(Por Mauro Llaneza) Empresas del polo industrial presentaron informes en la causa que investiga la contaminación del estuario. Son estudios de investigadores locales que aprueban el tratamiento que se realiza a los vertidos y minimizan los aportes de las compañías en comparación con efluentes naturales o cloacales.

Los organismos científicos bahienses brindan servicios a las multinacionales del puerto y así financian parte de sus proyectos. Por ello, pescadores artesanales solicitaron que el juez Agustín López Coppola ordene a profesionales ajenos a nuestro medio una profunda pericia sobre peces, agua y sedimentos de la ría.

La respuesta se conoció en septiembre de 2018. Tres expertos de la Facultad de Agronomía de la UBA recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

En febrero las demandadas requirieron aportar la prueba complementaria que aquí se reseña. Próximamente comenzarán los alegatos.

El perito contratado por PBB Polisur, Jorge Marcovecchio, dijo que “no hay posibilidades físicas” de que la descarga de la firma “modifique las condiciones físico-químicas del estuario receptor”.

El investigador del Instituto Argentino de Oceanografía (CONICET/UNS) manifestó que PBB descarga en el Canal Colector compartido con otras empresas del polo y que el volumen en que lo hacen “es significativamente menor” que el del estuario.

Apuntó que sí modifican dichas condiciones físico químicas las descargas “provenientes de aportes cloacales y superficiales, estos últimos del río Sauce Chico, Arroyo Napostá Grande, Saladillo de García y Dulce que componen el arroyo Maldonado”.

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Consultado sobre el posible impacto ambiental de los dragados en los organismos vivos, Marcovecchio se excusó de responder porque “para el caso del Estuario de Bahía Blanca no se dispone de información oficial y pública sobre las formas y secuencias que se siguen para la realización” de los mismos.

Concluyó que “la mayoría de los metales tienden a estar retenidos en los sedimentos” y que “la posibilidad de estar en formas químicas asimilables por los organismos (biodisponibles) es pequeña”. En base a esto y al “muy bajo” consumo de peces no existe “riesgo significativo para la población humana”.

Marcovecchio también fue contratado por Pampa Energía. Dijo que “existe un impacto potencial nulo” sobre la zona adyacente a la descarga de la Refinería Eliçabe. Sostuvo que los compuestos de la planta tardarían 4641 años -“como mínimo”- para llegar a la ría a través de las aguas subterráneas.

Preguntado por la empresa sobre el impacto del basurero Belisario Roldán, ubicado a pocos metros del estuario, Marcovecchio citó un estudio del CTE (2012) en el cual se advierte que “tanto los sedimentos como los lixiviados estudiados no contienen concentraciones críticas ni que superen los valores admitidos como adecuados en la legislación vigente”.

Reconoció que varias investigaciones prueban la presencia de “concentraciones de metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos persistentes en sedimentos y agua” y también “en ejemplares de peces del estuario”. Sin embargo, afirmó que “no es posible determinar la condición de ‘ambiente contaminado’ solo por la presencia de la/s sustancia/s potencialmente tóxica/s en el sistema”.

El consultor ambiental Enrique Otaola, contratado por Unipar Indupa, dijo que el “autocontrol” de la empresa mide sus vertidos cuatro veces por mes: “De 84 meses -7 años- y de todos los parámetros estudiados se detectó un solo analito, Fe (NdR: Hierro), que ha superado, en alguna oportunidad, el valor de ley”.

El ingeniero sostuvo que las tres plantas (cloro-soda, cloruro de vinilo y policloruro de vinilo) no utilizan “directamente en sus procesos de producción” hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, cadmio ni plomo.

Otaola, ex ingeniero de procesos de Induclor, afirmó además que la empresa cuenta con sistemas de tratamiento diseñados específicamente para reducir o eliminar los compuestos considerados “contaminantes” según la legislación y que su efectividad está demostrada por resultados que “están por debajo de los de la ley”.

Mega contrató los servicios de Plapiqui. El equipo técnico dirigido por la dra. Verónica Bucalá concluyó que su planta de tratamiento de efluentes es “adecuada” y que la calidad de sus vertidos es “aceptable” de acuerdo a la normativa provincial. Se subrayó que la planta aporta el 0,12% del total de vertidos al estuario.

El estudio señala “algunas variaciones de efluentes” en el colector cloacal que, según los descargos de Mega, ocurrieron por un “desempeño ineficiente durante la dosificación de hipoclorito de sodio en la etapa de cloración”; por el aumento de personal durante una parada de planta -“si bien había baños químicos, había mayor cantidad de turnos en el comedor y se incrementaron las actividades de la cocina”-; y por un lavado eventual de membranas en una de las plantas.

Cargill contrató al director del Instituto de Química del Sur, Marcelo Pereyra, quien afirmó que la cerealera cumplió en el “93% de los casos” con los valores de DQO y DBO en sus vertidos a la descarga cloacal, según “valores monitoreados de acuerdo al Plan de Monitoreo Ambiental aprobado por el OPDS”.  DQO es un parámetro que mide la materia orgánica total de un efluente y DBO refiere a la materia biodegradable.

Pereyra indicó que “el vuelco del efluente final del establecimiento descarga en el conducto que anteriormente al 2011 utilizaba la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Ing. White de ABSA” y que “no está vertiendo su efluente final sobre aguas cloacales”.

El perito subrayó la presencia de metales pesados en cercanías a las descargas de ABSA y mencionó que el aumento del tránsito de embarcaciones de porte en la ría y el uso de pinturas especiales para el carenado de los buques, pueden estar afectando la zona interior del estuario.

Preguntado por la causa de la merma del recurso ictícola, propuso dos hipótesis planteadas en diversos estudios: a) la potencial disminución del alimento de los peces por los continuos dragados y el vertido de desechos urbanos e industriales en las aguas del estuario y b) el aumento de la presión sobre el recurso por el mal manejo que se está haciendo fuera del estuario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la ley de preservación de los glaciares al rechazar el pedido de inconstitucionalidad realizado por Barrick Gold y Minera Argentina Gold.

Jonathan Valdivieso, abogado de la Asociación por la Justicia Ambiental, señaló en  FM De la Calle que “esta ley no es definitiva: cuestionaron dos cosas principales, uno que tiene que ver con el procedimiento de las leyes y, por otra parte, la provincia de San Juan demandó que la Nación estaba interfiriendo en las competencias provinciales. La Barrick dice que iba a perjudicar los derechos de industria lícita. La Corte analizó la cuestión formal y dijo que la Ley de Glaciares fue aprobada en el Congreso como dice la Constitución”.

La justicia dijo que la minera Barrick Gold “acudió tempranamente y que no había un riesgo inmediato de que, por ejemplo, se puedan suspender estos proyectos cerca de glaciares. Este debate lo pateó para futuros litigios. Uno esperaba que se hubieran saldado estos debates para proteger glaciares”.

“La Corte estableció criterios generales. Dijo que se iba a considerar que están en juego derechos de alta jerarquía como el derecho al agua y que tiene que analizarse que no solamente se están discutiendo los derechos de las empresas sino que se debaten los derechos de toda la sociedad. Bajo esos parámetros y, analizando la importancia del agua, se deberían someter las futuras discusiones judiciales”.

El abogado informó que no hay proyectos suspendidos por la Ley de Glaciares: “Sí hay informes producidos por la Secretaría de Medio Ambiente, existirían 44 proyectos que deberían ser suspendidos inmediatamente, sobre todo los emprendimientos de la mina del Veladero y Pascua Lama en San Juan que son de la Barrick Gold”.

“La Barrick en años anteriores, cuando tuvo que presentar estudios de impacto de evaluación ambiental, había reconocido que la explotación iba a estar sobre el glaciar, porque no se imaginaban que años deputes iba a salir esta ley. El Estado demoró siete años para hacer un inventario que debería hacerse en meses”, finalizó Valdivieso.

Ante el impacto mundial de la serie de HBO, “Chernobyl”, FM De la Calle conversó con Silvana Buján, especialista en periodismo científico ambiental. “Lo bueno de la serie es que está mostrando que la energía nuclear no es segura, ni limpia, ni sustentable, ni barata. Solamente se puede desarrollar en un marco de censura, corrupción y silencio”.

“Pusieron la fama de un país por encima de la salud humana, se podrían haber salvado miles de vidas. Me parece muy importante que vean que es imperiosamente necesario tener acceso a la información”, afirmó.

El 26 de abril de 1986 la explosión del reactor 4 de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, al norte de Ucrania, por entonces parte de la URSS, provocó varias muertes y cientos de miles de desplazamientos. La planta emitió unas 400 veces más radiación que la liberada en la explosión nuclear de Hiroshima, en 1945.

Buján explicó que “el tema nuclear en Argentina siempre se bañó como secreto de Estado. Solamente técnicos especializados pueden acceder, esto es casi un método ruso. Nos vendieron que era renovable cuando el uranio se agota, nos vendieron que era limpia cuando han dejado desastres en las minas, cuando emiten dióxido de carbono en todo el ciclo, nos dijeron que era barata y consideran solo cuánto cuesta el uranio y cuánto cuesta mantener la central, salvo Malargüe todo el resto están abandonados”.

¿Qué es la radiación?

“La radiación no se ve, no se huele, no hay manera de sentirla. Los primeros muertos (de la explosión de Chernobyl) fueron los bomberos que intentaron apagar el fuego, estaban delante de ese humo con radiación, son las partículas que se pegan al polvillo, se les pegaban en la piel y el que tocaba al enfermo se le quemaba la mano. Eso es radiación directa”.

“Son emisiones de distintas clases, la más fácil de bloquear es la radiación alfa, son partículas grandes. Después sale de esa masa de combustibles, la radiación beta, es complicada porque atraviesa paredes. La radiación gama rompe el código genético de la célula, cuando se quiere reproducir está roto el código genético y va a crecer como puede y va a generar un tumor. De ahí las malformaciones genéticas. Podés morirte porque te quemó la radiación o podés haber recibido menor radiación y tu tiroides colapsó. El cáncer de pulmón es muy común porque vos respirás las partículas y en tus pulmones siguen emitiendo radiación”.

¿Qué hacemos con la basura nuclear?

“Los finlandeses están haciendo algo que lleva 18 mil millones de dólares y solamente para ellos. No es el basurero nuclear del planeta, es su basurero. En Argentina ni siquiera se habla, el reactor tiene la bola redonda y, al lado, una estructura plana. Adentro hay una piscina llena de agua donde se sumergen los complejos combustibles para que se enfríen, las tienen en agua durante mucho tiempo. Teóricamente la vida útil de esa central es igual que la de esa piscina. Acá le pasan un mano de cal y le extienden la vida útil a esas piscinas. En un momento la idea fue tirarlos en Sierra Grande, todavía  hay tambores con el logo de radiación tirados en una cavas a cielo abierto”.

“En Río Tercero cuando se llena la casa de piletas lo ponemos al lado de la central, al  lado de hoteles, parques y el lago. Hay unos 40 cilindros de 15 metros que contienen el residuo radioactivo de alta actividad a cielo abierto. Ahí tenes un lugar ideal para destruir la provincia, si algo cae ahí la radiación que se emite sería letal”.

En cuanto a futuras instalaciones nucleares en Argentina, Buján comentó que “después de coquetear con Rosatom, la empresa rusa, se miró a China para ubicar una central al lado de las otras dos en Atucha. Si tenés una central puede pasar todo lo que ya sabemos. Si tenés dos, la cosa se complica. Y con tres, ni te cuento”.

“Nos pusimos a jugar con elementos que no tienen consecuencias a escala humana”, sentenció.

(Por Nacho Urruspuru) En la entrevista en vivo por la 87.9 para “El Despertar de la Calle”, el periodista y escritor Patricio Eleisegui, quien acaba de publicar su libro “AgroTóxico: Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial” se refirió a las consecuencias del modelo agroindustrial actual.

Consultado respecto al volumen de Glifosato utilizado en nuestro país, el periodista afirmó que “hoy en la Argentina tenemos un uso alrededor de los 200 millones de litros anuales cuando a principios de la década del 90 se usaba 1 millón de litros por año. Esto implica un impacto ambiental indiscutible, no se puede tirar semejante cantidad de producto sin que haya un efecto sobre los ecosistemas, sobre la salud de los argentinos”.

En este sentido, Eleisegui afirmó que en comparación con Estados Unidos (el principal productor de agrotóxicos a nivel mundial), Argentina utiliza el doble de litros por hectárea y que este número está en ascenso ya que en nuestra región, las malezas que compiten con los cultivos han desarrollado inmunidad a estos productos y por lo tanto requieren de mayores concentraciones de químicos.

“Hoy por hoy encontramos plaguicidas en el agua de las lluvias, en las partículas de polvo, en los ríos”.

Mediante un estudio de la Universidad de La Plata se descubrió que hay rastros de Glifosato presentes en la totalidad de productos higiénicos como el algodón, vendas, cotonetes, toallitas femeninas, tampones. Además, según el SENASA se han detectado la presencia de plaguicidas en el 70% de todas las frutas y verduras que se encuentran a la venta en los Mercados Centrales de Capital Federal, La Plata y Mar del Plata.

Tenemos más de 800 trabajos independientes que verifican que el Glifosato tiene una afectación directa sobre la salud humana y sobre los ecosistemas en general. Hay que pensar que estas compañías tienen un poder financiero y económico enorme y un equipo de científicos que están abocados a generar bibliografía que dice que está muy bien comercializar estos venenos. La resistencia y la evidencia concreta, lo que se llama en Argentina ‘la ciencia digna’, está hecha por estudios independientes de científicos que dedican su tiempo y sus propios recursos para dar a conocer esto que el poder del lobby oculta”.

“Nosotros ponemos en discusión la bibliografía que generan estas compañías que afirma que hacen falta alimentos, que no se llega con los rindes y que por eso debemos usar transgénicos. La verdad que eso no está ocurriendo, sino que lo que tenemos es un enorme problema de distribución de los alimentos. Diversos estudios de la FAO han demostrado que en la Argentina aproximadamente el 50% de las verduras, frutas y verduras se desperdician”.

Al respecto, el periodista comentó que según surge del relevamiento que el propio Ministerio de Agroindustria posee, estos altísimos niveles de desperdicio de alimentos se genera en la misma cadena de producción, es decir, que las propias empresas que dicen que necesitamos de sus paquetes tecnológicos si queremos alimentar a la población mundial, son las mismas que por ineficiencia en la misma cadena están desperdiciando la mitad de los alimentos.

Eleisegui deja ver que el modelo actual de producción de agro alimentos, tiene varias facetas perjudiciales. Por un lado, el problema de accesibilidad a los alimentos por parte de mucha gente, por otro lado, la erradicación del pequeño productor, ya que estos “paquetes tecnológicos” de semillas modificadas y agroquímicos es muy cara. Por último, las consecuencias en el ambiente y en la salud.

Si hacemos un mapeo, según la actividad agrícola que se desarrolla en cada lugar vamos a encontrar una dolencia vinculada específicamente al tipo de producto que se está utilizando. No por nada toda la zona pampeana, que es la zona de la soja (provincias de Buenos Aires, más sur Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba), es la que tiene los indicadores más altos de cáncer; si nos vamos a la zona del Norte (Misiones), encontramos un nivel muy alto de abortos espontáneos y malformaciones ligadas los insecticidas utilizados en la industria del algodón, tabaco y té”.

Frente a aquellos discursos que plantean la necesidad de extender la Frontera Agropecuaria e insisten en que la humanidad necesitará cada vez más alimentos, y por ende necesitará del desarrollo de la biotecnología y la industria agroquímica, Eleisegui sostiene que “condenar este tipo de prácticas no implica ir en contra de la actividad agrícola. Hay alternativas: está la agroecología, que trabaja sin venenos y sin semillas transgénicas”.

Este último modelo de producción está aportando los mismos rindes que los cultivos tradicionalmente tratados con venenos.

Tras el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal de que el Banco Provincia cubriría la diferencia de las cuotas de créditos UVA que superen el 30% de los ingresos familiares, beneficiarios del programa advierten que aun no tuvieron novedades.

Florencia Ruppel comentó a FM De la Calle que “no hay nada oficializado. Te comunicás con el Banco Provincia en el 0810 y no hay respuesta con respecto a ver cómo tenemos que dirigirnos los tomadores de estos créditos”.

Señaló que en su caso particular “ya toca el 30% del salario pero el agravante es el capital ajustable. Para nosotros es deuda, va a aumentando todos los días. Está la desinformación en cuanto a lo que surge porque nadie menciona cómo aumenta el capital ajustable”.

“Es mucha la gente que queda por fuera del Banco Provincia, que reconoce 17 mil créditos y los tomadores de UVA son 130 mil”.

A propósito de las declaraciones del presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, quien dijo que “la mora en el pago es muy baja”, Ruppel señaló que “no hay mora, porque uno está pagando la casa propia. Lo primero que pongo en el pago es mi casa, después veo si dejo de hacer o comprar cosas. Aparte que van debitados en forma automática, la mora es baja porque hay mucha gente que ni se entera cuánto se descuenta”.

Más de tres mil productores agrícolas ganaderos presentarán un proyecto ley de protección de cinturones verdes, “por alimentos sanos y ciudades sustentables”.

Lautaro Leveratto, integrante del MTE Rural de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, explicó a FM De la Calle que “es estratégico para un Estado que existan productores en esos cinturones hortícolas que generan miles de puestos de trabajo y que nos abastecen de alimento fresco a la sociedad. Segundo punto, no podemos destruir los cinturones verdes periféricos porque nos traen beneficios a las ciudades: alimentos de cercanía, de fletes cortos y también protege y disminuye la problemática del cambio climático”.

El dirigente agregó que la propuesta “por un lado resguarda las tierras para producir alimento, vamos a un cambio de paradigma en la producción, esos cinturones tienen que producir de manera sustentable. El otro punto, acceso a la tierra para familias agricultoras, lo que la ley plantea es que si el agricultor está viviendo hace más de 10 años en esa tierra tiene derecho a acceder a un crédito con la condición del uso solamente para la producción hortícola ganadera de animales pequeños”.

En la actualidad se producen frutas y verduras mediante el alquiler de pequeñas parcelas de tierra: “Los alquileres elevan el costo y el precio de los alimentos. Se encarece toda la cadena de producción de alimento y termina en una góndola a precios exorbitantes. En unos años comerte un tomate o un morrón va a ser como comerte un pedazo de lomo hoy en día. Tiene que haber una política que garantice la producción de alimentos”.

“También apunta a abrirle el juego a los municipios para que definan mercados de comercialización para que los productores sin intermediarios puedan llevar sus producciones frescas directo para abastecer a los vecinos del pueblo y ciudad. Eso baja el precio al 50% de todos los productos”, comentó Leveratto.

Profesionales del INTA y el Conicet identificaron 18 agroquímicos en el agua de tres barrios de Pergamino. La investigación fue avalada por peritos de la Corte Suprema de Justicia y ratifica la denuncia que desde hace años vienen planteando las Madres de Barrios Fumigados de la localidad.

Agustina Aller, colaboradora de la agrupación, comentó a FM De la Calle que “en Pergamino, en los barrios periféricos a los campos es directa la fumigación, es indiscriminada. Está el pensamiento retrógrado del matayuyo, que no pasa nada. La última difamación que se da es que las madres están haciendo política con esto, que no está mal porque no hacemos política partidaria sino para que se apliquen medidas a largo plazo”.

En los últimos días la Policía Federal realizó varios allanamientos para secuestrar elementos que son utilizados para fumigar a pesar de la prohibición establecida por una medida cautelar.

“Acá el agua viene de las napas, se sabe que la contaminación del suelo pasa a las napas, el agua se sigue tomando igual y siempre se supo que tenía arsénico”, comentó Aller.

Sabrina Ortiz, una de las madres de la organización y quien lleva adelante la denuncia por la presencia de agroquímicos en la sangre de sus hijos, recibió amenazas. Aller destacó que “desde que empezó a visibilizar esta problemática hay una campaña sucia a través de punteros políticos, ahora dicen que son mentiras las fotos de los niños, las cuales fueron publicadas con autorización de las madres”.

La corvina de la foto fue capturada en los últimos días en la zona de Puerto Galván. Al parecer, el globo sanguinolento que se ve sobre uno de sus ojos sería un tumor. Profesionales consultados por FM De la Calle manifestaron la imposibilidad de detectar su origen sin realizar estudios histopatológicos.

¿Será producto de la contaminación?

En septiembre, profesionales de la UBA convocados por la justicia recomendaron la prohibición inmediata de la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, la prohibición del vertido al estuario de cadmio, cromo, plomo y cobre.

Los altos niveles de metales pesados fueron relativizados por las autoridades municipales quienes descartaron tomar cualquier tipo de medidas. Es así que no falta quien tire una línea en la ría y se encuentre con estos peces dignos de Springfield.

En cuanto al estado de la causa judicial iniciada por la Asociación de Pescadores Artesanales en 2011, recordamos que el juez Agustín López Copola aceptó en febrero la realización de pericias sobre los procesos químicos de cada empresa como complemento de el informe elevado oportunamente por la Facultad de Agronomía de la UBA.

El 8 de marzo se aceptó a los peritos propuestos por las firmas denunciadas a partir de lo cual tendrían cinco días para aceptar el trabajo y 40 días hábiles judiciales para la presentación de las conclusiones sin posibilidad de prórrogas.

De esta manera, el próximo 27 de mayo quedaría despejado el camino para el desarrollo de los alegatos y la sentencia que el juez prometió para julio.

FM De la Calle presenta “Derechos y Reveses”, una serie microdocumental sobre el ejercicio y violación de derechos en Bahía Blanca. Podrá verse desde este martes en el canal de youtube: FMDELACALLETV.

El ciclo audiovisual es fruto de un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces subsidiado por el ENACOM.

La difusión de los derechos y el seguimiento del ejercicio o violación de los mismos son prioridad de nuestro colectivo al momento de producir contenidos e incluyen un esfuerzo en la construcción de relatos que reconozcan las tensiones invisibilizadas por los medios masivos de comunicación.

La serie original proponía la producción de diez capítulos sobre derechos vinculados al trabajo, la salud, las identidades sexuales, el ambiente, la intimidad, entre otros, en una sociedad de características conservadoras.

La demora en el pago de los fondos del subsidio impidió afrontar los costos del proyecto original y es por eso que la serie se limitó a tres problemáticas: el derecho al trabajo y la destrucción de la pesca artesanal en la ría bahiense; la lucha contra el dragado en Gral. Cerri y la intención de ampliar el polo petroquímico en función de Vaca Muerta; y la marea verde por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la ciudad.

En el Día Internacional de la Lucha Campesina trabajadores y trabajadoras de la tierra organizaron feriazos para exigir políticas públicas hacia el sector. Entre sus demandas se destacan la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, la declaración de una ley de Emergencia de la Agricultura Familiar y el avance de la Ley de Acceso a Tierras.

Juan Pablo Della Villa, secretario de comercialización de la Unión de Trabajadores de la Tierra, comentó a FM De la Calle que “es un sector que viene arrastrando problemáticas estructurales, como la falta de tierras, la falta de un observatorio de precios de la cadena de comercialización, los tarifazos y la suba del dólar nos viene vapuleando. Somos un sector que el único capital que tenemos es la fuerza de trabajo”.


A través de asambleas territoriales las y los productores fijan precios por seis meses y evitan especular con la inflación. Della Villa destacó que “después de ocho años de organizarnos y vender las producciones por fuera de los canales comerciales construimos nuestro mercado mayorista donde ya no vendemos solo lo nuestro sino que comercializamos lo de otros lados como Pedro Luro, estamos comercializando la cebolla que antes se iba a Brasil”.

“Desarrollamos una cadena de producción propia, a través de mayoristas propios, de compras colectivas de frutas y verduras donde abastecemos a más de ocho mil vecinos por semana,  con política pública lo podríamos potenciar”.

El Municipio anunció un plan de poda de rejuvenecimiento en árboles dentro del Parque de Mayo. María Laura Biondini, integrante de la Comisión de Arbolado Urbano, señaló que está destinado a “casi 700 ejemplares de eucalipto. Se estima que van a tener un rebrote del 80%”.

Cinco años atrás, en el interior del espacio verde falleció por la caída de una rama sobre su cabeza la adolescente Daiana Herlein. “Esperemos se haga un trabajo serio y que no sea sólo una cortina de humo como todo lo que se dice o hace en campaña política”, dijo su mamá Lorena Zerneri.

Consultada por el destino de los troncos retirados, la concejala Biondini señaló que “mañana vamos a preguntar cuál es el destino que va a tener la leña. Eso lo define el área de Parques”.

En cuanto a los ejemplares de otros parques y espacios públicos, Biondini afirmó que la rama caída sobre una camioneta en el Parque Independencia días atrás que “fue un caso excepcional porque justo hubo una lluvia muy fuerte. Los eucaliptos y gualeguay son de acumular mucha agua, llovió mucho en poco tiempo lo que hizo que se caiga esa rama. Está previsto el censo del micro y macro centro que va a dar prioridad a los espacios públicos”.

Por último, luego de la caída de las vigas de una pérgola de Plaza Pellegrini que motivó la urgente destrucción del resto de las pérgolas, Biondini comentó que en el caso de las que están en la plazoleta de Yrigoyen y 12 de Octubre “se siguieron haciendo trabajos de inspecciones, se hizo un relevamiento de todas, en algunas se está haciendo el amuramiento y el sostén y la idea es mantenerlas y conservarlas”.

Mauricio Macri defendió en Entre Ríos el modelo de agro tóxicos y la fumigación sin restricciones. Afirmó que el amparo judicial que establece límites alrededor de escuelas es una ley sin rigor científico que pone en peligro el trabajo de miles de entrerrianos.

El periodista Patricio Eleisegui, autor de Envenenados y Agro Tóxico, dialogó con FM De la Calle y desmintió los dichos del primer mandatario.

“No hay rigor científico en lo que dice el presidente. Es imposible tirar un veneno y que no quede rastro, lo comprobamos permanentemente sobre las mediciones, hasta el SANASA reconoce que 7 de cada 10 verduras del Mercado Central de Buenos Aires tienen agrotóxicos”.

Eleisegui explicó que “el modelo de producción agroindustrial de Argentina, atado y basado en el uso de semillas transgénicas y la aplicación a mansalva de agrotóxicos. Eso ha dado lugar en los últimos 20 años a una catástrofe ambiental en muchos de nuestros territorios productivos y es lo que trata de no mirar Mauricio Macri cuando expresa su decisión de promover pulverizaciones sobre escuelas o poblaciones”.

El periodista puso como ejemplo lo sucedido en Coronel Pringles, donde una vecina denunció que estaban fumigando al lado de su casa: “Tuve que meter a mi hijo adentro porque con el viento que hay ese veneno lo tengo en mi patio, se siente el olor”. 

Eleisegui destacó que “hace una década era muy complicado imponer la discusión, hoy es más usual encontrarse con grupos de vecinos interiorizados en el tema a través de la tragedia ambiental”.

El Centro de Estudios Bahía Bicentenario llevará adelante la 1ra Jornada del año destinada a debatir nuevas propuestas y Políticas Públicas para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Bahía Blanca. Será hoy a las 19 horas en Corrientes 123.

Según previsiones de la Organización de Naciones Unidas, para 2050 la población urbana mundial se habrá duplicado, haciendo de la Urbanización uno de los fenómenos más transformadores de nuestro siglo.

“Es así que surge la necesidad de replantearnos los modos de planificar, gestionar y habitar nuestra ciudad, en aras de garantizar un futuro sostenible e igualitario”, dijo a FM De la Calle la arquitecta Rosana Vecchi, coordinadora de la actividad.

En un comunicado, la entidad sostiene que “nuestra ciudad tiene un gran potencial para impulsar cambios positivos. Debemos aprovechar ésta capacidad para establecer un nuevo paradigma que nos permita ir hacia un Proceso de Urbanización Inclusivo”.

“Lograremos cambiar éste paradigma planificando la ciudad por adelantado y procurando conciliar las necesidades a corto plazo con lo que imaginamos a futuro: una Bahía Blanca diversa, con una economía competitiva, óptima calidad de vida para todos sus habitantes y un medio ambiente sostenible”.

Con estos fundamentos eligieron “como primera temática para las Jornadas de nuestro Centro de Estudios las cuestiones relativas al Hábitat, el Territorio y el Desarrollo”.

El concepto de hábitat será abordado “desde la dimensión humana y la apropiación del territorio, para satisfacer las necesidades de la sociedad del Tercer Milenio en forma sostenible”.

Disertarán la Diputada Nacional mandato cumplido y ex Secretaria de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Bahía Blanca, Virginia Linares; la concejala e impulsora de la Ordenanza de aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, Paola Ariente; el Arquitecto César López, representante de la Comisión de Hábitat del Instituto Patria;  Francisco Martínez, Presidente de la Cooperativa Textiles Pigué; el Arquitecto y coordinador de la Comisión Ciudad del Colegio de Arquitectos Martín Castro; y el ex Presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, Jorge Otharán.

Greenpeace realiza un bloqueo desde ayer al ingreso al predio y al basural ilegal de Treater S.A., donde Shell, Total e YPF, entre otras empresas petroleras, vierten sus desechos provenientes del fracking en Vaca Muerta.

“Estamos reclamando que se responsabilicen por lo que están haciendo y dejen de tirar desechos a la tierra. Hay unas 15 canchas de fútbol llenas de residuos, a tan solo 5 kilómetros de Añelo”, declaró Leonel Migo, vocero de la organización.

Agregó que “en mayo del año pasado mandamos a analizar muestras a Inglaterra y encontramos plomo en cantidades alarmantes. Este estudio se lo enviamos a las empresas y saben lo que están haciendo”.

“Las comunidades locales presentaron una denuncia penal que incluyó nuestros análisis de laboratorio. Pero las mismas personas que deciden sobre esto son las mismas que permiten que estos residuos sigan acá”, concluyó.

“Queremos mostrar la situación de los pequeños productores, el aumento de los costos de la semilla, de los insumos, los bajos precios a los que nos compran la verdura”, señaló Marisol, delegada de la Unión de Trabajadores de la Tierra desde el feriazo que se realizó esta mañana.
La protesta forma parte del Verdurazo convocado a nivel nacional en repudio a la represión de la Policía Metropolitana a productores de la agricultura familiar y en demanda de políticas públicas para el sector.
En la esquina de Bolivia y Entre Ríos se reunieron trabajadores y trabajadoras de Bahía, Pedro Luro y Ascasubi: “En Luro vendemos 5,50 o 6 pesos el kilo de cebolla, el consumidor paga mucha plata y el productor cobra muy poco. Hablamos con el intendente pero no nos supo resolver nada”, comentó Roberto a FM De la Calle.

(Por Mauro Llaneza) El juez Agustín López Coppola se comprometió a dictar sentencia sobre la contaminación de la ría en julio. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 aceptó, además, el pedido de las empresas del polo para sumar pericias sobre sus procesos productivos.

El miércoles 13 se realizó una nueva audiencia en la causa civil que investiga las responsabilidades sobre la presencia de metales pesados en el estuario y la destrucción de la pesca artesanal.

“Siguen contaminando, nos sacaron el trabajo, nos arruinaron a todos los pescadores. Queremos que esto se termine”, dijo a FM De la Calle Rubén Córdoba, whitense, 27 años dedicados a la pesca.

El abogado Lucas Beier afirmó que “hoy las empresas están más preocupadas en echarle la culpa al otro que en si el estuario está o no contaminado. Lo siguen negando pero la prueba lo acredita. Hoy su mayor preocupación es decir el culpable es el otro”.

Las demandadas son: Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, el Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur, Azurix Buenos Aires, la Municipalidad y la provincia.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

Sin embargo, la Cátedra de Alimentación Química de la casa de estudios porteña había advertido que no respondería aspectos vinculados al proceso industrial que excedían su especialidad.

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Beier, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría, explicó que “la pericia principalmente hace el estudio del estado del estuario, del agua, sedimentos y especies. Las demandadas pedían una nueva pericia y eso fue lo central de la discusión”.

“El juez dejó en claro que quiere terminar el proceso lo más rápido posible, no quiere perder dos o tres años designando un perito. Entonces les dio un plazo a las empresas de diez días para que designen perito y antes de fin de julio quiere tener la sentencia dictada”, agregó.

Las empresas tendrán cuarenta días para ofrecer un perito que informe sobre el proceso interno de cada firma, los insumos que utilizan y los residuos que arrojan al estuario. Si no lo consiguen en ese lapso, perderán la prueba.

Las multinacionales pretenden calcular por qué porción de la torta de la contaminación tendrán que responder económicamente. Todas apuntan a que la mayor parte recaiga sobre ABSA. “Al colega de ABSA lo mataron”, comentó Beier: “En gran medida es cierto pero no quita que los otros también contribuyan”.

“La Ley General de Ambiente dice que cuando no se puede determinar en qué grado participa cada una de las demandadas la responsabilidad es solidaria, todos responden en el mismo grado. Como parte actora no estamos tan preocupados en poder determinar qué empresa contribuyó en mayor medida a que el estuario esté como está”, afirmó.

Luis Arellano, también abogado de los pescadores, dijo a FM De la Calle que “ya hay prueba suficiente, no solamente la pericia de la FAUBA sino todos los informes del CTE, información que está en el IADO, en estudios científicos y técnicos de la UNS, tesis doctorales y un montón de material acumulado por décadas que nos dice cuál es el estado de contaminación de la ría y quiénes son los responsables. Creemos que el expediente se puede clausurar para que nos den la posibilidad de hacer nuestro alegato y pasar a la sentencia”.

Integrantes de la CTA Bahía Blanca-Cnel. Dorrego acompañaron la demanda de los pescadores artesanales y destacaron la importancia de la pericia que probó “lo que todo el mundo sospechaba”.

El secretario general, Enrique Gandolfo, destacó que “luego de conocerse el informe de la UBA los factores del poder económico, las empresas del polo, los factores políticos, la misma Municipalidad han salido a desprestigiar la evidencia científica de la Facultad de Agronomía”.

“Estamos respaldando el reclamo y llamando a la comunidad a conocer que este estado de contaminación, de seguir así, es incompatible con la vida del estuario y está afectando no solamente a los pescadores artesanales sino al conjunto de la comunidad de la ciudad y el puerto”.

(Por Mauro Llaneza) La Facultad de Agronomía de la UBA respondió dudas e impugnaciones que las empresas y organismos denunciados presentaron contra la pericia conocida en septiembre en el marco de la causa que investiga la contaminación del estuario.

El informe ratifica que las especies no son aptas para consumo humano y la necesidad de revisar los controles sobre el vertido de metales pesados. Antes de dictar sentencia, el juez Agustín López Coppola convocó a las partes a una audiencia que se realizará el 13 de febrero.

Lucas Beier, abogado de los pescadores artesanales, dijo a FM De la Calle que “las empresas demandadas, siguiendo lo que hizo el IADO y la propia Municipalidad, desprestigiaron el informe. (…) La Facultad les contestó diciendo que es científico, que todas las opiniones tienen sus argumentos en documentos científicos y en estudios que hicieron ellos y ratifican todo repitiendo que los peces no son aptos para consumo humano, que el estuario está grave, contaminado, y que no es posible la preservación de la vida que habita hoy el estuario”.

“Tenemos la certeza científica que los peces, crustáceos y moluscos analizados por esta Facultad y recolectados en una zona habilitada para la pesca, en donde algunas lanchas de pesca artesanal desarrollan su actividad en la actualidad, arrojaron resultados altamente preocupantes”, concluye el documento.

Beier afirmó que “el Estado lamentablemente es parte demandada y ha tomado la postura de aliarse con las empresas cuando, en realidad, el Estado somos todos y el Estado tendría que buscar el beneficio para la sociedad y dentro de sus obligaciones está preservar el ambiente”.

“Los niveles de sulfuros, hidrocarburos, fenoles, hierro, cromo, zinc, plomo y mercurio registrados en la actualidad en el estuario de Bahía Blanca se pueden considerar peligrosos para los sistemas biológicos asociados, ya que muchos de los valores exceden los niveles permitidos por la normativa”, aseguran las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina y el ing. agrónomo Gustavo Mozeris.

También destacan que “las especies de peces y moluscos que se tomaron en el muestreo, como por ejemplo el pez sapo, ostras y mejillones que no migran por fuera del estuario, son indicadores del nivel de bioacumulación de metales pesados directamente relacionados con el ambiente circundante y es por ello que se concluye que en la proximidades del puerto de Ing. White la fauna marina recolectada está expuesta a este tipo de elementos”.

Más adelante, subrayan que “existiendo un polo petroquímico que se encuentra habilitado a arrojar sustancias nocivas y lo realiza con una carga ‘declarada’ de 11.300m3 por día (según informa ABSA en la causa Meninato el polo petroquímico consume entre agua potable y cruda más de 36.000 m3 por día), más que evidente que las sustancias nocivas ingresan cuanto menos por los efluentes de las empresas“.

Ninguna duda

Sobre consultas por la “duda razonable” mencionada en la pericia, sus firmantes advirtieron que no refiere a sus conclusiones -fundamentadas científica y técnicamente- sino que está “centrada sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos públicos provinciales, así como en los niveles guía planteados para el vuelco de efluentes a la ría”.

Dado los altos niveles de concentración de metales pesados en los peces recolectados en las proximidades del polo petroquímico, lleva a pensar que alguna de las dos cosas está fallando, o los controles no son los indicados o la reglamentación no es acorde para el ambiente estuarial. Los registros históricos del CTE indican que las empresas cumplen en la gran mayoría con los límites permitidos, pero atento los indicadores de bioacumulación en peces, moluscos y crustáceos para metales pesados podemos afirmar que al menos la zona interna del estuario se encuentra en un estado vulnerable”.

Por ende, el informe plantea tres hipótesis: “a) los controles no son los adecuados, o b) los parámetros establecidos por la resolución administrativa no deberían aplicarse al estuario bahiense, o c) están ingresando al estuario metales pesados por ductos o canales no declarados o no controlados por los organismos”.

Estudios complementarios

Ante supuestas contradicciones entre la pericia y los informes del IADO, la FAUBA dice que “no es tan así”.

Describe que coinciden en la presencia de metales pesados en agua y sedimentos del estuario y en que el sistema está claramente influenciado por la acción antrópica. “La única aparente contradicción es en relación a los tejidos musculares de peces analizados por el IADO y las muestras de peces, crustáceos y moluscos analizados en el marco de este informe”.

Las diferencias entre los estudios del IADO y la pericia de la FAUBA “pueden ser complementarias ya que analizan especies y lugares diferentes y esto puede, lejos de ser contradictorio, plantear una complementación en la generación de información”.

Entre las explicaciones agregadas, la Facultad relató que “la totalidad de los ejemplares fueron formas juveniles por lo que es poco probable la migración desde una zona por fuera del estuario. Por lo tanto, de acuerdo a su ciclo biológico, los juveniles de las especies estudiadas permanecen más tiempo en el área de estudio lo cual aumenta el tiempo de exposición a posibles contaminantes de alcance local”.

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Destacan, además, que “se les consultó a los pescadores que indiquen donde ejercían habitualmente su actividad para la toma de muestras y pudimos observar que sobre el veril norte del estuario, en cercanía a la zona portuaria, existen clubes náuticos y accesos al público en donde la gente concurre a pescar desde los muelles (Club Náutico Bahía Blanca, Club de Pesca Almirante Brown y Club de Pesca General Daniel Cerri) en donde las especies obtenidas por pesca deportiva por lo general son consumidas por los pescadores”.

Finalmente, el documento afirma que “el constante dragado de mantenimiento de la profundidad del canal de navegación provoca mayor turbidez en el agua, remoción de metales pesados ocluidos y alteración de lecho marino” y, ante esto, concluye que “el dragado por sí mismo genera un daño ambiental: destruir el lecho marino, que es donde nace toda la vida marina, evidentemente genera un daño”.

“Las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales. Hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, dijo Maristella Svampa.

La socióloga conversó con FM De la Calle a partir de su libro “Chacra 51: regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking”, un ensayo sobre el avance de la explotación de energías extremas entre las chacras productoras de peras y manzanas de Allen, Río Negro.

Svampa mezcla, a través de su historia familiar, la literatura, la sociología y la filosofía con la militancia socioambiental.

“Hay un grave problema en la Argentina donde a diferencia de otros países no se discute sobre la fractura hidráulica así como otras actividades extractivas altamente controversiales (…) de destrucción y sacrificio de los territorios”, manifestó la investigadora del CONICET y licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba.

Agregó que “en Argentina se sigue hablando de oportunidades, se sigue hablando de una visión eldoradista, como si la Argentina estuviera destinada a convertirse en una suerte de potencia energética a través de la explotación de estos yacimientos no convencionales. No se da una discusión completa o integral que incluiría precisamente diferentes aristas de los impactos socioterritoriales hasta, por ejemplo, el desplazamiento de otras actividades económicas, como es el caso de la actividad frutícola en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén. Hoy es Allen el que está más que amenazado y donde el avance de locaciones hidrocarburíferas es tal que hay un retroceso cada vez mayor de la actividad frutícola. Muy probablemente van a ser otras, también, las localidades impactadas por el fracking. Mientras tanto las autoridades hoy siguen negando que se haga fracking”, aseguró.

“Chacra 51” es también el reflejo de una vida dedicada al estudio de problemáticas socio-territoriales, tanto en clave nacional como latinoamericana, donde no sólo profundiza sobre las energías extremas y su impacto negativo sino también se evidencia que el proceso “es mucho más caro, tiene mucho menos rendimiento energético y produce más accidentes, no sólo de trabajadores sino también derrames. Y esto es lo que está sucediendo tanto en Vaca Muerta como en Allen”.

La socióloga desarrolla el concepto del páramo y del racismo ambiental para entender la complejidad de su enfoque.

“La imagen del páramo yo la traje a colación para dar cuenta precisamente de lo que estaba sucediendo con las chacras. El progresivo desmonte ante la crisis y la avanzada de las locaciones hidrocarburíferas. Es sabido de las transformaciones territoriales que genera la explotación petrolera ya que después la tierra no pueda utilizarse para nada y lo que deja es desierto de piedra o un páramo. Yo lo que señalo es que no hay capacidad de resiliencia alguna, no se puede recuperar, y esto es efectivamente el páramo: es una imagen muy asociada también a nuestros tiempos del antropoceno, esta nueva era geológica en la cual la crisis y la devastación ambiental amenaza la vida misma en nuestro planeta”.

Respecto al “racismo cultural” Svampa aseguró que “no hay conciencia ambiental y es muy complicado abrir esta discusión. Yo hablo de racismo ambiental también para el caso de Allen donde la indiferencia de la población e inclusive de muchos chacareros es muy flagrante. Tal es así que los impactos que están denunciando a través de distintas notas periodísticas es posible verlos ahora sobre la población rural, pobre e invisible. Por lo cual, creo que en la población hay una suerte de ‘racismo ambiental’ que hace que se minimicen los impactos porque esto todavía no ha tocado el corazón de la población más integrada y que sobre todo vive en los cascos urbanos”.

“Mientras esto perjudique a las poblaciones pobres y marginales, la gente no se va a preocupar en demasía y esto me parece tremendo, terrible y da cuenta de un cinismo o de mala fe porque la gente sabe en el fondo, le hace ruido esto del avance del fracking entre peras y manzanas. Por más que YPF sea el sponsor de la Fiesta de la Pera o que todas las pequeñas radios locales reciban la pauta publicitaria de los servicios petroleros, lo cual atenta contra la posibilidad de discutir”.

Svampa destacó que “hay que recordar que el kirchnerismo efectivamente no promovió el desarrollo de energías renovables, hizo una apuesta a fondo en los combustibles fósiles. Ahora este gobierno tiene un doble discurso, porque si bien tiene un presupuesto limitado para el desarrollo de las energías renovables, tiene un presupuesto ilimitado a favor de los combustibles fósiles, sobre todo de los no convencionales con Vaca Muerta. Así que no nos engañemos: la matriz económica argentina no va a cambiar gran cosa, porque el gobierno hace la apuesta sobre todo en Vaca Muerta y de eso son conscientes los funcionarios”.

Sobre los antecedentes de gobiernos progresistas en la región y su política socio-territorial, la escritora opinó que “implicaron una gran expectativa política en términos de nueva izquierda pero que, hacia el final del ciclo, derivaron hacia modelos de dominación más tradicional que conllevaron un fuerte proceso de concentración en los líderes o lideresas, como también en procesos que han derivado en algunos casos en gobiernos autoritarios como el caso de Venezuela. He sido muy crítica no solo de lo que tiene que ver con la matriz productiva, la economía, sino también con las dimensiones políticas de este proceso.  (…) Ha habido una suerte de solidaridad automática y acrítica en relación a estos gobiernos, diciendo que si uno le hace una crítica le está haciendo el juego a la derecha, al imperialismo, etcétera. Yo no soy de esta idea, creo que efectivamente hay que hacer ejercicio del pensamiento crítico”.

“Igualmente soy consciente de que las resistencias al neoextractivismo son todavía marginales, en el sentido de que toca esas zonas de pequeñas y medianas localidades lejanas a los grandes centros industriales, con lo cual hay ahí un gran desafío que es el de lograr un cambio cultural, una nueva narrativa y un diálogo con sectores sindicales, territoriales urbanos, sectores políticos de las grandes ciudades, que hoy en día son muy indiferentes a la problemática ambiental o que la desconocen en absoluto”, finalizó.