El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.

Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.

“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.

Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.

Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.

Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.

YPF megaminera

Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.

“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.

La Subsecretaría de Gestión Ambiental presentará la denuncia penal “luego de detectar irregularidades en el relleno sanitario”. Es por “la posible comisión de un hecho ilícito, a partir de la venta ilegal de material del relleno, predio al que solo pueden ingresar miembros de la cooperativa que trabaja en el lugar”.

El comunicado agrega que”se han registrado denuncias por acciones violentas y amenazas hacia trabajadores en el predio y hacia el propio subsecretario Matías Insausti”.

El abogado de los recicladores, Leonardo Urruti dijo a FM De la Calle que”atacar a la propia víctima es desviar la atención de la mala conducta de la administración pública. Es un argumento contra la persona en vez de admitir que tienen una responsabilidad de esto que se ha denunciado”.

Insausti no atendió a los reiterados llamados de FM De la Calle y tampoco dieron resultados las gestiones mediante la Dirección de Comunicación a cargo de José Fernández Ardaiz.

El subsecretario dijo a Radio Altos: “El galpón era un espacio sucio y lleno de roedores, es municipal y todo lo que está en el relleno es municipal. Ahí tienen que trabajar las 40 familias de manera digna por eso lo limpiamos. Había que sanearlo y más en este contexto de pandemia”.

Urruti contestó que “primero reconocieron que ellos quitaron este material que era de los trabajadores y que lo enterraron, que no les importó el medioambiente ni el reconocimiento legal”.

“Por un lado se les da la autorización de recuperar el material que querían y después dicen que es del Municipio. El material que se deposita ahí no tiene propietario porque es una cosa mueble. A diferencia de un auto, por ejemplo, estas cosas son de quien las aprecia, las recupera y le agrega valor: limpiar, compactar, pasar a una forma que se pueda recuperar. Claramente el material es de los trabajadores que lo han recuperado, no es del Municipio”, dijo el abogado.

Finalmente,afirmó que los recicladores “tenían autorización para estar en el relleno o para utilizarlo y tenían llave. El Municipio les dijo trabajen ahí y cumplan determinadas pautas. Les daban una credencial que era un burla e iba cambiando con cada gobierno y con eso ellos entraban y realizaban sus tareas”.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, el médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano analizó las consecuencias de la contaminación aérea en la salud.

“En Bahía nos puede hacer reflexionar bastante. Hay algo que tuvo de bueno la pandemia, uno puede observar que hay cambios que se pueden hacer en el ambiente. Concretamente en la contaminación aérea, con cambios respecto a disminuir el tema vehicular e industrial y la cantidad de material particulado”, comentó.

Nuestra ciudad no fue la excepción, “los puntos donde se miden estas partículas muy pequeñitas están en la zona del polo industrial y podemos seguir bastante bien el nivel de particulado que hay en el aire, en los momentos donde casi no se movía nada ha caído a niveles bajísimos”.

Romano afirmó que “hay un mundo posible generando cambios importantes para eliminar esta contaminación, eliminando partículas chiquititas que se asocian a enfermedades respiratorias y que sabemos que va mucho más allá, relacionado con problemas cardíacos o ACV o diabetes. Estas partículas ingresan en el organismo y generan un estado de inflamación que favorece todos estos procesos, que se tapen las arterias, problemas renales, muchas partículas tienen plomo o metales pesados, que son causa de deterioro cognitivo en chicos”.

“Bahía tiene una ventaja que es que se mide, no pasa en todas las ciudades. Deberíamos hacer un uso más importante de los datos que se van obteniendo porque de allí se deberían fijar políticas públicas en tanto lo que se puede o no se puede hacer”, mencionó.

El médico dijo que una posible solución es buscar energías alternativas. “La pandemia demostró que tenemos que impulsar una energía más limpia. La contaminación aérea es una cuestión extendida que reviste gravedad. Hay una reglamentación que cambió para la provincia de Buenos Aires hace dos años. En material particulado para la OMS el límite es 50 y acá lo tenemos en 150. Alguien puede decir ‘sí, estamos en los valores normales’ pero cuando vemos cifras en valores internacionales vemos que no es así”.

Respecto del transporte terrestre, Romano concluyó: “Uno debería plantear que lo que vendría por delante es algún otro tipo de transporte y no el que conocemos como automóvil, tal vez eléctrico o que tenga estándares que no deterioren el medioamabiente. Indudablemente que el hombre exista sobre la tierra es una complicación para la tierra y sus seres. Tenemos que tratar de dañar lo menos posible”.

Recicladores del relleno sanitario denunciaron penalmente al subsecretario de Gestión Ambiental, Matias Insausti, por daño a la propiedad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Señalaron que el 25 de marzo el funcionario ordenó enterrar materiales que los trabajadores acopiaron para su venta.

“Se inician dos expedientes, uno administrativo, en el que se reclama que responda por esta orden que se hizo al personal para que saquen este material y lo entierren en el relleno. Por otro lado, se hace una denuncia penal porque esta orden y este procedimiento implicó privar a todas las personas de la venta de este material, se los quitaron y lo destruyeron”, dijo a FM De la Calle el abogado Leonardo Urruti.

Agregó que “estamos hablando que se vulneran los derechos básicos a trabajar, a la dignidad humana y a la propiedad privada. El aislamiento sirvió de excusa para actuar sin control y sin ojos que los miren”.

El letrado señaló que el episodio ocurrió “cuando estábamos en la etapa más rigurosa del aislamiento. En la denuncia se hace referencia al delito de daño porque era propiedad de recolectores que trabajan hace muchos años. Este trabajo, además, es beneficioso para la sociedad porque en vez de enterrar los materiales ellos los reutilizan. A nivel social todos somos afectados cuando se perjudica el medioambiente y los derechos de todos”.

Urruti comentó que los tomó por sorpresa esta decisión: “Según todos mis clientes, no había ningún tipo de inconveniente, ellos tienen unas autorizaciones para trabajar bastante informales, un papelito y un sello. Este galpón se construyó específicamente para ellos en el 2010 y consta en un documento de la Municipalidad. El galpón es del Municipio, ellos tenían autorización y llave, si el Municipio hubiera cambiado de parecer tendría que haberles dado un aviso para retirar sus cosas. Es algo inimaginable que vengan, saquen todo y se las destruyan, sin proceso, sin ninguna garantía”.

El letrado afirmó que pedirán las filmaciones de las cámaras de seguridad del predio para corroborar los hechos.

Por otro lado, destacó que una de las familias que trabaja en el relleno utilizaba un camión para transportar packs y bolsones y lo guardaba en el galpón. “Lo dejaron afuera, hasta que hace unos días lo pudieron retirar. Al haberlo dejado a la intemperie les habían robado las baterías”.

El caso tramita en la UFIJ Nº8 que deberá ser subrogada dado que se encuentra acéfala.

El hecho

Según el relato del reciclador Néstor Prieto, la denuncia describe que “el 27 de marzo de 2020, a una semana del inicio del aislamiento obligatorio, tomamos conocimiento por parte del capataz de la empresa Ingeniería y Arquitectura SRL, sr. Gonzálo Bernardo Cabrera, que dos días antes, el 25 de marzo de 2020 el subsecretario de Gestión Ambiental, dr. Matías Insausti, había dado la orden, sin ningún tipo de aviso o notificación previa, aproximadamente a las 9:00 am, de retirar todos nuestros bolsones y paquetes almacenados en el galpón utilizando las palas y retroexcavadoras de la empresa y ordenando que ENTIERREN en el relleno TODO nuestro material reciclado (CARTÓN, NYLON, TRAPO, PLÁSTICO, COBRE Y METAL) y lo compactaron con tierra haciéndolo irrecuperable. Tenía en almacenados en el galpón un total de 20.000 kg de trapo, 40.000 kg de cartón, 10.000 kg de plástico y 150 kg de nylon todos ellos de mi propiedad. Asimismo, había dos bolsones de cobre de 500 kg cada uno de propiedad de mi padre, Carlos Enrique Prieto”.

Por vía administrativa se presentó otro reclamo ante el Municipio en el cual se estima que el valor del material perdido superaría el millón 700 mil pesos.

Trabajadores de la cooperativa de recicladores que se desempeña en el relleno sanitario afirmaron que no reciben ayuda para afrontar la falta de ingresos por el aislamiento obligatorio.

“El lunes vamos a ir a meternos en nuestro lugar de trabajo y si quieren apalearnos, que nos apaleen”, dijo a FM De la Calle Pedro Ruiz.

Denunciaron que el Municipio no da respuestas y que desde la Subsecretaría de Gestión Ambiental vaciaron un depósito con elementos acopiados durante meses, los cuales fueron enterrados sin darles la posibilidad de comercializarlos.

Sebastián Nuñez afirmó que son “más de 50 personas que estamos en una situación crítica, si nos hacen un protocolo, como lo hacen en otros lugares, podemos trabajar”.

“Queremos trabajar, nadie nos da una respuesta de cuándo vamos a volver, qué vamos a hacer, lo que queremos es trabajar. Acción Social no sé para qué está, Medio Ambiente no sé para qué está, el intendente no sé para qué está. Él gana medio millón de pesos y nosotros no podemos ni pagar la luz”, comentó Ruiz.

Núnez se refirió al galpón de acopio: “Vino Insausti con la policía, sacaron todo para afuera y enterraron todo, según dice la empresa”. Allí se depositaban y clasificaban residuos para su posterior venta por parte de los integrantes de la Cooperativa Talleres 1.

“Me tienen que pagar lo que me tiraron, lo que estaba acopiado me lo tiraron todo. Nos consideran cirujas, yo vivo de esto. Sin esto no puedo pagar el seguro de la camioneta y si salgo a la calle me la sacan”, argumentó Ruiz.

Explicó que “todas las cooperativas están ganando en promedio de 16, 17 mil pesos. A nosotros nos dan 12 y nos descuentan el monotributo. Se pasan la pelota entre Municipio y Cooperativa”.

Por otro lado, mencionaron que no están recibiendo asistencia alimentaria: “A la semana que empezó todo me dieron una bolsa de mercadería, en casa somos cuatro, con dos paquetes de fideos, una botella de aceite, dos kilos de azúcar no alcanza”, comentó Núñez.

A casi un año de la explosión en la planta de Dow que estremeció a Bahía Blanca, el fiscal Cristian Aguilar desestimó la causa judicial porque “no se cometió ni configuró ningún delito”.

“La conmoción e inevitable preocupación que se generó en función del gran estruendo que sintió ese día en todos los que vivimos en Bahía Blanca e Ingeniero White, me llevaron a extremar las precauciones en miras a determinar si se había ocasionado estrago alguno; si algún operario había resultado lesionado, y si había existido un peligro común para los bienes o se había puesto en peligro la vida de las personas y la sociedad”, afirmó Aguilar.

Concluyó que “la respuesta fue negativa. Ninguna de esas hipótesis se verificó. De modo que las conductas analizadas, no constituyeron un delito tipificado en nuestro ordenamiento jurídico penal”.

La Fiscalía específicamente analizó si se configuraron los delitos de lesiones culposas, homicidio culposo y/o incendio o estrago culposo.

El fallo firmado el 30 de abril aclara que “la ley no habilita al Ministerio Público Fiscal para la investigación y persecución de cuestiones vinculadas al ámbito administrativo u a cualquier otro ámbito que no sea el penal en su ámbito correccional y criminal”.

Ese camino se ocuparon de despejarlo el Comité Técnico Ejecutivo y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, organismos que ni siquiera infraccionaron por ruidos molestos a la multinacional.

La pericia de la UNS

La resolución describe la prueba producida desde la recorrida inicial de planta realizada horas después de la explosión y destaca la pericia de la Universidad Nacional del Sur y la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Dicho estudio evaluó que “el recipiente se encontraban en buen estado” y la rotura se produjo con “más de 10 veces la presión máxima de operación”.”El hecho de haber alcanzado tal presión, indica que el equipo no cuenta con una válvula de alivio de presión; que en este caso hubiese protegido la instalación y evitado que se produzcan fallas”.

En cuanto a la onda expansiva de la explosión, “se determinó que el radio fue de diez metros en todos los sentidos (semiesfera), si se considera como onda expansiva la remoción de material aislante de los equipos aledaños. Se precisó que el mayor daño fue producido por la proyección de material y piezas del recipiente y sus dispositivos. Ya que algunas partes fueron encontradas a aproximadamente treinta y cinco metros. No se encontraron en la zona del incidente dispositivos cuyo daño hubiera podido provocar una reacción en cadena”.

Finalmente, la pericia estableció los siguientes resultados:

a. Los dispositivos con materiales inflamables más cercanos se encontraban a más de cincuenta metros del lugar del incidente.

b. Como consecuencia del incidente, el riesgo de daño a bienes indeterminados que no fueren propiedad de la empresa Dow Argentina fue muy bajo o prácticamente nulo.

c. La explosión hubiera sido de carácter fatal para quien se encontrara dentro de un radio menor a diez metros. Ello a causa de los fluidos expulsados (vapor y agua a alta presión y temperatura). Si alguien se hubiera encontrado dentro de un radio de cuarenta metros el riesgo habría sido alto por el impacto de las proyecciones de material.

Centenares de personas, organizaciones y asambleas de países de Latinoamérica, América del Norte, Europa, Asia, Africa y Oceanía, en tiempos de cuarentena se autoconvocaron para realizar un llamado a la Acción Global por una Democracia de la Tierra.

La pandemia nos recuerda que violamos los derechos de la Tierra y de todas sus especies por nuestra cuenta y riesgo, y que sería prudente que consideráramos los conocimientos y la sabiduría ancestrales de los pueblos originarios, guardianes de la Tierra a lo largo de los tiempos, cuyo profundo respeto por la Tierra se basa en la conciencia de la interconexión de toda la vida. Dañar una parte significa dañar el todo.

Esta pandemia no es un “desastre natural”, al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos no son “desastres naturales”. Las epidemias de enfermedades emergentes son antropogénicas – causadas por actividades humanas.

La emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos como comunidad mundial está relacionada con la emergencia sanitaria a la que se enfrenta la Tierra: su constante degradación, la extinción y desaparición de especies y la emergencia climática.

Cuando utilizamos venenos y agrotóxicos, como insecticidas y herbicidas para matar insectos y plantas en el modelo industrial de agricultura, producimos desertificación, contaminamos el agua, el suelo, el aire y destruimos la biodiversidad.

Los agrotóxicos están llevando a la extinción a las especies, incluyendo a los agentes polinizadores, como hemos visto en la drástica disminución de las abejas.

Cuando hacemos minería metalífera a cielo abierto utilizamos millones de litros de agua que es esencial para la vida humana y la naturaleza.

Cuando practicamos la fractura hidráulica o “fracking”, alteramos la conformación geológica y aumentamos el riesgo sísmico.

Cuando quemamos el carbono fósil que la tierra ha fosilizado durante 600 millones de años, violamos las fronteras planetarias. Al industrializar y globalizar nuestros sistemas alimentarios contribuimos hasta un 50% de los gases de efecto invernadero y el cambio climático es la consecuencia.

En el Día de la Tierra, pidamos disculpas por el daño que le hemos causado con la ilusión de la separación, creando paradigmas y herramientas violentas que han hecho la guerra contra la Tierra. Apreciemos su magnificencia y su belleza que tanto eleva nuestros espíritus y comprometámonos a hacer la paz con la Tierra y todas sus especies co-creando con ella sobre la base de sus leyes de la vida.

La Tierra nos ha dado un claro mensaje a través de la pandemia del Coronavirus. Es nuestro imperativo moral, dedicar este momento en el tiempo para hacer una transición a una civilización ecológica para que sembremos las semillas de un futuro común para la humanidad y todos los seres.

Acceso al documento en español: www.naturalezadederechos.org/TIERRA.pdf

El 22 de marzo se realizará la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos. Será en la Capital Federal pero tendrá su réplica en la Plaza Rivadavia. La modalidad está organizándose desde la CTA. La próxima reunión será el miércoles 11 en Las Heras 361.

“Logramos incorporar el tema de los polos petroquímicos a ese movimiento que es diverso. Llegamos a un documento en común. Lo que estamos haciendo es tomar la declaración general en defensa del agua y la vida y en contra del extractivismo, que tiene un carácter mundial”, dijo a FM De la Calle Monserrat Gayone .

Las organizaciones convocantes afirman: “Luchamos contra el modelo extractivista, saqueador y contaminante que, bajo un claro plan ecogenocida de gobiernos transnacionales, nacionales y provinciales, promueve abiertamente la implementación de enclaves y zonas de sacrificio, genera crisis diseñadas en todas las provincias y fortalece la obediencia al sistema capitalista mundial, que dista abismalmente de la forma de vida que llevaron quienes nos precedieron y que queremos recuperar para el Buen Vivir de todos los seres, tangibles e intangibles”.

“El gobernador de la provincia habló de que Buenos Aires exporta el petróleo y está peleando porque sea reconocida como una provincia petrolera. Están todos los gobernadores peleando para recibir algún peso de la megaminería. Nosotros queremos mostrar que estamos dispuestos a defender los recursos naturales”, afirmó Gayone.

El titular de la Asociación Ambientalista Unión 20 de agosto, Hernán Zerneri, aseguró que seis meses después de la explosión en Dow solo se produjo un cambio de autoridades en el organismo de control.

Consultado por FM De la Calle, Zerneri destacó  la falta de confianza en el Comité Técnico Ejecutivo:  “Lo que se hizo fue desligar al CTE de su rol de control y se hizo intervenir a la justicia. No tengo pruebas pero no creo que la justicia haya intervenido de oficio, evidentemente alguien levantó un teléfono con la clara idea de patear el tema. Esto para nosotros fue algo preocupante porque el Estado no confía en su organismo de control”.

“Se vio reflejado en el cambio de coordinador, cosa que no se manifestó en su momento. Esto nos da la razón de lo que dijimos. Esperemos que las nuevas autoridades reciban el respaldo suficiente del sector político como para desarrollar su tarea”.

El 28 de junio explotó un recipiente en la planta de Dow atemorizando a buena parte de la ciudad. Para el Municipio, el CTE y el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable el hecho no mereció ni una infracción. La fiscalía a cargo de Cristian Aguilar abrió una investigación y aun debe definir si hubo delito o no.

Para Zerneri, “la cuestión más preocupante fue la repetición de un evento de magnitud que ya habíamos tenido hace un tiempo en la misma empresa con la explosión en el reactor, que se volvió a repetir por una falla de procedimiento. Fue preocupante porque sabemos que cada vez que ocurre algo trasciende el límite de las empresas, generó estupor e incertidumbre por lo que fue la explosión”.

“Veníamos de un tiempo donde no había eventos de magnitud y, de repente, ocurren estas cosas y hace rendir examen a toda la gente que está vinculada al tema. Lo que falló nuevamente fue la comunicación y la respuesta a la emergencia. Puso en tela de juicio los mecanismos actuales de comunicación para los cuales tampoco ha habido una respuesta desde el ámbito público, de canalizar a través de nuevos mecanismos formas de que la comunidad se entere de forma rápida y certera de lo que se debe hacer. No ha habido ninguna respuesta concreta. No ha habido el establecimiento de una nueva forma. Hay redes sociales, la gente comunica más rápido que el Estado”.

En cuanto a la designación del ingeniero Walmir Morete al frente del CTE, el ambientalista afirmó:  “Vamos a tener las primeras reuniones del Comité de Control y Monitoreo para ver cuáles van a ser los lineamientos del ingeniero que va a estar a cargo. Estamos con expectativa de saber como va arrancar el 2020 de cara a lo que es el control de las industrias”.

El ingeniero en electrónica Walmir Edgardo Morete fue designado coordinador del Comité Técnico Ejecutivo. Reemplazará a César Pérez en el organismo de control de las plantas industriales del polo petroquímico y el puerto bahienses.

El flamante funcionario egresó en 2011 de la Facultad Regional de la UTN y trabajó en Petrobrás y la planta compresora de TGS en La Adela.

Semanas después de la explosión en Dow el Municipio avanzó en la apertura de concursos para reemplazar a los responsables del Proceso Apell y el CTE.

En este último caso, el jurado elaboró un orden de mérito de cuatro concursantes y el intendente Héctor Gay eligió a Morete. Ni en la web municipal ni ante las reiteradas consultas de este medio se difundieron los otros nombres.

El decreto 1017 del 18 de diciembre designó al ingeniero como “personal temporario mensualizado” con un salario cercano a los 150 mil pesos.

Dependerá de la Oficina Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental con mandato de dos años prorrogables por dos más.

(Notas Periodismo Popular) Este lunes habrá sesión de la Legislatura provincial con el objetivo de derogar la ley 9209 que habilita la megaminería y restituir la 7722. Así lo dispuso el gobernador Rodolfo Suárez el pasado viernes luego de una semana de movilizaciones masivas en rechazo a la normativa.

Los festejos recorrieron toda la provincia de Mendoza el viernes pasado. Por la noche el gobernador radical Rodolfo Suárez anunció que enviaría un proyecto a la Legislatura para derogar la ley 9209 votada una semana antes. “Si bien es legal no tiene la legitimidad del pueblo”, dijo.

La fecha señalada para la votación es este lunes y estará acompañada, como todos estos días, de una importante movilización popular en la capital provincial.

La normativa ahora vigente dejó sin efecto a la 7722 que protegía los recursos hídricos mendocinos abriendo las puertas al desarrollo de emprendimientos megamineros. Es que, entre otras cosas, se eliminó la prohibición de la utilización de químicos contaminantes como el cianuro.

Antes de la votación del viernes 20 de noviembre ya habían comenzado las protestas. Sin embargo tras la aprobación por parte del Poder Legislativo -con los votos del oficialismo y casi todo el peronismo opositor- y promulgación por parte del gobernador, se intensificaron.

Esto llevó a Suárez a anunciar, a mitad de semana, que frenaría su reglamentación para “informar” mejor a la población sobre los fundamentos de la ley. Pero fue rechazado por un espectro tan amplio como variado y transversal de la sociedad mendocina que continuó exigiendo como única salida la derogación. Allí se cuentan desde las Asambleas Ciudadanas en defensa del agua, pasando por los productores vitivinícolas, la Iglesia Católica y hasta la Comisión de Reinas de la Vendimia que instó a suspender la tradicional fiesta hasta que no haya una respuesta satisfactoria a sus demandas.

La presión popular obligó a Ejecutivo a dar marcha atrás. Sin embargo, las manifestaciones se sostienen y anunciaron que no terminarán hasta que la derogación de la ley 9209 figure en el Boletín Oficial.

En ese marco este sábado se realizó en Uspallata una asamblea de todas las asambleas de Mendoza en defensa del agua. La localidad fue elegida porque a 30 kilómetros se intentó instalar el Proyecto San Jorge, un emprendimiento megaminero de capitales rusos. “Hay representantes de la empresa que van casa por casa preguntando qué necesita la gente. Lo que piden se los dan, con la condición de que cuando la minera tenga licencia social tendrán que trabajar para ella”, relató a Página/12 Federico Soria, de la Asamblea por el Agua de Uspallata. “Han apadrinado una escuela del barrio más pobre; le construyeron el edificio a una unión vecinal”, agregó.

Asimismo este domingo se mantuvo el “banderazo” de carácter plurinacional convocado en toda la provincia y que tuvo una gran participación. A lo largo de la ruta 40 hubo varios puntos en los que se ondearon banderas argentinas pero también la wiphala.

Este lunes todas las fuerzas estarán concentradas en la Legislatura donde se espera que las mismas personas que aprobaron la ley hace apenas 10 días, ahora la anulen. En caso de concretarse será un hecho histórico para la provincia y un importante precedente en la lucha por la defensa del medioambiente a nivel nacional.

Este viernes cerramos la programación 2019 sumándonos a la Fiesta por la Plaza! Desde las 10 de la mañana estaremos en vivo por la 87.9 y delacalle.org desde O’Higgins 140.

Desde las 17 se realizará un festival para defender a la Plaza del Sol/Lavalle/ de la Resistencia y la Memoria ante el intento de destruirla para crear cocheras subterráneas.

Habrá actividades culturales con música, poesía, charlas, talleres de literatura, plástica y alfarería, audiovisuales, mural y feria de artesanas y artesanos.

Acercáte y compartí la jornada con quienes hacemos De la Calle!

10 a 12: En Eso Estamos con Mauro Llaneza y Giuliana Crucianelli (participa Mariela Dobal).

12 a 13: Descoordinades (Coordinadora Estudiantil Artística)

13 a 15: Astor Vitali, Sergio Pacheco, Eduardo Lázzari y Edgardo Epherra.

15 a 15:30: Mundos Imaginarios con Silvia Pirillo.

15:30 a 16: El huevo de la Serpiente con Juan Compagnoni, Tomás Palomeque y Ayelén Zanfagnini.

16 a 18: Bajo control con Fabián Ramos y equipo.

18 a 19: Voces desde la plaza con Giuliana Crucianelli y Paula Ércoli.

Operación y técnica: Fer Alarcón, Emiliano Randazzo, Walter Albouy, Fabián Zapata, Nicolás Fernández Vicente.

Este viernes se realizará un festival para defender a la Plaza del Sol/Lavalle/ de la Resistencia y la Memoria ante el intento de destruirla para crear cocheras subterráneas.

Desde las 10 de la mañana FM De la Calle realizará el cierre de su programación desde el espacio público de O´Higgins 140. A las 17 comenzará el cronograma de actividades culturales con música, poesía, charlas, talleres de literatura, plástica y alfarería, audiovisuales, mural y feria de artesanas y artesanos.

“Estamos muy felices porque la gente quiere participar, quieren decirle no al proyecto de las cocheras. Se han unido muchas voluntades y eso es lo más importante de resaltar.  Todo eso confluye y le da fuerza a esta propuesta de la fiesta”, dijo Mónica Oliver.

La iniciativa surge de un colectivo de amigas y amigos de la plaza que comenzaron a reunirse ante el avance del proyecto de empresarios locales de construir un estacionamiento subterráneo y una plaza seca a cambio de la explotación de 150 cocheras por medio siglo.

“La idea es recuperar la Feria de la Cultura. Está pensado así porque hay un enorme grupo de gente que provenimos de esa historia que empezó en el 87 y de paso homenajear a tantos artistas de la ciudad que ya no están y pasaron por esa feria”, dijo Oliver y mencionó a Fortunato Jorge, Ramiro Musotto, Aníbal Vitale, Susana Persia y Mirta Itchart.

Destacó que “la historia si no se cuenta se pierde, había chicas que no tenían idea de lo que había sido la feria. Tampoco conocían a quienes tuvieron que ver con la cultura de la ciudad. Pensamos que de alguna manera había que referenciar todo esto, que el que vaya allí aprenda, aumente su caudal de conocimiento sobre el espacio que estamos viviendo”.

“Invitamos a la Asociación de Amigos de avda. Parchappe y del sector del Noroeste para que estas experiencias vecinales se hacen a pala y pico se puedan contar y conocer. De repente uno pasa por la Plaza de Parchappe y es una maravilla y está hecha con el esfuerzo de la gente”, afirmó.

Oliver aseguró que “esas son cosas que no se pueden comprar ni vender. Es la lucha que estamos teniendo contra un sector de gente que solo le interesa el dinero y comprar, vender, negociar. Hay un montón de cosas que está pensando otra cosa, que son estas cosas intangibles”.

(Por Eduardo Latino – OPSurEn horas de la noche se mantuvieron las movilizaciones y los cortes de ruta en distinros puntos de la provincia. Mientras tanto, se publicó la promulgación de la nueva ley que reforma la 7722 en el Boletín Oficial. Mientras el pueblo se mantenía movilizado, el Gobernador Rodolfo Suárez, en un acto de provocación visitó a un supuesto policía herido, por las manifestaciones, en el hospital.

La jornada ha sido extenuante. Las largas columnas de manifestantes con distintos carteles y banderas en favor del agua se multiplicaron con el correr de las horas. Todo hacía presumir que la marcha de la mañana sería la más grande de la historia, cuando la noche llamó a un cacerolazo que se convirtió en un nueva “Marcha de la Dignidad”. Alrededor de 50 mil personas se movilizaron por todo el radio céntrico de la ciudad de Mendoza y culminaron la marcha en la Legislatura provincial, donde el viernes último se aprobó la reforma de la Ley 7722, que los y las asambleístas han llamado “la ley guardiana del agua”. Paralelamente a la histórica movilización, el pueblo de Uspallata mantuvo un corte total de la Ruta Internacional 7, que conecta con Chile a través de la cordillera, hasta pasada la medianoche. En San Carlos, el corte de ruta fue sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Eugenio Bustos y se sostuvo también hasta horas de la noche. En el Departamento de General Alvear, al sur de la provincia cuyana, los cortes de ruta se sostuvieron durante todo el día.

La policía reprime a La Marcha

más grande de la historia de Mendoza

 

La nueva ley que se promulgó hoy, y que el gobernador Suárez envió al Boletín Oficial, es la 9209, ley que ya desde las asambleas socio-ambientales han salido a denominarla “ley minera”. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró su preocupación al llamar en horas de la tarde a la Senadora Nacional, Anabel Fernández Sagasti, a una reunión urgente para analizar lo que sucede por estas horas en Mendoza. Sin embargo la senadora ha guardado silencio y solo ha hecho un comentario vía Twitter en el cual trata de desmascarse del gobernador Suárez respecto a la represión y ha decidido mantenerse ajena a la conflictividad que crece en su provincia desde que se avanzó en un acuerdo PJ y UCR para aprobar la reforma de la ley. La militancia activa que sigue a Sagasti se ha manifestado disconforme, a punto que según una fuente allegada a la senadora, que se manifestaban en apoyo de la Ley 7722, comentó: “los grandes responsables de esta situación son Anabel (Sagasti) y Lucas (Ilardo), sobre todo este último que ha manejado muy mal las cosas, incluso durante la campaña”.

La noche se ha profundizado para los dos partidos mayoritarios que muestran una crisis política de dimensiones poco conocidas en los últimos tiempos. La noche ha marcado un hito histórico y una movilización que refleja el nivel de descontento masivo y una soberbia desde la gobernación, que están poniendo al límite la institucionalidad y la credibilidad política en la provincia. El nivel de descontento que se percibía a lo largo de las más de cinco cuadras de marcha, colmada por familias, amigos y amigas, vecinas y transeúntes casuales de las avenidas de la capital mendocina, son espejo de lo que sucede al otro lado de la montaña, donde el pueblo chileno reaccionó desde el lugar menos esperado para la clase política. Suárez está en una encrucijada, a punto que la gobernabilidad se muestra en juego ante manifestaciones tan masivas que expresan fuertemente que en Mendoza “No hay licencia social” para el extractivismo, en particular para la megaminería. Eso es lo que quedó claro esta noche en una movilización histórica.

Inés Alman, de la Asamblea de Autoconvocados de Uspallata, adelantó que “el jueves tendremos asamblea después de este día histórico y analizaremos si volvemos al corte de ruta” Desde horas de la mañana Alvear se volverá a movilizar a las rutas con cortes y con ánimo de sostenerlos durante todo el día. La rebeldía crece desde el malestar que se profundiza ante el accionar del ejecutivo provincial. Las voces de rechazo se multiplican y el desconcierto político es el actor dominante de un fin de año caliente en la provincia del sol y del buen vino.

¿A costa de quiénes y de qué se sustenta el modelo Vaca Muerta como futuro salvador de la economía en crisis? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Qué incidencia tiene en la ciudad? ¿Hay vínculo entre  el extractivismo y la deuda externa?

Hernán Scandizzo, investigador del Observatorio Petrolero Sur y la economista Mariana Fernández Massi, problematizan la política energética y de explotación de hidrocarburos no convencionales desde la Patagonia a Bahía Blanca.

¿Qué significó para el país el desarrollo de Vaca Muerta?

Sacandizzo: A partir del 2007 se pasa al boom de Vaca Muerta en términos de relato de ‘Argentina: potencia energética’. Si bien se ha incrementado la extracción de carburos a partir de los no convencionales, estamos muy lejos de ese escenario tan exitoso que se presenta.

Fernández Massi: La pregunta es a costa de qué se ha logrado estos niveles de extracción. La ecuación financiera se sustentó a partir de una fuerte transferencia de recursos tanto del Estado como de los usuarios hacia las empresas con dos mecanismos. Por un lado, los subsidios que reciben por la extracción y, por otro,  el precio y el modo en que se regula el precio en boca de pozo y eso se traslada a nuestras tarifas.

El primer programa grande de subsidios es el programa GAS que se lanzó en 2003 que garantizaba un precio estímulo a la nueva extracción, que fue el plan con que el último kirchnerismo empezó a alentar la exploración. Ese plan sufre modificaciones, es reemplazado por la Resolución 46 que firma Aranguren, busca acotar los subsidios solamente a las nuevas áreas no convencionales, ahí es donde el plan estuvo enfocado en Vaca Muerta.

En torno a esa resolución aparece otra que evidencia cuan dependiente es este sistema de subsidios: Tecpetrol, la empresa de Techint. Había entrado en este plan en particular con una área que es la estrella de Vaca Muerta, que explica el aumento de la extracción que es Fortín de Piedra. Tecpetrol había declarado un volumen de producción y finalmente lo superó. Eso hizo que sea mayor la cuantía de subsidios a la que el plan original pretendía.

La calve es que cuando surge este problema y se pone límite a los subsidios en Fortín de Piedra. Sin ese esquema de subsidios nadie parece estar muy interesado en Vaca Muerta. Esto evidencia que el fracking y la exploración de no convencionales son caros.

Para el mercado doméstico no nos va garantizar precios bajos de energía, para la exportación aparece cuanta cabida puede tener un desarrollo de un proyecto que está teniendo muchos problemas para financiarse en un contexto de producción a nivel mundial. ¿Hasta qué punto esto va a ser el buen negocio que se plantea desde los discursos oficiales?

¿A costa de qué se está desarrollando Vaca Muerta?

Scandizzo: Son muchas las transformaciones que se vienen dando en la zona a partir de Vaca Muerta y por la escala que tiene esto, Bahía no queda al margen. Vaca Muerta también es acá por el rol histórico que ha tenido Bahía como puerto para todo el norte de la Patagonia. Es un rol de ciudad puerto que se incrementaría con la ampliación del polo petroquímico, en una ciudad donde hay una cantidad de demandas sin resolver socio sanitarias vinculadas al desarrollo del polo, el anuncio de que se incrementaría a partir de Vaca Muerta no sé si es tan buena noticia.

En el modelo actual, ¿existe posibilidad del desarrollo de algún tipo de otra actividad como consecuencia de Vaca Muerta que no sea la exportación?

Fernández Massi: Lo central es que hace falta mucha infraestructura. Una en particular que un poco muestra cuánta incertidumbre hay porque no se ha logrado realizar es  el tren que uniría Añelo y Vaca Muerta y que serviría tanto para traer la producción para la exportación como, fundamentalmente, llevar insumos.

Ahí hay una discusión por las arenas silíceas, si ese tren se completa esto implicaría traer desde Entre Ríos las arenas por vía marítima y luego por tren. Ese tren se intentó financiar por PPP (participación público privada), luego por venta anticipada de cargas. No hubo empresas que se presentaran y la pregunta es si se va a financiar con inversión pública.

Dow es una de las primeras que apostó a Vaca Muerta y la razón de ser de Dow es fundamentalmente asegurarse la provisión de gas. Sin embargo, cuando se mira Dow a nivel global, la ampliación del polo en América del Sur está rankeada en el último lugar porque Dow es protagonista de otra gran explosión del fracking que es el Permian en EE.UU.. Entonces, hay sobreproducción de polietileno, Dow ha frenado inversiones en EE.UU. por la sobreproducción.

En tercer lugar, aparece la plataforma exportadora, que significaría buques de licuefacción. Para que tenga cierta correlación free a ese discurso optimista estaríamos hablando a una escala muy superior a la que Bahía conoció con el buque regasificador.

¿Cómo ven lo que viene respecto del cambo de gobierno? ¿Qué propuestas para la política energética ven a este modelo?

Fernández Massi: En primer lugar, hay un consenso que se vio durante la campaña, hay un cambio en términos de para qué. El Frente de Todos vuelve un poco sobre el discurso desarrollista, aparece Vaca Muerta como la gallina de los huevos de oro que nos proveería de dólares para pagar la deuda, por ejemplo. Ahí podemos trazar vínculos entre el extractivismo y el endeudamiento.

Hay algunas alarmas, hay algunos trascendidos que son un poco nefastos, hay un proyecto de ley que no se sabe cuan real es, que otorgaría un montón de exenciones fiscales y liberalización de dólares, es un poco contradictoria.

En términos de alternativas, la principal apuesta es en la Mesa de Transición Energética y Productiva para Río Negro porque creemos que ese es el ámbito territorial para discutir, Vaca Muerta se está llevando puestas actividades productivas del Alto Valle, mostrar que hay alternativas energéticas.

Por ejemplo, la energía eólica…

Scandizzo: Está bien como fuente de menor emisiones pero hay que ver qué modelo de gestión va a tener esa fuente. En Neuquén está el caso de Vientos Neuquinos, en cercanías a Zapala, que es un proyecto que empieza la provincia y después se lo vende a un empresa norteamericana.

Vemos que se replica el modelo de recreación del desierto, de invisibilizar a la población -sea campesina o indígena- y avanzar con los proyectos, no solamente hay que ver las emisiones sino qué modelos productivos vamos a tener.

Hacer parques eólicos para abastecer empresas como Aluar tampoco es la idea. Es complejizar y trabajar sobre las fuentes, hay que ir a una defosilización de matriz energética, hay que pensar en modelos de producción y modelos de consumo. No es solamente poner paneles solares y molinos sino discutir el modelo.

Concejales de Cambiemos de Coronel Suárez pretenden aprobar este jueves, en la última sesión antes del cambio de gobierno, una normativa que habilita a fumigar a 50 metros de las viviendas y a 30 metros de cursos de agua. Otro proyecto presentado por integrantes de la comunidad buscaba legislar hace más de un año en resguardo de la salud de la población.

Lucia Borsella, integrante de la ONG Evolución Ambiental señaló a FM De la Calle: “El martes presentó un proyecto un funcionario de Cambiemos, dueño de una de las agronomías dentro del pueblo, con pretensiones que se apruebe mañana (por hoy). Quieren tratarlo sobre tablas y que en la última sesión se apruebe que nos fumiguen en la vereda de enfrente a las casas”.

“Sabemos que lo necesario es la prohibición de la aplicación de agrotóxicos. Presentamos un proyecto de ordenanza que estuvo cajoneado y, meses antes de las PASO, nos dijeron que si no lo presentábamos por un bloque no iba a salir. Fuimos a ver concejales, hubo reuniones, negociamos metros, era hasta 600 metros con la promesa de año a año ir extendiendo. Llamamos a pediatras, médicos, ingenieros, venimos haciendo un trabajo profundo”, dijo.

La suarence comentó que están “rodeados de campos, los barrios que se expandieron lindan con las fumigaciones, recibimos constantemente fotos, denuncias, no hay nada que lo prohíba. Quienes están en agroindustria no tienen la voluntad de tomarnos la denuncia. Plantean que el vecino tiene que pagarles el combustible para que se acerquen a corroborar las denuncias. Quienes nos representan son los dueños de las agronomías y quienes nos fumigan. En estas cuestiones no hay grieta”.

El proyecto plantea una “zona de amortiguamiento” de mil metros, sectores donde no se puede aplicar otros productos que no estén bajo la denominación “Banda Verde”. “Uno de los productos banda verde es el glifosato”, comentó Borsella.

“En Suárez tenemos mas de 30 depósitos de expendio de agroquímicos, chicos que asisten a escuelas rurales, docentes que tienen cuestiones que les hacen ruido pero por una cuestión de dependencia laboral no se denuncia. A las docentes nos sucede que muchos de los dueños de campos donan el chancho para la rifa, sostienen algunas cuestiones que hacen que tampoco se animen y puedan cortar con este juego bastante macabro”, finalizó.

Un plenario de comisiones del Concejo Deliberante reunió a concejales, integrantes de la Comisión de Arbolado Urbano, representantes del grupo inversor y funcionarios municipales. Una vez más el tema de análisis fue la propuesta para eliminar la Plaza Lavalle para construir cocheras subterráneas y una plaza seca.

Desde la Comisión destacó la ausencia de la jefa del Departamento de Parques Municipales, Erica Gutiérrez.

“Es un proyecto bastante ambiguo, en modo de boceto de como llevar a cabo la modificación de la plaza. El gran ausente fue la pata del Estado municipal que lo propone y lo impulsa. Ahí sale a la luz que no todo es tan sencillo de llevar a cabo y algunas cosas son totalmente inaplicables como sacar el arbolado y trasladado a otro lugar”, dijo a FM De la Calle Mercedes Insausti.

Según la ex concejala, la propuesta “no es sólida en concepto, no tienen en claro cómo van a trasladar el arbolado, ellos dicen que en vez de perder verde van a ganar porque van a extender la peatonal a las calles aledañas donde se va a tratar de hacer una especie de polo gastronómico, donde se harán canteros con arbustos. Esto no garantiza la presencia de árboles y sí condicionan a una plaza seca. Para llevar a cota cero la plaza que está a un metro veinte si o si se habla de sacar árboles”, destacó.

Insausti afirmó que se pidió información concreta: “No la tenían a mano, dijeron que lo de las cochearas era un medio para poder financiar la propuesta, no lo discutimos como tal. El tema es que necesitamos mayores precisiones, no se puede perder más verde en la ciudad”.

El oficialismo busca declarar el proyecto de interés público para realizar su diagramación. “Como es algo que atañe a concejales, se pusieron a discutir y la oposición quiso saber qué alcance tenía esa declaración porque si era una carta blanca para avanzar no estaban dispuestos a hacerlo. Va a haber más reuniones, se va a avanzar sobre la idea que de existir una declaración de interés va a estar sujeta a modificaciones”.

La Asociación Amigos del Jardín Botánico manifestó su preocupación por el proyecto que pretende construir cocheras subterráneas debajo de la Plaza Lavalle y construir un nuevo espacio público sin los árboles.

“Nos preocupa el arbolado urbano, que es un déficit de la ciudad  y este proyecto afectaría a uno de los pocos espacios verdes que hay en el sector”, dijo a FM De la Calle la presidenta de la institución, Melina Calfuán, presidenta de la Asociación.

Esta tarde habrá un abrazo en defensa de la plaza desde las 19:30. El martes a las 9, en tanto, se realizará un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante del que participarán los inversores e integrantes de la  Comisión de Arbolado.

“Tenemos dos representantes en la Comisión, uno de ellos es Carlos Villamil, botánico y profesor consulto de la UNS , él se ha manifestado en contra de este proyecto, sobretodo porque no se había mandado en tiempo y forma para analizarlo qué se presentaba”.

Calfuán señaló que “expresamos la preocupación por el tema de cortar árboles, más allá de la especie que sea, que son parte del patrimonio histórico. Por otro lado, hay un edificio muy cercano, en Saavedra y O’Higgins, que puede ser afectado por el movimiento de suelos”.

“En el centro no tenés tantos arboles en las veredas, se realizan podas en momentos que no son adecuados, podas intensas. (…) En la plaza se haría una reestructuración, en la que principalmente habría hierbas y arbustos, se bajaría el porte de las plantas. La cochera implica sacar los arboles más grandes y sacar las raíces”.