaje y unos minutos después, cuando vi que ya no estaban salté”.

Volvió con otros sacerdotes del Don Bosco y se encontraron con “el cuerpo tirado y fallecido, con un charco grande de sangre, que era el padre Carlos”. La patota destruyó e incendió con bombas molotov una sala donde funcionaba el mimeógrafo, dejó “un montoncito de escritos subversivos” y robó “una pistolita” que había en la casa.

Luego del asesinato de Dorñak, los curas del Juan recibieron una carta en la cual les daban un plazo para abandonar la ciudad. “Algunos se fueron, pensaron que era mejor distanciarse y otros nos quedamos. Yo era rector, me quedé más de una semana. Tal vez suspendimos las clases uno o dos días pero luego continuaron. Después de unos días el inspector opinó que era mejor que me fuera”.

Stochetti afirmó que a partir de allí “comenzó una vida de control” que lo llevó a Chos Malal, Junín de los Andes y, finalmente, a Luis Beltrán como director de una escuela agrícola. “Dentro de ese colegio había alguien que pasaba información de mis salidas”, comentó. Años después volvió como inspector y profesores del Juan XXIII le contaron que habían sido amenazados e interrogados respecto a su paradero. Mencionó además, una falsa alarma de bomba en la iglesia de Don Bosco cuando estaba por encabezar una misa en 1984.

El salesiano afirmó que se decía que la Triple A “era un sector político social violento”, gente “reclutada o que había optado por esos grupos” y que estaba vinculada “sobre todo a un gremialista, (el secretario de la CGT, Rodolfo) Ponce, también al sindicato de la Uocra y luego, sin definir bien las cosas, a las fuerzas militares, la policía, a las tres armas, sobre todo a la Marina”.

“Sé que esa misma noche hubo otros crímenes y tal vez antes y después también. Se comentaban casos de allí y de otras partes que hasta muy tristemente se habían confundido con alguno que habían asesinado”, sostuvo.

Sostuvo que La Nueva Provincia “tenía su ideología, por allí no la podían ocultar. Tenían el monopolio de información en Bahía Blanca y por supuesto que no estaba para nada de acuerdo con nuestra postura posconciliar del Juan XXIII”.

La casa de los curas estaba frente a la delegación de la Policía Federal. Sin embargo, el testigo aseguró que “jamás” pensó en pedirles ayuda porque en las fuerzas armadas y de seguridad “hay de todo”.

En el juicio están imputados Héctor Forcelli, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Pallero. Las audiencias continuarán los días 23, 29 y 30 de octubre.

“Es muy fuerte volver a pasar una pesadilla después de 15 años”, dijo Rosalía Reyes desde la casa de su hermana, donde cumple arresto domiciliario. Fue en una conversación por el Instagram de FM De la Calle conducida por Giuliana Crucianelli.

Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero, el Tribunal Criminal N° 3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.

“Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla”, relató.

El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.

“En el frigorífico se mataban pollos para ir a la Cooperativa. En ese entonces trabajaba muchas horas, 13, 14 horas por día, era monotributista, si no trabajabas no cobrabas, no teníamos obra social. Era mamá de cuatro hijos: Vanesa de 12, Mayra de 10, Némesis de 9 y Brian de 4. Era mamá y papá, sostén, tuve que agachar la cabeza para darle de comer mis hijas, llevarle el plato, estuve alrededor de siete años trabajando en el frigorífico. Cuando quedé embarazada lo oculté, no por que no quisiera que nazca, lo oculté para resguardar mi trabajo, no quería quedarme sin darle la alimentación a mis hijas, solamente comíamos bien cuando cobrábamos”.

En el 2007, después de diversos desmanejos de operadores judiciales y una revictimización constante, la causa llegó a juicio y Rosalía escapó.

“Tuve mucho miedo, mis hijas eran chicas. No me quise presentar a la sentencia porque tenía miedo que me den perpetua. Yo era todo para mis hijas, tomé a mis cuatro hijas y me fui a Zárate. Veía un patrullero y me escondía. Fue pasando el tiempo, me animé a salir más a trabajar. En el 2009 nació mi hija Brenda. Siempre digo que Dios me devolvió esa vida que no pude salvar”.

En el 2019, Rosalía llevó a Brenda a su último control médico y a través del reconocimiento facial de las cámaras de Retiro, la Policía la identificó y la detuvo porque tenía una orden de captura. “Me detuvieron, me llevaron a la Unidad de Azul después de 14 años y medio y volvió a pasar la misma situación otra vez”.

En febrero, fue condenada a ocho años de prisión por la jueza Daniela Castaño con la adhesión de sus pares Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire.

Rosalía necesita ver a su hija menor y a sus nietos en Zárate. “Día a día me dan fuerza, desde que empezó todo esto, siempre están conmigo. Siempre me dicen no bajes los brazos mamá, sos muy fuerte”.

“En ese momento veía mucha gente, muchas marchas y cuando hablo con mi abogada y le pregunto me dice ‘es todo el apoyo hacia vos Rosalía’. Estoy sin palabras, ahí sentí el apoyo de muchas mujeres feministas, cuando hace 15 años atrás estaba sola”.

La defensora oficial, Fabiana Vannini, elevará un pedido de informe socioambiental de Zárate para pedir el cambio de domicilio y que Rosalía pueda cumplir la domiciliaria allí. Aún no hay fecha de audiencia en la Cámara de Casación Penal.

“Espero que los jueces revean mi causa, que no juzguen porque solo una sabe lo que pasó. Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas”.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad.

Lo hizo luego de cuatro años de inactividad y ante un pedido de juicio político. Sin embargo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo rechazaron la invitación por entender que fue una jugada “oportunista” del magistrado. Tampoco asistieron la mayoría de los organismos de derechos humanos.

El secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo a FM De la Calle que consideran que la reunión “no existió, al no participar los tres poderes no hay ‘Interpoderes'”.

Más allá de los intereses de Rosenkrantz, el espacio “generaba la posibilidad de ir a disputar. Para nosotros no hay escenarios amigos, no hay gobiernos amigos. El gobierno decidió no ir, una táctica errónea porque en política cuando alguien dice no voy siempre pierde, y nos quitó la posibilidad de reclamar. ¿A quién le reclamamos? ¿A (Horacio) Pietragalla? Si no se hace cargo de nada”.

Agregó que “estamos enojados, aunque con la derecha no nos enojamos, a la derecha la combatimos. Programáticamente pedimos la ampliación de la Corte Suprema para terminar con esto, decimos que hay que cambiar la Corte, la Constitución, y no solo eso sino cambiar el Código Penal, los que pretenden corrernos sin ir a la reunión es una pavada”.

Al final, señaló Schulman, “terminó el día y Ronsenkantz sigue en la Corte, los juicios siguen hechos mierda y el gobierno no hace nada”.

El dirigente mencionó que “los procesos de Memoria Verdad y Justicia son responsabilidad del Estado argentino. Que el Ejecutivo siga mirando para otro lado o que el Legislativo pueda creer que puede estar ausente no lo convalidamos”.

“Están al margen de la lucha contra la impunidad, la impunidad no es poner al Sargento García que estaba tomando mates y torturaba un rato. En Bahía la impunidad es de los dueños de La Nueva Provincia, de Montezanti y de todos los jueces que lo avalaron durante años sabiendo que había participado del grupo de tareas que agredió a los estudiantes el día que habían protestado por el asesinato de Watu, de eso presentamos pruebas hace 15 años. La impunidad toca al poder real y por eso los que tienen alguna complicidad están asustados y los que no lo quieren enfrentar hacen estas cosas que hizo el gobierno con la Comisión Interpoderes que es funcional a que siga la impunidad”.

“El manoseo de Rosenkrantz es banalizar los juicios y nuestra lucha”, concluyó Schulman.

El Centro de Estudios Legales y Sociales concurrió al encuentro y detalló sus planteos en un comunicado. Advirtió que “la falta de compromiso que caracterizó estos años” incluyó “dilaciones injustificables, ausencia de políticas de apoyo a las víctimas y a las investigaciones, desarticulación de los equipos de relevamiento, decisiones judiciales cuyo trasfondo es frenar el proceso, como ocurrió con el fallo del 2×1 y ocurre con las trabas en las investigaciones de responsabilidades empresariales como la que involucra a Carlos Blaquier por la represión en el Ingenio Ledesma”.

La periodista Adriana Meyer, quien cubre la investigación sobre la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro para Página/12, conversó con FM De la Calle sobre la nueva etapa de la causa.

“El uso del lenguaje nunca es neutro ni casual y se juega con esto del informe final de la autopsia como final de la causa. Es la antítesis. La causa, previo a la autopsia, había tenido un vuelco importante cuando empezaron a trabajar los fiscales Heim y Azzolin, hay nueva prueba que los querellantes prefieren no revelar porque está en marcha”, apuntó.

Meyer, quien publicó recientemente una nota de opinión titulada “Que parezca un accidente“, afirmó que “buscar la mayor objetividad no implica ser neutrales. Algunos periodistas critican respecto de quienes investigamos lo de adherir a la posición de la familia: a la víctima hay que escucharla en serio”.

Respecto del hallazgo de ADN de Facundo en un patrullero, señaló que se trata de un cabello “que como no esta el bulbo, se puedo dar con ADN mitocondrial que corresponde a Cristina. Eso sumado a una certera identificación de los testigos de uno de los policías sospechados, una serie enorme de medidas que hacen a la querella estar esperanzada que se va a llegar al pedido de encarcelamiento e indagatoria de los sospechados”.

Meyer sostuvo que “hay que reiterar y machacar, ante enormes esfuerzos por encubrir, que el objeto de la causa desde que pasó al fuero federal es desaparición forzada. Pasa el tiempo y ves operadores periodísticos que responden a sectores de la policía y sectores muy conservadores del Poder Judicial que vuelven a a la carga con la hipótesis del accidente, que no fue descartada pero está muy abajo, la primordial sigue siendo la desaparición forzada de persona”.

En relación al informe de los resultados de la autopsia destacó que “hay tergiversación en el sentido de mencionar la posibilidad de accidente cuando la autopsia dicen que con lo que hay, un cuerpo desmembrado, sin carne, es decir, unos huesos y esqueleto incompleto, pusieron que fue una muerte violenta de asfixia por sumersión, pero no hay elementos para afirmar ni que fue un homicidio ni un accidente ni suicidio. La hipótesis de suicidio nunca fue hipótesis para los investigadores”.

“También es cuestionable que la autopsia haya afirmado con tanta elocuencia la no intervención de terceros. Eso, según expertos que consulté, va a ser respondido en la investigación penal”.

¿Qué matices hay en el trabajo y el rol del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la Corte?

“Hay un primer cuestionamiento dicho por Creimer, que no hubo un ateneo, una discusión previa y cuando ella fue a la reunión el informe ya estaba redactado. Salvando eso, el día de la reunión tuvo discusiones fuertes respecto a algunas disidencias, especialmente con equipos de la Corte y de la justicia. No cargaría las tintas sobre el Equipo, así como son hiper profesionales y rigurosos, su capacidad empieza y terminan en una excelente identificación de huesos. Esta causa es mucho más que un conjunto de huesos”.

Agregó que “lo que cuestionaba Creimer no tenía que ver con el EAAF sino con la odontóloga que le dijo a la mamá de Facundo una cosa el día de la autopsia y después se desdijo. A las claras hubo presiones para que el informe dijera algunas cosas. Por lo que dijo Creimer, a ella también la querían presionar para que firme en conformidad, el lío se armó cuando ella dejó escrita su disidencia”.

Asimismo la periodista señaló que el hecho que la jueza no haya incluido esta firma en disidencia parcial de la perito de la querella en el comunicado entregado a los medios “no es neutral”.

“Me hace acordar a los 55 peritos de (el juez Gustavo) Lleral de la causa Maldonado, resultó que eran 26. No soy quien para cuestionar a un perito, pero hay cosas operativas. ¿Por qué la jueza omitió semejante cosa? La disidencia de la perito es lo que permite seguir debatiendo en la causa y que esto no sea un cierre”, señaló.

Meyer afirmó que “en la desaparición forzada el encubrimiento de la fuerza sospechada es parte del mismo delito. En la primera parte del expediente había solo versiones policiales. Cuando eso llega a la instancia que se agota la causa provincial y pasa a federal, un organismo como la Comisión Provincial por la Memoria y Amnistía ven que hay elementos. Esos organismos no se meten si no ven claramente la intervención de la policía”.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías anuló la elevación a juicio y la prisión preventiva contra Axel Moreyra, el joven acusado de ser autor de un robo con arma en la zona de El Pinar que nunca cometió y por el cual estuvo detenido durante más de treinta días.

Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou apartaron a la jueza de Garantías Marisa Prome por haber realizado una mala valoración de la prueba. El cuestionamiento central es que se probó que el imputado estaba en otro sitio en el momento del hecho.

El chico continúa en prisión domiciliaria hasta que se realice una audiencia con el nuevo juez, Guillermo Mércuri, quien deberá resolver teniendo en cuenta las definiciones de la Cámara.

Juan González, abogado defensor de la familia Moreyra, explicó a FM De la Calle que la decisión tomó en cuenta “una valoración de la prueba que habíamos presentado como defensores. Se hace una nueva resolución y determina la arbitrariedad de la jueza”.

“Nuestra hipótesis está basada en pruebas acompañadas en el expediente, hicimos una pericia ocular, se acercó la mamá al lugar, recorrimos la zona, vimos cámaras, el chico estuvo en otro lugar que no coincide con la zona en la que fue el robo. Las víctimas se comunican al 911 16:06 cuando tenemos registrado a Axel en calle 14 de Julio, cerca del cementerio, donde iba caminando con su hermana. Las cámaras lo registran a las 16:02, es imposible que el joven esté en dos lugares al mismo tiempo. Esa prueba no se valoró correctamente ni por la fiscalía ni por la jueza”.

González aseguró que les llamó la atención “porque hemos presentado testigos y pruebas. La geolocalización de celulares la pedimos y nos la negaron”..

Señaló que “con lo que ya surge con la carga de prueba de la fiscalía y con la de la defensa, creemos que no existe la probabilidad positiva que se requiere para que una persona tenga un grado de sospecha para aplicar preventiva y llegar a juicio”.

El letrado agregó que “Axel es inocente hasta que se demuestre lo contrario con sentencia firme y con un juicio justo. El proceso llevado a cabo por el Ministerio Publico Fiscal ha carecido de esto. Si alguien levanta una acusación que tiene una pena de 5 a 15 años de prisión, mínimamente tiene que ir a hacer una pericia ocular. ¿Cómo no puede salir a buscar testigos? ¿Cómo no va a ir hasta el lugar”.

“La familia está muy mal, están viendo esto como una pesadilla, ahora el está en modalidad domiciliaria, no sale de la habitación. Esto es un tema que genera un trauma, Axel es un chico que nunca pisó una comisaría, que no tiene antecedentes. Esta situación la están viviendo con muchísima angustia”, concluyó.

“Esto recién empieza”, dijo Cristina Castro tras conocer los resultados de la autopsia a los restos de su hijo. Afirmó, además, que recibió resultados de análisis de ADN que identificaron su perfil genético en una de las pruebas secuestradas en la investigación.

Se excusó de brindar mayor información pero sostuvo que “si hay ADN concordante conmigo es porque mi hijo estuvo en ese lugar”. Según pudo conocer FM De la Calle, la muestra correspondería a un pelo sin bulbo con ADN compatible con Facundo.

Se trataría de uno de los elementos encontrados en el patrullero Toyota Hilux, interno 22788 patente EPH-491, que el día de la desaparición del joven era conducido por el policía Alberto González del destacamento de Teniente Origone.

En un calabozo externo de dicha sede de la Bonaerense, el perro Yatel, del entrenador Marcos Herrero, encontró el amuleto de Facundo. El mismo can había ladrado, gemido y rascado de manera “concluyente” en la patrulla. “En algún momento Facundo estuvo en esa camioneta”, dijo entonces Herrero.

Con los resultados positivos del allanamiento del 31 de julio, la querella pidió ampliar el relevamiento del puesto de Origone junto a Herrero e integrantes de la Policía Científica. Quieren que se “proceda a requisar, recolectar rastros y someter a pruebas de sustancias hemáticas a través del dispersado de luminol”. La jueza Gabriela Marrón nunca lo permitió.

González declaró que el 30 de abril un vecino lo llamó porque había un chico caminando a la vera de la ruta. Relató que se dirigió al KM 750, requisó a Facundo y tomó una foto de su carnet de conducir. Como desde Médanos le advirtieron que ya había sido infraccionado, lo dejó seguir.

En el marco de un rastrillaje, González dijo a Cristina Castro que su hijo continuó camino a pie hacía Bahía Blanca. Sin embargo, días atrás había declarado en sede policial que lo había levantado una Duster Oroch.

Allí se vincula con el testimonio de la Testigo H, acercado a la causa por les bonaerenses Mario Gabriel Sosa y Siomara Flores cuando su fuerza ya estaba apartada. Sosa y Jana Curuhinca fueron quienes infraccionaron a Facundo por la mañana en Buratovich. Flores es media hermana de Curuhinca.

Los testimonios de González y la Testigo H son contradictorios en varios puntos. Por ejemplo, hay una diferencia de siete kilómetros entre el sitio en el que cada cual ubica los hechos, en si hubo o no participación de un segundo policía y en la manera en que estaba estacionado el patrullero.

A mediados de junio, González recordaba llamativamente con exactitud el domicilio de la novia de Facundo a donde le habría manifestado que se dirigía.

Otro documento “curioso” es su libreta de trabajo. En una de sus hojas se leen los datos de la Testigo H y debajo los de Facundo. “En la hoja donde tomé los datos de este chico, figuran los datos de una señora (XX), recuerdo que eso fue anotado porque varios días antes me avisan que esta señora se había escapado de un control de tránsito en Mayor Buratovich y que salga y la intercepte, por eso yo anoté en la libreta eso”, intentó explicar el teniente primero.

Foto libreta: Adriana Meyer.

“Ser joven no es delito”, es el título de esta segunda entrega de la serie ¿Quién mató a Facundo? Un documental urgente en tiempo real. El capítulo cuenta la vida y militancia de Facundo en Pedro Luro, un pequeño pueblo del partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires.

En este capítulo acompañamos durante un mes a Cristina Castro, la madre de Facundo, que comenzó peregrinando por comisarías y llegó a la Quinta de Olivos exigiendo nuevas autoridades en la causa judicial. También grabamos con Vanesa Ganduglia y Mercedes Hollmann, ex docentes de la experiencia cultural-educativa Semillero Cultural, quienes relatan el contexto en el cual Facundo se convirtió en un militante involucrado con los derechos humanos y la realidad política.

También conocemos a algunos de los amigos de Facundo, o el Kufa como solían llamarlo, quienes reconstruyen la personalidad y las actividades que realizaron durante la adolescencia. El archivo del documental muestra a Facundo en todas sus facetas, el rapero, el militante por los derechos humanos, el peronista y el más divertido de sus amigos.

“¿Quién mató a Facundo?” es un documental urgente porque busca responder y desarticular una enorme maquinaria de prensa montada para encubrir a los responsables del crimen. Se produce y emite en episodios, que van siguiendo en tiempo real la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, luego de tres controles de Policía Bonaerense.

Los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, Andrés Heim y Horacio Azzolin informaron que contextualizarán los resultados de la autopsia sobre los restos de Facundo Castro con los demás elementos incorporados a la causa e informes de diferentes organismos cuya producción se encuentra en curso.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal participaron del acto en el que se notificó el informe integrado de los estudios periciales realizados al cuerpo hallado en Villarino Viejo y escucharon de primera mano el parecer de las y los peritos intervinientes.

Por la tarde la fiscalía mantuvo un nuevo encuentro con la mamá de Facundo, Cristina Castro Alaniz, y los abogados de la querella, en el que analizaron e intercambiaron opiniones y puntos de vista respecto de los resultados al que arribó el equipo interdisciplinario que llevó a cabo la autopsia sobre los restos de Facundo.

Asimismo, en el marco de la hipótesis de trabajo que constituye el objeto procesal de la causa, es decir, la posible desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que motivara la intervención de la Justicia Federal, se acordó continuar y profundizar la pesquisa.

La autopsia fue realizada el 25 de agosto por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Cuerpo Médico Forense (CMF), el CONICET, las universidades de Quilmes (UNQUI) y del Centro (UNICEN) y una perito de parte.

La fiscalía recibió con cautela los resultados volcados en el informe y expresó que serán valorados en conjunto con los demás elementos de la investigación sobre los que se están trabajando y otros que están pendientes, en especial los relativos al análisis de los teléfonos celulares secuestrados, del posicionamiento de los móviles policiales y de estudios oceanográficos que se van a realizar en la zona.

Fuente: fiscales.gob.ar

Esta tarde Cristina Castro encabezará una conferencia virtual organizada por Amnistía Internacional. Participarán también los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, la dra. Virginia Creimer y une representante del organismos de derechos humanos.

El EAAF determinó que Facundo Castro murió por “asfixia por sumersión (ahogamiento)”, aunque el informe final de la autopsia advierte que “el avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental”.

COMUNICADO DEL JUZGADO FEDERAL N°2

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó el informe integrado de los estudios de la autopsia realizada el 25 de agosto en el marco de la causa que investiga este juzgado Federal nº2 de Bahía Blanca a cargo de la doctora María Gabriela Marrón. Los principales resultados científicos son que:

• Los restos analizados, hallados el día 15 de agosto de 2020 en la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como “Villarino Viejo”, provincia de Buenos Aires, pertenecen a Facundo José Astudillo Castro de acuerdo al proceso de identificación que combinó el análisis antropológico forense, médico forense, odontológico forense y genético forense.

• Los resultados del estudio biológico llevado a cabo en médula ósea determinaron la presencia de un número significativamente alto de restos de diatomeas (algas microscópicas), coincidentes con las de las muestras ambientales de agua y sedimentos tomadas en el lugar del hallazgo.

• Dichos resultados permiten aseverar, con el rigor científico necesario, que la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjo por asfixia por sumersión (ahogamiento). La sumersión (mecanismo asfíctico) es la causa de muerte por obstrucción de la vía aérea por el ingreso de líquidos durante el proceso de respiración bajo el agua, generando el ahogamiento (asfixia mecánica).

• El fenómeno “Pink Teeth” (diente rosado o coloración rosada por transparencia del esmalte) observado en las piezas dentales anteriores del maxilar inferior, debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte.

• Respecto al signo del diente rosado con relación a la causa de la muerte, descrito por la odontología forense en casi 200 años de investigación, los distintos autores han concluido que su presencia en forma aislada debe ser considerado orientador pero inespecífico para establecer causa de muerte, ya que puede hallarse en patologías infecciosas (fiebre tifoidea), en alteraciones de la hemoglobina (porfirias congénitas), en alteraciones químicas con cambios bruscos de presión (accidentes aéreos), como fenómeno postmortem en cuerpos hallados en ambientes fríos y húmedos, o en muertes violentas por asfixias mecánicas o químicas (ahogamiento, estrangulación, intoxicación por monóxido de carbono). Sin embargo, asociado a la presencia de diatomeas en médula ósea, complementa la condición de una asfixia por sumersión.

• El hecho de que la identificación de los géneros y especies de diatomeas halladas en la médula sean coincidentes con las recuperadas en muestras de agua y de sedimentos recogidos en el lugar del hallazgo de los restos es altamente indicativo de que se trata del medio en el cual se produjo la muerte.

• Se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental.

• Los restos óseos estudiados no presentaban lesiones vitales, de origen traumático, ni otras antemortem (previas a la muerte).

• En las diferentes piezas óseas observadas, y mediante el estudio de imágenes radiográficas, no se evidenciaron estructuras de densidad metálica, similares a elementos que puedan corresponderse con aquellos que producen injurias o lesiones (como por ejemplo proyectiles de arma de fuego, segmentos de arma blanca, entre otros).

• No se observaron cambios de coloración, u otros signos, en los huesos bajo estudio compatibles con el uso de sustancias ácidas, alcalinas o por exposición a una fuente emisora de calor.

• No se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados.

• Todas las lesiones y pérdida de algunas piezas dentales que presentaban los restos estudiados son postmortem (posteriores a la muerte), producto de depredadores y exposición medioambiental.

• El tipo, intensidad y tamaño de las modificaciones identificadas en los diferentes restos óseos analizados indican la acción de carnívoros de la familia de los cánidos de pequeño tamaño. De acuerdo a la fauna presente en el área, el zorro pampeano o gris constituye el principal agente que afectó al cuerpo.

• El patrón de ausencia de algunas partes del cuerpo de pequeño tamaño y de destrucción parcial de algunas partes de los elementos presentes es el esperado para la acción del zorro pampeano.

• La desarticulación y desplazamiento de ambos miembros superiores (uno de ellos hallado a 73,9 metros del cuerpo) y del miembro inferior derecho fue producida por este mismo cánido.

• Las marcas y fracturas producidas por carnívoros se produjeron con posterioridad a la muerte siendo, en consecuencia, no vitales. Presentan un patrón compatible con un acceso inicial a un cuerpo con presencia de órganos y tejidos blandos.

• Los hallazgos relacionados con la preservación y dispersión de los restos humanos son consistentes con procesos tafonómicos provocados por agentes medioambientales y bióticos (fauna) de la zona donde fueron encontrados.

• El cuerpo hallado en este ambiente habría estado sujeto -además de a la acción de animales carnívoros- a la fluctuación de agua por las mareas, la presencia de invertebrados (cangrejos) y aves, entre otros. Esta dinámica posiblemente generó el movimiento del cuerpo y la pérdida de las prendas de vestir.

• El intervalo postmortem estimado, es decir el tiempo mínimo transcurrido entre la muerte y el hallazgo, sería no menor a 30 días determinados por tafonomía (acción del ambiente) y entomología (micro fauna asociada a los restos); siendo el tiempo máximo estimado del período transcurrido desde la muerte mayor, pero no pudiendo determinarse científicamente.

• Del estudio forense no surgen elementos que permitan suponer que los restos humanos hayan estado en otro ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem consignado.

Todo lo descrito se encuentra fundamentado en los hallazgos, análisis y estudios complementarios realizados en los restos óseos de quien en vida fuera Facundo José Astudillo Castro por los peritos que participaron de la autopsia y firmaron el Informe integrado recibido por el juzgado: Dr. Luis Fondebrider (Antropólogo Forense, Director ejecutivo del EAAF), Lic. Analía Simonetto (Antropóloga Forense, Coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense del EAAF), Dra. Mercedes Salado Puerto (Bióloga y Antropóloga Forense, Coordinadora de Identificación del EAAF), Dr. Luis Alberto Bosio (Médico Forense del EAAF); los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) Dr. Roberto Cohen (Médico Forense, CMF), Dr. Alejandro Rullan Corna (Médico Forense, CMF), Dra. Marta Maldonado (Odontóloga Forense, CMF), Dr. Jorge Pereyra (Radiólogo Forense, CMF), Lic. Mariana Selva (Antropóloga Forense, CMF); y los especialistas propuestos por el EAAF, Dra. Nora Irene Maidana (Laboratorio de Diatomeas Continentales del CONICET), Dr. Néstor Centeno (Entomología Forense de la Universidad de Quilmes), los especialistas en tafonomía, Dra. María Amelia Gutiérrez (Ciencias Naturales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN), Dra. María Clara Álvarez (Arqueóloga, UNICEN) y el Dr. Cristian Ariel Kaufmann (Ciencias Naturales, UNICEN); y la perito de parte Dra. Virginia Creimer, consultora en Medicina Legal.

A las 20:30 familiares, amigues e integrantes de la comunidad de Pedro Luro se reunirán en la estación del ferrocarril para encender velas en memoria de Facundo Castro al cumplirse cinco meses de su desaparición.

Será en vísperas de la entrega de los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del joven, encontrado a mediados de agosto en Villarino Viejo. En el marco de la causa por desaparición forzada seguida de muerte el trabajo está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La audiencia comenzará a las 9 de la mañana y a su término el Juzgado Federal N°2 difundirá un comunicado con las conclusiones. La querella estará representada por la perito Virginia Creimer.

Por otra parte, este miércoles el bloque de concejales/as del Frente de Todos propuso poner el nombre de Facundo al predio del ferrocarril de Pedro Luro.

El edil Ignacio Dallavia dijo a FM De la Calle que el lugar “significó mucho para Facundo, era su casa, donde él pasaba gran parte de su tiempo, era un lugar de aprendizaje, de encuentro, de lectura, de trabajar por el otro, de trabajar por verdad y justicia, por la memoria. Facundo era un comprometido con la causa”.

“Hemos trabajado con vecinos de Pedro Luro y con compañeros en esta iniciativa, nos parece importante marcar ese lugar y que sea el símbolo de encuentro de todos los villarinenses con Facundo”, agregó.

Dallavia destacó que “es un proyecto muy completo, con todo el trabajo que realizaba y cómo se veía reflejado en el otro: un pibe bueno, alegre, de familia, murguero. Creemos que es en estos casos donde tenemos que visibilizar estas tareas que hacía Facundo como un montón de pibes más que trabajaban en el Semillero Cultural con un objetivo claro que era mantener viva la memoria del pueblo”.

Les concejales pretenden realizar un mural en uno de los galpones del sector para que “cuando nos acerquemos todos los vecinos a tomar un mate o compartir una actividad física estemos más cerca de Facu compartiendo ese mate”.

Un joven de 20 años fue golpeado por la policía y estuvo tres días detenido en la DDI acusado de un robo calificado que no cometió. La Bonaerense lo levantó el 24 de agosto en Barrio Universitario. Su madre habló con FM De la Calle sobre el episodio de similares características al ocurrido en El Pinar con la detención de un joven imputado por un robo con armas que no cometió.

“Mi hijo iba caminando por 12 de octubre, lo intercepta un patrullero, lo detiene, le preguntan nombre y apellido, le piden DNI. Les comenta de dónde viene, le dicen tenemos ahí a tu compañero con el que vos cometiste el delito. Lo acusaron de un robo con un menor de edad”, comentó a FM De la Calle su madre, Liliana.

La mujer relató que al día siguiente recibió un llamado desde la sede policial: “Me dicen que mi hijo estaba detenido por un robo agravado. No lo podía creer porque mi hijo es un pibe trabajador, tiene una hija, es tranquilo, no tiene junta”.

“Fueron dos o tres días de angustia, desesperación, por no saber a dónde acudir. Cuando lo pararon en la calle hubo abuso de autoridad, el trago amargo no te lo saca nadie. Mi hijo todavía sigue con la causa, jamás tuvo una entrada de una comisaría. A mi hijo le arruinaron la vida”.

“En el momento que lo detienen uno de ellos le pega cachetazos, le dijo decí la verdad, confesá, obligándolo a que el diga yo fui y robé”, apuntó Liliana.

Dos días después del hecho, mientras el joven todavía estaba detenido, le tomaron declaración. “Coincidió con la declaración de la prima porque él estaba tomando mates con ella a la hora del hecho. Ese mismo día le dieron la libertad”.

“El es albañil, jamás en mi vida imaginé que iba suceder. Me lo traje a vivir conmigo, está con mucho temor de salir a la calle, ya a una cierta hora no quiere salir, sale de trabajar y va derecho a ver a su hija”.

-¿Temor a la policía?

Sí, la verdad que sí.

Carolina Ojeda dijo a FM De la Calle que hace 30 días vive una pesadilla. Contó que su hijo Axel está detenido desde el 31 de agosto por un robo con armas que no cometió.

“Precisaban llevar a alguien, agarraron a un pibe y le arruinaron la vida”, afirmó. Intervienen la fiscala Claudia Lorenzo y la jueza de Garantías Marisa Promé.

 

Ojeda relató que suele salir a caminar con su hija por la zona de El Pinar. Ese día no tenía ganas y le pidió a Axel que acompañe a su hermana.

Según comentó, salieron 15:56 del domicilio ubicado en el barrio Sánchez Elias: “Suben por Bermúdez, los capta una cámara de vecinos, los capta una cámara del SIPREVI frente a la leñera, cruzan al cementerio y son interceptados por policías en moto. Lo revisan a Axel, mi hija me llama y me dice que vaya, escucho cómo la policía intenta sacarle el teléfono”.

“Me dicen que hubo un masculino que circulaba con un arma entre sus prendas, me dicen que me quede tranquila, que no tiene absolutamente nada. Me tienen 25 minutos demorada, me dicen que bajemos a la Comisaría Cuarta para ver antecedentes. Terminamos yendo, cuando baja mi hijo, entra a la comisaría, me saca un oficial y me dice que mi hijo queda detenido por robo agravado por uso de arma”, afirmó la mujer. 

Axel estuvo arrestado durante cinco días en la Cuarta, lo trasladaron al Destacamento de Palihue hasta el 7 de septiembre y al día siguiente lo llevaron a Coronel Suárez donde permanece detenido. Desde la Fiscalía informaron que la causa ya fue elevada a juicio. 

Ojeda mencionó que su hijo es asmático, que tuvo que llevarle la medicación personalmente y que solo puede comunicarse con él dos veces por semana.

Axel está acusado de robo a mano armada. La familia ofrece testigos que vieron a dos hombres en moto robar las mochilas a un grupo de adolescentes que circulaban por la zona. A partir de la identificación de una joven, la policía persiguió a uno de los implicados que volvió al lugar y finalmente escapó.

“La descripción de los delincuentes no coincide con la de mi hijo, me allanaron mi casa, buscaban pertenencias de los chicos, las mochilas, gorras, ropa y no encontraron nada. La policía cuando redacta la denuncia dice que la chica es la novia y  que estaba tres cuadras, en realidad es su hermana. Me tomé todo el trabajo que la justicia no hizo”, agregó Ojeda.

“La fiscal me denegó varios testigos que presenté. No me da explicaciones, mi hija y yo pedimos muchas veces poder declarar, estoy pidiendo el rastreo de la localización del teléfono de mis hijos, eso demuestra que nunca estuvieron en el sector del robo. Si acudo a los medios es porque no me dan respuesta. Hace 30 días que tengo a mi hijo encerrado y lo único que hace es llorar”.

“Precisaban llevar a alguien, agarraron a un pibe y le arruinaron la vida. Llevo 30 días sin ver a mi hijo, Axel está estudiando, es un chico alegre, en casa hay valores y principios, son mis únicos dos hijos, me desvivo por ellos. Acaba de cumplir 20 años en julio. Yo siempre creí en la justicia y ahora no me dejan demostrar que mi hijo es inocente”, concluyó.  

Uno de los policías de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich que retuvo en la ruta a Facundo Astudillo Castro el día en que fue visto con vida por última vez recibió un mensaje a su celular de parte de otro efectivo de esa jurisdicción en el que le dijo “si se hace el pajero, que lo bajen”, informaron este domingo fuentes de las investigación.

“Mensaje recuperado de un policía (si se ase el pajero vajalo –sic-) asesinos hijos de p—a”, publicó esta tarde en su cuenta de Twitter Cristina Castro, la madre de la víctima, aunque la mujer no dio precisiones sobre el emisor ni el receptor de ese mensaje.

Leandro Aparicio, uno de los letrados que representa a la madre de Facundo, confirmó a Télam la existencia de esa frase recuperada a través del análisis de las comunicaciones entre los policías investigados pero también se excusó de brindar mayores detalles para preservar el avance de la pesquisa.

Sin embargo, una fuente de la investigación explicó a Télam que ese mensaje fue recibido por el oficial Mario Sosa cuando se encontraba en la ruta el 30 de abril último, (día en que desapareció Facundo), alrededor de las 10.11 y luego de hacer una consulta a la Subestación Comunal de Buratovich.

De acuerdo a la investigación, Sosa y la oficial Jana Curuhinca fueron los dos efectivos que retuvieron al joven cuando transitaba por la ruta hacia la ciudad de Bahía Blanca aunque ellos afirmaron que luego de infraccionarlo por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) lo dejaron seguir.

Según la fuente consultada, a partir del análisis de las comunicaciones que realizó Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración, cuando los efectivos que estaban en la ruta consultaron a la Subestación, una oficial que se encontraba allí le mandó luego un mensaje a Sosa en el que le indicó que otro oficial pedía que le pasaran a él “los datos completos y la foto” y un segundo en el que señaló “y si se hace el pajero que lo bajen”.

Mientras que Sosa, estando el móvil aún detenido en la ruta, le respondió minutos después con un “dale”.

Fuente: Télam.

Tras el procesamiento de Néstor Luis Montezanti en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A, dos de sus denunciantes comentaron el fallo en diálogo con FM De la Calle y advirtieron que se derrumbó el mito de que el ex camarista era “intocable y todopoderoso”.

La imputación judicial había sido realizada por la Fiscalía en 2015. Previamente, Alberto Rodríguez fue querellado por el represor tras ventilar su pasado en una reunión del Consejo Superior de la UNS y Dante Patrignani padeció tres demandas luego de pedir su juicio académico.

“Todo este proceso fue muy largo, a veces uno pierde la esperanza de tener alguna respuesta, que es mínima a lo que fue este personaje dentro de la universidad”, dijo Rodríguez. Patrignani señaló que “costó bastante” llegar a esta instancia pero se derrumbó el “mito de que era poderoso e intocable”.

Rodríguez agradeció a Montezanti por haberle iniciado la querella porque “gracias a su prepotencia se creía que iba a poder pasar a la historia como lo que no es: un abogado triunfante. Apenas es un miserable que inició un juicio, lo perdió y, a partir de ahí, se hace la presentación en Cómodoro Py ante Oyarbide por la causa de lesa humanidad de la Triple A donde se lo imputa a el también”.

Patrigani reconoció que el procesamiento “costó tiempo y juicios”. “Me hizo tres demandas: una en el fuero civil, que me obligó a pagar una suma por haber herido su buen nombre y honor -que está apelada en la Suprema Corte-; otra junto a mi abogada Mónica Fernández Avello en la justicia penal por revelar secretos políticos y militares por haberle ventilado el legajo en inteligencia, causa fallada a favor nuestro; y una tercera por haber provocado daños frente a la Cámara Federal por unos afiches que aparecieron con su famosa imagen con la gorra, que por supuesto también falló el juez Ramos Padilla a favor mío”.

“Esas son las medallas que se lleva uno en la lucha. Me sorprendió la noticia ayer, ya habiendo pasado tanto tiempo no esperaba que pudiera ser procesado. Seguramente esto va a ser largo, va a requerir mucho esfuerzo y militancia para que pague sus responsabilidades”, agregó.

Rodríguez recordó que “este hombre fue parte de la acción intelectual dentro de la acción criminal. Estaba vinculado a los grupos empresarios, a los sindicatos, a la universidad a través de Remus Tetu y a la UTN a través de (Emilio) Garófoli”.

Respecto del juicio académico, Patrignani mencionó que “todos los jurados que se nombraron se excusaron, no quisieron meterse con Montezanti y se fue alargando hasta que cumplió los 70. Por ley está obligado a jubilarse, en ese momento presentó un escrito ante la Cámara Federal pidiendo que se cayera su juicio académico por su jubilación, a pesar de ello la Cámara se lo rechazó. El juicio académico estuvo en vigencia aun después de jubilarse pero se fue diluyendo”.

En ese sentido, Rodríguez destacó las dificultades que tuvo para encontrar un abogado para que lo represente en la querella que tramitó el juez José Luis Ares. “Recorrí a penalistas de Bahía Blanca y ninguno aceptó defenderme en el juicio de Montezanti. Tuve que terminar yendo a la Defensoría Pública. Hasta qué punto la miserable actitud de este tipo hace a la miserable actitud de aquellos profesionales que se niegan a defender a una persona de Montezanti. Algunos por amistad, otros porque habían tenido un problemita con él, todos tenían un argumento pero ninguno aceptó mi defensa”.

“No me cabe duda que en la universidad y los pasillos tribunalicios sabían de qué tipo estaban hablando, algunos fue por miedo y otros por mala gente. Así que no puedo ser optimista, fue impune jubilado como juez, impune jubilado en la universidad. Esperemos que la justicia alguna vez sea justa, simplemente. Tengo el derecho a tener tantas dudas después de 45 años”, sostuvo.

El juez Walter López da Silva procesó al ex presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, por haber integrado la Triple A y participado en la toma de la Facultad local de la UTN que la patota comandada por Rodolfo Ponce realizó el 26 de agosto de 1974.

Al ex docente de la UNS se le trabó un embargo por tres millones de pesos y no se le dictó prisión preventiva. Montezanti había sido declarado en rebeldía por burlar en varias ocasiones los llamados a una indagatoria que se concretó en febrero de 2018.

Dos años y siete meses después, López da Silva lo calificó como “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en concurso real con el delito constitutivo de lesa humanidad de intimidación pública”.

El magistrado concluyó que los principales puntos de ataque de la Triple A eran los gremios y las organizaciones estudiantiles. “El programa de persecución se dirigía a la eliminación de un enemigo, conceptualizado como ‘apátrida’, ‘marxista’ o ‘subversivo’, buscando en cualquier expresión de activismo y oposición política en los ámbitos estudiantiles, sociales, culturales, políticos y gremiales”.

“En ese contexto y bajo esa modalidad operativa sería donde el rol de Montezanti habría sido relevante para el logro de los objetivos dentro del entramado y organización de la asociación ilícita, tanto con su participación en la toma de la UTN como luego en calidad de Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 del Ejército Argentino, pues habría desempeñado actividades en los estratégicos ámbitos académicos y gremiales en los que la asociación desplegaba su accionar y desde donde habría efectuado sus aportes al plan”, afirmó el juez.

Da Silva sostuvo que “nos encontramos ante la organización u asociación compuesta por tres o más personas que requiere el tipo penal, cuyo mínimo se ha superado dado que además del imputado Montezanti, los fallecidos Remus Tetu, Rodolfo Ponce, Jorge y Pablo Argibay, se encuentra previamente acreditada -siempre con las características de provisoriedad de esta etapa- la participación en ella de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisu, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero”.

Destacó que la modalidad operativa y la logística implementada permitían que “por el carácter civil de sus integrantes la actividad se diluyera en la presencia del propio

Estado, que colocaba sus estructuras al servicio de la tarea represiva, mediante el suministro de agentes, armas, información y recursos económicos o bien la garantía de no interferencia y de impunidad, lo que permitió la permanencia durante un prolongado tiempo de esta asociación criminal”.

El fallo se detiene en la participación del ex camarista en la toma de la UTN “en su carácter de profesor y en reunión con otros integrantes de la asociación ilícita que portando armas realizaban gestos provocadores invitando al alumnado a ingresar al recinto en tono socarrón y de burla” y afirma que “estuvo destinada a actuar sobre el ánimo público, vale decir, sobre el ánimo del conjunto de manifestantes reunidos” en contra de la intervención de la institución por el sector que respondía a al ex diputado nacional Rodolfo Ponce.

La causa es impulsada por los fiscales Miguel Ángel Palazzani, José Nebbia y Pablo Fermento. Este último es quien lleva adelante la acusación en el debate oral en curso contra otros cuatro ex integrantes de la banda parapolicial.

López Da Silva indicó que Montezanti deberá “someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación”, fijar un domicilio del cual no podrá ausentarse por más de 48 horas sin previa autorización y entregar sus pasaportes, dado que se sostiene la prohibición de su salida del país.

La Policía Federal será la encargada de extraerle “tres juegos de fichas dactiloscópicas –con entintado parejo y en forma rodada-“.

Por otra parte, el magistrado delegó en la Fiscalía la continuidad de la investigación sobre los hechos que damnificaron a Jorge Omar Riquelme Esparza de los cuales por el momento se dictó su falta de mérito.

Luciana Giménez denunció que el oficial Salvador Pazos (foto) y otra mujer policía de Mayor Buratovich detuvieron a su hija y la golpearon en la comisaría. En diálogo con FM De la Calle, dijo que “la violentaron de tal manera que hoy le duele todo el cuerpo, la amasaron a palos”.

“Estaba en el inodoro haciendo pis, le dijo hijo de puta y la levantó de los pelos. Una persona que estuvo al lado de ella me contó lo que pasó cuando estuvo dentro del calabozo y cuando ella pidió ir al baño. No me voy a callar estas cosas, lo he escuchado con otros chicos que han ido al calabozo y los han amasado a palos como a mi hija”, afirmó.

La mujer destacó que su hija puede “contarla y vivir un día más” pero “hay chicos que ya no están más, como Facundo. No me estoy agarrando de eso, hay mucha violencia institucional, hay mucha mafia, hay drogadicción en el medio. La mafia es la misma policía de Villarino. Me han llamado para amenazarme, por eso estaba quieta, me dijeron ‘sé dónde trabajás y que tenés a tu hija'”.

“Es como dijo Cristina, nosotros somos pobres, más que la vida, ¿qué nos van a hacer?”, dijo en referencia a la madre de Facundo Castro, quien enfrenta a la Bonaerense en la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición y muerte de su hijo.

La trabajadora del INTA Hilario Ascasubi explicó que su hija tiene consumo problemático de alcohol y drogas, el domingo se desvaneció, un vecino la ayudó a levantarse y cuando volvía a su casa se asustó al ver un patrullero e intentó ingresar a una vivienda.

“Sé que mi hija no entró a robar, lo ha hecho con violencia como lo hace en mi casa, ella tiene esos estados cuando toma alcohol. Me importa mi hija, tiene 20 años y una bebé por criar, tiene posibilidades, no me brindaron ayuda desde los 11 años hasta acá para poder internarla, ni ayuda emocional ni de ningún tipo. La vengo peleando como puedo”, dijo.

Agregó: “Nadie tiene un libro de cómo ser madre o padre, he buscado ayuda en el pueblo, en la parte de Villarino en la Comisaría de la Mujer, en la comisaría normal y en la Municipalidad donde están las asistentes sociales”.

Comentó que “en varias oportunidades me he tenido que ir de mi hogar para aislarla de toda esta gente que consume, he tenido que mandar a mi hija a Santa Rosa con su papá, siempre protegiéndola”.

El domingo a las dos de la tarde Larisa fue a hacer una consulta médica por un dolor de muelas y luego iba a caminar con una amiga. Horas después pasaron por un bar y alrededor de las 23 salió para su casa.

“Ella dice que venía sola y atrás Axel, el amigo que viene como queriendo alcanzarla. Aparentemente en algún lugar se desvanece, pasa otra amiga que le avisa a una amiga mía que estaba tirada, que había un paisano que la quería levantar. Viene para mi casa, ven el móvil de la policía, ella dice que golpea la puerta de una casa pidiendo que le abran la puerta, para mí se equivocó de domicilio porque no estaba en sus cabales, como no le abren patea la puerta para entrar porque se asustó”.

Pasada la medianoche Giménez concurrió a la comisaría y se encontró con la familia a cuyo domicilio había querido entrar su hija. “Les dije que tenía problemas, les pedí disculpas en nombre de mi hija, como mamá”.

“No me dejaron verla, empiezo a preguntar ‘¿Larisa estás bien?’. Me dice ‘sí má, acá estoy’. ¿Por qué te detuvieron?, le digo, estábamos a un paso y medio del calabozo. Me dice que no la dejan ir al baño”.

Por la mañana le llevó ropa y galletitas, “no pensé que mi hija estaba tan golpeada. (…) Parece que ella insultó, tiene esas reacciones violentas, no porque sea mi hija voy a ocultar esas cosas, pero no por eso la institución donde fue detenida tiene derecho a golpearla y maltratarla de la manera en que le pegaron y me negaron verla”.

El certificado de atención del médico policial que acompaña esta nota muestra que ayer se constataron diferentes tipos de lesiones en la cabeza, el tronco, el cuello y los miembros superiores e inferiores de la joven.

Giménez se comunicó con el Juzgado de Familia de Bahía Blanca para denunciar los hechos y pedir ayuda. Tenía que llevarla a un psiquiatra pero no podía ser en el hospital de Buratovich a donde no la habían revisado el día anterior: “¿Qué me iban a decir si volvía, que mi hija se golpeó en otro lado?”.

Hizo su descargo mediante las redes sociales y recibió el llamado de asistentes sociales, quienes le indicaron que haga la denuncia penal. “Me comunico con Luciano Peretto y Cristina Castro para ver dónde tengo que hacer la denuncia y que no tapen esta violencia institucional”.

Comentó que funcionarios municipales “aparecieron cuando estaba en la entrevista con el psiquiatra con mi hija. ¿No me podían haber esperado en mi casa como corresponde si tantas ganas tenían de hablar conmigo? Se aparecieron como si fuera una delincuente, pararon como cinco autos para sacarse una simple foto que va a andar rondando por todos lados”.

“Acá se vende porro, se vende falopa, trabajan para la policía. Pasará en todo ámbito social, pero esto es un pueblo chiquito donde todo se sabe. La cantidad de pibes que consumen, esos mismos pibes van llevando a otros, pero porque alguien grande trae la droga acá. Me da una lástima y una terrible indignación que les estén cagando la vida como lo están haciendo y no poder hacer nada”, sostuvo.

Giménez afirmó que “el pueblo tiene miedo, en las marchas de Facundo había cuarenta personas. Hay gente que tiene campo y trae carne para el consumo y no le tiene que dar explicaciones a nadie, esta gente los coimea con otro animal porque la próxima vez que te encuentren te saca todo. Así funcionan acá”.