Durante la cumbre del G20 que se realizará a fines de noviembre en Buenos Aires, los presidentes de los países mas influyentes del mundo debatirán acuerdos para “revitalizar el sistema actual de comercio”.

Desde la web oficial aseguran que “la presidencia argentina propuso continuar las discusiones hacia un sistema de comercio inclusivo que contribuya al desarrollo justo y sostenible, para que los beneficios del comercio y las inversiones lleguen a todos y para que las personas puedan afrontar los desafíos y las oportunidades de la globalización y de los avances e innovación tecnológica”.

Javier Echaide, abogado y doctor en Derecho Internacional en la UBA, aseguró que en términos de comercio e inversiones, las intensiones de Argentina como sede del foro son ni más ni menos que “meterse en estas cadenas globales de valor que favorecen a los sectores más pudientes de la sociedad, el trabajador termina pagando con la degradación de sus derechos, aumento de los costos sociales, mayor desempleo”.

¿De quiénes son mis datos?

Uno de los ejes del área de negocios de la cumbre es lo que denominan “Nueva Revolución Industrial” y que, según Echaide, “se hace a partir de la comercialización de las plataformas de internet como, por ejemplo, pedir algo por una app y allí viene involucrada la generación de datos. Si yo pido una pizza a cualquier lado y me lo trae un muchacho en una bicicleta que ya no es el delivery de la pizzería sino que es un chico que está contratado por una empresa trasnacional por una aplicación del celular que se dedica a eso, eso crea un perfil de negocios, que es distinto y que no se conocía hasta ahora”.

Esta información sobre perfiles de consumidores según preferencias se denomina “Big Data” y el conflicto se presenta a la hora de decidir a quiénes le pertenecen esos datos y, por consiguiente, quién puede comercializarlos, venderlos o intercambiarlos por otro tipo de información. “Los bancos viven comprando y vendiendo estos datos sobre nuestras cuentas personales en términos financieros, desde hace ya muchos años”, aseguró Echaide.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea está en negociaciones desde hace varios años. La Unión Europea tiene reparos sobre la colocación de producciones que vienen de países que denominan “subdesarrollados”  por el riesgo que eso conlleva.

“Paradójicamente Argentina es uno de los países en este momento que más le llega la apertura comercial. Digo paradójicamente porque Argentina tiene una crisis en la balanza de pagos, una crisis en la fuga de capitales, abrir las importaciones implica tener que pagar eso con fuga de divisas. El gobierno argentino tiene fe en el libre comercio y desea firmar este acuerdo  con la UE”, comentó Echaide.

Mañana el Senado tratará el proyecto del Presupuesto 2019 y afuera del Congreso habrá nuevamente manifestaciones de centrales gremiales y organizaciones sociales y políticas.

En Bahía Blanca la CTA, ADUNS, SUTEBA, CeHum, Científicos y universitarios convocan a un paro y una movilización que partirá a las 10 desde la Plaza Rivadavia.

“Ese día se intenta consumar lo que no es un presupuesto sino una sentencia, no una sentencia judicial pero sí una sentencia política sobre el conjunto de la clase trabajadora, por la vulneración que representa sobre los derechos sociales más básicos de las mayorías”, comentó Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca- Dorrego.

La dirigente de la CTA Autónoma dijo a FM De la Calle que “es un presupuesto diseñado por el FMI, que sigue teniendo políticas que van en contra del derecho a la salud, educación, seguridad social. Sigue ajustando a los bolsillos de los trabajadores. Por eso estamos planteándole a los senadores que entiendan que la protesta social está muy vinculada a la defensa de los derechos. Darle media sanción significa atacar a los bolsillos nuestros, significas más tarifazos, despidos, desfinanciación”.

El titular de ADUNS, Sergio Zaninelli, comentó que para la comunidad universitaria “es la condena que nos han puesto las federaciones docentes que hace 60 días firmaron una paritaria por el 25%. Estamos pidiendo la apertura de las negociaciones salariales porque para nada nos vamos a conformar con un bono de cinco mil pesos, que ni siquiera sabemos si nos va a corresponder, en negro, a pagar en no se sabe cuántas cuotas y que queda al arbitrio de los sectores patronales”.

“Pensaba en Sandra y Rubén, dos compañeros que perdieron la vida, y toda esta situación nos remite a eso. Vamos a estar el año que viene en peores condiciones, el ajuste va a ser más brutal y no sería extraño que se repitan estas situaciones y que para nada fue una accidente sino producto del ajuste”, dijo Ana Canullo, dirigente de SUTEBA.

“Nos parece que aquella dirigencia sindical que se baje de la decisión de llevar adelante una medida de fuerza por un bonito de 5 mil pesos en dos cuotas, está defendiendo intereses que no son los de la clase trabajadora sino que simplemente están conformando un ejército de salvación de los patrones y del gobierno. Es indignante la conducta de este sector de la dirigencia sindical”, manifestó Gandolfo.

Escuchá la entrevista con Enrique Gandolfo:

El CREEBBA informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró un aumento del 6% en los precios minoristas. Para la entidad “es la suba más importante de los últimos dieciséis años y medio”.

La inflación acumulada en lo que va del 2018 en Bahía Blanca alcanza el 38,5% mientras que la variación interanual evidencia un incremento general del 43,7% con respecto a octubre 2017.

“Incrementos de tal magnitud encuentran antecedentes similares en abril 2002 (8,4%), con la depreciación del peso tras el abandono del tipo de cambio fijo. En efecto, el presente mes se destaca como la segunda suba más importante en toda la serie del IPC CREEBBA desde 1996 a la fecha”, señala el informe.

Si bien el tipo de cambio disminuyó aproximadamente un 10% durante octubre, se presume un impacto en los precios locales por el fuerte crecimiento de los precios mayoristas observados en el mes de septiembre con una suba del 16% según datos publicados por el INDEC.

El mayor aumento fue en Vivienda, con un alza del 8,8% debido al nuevo tarifazo de gas para las categorías residenciales que alcanzaron subas del 56,4%. También hubo incrementos del 6,6% en reparación y mantenimiento de la vivienda y del 3% en la actualización de contratos de alquiler.

Salud se ubicó en segundo término con un aumento del 7,4% influenciada por subas del 10 % en elementos para primeros auxilios, 8% en aranceles de medicina prepaga, 7% en servicios médicos y odontológicos y en medicamentos.

Alimentos y bebidas se ubicó en tercer término con una significativa variación del 6,6%. Las alzas más destacadas tuvieron lugar en frutas (12,1%); bebidas sin alcohol (9,9%); cereales y derivados (8,3%); condimentos (7,5%); aceites y grasas (7,4%); carnes (6,6%); verduras, tubérculos y legumbres frescas (6,5%); alimentos semipreparados (6,2%); azúcar, dulces y cacao (5,2%); alimentos consumidos fuera del hogar (5,2%); bebidas alcohólicas (4,9%); alimentos preparados y listos para consumir (4,8%); infusiones (4,7%) y leche, productos lácteos y huevos (4,6%).

Transporte y comunicaciones, con una variación del 6,1%, fue otro rubro que finalizó el mes por encima de la inflación general debido a incrementos del 9,1% en comunicaciones;
7,4% en funcionamiento y mantenimiento de vehículos y 5,7% en vehículos de transporte
personal.

Con respecto a los precios de la canasta de veinte variedades básicas de alimentos en la ciudad (cuadro 5), los ítems que más subieron fueron papa (56,3%), leche fresca (14,2%), manzana (13,9%), manteca (12,5%), tomate (12,5%), pollo (10,3%), harina de maíz (9,9%), agua mineral (9,2%), té en saquitos (9%), fideos secos (8,8%), yerba (8,3%), harina común de trigo (8%), leche en polvo (7,9%), arroz (7%). En tanto la única baja se presentó en naranja (-1,8%).

IPC Online un poco más abajo

Días atrás se conoció también el análisis de IPConline, un análisis sobre miles de precios publicados en internet, el cual fijo la tasa de inflación de octubre con un aumento de 5,35% respecto a septiembre.

Registraron alzas: Alimentos y bebidas (6,96%), Indumentaria (2,28%), Vivienda y servicios básicos (7,08%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (6,95%), Atención médica y gastos para la salud (5,01%), Transporte y comunicaciones (4,78%), Esparcimiento (2,21%), Otros bienes y servicios (4,62%). Por el contrario, solo Educación (-2,23%) registró baja.

El informe destacó un “efecto arrastre muy fuerte del máximo histórico que representó la variación del nivel general de precios de septiembre”.

En el caso del capítulo Educación, las bajas corresponden a que el aumento de cuotas autorizado para colegios privados por el gobierno provincial en septiembre fue cobrado con un retroactivo a agosto. Dicho retroactivo solo abarcaba ese mes, con lo que el monto pagado por las familias en octubre fue menor que en septiembre.

Para IPConline “la variación de precios fue menor al mes pasado y acumula en el corriente año 36,54%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 42,05%”.

La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) declaró en estado de emergencia al sector que incluye 131 publicaciones autogestivas tras analizar la crítica situación expresada en el marco de su asamblea anual en la que se vio reflejado el impacto de la crisis económica en los medios que editan publicaciones impresas. AReCIA advirtió que la situación encierra una amenaza a la libertad de expresión y al trabajo autogestivo.

Según el reciente censo realizado por AReCIA, las publicaciones registraron un aumento promedio del costo de impresión por ejemplar del 60 por ciento. El papel subió un 79 por ciento en sólo seis meses (hasta agosto), superando la devaluación del peso argentino respecto del dólar, que en el mismo período acumuló una suba del 61 por ciento. Además, al estar los soportes web atados al valor dólar, también se genera una instancia de incertidumbre a la hora de planificar la sostenibilidad de los medios.

La encuesta realizada a las publicaciones asociadas entre fines de mayo y principios de junio reveló que las políticas económicas y el impacto en la estructura de costos de las revistas impidieron la salida en papel de un 15 por ciento de los títulos.

Entre las revistas que aún siguen publicando el panorama también es amenazante: todas aseguran haber sufrido -en los últimos meses- aumentos en los costos de producción.

? Un 66,6 por ciento registró aumentos en los servicios de agua, gas y luz.
? Un 59,5 por ciento, en gastos de conectividad (teléfono e Internet).
Los editores también informaron aumentos en alquileres, transportes, correo y servicios profesionales contratados.

En lo que se refiere a la impresión, el golpe de los costos es aún más claro:

?? El 50 por ciento de las revistas redujo su tirada.
?? El 25 por ciento redujo la cantidad de páginas o la calidad de impresión.

Las ediciones que no modificaron calidad de impresión ni cantidad de páginas sufrieron aumentos en los costos de impresión que en algunos casos llegan al 500 por ciento. AReCIA confrontó costos por ejemplar informados por cada publicación en su último censo, en agosto de 2017, con los de mayo de este año. El aumento promedio fue casi del 67 por ciento en 9 meses.

? AReCIA exige a las autoridades políticas nacionales, provinciales y municipales, y en especial a los funcionarios del área de Cultura, que brinden una respuesta ante el estado de emergencia en el que se encuentran las publicaciones gráficas autogestivas de todo el país, en tiempos de creciente concentración y monopolización de los medios de comunicación, con los riesgos que ello conlleva para la existencia de una genuina libertad de expresión.

La situación implica, a su vez, una amenaza para la vida democrática.

Las propuestas:

1. Reparto equitativo y transparente de la pauta pública.
2. Acceso igualitario y protegido al precio del papel, principal insumo del sector.
3. Eliminación del 2,5% de IVA a las publicaciones.
4. Posibilidades de crédito sin tasas usurarias.
5. Democratización del circuito de distribución.

Fuente: Hamartia.

Desde nuestras redes de radios, canales de TV y otros medios comunitarios denunciamos el nuevo recorte brutal que el proyecto de Presupuesto infringe al Fomento legalmente establecido por ley 26.522, agravando a una escala inédita la millonaria deuda que el Estado arrastra con el sector.

Hasta acá, el incumplimiento venía dándose por tres vías: asignando menos de lo que la ley indica; ejecutando menos de lo asignado vía rechazo de proyectos con argumentos absurdos o inexistentes en reglamentos; y estirando meses y hasta años las definiciones y pagos con procedimientos complicados y engorrosos. Esto viene acumulando deudas por: 35 millones de concursos ganados y nunca pagos de 2015, 58 millones de concursos no adjudicados en 2016, 160 millones de concursos todavía en proceso de 2017, 300 millones correspondientes a concursos 2018 aún no abiertos y varios cientos más por diferencias acumuladas entre lo dispuesto por la ley y lo asignado año tras año.

Esta es la primera vez que a todo esto se le suma una baja de lo asignado el año anterior: de 180 millones asignados en el Presupuesto 2018 (contra 300 que correspondían por ley, según recaudación del gravamen a la comunicación audiovisual del año anterior), bajamos a 140 millones para este ejercicio (sobre una recaudación que va a ser obviamente mayor, que el acumulado 2018 es de 258 millones faltando todavía 3 meses).

Esto constituye: una burla a los compromisos asumidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) luego de muchas manifestaciones y “mesas de diálogo” que son inconducentes sin recursos; una expresión más del vergonzoso Presupuesto del Ajuste dictado por el FMI; un nuevo ataque al Derecho a la Comunicación y la pluralidad de voces que la ley debe garantizar con este mecanismo; y el agravamiento de un incumplimiento sistemático de esta ley por parte del propio Estado y sus funcionarios, reteniendo o usando para otros fines fondos de asignación específica, lo que es un delito.

Reclamamos:

-A legisladores y legisladoras que no convaliden este nuevo atropello, ni el vergonzoso proyecto de Presupuesto del FMI que lo contiene junto a muchos otros más

-Al gobierno nacional y las autoridades del ENaCom, organismo de aplicación de esta ley y esta política pública, que cumplan los compromisos asumidos y la ley sin más trampas ni dilaciones.

Espacio InterRedes:

Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) / Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Argentina) / Red Colmena (Cooperativas de Trabajo-CNCT) / Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)

(Por Mauro Llaneza) La justicia rechazó medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría en el marco de las causas que investigan la contaminación del estuario.

En el ámbito federal se negó llamar a indagatoria a directores de empresas del polo petroquímico, ABSA y funcionarios del OPDS, el Municipio y el Consorcio del Puerto y prohibir el vertido de efluentes o, en su defecto, conformar una mesa de abordaje de la problemática que establezca un plan de saneamiento.

En el fuero contencioso administrativo se rechazó prohibir la pesca -tal como sugirieron los expertos-, difundir el resultado de la pericia realizada por la Facultad de Agronomía de la UBA que concluyó que las especies no son aptas para el consumo humano, prohibir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales y la distribución de dividendos de las empresas.

Los representantes de los pescadores habían solicitado a la justicia federal la citación a indagatoria a los directores de ABSA S.A., Compañía Mega S.A, Solvay Indupa SACI, Cargill S.A.,  Petrobrás Argentina S.A., Profertil S.A., Dow Argentina S.A., Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y a funcionarios del OPDS y la Secretaría Ambiental de Bahía Blanca.

“Los directores de cada una de las empresas han tomado la decisión, con conocimiento y voluntad, de instalarse en una zona con características morfológicas particulares que provocan que el agua no sea renovable, que asimismo es una zona de reproducción y cría de muchas especias marinas y en donde se ha instalado una ‘polo petroquímico’, sabiendo que cada una de las empresas incorporan sinérgicamente sustancias nocivas al ambiente”, denunciaron.

No hay estudios que certifiquen que el aporte individual de contaminantes de cada empresa del polo petroquímico genere daño ambiental en un área sin renovación de agua y donde se reproducen y crían muchas especies marinas.

Sin embargo, los directivos decidieron instalarse allí y “continuar produciendo y arrojando sus desechos industriales constantemente al estuario” sabiendo que su “aporte no es el único” y que “la sumatoria de todos los desechos industriales son los que realmente importan cuando se debe prevenir la contaminación”.

Por ello, el abogado Lucas Beier y el fiscal Alejandro Cantaro solicitaron oportunamente la prohibición del vertido de sustancias no permitidas o la conformación de una mesa con todas las partes para establecer un plan de saneamiento.

La jueza Gabriela Marrón, a instancias del fiscal subrogante Horacio Azzolín, falló que aun con el resultado de la pericia realizada por la UBA y la Policía Federal es “prematuro” aceptar las medidas cautelares.

En el fuero contencioso administrativo los pescadores artesanales insistieron al juez Agustín López Coppola que dicte medidas precautorias ante el riesgo para la salud de la población por la contaminación y para frenar el crecimiento de las empresas que lo generan.

En todos los casos el magistrado sostuvo que, a pesar de las conclusiones de la pericia de la FAUBA, “nada ha cambiado” para alterar los argumentos con los cuales había rechazado acciones similares en 2009.

“Sabiendo que el estuario no admite más carga de contaminantes y que este proceso judicial seguramente durará muchos años más hasta tener una sentencia firme, el dictado de una medida cautelar es la única medida idónea para cumplir el mandato legal y constitucional de prevenir más efectos nocivos”, le reprochó el abogado Lucas Beier en su apelación.

Más allá de la pericia, en nueve años y decenas de miles de fojas, la causa incorporó resoluciones ministeriales, del Comité de Control y Monitoreo y documentos en los cuales las propias empresas reconocen “la constante y continua deposición final de sustancias peligrosas en el estuario”.

“¿Que sería más prudente, preventivo y responsable ante la afirmación científica de que existe un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies que prohibir su captura y consumo?”, se preguntó el abogado.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

 

El juez argumentó que la pericia está en etapa de “bilateralización” -durante la cual las partes analizan el estudio- y si bien el análisis “será ampliado y explicado luego de las impugnaciones”, vale destacar que ya no es posible pedir su nulidad.

El magistrado rechazó dar a publicidad los resultados de la pericia y advertir a la población sobre los riesgos del consumo de peces del estuario aunque aclaró que la querella podría realizarlo por su cuenta y destacó que, de hecho, la noticia fue difundida por los medios de prensa.

En su apelación, Beier recordó al juez que “ningún acto de las partes puede suplir los actos de imperio del juez que, dicho sea claramente, son también actos de gobierno” y que sobre su cabeza pesa “cumplir los objetivos y principios de la Política Ambiental Nacional”.

López Coppola se contradijo al no impedir ampliaciones y nuevas radicaciones industriales que utilicen el estuario para descargar sus efluentes argumentando que los pescadores no informan sobre una fecha precisa de inicio o existencia de proyecto en ese sentido.

“La consideración de lo público y notorio por parte del juez es errónea por parcial pues ha considerado la difusión mediática de ciertos aspectos de la pericia de la UBA pero no ha considerado que, previamente, se viene informando por los mismos medios de prensa que existen concretas intenciones de grupos empresarios, inclusive parte de las empresas demandadas, de invertir sumas millonarias en ampliaciones industriales en el Polo Petroquímico Bahía Blanca, complejo industrial que tiene al estuario homónimo como cuerpo receptor de todos sus detritos nocivos y contaminantes”.

El punto no solo alcanza a firmas del polo sino de cualquier industria cuyos residuos líquidos lleguen por la red cloacal a la ría sin tratamiento. Por obvio, excluyen de la prohibición reclamada a “las que lo hacen en forma clandestina”.

El secretario de Energía Javier Iguacel dispuso el cobro a las y los usuarios de una compensación para las distribuidoras de gas producto de la diferencia que tuvieron las empresas con la suba del dólar. Los repudios y los amparos judiciales no tardaron en llegar.

FM De la Calle dialogó con Marcos Rebasa, integrante del Observatorio de Tarifas de la UMET, quien dijo que el aumento retroactivo “es totalmente ilegal e inconstitucional, el gobierno no sabe qué hacer, desorientado termina de darle la razón a las petroleras por un conflicto que ellos no pudieron resolver y se lo terminan trasladando a los usuarios”.

Detalló  que “el Código Civil tiene un principio que dice que el pago hecho es cancelatorio. Si usted pagó su factura, se canceló esa obligación, no puede luego volver con un aumento”.

El principal argumento del gobierno en defensa del cobro extra es que las tarifas están dolarizadas. Rebasa afirmó que “no es un problema entre las distribuidoras y los usuarios sino entre las distribuidoras y las generadoras. Las empresas generadoras les cobraban en dólares y las distribuidoras aceptaron pero tienen las tarifas en pesos, entonces no le pueden trasladar un contrato que tenían con sus proveedores a sus usuarios porque no es jurídicamente correcto”.

En cuanto al mentado exceso de subsidios el dirigente aclaró que eso ocurría con la energía eléctrica pero que en el caso del gas nunca los hubo, por ende, “la gente pagaba lo que valía”.

Al ser consultado sobre la versión oficial que promete una baja de tarifas a partir de la producción de Vaca Muerta, Rebasa explicó que “es bueno que Vaca Muerta funcione, que salga el gas de ahí. Si el Estado la quiere financiar que la financie, lo que pasa es que eso lo financiamos nosotros con los impuestos. Las empresas petroleras son empresas de riesgo, tienen que invertir pero no a costa de los usuarios”.

El viernes se realizó una nueva entrega de la bolsa con Producciones de la Agricultura Familiar y FM De la Calle emitió desde Avellaneda 416 un programa especial de En Eso Estamos con entrevistas a integrantes de las organizaciones impulsoras de la iniciativa, de los grupos de productores/as asociados/as, consumidoras y consumidores.

La iniciativa llegó a Bahía Blanca a partir de la experiencia de la Mesa de Soberanía Alimentaria de Villa María -Córdoba-, un grupo de organizaciones e instituciones que desarrollan una lógica de consumo organizado, teniendo en cuenta tres líneas de trabajo: compra directa a productores; compras en el mercado de frutas que no se producen en la localidad; y compra a productores nucleados en pequeña cooperativas.

Aquel espacio nacido en la red de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria impulsa, además, el debate acerca de la cadena de producción de los alimentos que consumen, la formación de precios y cómo lograr un comercio justo.

Luego de participar de una jornada de trabajo en Villa María, integrantes del área de Economía Solidaria de Cáritas Bahía Blanca convocaron al CFP 401 Anexo UP4, al INTA Pro Huerta, a Cambio Rural y a FM De la Calle para proyectar la iniciativa a nivel local.

El objetivo era lograr que Pro.Sau.Chi, un grupo de productores del Sauce Chico, vendan más, a un precio justo, de forma directa y sin intermediarios. Luego se incorporaron emprendedoras asociadas con capacidad de producir en mediana escala.

Se trata Moras Brix, un grupo de mujeres que elaboran conservas, Runtu Thani, productoras de huevos frescos, e internos de la Unidad Penal de Villa Floresta, quienes aportan lombricompuesto, hongos comestibles y la serigrafía de las bolsas. También participan pescadores artesanales de Pehuen Co, quienes están en proceso de regularización de su actividad.

Marina Huentenao, integrante del equipo de Ecosol de Cáritas Bahía Blanca


 

Castorina Chamorro y Alejandra Millán, productoras de mermeladas y panificados


 

Celina Diotto y Carlos Mojica, INTA Pro Huerta y Runtu Thani


 

Antonio Gareca, integrante de Productores del Sauce Chico


 

Pablo García y Alicia Torre, Cambio Rural y FM De la Calle


 

Eliana Soto y Sonia Zamora, productoras de huevos de Runtu Thani


 

Analía Guerrero, integrante de La Feria del Lago


 

“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano.

(Por Giuliana Crucianelli) En noviembre tendrá lugar en Buenos Aires el G20, cumbre de los presidentes de 19 países más la Unión Europea. Se presenta como el “principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política” que “aborda los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan”.

Mientras tanto, comenzaron a realizarse las reuniones de los grupos de afinidad en los cuales líderes de diferentes áreas proponen lineamientos para cumbre. La agenda de género es uno de los capítulos: Women 20. ¿Qué significa la equidad de género para este foro? ¿Cuál es su modelo de mujer?

“Propone empresarias exitosas pero para el resto el emprendedurismo, te las tenés que arreglar con lo que tenés, con lo que conseguiste. Ahí no vale ningún tipo de organización social, ni respuesta del Estado, ni de política social. Eso se contrapone con el ajuste y los despidos que estamos viviendo, esa realidad está totalmente avalada por el W20”, dijo a FM De la Calle Mariana Iturriza, integrante del Foro Feminista Contra el G20.

“Cerrar la brecha de género es un objetivo impostergable. La única medida para que alguien lleve a cabo un proyecto y logre sus objetivos debe ser su capacidad y su talento”, afirmó la esposa presidencial Juliana Awada durante la apertura oficial.

Uno de los puntos centrales del foro es aumentar la tasa de participación de las mujeres en el mercado del trabajo. ¿De qué inclusión estamos hablando? ¿Hay alguna forma de pensar esa inclusión sin incluir el trabajo doméstico y de cuidado?

Según la Asamblea NO al G20 “las perspectivas de esta confluencia tienden a asociar la posibilidad de mejora en la inclusión de ‘los trabajos del futuro’ cuando sabemos que hoy ‘el trabajo’ está en crisis y que son las mujeres y otras identidades disidentes quienes se encuentran en una situación de mayor precariedad y flexibilidad, con crecientes niveles de de desempleo y de empleo informal”.

Por otro lado, Iturriza agregó que “hablan de inclusión laboral, de inclusión financiera. Es una farsa porque se apropian de nuestros términos, de nuestro lenguaje y de nuestro discurso pero en realidad los vacían de sentido” .

Susana Balbo, la “chair” o presidenta del W20, fue diputada por Cambiemos hasta que dejó su cargo para abocarse a la planificación de la cumbre. Es empresaria, tiene viñedos y una bodega de alta gama en Mendoza. También aparecen Juliana Awada y Máxima Zorreguieta, entre otras.

“Ese tipo de mujeres son las que, supuestamente, nos representan. Desde el Foro lo que decimos es que el término mujeres nos queda chico, nosotras somos un movimiento de mujeres, lesbianas, trans, tarvestis y bisexuales y de un montón de diversidades que tienen que ver con las realidades que vivimos como, por ejemplo, mujeres negras, mujeres migrantes, indígenas, campesinas, de la economía popular”.

Mientras tanto, la liberalización de los mercados, el avance de las empresas trasnacionales sobre las economías regionales de “países emergentes” -como llama este foro a los países subdesarrollados- impactará diferencialmente sobre los cuerpos de mujeres y disidencias. El G20 solo viene a ofrecer soluciones parciales y superficiales lejos de dar respuestas a los grandes problemas estructurales que dejan a las mujeres empobrecidas y en estado de vulnerabilidad permanente.

Más del 40 por ciento de los comercios bahienses achicó su actividad y otros tantos manifestaron su estancamiento según una encuesta realizada por el Centro de Economía Política Argentina.

El economista Juan Cruz Lucero comentó las conclusiones del estudio en diálogo con FM De la Calle.

El relevamiento se realizó en septiembre en un centenar de negocios de 25 barrios de la ciudad. Siete de cada diez manifestaron caída en las ventas y un 63% no realizó inversiones en el año.

El 64% indicó que no hubo variación en la cantidad de empleados, con la particularidad de que tres cuartas partes de los comercios expulsaron trabajadorxs el año pasado y que, en muchos casos, pasaron de tener empleados a que los dueños se encargan de los locales comerciales. Sólo el 4 por ciento aumentó su plantilla laboral.

Los principales problemas manifestados son: el costo de los servicios públicos (8.4), la disminución de la rentabilidad (7.2), la caída de ventas (6.82) y los elevados costos de alquiler (6.81).

Por otro lado, los que menor valoración tienen, de acuerdo con las empresas encuestadas, son: las dificultades para conseguir financiamiento (4), el aumento de los costos de mano de obra (5.1) y la fuerte competencia en el mercado interno (5.7).

En cuanto a las expectativas, el 56% de los encuestados considera que las ventas disminuirán en los próximos meses, mientras que el 10% supone que aumentarán.

La tasa de inflación de septiembre aumentó 6,54% respecto a agosto y es la mayor suba registrada en la historia del IPC Online. La variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el año 29,60%. El incremento acumulado durante los últimos 12 meses llega a 36,72%.

“Sigue una brecha por cerrarse entre el mayorista y el IPC en lo que es el precio del dólar. Vamos a ver qué pasa con la política monetaria que se empezó a implementar ayer. En tanto el dólar se quede quieto probablemente se traslade menos a precios y tenemos la doble nelson por una política fiscal y una política monetaria recesivas y los vendedores no pueden ajustar todos los precios porque anulan las ventas”, dijo Juan Larrosa a FM De la Calle.

El informe del mes pasado presenta subas en todos los capítulos: Alimentos y bebidas (7,10%), Indumentaria (6,83%), Vivienda y servicios básicos (3,94%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (11,35%), Atención médica y gastos para la salud (5,18%), Transporte y comunicaciones (3,43%), Esparcimiento (10,83%), Educación (7,06%), Otros bienes y servicios (6,93%).

De los 13.585 productos y servicios relevados el 47,3% registró alzas, el 2,4% bajas y el restante 50,3% no tuvo cambios. Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Cámara fotográfica digital, Vino fino, Libro infantil, Horno a microondas y Batata, todas con subas superiores a 55%. Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Yerba mate, Jabón en polvo para ropa, Texto primario, Vino fino y Libro infantil, todas ellas mayores a -25%.

Se observaron aumentos o arrastre estadístico en Electricidad, Afiliación a sistema de salud, Gasoil, Nafta de 93 a 97 octanos, Nafta de más de 97 octanos, Gimnasio y Cigarrillos. A su vez, se destaca baja en el precio de Servicio de televisión por cable.

La crisis y los tarifazos golpean con fuerza al sector productivo y el movimiento cooperativo no es la excepción. Textiles Pigüé, empresa social fundada en 2004 por los trabajadores de la ex Gatic luego del abandono patronal, recibió hace unos días una factura de gas con el nuevo aumento de 400 mil pesos.

Francisco Martínez, director de la cooperativa de trabajo, dialogó con FM De la Calle y contó cómo les impacta la política de ajuste.

Textiles Pigüé genera economía en forma cooperativa, solidaria, social, popular y se compone actualmente de 120 trabajadores en una localidad de 16 mil habitantes. Según Martínez, si bien por períodos notan un incremento en el trabajo,  “las lesiones que han generado estos dos años y medio de políticas nefastas no se solucionan con meses continuos de producción que tampoco son a grandes volúmenes”.

“Están volviendo a aparecer los trabajos, pero en términos de las especulaciones. El tema es que acá nosotros tenemos un mes y medio de atraso en lo que son los retiros, los salarios, y la verdad que estamos muy enojados con la situación porque somos otra vez variable de ajuste. Estamos hablando de un millón de pesos en servicios”.

Consultado por la caracterización que realizan desde la cooperativa, Martínez aseguró que “esto es una cacería inaudita que no se ha visto nunca, un ataque a la producción nacional en el cual ya estamos tomando las medidas necesarias como para seguir saliendo a contestar cada vez con más fuerza, que es lo que está haciendo todo el país”.

“Por suerte hemos tenido una organización muy seria en términos de la seguridad del trabajo, de los profesionales, la escrituración de la fábrica y que cuando esta cacería pase, nos vamos a poder acomodar. Nosotros lo hemos definido como una cacería: han salido a cazar a la industria y a sus trabajadores”.

Afirmó que “todavía no nos reconocen como trabajadores plenos, estamos discutiendo, nos acercamos a las centrales obreras, pero hoy hay situaciones que no están contempladas dentro del cooperativismo, estamos muy contentos y orgullosos, pero la verdad que estamos bastantes desprotegidos como sector”.

“Necesitamos más contención, porque nosotros recuperamos fábricas en los últimos años pero no sé si recuperamos trabajadores. La verdad, yo hace 15 años que estoy en el monotributo y he visto a mis compañeros que recuperaron la fábrica conmigo y se han ido jubilando con la mínima. No son las condiciones por las que han trabajado 30/35 años… Estas cosas hay que contemplar”, aseguró.

Martínez explicó que “el sistema en el cual estamos todavía no es fuerte y tampoco lo han tomado como una agenda clave la legislatura, el ejecutivo e incluso el propio sector al cual pertenecemos. Entonces la verdad que sí, estamos enojados con la desidia de algunos dirigentes que no han empoderado a nadie y que todavía siguen viendo cómo pueden acomodar sus contratitos y sus bancas”.

“En estos dos años y medio de esta salvaje persecución a todos los trabajadores, no sólo a los de la autogestión, no han levantado el teléfono para ver cómo hacemos para pagar las facturas que pagamos. Si no lo pueden ver en una organización como la nuestra ¿a dónde quieren decir que vamos a volver? ¿Cómo vamos a volver? Hay mucho para discutir pero mientras sigan priorizándose los intereses personales por sobre los colectivos, la verdad que yo no le veo mucho sentido”, finalizó.

El economista Julio Gambina comentó que la salida de Luis Caputo del Banco Central responde a “diferencias de política monetaria y económica dentro del gabinete” y que parece haber ganado la pulseada Nicolás Dujovne al poner a su segundo al frente de la entidad monetaria.

“Tampoco sé qué quiere decir que va creciendo el poder de Dujovne”, dijo a FM De la Calle y agregó que “todavía no se informa el acuerdo con el Fondo Monetario y el presidente del Banco Central renuncia, no es una señal de fortaleza del gobierno Macri, digamos que es un momento de mucha turbulencia en medio de un inmenso paro general”.

“A nivel mundial esto se lee, hay un fortalecimiento de las organizaciones sindicales, sociales, con una movilización muy importante en el día de ayer no solo en Buenos Aires sino en varias ciudades y hoy paros con piquetes, es una situación de mucha incertidumbre en la política nacional”, declaró.

Gambina adelantó que “cualquiera de las cifras mencionadas -entre 20 y 3 mil millones de dólares extra- no alcanza para cubrir el déficit externo de la Argentina, con lo cual va a hacer falta reforzar, si no presta el Fondo Monetario habrá que ir a algún otro organismo internacional, seguramente se está negociando con algunos bancos”.

“Y el resultado es un gigantesco crecimiento de la deuda pública argentina. Ya el Presupuesto 2019 dice que el año que viene se van a pagar 600 mil millones de pesos en intereses que, para tener dimensión, es mayor que los 530 mil millones en salarios que va a pagar el Estado nacional: salarios de la educación, de la salud, de la seguridad, de la administración pública”.

El economista explicó que “el endeudamiento es una hipoteca gigantesca que destruye cualquier perspectiva de asegurar un equilibrio fiscal en Argentina porque, por mucho que alardean con el déficit fiscal 0, el déficit fiscal total -que incluye el financiero pagando intereses de la deuda- es gigantesco, son 3.2% del PBI”.

Al ser consultado sobre la legitimidad de la deuda y la obligatoriedad de su pago, a pesar de haber sido esta vez tomada por un gobierno democrático, Gambina afirmó que “según la Constitución la deuda la arregla el Parlamento” y eso no ocurrió.

“El acuerdo con los holdouts sí pasó por el Congreso, ahí tenés la complicidad no solo del gobierno sino de la oposición. El planteo de la izquierda solo tiene sentido en tanto y en cuanto se logre una mayoría política popular que rompa la hegemonía del partido de pago de la deuda que hay en el Parlamento y en la sociedad, es un problema político por excelencia”.

Para el economista cabría preguntarnos “por qué se tomó la deuda, cuáles son las comisiones, cuáles son los acuerdos con los bancos, por qué se canalizó de la forma que se canalizó, es más, cómo se dilapidaron los recursos en estos meses de corrida cambiaria”.

“Esas reservas internacionales, ¿por qué se usaron para ser depositadas en cuentas de especuladores y no se utilizaron para una pensar una política económica de carácter alternativo?”.

“Yo haría una consulta popular: el Banco Central gastó 15 mil millones de dólares en especulación, ¿estaría de acuerdo la población en que se utilizaran para el desarrollo de la agricultura familiar, de la economía comunitaria, la economía social, solidaria, cooperativa, de las empresas recuperadas, las pymes, en el estímulo y aliento a la producción local, de la economía regional, una política energética de soberanía?”, concluyó.

La ex diputada nacional Alcira Argumedo tuiteó luego de la renuncia del titular del Banco Central que “la Justicia debe impedir que Luis Caputo abandone el país”.

“Debe ser investigado por dólar futuro, negociados con el FGS, emisiones de deuda con sus antiguos bancos empleadores y su manejo del Banco Central dónde dilapidó miles de millones de dólares”, amplió.

Minutos después, en diálogo con FM De la Calle, recordó que el Financial Times realizó a fines de 2017 una encuesta mundial preguntando cuál había sido la operación financiera más delirante del año 2017 y “el 7% de los lectores votaron que había sido el bono a cien años al 8% anual -hay que ver que hay un gran escándalo porque subió la tasa de interés de EEUU al 3% anual-“.

“Al poco tiempo de esa operación aparecen los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panamá Papers, y ahí sale que el fondo de inversiones más beneficiado con el bono a cien años fue Noctua Partners, fundado por Luis Caputo y que a su vez le pertenece a través de una combinación de empresas tipo muñecas rusas”, agregó.

Argumedo afirmó que bancos como el JP Morgan, al cual presidió Caputo “hasta que entró a trabajar en la especulación finaciera”, con los fondos de inversión ganaron “miles de millones de pesos”. “Esto de que se fugan 50 mil millones de pesos, no! Van amanos de estos sectores”.

“Este caballero ha hecho negocios descomunales”, destacó la socióloga y mencionó la venta de acciones que pertenecían al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Los amigos presidenciales Joe Lewis y Marcelo Midlin compraron acciones de Petrobras Argentina “avalados, entre otros, por Caputo que estaba en el consejo directivo”.

Las adquirieron “a 10 dólares la acción con tal buena suerte que a la semana estaba 18 dólares la acción. Una ganancia de 80% en cinco días y una pérdida para la ANSES del 80% en este rubro y después dicen que hay una crisis. Esto no es una crisis, es un brutal saqueo por parte de los sectores especulativos”, concluyó.

Caputo fue reemplazado al frente del Banco Central por Guido Sandleris, ex funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal. Durante 2016, se desempeñó como subsecretario provincial de Finanzas.

Pablo Becher es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Sur. Además, es coordinador del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO) y miembro del Seminario de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad (SISMOS) de Mar del Plata.

Recientemente presentó en nuestra ciudad el libro “El Movimiento de Trabajadorxs Desocupadxs en Bahía Blanca: formas de organización y experiencias de lucha (1995-2003)”, producto de la labor para su tesis de magister en Sociología de la UNS. En diálogo con FM De la Calle amplió parte de su trabajo:

-¿Con qué características se empieza a conformar el movimiento de trabajadorxs desocupadxs en Bahía Blanca?

La aparición de los desocupados es un tema, desde mi punto de vista, crucial porque nos permite ver que la situación en Bahía Blanca no era de progreso y de alta actividad económica.

Es una situación -en los noventa- donde se percibe: por un lado, la enorme privatización de áreas públicas pero también de áreas privadas que comienzan a expulsar una gran cantidad de trabajadores. (…) Bahía Blanca va a presentar, a diferencia de otras ciudades de Buenos Aires pero también del país, una enorme tasa de desocupación. Estábamos hablando de casi un 36% de la población con problemas de empleo, donde habían fracasado en muchos casos, las llamadas indemnizaciones, las jubilaciones anticipadas, los retiros voluntarios… y toda esa situación que había sido pactada de alguna manera con los sindicatos, en este momento, empezaron a generar problemas que implicaron una gran masa de personas que no podían permanecer en su empleo. (…)

En el 2000/2001 hace su aparición un movimiento de desocupados que ya tenía su raigambre nacional, como el Polo Obrero, el MTL, la CCC. Son esos años donde comienzan a aparecer estas organizaciones que realizaban un trabajo territorial, sindical y político, y esto es importante aclararlo porque muchas veces se ha pensado en los movimientos de desocupados ocupando un espacio específico, el territorio y su relación específica con los planes sociales, pero en realidad no deben ser vistos de esa forma, sino desde la complejidad que implicó amalgamar lo político, la necesidad de las personas y generar lo que ellos llaman conciencia: una pelea permanente por generar conciencia y participación en las luchas colectivas. El 2001 también va a generar un movimiento de trabajadores estatales muy importante donde los docentes van a ser los protagonistas fundamentales. (…)

Con posterioridad al 2001, 2002, 2003 hay una organización importante del movimiento desocupado ya relacionado a nivel nacional que van a intentar realizar luchas colectivas, entre ellas diversos piquetes, vinculadas a empresas como el polo petroquímico para obtener empleo genuino. Fue un movimiento social muy heterogéneo, muy complejo donde vemos en muchos casos no solamente la visión de la alternancia de la militancia política, sino también la visión de la gente común, los sectores populares, de su cultura de organización que en muchos casos estaba vinculada con las luchas vecinales, barriales, y ahí me parece importante visibilizar eso: cómo el movimiento de desocupados y, en este caso distintas organizaciones, van a captar esas demandas para luchar no solamente por el eje transversal, en este caso el derecho del trabajo, sino también por mejoras circunstanciales en las condiciones de vida.

-Mencionas en tu libro la organización del acampe de casi tres meses en la Plaza Rivadavia y la presencia de la UTD, ¿qué características tenía esta organización y qué la diferenciaba de la otras?

La UTD es una organización que va a nacer específicamente en el barrio Maldonado y va a tener como referentes a distintos actores que tenían una militancia previa en el MAS, pero que de alguna forma por diferentes circunstancias, se habían alejado. Estas personas van a empezar a visibilizar esos bolsones de pobreza, las dificultades que tenían para poder obtener empleo y empiezan a organizarse lentamente en un pequeño programa que tenía ejes fundamentales en relación a obtener mejoras en las condiciones de vida y trabajo genuino, esas eran las dos cuestiones fundamentales desplegadas en múltiples puntos.

Van a empezar, por ejemplo, a participar en las bolsas de empleo que daba el municipio llevando volantes, van a ir a hablar con el MTA y le van a proponer poder hacer alguna actividad, se van a acercar a la gente de la CTA, van a ir a las actividades de San Cayetano (…) Aparecen entonces con fuerza y deciden frente a la negativa del gobierno de poder anotarlos en empleos que se estaban otorgando acampar hasta que se les de visibilidad, en ese acampe aparecen distintas organizaciones como el PC, el PCR, aparece la CTA… es decir la izquierda en este sentido va a acompañar, al igual que los medios alternativos a esa lucha, y eso es importante aclararlo, es decir no estaban solos.

Fue una cosa interesante porque amalgamó también la lucha de otros sectores que venían también en una situación de desocupación. Por ejemplo, en ese momento Aerolíneas aparece privatizado, aparecen los jubilados con muchos problemas en el PAMI, médicos que no estaban cobrando, la UTA con una reconversión en los colectivos, los boleteros directamente desaparecen, es decir, veíamos en ese momento una serie de cambios muy grandes que hacían que la inestabilidad fuera permanente. (…) Y la UTD va a tener en un primer momento una enorme cantidad de gente y luego se va a ir disolviendo. (…) Después va a aparecer más adelante en el 2000/2001 dando el espacio para que pudieran de alguna forma empezar a organizarse en Bahía Blanca en Lucha.

-¿Qué vínculos y continuidades podés hacer entre lo que contás en el libro y lo que lees en los diarios hoy?

En primer lugar, a mí me parece que el enfoque sobre la desocupación muchas veces aparece poco problematizado; aparece como un flagelo, como una anormalidad y en realidad es una normalidad del sistema capitalista. El problema es cómo nosotros logramos de alguna forma generar un cambio ante esa situación permanente. La desocupación es algo que de alguna forma se presenta como algo cíclico y en esta mirada tenemos que tener en cuenta que cada vez más la población sobrante va a aumentando, cada vez más los desocupados se van convirtiendo en un elemento que además es sostenido por el propio capital, para bajar salario, poner techo, permitir que no haya un mejor empleo, etc.

Hoy en la Argentina hay un millón y medio de desocupados y en Bahía Blanca las cifras nos están dando un 8 y un 10% de desocupación de tasa abierta, no quiero imaginar la subocupación, es decir, el empleo precarizado que también se sostiene.

Es decir que estamos viviendo un problema de desocupación permanente y estas organizaciones nos invitaron a reflexionar acerca de cómo los sujetos se organizan para poder generar alternativas al capitalismo. No siempre son alternativas socialistas, sino que a veces son alternativas para acomodarse de mejor manera a este sistema. (…)

-Esos movimientos se plantearon también como alternativas a los partidos tradicionales. ¿Cuánto ha favorecido al movimiento piquetero el desarrollo de la conciencia de clase, la necesidad de formación ideológica? ¿Cuánto hay de autocrítica en el movimiento?

Creo que vas a un punto importante… que es de qué forma los sectores populares junto con la militancia de izquierda, contestataria, etcétera, permite construir una contrahegemonía, es decir, de qué forma podemos construir una nueva hegemonía que tenga nuevas prácticas sociales en los sectores populares y eso es una dificultad que las organizaciones de desocupados vivieron permanentemente. (…) Por supuesto que esto es una construcción en permanente estado de discusión y debate.

La semana pasada se realizó una audiencia pública para avalar un nuevo tarifazo del gas. El concejal del PJ-Cumplir Ezequiel Gimeno, el ex director de la OMIC  Matías Italiano y el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino analizaron la propuesta de incremento en FM De la Calle.

 “Se están solicitando dos incrementos: uno es la tarifa, que ya fue revisada en abril, sufrió un incremento del 40, y que ahora se pidió un incremento del 30%; por lo tanto, la tarifa en este año va a subir un 70%, contra un 25% que subieron los salarios en el mejor de los casos. Y la otra cosa que se está reclamando es una readecuación de los precios de la tarifa de gas cobrada en valor pesos a los usuarios pero que se paga a los proveedores en dólares”.

“En abril se determinó que el valor del dólar por cada peso era de $20,35 en virtud de la salvaje devaluación, el dólar hoy está en $40, por lo tanto, esa diferencia de casi $20 Camuzzi nos las va a cobrar a los usuarios.  Acá va a haber un doble impacto: uno por el solo hecho de la devaluación y otro por el incremento de la tarifa que se revisa semestralmente”, aseveró el concejal del PJ-Cumplir, Ezequiel Gimeno.

El Director del Instituto Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados y expositor en la audiencia en carácter de usuario, Matías Italiano, afirmó que “las mismas distribuidoras en esta audiencia pública plantearon que ellos pretenden un incremento que rozaría un 200%, pese a  que está circulando que el gobierno no autorizaría un incremento mayor al 30%, igual sigue siendo un porcentaje alto”.

Italiano además aseguró que en lo que va de la gestión de Cambiemos el aumento total del servicio se ha acumulado un aumento del 1500%. “Tenemos que aclarar que el gobierno apunta para el 2019 terminar con todos los subsidios en materia de servicio de gas. Lamentablemente todo esto se traslada a los usuarios. Es un gobierno que ha generado nuevos pobres”.

Héctor Polino, fundador y representante de Consumidores Libres, se refirió al impacto que puede tener el aumento de las tarifas en el sector productivo planteando que  esto modifica las estructuras de costos a las industrias que producen artículos, a los comercios que los venden y se trasladándose a los precios. “Si los salarios no aumentan en la misma proporción, lo que va a continuar es el deterioro de la calidad de vida y del poder de compra de millones de argentinos. Todas estas son exigencias del fondo”.

“Esta política del acuerdo con el Fondo Monetario ya fue ensayada en otras oportunidades y todas terminaron muy mal, porque el Fondo exige a cambio de una ‘ayuda’  mayor reducción del gasto público y eso significa menores recursos destinados a la producción y al crédito a la pequeña y mediana empresa, menor ayuda social  y mayores  impuestos. Todas estas son medidas que tienden a acentuar el proceso recesivo que ya está viviendo el país. Hoy no se sabe cuál es el precio del dólar, el gobierno está destinando recursos genuinos del Estado Nacional para frenar las escaladas que se produjeron en las últimas horas y aún así  el dólar ya alcanzado los $40, de modo que estamos en una situación muy complicada”, enfatizó Polino.

Consumidores Libres y otros 23 organismos de defensa al consumidor decidieron el viernes 31 de agosto, días previos a la audiencia, presentar una nota en el ENARGAS solicitando la suspensión de la misma. Según contó Polino a FM De la Calle fue por dos razones, “una  porque hasta el viernes al mediodía no estaban las propuestas de las empresas entonces, ¿qué íbamos a discutir? Y otra porque ¿vamos a discutir un nuevo aumento en medio de este desbarajuste económico que vive el país sin saber dónde va a anclar el dólar?”. Consumidores Libres decidió no asistir “para no avalar esa audiencia y tener posibilidades luego de hacer un cuestionamiento al Poder Judicial”.

“De acuerdo a la matriz energética argentina el 65% de generación de energía eléctrica se realiza en usinas térmicas cuyo principal insumo es el gas natural, de modo que si aumentamos las tarifas del gas natural estamos aumentando el costo de la energía eléctrica también, no sólo por la quita parcial del subsidio, no sólo por la devaluación del peso, sino también por el aumento en las tarifas del gas natural. Las empresas pueden pedir lo que se les antoje, porque en definitiva son empresas capitalistas. Ahora cuando el Estado privatiza y las coloca en manos del sector lucrativo el Estado tiene que regular y las ganancias tienen que ser razonables”.

Sacar crédito para pagar las tarifas

Polino comentó que “la empresa Fenosa, que es la que distribuye la energía eléctrica en determinados partidos del Gran Buenos Aires, hace dos meses cuando envió los sobres a los usuarios con la facturación correspondiente estaba la publicidad de una empresa financiera Credifácil que le ofrecía a los usuarios créditos de hasta $20.000 para pagar esa factura de gas. Además, decía que si iban a la oficina de la financiera a sacar el crédito en esa misma oficina podían pagar la factura de gas. A raíz de la denuncia que hice el ENARGAS prohibió que se vuelva a repetir esa modalidad. Es la primera vez que se ha visto en toda la historia de nuestro país”.

Consulta popular

Polino es referente de Unidad Popular, organización que va a llevar adelante en los próximos días una consulta popular para que el Congreso de la Nación debate el acuerdo con el FMI.

Se colocarán mesas para juntar firmas y luego habrá concentraciones en distintos puntos del país, ya que según el dirigente político “estamos en un mal camino y las políticas tanto de Martínez De Hoz, las de Cavallo y las que se están llevando actualmente, siempre terminaron mal”.

“Están provocando un daño social enorme, de modo que espero que el gobierno reaccione, porque si mantiene su política a rajatabla los sectores populares en algún momento no van a poder tener dinero suficiente para comprar las cuestiones más elementales para tener una vida digna y cuando se inicie la protesta social, que ya ha comenzado en algunos lugares, se sabe como comienza pero nadie sabe cómo termina”, finalizó.

(Por Mauro Llaneza) Profesionales de la Universidad de Buenos Aires recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

“Estos metales pesados sobrepasaron ampliamente los niveles de concentración permitido por el Código Alimentario Argentino”. Así lo advierte una pericia recibida por el juez Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, en el marco de la causa “Schroeder”.

La investigación impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

Según el estudio, “al menos en un grado de probabilidad muy elevado”, la concentración de metales pesados en los peces analizados se debe a la actividad de las empresas del polo petroquímico.

La “constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies”.

La pericia fue realizada a pedido de la Fiscalía Federal por las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica y por el ing. agrónomo Gustavo Mozeris de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Utilizaron las muestras producidas durante los allanamientos a las empresas del polo, 28 informes preexistentes “de fuerte relación y relevancia” y, principalmente, el producido en el marco de la causa ‘Meninato, Rolando, PBB Polisur y otros s/inf. Ley 24.051′” que tramita en el fuero federal.

Peces tóxicos

La presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

Especies como la corvina rubia, langostinos, mejillones, camarones y ostras evidenciaron la presencia de ambos metales “en valores que superan 10 y 40 veces respectivamente lo permitido por normativa nacional e internacional para el consumo humano”.

“La gravedad de esta situación determina que sea necesario abordar un monitoreo permanente de la fauna marina del estuario, con un diseño muestral que permita entender la dinámica de la contaminación con metales pesados en el estuario de Bahía Blanca”.

El documento manifiesta la alteración del ecosistema marino local destacando “las altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

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Esto afecta el desarrollo y crecimiento normal de las especies presentes en la ría y en la totalidad de la cadena trófica, desbalanceando el nicho que ocupa cada especie en este ecosistema.

“Debería asimismo encontrarse una relación directa entre esta pérdida de biodiversidad por bioacumulación de metales pesados y los parásitos que forman parte de esta cadena en comparación con sistemas por fuera de los límites de la ía de Bahía Blanca”, afirma.

Los pocos ejemplares enteros evaluados impidieron estudiar otros indicadores de la contaminación y que estarían asociadas a la presencia de metales pesados e hidrocarburos.

ABSA “está provocando un daño casi irreversible”

Respecto a ABSA, la pericia advierte que “los valores DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), fenoles y sólidos sedimentales del sistema cloacal” exceden los límites permitidos, por lo cual, deben tomarse medidas urgentes de saneamiento “ya que el vuelco de 84 millones de litros por día está provocando un daño casi irreversible”.

“La permanente transformación operada en el área del puerto de Ingeniero White en los último treinta años ha dado lugar a un cambio morfológico del paisaje y, consecuentemente, a la transformación de mecanismos y procesos naturales que tienen en su sistema hidrológico”.

La dificultad para descontaminar la ría se evidencia en la “imposibilidad” de “realizar una actividad productivo-comercial como la pesca artesanal”, por “la salida de actividad de gran cantidad de pescadores”, “la baja de la actividad económica de agentes relacionados” con la pesca y “la baja disponibilidad de especies de calidad comercial y su imposibilidad de consumo”.

Por otra parte, ante los niveles de DQO que superan “ampliamente” lo permitido para agua de mar abierto, el análisis sugiere evaluar globalmente a “las empresas que tienen autorización” para arrojar vertidos en proximidades del Sitio 18-19 a la salida del colector de ABSA y la posible existencia de otras que lo hagan de manera clandestina.

Controles en la mira

La prueba que tiene en sus manos el juez López Cóppola y su par federal, plantea una “duda razonable” sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos provinciales.

Llama la atención la presencia de metales pesados en vertidos de las industrias en las márgenes de la ría –“aunque todos ellos dentro de los niveles guía permitidos”- frente al nivel de metales pesados hallados en todas las especies analizadas.

“Se plantea el concepto de la ‘duda razonable’ ya que si evaluamos el conjunto de vertidos a la ría de empresas del Polo Petroquímico este sistema aporta un total de entre 11 y 18 millones de litros de efluentes por día, sumándose a esto lo volcado por el sistema cloacal que suma 84 millones de litros por día”.

Contra las leyes

El documento de la FAUBA explica que existen tres factores que deben asegurarse como mínimo para el logro de “una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable de una región”.

  • Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
  • Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
  • Y asegurar la conservación de la diversidad biológica.

Todos los ítems están contemplados por la Ley General del Ambiente Nº25.675.

El dictamen es lapidario: “Ninguno de estos puntos está siendo asegurado con la intervención antrópica que existe en la actualidad en la Ría de Bahía Blanca”.

Por otra parte, existe “incompatibilidad” con la Ley provincial de Pesca Nº11.477 (prohíbe arrojar al agua sustancias nocivas para la biología marina- y mediante los vuelcos se viola la Ley de Residuos Peligrosos Nº24.051.

Por un estuario vivible

Los profesionales de UBA proponen generar un “marco de  convivencia con visión sistémica del problema” ante la “complejidad que significa mantener un equilibrio entre las actividades económicas, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente que apuntan a generar situaciones viables, vivibles y equitativas”.

Para ello y frente la “gravedad de los resultados obtenidos”, proponen:

  • Utilizar nuevas tecnologías como los caudalímetros con dosificación dinámica de efluentes líquidos sin la intervención de la mano del hombre, ya utilizados en otras industrias.
  • El monitoreo constante de contenido de metales pesados en peces con una metodología validada por los organismos de control y aplicada al ecosistema marítimo de la ría.
  • Y la evaluación permanente de sedimentos del estuario.

Ismael Ramínez, niño qom de 13 años, fue asesinado por la policía chaqueña cuando un grupo de jóvenes pedía mercadería en un supermercado del Barrio Obrero de Roque Sáenz Peña. Otro pibe fue herido en el ojo y 19 personas fueron detenidas.

Rolando Núñez, integrante del Centro Mandela D.D.H.H., explicó a FM De la Calle que “evidentemente hubo una concentración, principalmente, de personas jóvenes frente al mercado de Impulso en un barrio de la ciudad de Sáenz Peña, que es la segunda ciudad por población, del Chaco”.

“El saqueo no se produjo, no ve en los vídeos que nadie salga con mercaderías, bolsos, ni tampoco con elementos del supermercado. Sí evidentemente intentaron ingresar, cuando se tensó la situación se escucharon disparos y allí es cuando recibe el disparo Ismael Ramírez, que es un adolescente de 13 años que recibió un tiro en el tórax, debajo de la tetilla. Este joven es qom y del Barrio Obrero, un barrio un pobre, casi no tuvo chances de sobrevida porque el disparo fue mortal”, comentó.

Nuñez aseguró que “hay personal de policía en Sáenz Peña, está incluso el jefe allí, tengo entendido que va a hacer una conferencia de prensa, y veremos cómo avanza eso. Sáenz Peña es compleja, tiene barrios indígenas numerosos”.

“Veremos cómo manejan esto, en la base de todo esto está la falta de comida, de chicos sin proyecto de vida, son muy jóvenes, está el alcohol, la droga. Un montón de conflictos que, lamentablemente, van conspirando contra la convivencia más armónica. No veo al gobierno con la respuesta necesaria, tanto en el plano policial como en el plano social, que es una herramienta necesaria”, manifestó.

Para el dirigente esta situación se puede asociar “fundamentalmente a la inequidad social, a la falta de acceso al sistema educativo, a un sistema sanitario que no da respuesta y un sistema de seguridad social muy debilitado producto de todos los actos corrupción  que se produjeron en los últimos tiempos”.

“Tenemos un desequilibrio primario que es lo que sale de comparar ingresos con gastos. Hemos tenido un mayor déficit financiero que, por el sistema de endeudamiento público que tomó en dólares la provincia del Chaco se redujo. Todo eso apuntó a cumplir con los puntos del pacto fiscal que firmaron varios gobernadores de provincias argentinas con el actual gobierno pero desfinanciaron las políticas sociales y, por eso, todo está paralizado en esta provincia”, aseguró.

Núñez concluyó: “El sábado a la noche en Resistencia, lo de anoche en Sáenz Peña y la tensión labrada que existe en este momento yo la asocio a la mala gestión del gobierno provincial y, de alguna manera, potenciado por las malas políticas económicas y sociales que viene diseñando el gobierno nacional con una inflación galopante, que hace casi imposible que las familias puedan comprar comida. El problema es social, es de pobreza y de falta de comida”.