Para comprender los delitos sexuales en los campos de concentración debemos saber que “la familia fue el pilar social y blanco privilegiado de la lucha contra la subversión”, afirmó la abogada querellante Mónica Fernández Avello durante su alegato en el juicio Armada Argentina – BNPB. La “reorganización” nacional genocida incluyó la revisión de la vida familiar “como uno de los pilares de continuidad de la existencia social y del mantenimiento de nuestros valores occidentales y cristianos”.
La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “satisfacción por la madurez y responsabilidad” del tribunal que interpretó la violencia sexual como crímenes de lesa humanidad y adhirió al pedido de ampliación de la imputación realizado por la Fiscalía contra la mayoría de los represores. Resaltó la palabra de las víctimas por “la enorme valentía y entereza” de recordar situaciones traumáticas, no solo ante el jurado sino -en muchos casos y por primera vez- ante sus propios familiares.
“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.
El lunes 28 y el martes 29 de septiembre desde las 8:30 completarán los alegatos de la querella Walter Larrea, en representación de la APDH, y César Sivo por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, Julieta Mira, Matías Russin y el Equipo Nizkor.
“La familia era considerada como forma natural de organización, sus rasgos característicos eran la sumisión a la autoridad paterna por parte del obediente resto -mujeres e hijos- y la vigilancia policial constante entre todos, pero de manera especial sobre los niños, niñas y jóvenes que tanto por cuestiones ideológicas como biológicas pueden alejarse del ideal familiar. Cada familia se convierte en un eslabón fundamental del desarrollo social propuesto por el gobierno militar, ejerce una tarea sanitaria, contiene posibles desbordes de algunos de sus miembros, controla y vigila el entorno”, explicó.
La abogada citó al ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, quien afirmó en junio de 1976: “Una advertencia, padres, madres e hijos, las ideas nefastas de la izquierda marxista atentan contra nuestras familias, nuestra bandera, nuestra patria y nuestra libertad, sepamos defenderlas”. Según la querellante, “las pocas veces que el discurso militar se orienta de modo especial hacia la mujer, lo hace para marcar su lugar dentro de la familia en el papel de ama de casa y esposa, pero por sobre todo como madre”.
“El discurso autoritario de la dictadura trabaja para ocultar y naturalizar ciertos fenómenos sociales, sobre todo los relacionados al rol de mujer dentro de la familia y la sociedad. De esta forma el sistema autoritario se experimenta como una intensificación del orden patriarcal que representa una interpretación sumamente tradicional de las divisiones genéricas. El rol definitivo de la mujer se relaciona a la maternidad y sus autosacrificios por el bien del futuro de la Nación, donde la esfera familiar refuerza los binarismos genéricos para preservar la moralidad social”, sostuvo.
Entonces, el núcleo del funcionamiento familiar que pretendía imponer la dictadura era “la mujer”, ella debía atender los trabajos domésticos y relegarse al espacio privado, al “hogar”. “Debido a esta visión tradicionalista de la mujer y su papel en la jerarquía sociopolítica, ella no debía asociase con lo político, el activismo político en la esfera pública llegó a ser conectado con la prostitución, lo cual es la representación máxima del ejemplo de la mujer mala y transgresora por no ser madre ni esposa”.
“La mujer militante que penetra esta esfera considerada pertenencia de los hombres se convierte en un monstruo, una aberración y una desviación de la regla natural. Activista equivale a mujer promiscua, la amenaza que ella representó tenía más que ver con la destrucción del patriarcado. Ya que este argumento no constituía una razón suficiente para atacar públicamente a la mujer políticamente comprometida, el gobierno militar tuvo que inventar un mito con el fin de justificar y legitimar sus acciones en contra de ellas”. Para aquellas que “desafiaron” el orden patriarcal causando “un innecesario caos en la sociedad” el Estado intervino para encerrarlas nuevamente en sus “hogares” o “eliminarlas para evitar la propagación de modelos peligrosos para la estabilidad familiar”.
“Esperaban pacientemente a que las mujeres que ya sabían que su destino era la muerte parieran para apropiarse de sus hijos, porque esas mujeres o esas familias no podían criar a esos hijos en los ideales de la familia occidental y cristiana”, manifestó la querellante y destacó que “la historia y la vida” demostraron su error, “no solamente porque las luchas emblemáticas por los derechos humanos las han realizado mujeres” sino que “esos niños y niñas apropiadas y criadas por apropiadores o no, conjuntamente con los que sobrevivieron a la muerte de sus padres, fundaron HIJOS que junto con Madres y Abuelas están a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos”.
Fernández Avello alegó que la violencia sexual “tenía un sesgo disciplinador ya que el sistema patriarcal promueve el aprendizaje social de propiedad del cuerpo de las mujeres por parte de los varones. Por lo que la violencia política sexualizada viene a reforzar ese aprendizaje. (…) Como lo expresa Carole Sheffield, la violencia contra las mujeres es poder expresado sexualmente”.
“La violencia hacia las mujeres en los centros clandestinos de detención tuvo un carácter rutinario y extendido desde que todas las víctimas refieren algunas de estas manifestaciones: manoseos, amenazas de violación, burlas y humillación de contenido sexual, desnudez forzada y expuesta, violación con acceso carnal, violaciones grupales, violaciones con objetos, servidumbre, mutilación, abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo, golpes y descargas eléctricas en genitales, etcétera”, describió.
La abogada expresó que “vivimos en una sociedad atravesada por la ideología del patriarcado que al decir de Judith Butler es el sistema social que se inscribe en la relación asimétrica entre los sexos y basada en la dominación y subordinación de las mujeres a los hombres. Y por supuesto las prácticas judiciales responden a ello e históricamente se han resistido a la investigación de estos delitos, lo que pone en evidencia -considerando que la mayoría de las víctimas son mujeres- a la discriminación por género que anida en las concepciones y prácticas judiciales desde siempre”.
Sin embargo, en el juicio Armada a partir de las declaraciones de las y los testigos, fiscales y jueces avanzaron en la posibilidad de juzgar los crímenes sexuales. “No se me escapa que tanto la Fiscalía como el Tribunal está compuesto por hombres, lo que pone de manifiesto que el sistema patriarcal es una ideología política que nada tiene que ver con los sexos y no les quede duda señores jueces que este es un reconocimiento que dignifica a las víctimas”.
“El abuso sexual a las mujeres formó parte del plan sistemático, generalizado y continuo. Y aunque no podemos afirmar que ha existido una orden expresa de violar o abusar de las detenidas, lo que sí existió fue una orden de aniquilar y eso involucró una cantidad impresionante de delitos que fueron organizados, ordenados, ejecutados, consentidos, alentados, propiciados desde el propio Estado”, denunció Fernández Avello.
Siguió: “Tampoco existió una orden expresa de robar, de dañar, de extorsionar, de saquear, de apropiarse de niños y niñas, cambiarle las identidades. Pero la historia nos indica que esos delitos se cometieron al igual que los abusos y violaciones sexuales que hemos escuchado denunciar a las víctimas y otros testigos. Quienes ejercían funciones de mando y dirección tenían un cabal conocimiento de todo lo que la maquinaria represiva producía, nada quedaba fuera de su previsión. Los mandos medios y altos sabían perfectamente cuál era el accionar de sus subordinados y los efectos que estos producían en las víctimas y en la sociedad porque formaban parte de la planificación”.
Sobre el final recordó el testimonio del ex colimba Aníbal Américo Agotborde, destinado a la guardia del Buque ARA 9 de Julio, quien “nos heló la sangre” al escucharlo denunciar el nacimiento de un bebé en el centro clandestino naval. “¿Saben lo terrible que es para la familia estar buscando un nieto, un hermano, un primo? Les recomiendo vean la escena final de la película La Historia Oficial donde el apropiador descubierto llega a su casa y le pregunta a su mujer dónde está su hija y la mujer le responde: ¿Viste que terrible que es no saber dónde está tu hija? Tal vez por un segundo puedan ponerse en el lugar de esta familia y decir lo que saben”, dijo a los genocidas.
Hace poco más de una hora los dueños de la firma PRIMA llegaron hasta las instalaciones de la empresa ubicada en Presbítero Biggio 1327 acompañados por fuerzas policiales.
Rubén Balsamello y Jorge Zan, los propietarios de la metalúrgica, ingresaron a la fábrica con el objeto de retirar documentación. La misma fue trasladada en móviles policiales. Además, están cambiando las cerraduras para evitar el ingreso de los trabajadores.
