La Fiscalía Federal informó que fueron negativos los resultados de los allanamientos realizados ayer en la Subestación Policía Comunal de Mayor Buratovich en busca de elementos que pudieran contener registros biométricos de Facundo Castro Astudillo.

Del operativo, llevado adelante por la Policía Federal, participaron los canes K9 y, a pedido de la querella, el adiestrador Marcos Herrero y su perro Yatel.

Los allanamientos incluyeron el puesto de vigilancia de Teniente Origone y el domicilio del policía Alberto González, con el fin de secuestrar los libros de guardia y la libreta original con las anotaciones correspondientes al 30 de abril.

Se requirió, además, que la Subestación Policía Comunal Mayor Buratovich y la Patrulla Rural aporten los registros de la totalidad de los móviles operativos y no operativos, identificables y no identificables, asignados a esas dependencias el día de la desaparición.

La Fiscalía trasladó a la jueza Gabriela Marrón el pedido de la querella para que se secuestre el celular del testigo Jorge Agustín Galarza, un policía cuyo testimonio fue interrumpido para que no se autoincrimine. La familia de Facundo sostiene que Galarza “forma parte del plan de encubrimiento y seguramente ha recibido instrucciones de distintos policías, para la continuidad del estado de desaparición de Facundo”.

La querella recusó esta semana al fiscal Santiago Ulpiano Martínez y reclamó el apartamiento de la Policía Federal.

Información oficial de la Fiscalía

Se requirió al Gabinete Científico de la Policía Federal Argentina que adelantara un informe preliminar con las conclusiones arribadas de la pericia practicada sobre los Libros de Guardia que fueron secuestrados en la Comisaría de Mayor Buratovich. Al respecto, se informó que la foja 128, correspondiente a anotaciones consignadas el 30/4/20, presentaba un borrado con líquido corrector, modificando la palabra “polad” por “cores”, comprobándose que no existían faltantes de hojas ni se advertía la presencia de maniobra adulteradora alguna que permitiera suponer la existencia de alteración de su contenido. Las conclusiones se notificaron a las partes querellantes.

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La delegación local de Policía Federal Argentina presentó el informe confeccionado sobre el análisis del contenido de los CDs que resguardaban información extraída de la línea telefónica de la ex pareja de Facundo.

Se requirió a la División de Tecnología Aplicada de la Policía Federal Argentina que elaborara un análisis de los informes recibidos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) en relación a los datos del teléfono celular de Astudillo Castro, aportados por la compañía Claro, con las conclusiones a las que que arribare respecto de los últimos movimientos o impactos visualizados desde el teléfono (mensajes de texto, tráfico de datos, llamadas entrantes y salientes, etc.). También se les solicitó que extrajera información del correo de Gmail de Facundo, aplicando la tecnología adecuada. En relación a esta última medida, el perito de la Sección Obtención de Evidencia Digital de la Policía Federal Argentina intentó ingresar con los datos aportados a la cuenta que fuera suministrada como perteneciente a Facundo Astudillo Castro, arrojando la medida resultado negativo debido a que las credenciales no eran válidas.

La Policía Federal Argentina remitió las actuaciones labradas que dan cuenta de las labores de extracción de información practicadas con la tecnología UFED en relación a los cuatro dispositivos móviles secuestrados. Los soportes magnéticos fueron enviados a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas y Personal de Investigación de Homicidios para su análisis.

Declaraciones testimoniales

Sin perjuicio de que se continuará con la celebración de audiencias, se designaron nuevas fechas para recibirles declaración testimonial a otras personas, en tanto pueden ser de interés para precisar los eventos que fueron relatados en el transcurso de la investigación. Ello de conformidad con lo sugerido por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).

Otras medidas

  • Se recibieron actuaciones labradas por la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina, relacionadas con las tareas encomendadas. Arrojaron resultado negativo. Por su parte, la Prefectura Naval Argentina también envió las actuaciones labradas respecto a la pesquisa en la zona conocida como “Paraje El Guanaco”, con igual resultado.
  • La División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas remitió el informe del análisis del móvil 23360.
  • Se requirió a Interpol que insertara una Notificación Amarilla respecto de Facundo Astudillo Castro.
  • Al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se le pidió que aportara los informes de AVL (localización) correspondientes a los móviles operativos y no operativos, identificables y no identificables, asignados a la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich y a la Patrulla Rural con incidencia en esa misma localidad, a la fecha del 30 de abril y en la franja horaria comprendida entre las 15 y las 16 horas.
  • Se solicitó al Sistema de Atención Telefónica de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires la remisión de los audios de llamados a la línea 911
  • Por su parte, Google Inc. informó que pudo preservar registros de una cuenta de Gmail asociada a la línea usada por la víctima, por lo cual la Fiscalía solicitó al Juzgado que libre un nuevo oficio a la compañía, requiriendo la entrega voluntaria de la información de suscriptor asociada a aquella.
  • Se recibió la contestación del oficio librado a la Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda, en la que se hizo saber que el joven no consta en su sistema informático como asociado.
  • De conformidad con los Principios Rectores Para la Búsqueda de Personas Desaparecidas -en particular el Principio 13- aprobados por el Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada, y tal como se precisó desde el inicio, el Ministerio Público Fiscal orienta la investigación tanto a establecer o corroborar la hipótesis delictual incriminada por el artículo 142 ter del Código Penal, que castiga la desaparición forzada de personas, como a la exhaustiva búsqueda de Facundo Astudillo Castro.

Este jueves y viernes desde las 9 continuarán las declaraciones testimoniales del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A. Las audiencias serán en Colón 80, sin presencia de público y con transmisión en vivo por el canal de youtube de la UNS y por juiciobahiablanca.wordpress.com.

El debate comenzó en marzo y fue suspendido por el aislamiento obligatorio. El 3 de julio se reanudó con la presentación de José Luis Santagada, Daniel Esquivel, Juan Díaz y Marta Bustos.

Les ex militantes comunistas y peronistas bahienses relataron la presencia impune y criminal de la banda paraestatal que respondía al diputado nacional y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y al interventor de la UNS, Remus Tetu. Aquí se reseñan sus testimonios. Sigue leyendo →

Foto: UNS.

La madre de Facundo Castro Astudillo recusó al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. “El principal desaparecedor de personas es el Estado. Pero no solo por los policías que activamente entiendo han participado de la desaparición en el instante de su ilegítima detención, sino además a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía”, sostuvo Cristina Castro.

El documento cuestiona que el funcionario aún no asumió su competencia y que la producción de prueba más relevante en cuanto a la hipótesis de la desaparición forzada fue impulsada por la querella. La Fiscalía motivó “aquellas medidas inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas”.

La querella recordó los antecedentes del fiscal en el entorpecimiento de causas de lesa humanidad, el filtrado de información judicial y detalló cómo la Bonaerense coló a la testigo que -nunca- dijo haber traído a Facundo a Bahía.

Castro y sus abogados relatan a la jueza cómo desde el inicio de la denuncia en el fuero federal, Martínez, a pesar de tener a su disposición a la Policía Federal, sugirió involucrar al superintendente de la Región Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Aldo Caminada.

“Manifestar tomar contacto con la regional de la fuerza sospechada, es a todas luces un acto de flagrante irregularidad, denegatoria de toda razonabilidad y legalidad” frente a una denuncia por desaparición forzada de personas en mano de la fuerza bonaerense. Luego, el fiscal ordenó “algunas medidas de prueba inconducentes y ‘livianas'”.

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Como ejemplo, menciona: “No ordenar la constitución de fuerzas federales en Villarino, debiendo la madre con uno de los letrados tener que confrontar con la fuerza bonaerense en un basurero junto a unos presuntos huesos humanos, mandar a notificar de audiencia a testigos reservados con un móvil policial y efectivos uniformados en un pequeño pueblo y en pleno centro a las 23 horas, citarlos a declarar en una delegación municipal frente a la plaza central del pueblo, permitir y no advertir que miembros de la policía bonaerense con conexidad directa a la red de encubrimiento que se está desmantelando fueron los que llevaron a un testimonio absolutamente mendaz y desajustado de toda verdad”.

Otro de los reclamos de la familia de Facundo desoído por Martínez fue el acceso a los libros de guardia y personal de la Subcomisaría de Mayor Buratovich, los cuales estuvieron “cerrados en un sobre por más de doce días” y sobre los cuales se informaba que estaban siendo procesados “cuando todavía no habían sido siquiera abiertos”.

Por la ventana

“La mayor obscenidad procesal” que denunció la querella al pedir el apartamiento del fiscal es la introducción en la causa de la testigo que días atrás habría asegurado haber acercado a Facundo hacia Bahía Blanca luego de la segunda detención en cercanías de Buratovich.

Si bien las filtraciones periodísticas afirmaban que era una declaración aportada por la Policía Federal y que se trataba de una testigo de identidad reservada, se advirtió una “maniobra” de la Bonaerense para meterla “por la ventana”.

En la causa consta que “el Policía Cristian Arias García, reporta un despacho preventivo de fecha 13 de Julio de 2020 emitido por la Estación de Policial Comunal Villarino 2º de Pedro Luro” dando cuenta que la mujer domiciliada en Buratovich “habría sido la persona la cual a bordo de un vehículo Renault Duster Oroch, no proporcionando datos mayores, habría trasladado” a Facundo hasta Bahía Blanca y “quien no se habría presentado a prestar testimonio en sede judicial y/o policial por temor”.

García reporta que se comunicó telefónicamente con la testigo, quien le manifestó “que con frecuencia suele levantar a personas que ‘hacen dedo’ en la ruta y las traslada desde la zona por donde circula más habitualmente… informó que “NO PUEDE PRECISAR QUE “HAYA LEVANTADO A ESE CHICO”, no obstante lo cual, el día 27 de Abril próximo pasado, había levantado EN LA GARITA DE MAYOR BURATOVICH, un muchacho morocho, flaco, pero un poco más alto de la estatura de la persona que buscamos, creía que media cerca de 1,70 metros y también que se trataba de una persona de más de 30 años. De esta persona no recuerda mayor descripción, salvo que le comentó que trabajaba en el campo. Recuerda que lo dejó en un parador al costado de la ruta 3 … que pidiendo precisiones acerca de la fecha en que habría acercado a esta persona, ratificó recordar que fue el día 27 de Abril, dado que recuerda haber realizado el viaje de Buratovich a Bahía Blanca, porque tenía un turno médico en el centro de rehabilitación IREL. Que en reiteradas oportunidades, la interlocutora ratifica no poder precisar si la persona a que se refería se trataba de Facundo Astudillo Castro”.

La recusación destaca, además, un mail enviado por la Comisaría Comunal de Villarino el 13 de julio, el cual fue ingresado a la Fiscalía a las 9:37 del día siguiente.

El mismo informa que “18:40 se apersona en el despacho de la Subestación comunal de Mayor Buratovich Sgto. Leg. 191762 Siomara Flores y Of. Pol. Leg. 488412 Mario Gabriel Sosa, refiriendo SOSA, que instantes antes, en su domicilio se apersonó un sujeto masculino no identificado ni conocido por él, quien le manifestó que por intermedio de N.N. Villegas (obrero albañil (…)) tomó conocimiento que la señora (…) habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca y quien no se habría presentado a brindar testimonio en sede judicial y/o policial por temor”.

Sosa participó de la primera detención de Facundo cuando junto a Jana Curruhica lo infraccionaron por violar la cuarentena. Flores es quien con “flagrantes inconstancias, incongruencias y contradicciones, indicó haber trasladado en un vehículo particular a Facundo, en circunstancias en las que, según tres testigos, era abordado por dos masculinos en un patrullero de la Policía Bonaerense”. Cabe destacar que dicha fuerza provincial fue apartada de la investigación el 8 de julio.

En cuanto a la difusión de la declaración en La Brújula y en redes sociales, “cuando eso no estaba registrado ni siquiera en el sistema podemos decir lo siguiente. O el Fiscal, o el secretario, o los policías que trasladaron al testigo que pidió reserva de identidad, violaron esa reserva divulgando o filtrando datos”.

“No nos quedan dudas de la maniobra encubridora y por sobre todo el gran impacto mediático que el sr. Sasso se encargó de divulgar a todos los medios nacionales, casualmente (o ya no tanto) un día antes que declaren los tres testigos en los que se sostiene la hipótesis de la querella”, afirmó la querella.

Antecedentes

El pedido de recusación adjunta la nota que Diego Martínez publicó en Página/12 en la cual detalla la intervención de Santiago Martínez como juez subrogante en el armado de una causa contra el secretario judicial Álvaro Coleffi por filtración de escuchas de una investigación sobre narcotráfico que fueron difundidas por La Brújula.

El denunciado asumió durante algunos meses investigaciones por crímenes de lesa humanidad y avanzó contra el ex dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y otros civiles del Poder Judicial y la Iglesia Católica quienes habían gozado de la impunidad que Martínez les garantizaba.

Coleffi fue absuelto y expulsado de la justicia.

Martínez fue nombrado fiscal federal por el gobierno de Mauricio Macri.

La Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca emitió un comunicado para informar las medidas de investigación llevadas a cabo con el objetivo de dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años, oriundo de Pedro Luro, que se encuentra desaparecido desde el 30 de abril pasado.

Declaraciones testimoniales

El martes 14 de julio se tomó declaración testimonial a una mujer en la sede de la fiscalía. En virtud de la gravedad de la conducta investigada, la magnitud mediática que ha tomado el caso y dado que la testigo solicitó que se preservara su identidad, se ordenó reservar la declaración formulada e incorporar la información aportada.

En función de la información brindada por la testigo, se encomendó a las fuerzas de seguridad que ampliaran las tareas investigativas en la zona de General Cerri, localidad situada 10 kilómetros al oeste de Bahía blanca, con el objetivo de verificar los dichos de la declarante u obtener cualquier otro dato que pueda resultar de interés para el avance de la causa.

En tanto, en el marco de las tareas de colaboración solicitadas por la fiscalía, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), en conjunto con la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina, recibió declaración a distintos testigos durante el curso de la pasada semana.

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Las declaraciones fueron receptadas por vía remota, a través de la plataforma Zoom, y contaron con la participación de integrantes de la fiscalía y representantes de la querella.

Al igual que en el caso de la testigo que declaró el 14 de julio y con el fin de resguardar a las personas que aportaron información, se reservaron las declaraciones y se agregó al expediente la información aportada.

Asimismo, se pusieron en conocimiento de los declarantes las previsiones del Programa Nacional de Protección a Testigos (Ley 25.764) y se le dio intervención a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, para lo cual se requirió a ese organismo que efectuara las notificaciones y el acompañamiento psicológico, en caso de que lo solicitaran los testigos.

La fiscalía prevé continuar con la recepción de otros testimonios en el transcurso de los próximos días.

Peritajes de vehículos

El miércoles 15 de julio se llevaron a cabo los peritajes ordenados sobre el vehículo Chevrolet Corsa Classic, dominio FYK 677, y el móvil policial Toyota Hilux, orden 22.788, dominio PQH 491, los cuales consistieron en la inspección ocular, el levantamiento de muestras físicas (rastros) y biológicas (ADN, manchas hemáticas, etc.), fotos y filmación.

Luego de recibir el informe junto a las muestras levantadas, se solicitó a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina que tomara muestras de ADN de la señora Cristina Castro Alaniz. El objeto de la medida es que la División Laboratorio Químico practique el correspondiente cotejo, tendiente a determinar si los rastros detectados pertenecen a Facundo Astudillo Castro. También se requirieron estudios complementarios que permitan precisar las conclusiones preliminares.

Por otro lado, la fiscalía ordenó al Gabinete Científico Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina la realización de un peritaje respecto de los teléfonos secuestrados, utilizando la tecnología UFED -dispositivo forense de extracción de datos-, y posteriormente un análisis del contenido de relevancia para la investigación.

También se solicitó a ese Gabinete Científico que practicara un peritaje sobre el Libro de Guardias secuestrado en la Comisaría de Mayor Buratovich. El objetivo del estudio es determinar si en las anotaciones correspondientes al 30 de abril pasado existían enmiendas, raspaduras, borrones, faltantes de hojas o cualquier otro tipo de señal que permitiera suponer que existió una alteración de su contenido.

Otras medidas y actividad de la fiscalía

  • Aunque con resultado negativo, durante las jornadas del 14, 15, 16 y 17 de julio se efectuaron rastrillajes. El primero de ellos se efectuó en la zona de Teniente Origone y en dirección a Mayor Buratovich, mientras que el segundo se enfocó mayormente en la zona de Mayor Buratovich en dirección a Pedro Luro. De acuerdo con la solicitud de la querella, se autorizó la participación de los canes entrenados por el señor Marcos Darío Herrero.
  • La Municipalidad de Villarino remitió un listado de la totalidad de vehículos que ingresaron el 30 de abril a ese distrito desde Bahía Blanca, como también los que egresaron del municipio en dirección a esa ciudad y los que ingresaron a Villarino tomados desde la lectora ubicada en Algarrobo.
  • La fiscalía requirió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeco) que efectuara consultas con las compañías telefónicas, que actualizara información oportunamente solicitada y que verificara con las empresas de telefonía móvil si se solicitaron líneas a nombre de Facundo Astudillo Castro.
  • Respecto a los llamados que las distintas fuerzas policiales reciben de la línea 911, relacionados con denuncias y/o informaciones sobre datos de interés para la investigación, se ordenó que las comunicaran vía correo electrónico a la fiscalía interviniente y a la Delegación Bahía Blanca de la Policía Federal Argentina.
  • La Dirección Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria aportó la nómina del personal que se encontraba cumpliendo funciones el 30 de abril pasado en el Puesto de Control denominado Km 714 (Ruta Nacional 3) de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica del Senasa.
  • Prefectura Naval Argentina remitió actuaciones sobre las tareas realizadas en el centro de Salud Municipal “Leonor Natali de Capelli” de Ingeniero White, Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”, Hospital Regional Español, Hospital Privado “D. Raúl Matera”, Hospital de la Asociación Médica Bahía Blanca “Dr. Felipe Glasman”, Hospital Privado del Sur, Hospital Italiano Regional del Sur, Hospital Militar Bahía Blanca, Morgue de la Policía Científica Bahía Blanca y Hospital Interzonal “Dr. José Penna”, como así también en distintos barrios de Bahía Blanca, a fin de dar con el paradero de Facundo. Todas las tareas arrojaron resultado negativo.
  • Las empresas Facebook y Google LLC remitieron los informes solicitados.
  • A raíz de nuevos testimonios aportados a la causa, la fiscalía solicitó a la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina y a Prefectura de Zona Mar Argentino Norte la realización de tareas de campo en Puerto Madryn, con el fin de determinar si Facundo Astudillo Castro se encuentra o fue visto en ese lugar.
  • La División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina presentó un informe con datos obtenidos de la compulsa efectuada sobre tres DVD que contienen los resultados sobre el equipo celular utilizado por Daiana González (ex pareja de Facundo). Como dato relevante, surgió el usuario y la contraseña de la casilla de Gmail que utilizaba Astudillo Castro, por lo que se requirió a la jueza federal que autorizara el ingreso a la cuenta, a lo cual la magistrada hizo lugar.
  • Asimismo, esa división de la Policía Federal Argentina presentó un informe sobre los móviles policiales 22360 y 22788, efectuado sobre el análisis del material oportunamente aportado donde constan los registros de AVL (de localización) de esos vehículos.
  • Se recibieron informes de las empresas Telecom, IPLAN, Movistar, Claro y Telefónica.
  • La fiscalía solicitó a la Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda que informara si se han efectuado, en cualquiera de sus sucursales del país, compras utilizando el número de asociado perteneciente a Facundo José Astudillo Castro.
  • Se requirió al Sistema Federal Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación que informara si existe la posibilidad de ofrecer una recompensa a quienes aporten datos de relevancia en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro.
  • La Fiscalía dictaminó sobre el pedido formulado a la jueza interviniente por la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, sobre la petición de acción urgente y medidas de protección relativas a este caso, dirigida por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Se continúa con los rastrillajes localizados y con las intensas tareas de campo tendientes a dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro con la colaboración de la totalidad de las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cristina Castro pidió este fin de semana a la ministra de Seguridad de la Nación que aparte a la Policía Federal y al fiscal Santiago Ulpiano Martínez de la investigación por la desaparición forzada de su hijo Facundo. “Estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”, afirmó.

Su abogado, Leandro Aparicio, dijo luego de la ronda de cinco testigos del viernes: “Estamos en condiciones de sostener jurídicamente, más allá de la creencia que siempre tuvo Cristina, que Facundo Astudillo Castro fue desaparecido por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Exigimos al presidente Alberto Fernández la aparición con vida de Facundo”.

Castro se dirigió a la ministra Sabina Frederic desde sus redes sociales y denunció que “desde el día lunes estoy sufriendo noticias falsas que salen del expediente que supuestamente está reservado”.

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Destacó que “si quiere cumplir con lo que le exige la ONU traiga a Bahía Blanca gente de su confianza y desplace a la Policía Federal y al fiscal Ulpiano Martínez, quienes deberían estar investigando y no lo están haciendo señores. Por favor, basta ya, basta!”.

“Investigan hipótesis contrarias a las que sostenemos nosotros y, en realidad, informan a ciertos medios que se enteran de todas las pericias antes que nosotros, la familia, la querella, no tiene que ser así. Estoy cansada de decir que esos medios tiene la información antes que la madre”.

“A los fiscales, acá en el sur, se les ha olvidado lo que es el secreto de sumario. Se filtra la información. Esto no puede seguir, estoy cansada de luchar contra un sistema corrupto”, afirmó.

Por su parte, en una nota a Página/12, el presidente Alberto Fernández afirmó que le “preocupa” el caso de Facundo y que “le han encomendado a la Policía Federal la investigación y he hablado con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic para que ponga todo el empeño en tratar de descubrir lo que pasó. Quiero que se esclarezca. Además estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos para hacer una ley contra la Violencia Institucional, en la que se tipifique claramente el delito de violencia institucional”.

Continúan las audiencias testimoniales en el marco de la búsqueda de Facundo Castro Astudillo. Ayer se presentaron tres testigos de identidad reservada que ratificaron ante el fiscal y las querellas haber visto cómo dos efectivos de la Bonaerense subían al joven a un patrullero.

Si bien la familia tiene identificados a dos policías, esperan acceder en los próximos días a la copia del libro de guardia de la Subestación Policial de Mayor Buratovich para confirmarlo y pedir su captura.

Ni el fiscal Santiago Ulpiano Martínez ni la jueza federal Gabriela Marrón brindan información oficial desde el lunes.

Margarita Jarque participa en la causa como directora del equipo de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. En diálogo con FM De la Calle afirmó: “No creemos que contribuya una exagerada sobreinterpretación de la información que manejan los medios, esto no tiene que ver con la libertad de expresión ni con el deber de informar”.

¿Qué se puede conocer de las declaraciones?

En principio siempre aclarar que se trata probablemente del delito más sensible del Código Penal que es la desaparición forzada de personas. Así lo han entendido la justicia provincial y la federal y así se está investigando. Por eso adherimos a la necesidad de cierta reserva.

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Son muy contundentes los dichos respecto de lo que ya ha circulado sobre la presencia de ese móvil (Ndr: un patrullero en el cuál se habrían encontrados manchas de sangre). Expectantes con el cúmulo de prueba que se ha requerido para seguir avanzando en la investigación.

¿Son testimonios que tienen que ver con la presencia del patrullero al cual habrían subido a Facundo entre Buratovich y Origone?

Es la constatación de la última vez que ha sido visto Facundo, al menos, en términos seriamente constatados en la causa.

¿Son solo esos o alguno como la mujer que apareció diciendo que lo trajo hasta Bahía Blanca?

Son testimonios de identidad reservada y no nos explayamos.

¿La CPM va en línea con la hipótesis que maneja la querella de la familia?

Sí, manejamos la hipótesis de que hasta ahora lo último que hay en la causa son estas declaraciones, que son muy contundentes y, por otra parte, lo que anteriormente está constatado en la causa: el traslado por parte de una policía en su auto particular en un tramo, el retén en la salida de Luro. Todo eso que habla de una presencia policial. De allí en adelante entendemos que tiene que continuar la investigación, se han disparado una cantidad de alertas y pedidos de prueba y entendemos que en lo que se tiene que concentrar la investigación, y un poco el rastrillaje tiene que ver con eso, es qué sucede después con Facundo. Lo que importa es una investigación rápida y profunda.

¿De los rastrillajes algo que puedan destacar?

No, no que tengamos conocimiento.

¿Qué hay de las versiones mediáticas que dan cuenta que el AVL del patrullero donde estaba el policía González coincide con su testimonio?

No hemos examinado profundamente eso, si eso se constata sí. Por eso insisto en que es desde allí en adelante donde hay que centrar la investigación. Es una prueba muy importante.

Otro punto que trascendió es el de las antenas de telefonía, que se habrían activado algunas aquí en Bahía Blanca. ¿Qué quiere decir?

Es un análisis que tienen que hacer especialistas, para eso hay que conocer cuál es el alcance de las antenas. No creemos que contribuya una exagerada sobreinterpretación de la información que manejan los medios, esto no tiene que ver con la libertad de expresión ni con el deber de informar. Hay responsabilidades seguramente, se está tratando de establecer qué pasó con Facundo y, en ese sentido, muchas de esas conclusiones son apresuradas. Son cuestiones que requieren conocimiento científico.

Una versión de Infobae habla de algunas pruebas que se habían encontraron en el registro del segundo patrullero y el Corsa de la policía Flores. ¿Tienen información?

Tampoco hemos visto eso en la causa todavía. La jornada recién está empezando, tenemos audiencias y no lo puedo ampliar. Sí tengo el conocimiento mediático y ahora estaba ingresando a tomar conocimiento.

¿La causa está en secreto de sumario?

La causa tiene un trámite reservado por el tipo de delito que se trata, entendemos que es algo importante porque las trascendencias mediáticas lo que hacen es generar confusión, porque de constatarse determinadas circunstancias u otras hipótesis que pudieran surgir siempre es necesario pensar las responsabilidades.

¿No hay un relajo de parte de la Fiscalía o es habitual ver esta filtración?

Hay muchas personas que intervienen, muchas fuerzas auxiliares, es muy difícil establecer de dónde se emana la información tan rápidamente. Sí hemos planteado la preocupación desde la querella particular como nosotros ante la Fiscalía. Entendemos que hay que tomar recaudos pero quizás sea difícil determinar.

¿Marcos Herrero participa de los rastrillajes?

Sí, está habilitado formalmente. Tengo entendido que hoy continúan los rastrillajes y entiendo que sería en este tramo.

¿Cómo evaluás el funcionamiento de otros organismos del Estado en al investigación?

En este momento la PROCUVIN, entendemos que está haciendo un aporte importante. Los primeros informes de telefonía y los que habrían sido agregados ayer en la causa son cuestiones que nos hablan de cierto compromiso. Todo esto está atravesado por el contexto de pandemia y eso retrasa la actividad.

Lo importante es que se vaya avanzando en la investigación y en caso de que no sea así lo vamos a estar exponiendo. Esperando para hoy y este fin de semana contar con un cuadro más completo. Todo eso está en elaboración, la prueba que señalamos como importante, que es la prueba científica. Las especulaciones tienen que ser constatadas. Cuando preguntabas por esta testigo siempre lo importante es constatar la veracidad de esos dichos y cruzar con otros datos y eso es lo que estamos impulsando.

La jueza Gabriela Marrón aceptó al Municipio como amicus curiae en la causa federal que investiga la destrucción de la pesca artesanal y la contaminación del estuario. El próximo lunes habrá una audiencia virtual para analizar un posible convenio ambiental que prevea el tratamiento de aguas cloacales para uso industrial.

El intendente Héctor Gay sostuvo que “se trata de decidir sobre una cuestión que excede el mero interés de las partes”. Cabe destacar que si bien la Municipalidad integra el grupo de organismos y empresas denunciadas como responsables de la contaminación, formalmente las acusaciones recaen sobre los funcionarios. En este caso, en 2011 se apuntó al subsecretario de Gestión Ambiental, Eduardo Conghos.

Una pericia de la Facultad de Agronomía de la UBA probó científicamente la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

La Cámara de Apelaciones dispuso hace un año la formulación de «un plan concreto» para «diagramar inversiones futuras y asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente».

Palenque donde rascarse

El pedido para intervenir como amicus curiae lo hizo el intendente junto a la asesora letrada Karina Mahon el 24 de junio. Al otro día, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez dictaminó a su favor y dio paso a la resolución de Marrón.

La jueza destacó que “no puede desconocerse el interés que el Municipio —en su carácter de organismo ejecutivo máximo del partido de Bahía Blanca— posee en la resolución de las presentes actuaciones, ni la especificidad de las tareas desarrolladas por el Comité Técnico Ejecutivo que se desempaña bajo su órbita”.

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“En especial, teniendo en cuenta las particularidades de la metodología adoptada en el marco de este incidente de medida cautelar para intentar arribar a una solución sustentable con las distintas empresas involucradas, que estimo debiera tener un impacto relevante para el resguardo del derecho constitucional colectivo a gozar de un medio ambiente sano”.

De esta manera, la comuna y el CTE pondrán “a disposición su expertisse con el propósito de participar de manera activa en los diferentes aspectos y etapas de toma de decisión que conllevará el plan de gestión ambiental oportunamente ordenado por la Cámara Federal”.

“Daño ambiental grave e irreversible”

«Parecería que el incremento de empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que arrojan sus vertidos en la Ría, sumado a los efluentes volcados por ABSA, han provocado una amenaza cierta de un posible daño ambiental grave e irreversible, tornando necesaria la implementación de medidas para atender al problema», afirmó la Cámara en 2019.

En aquel fallo de junio del año pasado se ordenó a la Fiscalía coordinar una mesa de abordaje que debía presentar un plan en un plazo de 90 días. La convocatoria debía incluir a las empresas denunciadas, a los pescadores artesanales, a la Municipalidad, al Consorcio del Puerto, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, a la Autoridad del Agua y a los organismos especializados que hayan intervenido en la causa.

La Cámara requirió «un plan de concreción de los medios necesarios para incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de efluentes y/o instrumentar sistemas de ‘aguas regeneradas’, con el consiguiente plan de inversiones al efecto, en un plazo razonable».

También, “reformular la normativa aplicable que establece los parámetros de vuelcos de efluentes en la zona en cuestión, teniendo en cuenta la particular morfología del estuario y la cantidad de empresas radicadas en el polo industrial”.

El pedido incluyó el refuerzo de “los mecanismos de control de vertidos a la aplicación; y cualquier otra vía que contribuya a la disminución de efluentes contaminantes en el estuario bahiense».

Mientras el adiestrador de perros de la Policía de Río Negro, Marcos Herrero, esperaba el aval de la Fiscalía para sumarse a la búsqueda de Facundo Castro a pedido de la familia, explicó a FM De la Calle cómo será el procedimiento para la identificación de rastros del joven.

“Tengo que tener una ropa de él para que los perros trabajen, tengo que hacerle un tratamiento especial a esa ropa para que los perros tomen información en su olfato y cerebro”, comentó.

Herrero agregó que “la clave está en trabajar sobre los vehículos porque hay un informe de la Policía Bonaerense de que Facundo nunca estuvo dentro de un móvil policial. Ya está el requerimiento de los vehículos para que el perro pueda trabajar en un ámbito cerrado donde estén precintados y adecuadamente resguardados estos vehículos y que yo pueda darle la toma de olor, con total autonomía”.

“El perro va a tener que pasar vehículo por vehículo y va detectar mínimos umbrales de olor de Facundo, si estuvo o no en un vehículo. A partir de ahí se puede abrir el precinto y el perro ingresará dentro del vehículo y tendrá una marcación más activa. En este caso el perro ladra, gime o rasca si hay la mínima esencia de Facundo”.

El adiestrador argumentó que trabaja en una técnica que “puede abrir la puerta para saber el tiempo o el estado en cuanto presente o pasado, de dónde está la persona”.

Si bien se sostiene que “la esencia de los olores de un humano no dura en el tiempo, estamos hablando que cada uno de nosotros estamos formados por células. Se estima que escamamos por segundo algo de 250 mil células, hablamos de 30 mil bacterias que tienen la información de nuestro cuerpo, nuestro medioambiente, cómo nos alimentamos y cómo están nuestras emociones”.

“Las bacterias son inmortales y se adaptan al sistema biológico donde viven. Las bacterias de Facundo van a quedar en el medioambiente. Primero en el vehículo. Después, mas difícilmente en el medio rural, pero va a quedar otra información en todos los seres vivos, plantas, árboles, hierbas y acá hay que actuar con los perros”.

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“Van a trabajar sobre manchas de sangre, flujos o secreciones de personas. Como así también en la identificación de rastros de una persona”. Se trata de Duke, una de las hijas del fallecido Alcón y otro perro nuevo.

Para el rastrillaje comenzado ayer fue convocada también la Brigada K9 de Bomberos Voluntarios de Punta Alta. “Mi metodología es diferente y es acá donde puedo marcar una diferencia y poder enhebrar la última puntada de un ovillo de hilo de dónde está Facundo”.

“Si bien están haciendo un excelente trabajo, estamos jugando a gato y ratón porque no tenemos punto de partida. El último retén sería el punto para salir, lo otro es como que estamos discriminado diferentes puntos”, finalizó.

El abogado de la familia de Facundo Castro, Leandro Aparicio, afirmó a FM De la Calle que todavía no pudo acceder al testimonio de una mujer que declaró ayer ante el fiscal. La versión publicada por algunos medios sostienen que la testigo dijo que levantó al joven desaparecido cerca de Origone y lo trajo en dirección a Bahía Blanca.

“Acabo de hablar con la prosecretaria de la Fiscalía federal, a las 8 fui a hablar con el secretario del fiscal y le pedí que me diera el testimonio, que me están llamando de todos lados, me dicen ‘no, todavía lo cargamos’ . Acabo de llamar y me amenazaron que me van a infraccionar porque se los estoy pidiendo. ¿Qué quieren, que se lo vaya a pedir a los periodistas? ¿Cómo sale el testimonio de acá?”, se preguntó.

Agregó que ante una nueva declaración “corresponde que llamen a la querella. Somos víctimas, estuvimos ayer a la mañana, ¿qué le costaba al fiscal llamarnos? Estamos denunciando al Estado, ¿cuál es el impedimento?”.

Respecto a la hipótesis supuestamente planteada por la mujer, mencionó: “No tengo ni idea a dónde dice que lo llevó, no tengo ni idea quién es porque no me llamó el fiscal. No sé por qué un pseudo periodista dice estaría declarando o dice lo que está declarando. ¿Cómo alguien después de 75 días cae? Lo que tengo es tres testigos que me dicen que lo ven a Facundo subiendo a un móvil a las 15:30”.

Otra de las pruebas solicitadas ayer y a las cuales la familia de Facundo aun no pudo acceder es el libro de guardia de la Subestación de la Policía de Buratovich para confirmar los nombres de los efectivos que estaban en el patrullero al que subieron a Facundo.

“Se secuestra un libro de guardia, lo tenés guardado y lo tenés que peritar. ¿Qué querés peritar? Abrílo y lee a ver quién carajo estaba ese día”, exigió Aparicio.

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“Yo no tengo garantías con un periodista y un medio, que tiene vinculación directa con la justicia provincial, federal y la policía, maneja información que no maneja la querella, que está anticipando medidas de prueba porque alguien se las está diciendo. ¿Qué garantía puedo tener de la eficiencia y reserva de las actuaciones?”, sostuvo en referencia a La Brújula y Germán Sasso.

Finalmente, explicó que ante la negativa del fiscal Santiago Martínez fue la propia jueza Gabriela Marrón, quien habilitó la participación del adiestrador Marcos Herrero y sus canes. Trabajará en la zona del rastrillaje realizado por la Bonaerense el 19 de junio, los patrulleros y la sede policial de Buratovich.

Más de veinte organizaciones de mujeres, feministas, gremiales y políticas expresaron su “preocupación en relación a los intentos de cerrar la causa sobre la desaparición de Andrea Esnaola, trabajadora de la educación de Pehuen Co, quien salió de la escuela en horario laboral el 15 de julio de 2015 y nunca más se supo de ella”.

“Pedimos que la fiscala Leila Scavarda sea removida del caso, ya que demuestra su ineficiencia en la búsqueda de respuestas (pasaron 5 años, ya no cabe hablar de probabilidades) y su falta de perspectiva de género para poder llegar a saber que pasó con Andrea”, afirmaron.

La Fiscalía difundió ayer el informe que se publica más abajo. En tanto, la dra. Scavarda agregó a La Nueva Provincia: “No puede haber desaparición con fines criminales porque era una mujer de bajo perfil, no tenía dinero ni podía ser objeto de alguna situación sexual porque sus características físicas no daban para eso. Tampoco el lugar donde vivía ni el trabajo que tenía”.

Las organizaciones repudiaron las expresiones de la fiscala por “prejuiciosas en lo que a desapariciones se refiere, e inaceptablemente sexistas en relación a este caso”.

“Teniendo en cuenta que el lugar donde desapareció Andrea es una comunidad muy pequeña y donde es imposible que nadie sepa o haya visto nada, así también como las pericias hechas en el momento de su desaparición establecieron la improbabilidad del suicidio en el mar ya que de ser así su cuerpo hubiese aparecido no vamos a aceptar que dicha causa pueda quedar en el olvido, mucho menos usando argumentos que responsabilicen a la propia víctima de su desaparición”, sostuvieron.

Por otro lado, advirtieron: “No vamos a permitir que sigan culpando a las mujeres y niñas por las violencias recibidas, femicidios o desapariciones, en ninguna de sus formas, tampoco tratándolas de ‘enfermas’ o con ‘desórdenes’ psíquicos, en este caso desde el informe pericial de profesionales del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, intentando de esta formar deslindar responsabilidades ante la ineficacia judicial para dar respuestas sobre una desaparición”.

Por último, pidieron la intervención de una unidad fiscal especializada en violencia de género y la urgente aplicación de la Ley 27499 “Ley Micaela” con su correspondiente capacitación para todo el personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio Público Fiscal.

Comunicado oficial

⚖ Causa por Averiguarción de Paradero de María Andrea Esnaola

Desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N ° 12 a cargo de la Fiscal Leila Scavarda se informa que en el marco de la causa en el transcurso del año 2019, se dispuso que por intermedio de la Secretaria de Cooperación con los Poderes Constitucionales, Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación se proceda a realizar la autopsia psicológica de María Andrea Esnaola y ese informe fue recibido el 26 de Mayo de 2020.

La Autopsia Psicológica tiene como función ayudar a esclarecer los casos de muerte cuya etiología médico legal es dudosa (suicidio, homicidio o accidente), en los cuales ni el médico legista ni el investigador policial-judicial tienen suficientes elementos para decidir.

El procedimiento consiste en un proceso de recolección de datos del sujeto en análisis que permite reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del evento investigado. Se realiza un trabajo interdisciplinario entre médicos, autoridades judiciales, psiquiatras y psicólogos forenses. En el presente caso la autopsia psicológica se efectuó sobre la categoría de “persona desaparecida”, por ello se abocaron a construir el perfil psicológico de María Andrea Esnaola y establecieron su estado mental y condiciones de vida antes de su desaparición.

Se organizó la información obtenida a lo largo del proceso, ello en diferentes categorías. Dicha información consistió en siete cuerpos de expediente y anexos, donde se encuentra la información proveniente de declaraciones de testigos y allegados a la desaparecida, informes de resultados de rastillajes de la zona, pericias realizadas sobre lugares de allanamiento, análisis de material de celulares, etc.

Se consideraron varias hipótesis explicativas de la desaparición:

1️⃣.- DESAPARICION POR SUICIDIO
2️⃣.- DESAPARICION CON FINES CRIMINALES
3️⃣.- DESAPARICION VOLUNTARIA
4️⃣- DESAPARICION CON ACCIDENTE EVENTUAL

Del material analizado en los cuerpos del expediente, se pudo arribar a las siguientes conclusiones:

?️- MARIA ANDREA ESNAOLA, reunía una serie de condiciones de vulnerabilidad psíquica, tanto personales como sociales (trastorno de personalidad, enfermedad psiquiátrica, aislamiento social), por lo cual no contaba con los recursos necesarios para afrontar un conflicto percibido por ella como altamente estresante. En consecuencia la hipótesis de un suicidio impulsivo como fuga o escape es la que reúne mayor cantidad de elementos objetivables (declaraciones e información médica), volviéndose así de mayor probabilidad.

?️- Las restantes hipótesis carecen de elementos de peso al presente, es decir, con la información recabada por la investigación de las autoridades competentes.

No surgen datos positivos de las distintas pesquisas llevadas a cabo por el personal a cargo de la investigación que sustenten la hipótesis de una desaparición con fines criminales, como así tampoco se pudo localizar a la víctima o sus restos.

La investigación en torno a amigos y conocidos del matrimonio, de personas sospechosas de cometer un crimen contra la desparecida no condujo a resultados útiles a la causa. Tampoco dieron fruto los allanamientos realizados en distintos inmuebles ni se obtuvo información útil del registro de llamadas de su teléfono. Arrojaron resultado negativo los los rastrillajes efectuados en varios lugares.

Se hicieron recomendaciones de distintas diligencias a realizar para poder arribar a conclusiones más ajustadas, las que serán realizadas a la mayor brevedad posible en la medida de los recursos humanos y tecnológicos con los que contamos.

Foto: Canal Siete.

“Desde el primer día que puse un pie en Buratovich supe que mi hijo no estaba más con vida. Estoy buscando el cuerpo de mi hijo y que me lo devuelvan, lo he gritado desde el día uno, necesito que la Bonaerense me lo devuelva”, dijo la madre de Facundo, Cristina Castro.

Adelantó que por la tarde se conocerán los nombre de “los dos masculinos que subieron a un auto a mi hijo el 30 de abril, que no se han presentado a declarar. A mi hijo no lo han presentado en la comisaría, son dos personas que se han llevado a Facundo que pertenecen a la Bonaerense en un auto de la Bonaerense”.

Para ello, esperan el resultado de los BITE (GPS) de los patrulleros: “Ubicando el vehículo vamos a saber quiénes son esas dos personas, dos masculinos. Los quiero presos”.

La mujer reclamó además “la detención de todos los encubridores porque son tan desaparecedores como los dos que se lo llevaron. Necesito que venga ese señor (el adiestrador Marcos Herrero) porque estoy segura que va a poder encontrar el cuerpo de mi hijo. Confío más en los perros que en las personas”.

Hostigamiento policial en Villarino

“Yo creo que lo han confundido, o no les ha gustado la cara. Facu estuvo en Jóvenes y Memoria, hicieron con los chicos la primera revista de los desaparecidos de Villarino, fue a Chapadmalal para que estas cosas no pasen. Facu leía mucho sobre la violencia institucional, desapariciones”, recordó Castro.

“Entiendo hoy que Facu me quería decir auxilio cuando me decía ‘mamá no tenés una idea dónde estoy'”, dijo Cristina en referencia al último contacto telefónico con su hijo después del mediodía del 30 de abril.

¿Relacionas esa militancia o compromiso con un recelo de parte de la policía?

-Sí, sí. En su momento los chicos de Jóvenes y Memoria tuvieron mucho hostigamiento de policías, que los han trasladado de Villarino. Los chicos siendo menores los han golpeado, era un deleite de la Bonaerense parar el patrullero en la canchita, pegarle dos sopapos, pegarle dos patadas en el culo, decirle ‘ustedes son todos chorros, todos drogones’. Cada una de las mamás que estaban en El Semillero y en el grupo lo saben, así mismo como los chicos de la batucada.

Respecto al ministro de Seguridad Sergio Berni, Cristina apuntó: “El primer día que llegó me dijo ‘su hijo está con vida, se lo vamos a devolver’. Cuando Berni me llamó al otro día me dijo ‘si usted quiere que retire a la Bonaerense la retiro, si quiere que yo interfiera las comisarías voy a interferir’ pero no me volvió a repetir nunca más que mi hijo está con vida”.

Filtración de pruebas

“Hay dos medios de Bahía que tuvieron acceso a las pruebas antes que nosotros. En La Nueva y La Brújula está en color la foto (de su hijo detenido junto a un patrullero), cuando los abogados tenían todo en blanco y negro y en fotocopia, ¿cómo tuvieron acceso a la causa de mi hijo? ¿Cómo pueden tener inclusive hasta el carnet de conducir de mi hijo cuando yo no podía acceder?”, se preguntó.

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“Alguien de la Ayudantía se los dio, llevaba mucho tiempo pidiendo esa foto, a mí me la mostraron el día que hice la denuncia y después me dijeron que esta foto había desaparecido”, concluyó.

El abogado Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que “los desaparecedores por ahora son los dos que lo subieron (a Facundo) a la camioneta, la policía que viene de otro planeta y lo levanta y el otro policía. Esos cuatro, por ahora”.

Se refería así a la teniente Siomara Ayelén Flores, al teniente primero Alberto González y a otros dos que se encontraban en el patrullero y que podrían ser identificados con el resultado del seguimiento satelital del vehículo.

“Con lo que le pasó a Katherine Moscoso, que fueron 300 policías y plantaron un cuerpo, tengo todo el derecho de pensar que no sé qué es lo que está haciendo esta gente, no lo puedo controlar”, sostuvo en relación a los rastrillajes que realiza la Policía Federal.

Antes de ingresar a la sede de la Fiscalía: “Cristina quiere un perito que todavía no nos han otorgado. Venimos a ver qué hipótesis tienen porque nosotros tenemos una y queremos confirmarla con los medios de prueba que tiene la Fiscalía y no nos la dan en la medida en que queremos”.

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La querella pretende que el rastreo con canes esté a cargo del adiestrador Marcos Herrero, de destacada intervención en otras búsquedas. “Herrero se quiere sumar ayer”, afirmó Aparicio. Minutos antes, Cristina Castro aseguró que confía “más en los perros que en las personas”.

Fuerzas federales comienzan este martes rastrillajes en la zona de Teniente Origone hacia Bahía Blanca para buscar pruebas en el marco de la búsqueda de Facundo Castro Astudillo.

Participan canes del K9 y efectivos Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina. Las actividades tienen inicio en horas de la mañana y, en caso de no poderse concluir con ellas, continuarán el miércoles.

La fiscalización está a cargo del director de la Agencia Regional Federal Mar del Plata, secundado por el Jefe de Área II Mar del Plata, a cargo del oficial Jefe de la Delegación Bahía Blanca.

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La Superintendencia de Agencias y Delegaciones Federales – Agencia Regional Federal Mar del Plata – Área II Mar del Plata, envió personal y medios de las delegaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Dolores, Chascomús, Pinamar, Tandil, Olavarría y Necochea.

Profesionales de la Dirección general Fuerzas de Operaciones Especiales evaluaron “la cobertura necesaria para el correcto y efectivo cumplimiento del servicio”.

La madre de Facundo Castro reclamó que la justicia federal convoque al instructor canino Marcos Herrero para colaborar en un nuevo rastrillaje con canes en la zona donde desapareció su hijo el 30 de abril.

Herrero y su perro Duke fueron quienes encontraron en mayo de 2016 el cuerpo de Micaela Ortega quien fuera víctima de grooming seguido de femicidio.

Entre otros casos, participó en el rastreo de Araceli Fulles, del oficial Lucas Muñoz en Bariloche y el de Santiago Maldonado, donde Duke encontró en las aguas del río Chubut un collar negro con un colmillo de jabalí que tenía el nombre de Santiago.

“¿Esperaran que la madre salga a buscarlo como lo tuve que hacer yo? Queremos a Facundo ya! No se olviden que Duke y su entrenador fueron quienes encontraron el cuerpo de Mica y pruebas que a la Científica se les pasó por alto. No puedo respirar de solo pensar lo que está sufriendo esa madre, por favor, repliquen esta publicación hasta que Marcos y sus canes estén trabajando en el lugar correcto”, afirmó Mónica Cid.

Cristina Castro requirió la nueva prueba la semana pasada a la jueza federal Gabriela Marrón aunque aun no tuvo respuesta. Herrero es master trainer canino, especialista en rastro criminal y búsqueda de personas, restos humanos y animales mediante rastrillaje con canes – trabajo y técnica propia que permite resultados positivos en búsqueda sin límites temporales desde la desaparición.

La medida reclamada por la querella implica un rastrillaje con canes que “deberá realizarse en el Partido de Villarino, especialmente en los accesos a Mayor Buratovich, Teniente Origone, las dependencias policiales de ambas localidades, sobre automotores, accesorios, equipos, vestimentas y demás objetos y lugares que la propia dinámica de la prueba imponga dada la gravedad e inmediatez del caso que nos ocupa”.

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“Desde casa y casi sin voz les pido me ayuden con esto: necesito que en el rastrillaje esté presente Marcos Darío Herrero con sus perros. Yo lo pedí a la justicia y está dando vueltas y vueltas, quizás si todos pedimos a Marcos me escuchen. Yo confío en él y en sus perros, por favor me ayudan, llenemos las redes pidiendo a Marcos”, solicitó Cristina este mediodía desde su cuenta de Facebook.

En junio la Bonaerense asesinó a una persona cada 40 horas. Fueron 18 muertes, la mayoría de varones, jóvenes y pobres. La cifra está en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel.

En la madrugada del viernes, oficiales de la bonaerense persiguieron y fusilaron a Lucas Nahuel Verón (18) en Villa Scaso, La Matanza, el día de su cumpleaños. En la tarde de ayer falleció en Chascomús Raúl Dávila (22) víctima de un incendio en el calabozo de la comisaría local donde estaba detenido por resistencia a la autoridad.

Estos hechos que se conocieron en las últimas horas significan una alerta máxima sobre el accionar de la Policía Bonaerense, en un contexto en el que aún no hay noticias de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich y la misma fuerza policial acaba de ser apartada de la investigación por principal sospechosa.

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La Comisión por la Memoria, querellante en la causa Astudillo Castro en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene también en estos dos nuevos casos de violencia policial.

Lucás Verón

En la madrugada del viernes, Lucas Nahuel Verón, que estaba cumpliendo 18 años, fue con un amigo al maxikiosco del barrio en Villa Scaso, La Matanza a comprar gaseosas. Cuando regresaban en moto un patrullero comenzó a perseguirlos y dispararles. Una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Luego de protagonizar este caso de gatillo fácil, el móvil policial huyó del lugar.

La Comisión por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del hecho ayer por la mañana a través de la agrupación HIJOS La Matanza, con quienes desde hace tiempo articula políticas de derechos humanos en el territorio y llevan a cabo tareas de monitoreo sobre la intervención policial.

Inmediatamente la CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizó varias comunicaciones urgentes con la Fiscalía de Homicidios que interviene, la Fiscalía General de La Matanza y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Política Penitenciaria y Denuncias de la Procuración General.

La rápida intervención de los militantes de HIJOS La Matanza que se constituyeron en el lugar, tomaron contacto con la familia y buscaron testigos, permitió la resolución inmediata del hecho: los policías de la bonaerense Ezequiel Benítez y Cintia Duarte fueron detenidos por requerimiento de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza a cargo del Dr. Juan Pablo Tahtagian.

Por su parte, la CPM reclamó la inmediata aplicación de la Resolución 1390 de la Procuración General, y evitó de este modo que la policía tomara declaración a los testigos en sede policial, adonde habían sido trasladados con ese fin. La fiscalía avaló este procedimiento policial con la excusa de carecer de personal.

También el menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar. Luego del pedido de la CPM para que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa, se trasladó a los testigos y al joven a la fiscalía donde declararon sin la presencia de los efectivos. Allí describieron de manera precisa el asesinato policial. La autopsia será realizada por el Ministerio Público en Lomas de Zamora.

Por su parte, la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad decidió la desafectación preventiva de los agentes.

La detención de los agentes responsables del crimen y su desafectación, marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el poder judicial y la Auditoria, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no ha sido detenido sino que continúa en sus funciones.

Esto ocurrió en hechos graves producidos durante la cuarentena como el homicidio de dos jóvenes en San Nicolás, o las torturas de jóvenes en Punta Indio y Mar del Plata, entre otros. Preocupa que la falta de disposición de desafectaciones preventivas, en muchos casos, se expliquen desde la imposibilidad de tomar declaración a los policías afectados con motivo de la cuarentena.

Raúl Dávila

Mientras tanto, ayer por la tarde, se conoció una nueva muerte que apunta directamente a la responsabilidad de la policía bonaerense y la justicia provincial. Fue en la localidad de Chascomús. La víctima, Raúl Dávila de 22 años, había estado detenida en la comisaría desde el 27 de junio. En la noche del jueves, luego de un incendio en el calabozo donde se encontraba, Raúl fue trasladado al hospital municipal con el 50% de su cuerpo quemado. Falleció ayer por la tarde.

La policía bonaerense y la justicia deberán responder ante esta nueva muerte evitable. Raúl fue detenido luego de una discusión con el padre de su novia. El hombre llamó a la policía y cuando los agentes se hicieron presentes detuvieron al joven bajo la excusa de resistencia a la autoridad. Hasta el jueves permanecía detenido, por un hecho menor por el cual el fiscal pedía 3 meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado. La justicia no sólo rechazó su excarcelación sino que además dictó la prisión preventiva. Según la versión policial, al enterarse de esta decisión Raúl incendió el colchón del calabozo donde estaba alojado en señal de protesta.

Hoy se realizará la autopsia que estará a cargo del Ministerio Público de Lomas de Zamora y la fiscalía tomará declaraciones al resto de los detenidos. En la causa interviene el Juzgado de garantía N 5 de Dolores (descentralizado Chascomús), a cargo del Dr. Christian Sebastián Gasquet y la UFID 10 a cargo del Dr. Jonatan Robert.

Este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en Comisarías por delitos leves y plazos extensos – en el caso de Raúl Dávila fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 hs. El Estado es responsable por continuar con una política que ha sido fuertemente cuestionada por los organismos internacionales de derechos humanos. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares de protección sobre diversas comisarías bonaerenses. No obstante esto la situación no sólo no se modifica sino que se agrava.

Las muertes de Lucas y Raúl se producen en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Mayor Buratovich hace poco más de 70 días, y donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal.

Resulta imperioso que en estos y cada uno de los casos de asesinatos que involucren a agentes de la policía bonaerense, la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, que permita esclarecer cada uno de los crímenes, apartando a la fuerza policial de todo el proceso.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad bonaerense debe asumir la responsabilidad de esta política que, exaltando la centralización del mando policial y la gestión violenta de los territorios, provoca graves violaciones de derechos humanos. Es imperioso revertirla con urgencia, apartar a aquellos agentes sospechados de estos crímenes y garantizar la no repetición de estos hechos. No hacerlo, solo garantiza la impunidad y habilita este accionar.

Informe: Comisión Provincial por la Memoria

Con la consigna “Aparición con Vida YA” se realizó este sábado una movilización en Pedro Luro a 73 días de la desaparición forzada de Facundo Castro Astudillo. Su familia y amistades encabezaron el recorrido que denunció inacción y encubrimiento por parte de autoridades políticas y policiales.

“Desde el Municipio es desde donde tuvieron que haber dado las primeras explicaciones y no lo hicieron. A setenta y pico de días recién se comunicaron conmigo, no es justo lo que está pasando, no es justo lo que hace la policía, no es justo que se encubra, que los estén trasladando. Los quiero presos, no los quiero fuera de Villarino. Lo que le hicieron a Facundo no tiene nombre, ya casi los tenemos identificados, esto no va a quedar así”, dijo Cristina Castro ante la Delegación que responde al intendente Carlos Bevilacqua.

Frente a la sede policial la mamá de Facundo afirmó: “En este lugar empezó todo. Acá es donde me presenté buscando a mi hijo, no son todo iguales, no metamos a todos en la bolsa, muchos de acá me atenideron muy bien. Muchas de las cosas no han pasado acá, han pasado en Mayor Buratovich”.

“¿Para qué nos filman?”, preguntaban algunos manifestantes antes de empezar a gritar “vivo lo llevaron, vivo lo queremos”.

Uno de los hermanos de Facundo agregó que “el oficial Rodríguez, el oficial González, Flores, todo ese tarro de mierda, Navarrete, Curruhinca -no es casualidad que sean familia- no tengo miedo de decírselos: ustedes desaparecieron a mi hermano, es todo el grito de un pueblo. Todos estos oficiales son los que hicieron desaparecer a mi hermano y vamos a seguir. ¿Qué más nos pueden sacar?”.

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La marcha terminó en el punto de partida, la Plaza del Ferrocarril. Allí, Cristina Castro agradeció a quienes la acompañaron y dijo: “Hoy es por Facu. No tendrían que seguir desapareciendo chicos. Esta gente sigue mintiendo, sigue encubriéndose, recién en la comisaría vi pasar al señor Navarrete que tan bonito y tan prolijo está cubriendo a la madre de su hijo”.

“Vamos a seguir peleando y no vamos a bajar los brazos, como ellos ya saben, miedo no tenemos. Somos laburantes y los laburantes no tienen miedo. Me van a tener que entregar a Facundo esté donde esté, esté como esté”.

El próximo martes familiares de Facundo y sus abogados se reunirán con el fiscal Santiago Martínez para conocer detalles de la investigación de la desaparición forzada.

El mismo dia a las 10, la CTA Bahía Blanca realizará una conferencia de prensa frente a la Fiscalía Federal de Alsina 317 junto a Cristina Castro, Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

La jueza de Garantías Susana Calcinelli confirmó la declinación de competencia de la justicia ordinaria en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro tal como lo habían solicitado la familia y el fiscal Rodolfo De Lucía.

A partir de ahora la investigación queda centralizada en el Juzgado Federal N°2 a cargo de la dra. Gabriela Marrón, quien delegó la pesquisa en el fiscal Santiago Martínez.

El próximo lunes se peritará el móvil policial al cual fue subido Facundo el 30 de abril. Imágenes secuestradas en el allanamiento a la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich muestran a Facundo de espaldas a la cámara con un policía posando a su lado.

Calcinelli afirmó que de las declaraciones testimoniales “surge que previo a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, al menos dos efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires habrían interceptado en la ruta a quien resultaría la víctima”.

Destacó lo dicho por “testigos que lo vieron acercándose al móvil policial, el que se encontraba con la puerta abierta, señalando uno de ellos que vio cuando se subía al móvil. A ello se agrega que si bien tal intervención fue admitida por un funcionario policial, es dable advertir contradicciones entre las versión de este último y la de los testigos”.

En ese sentido, la jueza subrayó que “el miembro de la fuerza de seguridad no mencionó que se encontraba acompañado por otro efectivo, circunstancia afirmada por tres testigos”.

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“Si bien también han declarado testigos que afirman haber visto a Facundo en esta ciudad de Bahía Blanca, con posterioridad a las circunstancias narradas precedentemente, aquella intervención policial resulta suficiente, a mi juicio, para afirmar que corresponde sea investigada la hipótesis que permitiría el encuadre legal sostenido por las partes, al menos por el momento”, agregó.

Se refiere a la desaparición forzada de personas que reprime con pena de 10 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

Pericia al patrullero

El próximo lunes a las 9:30 se realizará la pericia al móvil Toyota Hilux RO 23360 secuestrado tras el allanamiento a la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich.

El análisis estará a cargo de la Policía Federal y constará del relevamiento ocular de la camioneta y el levantamiento de rastros y pruebas biológicas como ADN o manchas de sangre.

El fiscal Rodolfo De Lucía solicitó al Juzgado de Garantías la declinación de la competencia en la investigación sobre el paradero de Facundo Astudillo Castro. Lo hizo en favor de la causa que tramita la justicia federal ante la posible comisión del delito de desaparición forzada.

Ayer, el Juzgado Federal N°2 ordenó, entre otras medidas, el allanamiento de la subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich y el secuestro de documentación, vehículos y celulares de efectivos de la Bonaerense. Ya fuerza de seguridad provincial ya no interviene en el caso.

“Importa que el órgano jurisdiccional que la dispuso realizó una valoración de las constancias del expediente y concluyó que existen elementos objetivos que permiten afirmar la posible comisión del concreto delito que se investiga (desaparición forzada de persona) y motivos para presumir que en la dependencia policial de Mayor Buratovich existían objetos vinculados con el mismo”, planteó De Lucía a la jueza de Garantías Susana Calcinelli.

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El funcionario agregó que “resulta que existe identidad entre el objeto de la presente causa y el del expediente que tramita ante el fuero federal, es decir, la determinación de lo ocurrido a Facundo Astudillo Castro -lo que conlleva naturalmente la necesidad de adoptar múltiples diligencias investigativas para confirmar o descartar la hipótesis delictiva”.

“Solicito a S. S. que decline la competencia del Juzgado de Garantías a su cargo para intervenir en las presentes actuaciones y las remita al Juzgado Federal n.°2 de Bahía Blanca, órgano con competencia material para conocer en la mismas”, afirmó De Lucía.

Tuvo en cuenta “la gravedad de los hechos investigados de conformidad con la valoración que conllevan las medidas dispuestas en el fuero federal, a los fines de poner a disposición del fuero Federal con la mayor celeridad posible, lo actuado en la presente IPP y los efectos que obran secuestrados, en particular, los teléfonos celulares entregados por los efectivos de la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich, cuyo contenido puede resultar de especial importancia para el esclarecimiento del hecho”.

La presentación señala que conforme lo establecido por el art. 33 inc. e) del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde al fuero federal la competencia para conocer en el delito de desaparición forzada de persona previsto en el art. 142 ter del Código Penal.

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