Este documento, elaborado por vecinas y vecinos de la periferia de la ciudad junto a las distintas organizaciones sociales, movimientos populares y agrupaciones barriales abajo firmantes, casi en simultáneo con el tratamiento y aprobación legislativa de la prórroga de la emergencia alimentaria decretada en el 2002 hasta el 31 de diciembre de 2022, tiene la intención de priorizar en la agenda pública local y poner en la mesa de discusión durante la campaña electoral local la situación de emergencia alimentaria y laboral. Pretende no solo ser un breve diagnóstico cualitativo, sino aportar propuestas, algunas paliativas de carácter urgente, y otras de mediano y largo plazo destinadas a resolver problemáticas estructurales.

Nadie es ajeno al deterioro diario de la situación socioeconómica que atraviesa Argentina y, dentro de ella, nuestra ciudad. Sin embargo, la discusión pública se concentra en las señales que se envían a los sectores de poder de la sociedad, mientras la mayoría de las y los bahienses de la periferia tiene grandes y graves problemas para sobrevivir. Por eso, la reciente ley nacional que prorroga la emergencia alimentaria obliga al actual como al futuro gobierno municipal, a los candidatos a intendente y a los concejales, que se interioricen y ocupen, se responsabilicen y expresen, acerca de: (1) la implementación de la misma para asegurar que no haya faltantes de alimentos en los hogares y comedores de la ciudad, (2) la falta de trabajo para cientos de familias bahienses y (3) la creación de un consejo consultivo de Economía Popular para abordar estas y tras problemáticas que nos atraviesan la vida como sociedad. A continuación, se detallan cada uno de los tres puntos:

1. Escasez de comida para cientos de hogares bahienses.

El derecho a la alimentación implica tener acceso a una alimentación adecuada o a los medios necesarios para obtenerla . Debe ser suficiente en términos de cantidad y calidad, capaz de garantizar una vida psíquica y física digna y responder a las características culturales de la población. El derecho a la alimentación conlleva la garantía de la “soberanía alimentaria”. Al reconocer este derecho, el Estado debe convertirse en garante de la soberanía alimentaria para lo cual debe diseñar e implementar políticas alimentarias capaces de superar los problemas de suficiencia, calidad, estabilidad, sustentabilidad, inocuidad y autonomía, respecto a los alimentos.

En el corto plazo, las acciones deben apuntar a buscar una solución inmediata a la falta de alimentos en los hogares y/o individuos, por ejemplo, con políticas de distribución de alimentos.

En cambio, en el largo plazo las políticas deben fundamentarse en estrategias integrales capaces de resolver problemas estructurales. Considerando las cuatro áreas de políticas alimentarias desde donde se podrían orientar las intervenciones en el nivel local se han detectado los siguientes ítems para los cuales se exige urgente respuesta y se proponen algunas alternativas:

i) Asistencia en salud nutricional. Realización, vía Unidades Sanitarias, de campañas de prevención, distribución de alimentos fortificados o suplementos, destacando los programas materno-infantil y la entrega de suplementos a los adultos mayores, quienes por ser población económicamente inactiva conforman un grupo vulnerable. En relación a con esto demandamos:

● Actualización periódica y realista de los montos de las ayudas municipales teniendo en cuenta el índice mensual de inflación de alimentos. Los valores en Bahía Blanca de agosto de 2019 para la canasta básica alimentaria (línea de indigencia) y la canasta básica total (línea de pobreza) para una familia tipo 2 está valuada en $14.056 y $33.876 respectivamente. Esto hace que la última actualización anunciada recientemente de la tarjeta celeste para alcanzar los $1.064 sea totalmente ajena a la realidad que viven las familias beneficiarias de estas “ayudas”.

● Simplificar el acceso a la tarjeta social. Por un lado, debido a la crisis habitacional de la ciudad las familias se ven obligadas a compartir terreno con otros familiares. Por otro, es común que múltiples miembros (por ejemplo: tíos, abuelos) de una familia compartan una vivienda o varias familias vivan en una misma casa. Estas situaciones recientemente han sido utilizadas como justificación para negar la asistencia conocida a través de la «tarjeta social», por cuestiones administrativas que imponen quienes desconocen la realidad de los bahienses más vulnerables. Entre las barreras burocráticas más frecuentes se observa que:

a) cuando al menos una persona en el terreno o vivienda tiene salario en blanco no es posible que la otra familia acceda a la tarjeta y b) cuando dos familias comparten terreno, no se respeta el segundo departamento establecido en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

● Agilizar la entrega de leche maternizada o de leche para las y los niños y niñas mayores a dos años . Actualmente, las madres deben articular con pediatras o asistentes sociales para acceder a este alimento (y muchas veces termina vencido y archivado), lo cual retrasa y complejiza la correcta nutrición.

● Creación y fortalecimiento de un Banco municipal de alimentos , que provea a comedores, merenderos y familias en estado crítico.

ii) Protección social y alimentación. Se distingue entre medidas directas e indirectas para asegurar la protección social y alimentaria. Las indirectas incluyen, por ejemplo, subsidios a los precios para los consumidores. Las acciones directas, se orientan a transferir recursos monetarios a través de los cuales la población puede acceder a su alimentación diaria. También están las que apuntan a los sistemas de distribución de alimentos a través de diversas modalidades. En relación a este ítem reclamamos:

● Asegurar la entrega de mercadería (p. ej. bolsones) a quienes están en emergencia.

Actualmente, no se brinda esta asistencia a quienes poseen la tarjeta social y, como se planteó en el primer ítem, el monto asignado en la tarjeta está lejos de alcanzar a cubrir las necesidades básicas alimentarias de una familia.

● Entregas con precios diferenciados a familias que, ante la inusitada crisis por pérdida de trabajo o aun teniéndolo, no pueden llegar a costear la misma por el alto costo que han adquirido.

● Garrafas sociales sin costo para los sectores en estado de vulnerabilidad social que carecen, por multiplicidad de factores, de la red de gas natural.

● Contemplar a través de la implementación del Programa Nacional Mejor Hogar del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda la adaptación a los grupos en estado de vulnerabilidad. Que hoy dicho programa no los incluye.

● Colaborar con recursos para brindar alimentación escolar de calidad . Estos programas utilizan a las escuelas como punto de entrega de alimentos preparados a los niños en edad escolar y poseen un doble efecto. Por un lado, constituye, en muchos casos, el principal plato de comida que los niños consumen en el día y, por otro, resulta esencial para el aprendizaje, porque aumenta el rendimiento escolar y evita la deserción.

● Asistencia a comedores sociales. Siguiendo la modalidad de brindar un plato de comida, otra alternativa ampliamente desarrollada son los denominados comedores sociales, los cuales entregan alimentación al menos una vez al día a grupos de población vulnerables.

Actualmente, los merenderos barriales a los que en su mayoría suelen asistir niños y niñas como un espacio de contención social, están siendo visitados por adultos y personas mayores en busca de la merienda que se transforma en la única o última comida del día.

● Incluir, en los aportes a comedores escolares o sociales, productos de la agricultura familiar local (p. ej. verduras, carne de cerdo, pescado), mejorando el balance nutricional de las dietas ofrecidas en dichos lugares.

iii) Pequeña agricultura y desarrollo rural: destinadas a los sectores de agricultura familiar y población rural, periurbana y urbana expuestos a condiciones de gran vulnerabilidad alimentaria.

Promoviendo la creación de un programa para el desarrollo integral de los distintos sectores de la Economía Social, Solidaria y Popular. Propiciando las condiciones adecuadas que la hagan perdurable y sustentable en el tiempo, en conjunto con lo que diversas instituciones vienen desarrollando con los pequeños productores locales desde hace años en la cuenca del Sauce Chico, Villa Nocito, Barrio Spurr, Villa Harding Green, entre otros. Apoyo municipal a los pequeños productores locales, por ejemplo los de la cuenca del Sauce Chico. Apoyo directo a la producción con tareas/acciones tales como
transferencia de tecnología, crédito, subsidios a la inversión, apoyo a la comercialización, capacitaciones a pequeños agricultores con el fin de incentivar la adopción de nuevos cultivos con mejores rendimientos. Incrementar la producción para al mismo tiempo mejorar el acceso al mercado y aumentar así los ingresos de los productores. En relación a este ítem demandamos:

● Acciones de apoyo a la demanda , mediante arreglos contractuales entre una agencia pública y los pequeños productores con el fin de ubicar los excedentes en el mercado y evitar la incertidumbre de los precios. Integración con vecinos y productores (logística).

● Facilitar desde el Estado los eslabones logísticos (faena, transporte) que permitan a los productores familiares, principalmente de productos perecederos como carne de cerdo, pollo y pescado, proveer de estos alimentos a comedores sociales, escolares y puntos de venta como ferias y pequeños comercios barriales, garantizando la seguridad de los alimentos.

● Promover y profundizar canales de comercialización articulando con secretarías, áreas, departamentos, oficinas y/o programas nacionales, provinciales y municipales vinculados a la temática en pos de potenciar los recursos existentes, que permita priorizar la compra al sector de la economía solidaria y la agricultura familiar local.

● Apoyo municipal a pequeños comercios y ferias barriales de productos frescos locales. Dado que, además de los potenciales beneficios en cuanto a la seguridad alimentaria, este tipo de iniciativa generan y fomentan procesos de organización comunitaria.

● Incentivo a la producción agrícola en microescala. Promoción y estímulo de huertas y criaderos familiares y comunitarios, en articulación con el INTA . La implementación de cultivos en los hogares de las zonas urbanas puede ser una alternativa para la subsistencia alimentaria, así como una fuente de renta adicional a partir de la comercialización de los excedentes.

iv) Educación en alimentación y nutrición. Esta educación resulta una herramientas fundamental para mejorar el valor nutricional de la ingesta diaria de los grupos de riesgo. Si bien no se trata de políticas directas al consumo, tanto la educación como la atención médica o el acceso al agua potable complementan las políticas alimentarias y mejoran su efectividad.

2. Falta de trabajo para adultos y jóvenes.
El trabajo de forma insegura, no registrado y sin derechos laborales debe, necesariamente, tender a desaparecer para ser reemplazado por trabajo formal conforme a la legislación que protege los derechos de los trabajadores de las y los bahienses. Urge la intervención del Estado para la creación de puestos de trabajo de interés social, y así, evitar que la miseria y exclusión sigan en alza. Reclamamos en relación a este punto:

● Que la Secretaría de empleo, en conjunto con los sindicatos, cámaras industriales, comerciales, Centros de Formación Profesional, etc. puedan establecer a través de un diagnóstico una propuesta a largo plazo, que fomente un programa de capacitación en oficios con salida laboral. A su vez, promueva la asociación del alumnado para la prestación de servicios, que sean priorizados en la contratación por parte del estado, o privados que firmen convenios para pasantías profesionalizantes con beneficios justos (sin que el alumnado sea mano de obra barata cuando se capacita y que el privado pueda incorporar en el marco de la emergencia social un empleo con algún beneficio impositivo).

● Capacitación, generación y supervisión de trabajo cooperativo al servicio de la higiene pública y otras actividades de urbanización e integración de barrios , acordadas entre vecinos, secretaría municipal de infraestructura y la delegación municipal correspondiente.

● Provisión de máquinas y herramientas a microemprendedoras/es , a través de créditos blandos, que permitan promover sus actividades productivas en sus barrios y en sus viviendas.

● Capacitación, generación y supervisión de trabajo cooperativo al servicio de huertas y criaderos comunitarios.

● Creación y apoyo de talleres de oficios con una visión de género . Como, por ejemplo, la de la organización Las Flores que plantean una estructura del tipo cooperativa para la producción de baldosas. Además, proponen la generación de cuadrillas de mujeres para la capacitación en oficios como albañilería, electricidad, cloacas, destinados a la construcción o mejoramiento habitacional propio y, luego, como una salida laboral para que sean estas cuadrillas de mujeres las contratadas como trabajadoras de la construcción.

● Implementación de sistemas de reciclado con inclusión social. Las leyes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -Ley nacional 25.916 y la Ley provincial 13.592 que se adecúa a aquella- prevén el desarrollo de sistemas locales que le den tratamiento a los residuos producidos por la ciudad. En Bahía Blanca, centenares de trabajadores de la Economía Popular llevan a cabo tareas de reciclaje de manera eventual y/o permanente.

Un gran porcentaje del tratamiento de la basura -separación en origen, prensado y fletede nuestra ciudad es realizado por cartoneros que permiten un considerable mejoramiento medioambiental de la ciudad y un cuantioso ahorro fiscal para el Municipio ya que existen toneladas de residuos trabajados por fuera del circuito formal de la basura no remunerados. Es por ello que proponemos vincular las cooperativas de cartoneros al tratamiento municipal de basura, para así reconocer el digno trabajo de cartoneros, carreros y recicladores en términos de derechos laborales, sociales y culturales. En esta
línea es que impulsamos la creación de puntos verdes en organismos públicos, comercios, espacios verdes y sociedades de fomento para diseñar el sistema de reciclado con inclusión, donde el cuidado del medioambiente y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de la Economía Popular sea el eje fundamental.

● Salas de elaboración comunitaria: Habilitar salas de elaboración comunitaria y establecer desde la gestión del estado el uso de las mismas, en coordinación con organizaciones barriales y centros de Formación Profesional, procurando la capacitación y asistencia técnica a personas que quieran producir para comercializar, teniendo como referencia las experiencias locales acompañadas por la Mesa de la Agricultura Familiar en el CIC de Spurr.

3. Conformación de un Consejo de la Economía Popular. Este consejo será similar al antiguo Consejo local Económico-Social implementado a mediados de los noventa. En relación a este punto:

● El Consejo Municipal de la Economía Popular será compuesto por miembros de la Secretaría de Políticas Sociales del Municipio y por integrantes de las organizaciones sociales, reuniéndose periódicamente.

● Las organizaciones sociales tendrán un rol consultivo y diseñador de políticas sociales en conjunto con la Municipalidad.

● Servirá para reconocer políticamente a las organizaciones intermedias de la sociedad bahiense como ejecutoras en el tratamiento y solución de las problemáticas en los barrios tal como lo indica la Ley de Emergencia Social para otros niveles del Estado.

● Funcionará como ente fiscalizador de las políticas sociales específicas impulsadas a nivel local.

La crisis actual no sólo afecta a los sectores más humildes, sino al conjunto de las y los trabajadores. La pobreza se está extendiendo y es urgente que los actuales funcionarios municipales y quienes se postulan para gobernar los próximos años tomen contacto directo con aquellos conciudadanos cuyos derechos a una vida digna están en grave riesgo. Esto nos interpela a hacer, a través de este documento, un reclamo unificado de vecinas, vecinos, organizaciones sociales e instituciones de la ciudad, exigiendo la urgente atención de las situaciones expuestas. Queremos conocer cómo van a resolver los problemas que diariamente las y los bahienses afrontamos y ofrecemos nuestra experiencia, opinión, participación y control a su gestión.

Bahía Blanca, Septiembre 2019

Adhieren y firman:

– CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales.
– Iglesia Metodista de Bahía Blanca.
– Curas en Opción por los Pobres de Bahía Blanca.
– Cáritas Arquidiocesana Bahía Blanca
– Asociación Civil Madre Tierra.
– Movimiento Independiente de Jubilados y
Pensionados.
– Grupo Productores Hortícolas del Sauce Chico.
– Centro Comunitario “San Ignacio de Loyola”.
– Centro social y comunitario “El Meren”.
– MTE-CTEP Bahía Blanca.
– CTEP Bahía Blanca.

– Movimiento Evita.
– Las Flores.
– Sureando.
– Interbarrial Sur.
– Asociación Civil “Ser Comunidad”.
– Sindicato Unido Docente de la UNS.
– Agrupación “Lo más de sueños”.
– Merendero Sembrando Amor.
– Merendero los Angelitos.
– Ni un pibe menos por Las drogas.
– Programa social de Acción Católica Giravida.
– Jupic.

– Merendero “Los Principitos”.
– Merendero Gaucho San Pedro Grumbein.
– Merendero Sueños de Esperanza.
– Merendero Las Colonias.
– Merendero Corazones Solidarios.
– Somos-Barrios de Pie Bahía Blanca.
– Corriente Clasista y Combativa.
– Sindicato de Camioneros.

– El Puente Bahía Blanca.
– Cooperativa la Poderosa.
– La René Salamanca, Corriente Clasista Bahía Blanca.
– CGT Regional Bahía Blanca.
– Feria “El Fénix”.
– FM De la Calle 87.9