El Centro de Estudios Bahía Bicentenario llevará adelante la 1ra Jornada del año destinada a debatir nuevas propuestas y Políticas Públicas para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Bahía Blanca. Será hoy a las 19 horas en Corrientes 123.

Según previsiones de la Organización de Naciones Unidas, para 2050 la población urbana mundial se habrá duplicado, haciendo de la Urbanización uno de los fenómenos más transformadores de nuestro siglo.

“Es así que surge la necesidad de replantearnos los modos de planificar, gestionar y habitar nuestra ciudad, en aras de garantizar un futuro sostenible e igualitario”, dijo a FM De la Calle la arquitecta Rosana Vecchi, coordinadora de la actividad.

En un comunicado, la entidad sostiene que “nuestra ciudad tiene un gran potencial para impulsar cambios positivos. Debemos aprovechar ésta capacidad para establecer un nuevo paradigma que nos permita ir hacia un Proceso de Urbanización Inclusivo”.

“Lograremos cambiar éste paradigma planificando la ciudad por adelantado y procurando conciliar las necesidades a corto plazo con lo que imaginamos a futuro: una Bahía Blanca diversa, con una economía competitiva, óptima calidad de vida para todos sus habitantes y un medio ambiente sostenible”.

Con estos fundamentos eligieron “como primera temática para las Jornadas de nuestro Centro de Estudios las cuestiones relativas al Hábitat, el Territorio y el Desarrollo”.

El concepto de hábitat será abordado “desde la dimensión humana y la apropiación del territorio, para satisfacer las necesidades de la sociedad del Tercer Milenio en forma sostenible”.

Disertarán la Diputada Nacional mandato cumplido y ex Secretaria de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Bahía Blanca, Virginia Linares; la concejala e impulsora de la Ordenanza de aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, Paola Ariente; el Arquitecto César López, representante de la Comisión de Hábitat del Instituto Patria;  Francisco Martínez, Presidente de la Cooperativa Textiles Pigué; el Arquitecto y coordinador de la Comisión Ciudad del Colegio de Arquitectos Martín Castro; y el ex Presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, Jorge Otharán.

Greenpeace realiza un bloqueo desde ayer al ingreso al predio y al basural ilegal de Treater S.A., donde Shell, Total e YPF, entre otras empresas petroleras, vierten sus desechos provenientes del fracking en Vaca Muerta.

“Estamos reclamando que se responsabilicen por lo que están haciendo y dejen de tirar desechos a la tierra. Hay unas 15 canchas de fútbol llenas de residuos, a tan solo 5 kilómetros de Añelo”, declaró Leonel Migo, vocero de la organización.

Agregó que “en mayo del año pasado mandamos a analizar muestras a Inglaterra y encontramos plomo en cantidades alarmantes. Este estudio se lo enviamos a las empresas y saben lo que están haciendo”.

“Las comunidades locales presentaron una denuncia penal que incluyó nuestros análisis de laboratorio. Pero las mismas personas que deciden sobre esto son las mismas que permiten que estos residuos sigan acá”, concluyó.

“Queremos mostrar la situación de los pequeños productores, el aumento de los costos de la semilla, de los insumos, los bajos precios a los que nos compran la verdura”, señaló Marisol, delegada de la Unión de Trabajadores de la Tierra desde el feriazo que se realizó esta mañana.
La protesta forma parte del Verdurazo convocado a nivel nacional en repudio a la represión de la Policía Metropolitana a productores de la agricultura familiar y en demanda de políticas públicas para el sector.
En la esquina de Bolivia y Entre Ríos se reunieron trabajadores y trabajadoras de Bahía, Pedro Luro y Ascasubi: “En Luro vendemos 5,50 o 6 pesos el kilo de cebolla, el consumidor paga mucha plata y el productor cobra muy poco. Hablamos con el intendente pero no nos supo resolver nada”, comentó Roberto a FM De la Calle.

(Por Mauro Llaneza) El juez Agustín López Coppola se comprometió a dictar sentencia sobre la contaminación de la ría en julio. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 aceptó, además, el pedido de las empresas del polo para sumar pericias sobre sus procesos productivos.

El miércoles 13 se realizó una nueva audiencia en la causa civil que investiga las responsabilidades sobre la presencia de metales pesados en el estuario y la destrucción de la pesca artesanal.

“Siguen contaminando, nos sacaron el trabajo, nos arruinaron a todos los pescadores. Queremos que esto se termine”, dijo a FM De la Calle Rubén Córdoba, whitense, 27 años dedicados a la pesca.

El abogado Lucas Beier afirmó que “hoy las empresas están más preocupadas en echarle la culpa al otro que en si el estuario está o no contaminado. Lo siguen negando pero la prueba lo acredita. Hoy su mayor preocupación es decir el culpable es el otro”.

Las demandadas son: Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur, Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Sin embargo, la Cátedra de Alimentación Química de la casa de estudios porteña había advertido que no respondería aspectos vinculados al proceso industrial que excedían su especialidad.

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Beier, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, explicó que “la pericia principalmente hace el estudio del estado del estuario, del agua, sedimentos y especies. Las demandadas pedían una nueva pericia y eso fue lo central de la discusión”.

“El juez dejó en claro que quiere terminar el proceso lo más rápido posible, no quiere perder dos o tres años designando un perito. Entonces les dio un plazo a las empresas de diez días para que designen perito y antes de fin de julio quiere tener la sentencia dictada”, agregó.

Las empresas tendrán cuarenta días para ofrecer un perito que informe sobre el proceso interno de cada firma, los insumos que utilizan y los residuos que arrojan al estuario. Si no lo consiguen en ese lapso, perderán la prueba.

Las multinacionales pretenden calcular por qué porción de la torta de la contaminación tendrán que responder económicamente. Todas apuntan a que la mayor parte recaiga sobre ABSA. “Al colega de ABSA lo mataron”, comentó Beier: “En gran medida es cierto pero no quita que los otros también contribuyan”.

“La Ley General de Ambiente dice que cuando no se puede determinar en qué grado participa cada una de las demandadas la responsabilidad es solidaria, todos responden en el mismo grado. Como parte actora no estamos tan preocupados en poder determinar qué empresa contribuyó en mayor medida a que el estuario esté como está”, afirmó.

Luis Arellano, también abogado de los pescadores, dijo a FM De la Calle que “ya hay prueba suficiente, no solamente la pericia de la FAUBA sino todos los informes del CTE, información que está en el IADO, en estudios científicos y técnicos de la UNS, tesis doctorales y un montón de material acumulado por décadas que nos dice cuál es el estado de contaminación de la ría y quiénes son los responsables. Creemos que el expediente se puede clausurar para que nos den la posibilidad de hacer nuestro alegato y pasar a la sentencia”.

Integrantes de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego acompañaron la demanda de los pescadores artesanales y destacaron la importancia de la pericia que probó “lo que todo el mundo sospechaba”.

El secretario general, Enrique Gandolfo, destacó que “luego de conocerse el informe de la UBA los factores del poder económico, las empresas del polo, los factores políticos, la misma Municipalidad han salido a desprestigiar la evidencia científica de la Facultad de Agronomía”.

“Estamos respaldando el reclamo y llamando a la comunidad a conocer que este estado de contaminación, de seguir así, es incompatible con la vida del estuario y está afectando no solamente a los pescadores artesanales sino al conjunto de la comunidad de la ciudad y el puerto”.

(Por Mauro Llaneza) La Facultad de Agronomía de la UBA respondió dudas e impugnaciones que las empresas y organismos denunciados presentaron contra la pericia conocida en septiembre en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

El informe ratifica que las especies no son aptas para consumo humano y la necesidad de revisar los controles sobre el vertido de metales pesados. Antes de dictar sentencia, el juez Agustín López Coppola convocó a las partes a una audiencia que se realizará el 13 de febrero.

Lucas Beier, abogado de los pescadores artesanales, dijo a FM De la Calle que “las empresas demandadas, siguiendo lo que hizo el IADO y la propia Municipalidad, desprestigiaron el informe. (…) La Facultad les contestó diciendo que es científico, que todas las opiniones tienen sus argumentos en documentos científicos y en estudios que hicieron ellos y ratifican todo repitiendo que los peces no son aptos para consumo humano, que el estuario está grave, contaminado, y que no es posible la preservación de la vida que habita hoy el estuario”.

“Tenemos la certeza científica que los peces, crustáceos y moluscos analizados por esta Facultad y recolectados en una zona habilitada para la pesca, en donde algunas lanchas de pesca artesanal desarrollan su actividad en la actualidad, arrojaron resultados altamente preocupantes”, concluye el documento.

Beier afirmó que “el Estado lamentablemente es parte demandada y ha tomado la postura de aliarse con las empresas cuando, en realidad, el Estado somos todos y el Estado tendría que buscar el beneficio para la sociedad y dentro de sus obligaciones está preservar el ambiente”.

“Los niveles de sulfuros, hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio registrados en la actualidad en el estuario de Bahía Blanca se pueden considerar peligrosos para los sistemas biológicos asociados, ya que muchos de los valores exceden los niveles permitidos por la normativa”, aseguran las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina y el ing. agrónomo Gustavo Mozeris.

También destacan que “las especies de peces y moluscos que se tomaron en el muestreo, como por ejemplo el pez sapo, ostras y mejillones que no migran por fuera del estuario, son indicadores del nivel de bioacumulación de metales pesados directamente relacionados con el ambiente circundante y es por ello que se concluye que en la proximidades del puerto de Ing. White la fauna marina recolectada está expuesta a este tipo de elementos”.

Más adelante, subrayan que “existiendo un polo petroquímico que se encuentra habilitado a arrojar sustancias nocivas y lo realiza con una carga ‘declarada’ de 11.300m3 por día (según informa ABSA en la causa Meninato el polo petroquímico consume entre agua potable y cruda más de 36.000 m3 por día), más que evidente que las sustancias nocivas ingresan cuanto menos por los efluentes de las empresas“.

Ninguna duda

Sobre consultas por la “duda razonable” mencionada en la pericia, sus firmantes advirtieron que no refiere a sus conclusiones -fundamentadas científica y técnicamente- sino que está “centrada sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos públicos provinciales, así como en los niveles guía planteados para el vuelco de efluentes a la ría”.

Dado los altos niveles de concentración de metales pesados en los peces recolectados en las proximidades del polo petroquímico, lleva a pensar que alguna de las dos cosas está fallando, o los controles no son los indicados o la reglamentación no es acorde para el ambiente estuarial. Los registros históricos del CTE indican que las empresas cumplen en la gran mayoría con los límites permitidos, pero atento los indicadores de bioacumulación en peces, moluscos y crustáceos para metales pesados podemos afirmar que al menos la zona interna del estuario se encuentra en un estado vulnerable”.

Por ende, el informe plantea tres hipótesis: “a) los controles no son los adecuados, o b) los parámetros establecidos por la resolución administrativa no deberían aplicarse al estuario bahiense, o c) están ingresando al estuario metales pesados por ductos o canales no declarados o no controlados por los organismos”.

Estudios complementarios

Ante supuestas contradicciones entre la pericia y los informes del IADO, la FAUBA dice que “no es tan así”.

Describe que coinciden en la presencia de metales pesados en agua y sedimentos del estuario y en que el sistema está claramente influenciado por la acción antrópica. “La única aparente contradicción es en relación a los tejidos musculares de peces analizados por el IADO y las muestras de peces, crustáceos y moluscos analizados en el marco de este informe”.

Las diferencias entre los estudios del IADO y la pericia de la FAUBA “pueden ser complementarias ya que analizan especies y lugares diferentes y esto puede, lejos de ser contradictorio, plantear una complementación en la generación de información”.

Entre las explicaciones agregadas, la Facultad relató que “la totalidad de los ejemplares fueron formas juveniles por lo que es poco probable la migración desde una zona por fuera del estuario. Por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, los juveniles de las especies estudiadas permanecen más tiempo en el área de estudio lo cual aumenta el tiempo de exposición a posibles contaminantes de alcance local”.

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Destacan, además, que “se les consultó a los pescadores que indiquen donde ejercían habitualmente su actividad para la toma de muestras y pudimos observar que sobre el veril norte del estuario, en cercanía a la zona portuaria, existen clubes náuticos y accesos al público en donde la gente concurre a pescar desde los muelles (Club Náutico Bahía Blanca, Club de Pesca Almirante Brown y Club de Pesca General Daniel Cerri) en donde las especies obtenidas por pesca deportiva por lo general son consumidas por los pescadores”.

Finalmente, el documento afirma que “el constante dragado de mantenimiento de la profundidad del canal de navegación provoca mayor turbidez en el agua, remoción de metales pesados ocluidos y alteración de lecho marino” y, ante esto, concluye que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental: destruir el lecho marino, que es donde nace toda la vida marina, evidentemente genera un daño”.

“Las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales. Hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, dijo Maristella Svampa.

La socióloga conversó con FM De la Calle a partir de su libro “Chacra 51: regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking”, un ensayo sobre el avance de la explotación de energías extremas entre las chacras productoras de peras y manzanas de Allen, Río Negro.

Svampa mezcla, a través de su historia familiar, la literatura, la sociología y la filosofía con la militancia socioambiental.

“Hay un grave problema en la Argentina donde a diferencia de otros países no se discute sobre la fractura hidráulica así como otras actividades extractivas altamente controversiales (…) de destrucción y sacrificio de los territorios”, manifestó la investigadora del CONICET y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba.

Agregó que “en Argentina se sigue hablando de oportunidades, se sigue hablando de una visión eldoradista, como si la Argentina estuviera destinada a convertirse en una suerte de potencia energética a través de la explotación de estos yacimientos no convencionales. No se da una discusión completa o integral que incluiría precisamente diferentes aristas de los impactos socioterritoriales hasta, por ejemplo, el desplazamiento de otras actividades económicas, como es el caso de la actividad frutícola en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén. Hoy es Allen el que está más que amenazado y donde el avance de locaciones hidrocarburíferas es tal que hay un retroceso cada vez mayor de la actividad frutícola. Muy probablemente van a ser otras, también, las localidades impactadas por el fracking. Mientras tanto las autoridades hoy siguen negando que se haga fracking”, aseguró.

“Chacra 51” es también el reflejo de una vida dedicada al estudio de problemáticas socio-territoriales, tanto en clave nacional como latinoamericana, donde no sólo profundiza sobre las energías extremas y su impacto negativo sino también se evidencia que el proceso “es mucho más caro, tiene mucho menos rendimiento energético y produce más accidentes, no sólo de trabajadores sino también derrames. Y esto es lo que está sucediendo tanto en Vaca Muerta como en Allen”.

La socióloga desarrolla el concepto del páramo y del racismo ambiental para entender la complejidad de su enfoque.

“La imagen del páramo yo la traje a colación para dar cuenta precisamente de lo que estaba sucediendo con las chacras. El progresivo desmonte ante la crisis y la avanzada de las locaciones hidrocarburíferas. Es sabido de las transformaciones territoriales que genera la explotación petrolera ya que después la tierra no pueda utilizarse para nada y lo que deja es desierto de piedra o un páramo. Yo lo que señalo es que no hay capacidad de resiliencia alguna, no se puede recuperar, y esto es efectivamente el páramo: es una imagen muy asociada también a nuestros tiempos del antropoceno, esta nueva era geológica en la cual la crisis y la devastación ambiental amenaza la vida misma en nuestro planeta”.

Respecto al “racismo cultural” Svampa aseguró que “no hay conciencia ambiental y es muy complicado abrir esta discusión. Yo hablo de racismo ambiental también para el caso de Allen donde la indiferencia de la población e inclusive de muchos chacareros es muy flagrante. Tal es así que los impactos que están denunciando a través de distintas notas periodísticas es posible verlos ahora sobre la población rural, pobre e invisible. Por lo cual, creo que en la población hay una suerte de ‘racismo ambiental’ que hace que se minimicen los impactos porque esto todavía no ha tocado el corazón de la población más integrada y que sobre todo vive en los cascos urbanos”.

“Mientras esto perjudique a las poblaciones pobres y marginales, la gente no se va a preocupar en demasía y esto me parece tremendo, terrible y da cuenta de un cinismo o de mala fe porque la gente sabe en el fondo, le hace ruido esto del avance del fracking entre peras y manzanas. Por más que YPF sea el sponsor de la Fiesta de la Pera o que todas las pequeñas radios locales reciban la pauta publicitaria de los servicios petroleros, lo cual atenta contra la posibilidad de discutir”.

Svampa destacó que “hay que recordar que el kirchnerismo efectivamente no promovió el desarrollo de energías renovables, hizo una apuesta a fondo en los combustibles fósiles. Ahora este gobierno tiene un doble discurso, porque si bien tiene un presupuesto limitado para el desarrollo de las energías renovables, tiene un presupuesto ilimitado a favor de los combustibles fósiles, sobre todo de los no convencionales con Vaca Muerta. Así que no nos engañemos: la matriz económica argentina no va a cambiar gran cosa, porque el gobierno hace la apuesta sobre todo en Vaca Muerta y de eso son conscientes los funcionarios”.

Sobre los antecedentes de gobiernos progresistas en la región y su política socio-territorial, la escritora opinó que “implicaron una gran expectativa política en términos de nueva izquierda pero que, hacia el final del ciclo, derivaron hacia modelos de dominación más tradicional que conllevaron un fuerte proceso de concentración en los líderes o lideresas, como también en procesos que han derivado en algunos casos en gobiernos autoritarios como el caso de Venezuela. He sido muy crítica no solo de lo que tiene que ver con la matriz productiva, la economía, sino también con las dimensiones políticas de este proceso.  (…) Ha habido una suerte de solidaridad automática y acrítica en relación a estos gobiernos, diciendo que si uno le hace una crítica le está haciendo el juego a la derecha, al imperialismo, etcétera. Yo no soy de esta idea, creo que efectivamente hay que hacer ejercicio del pensamiento crítico”.

“Igualmente soy consciente de que las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca esas zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales, con lo cual hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, finalizó.

El sábado a las 19 se proyectará la película “Toda esta sangre en el monte” con presencia de su director Martín Céspedes. La actividad es organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego   en el salón de la AJB (Ing. Luiggi 63).

La película relata la situación actual del movimiento campesino, específicamente la situación que ha atravesado el MOCASE de Santiago del Estero a lo largo de los últimos años, y repasa sus estrategias de organización política-social.

“Es también sobre la violencia. Una violencia económica de un capital que llega a los territorios campesinos con una lógica de acumulación y que lo que hace es destruir comunidad, territorios y cuerpos;  una violencia política de gobiernos que hacen la vista gorda permitiendo que ese capital entre e irrumpa y con una violencia institucional-judicial que lo legitima, lo avala a través de la impunidad”, contó Céspedes a FM De la Calle.

Parte del largometraje cuenta el asesinato de Cristian Ferreyra, hecho ocurrido en 2011 mientras defendía su territorio de sicarios que trabajaban para un empresario agropecuario de la zona. Se “toma de excusa el juicio de los asesinos de Cristian para dar puntapié a lo que es este conflicto y poder conocer un poco la realidad que se está viviendo en Santiago del Estero, tanto lo que es la organización política como a los modos de vida”.

“Porque al fin y al cabo la lucha por la tierra en realidad es una lucha por un modo de vida que quizás quienes habitamos las ciudades esos modos de repensar nuestras vidas están más relegados, quizás estamos más centrados en cuánto más de esa renta del capital podemos acaparar para poder vivir mejor”, afirmó.

Toda esta sangre en el Monte tardó varios años en poder terminarse y, según el director, es “una película que se explica así misma, esos modos de vida, esos conflictos, los vemos a través de la observación y me parece que es lo más interesante que tiene. Es como estar ahí viviendo las situaciones y me parece que la película en ese sentido se muestra bastante bien sola”.

“La construcción del documental es también una construcción colectiva con la organización campesina, yo no quería caer con la película del porteño que va a mostrar cómo viven los campesinos (…) y para eso no hubo un guión previo marcado al cual ir a filmar, sino que fue ir y devenir en el lugar lo que surgiera. Fue algo muy interesante, muy enriquecedor y que también termina de alguna forma aportando a toda esa riqueza y a lo multifacético que es la organización campesina. El MOCASE es realmente muy potente, imaginemos que están luchando contra un poder gigantesco que es el agronegocio y al día de hoy no han perdido ni un metro de tierra”, finalizó.

La Cámara de Diputados tratara el próximo miércoles una reforma a la Ley de Semillas la cual obligaría a agricultores a pagar regalías por las semillas y permitiría la persecución judicial en caso de no hacerlo.

Desde la Asociación por la Justicia Ambiental alertaron que la ley “Monsanto-Bayer” busca cercenar el derecho de uso propio. “Este derecho implica la posibilidad del agricultor de reservar semillas de su cosecha para resembrarlas en el siguiente ciclo, un derecho milenario de los agricultores que han desarrollado y perfeccionado sus técnicas que hoy pretende ser privatizadas por las corporaciones, quienes intentan adueñarse de nuestra semillas y por ende de nuestra alimentación”.


El dictamen firmado ayer fue impulsado por Atilio Benedetti, diputado de Cambiemos y presidente de la Comisión de Agricultura.

“La regulación sobre la propiedad intelectual de las semillas implica un debate directo sobre la posibilidad de apropiación y de mercantilización de nuestros bienes comunes y, siendo la semilla para el productor el primer eslabón del proceso productivo, deviene elemental su resguardo para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos”, afirmaron.

A los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio origen, “el Instituto Nacional de Semillas tendrá acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre y podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulte de interés a los fines de esta ley”, estipula uno de los párrafos del dictamen.

La AJAM señaló que a través de esta normativa “el Poder Ejecutivo Nacional podría violar los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación adecuada reconocidos en la Constitución Nacional, al restringir el derecho ancestral de los agricultores a reservar e intercambiar libremente las semillas, base de la reproducción de la vida misma y presupuesto esencial del ejercicio de dichos derechos”.

El intendente Héctor Gay recibirá mañana a integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, quienes reclamaron conocer su posición sobre la contaminación del estuario.

El compromiso fue asumido el lunes cuando el grupo de trabajadores se presentó en Alsina 65 para manifestar su preocupación por la pérdida de su tradicional fuente laboral.

En diálogo con FM De la Calle, el abogado Lucas Beier precisó que pretenden saber si se va a proteger el ambiente del estuario o será “como hicieron hasta ahora: controlar, monitorear pero, pese a los resultados, no hacer más que eso”.

-La Municipalidad es una de las partes involucradas en las causas judiciales, ¿qué expectativas tienen al abrir este otro camino más allá de lo que discuta la justicia?

Desde el primer momento nosotros consideramos que el camino de la gestión administrativa o del Poder Ejecutivo, del Estado, es el más idóneo. No obstante eso, como no teníamos una respuesta en su momento, recurrimos a la vía judicial. Nunca dejamos de plantear la posibilidad de un encuentro o de una gestión directa del Poder Ejecutivo porque, en el mejor de los casos, lo que va a pasar en el proceso judicial es que el juez le ordene al Poder Ejecutivo realizar algo. Lo cual después va a depender del presupuesto, de gestiones, y va a ser prácticamente empezar de nuevo.

Tenemos el caso en Argentina de lo que pasó con el Riachuelo, con la causa donde se creó la ACUMAR, donde pese a la sentencia de la Corte, desde el 2006 hasta la actualidad, está todo igual que antes. Con denuncias penales a los funcionarios por incumplimientos, con sanciones, con multas, pero la contaminación sigue.

Queremos evitar que suceda algo más o menos parecido y, si es posible, acordar algo con la administración que sea posible de cumplimiento y que sea realmente un beneficio. Lo que se puede realizar es: si bien hay una gran cantidad de empresas que están arrojando sustancias que generan un agravamiento de la situación, el mayor problema que tenemos son las cloacas de Bahía, entonces si podemos eliminar esa fuente de contaminación sería una gran mejora para la calidad ambiental. Y un compromiso de las empresas en reducir sus desechos más la eliminación de la cloaca sería un gran beneficio.

-Les van a hablar de los avances de la obra que lleva adelante ABSA…

Una obra importante, sin lugar a dudas. Pero en realidad lo que están tratando ahí son las materias orgánicas, que obviamente generan una gran contaminación, principalmente lo que es la demanda biológica de oxígeno. Pero también por las cloacas van muchísimas sustancias que no son orgánicas, o sea, muchos de los metales pesados que se encontraron en los peces también ingresan por el sistema cloacal.

Entonces, no está ni siquiera en proyecto hacer un tratamiento de esas sustancias y, como te dije, eso sumado al polo petroquímico más grande de Sudamérica que tenemos acá, genera prácticamente una conjunción perfecta para la contaminación.

-Más allá de que el juez no se dé por enterado, ese polo petroquímico más grande de Sudamérica pretende crecer aún más y no hay ningún tipo de reparo al planteo que ustedes hacen.

No, no, es como si no pasara nada. Obviamente lo importante de un juez es la sentencia. Antes, son todas pequeñas medidas que puede tomar y no estamos muy lejos de la sentencia. Ahí es donde realmente el juez se expide y donde el juez emite su dictamen y el juez habla. Pero, más allá de la sentencia, podría haber tomado alguna medida cautelar que la rechazó. Y bueno, del Poder Ejecutivo auspician estas inversiones de empresas del polo petroquímico y nunca se toca el tema de la calidad ambiental que ya hoy es mala y constantemente se sigue agravando. Lo lógico es que dentro de un año esté peor que hoy y así sucesivamente y más aún si el polo petroquímico va a crecer.

-Si el intendente ratifica lo que viene manifestando la Municipalidad en la causa o incluso lo que fueron las declaraciones de la subsecretaria de Gestión Ambiental en cuanto a la inexistencia de riesgo para la salud, ¿hay algún camino a seguir o pretenden ratificar la falta de interés de cambiar el rumbo por parte del municipio?

El paso a seguir nuestro tendría que hablarlo con la gente. Acá hoy principalmente, este pedido de reunión fue porque ya se encuentran en un estado bastante preocupante los pescadores, hablo del estado económico. Se  aproximan las fiestas y ellos ya lo están previendo y para ellos siempre es un problema llegar a fin de año y no tener plata ni para comprar un pan dulce, les afecta muchísimo.

Es una fecha bastante clave y ya me están llamando para decirme ‘Lucas acordáte que vienen las fiestas’, les empieza a agarrar como una desesperación. Sinceramente no hemos hablado, por lo pronto el jueves nos reuniremos con el intendente, va a ir un grupo de 4 o 5 nada más, nos pidieron eso desde la Municipalidad. Y si se puede trabajar en conjunto bienvenido sea y si hacen como hicieron hasta ahora de imaginarse que este conflicto no existe, seguirán ellos tomando las medidas que sean necesarias y yo desde la parte judicial también seguiré insistiendo.

-La subsecretaria Chanampa lo que decía, sintetizándolo a modo de título, es “yo comería sin problemas pescado de la ría’. Ahora, en la circulación de la pericia, la Municipalidad advirtió que hay ciertas alertas respecto a algunas especies por parte del Comité Técnico Ejecutivo, ¿cómo es eso?

Sí. Chanampa, más allá de lo desafortunado y poco político de su expresión, primero se contradice con los informes de la Municipalidad y, segundo, miente. Porque dice que el SENASA controla la presencia de metales pesados, lo cual no es verdad y, además de eso, la propia Municipalidad -no lo hizo público porque obviamente ellos quieren mantener todo lo más oculto posible- pero ya emitió un informe diciendo que las ostras del estuario no son aptas para consumo y recomiendan a toda la población no consumirla. Hoy la ostra invadió prácticamente todo el estuario.

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Desde Cerri, Punta Alta, cualquiera puede acercarse a la costa y recoger ostras fácilmente, sabemos que es un alimento bastante rico y supuestamente saludable, entonces muchos se acercaban, las sacaban de la costa y las consumían. Bueno, la Municipalidad desaconseja esto por la mala calidad que tienen y por el peligro que puede implicar ingerir consumir estas sustancias.

Está en el expediente, lo tuvieron que poner como una especie de defensa, como diciendo: ‘la Municipalidad ya advirtió esta situación’. Pero la realidad es que yo me enteré por el expediente, nunca había escuchado de ningún informe ni hablar a Chanampa ni a nadie andar diciendo esto en los medios. Así que sí, es una contradicción grande que tiene la funcionaria y no creo que lo salga a aclarar.

-¿La Municipalidad asegura que lo sabía pero no lo difunde?

Uno de los pilares del derecho ambiental, justamente, es la información ambiental. Como ciudadanos tenemos derecho a la información y el estado tiene la obligación de informar. No sé si recordarás que en 2010 salió a la luz el acuerdo de confidencialidad que tenía el IADO con la Municipalidad. O sea, el IADO no puede publicar nada si previamente no lo autoriza la Municipalidad.

Todo el tema ambiental es muy complejo, sabemos los intereses que hay en juego y por eso tomar una decisión, que el Estado diga ‘esto no va a ser más una reserva natural, acá no se pesca nunca más y va a ser un basural’… Bueno, que tomen la decisión y después se verá, pero la realidad es que no hacen ni una cosa ni la otra, ponen como pantalla eso del CTE, los monitoreos, los controles que todos sabemos no sirven para nada.

Lo sabemos con certeza científica porque después de 20 años de controles los resultados dieron 40 veces por encima de lo permitido, entonces los controles sirvieron para poco. No sé si la decisión del Ejecutivo hoy es continuar así o realmente cambiar un poco el rumbo.

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

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El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.

La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.

Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.

Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.

El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.

Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.

Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca


 

Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados


 

Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani


 

Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico


 

Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle


 

Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani


 

Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago


 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano.

Integración Ciudadana presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para modificar la ordenanza que regula la instalación de torres para antenas en la ciudad. La norma fue aprobada por unanimidad y sin debate en julio tras la derogación de la regulación resistida por las empresas.

Cambiemos, Unidad Ciudadana, PJ Cumplir y el Frente Renovador establecieron límites en algunos espacios e instituciones pero habilitaron su ubicación en clubes.

Para IC, fuerza que participó de la elaboración de la derogada ordenanza 17.130, “cuando se modifica un régimen novedoso de regulación en forma contraria al vigente el debate no puede estar ausente” como ocurrió.

Su proyecto propone extender “los ámbitos restringidos para la instalación de las antenas, establece el régimen de doble lectura con debate, participando los sectores interesados para la afectación de los espacios públicos, espacios verdes, bienes del dominio municipal y los convenios de uso a título oneroso de inmuebles donde se ubiquen las antenas”.

“El HCD se obligará a aplicar ese sistema previsto en su reglamento interno notificando a las organizaciones que se inscriban en un registro habilitado al efecto de los despachos de comisión que aprueben o desestimen la localización. Convocando a un plenario de comisiones que hayan despachado el expediente todo ello con carácter previo y obligatorio a la convalidación del acuerdo”, afirmaron desde la Comisión de Acción Política de la agrupación.

Por otra parte, advirtieron que “el pase del pedido de localización e instalación a Saneamiento Ambiental no puede quedar restringido a evaluar la emisión a nivel sonoro. Por ello se extiende a todos los impactos ambientales en el marco de la competencia ambiental municipal”.

“Se propone que el convenio con el ENACOM no puede limitarse a las mediciones específicas sino que debe constituirse en una obligación subordinando la aplicación de la ordenanza a su existencia y que el incumplimiento de la normativa ambiental determina la falta de permiso o su revocación, atento el carácter precario de este acto administrativo de autorización”.

Mientras se esperan definiciones por parte del oficialismo respecto a la excepción para instalar pistas de motocross y speedway en el Parque Marítimo Almirante Brown, TGS advirtió que el proyecto “impacta” sobre uno de sus poliductos y “puede derivar en situaciones riesgosas”.

La nota de Transportadora de Gas del Sur, operadora de gasoductos de alto presión, fue dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, el 7 de agosto. Días después se realizó en el recinto una audiencia pública donde la mayoría de las voces destacaron que el lugar propuesto a los clubes no era el adecuado para la actividad.

El concejal Walter Larrea dijo a FM De la Calle que están “esperando algún tipo de respuesta, novedad o definición del oficialismo, a ver qué quieren hacer con esto” y aclaró que “no puede ser una pelea de ambientalistas con asociaciones de pilotos de motos”.

“Garanticemos o busquemos que la pista tenga desarrollo en un lugar donde sea no contaminante, donde no haya riesgos para el ambiente, no se violen compromisos internacionales que ha suscrito el estado municipal y garantice la seguridad a las personas que practican el deporte y a las que asistan al espectáculo”, agregó.

El texto de TGS destaca la “existencia de poliductos” de su propiedad que “corren paralelos al límite norte y sur del proyecto”.

Además, informa que “según nuestros registros existen gasoductos pertenecientes a las firmas Profertil S.A. y Solalban S.A. y un etanoducto de la Dow Chemical S.A.”.

La Resolución de la Secretaría de Energía 1460/2006 impone “una restricción de no efectuar construcciones a 15 metros y plantaciones de árboles a 7,5 metros, todo esto calculado a cada lado del eje del ducto”.

“Cualquier situación que altere este punto de la norma, impacta sobre nuestras instalaciones y puede derivar en situaciones riesgosas de las cuales TGS no será responsable, especialmente si, como interpretamos, en el predio habrá una gran concentración de personas”, manifestó la empresa.

Agregó que “conforme la normativa, concentraciones de más de veinte personas en la unidad de clase de trazado modificarían la actual clasificación. Es dable señalar que todas estas condiciones son de cumplimiento obligatorio y deben ser contempladas antes de emitir una declaración de impacto ambiental”.

El Concejo Deliberante convocará al Comité Técnico Ejecutivo (CTE) y a responsables del Plan Integral de Monitoreo (PIM) del Instituto Argentino de Oceonagrafía luego que se conociera la pericia judicial de la Facultad de Agronomía de la UBA, la cual recomendó la inmediata prohibición de la pesca y consumo de peces de la ría y del vertido de contaminantes.

“Lo peor que podemos hacer es dejar que pase el tiempo, no decir nada, no hacer nada y esperar a que la justicia resuelva. Con las tecnologías que hay, en pleno siglo XXI, no se puede desconocer que hay un impacto real sobre la ría y que ese impacto tiene que empezar a ser mitigado”, dijo a FM De la Calle la concejala Paola Ariente.

La edila del PJ Cumplir agregó que “la pericia demuestra algo que se viene comentando e inclusive por los informes medioambientales hechos por el CONICET y el IADO, que hay presencia de metales y otros contaminantes, lo que hay es una diferenciación en los valores”.

“Los informes que se vienen haciendo por parte del CTE tienen que ver con una toma sistemática de muestras y la pericia son tomas puntuales que se hicieron en un día y a una hora determinada. Para disipar cualquier duda, tendríamos que poner en la misma condición una serie de muestras sostenidas en el tiempo para poder evaluar si lo que está diciendo uno u otro es verdad o mentira para llevar certezas a la sociedad y ver cómo hacemos para empezar a mitigar los efectos que está teniendo la actividad propia del ser humano en la ría”, dijo.

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La integrante de las comisiones de Medio Ambiente y Asesora Ambiental propuso “sacar a licitación pública el nuevo estudio del estuario con alguien que no esté involucrado ni en una causa judicial ni en un informe medioambiental para ver si es real”.

“Más allá de la recomendación de no comer el pescado (la pericia) hace otras que pueden ser susceptibles de que se tomen en cuenta, que es la incorporación de caudalímetros las 24 horas para que con la tecnología que hay la recolección y la toma de la muestra sea totalmente objetiva. (…) Eso se podría implementar y el CTE cuenta con los fondos”.

Ante la intención de ampliar el polo petroquímico, Ariente aseguró que es un debate urgente: “¿Cuánto está capacitada ambientalmente Bahía Blanca para recibir más impacto del que tiene?”.

Por el momento

El integrante del IADO Jorge Marcovecchio dijo en relación a la presencia de metales pesados que la ría “es un sistema impactado pero que no pone en crisis la salud humana, por el momento”. Apuntó a ABSA y afirmó que “un problema muy concreto que sí hay que atender rápidamente” es el “bacteriológico”.

“Respecto al teórico alto contenido de algunos metales en peces de la zona podría decir que en estas últimas décadas hemos analizado ocho o nueve mil ejemplares de peces, entre los cuales sin duda hemos encontrado diez, doce, quince, que han tenido valores altos. Ahora, desde el punto de vista estadístico esto no es una cosa para alarmar a la población”, agregó.

Marcovecchio manifestó sobre la pericia judicial que “es un análisis que hicieron sobre un poco más de una docena de muestras pero no dicen concretamente ni dónde se tomaron, ni cómo se tomaron, ni en qué condiciones, etcétera”.

A las 19:40, el servicio de prensa de la Municipalidad de Bahía Blanca informó que la “ex refinería Petrobrás”, cuya actual titular es la firma Trafigura, sufrió “un principio de incendio y explosión en área de proceso. Se accionó sirena de planta. Se decreta P.R.E.T. (Plan de Respuesta a Emergencias Tecnológicas) Nivel 2. Se solicita ayuda externa. Bomberos de Ingeniero White en el lugar”.

Para esto, los grupos de WhatsApp de todo tipo en el sur de la provincia de Buenos Aires se hiper congestionaron. Fueron y vinieron fotografías y videos caseros con imágenes temibles: una refinería prendida fuego en el contexto de un Polo Petroquímico en Bahía Blanca.

A las 21:15, el municipio volvió a informar: “continúa la quema del producto, se trata de LPG (gas licuado de petróleo). Hay dos poli traumatizados controlados y uno con un golpe en el talón. Los tres son trasladados al Hospital Municipal”.

Sin embargo, información no oficial señala que podría no tratarse de un gas sino de que el incendio tuvo origen en la rajadura de una línea de nafta, es decir, combustible líquido.

A las 22:15, el municipio asegura que “continúa la quema de producto” que “no afecta al medio ambiente” y que “la maniobra durará aproximadamente una o dos horas más”.

Los 3 heridos “fueron dados de alta y enviados a sus domicilios particulares”.

¿De qué planta se trata?

La empresa holandesa Trafigura S.A. tuvo en vilo a más de doscientas familias durante algunos meses. Movilizaciones, reuniones con el intendente, utilización de la banca 25 e involucramiento de funcionarios de alto nivel en estados provincial y nacional, fueron algunos escenarios donde se desarrolló el conflicto.

El 6 de julio, Gabriel Matarazzo, titular del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible (SPGyB), adelantó a FM De la Calle que la empresa no tiene “ninguna intención de poner en marcha la planta” ya que para ponerla en funcionamiento requería de la planta de empleados. A su vez, sostuvo que aducir que no dan los números “es una estupidez total”.

Luego de tires y aflojes, se llegó a un acuerdo en base a unas decenas de retiros voluntarios y jubilaciones la reincorporación de operarios bajo nuevas condiciones.

Actualización: 22.40 se extinguió el fuego. Baja la emergencia al nivel 1.

¿Qué tipo de alerta se emitió?

Según el procedimiento estipulado, el Nivel 2 (amarillo), son accidentes que producen daños y victimas en la instalación industrial,  con repercusión exterior leve. Los accidentes de nivel 2 activan el P.R.E.T.

Toda la información este martes de 10 a 13 en En eso estamos,

el periodístico de FM De la Calle (87.9 Mhz). 

“Yo comería los peces”, dijo la subsecretaria de Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, a Canal 7 ante la recomendación de prohibir la pesca y el consumo que realizaron expertos de la UBA. El dr. Horacio Romano advirtió que “un vaso de agua te puede quitar la sed y mil litros de agua te pueden ahogar, es una cuestión de proporciones”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico clínico a FM De la Calle.

El resultado de la pericia solicitada en el marco de las causas judiciales que pescadores artesanales impulsan contra las empresas del polo petroquímico, el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, ABSA y el Consorcio de gestión del Puerto concluyó que la presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

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Romano explicó que “el saturnismo es una enfermedad que da la acumulación de plomo en el organismo. Tiene varias características, las puede haber agudas, alguien que se intoxica en la época cuando las pinturas tenían plomo o los linotipistas que trabajaban en las imprentas se intoxicaban con esto de manera aguda o crónica”.

“Y están aquellos problemas para la salud, fundamentalmente en niños, que da la acumulación de pequeñas cantidades de plomo a lo lago del tiempo. Lo que da es retardo mental, dificultades para el aprendizaje, una serie de cuestiones neurológicas severísimas, muchas veces no detectadas, la mayor parte de las veces sin un cuadro claro y sin cifras adecuadas”.

Agregó que “la intoxicación por plomo de todos los habitantes que rodean al Riachuelo, de todos los chicos, es altísima. Por lo cual, trastornos neurológicos y de aprendizaje pero también trastornos óseos, en el crecimiento, etcétera”.

En cuanto al impacto en la ría local, Romano destacó que “no solamente está impactada sino que tiene efectos sobre la biota, sobre los seres vivos, muy importantes. El párrafo este nombra lo bioacumulable. Una cosa es medir como se mide hasta ahora, cuánto plomo o metales pesados -cadmio, cobre y demás- hay en el agua, cuánto puede haber en el barro, pero también cuánto hay en los organismos vivos”.

“Son metales pesados, por lo tanto, en general van al fondo. Estos son comidos por bichitos chiquititos, después por pecesitos más grandes y, por último, en la cadena trófica, el pez más grande y después el hombre. En cada caso se acumula. Multiplicadas por 10, empezás con 1 y terminás con 1000”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico.

Romano destacó que el problema no es solamente en la ría: “Para mí el tema que incluso trasciende es el aire, porque este plomo y este cadmio también está en la tierra hasta 30 kilómetros de Bahía Blanca. Esto dicho por informes del CONICET y del propio CTE. Hay tierra contaminada en distintos lugares de Bahía hasta 40 kilómetros, a la altura de Cabildo, donde uno puede encontrar plomo y cadmio. Con lo cual, una de las cuestiones es la capacidad que tiene, por ejemplo el cadmio, de ir por el aire, no solamente por el agua”.

El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría comentó en FM De la Calle el resultado de la pericia sobre la contaminación del estuario y afirmó que “lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso ahora se comprueba”.

Advirtió además que las conclusiones con la indicación de prohibir inmediatamente la pesca y consumo de peces y, en mediano plazo, el vertidos de metales pesados a las industrias no solo lo tiene la justicia sino también el Municipio y las autoridades provinciales.

“Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, todos tenemos la causa, tanto actores como demandados. Yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada”, dijo Beier.

Hay resultados que no son sorpresivos porque lo vienen planteando ante la justicia desde el comienzo de la causa.

Lamentablemente no nos sorprende, lo que sí nos sorprende es lo contundente de las conclusiones y los niveles que dio, los resultados. Sabíamos que existía contaminación. Ésta causa ambiental lo que trata de proteger es el medio ambiente y nosotros lo que denunciamos era que existía contaminación que afectaba a la biología, pero por lo visto era mucho más grave. Y además de afectar a la biología del estuario, también está poniendo en riesgo la salud pública lo que genera que exista un peligro de enfermarse o hasta de morir en caso de consumir peces del estuario.

-Destacan los profesionales que las especies evaluadas no son aptas para consumo humano. Incluso hablan de los riesgos en algunas enfermedades puntuales, algunos tipos de cáncer, y de niveles que superan entre 10 y 40 veces lo permitido. Hay toda una discusión en torno a lo permitido en cuanto a valores vertidos a la ría y lo que realmente afecta a la salud, ¿no?

Sí, hay una discusión en tanto en lo que es lo permitido en los vertidos y qué es lo permitido en lo que uno consume. Voy primero por los vertidos: lo que se aplica en Bahía es la Resolución 366 de la Autoridad del Agua del 2006, que se aplica a toda la provincia de Buenos Aires. Es tanto según si fuera mar abierto, si arroja al sistema cloacal o a agua superficial. Acá se aplica a agua superficial, el tema es que no se ha hecho un estudio del impacto que se ha producido en el estuario y si esa reglamentación es aplicable al estuario.

Nosotros dirigimos que no. La ley provincial de Pesca directamente en el artículo 13 prohíbe arrojar sustancias nocivas al ambiente acuático donde se explota las actividades de la pesca. Una ley tiene mayor jerarquía que una reglamentación. La ley lo prohíbe y la reglamentación lo permite hasta cierto punto, ese siempre fue un motivo de discusión. Evidentemente se demuestra con estos resultados que pese al cumplimiento, más allá de que según los informes del CTE hay un porcentaje bastante elevado de incumplimiento a esa reglamentación, pero aunque estuviesen cumpliendo, la bioacumulación de los peces ha sido de tal magnitud que torna peligroso consumir cualquier tipo de especie. Y además del peligro para la salud lo que hay que destacar es cómo ha afectado a la biología, que es lo que vienen denunciando los pescadores. Ellos lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso que fue denunciado ahora se comprueba.

-Existen metales pesados que provienen de las empresas del polo y de ABSA que tiene un capítulo aparte.

No negamos que de parte de ABSA hubo un gran aporte de los metales pesados o sustancias nocivas que también vienen por la cloaca. Ahora se está haciendo la planta de tratamiento y es sobre lo orgánico, o sea que todo lo que es inorgánico va a seguir cayendo crudo al estuario, lo cual va a seguir siendo un problema pese a que se va a solucionar otro problema que es un gran aporte de nutrientes que generan una contaminación por la demanda biológica del oxígeno. Un pequeño problemita estaría solucionado cuando la planta empiece a trabajar pero vamos a seguir teniendo una gran cantidad de aportes de materia inorgánica que con la bioacumulación se transforman en tóxicos, tanto tóxicos para los peces o para las personas que consumen esos peces y crustáceos.

-Hay un punto de las conclusiones de los integrantes de la Facultad de Agronomía de la UBA que habla específicamente de proximidades al Sitio 18-19, a la salida del colector de ABSA, que detecta algunos nivel de DQO -que para traducirlo sería la demanda química de oxígeno- y sugiere evaluar globalmente a las empresas que tienen autorización para arrojar vertidos en ese lugar y la posibilidad de que otras lo hagan de manera clandestina. ¿Qué quiere decir?

El que antes era el sistema cloacal del Consorcio, que es donde se arrojaba todas las cloacas de Ing. White, ahora no funciona más porque lo que es la cloaca de Ing. White está conectado a la cuenca mayor y ahí está arrojando Cargill.

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El caudal de agua que sale es muy grande y mucho más grande del que arroja Cargill donde el CTE toma las muestras. Vendría a ser el último puesto de vuelco  de Cargill y tanto el olor como el color cuando uno se acerca se da cuenta que está saliendo cualquier cosa. Imagino que se refiere a eso porque por supuesto que puede haber conexiones clandestinas, es casi imposible descubrirlas porque estamos hablando de superficies muy grandes, pero recomienda eso el perito, alguna forma de meter un robot con cámaras por el sistema cloacal y ver de dónde sale el agua.

Ha dado mal y después una discusión que hay con Cargill, ellos dicen que lo arrojan… como te explicaba recién, la reglamentación tiene tres parámetros, una para mar abierto, otra para sistema cloacal y otra para aguas superficiales. El sistema cloacal es el que tiene permitido arrojar mayor cantidad de sustancias porque, supuestamente, después tiene un tratamiento. Como acá no tiene ningún tratamiento no se debería aplicar eso y es una discusión de Cargill con el CTE, qué reglamentación se aplica. Por eso muchas veces Cargill no cumple con los parámetros.

-Ahí es la sugerencia de que lo tomen como agua superficial.

Exactamente porque caño cloacal o desagote cloacal sería cuando después hay un tratamiento posterior, entonces lo pueden arrojar ahí pensando que después se va a tratar pero acá en Bahía no hay ningún tratamiento entonces no se puede tomar ese parámetro.

-Ustedes de fondo están pidiendo la reparación ambiental del estuario. Hay una serie de sugerencias con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿qué opinión tienen? ¿les parecen alternativas viables?

Evidentemente lo que se está haciendo hasta ahora no sirve para nada, lo único que se hacen es controles, llevan numeritos, hacer gráficos, subirlos a internet y con eso parece que nos quedamos tranquilos.

Lo que están proponiendo no es solamente analizar los efluentes, que es una toma que hace el CTE esporádicamente, sino analizar el caudalímentro, cuánto arroja esa empresa y también analizar constantemente las sustancias que está arrojando, no una sola toma de muestra.  Así nos daría una noción más acertada de que la cantidad que están arrojando a lo largo de un mes o año, qué cantidad de mercurio, por ejemplo, estaría arrojando Solvay a lo largo de un año.

Sabemos cuántos miligramos por litro arroja pero no sabemos cuántos litros arrojó por consiguiente no sabemos cuánta cantidad de mercurio arrojó.

-En algún momento hay menciones respecto de resultados a los que no se pudo llegar debido a la condición de las muestras. ¿Hay alguna falla al momento de tomar las muestras o surgen interrogantes que no estaban previstos?

Lo que pasó es que estas muestras se tomaron en el allanamiento de la justicia federal y se hizo en conjunto la Facultad de Agronomía con la Policía Federal. Entonces la Policía Federal tomó las muestras, las recolectó y las envío a Buenos Aires. Y los biólogos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, de las ostras le dieron el bichito, entonces hubo algunos elementos que no pudo analizar de las ostras, pero fue eso nada más. Todo lo otro lo pudieron analizar bien.

-¿Qué pasa partir de ahora? El juez tiene éste informe, ¿cómo sigue la causa?

Lo tiene el juez y también la Municipalidad y la provincia. Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, porque todos tenemos la causa, tanto actores como demandados, y yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, porque está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada.

Me parece que debería haber dado a conocer para que la gente tenga conocimiento, después que tome la decisión que quiera. Así como uno en los paquetes de cigarrillo encuentra ese cartelito que advierte que es perjudicial para la salud, me parece que tendríamos que ponerlo en conocimiento.

 Con respecto al juez… la ley le autoriza a tomar medidas en el transcurso del proceso hasta de oficio, sin que nadie se lo pida, cuando ve que la situación es grave o cuando ve que puede empeorar, él como funcionario tiene la obligación de velar por el cuidado del medioambiente, eso lo dice la Constitución Nacional y la Ley General de Medio Ambiente. El juez podría hacerlo de oficio o a petición de parte tomar alguna medida para al menos evitar que esto empeore, será eso lo que tiene que hacer y prontamente dictar sentencia.

-La prueba es la misma para la causa en el ámbito federal, ¿cómo se utiliza?

Los dos expedientes están en el mismo trámite, ya se ha terminado la recolección de prueba y lo que es la parte de investigación termina con la decisión del juez de llamar a indagatoria o no. Si considera que hay prueba suficiente que acredite que se cometió el delito y acredite la responsabilidad de los denunciados llama a indagatoria.

El delito es poner en riesgo la salud pública a través de los efluentes contaminantes. El peligro a la salud pública interpretó que ya está acreditado con el informe este y que las empresas arrojan efluentes ya está acreditado por los informes de CTE. Pero será cuestión que lo analice la jueza y llamará a indagatoria para que los directores de las empresas se presenten a ejercer su derecho a  defensa.

-Por último, cuando se habla de prohibir el vertido de este tipo de metales por parte de las industrias ¿qué significa? ¿parar el proceso productivo?

La verdad que eso lo saben mejor los de las empresas que yo. Pero tengo entendido que las empresas no pueden producir sin arrojar residuos. Es lo que recomienda el perito en vistas al cumplimento de la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes que dicen que tenemos que proteger el medio ambiente. Si tenemos que proteger el medio ambiente y sabemos que están esas empresas que son las que arrojaron las sustancias, que son las que contaminaron, bueno, como mínimo empecemos parando de contaminar. Después vemos la recomposición del estuario, pero primero dejemos de contaminar.

(Por Mauro Llaneza) Profesionales de la Universidad de Buenos Aires recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

“Estos metales pesados sobrepasaron ampliamente los niveles de concentración permitido por el Código Alimentario Argentino”. Así lo advierte una pericia recibida por el juez Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, en el marco de la causa “Schroeder”.

La investigación impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

Según el estudio, “al menos en un grado de probabilidad muy elevado”, la concentración de metales pesados en los peces analizados se debe a la actividad de las empresas del polo petroquímico.

La “constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies”.

La pericia fue realizada a pedido de la Fiscalía Federal por las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica y por el ing. agrónomo Gustavo Mozeris de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Utilizaron las muestras producidas durante los allanamientos a las empresas del polo, 28 informes preexistentes “de fuerte relación y relevancia” y, principalmente, el producido en el marco de la causa ‘Meninato, Rolando, PBB Polisur y otros s/inf. Ley 24.051′” que tramita en el fuero federal.

Peces tóxicos

La presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

Especies como la corvina rubia, langostinos, mejillones, camarones y ostras evidenciaron la presencia de ambos metales “en valores que superan 10 y 40 veces respectivamente lo permitido por normativa nacional e internacional para el consumo humano”.

“La gravedad de esta situación determina que sea necesario abordar un monitoreo permanente de la fauna marina del estuario, con un diseño muestral que permita entender la dinámica de la contaminación con metales pesados en el estuario de Bahía Blanca”.

El documento manifiesta la alteración del ecosistema marino local destacando “las altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

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Esto afecta el desarrollo y crecimiento normal de las especies presentes en la ría y en la totalidad de la cadena trófica, desbalanceando el nicho que ocupa cada especie en este ecosistema.

“Debería asimismo encontrarse una relación directa entre esta pérdida de biodiversidad por bioacumulación de metales pesados y los parásitos que forman parte de esta cadena en comparación con sistemas por fuera de los límites de la ía de Bahía Blanca”, afirma.

Los pocos ejemplares enteros evaluados impidieron estudiar otros indicadores de la contaminación y que estarían asociadas a la presencia de metales pesados e hidrocarburos.

ABSA “está provocando un daño casi irreversible”

Respecto a ABSA, la pericia advierte que “los valores DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), fenoles y sólidos sedimentales del sistema cloacal” exceden los límites permitidos, por lo cual, deben tomarse medidas urgentes de saneamiento “ya que el vuelco de 84 millones de litros por día está provocando un daño casi irreversible”.

“La permanente transformación operada en el área del puerto de Ingeniero White en los último treinta años ha dado lugar a un cambio morfológico del paisaje y, consecuentemente, a la transformación de mecanismos y procesos naturales que tienen en su sistema hidrológico”.

La dificultad para descontaminar la ría se evidencia en la “imposibilidad” de “realizar una actividad productivo-comercial como la pesca artesanal”, por “la salida de actividad de gran cantidad de pescadores”, “la baja de la actividad económica de agentes relacionados” con la pesca y “la baja disponibilidad de especies de calidad comercial y su imposibilidad de consumo”.

Por otra parte, ante los niveles de DQO que superan “ampliamente” lo permitido para agua de mar abierto, el análisis sugiere evaluar globalmente a “las empresas que tienen autorización” para arrojar vertidos en proximidades del Sitio 18-19 a la salida del colector de ABSA y la posible existencia de otras que lo hagan de manera clandestina.

Controles en la mira

La prueba que tiene en sus manos el juez López Cóppola y su par federal, plantea una “duda razonable” sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos provinciales.

Llama la atención la presencia de metales pesados en vertidos de las industrias en las márgenes de la ría –“aunque todos ellos dentro de los niveles guía permitidos”- frente al nivel de metales pesados hallados en todas las especies analizadas.

“Se plantea el concepto de la ‘duda razonable’ ya que si evaluamos el conjunto de vertidos a la ría de empresas del Polo Petroquímico este sistema aporta un total de entre 11 y 18 millones de litros de efluentes por día, sumándose a esto lo volcado por el sistema cloacal que suma 84 millones de litros por día”.

Contra las leyes

El documento de la FAUBA explica que existen tres factores que deben asegurarse como mínimo para el logro de “una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable de una región”.

  • Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
  • Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
  • Y asegurar la conservación de la diversidad biológica.

Todos los ítems están contemplados por la Ley General del Ambiente Nº25.675.

El dictamen es lapidario: “Ninguno de estos puntos está siendo asegurado con la intervención antrópica que existe en la actualidad en la Ría de Bahía Blanca”.

Por otra parte, existe “incompatibilidad” con la Ley provincial de Pesca Nº11.477 (prohíbe arrojar al agua sustancias nocivas para la biología marina- y mediante los vuelcos se viola la Ley de Residuos Peligrosos Nº24.051.

Por un estuario vivible

Los profesionales de UBA proponen generar un “marco de  convivencia con visión sistémica del problema” ante la “complejidad que significa mantener un equilibrio entre las actividades económicas, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente que apuntan a generar situaciones viables, vivibles y equitativas”.

Para ello y frente la “gravedad de los resultados obtenidos”, proponen:

  • Utilizar nuevas tecnologías como los caudalímetros con dosificación dinámica de efluentes líquidos sin la intervención de la mano del hombre, ya utilizados en otras industrias.
  • El monitoreo constante de contenido de metales pesados en peces con una metodología validada por los organismos de control y aplicada al ecosistema marítimo de la ría.
  • Y la evaluación permanente de sedimentos del estuario.