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Contaminación en la ría: “El tema es cuánto consumimos”

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“Yo comería los peces”, dijo la subsecretaria de Gestión Ambiental, Adriana Chanampa, a Canal 7 ante la recomendación de prohibir la pesca y el consumo que realizaron expertos de la UBA. El dr. Horacio Romano advirtió que “un vaso de agua te puede quitar la sed y mil litros de agua te pueden ahogar, es una cuestión de proporciones”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico clínico a FM De la Calle.

El resultado de la pericia solicitada en el marco de las causas judiciales que pescadores artesanales impulsan contra las empresas del polo petroquímico, el Municipio, la Provincia de Buenos Aires, ABSA y el Consorcio de gestión del Puerto concluyó que la presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

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Romano explicó que “el saturnismo es una enfermedad que da la acumulación de plomo en el organismo. Tiene varias características, las puede haber agudas, alguien que se intoxica en la época cuando las pinturas tenían plomo o los linotipistas que trabajaban en las imprentas se intoxicaban con esto de manera aguda o crónica”.

“Y están aquellos problemas para la salud, fundamentalmente en niños, que da la acumulación de pequeñas cantidades de plomo a lo lago del tiempo. Lo que da es retardo mental, dificultades para el aprendizaje, una serie de cuestiones neurológicas severísimas, muchas veces no detectadas, la mayor parte de las veces sin un cuadro claro y sin cifras adecuadas”.

Agregó que “la intoxicación por plomo de todos los habitantes que rodean al Riachuelo, de todos los chicos, es altísima. Por lo cual, trastornos neurológicos y de aprendizaje pero también trastornos óseos, en el crecimiento, etcétera”.

En cuanto al impacto en la ría local, Romano destacó que “no solamente está impactada sino que tiene efectos sobre la biota, sobre los seres vivos, muy importantes. El párrafo este nombra lo bioacumulable. Una cosa es medir como se mide hasta ahora, cuánto plomo o metales pesados -cadmio, cobre y demás- hay en el agua, cuánto puede haber en el barro, pero también cuánto hay en los organismos vivos”.

“Son metales pesados, por lo tanto, en general van al fondo. Estos son comidos por bichitos chiquititos, después por pecesitos más grandes y, por último, en la cadena trófica, el pez más grande y después el hombre. En cada caso se acumula. Multiplicadas por 10, empezás con 1 y terminás con 1000”.

“El cadmio en el riñón del hombre se concentra por 10 mil, 1 se traforma en 10 mil. Con lo cual, si en el agua detectás poco y nada pero llegás a comer ese tipo de peces con ese nivel de plomo y lo comés seguido, indudablemente podés tener consecuencias graves. El tema es con qué frecuencia te alimentás de eso, si comés un pez por año probablemente no te pase nada y si lo comés dos veces por día sí tengas consecuencias graves”, dijo el médico.

Romano destacó que el problema no es solamente en la ría: “Para mí el tema que incluso trasciende es el aire, porque este plomo y este cadmio también está en la tierra hasta 30 kilómetros de Bahía Blanca. Esto dicho por informes del CONICET y del propio CTE. Hay tierra contaminada en distintos lugares de Bahía hasta 40 kilómetros, a la altura de Cabildo, donde uno puede encontrar plomo y cadmio. Con lo cual, una de las cuestiones es la capacidad que tiene, por ejemplo el cadmio, de ir por el aire, no solamente por el agua”.

/por

“Todo lo que fue denunciado ahora se comprueba”

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El abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría comentó en FM De la Calle el resultado de la pericia sobre la contaminación del estuario y afirmó que “lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso ahora se comprueba”.

Advirtió además que las conclusiones con la indicación de prohibir inmediatamente la pesca y consumo de peces y, en mediano plazo, el vertidos de metales pesados a las industrias no solo lo tiene la justicia sino también el Municipio y las autoridades provinciales.

“Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, todos tenemos la causa, tanto actores como demandados. Yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada”, dijo Beier.

–Hay resultados que no son sorpresivos porque lo vienen planteando ante la justicia desde el comienzo de la causa.

Lamentablemente no nos sorprende, lo que sí nos sorprende es lo contundente de las conclusiones y los niveles que dio, los resultados. Sabíamos que existía contaminación. Ésta causa ambiental lo que trata de proteger es el medio ambiente y nosotros lo que denunciamos era que existía contaminación que afectaba a la biología, pero por lo visto era mucho más grave. Y además de afectar a la biología del estuario, también está poniendo en riesgo la salud pública lo que genera que exista un peligro de enfermarse o hasta de morir en caso de consumir peces del estuario.

-Destacan los profesionales que las especies evaluadas no son aptas para consumo humano. Incluso hablan de los riesgos en algunas enfermedades puntuales, algunos tipos de cáncer, y de niveles que superan entre 10 y 40 veces lo permitido. Hay toda una discusión en torno a lo permitido en cuanto a valores vertidos a la ría y lo que realmente afecta a la salud, ¿no?

Sí, hay una discusión en tanto en lo que es lo permitido en los vertidos y qué es lo permitido en lo que uno consume. Voy primero por los vertidos: lo que se aplica en Bahía es la Resolución 366 de la Autoridad del Agua del 2006, que se aplica a toda la provincia de Buenos Aires. Es tanto según si fuera mar abierto, si arroja al sistema cloacal o a agua superficial. Acá se aplica a agua superficial, el tema es que no se ha hecho un estudio del impacto que se ha producido en el estuario y si esa reglamentación es aplicable al estuario.

Nosotros dirigimos que no. La ley provincial de Pesca directamente en el artículo 13 prohíbe arrojar sustancias nocivas al ambiente acuático donde se explota las actividades de la pesca. Una ley tiene mayor jerarquía que una reglamentación. La ley lo prohíbe y la reglamentación lo permite hasta cierto punto, ese siempre fue un motivo de discusión. Evidentemente se demuestra con estos resultados que pese al cumplimiento, más allá de que según los informes del CTE hay un porcentaje bastante elevado de incumplimiento a esa reglamentación, pero aunque estuviesen cumpliendo, la bioacumulación de los peces ha sido de tal magnitud que torna peligroso consumir cualquier tipo de especie. Y además del peligro para la salud lo que hay que destacar es cómo ha afectado a la biología, que es lo que vienen denunciando los pescadores. Ellos lo que denunciaban es que ya no hay más peces y la poca captura que hacían tenían un tamaño que ya no se podía comercializar, así que todo eso que fue denunciado ahora se comprueba.

-Existen metales pesados que provienen de las empresas del polo y de ABSA que tiene un capítulo aparte.

No negamos que de parte de ABSA hubo un gran aporte de los metales pesados o sustancias nocivas que también vienen por la cloaca. Ahora se está haciendo la planta de tratamiento y es sobre lo orgánico, o sea que todo lo que es inorgánico va a seguir cayendo crudo al estuario, lo cual va a seguir siendo un problema pese a que se va a solucionar otro problema que es un gran aporte de nutrientes que generan una contaminación por la demanda biológica del oxígeno. Un pequeño problemita estaría solucionado cuando la planta empiece a trabajar pero vamos a seguir teniendo una gran cantidad de aportes de materia inorgánica que con la bioacumulación se transforman en tóxicos, tanto tóxicos para los peces o para las personas que consumen esos peces y crustáceos.

-Hay un punto de las conclusiones de los integrantes de la Facultad de Agronomía de la UBA que habla específicamente de proximidades al Sitio 18-19, a la salida del colector de ABSA, que detecta algunos nivel de DQO -que para traducirlo sería la demanda química de oxígeno- y sugiere evaluar globalmente a las empresas que tienen autorización para arrojar vertidos en ese lugar y la posibilidad de que otras lo hagan de manera clandestina. ¿Qué quiere decir?

El que antes era el sistema cloacal del Consorcio, que es donde se arrojaba todas las cloacas de Ing. White, ahora no funciona más porque lo que es la cloaca de Ing. White está conectado a la cuenca mayor y ahí está arrojando Cargill.

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El caudal de agua que sale es muy grande y mucho más grande del que arroja Cargill donde el CTE toma las muestras. Vendría a ser el último puesto de vuelco  de Cargill y tanto el olor como el color cuando uno se acerca se da cuenta que está saliendo cualquier cosa. Imagino que se refiere a eso porque por supuesto que puede haber conexiones clandestinas, es casi imposible descubrirlas porque estamos hablando de superficies muy grandes, pero recomienda eso el perito, alguna forma de meter un robot con cámaras por el sistema cloacal y ver de dónde sale el agua.

Ha dado mal y después una discusión que hay con Cargill, ellos dicen que lo arrojan… como te explicaba recién, la reglamentación tiene tres parámetros, una para mar abierto, otra para sistema cloacal y otra para aguas superficiales. El sistema cloacal es el que tiene permitido arrojar mayor cantidad de sustancias porque, supuestamente, después tiene un tratamiento. Como acá no tiene ningún tratamiento no se debería aplicar eso y es una discusión de Cargill con el CTE, qué reglamentación se aplica. Por eso muchas veces Cargill no cumple con los parámetros.

-Ahí es la sugerencia de que lo tomen como agua superficial.

Exactamente porque caño cloacal o desagote cloacal sería cuando después hay un tratamiento posterior, entonces lo pueden arrojar ahí pensando que después se va a tratar pero acá en Bahía no hay ningún tratamiento entonces no se puede tomar ese parámetro.

-Ustedes de fondo están pidiendo la reparación ambiental del estuario. Hay una serie de sugerencias con la incorporación de nuevas tecnologías, ¿qué opinión tienen? ¿les parecen alternativas viables?

Evidentemente lo que se está haciendo hasta ahora no sirve para nada, lo único que se hacen es controles, llevan numeritos, hacer gráficos, subirlos a internet y con eso parece que nos quedamos tranquilos.

Lo que están proponiendo no es solamente analizar los efluentes, que es una toma que hace el CTE esporádicamente, sino analizar el caudalímentro, cuánto arroja esa empresa y también analizar constantemente las sustancias que está arrojando, no una sola toma de muestra.  Así nos daría una noción más acertada de que la cantidad que están arrojando a lo largo de un mes o año, qué cantidad de mercurio, por ejemplo, estaría arrojando Solvay a lo largo de un año.

Sabemos cuántos miligramos por litro arroja pero no sabemos cuántos litros arrojó por consiguiente no sabemos cuánta cantidad de mercurio arrojó.

-En algún momento hay menciones respecto de resultados a los que no se pudo llegar debido a la condición de las muestras. ¿Hay alguna falla al momento de tomar las muestras o surgen interrogantes que no estaban previstos?

Lo que pasó es que estas muestras se tomaron en el allanamiento de la justicia federal y se hizo en conjunto la Facultad de Agronomía con la Policía Federal. Entonces la Policía Federal tomó las muestras, las recolectó y las envío a Buenos Aires. Y los biólogos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, de las ostras le dieron el bichito, entonces hubo algunos elementos que no pudo analizar de las ostras, pero fue eso nada más. Todo lo otro lo pudieron analizar bien.

-¿Qué pasa partir de ahora? El juez tiene éste informe, ¿cómo sigue la causa?

Lo tiene el juez y también la Municipalidad y la provincia. Me parece a mí que con esa información y como funcionario público tendrían que haber hecho algo o, como mínimo, haberlo dado a conocer. Porque todos tenemos la información desde la semana pesada, porque todos tenemos la causa, tanto actores como demandados, y yo esperaba que al menos de parte de la Municipalidad hagan mención de algo, porque está diciendo que es peligroso ir al muelle de Cerri, pescar un pejerrey y comértelo. Sin embargo, no se ha hecho nada.

Me parece que debería haber dado a conocer para que la gente tenga conocimiento, después que tome la decisión que quiera. Así como uno en los paquetes de cigarrillo encuentra ese cartelito que advierte que es perjudicial para la salud, me parece que tendríamos que ponerlo en conocimiento.

 Con respecto al juez… la ley le autoriza a tomar medidas en el transcurso del proceso hasta de oficio, sin que nadie se lo pida, cuando ve que la situación es grave o cuando ve que puede empeorar, él como funcionario tiene la obligación de velar por el cuidado del medioambiente, eso lo dice la Constitución Nacional y la Ley General de Medio Ambiente. El juez podría hacerlo de oficio o a petición de parte tomar alguna medida para al menos evitar que esto empeore, será eso lo que tiene que hacer y prontamente dictar sentencia.

-La prueba es la misma para la causa en el ámbito federal, ¿cómo se utiliza?

Los dos expedientes están en el mismo trámite, ya se ha terminado la recolección de prueba y lo que es la parte de investigación termina con la decisión del juez de llamar a indagatoria o no. Si considera que hay prueba suficiente que acredite que se cometió el delito y acredite la responsabilidad de los denunciados llama a indagatoria.

El delito es poner en riesgo la salud pública a través de los efluentes contaminantes. El peligro a la salud pública interpretó que ya está acreditado con el informe este y que las empresas arrojan efluentes ya está acreditado por los informes de CTE. Pero será cuestión que lo analice la jueza y llamará a indagatoria para que los directores de las empresas se presenten a ejercer su derecho a  defensa.

-Por último, cuando se habla de prohibir el vertido de este tipo de metales por parte de las industrias ¿qué significa? ¿parar el proceso productivo?

La verdad que eso lo saben mejor los de las empresas que yo. Pero tengo entendido que las empresas no pueden producir sin arrojar residuos. Es lo que recomienda el perito en vistas al cumplimento de la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes que dicen que tenemos que proteger el medio ambiente. Si tenemos que proteger el medio ambiente y sabemos que están esas empresas que son las que arrojaron las sustancias, que son las que contaminaron, bueno, como mínimo empecemos parando de contaminar. Después vemos la recomposición del estuario, pero primero dejemos de contaminar.

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Dos museos: “Un director no puede arriesgar el patrimonio”

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Cecilia Miconi, directora en uso de licencia de los museos de Bellas Artes y Arte Contemporáneo, difundió una carta en las redes sociales advirtiendo a las autoridades del Instituto Cultural sobre el riesgo que corre el patrimonio de la institución y exigiendo medidas de seguridad.

“Parezco una loca que denuncia pero nadie responde, nadie toma responsabilidad ni se hacen cargo”, dijo en diálogo con FM De la Calle.

Miconi recordó que desde 2007 se trabajó se localizó, catalogó y resguardó centenares de obras. “Por primera vez se logró reunir la totalidad de piezas de la colección de los museos de arte y el préstamo del Museo Nacional de Bellas Artes instalándolas provisoriamente en el SUM del Museo de Arte Contemporáneo”.

“A los tres años trasladamos todas las obras a un espacio seguro y protegido dentro del edificio del Museo de Bellas Artes. Este depósito que habíamos armado nos permitía mantener la temperatura adecuada para la conservación de las obras (colocamos un aire acondicionado que mantenía el lugar a 18 grados, cortamos la calefacción de ese espacio, cerramos y sellamos ventanas), darle estabilidad y protección de posibles amenazas de bacterias, polillas, larvas, etc (se realizaron trabajos de limpieza y desinfección en la madera de las aberturas, pisos y paredes) y, no menos importante fue concentrar, resguardar y proteger las piezas de robos, daños, accidentes o hurtos posibles”, aseguró.

Según advirtió, ahora “todo el Patrimonio está distribuido en diferentes partes del Museo de Bellas Artes”.

“Entiendo que es una muestra que pretende visibilizar toda la colección y el estado en qué se encuentra… pero ¿es necesario exponer y arriesgar las 900 obras que tienen hoy los 2 Museos a semejante barbaridad? ¿Los caprichos del director interino Christian Díaz valen todo el trabajo y esfuerzo que realizaron cientos de artistas y trabajadorxs durante años por preservar el patrimonio en buenas condiciones? ¿Se hace cargo del daño que está provocando a piezas invaluables, tanto conceptual como económicamente? ¿Entiende la importancia cultural que tiene a su cargo?”, se preguntó.

El patrimonio de los museos de Arte Contemporáneo y Bellas Artes contiene obras de León Ferrari, Tulio de Sagastizábal, Adrián Villar Rojas, Graciela Sacco, Marcos López, Elba Bairon, Marcia Schvartz, Ad Monoliti, Chap Ati, Yuyo Noé y de artístas de la región como Graciela San Román, Alicia Antich, Claudio Redolfi, Rafael Martín, Séptimo Ferrabone, Hugo Pizani, Vanesa Bojart, Sandra Biondi, Elena Van Hess, entre otrxs.

“No tener ningún conocimiento sobre el Patrimonio nos lleva a este desastre. No querer facilitar el diálogo con sus trabajadores y la comunidad artística y profesional, también. Esto es vaciamiento cultural”, afirmó Miconi.

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Alertan peligro por contaminación en la ría

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(Por Mauro Llaneza) Profesionales de la Universidad de Buenos Aires recomendaron a la justicia que prohíba inmediatamente la captura y consumo de especies del estuario bahiense y, en un corto o mediano plazo, “prohíba que se continúe arrojando al estuario cadmio, cromo, plomo y cobre”.

“Estos metales pesados sobrepasaron ampliamente los niveles de concentración permitido por el Código Alimentario Argentino”. Así lo advierte una pericia recibida por el juez Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, en el marco de la causa “Schroeder”.

La investigación impulsada por pescadores artesanales apunta a los vertidos de Solvay Indupa, TGS, Petrobrás Argentina, Compañía Mega, ABSA, Profertil, Cargill, Consorcio de Gestión del Puerto, PBB Polisur y Azurix Buenos Aires.

Según el estudio, “al menos en un grado de probabilidad muy elevado”, la concentración de metales pesados en los peces analizados se debe a la actividad de las empresas del polo petroquímico.

La “constante y prolongada carga de contaminantes, aunque pareciera que dentro de los parámetros autorizados por la reglamentación vigente (aunque no por la ley provincial de pesca) ha generado una bioacumulación en las especies que viven en el estuario de un grado tal que no solo generan un notorio perjuicio en la sanidad de la vida marina, sino además un concreto riesgo en la salud de la población pasible de consumir estas especies”.

La pericia fue realizada a pedido de la Fiscalía Federal por las dras. Alicia Fabrizio de Iorio y Alicia Rendina de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica y por el ing. agrónomo Gustavo Mozeris de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Utilizaron las muestras producidas durante los allanamientos a las empresas del polo, 28 informes preexistentes “de fuerte relación y relevancia” y, principalmente, el producido en el marco de la causa ‘Meninato, Rolando, PBB Polisur y otros s/inf. Ley 24.051′” que tramita en el fuero federal.

Peces tóxicos

La presencia de metales pesados en especies de peces de explotación comercial, “tienen serias consecuencias para la salud humana, como por ejemplo el saturnismo con efectos neurotóxicos ocasionado por la bioacumulación de plomo o cáncer ocasionado por la bioacumulación de cadmio”.

Especies como la corvina rubia, langostinos, mejillones, camarones y ostras evidenciaron la presencia de ambos metales “en valores que superan 10 y 40 veces respectivamente lo permitido por normativa nacional e internacional para el consumo humano”.

“La gravedad de esta situación determina que sea necesario abordar un monitoreo permanente de la fauna marina del estuario, con un diseño muestral que permita entender la dinámica de la contaminación con metales pesados en el estuario de Bahía Blanca”.

El documento manifiesta la alteración del ecosistema marino local destacando “las altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.

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Esto afecta el desarrollo y crecimiento normal de las especies presentes en la ría y en la totalidad de la cadena trófica, desbalanceando el nicho que ocupa cada especie en este ecosistema.

“Debería asimismo encontrarse una relación directa entre esta pérdida de biodiversidad por bioacumulación de metales pesados y los parásitos que forman parte de esta cadena en comparación con sistemas por fuera de los límites de la ía de Bahía Blanca”, afirma.

Los pocos ejemplares enteros evaluados impidieron estudiar otros indicadores de la contaminación y que estarían asociadas a la presencia de metales pesados e hidrocarburos.

ABSA “está provocando un daño casi irreversible”

Respecto a ABSA, la pericia advierte que “los valores DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), fenoles y sólidos sedimentales del sistema cloacal” exceden los límites permitidos, por lo cual, deben tomarse medidas urgentes de saneamiento “ya que el vuelco de 84 millones de litros por día está provocando un daño casi irreversible”.

“La permanente transformación operada en el área del puerto de Ingeniero White en los último treinta años ha dado lugar a un cambio morfológico del paisaje y, consecuentemente, a la transformación de mecanismos y procesos naturales que tienen en su sistema hidrológico”.

La dificultad para descontaminar la ría se evidencia en la “imposibilidad” de “realizar una actividad productivo-comercial como la pesca artesanal”, por “la salida de actividad de gran cantidad de pescadores”, “la baja de la actividad económica de agentes relacionados” con la pesca y “la baja disponibilidad de especies de calidad comercial y su imposibilidad de consumo”.

Por otra parte, ante los niveles de DQO que superan “ampliamente” lo permitido para agua de mar abierto, el análisis sugiere evaluar globalmente a “las empresas que tienen autorización” para arrojar vertidos en proximidades del Sitio 18-19 a la salida del colector de ABSA y la posible existencia de otras que lo hagan de manera clandestina.

Controles en la mira

La prueba que tiene en sus manos el juez López Cóppola y su par federal, plantea una “duda razonable” sobre los sistemas de tratamiento de efluentes y de control por parte de los organismos provinciales.

Llama la atención la presencia de metales pesados en vertidos de las industrias en las márgenes de la ría –“aunque todos ellos dentro de los niveles guía permitidos”- frente al nivel de metales pesados hallados en todas las especies analizadas.

“Se plantea el concepto de la ‘duda razonable’ ya que si evaluamos el conjunto de vertidos a la ría de empresas del Polo Petroquímico este sistema aporta un total de entre 11 y 18 millones de litros de efluentes por día, sumándose a esto lo volcado por el sistema cloacal que suma 84 millones de litros por día”.

Contra las leyes

El documento de la FAUBA explica que existen tres factores que deben asegurarse como mínimo para el logro de “una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable de una región”.

  • Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas.
  • Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos.
  • Y asegurar la conservación de la diversidad biológica.

Todos los ítems están contemplados por la Ley General del Ambiente Nº25.675.

El dictamen es lapidario: “Ninguno de estos puntos está siendo asegurado con la intervención antrópica que existe en la actualidad en la Ría de Bahía Blanca”.

Por otra parte, existe “incompatibilidad” con la Ley provincial de Pesca Nº11.477 (prohíbe arrojar al agua sustancias nocivas para la biología marina- y mediante los vuelcos se viola la Ley de Residuos Peligrosos Nº24.051.

Por un estuario vivible

Los profesionales de UBA proponen generar un “marco de  convivencia con visión sistémica del problema” ante la “complejidad que significa mantener un equilibrio entre las actividades económicas, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente que apuntan a generar situaciones viables, vivibles y equitativas”.

Para ello y frente la “gravedad de los resultados obtenidos”, proponen:

  • Utilizar nuevas tecnologías como los caudalímetros con dosificación dinámica de efluentes líquidos sin la intervención de la mano del hombre, ya utilizados en otras industrias.
  • El monitoreo constante de contenido de metales pesados en peces con una metodología validada por los organismos de control y aplicada al ecosistema marítimo de la ría.
  • Y la evaluación permanente de sedimentos del estuario.
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Villa Talleres Sur: facturas impagables

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Ante la llegada de facturas de luz de entre $2000 y $8000, vecinos y vecinas de Villa Talleres Sur exigieron a la Municipalidad que efectúe las negociaciones necesarias con la empresa proveedora del servicio (EDES S.A.) para garantizar su abastecimiento a un costo razonable, teniendo en cuenta que viven en uno de los barrios más postergados de la ciudad.

La comunidad del barrio gestionó y consiguió el tendido eléctrico desde enero, siendo este el único servicio disponible. La mayoría de las familias utiliza medios eléctricos de calefacción por lo cual suelen requerir mayor consumo de kW que el resto de los ciudadanos, que pueden acceden a la red de gas.

Ante la imposibilidad de pagar las primeras facturas recibidas, alrededor de 40 familias realizaron un reclamo a EDES y difundieron su problemática. Si bien la empresa aplicó la denominada ‘tarifa social’, la situación no se regularizó para algunos vecinos, quienes continúan sin poder afrontar los excesivos costos.

Una de las razones principales es que esta tarifa no contempla el elevado consumo que requiere una familia para subsistir con aparatos eléctricos como único medio de calefacción.

Al realizar un nuevo reclamo, el mismo encargado de la oficina de atención al cliente sugirió que es el Municipio quien tendría que aplicar las medidas necesarias para asegurar el servicio a un costo adecuado para este barrio.

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Aumentó todo

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La inflación de agosto en Bahía Blanca registró un aumento del 3,77% respecto al mes de julio, según el IPC Online. Transporte, alimentos y bebidas y atención médica encabezan los incrementos.

“Ya hay un retraso del traslado del dólar a precios en el sector minorista del 80 por ciento, tuvimos una depreciación del 100 por ciento desde enero y solamene un 21 de inflació minorista. Ese diferencial en algún momento se tiene que acomodar”, dijo a FM De la Calle el economista Juan Larrosa.

Ocho capítulos registraron alzas: Alimentos y bebidas (4,48%), Indumentaria (2,96%), Vivienda y servicios básicos (1,12%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,01%), Atención médica y gastos para la salud (4,86%), Transporte y comunicaciones (4,94%), Esparcimiento (4,23%), Otros bienes y servicios (3,62%).

Por el contrario, solo Educación (-0,83%) registró baja, que se debe a la eliminación de un retroactivo cobrado en el mes de julio en algunas cuotas de colegio privado.

De los 13.598 productos y servicios relevados el 29,9% registró alzas, el 3,9% bajas y el restante 66,2% no tuvo cambios. Las mayores alzas puntuales se registraron en precios de Agua saborizada, Tomate perita, Libro infantil, Yerba mate y Fideos secos tipo tallarín, todas con subas superiores a 55%. Las mayores bajas puntuales se encontraron en precios de Yogur cremoso, Mermelada, Vino fino, Texto primario y Crema de enjuague, todas ellas mayores a -25%.

Se observaron aumentos o arrastre estadístico en Afiliación a sistema de salud, Colectivo urbano, Taxi, Gas natural comprimido, Gasoil, Nafta de 93 a 97 octanos, Nafta de más de 97 octanos, Servicio de Internet domiciliaria, Servicio de televisión por cable y Cigarrillos.

Analizando la incidencia (variación ponderada) de los grupos de productos en el resultado final del nivel general del IPC Online podemos destacar que Combustibles y lubricantes, Cortes delanteros y traseros de carne vacuna fresca, Verduras frescas, Aves frescas y congeladas, Taxi y otros medios de transporte y Empanadas, pizzas y otras explicaron un 1,61% la inflación del mes en forma acumulada.

Por el lado de la incidencia de las bajas se pueden mencionar a Educación formal, Semipreparados en base de ave, Café y Otras carnes rojas frescas con un impacto acumulado de -0,10% de compensación a las subas mencionadas en primer término.

La evolución de la inflación a lo largo del mes informado mostró variaciones intersemanales de 3,06%, 0,47%, 1,28% y 0,56% para semanas 1, 2, 3 y 4, con variaciones T-4 de 5,02%, 3,59%, 4,15% y 4,06%, respectivamente.

La variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el corriente año 21,65%. Por su parte, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega a 30,87%.

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CTEP: “Tenían empleo y ahora piden comida”

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Rodrigo Bahía, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), dijo a FM De la Calle que en los sectores donde trabajan “la situación socioeconómica está cada vez más complicada, falta más el trabajo, los alimentos están cada vez más caros. […] Están sucediendo un montón de cosas que lamentablemente nos hace pensar que va a empeorar la situación”.

“Duele que muchas familias que hasta hace poco tenían una changa o empleo formal ahora nos estén pidiendo comida”, destacó.

El integrante de la CTEP contó que hace poco más de un año trabajan en Bahía: “Tratamos de interpelar y trabajar conjuntamente con trabajadores de la economía popular, tenemos sede en Villa Delfina (Neuquén 2400) y algunos merenderos en la zona; estamos trabajando en diversos sectores de la ciudad. […] Cada vez se acerca más gente a querer instalar un comedor en su casa para poder trabajar en su barrio”.

Comentó que la Municipalidad dio de baja las tarjetas sociales de beneficiarixs de varios sectores de la ciudad. “Ahí tiene que estar el municipio; podemos articular y ser un nexo pero estamos esperando a ver cuáles son las políticas”. Bahía dijo que “nos supera como organización, no nos dedicamos exclusivamente a la cuestión social sino a lo laboral”, aseguró, aunque aclaró que si tienen las herramientas en la organización “dan una mano”.

La CTEP está haciendo un relevamiento habitacional para tener una idea clara de la situación. “La gente vive en ranchos de chapa, no puede pagar un alquiler, les queda armarse algo y tratar de subsistir ahí. Creemos que el Estado tiene que fijar una postura clara”.

Hace unas semanas la organización fue convocada a una reunión con autoridades municipales. “Dejamos en claro que la situación está muy dura en los barrios, pasa a ser una cuestión de hambre lamentablemente, la asistencia tiene que ser urgente. Nosotros lo enfocamos desde lo laboral porque el ordenador social principal es el trabajo pero duele que muchas familias que hasta hace poco tenían una changa o empleo formal ahora nos estén pidiendo comida”.

El hecho de “convocar a dialogar parecería como que se quiere hacer algo pero la realidad es que no se está haciendo. Hay que ir más allá de la palabra, hay que demostrar con hechos la política que uno quiere llevar a cabo”. En este caso “es la falta de políticas con respecto al trabajo y a la situación habitacional que muestra el municipio”.

Respecto a los desalojos en el barrio Miramar, dijo que “lo que hizo el municipio de pretender decir que va a ser un espacio verde lo tomamos de la peor manera, la cantidad de familias que fueron desalojadas demuestra la falta de política habitacional en Bahía Blanca. No hay una política clara de apoyo”.

La organización adherirá al paro de la CGT planteado para el 25 de septiembre, así como la semana pasada acompañaron la marcha por la Universidad Pública y Gratuita. “Vamos a estar en todas las del país”.

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Desalojo en Miramar: sin respuesta, evaluarán “caso por caso”

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Este sábado el gobierno convocó a referentes de las familias afectadas por el desalojo forzoso llevado a cabo la semana pasada por parte de funcionarios municipales, quienes supervisaron la destrucción de ranchos y viviendas en Parque Campaña del Desierto. Fue el operativo “Limpieza profunda”.

Desde el barrio se había anunciado para el domingo un encuentro titulado “Miramar resiste”, al cual se habían sumado una gran cantidad de artistas en solidaridad con la grave situación enmarcada en el enorme déficit de vivienda local.

El gobierno de Héctor Gay actuó rápidamente para desactivar la medida. Horas después del virulento desalojo, la comunidad ya había realizado cortes (Charcas y Lejarraga) para denunciar que el operativo se realizó sin orden judicial y para exigir una solución a la problemática habitacional.

Por el municipio participaron el subsecretario de Acción Social, Ignacio Caspe, la directora de Servicio Social, Cecilia Canosa Contin, la concejala Soledad Martínez y un funcionario policial.

De esta forma, el sábado abrieron la Municipalidad para “negociar”. Nueve vecinos y vecinas asistieron al encuentro. Algunas de esas familias tienen viviendas construidas en el sector.

La “negociación” no ofreció soluciones concretas por parte del gobierno. Simplemente se prometió que estudiarían “caso por caso” y que se comprometerían a no reprimir.

El acuerdo se caería si la comunidad decide tomar medidas de fuerza. Finalmente, a la espera de respuestas concretas, se dio de baja la realización del encuentro planificado para el domingo.

Foto: @apepe

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Desalojo en Miramar: “Nos están privando de un derecho básico”

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Más de treinta familias del barrio Miramar fueron desalojadas esta semana por funcionarios municipales y policiales, quienes supervisaron la destrucción de ranchos y viviendas en el Parque Campaña del Desierto.

Horas después, las personas sin techo cortaron la intersección de las calles Charcas y Lejarraga para denunciar que el operativo se realizó sin orden judicial y para exigir una solución a la problemática habitacional.

Según informaron el secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, y el secretario de Gobierno, Fernando Compagnoli, la “limpieza profunda” fue ordenada por el intendente Héctor Gay luego que los terrenos pasaran del dominio provincial al municipal.

“Éste es un pozo de mugre y gracias a los vecinos está como está. Y ahora que está limpio, que la gente se puso a hacer algo, el municipio nos quiere sacar”, comentó a FM De la Calle Jesica, una de las vecinas desalojadas.

Informó que  el gobierno local están llamando una por una a las familias expulsadas para ofrecerles un mes en una pensión como alternativa al desalojo. “Una pensión donde llevaron a una familia con una nena, que antes era una prostíbulo, donde había una persona desnuda, los baños estaban tapados, una mugre. Es una tomada de pelo”, dijo Olga, otra de las vecinas afectadas.

Jesica argumentó que el municipio no se ocupó de esos terrenos: “Hace dos años vinieron, censaron.  Teníamos los ranchos levantados, tiraron todo. Nos tuvimos que ir. Dejamos todo como estaba para ver que iba a hacer el municipio. Supuestamente iban a hacer un espacio verde. En dos años no hicieron nada”.

“Nos están privando a un derecho básico que es la vivienda digna. Éste es un lugar que fue un basurero y aún hoy siguen viniendo a dejar basura los camiones de la Municipalidad”, destacó Olga.

También comentaron que “si hay algún concejal o concejala que esté interesado en apoyar al barrio y dar una respuesta, pueden ir  a hacer una denuncia contra la Municipalidad porque hicieron un desalojo sin ningún papel legal. Desalojaron con las máquinas, hay una familia muy trabajadora. La policía vino con armas, le tiraron las chapas, las ventanas, las puertas. El chico quería sacar sus cosas de adentro y lo golpearon. Eso es lo que vivimos las personas que somos pobres”.

 

Por último, fue suspendido hasta nuevo aviso el “Encuentro de lucha y resistencia” previsto para este domingo en la cancha de fútbol ubicada en Charcas y Lejarraga.

Foto: captura BVC.

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“Lo que está a flor de piel es el hambre”

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“En los merenderos donde venían solamente los chicos a buscar la merienda, hoy viene todo el grupo familiar y también los ancianos. Por lo tanto hay una situación que lo que ha reaparecido es el hambre y la miseria”, dijo a FM De la Calle el dirigente de la CCC, César García.

La Corriente Clasista y Combativa actualmente posee alrededor de 14 merenderos en Bahía Blanca en barrios como Villa Nocito, Villa Esperanza, Spurr y Quilmes, Evita, Thompson, algunos de los cuales fueron inaugurados esta semana.

Respecto a la presencia que ha tenido el Estado en la emergencia social, García aseguró que a nivel nacional la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibió a las organizaciones sociales en junio por primera vez desde diciembre del 2017.

“No había habido ningún tipo de contacto, ni con el equipo técnico de la ministra. A partir de junio que pasó la gran marcha federal, que se generalizó en todo el país y que se preocuparon de que no se les desmadre, es que dieron respuesta”.

A nivel local, afirmó, “les hemos planteado la situación que pasaba con las tarjetas sociales, de las cuales pasaron de 6000 a 5000 desde diciembre a julio de este año, que son las que se les daba a cada familia para que puedan ir al supermercado”.

“Cuando a principio de marzo el gobierno con bombos y platillos había anunciado que había bajado la pobreza, no solamente a nivel nacional sino también en Bahía Blanca, nosotros salimos a decir que eso no era así. Ellos computaban una parte de lo que fue el año pasado en relación a las elecciones, cuando todos conocemos que en las elecciones se reparten las cosas que no se reparten en dos años. El gobierno reconoció después del FMI, convocando una junta de emergencia, que están en una etapa de crisis, y cuando nos dicen eso, nosotros le decimos que estamos en emergencia”, agregó el referente de la CCC y del Partido del Trabajo y del Pueblo.

“Nosotros salimos a la calle a pelear por las necesidades de la gente y a partir de ahí lo que exigimos es que el Estado se tiene que hacer cargo, no solo a lo que tiene que ver con alimentos, sino también en relación a las cooperativas de trabajo, al salario social complementario y a las distintas cosas que realizamos para fomentar la cultura del trabajo. También peleamos por una salida de fondo porque entendemos que no alcanza con criticar y por eso es que creemos que hay que reagrupar todas las fuerzas populares, para no solamente enfrentar la política de Macri, sino para poder crear otra cosa que sea alternativa a esto”.

“Lo que hacen como política es: te juntan y se sientan. Pero cuando vos tenés un diálogo y te juntan 75 veces y no te dan ninguna solución o te hacen presentar 75 papeles y después te dicen que no hay presupuesto, es un diálogo de sordos”, finalizó García.

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UMSur debate sus políticas de género

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La Unión de Músic♪s del Sur convocó a una asamblea extraordinaria para definir sus políticas de género. Se realizará este sábado a las 10:30 en el Teatro El Tablado de Chiclana 453.

“Tuvimos una reunión previa de músicas mujeres, afiliadas o no afiliadas de Bahía Blanca y la zona, para compartir experiencias que vemos en nuestros trabajos y poder realizar un diagnóstico para ver qué temas sería importante trabajar desde la Unión en relación con las problemáticas de género, particularmente en nuestro trabajo como músicas y como docentes”, dijo Natalia Abad a FM De la Calle.

Durante el encuentro detectaron que la reproducción de la lógica patriarcal que impera en la sociedad en diferentes niveles también lo hace en los vínculos laborales y personales que se generan en el seno y en torno a su actividad.

Reconocieron tres niveles: la distribución de roles, el ejercicio del poder y las exigencias diferenciales.

En el primer caso, advirtieron “la influencia de la asignación previa de roles o la división implícita de los mismos en función del género como una expresión permanente de micromachismos que existen en el imaginario colectivo y nos atraviesan”.

“Vemos con preocupación la asunción tácita de que las mujeres estamos ‘prediseñadas’ para la ejecución de determinados instrumentos, de ciertas tareas y no de otros/as, ya que muchas veces eso no se condice solamente con la vocación (aunque pueda coincidir con ella), sino que también se ve influenciado por patrones de comportamiento y educación que reproducen esos condicionantes”.

En cuanto al ejercicio del poder, destacaron que “en muchos espacios prima el machismo y en los que menos, se sufren situaciones que tienen esa impronta. Existen espacios en el sector independiente donde la discrecionalidad en las remuneraciones permiten que exista una diferencia en perjuicio de las mujeres”.

Por otra parte, verificaron situaciones de acoso, de violencia verbal y/o física, muchas veces naturalizadas o justificadas. El análisis no estuvo exento de autocrítica y llevó a las músicas a visibilizar los micromachismos que las atraviesan y a “luchar permanentemente contra el peligro de reproducción”.

“En nuestro rol como profesoras, también percibimos permanentemente situaciones donde las mujeres ven condicionado su futuro, especialmente a través de las imposiciones machistas de padres, madres, docentes, respecto a los gustos y elecciones de instrumentos (aquí también inciden otras imposiciones como las socioeconómicas, que no podemos soslayar), de las posibilidades de acceso al estudio musical, las presiones asociadas al género que incrementan las exigencias en el caso de las mujeres”, agregaron.

Si querés conocer la agenda que debatirá la asamblea extraordinaria del sábado ingresá aquí.

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“Cada vez hay más gente que tiene más necesidades”

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Si no entregan un listado con los datos personales de quienes toman la merienda los domingos, el Municipio no entrega los víveres.  Así lo manifestó Chelo Pereira, integrante de la murga “Portadores de Alegría” que funciona en la Capilla San Dionisio del Bajo Rondeau.

“El domingo tuve la oportunidad de hablar con otra gente de la murga y muchos me dicen que no quieren figurar en ningún listado. Suponemos que con eso nos van a dar una ración limitada para la cantidad de gente que tengamos”, comentó Pereira en diálogo con FM De la Calle.


Como miembro de la Asociación de Murgas participó de las asambleas abierta sobre el recorte en las políticas públicas que organizaron el Consejo Local de Niñez y asesorxs del Consejo Cultural Consultivo. “Mucha gente nos planteaba que desde la municipalidad le están pidiendo esto”, agregó.

Pereira comentó que desde Políticas Sociales “estaban planteando que había gente que iba un domingo a un comedor y en la semana iba a otro, como si eso fuera un pecado. Que locura que los pibes y los grandes, porque no es una cuestión de minoridad, vayan a otros comedores que hay en el barrio”.

Por otra parte, el recorte comenzó en el verano cuando el Instituto Cultural decidió restar apoyo económico a los corsos de la ciudad. La consecuencia fue el “Carnaval del Desguace”.

“A partir del año pasado empezamos a sufrir recortes en la cultura. Inmediatamente en  las murgas se notó la desidia de la Secretaría de Cultura en cuanto a que nos dejaron de atender el teléfono. Nos costó muchísimo hacer los corsos y  se nos sacó el feriado de carnaval”, contó Pereira.

Por último, destacó  que la situación social en el barrio  “está muy difícil, hay recortes en todos lados, uno lo ve en la unidad sanitaria, en mucha gente que antes tenía algún tipo de ayuda y hoy no le alcanza. Cada vez hay más gente que tiene más necesidades.

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Motos en la reserva: “Tenemos oportunidad de revertir esto”

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El martes pasado se realizó una audiencia pública para analizar un proyecto de ordenanza referido a la autorización por excepción de tenencia de inmuebles lindantes al Balneario Maldonado para el desarrollo de las actividades de “Speedway y Motocross”.

El biólogo Pablo Petracci, el abogado Lucas Beier y el activista David Bustos, todos usuarios del estuario, visitaron FM De la Calle y comentaron la audiencia que reunió una mayoría de exposiciones contrarias a la propuesta oficial.

“Esto empieza en noviembre de 2017, que es cuando empiezan las obras. Ahí se empezó a cercar un espacio público, lo que es de una gravedad tremenda. Cerrar deliberadamente sin haber pasado por un proceso administrativo, sin haber sido presentado, sin haber sido aprobado, por lo menos en ese entonces, el estudio de impacto ambiental que después fue paupérrimo”, dijo Petracci.

El encuentro contó con la presentación de la iniciativa de los clubes y los informes de la subsecretaria de Gestión Adriana Chanampa y de Luis Pites, subsecretario de Planificación y Desarrollo Urbano.

Petracci afirmó que “más de un 70% de los presentes se pronunció en contra con argumentos técnicos, no bajo razonamientos emocionales que es lo que argumentan los clubes. Yo los entiendo en cierta forma porque ellos necesitan un lugar. Ninguno de los que estamos preocupados por el desarrollo de esa zona iría en contra de la actividad deportiva, todo lo contrario. Entendemos que los han ido moviendo por distintas partes de la ciudad pero es una actividad que genera impacto en la salud humana y en la biodiversidad, no por nada los han ido moviendo”.

La firma del estudio de impacto ambiental por una profesional sin permiso vigente, la actitud del Municipio de levantar de su página web información vinculada a la reserva y a los compromisos internacionales asumidos para su preservación son otras de las irregularidades que plantean los defensores del estuario.

Destacan además que se afectará a un sector que “generalmente no tiene voz”. Si vos caminás por Villa Caracol sin bandera política, sin micrófono y sin cámara, la gente te va a decir que no está de acuerdo con el proyecto. Si hacés lo mismo con la gente que va a Maldonado, te van a decir lo mismo. Las pistas se pueden mover, el estuario no”, afirmó Petracci.

Según Lucas Beier, las autoridades de los clubes de motos pretendían desprestigiar “a la gente que defendía la zona” y “eso es lo que ocurre normalmente cuando uno alza la voz para defender el medioambiente, lo desprestigian y casi en forma peyorativa te dicen ambientalista”.

“Considero que deberíamos todos, incluidos los políticos, tener una visión ambientalista, de proteger los lugares que después será muy difícil de recuperar. Las personas en general consideran que el daño ambiental es lo que ocurre en forma inmediata, ejemplo; hay un derrame de petróleo, hay un daño ambiental; talaron la selva, hay daño ambiental; ahora lo que pasa en forma paulatina y que las consecuencias las vamos a notar dentro de 10, 20 o 50 años, eso no lo consideran daño ambiental y el que defiende eso es un fanático sin argumentos”.

Entre el medio centenar de expositoras/es inscriptos se encontraban representantes del Colegio de Arquitectos y del de Ingenieros, concejales, entidades ambientalistas, profesionales de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional y personas vinculas a las motos.

David Bustos precisó que “necesitamos tener posturas más a largo plazo, porque los que vivimos en Bahía Blanca respiramos su aire, hacemos recreación en sus espacios verdes. Creo que a partir de esta audiencia pública no solamente se ve las fallas del estudio de impacto, también se ve la falla política de enemistar a la sociedad civil que hace el trabajo del Estado gratuitamente”.

Uno de los argumentos de quienes impulsan el proyecto de las pistas es que esta iniciativa podría impulsar la actividad económica y ofrecer nuevos puestos de trabajo. Al respecto, Petracci aseveró que “hoy las economías están tendiendo a las economías de servicios. Están tendiendo justamente al aprovechamiento de la naturaleza en forma respetuosa y está comprobado que se generan más y mayor diversidad de puestos de trabajo; si tuviéramos la capacidad de desarrollar una buena propuesta eco-turística donde se empiecen a desarrollar proyectos de emprendedorismo, operadores de remo, de vela, guía de observación de aves, donde se inserten los profesionales que salen de las carreras de turismo”.

“Tenemos la oportunidad de revertir esto, estamos a tiempo que esto no se haga, no creamos que esto está cocinado, porque también nos vendieron eso con el proyecto del dragado. Acá hay todavía muchas instancias, hay que esperar la votación y luego hay instancias legales que se pueden recurrir una vez que los concejales también hagan su voto”.

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Amedrentamiento en la ruta a integrantes de la 21F

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Un grupo de militantes que conforman la Multisectorial 21F fueron amedrentados mientras viajaban al lanzamiento a nivel nacional de dicha organización.

Desde este espacio, emitieron un comunicado en el cual destacan la impunidad con la actuaron integrantes de las fuerzas de seguridad. Allí relatan que “mientras almorzaban en una estación de servicio de Saladillo fueron demorados por policías que lisa y llanamente los acusaron de robar “algo” del interior de un automóvil Chevrolet Cruze blanco. El vehículo en cuestión pertenece, oh casualidad, al Ministerio de Justicia de la Nación”.

“Los efectivos policiales revisaron la combi de la delegación y a ningún otro de los tantos vehículos que había en el lugar, ni demoraron a ninguna de las demás personas que allí se encontraban. Revisadas las cámaras de seguridad de la estación de servicio y comprobándose lo evidente (que nadie sacó nada del auto blanco), la delegación fue autorizada a continuar el viaje”. Algo similar ocurrió también con la delegación que viajaba desde la provincia del Corrientes, quienes fueron demorados por efectivos de Gerdarmería.

El delegado de la Asociación Argentina de Actores a nivel local e integrante de dicha organización, Ángel Dantagnan, se refirió en FM De la Calle sobre este episodio y además destacó lo que fue el acto celebrado ayer en la cancha de Atlanta: “La parte interesante y lo que debería trascender es un movimiento muy interesante, muy variado. Movilizado sí, por camioneros, pero también por las dos CTA, que son los impulsores de este movimiento 21F con Yasky y Micheli a la cabeza y se han ido sumando gremios y movimientos sociales”, aseguró.

“De acá de Bahía pudieron asistir: APOPS, SUTEBA Celeste, La René Salamanca, La Norma Plá, nosotros desde Actores, el gremio de seguridad privada y camioneros. Y después de todo el país es muy variado y con un objetivo claro de pararse frente a estas políticas neoliberales de avallasamiento de derechos de los trabajadores. Los oradores fueron muy breves y Gustavo Vera, que es de La Alameda y quien también estuvo recorriendo el país, tuvo un discurso muy interesante donde se planteó un plan de lucha, con movilización de acá a noviembre cuando se armé la reunión del G-20. La idea es que el G-20 encuentre a todas las agrupaciones pertenecientes al 21F en la calle, para decirles que no nos interesan este tipo de políticas que quieren implementar y que está llevando adelante este gobierno”, manifestó.

Consultado sobre cómo se empiezan a articular los debates de la Multisectorial en nuestra ciudad, Dantagnan explicó que “está abierto a quién se quiera sumar y empezar a hacer alguna otra acción concreta de movilización en la calle, para acompañar las luchas locales de cada uno y pensando en que en algún momento la conducción, sea el partido que toque gobernar, esté atravesada directamente por los trabajadores”.

“Es interesante, es difícil, la unidad siempre es difícil pero es un camino. Lo interesante es que es muy variado y que da una esperanza para plantarse a este tipo de políticas que se llevan puesto los derechos que se han conseguido a lo largo de tantos y tantos años de lucha”, enfatizó.

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Vaca Muerta: erradicarían a 500 familias de la vera de las vías

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En noviembre se licitará  mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP) el tren que unirá Bahía Blanca con Añelo, por el cual se trasladarán los materiales necesarios para la explotación de combustibles no convencionales de Vaca Muerta.

La obra incluye la renovación de 24 tramos férreos que unen Ingeniero White y General Cerri. Se trata de la reactivación de la vía al Neuquén, la cual atraviesa asentamientos como Villa Caracol, Villa Nocito, Bajo Rondeau y Loma Paraguaya.

Paola Ariente manifestó en una reciente sesión del Concejo Deliberante su preocupación por el futuro de unas 500 familias que serán erradicadas de la vera de las vías.

 “El año pasado se hizo un relevamiento para la ADIF por parte del Municipio para ver a cuántas personas afectaría. Esto no es solamente de Bahía Blanca ya que va a afectar también en la zona de Cipoletti, Choele Choel y toda la zona del Alto Valle donde los asentamientos informales han ido ganándole tierra que pertenecen al ferrocarril y que para garantizar la seguridad de la carga y de las personas en muchos de los casos van a tener que ser relocalizadas. Y en esta situación estarían alrededor de 500 familias en la ciudad de Bahía Blanca”, aseguró en diálogo con FM De la Calle.

Respecto al análisis necesario sobre el impacto que la reactivación del tren tendría sobre los hogares, la concejala del bloque PJ-Cumplir manifestó que cuando la licitación se realice esto debería estar contemplado.

“Hoy desconozco porque no me lo han informado, estoy intentando averiguar si la ADIF ha presentado algún protocolo para ver qué se hace con estas personas. A mí me está preocupando porque en este sector de la ciudad y en otros también estamos consolidando viviendas a través del Municipio en lugares que quizás el día de mañana tengan que ser desafectados por este proyecto. Planificar las cosas me parece que es lo que nos está faltando”.

Para la renovación del tramo no habrá audiencias públicas porque, según explicó Ariente, “es un proyecto de una vía que ya existe”. Sin embargo la ADIF tiene la obligación de preparar un informe ambiental por cada licitación de tramo ya que, además de la afectación de las áreas habitadas por los asentamientos bahienses, este proyecto incrementará el tráfico zonal.

 “La edad promedio de estas vías son de 40 años, el 30% de estas vías tiene una velocidad máxima de 12 km por hora y la capacidad portante hoy es de 20 toneladas  y se la quiere duplicar, por lo tanto, es de esperar que el tráfico ferroviario sea mayor”.

Por último la concejala estimó que el tren para pasajeros no se considera en este proyecto y tampoco el tren urbano que “hoy por hoy no está pensándose para Bahía Blanca.

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“La crisis la generan los de arriba y la pagamos los de abajo”

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Ante la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal a nuestra ciudad, gremios docentes se manifestaron frente al Palacio Municipal para reclamar por la paritaria y el mal estado de las escuelas. La protesta ocurrió horas después de que una nutrida columna de trabajadoras y trabajadores municipales hicieron lo propio ante la falta de respuestas de la intendencia a las demandas de mejores condiciones laborales.

Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA Bahía Blanca-Dorrego, en diálogo con FM De la Calle sostuvo que “había que acompañar todas las propuestas de lucha y, estamos en la plaza donde están los compañeros de la CTA y de la Asociación de Profesionales de Salud, esperando que confluya la movilización del sindicato de municipales”.

Consultado sobre los reclamos por problemas de infraestructura, Gandolfo explicó que “es más que un símbolo, la gobernadora viene a la ciudad pero va a estar aparentemente lejos del centro y viene una semana después de la tragedia de la escuela de Moreno”.

“Viene una semana después sin respuesta de ningún tipo en torno a los problemas que ahora tomaron fuerza, no porque no estuvieran antes, sino porque lamentablemente lo de Moreno los visibilizó mucho más”, manifestó.

Gandolfo se refirió además a la asunción de la nueva dirigencia de la CTA local y su plataforma: “Pensamos que lo que hemos venido haciendo hay que profundizarlo, en el sentido de abogar todo el tiempo por más y más unidad, entre los y las integrantes de la clase trabajadora”.

“Creemos que es el momento de poner a un lado cualquier disputa que tenga que ver con un carácter sectorial y buscar todos los canales necesarios para dar expresiones de lucha. Y un punto más que a nosotros como clase trabajadora nos parece hay que pensar en decir, además de todos los reclamos en proyectar nuestra propia política de cómo se sale de esta situación de crisis, porque la crisis la generan los de arriba y la pagamos los de abajo”, aseguró.

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Nueva denuncia contra Sasso

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El presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, Marcos Yáñez, denunció por calumnias, falsas imputaciones y deshonra a Germán Sasso, Guillermina Machado y Patricia Díaz, periodistas radio La Brújula.

La querella es producto de las acusaciones mediáticas que Sasso desarrolló desde el 21 de febrero a partir del mensaje de un oyente que relató que durante las entregas de los bolsones de PAMI, realizadas por el Centro de Jubilados en la Sociedad de Fomento de Villa Nocito, se solicitaba dinero a los jubilados como método extorsivo para la entrega de los mismos.

En esa misma emisión, la producción del programa, se comunicó con Yáñez, quien se negó a salir al aire argumentando que los bolsones del Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados eran distribuidos por los centros de jubilados inscriptos ante este organismo y, por ende, la sociedad de fomento no tenía competencia alguna en el tema.

Según la transcripción del archivo de audio del programa que detalla la denuncia, el periodista -sin investigación previa- dictaminó: “Bueno que nos diga cuál es la sociedad de fomento, así denunciamos públicamente a estos chorros de mierda que le están afanando a los pobres… (…) Esto es un curro de algún puntero político, o de alguien que está ahí, o de alguno que está en la sociedad de fomento, algún ladri. (…) El nuevo robo… O sea se van modernizando en el choreo estos hijos de puta… (…) Eh… Podemos llamar en vivo, eh… ahí tenemos un teléfono de un representante… de un fomentista de Villa Nocito… Uno de los acusados. A ver, llamemos en vivo al Sr. Marcos Yáñez, está a cargo de la sociedad de fomento de Villa Nocito, a ver si está cobrando los bolsones… (…) Ahí está. Los chorros de Villa Nocito. El señor Yáñez, eh. El tránsfuga. Ya lo hemos denunciado públicamente”.

Marcos Yáñez dijo a FM De la Calle que “nos sentimos muy injuriados por el periodista. El Centro de Jubilados está a tres cuadras de la Sociedad de Fomento. Sin decirme que iba a salir al aire, yo me había negado, me sacaron diciéndome que era parte de un sistema de corrupción donde le robaba a los abuelos y yo le decía que entendía que no. Traté de explicarle de alguna manera que ese bolsón primero es de PAMI y que la Sociedad de Fomento no tiene nada que ver”.

La querella transcribe además la conversación que Sasso mantuvo en programas posteriores con Francisco Díaz Martínez y con Liliana Ciaccio, director y coordinadora de PAMI, respectivamente. Ambos aseguraron no haber recibido ninguna denuncia formal o anónima sobre la situación.

“Él se ensañó con nosotros y empezó a injuriarnos, a decirnos malas palabras, a putear al barrio. Y lo que uno no está preparado es para el público que lo oye al señor Sasso, porque la gente empezó a putearnos a nosotros como creyéndole al cien por ciento lo que estaba diciendo y nosotros lo único que le decíamos es que viniera a ver, que averigüe bien, que haga una mínima investigación, porque para él eran todas verdades las que decía, no usaba infinitivos, usaba los verbos más duros. Sus únicas pruebas eran unos mensajes de whatsapp que le enviaban y para colmo esos mensajes eran de otros barrios. Le buscaba la vuelta a todo como para decir que son unos chorros, y son abuelos”, agregó.

El Centro de Jubilados de Villa Nocito tenía 55 socios/as y actualmente reparte 280 bolsones aproximadamente. Según comentó Yáñez, luego de las acusaciones de Sasso, perdieron 15 adherentes. “Es como que le tienen todos miedo a Sasso, a nosotros nos hizo quedar mal y a PAMI no le importó quedar mejor. Los abuelos están ofreciendo un servicio gratuito para PAMI y lo hacen porque acá hay una necesidad enorme”.

Tanto las calumnias como la deshonra, no se constituyen como delito si la acusación es asunto de interés público. Respecto a este tema la denuncia presentada por Yáñez y su abogado Emiliano Tellechea, diferencia entre “interés público” o “interés del público”. En el caso, se aplicaría este último concepto en relación al interés de la audiencia del programa Bahía Hoy.

“¿Cómo es que los representantes del Interés Público no ejercieron acción alguna en su defensa? Claramente, porque no hay interés público comprometido. Tanto es así que la jurisprudencia bonaerense ha dicho: ‘No comete el delito de calumnia quien se limita a la promoción de una investigación administrativa, con la finalidad de determinar la existencia de supuestas irregularidades imputadas a los querellantes. Pero ni siquiera eso ha tenido lugar”, advierte la querella.

No es la primera vez que el denunciado tiene problemas con la interpretación del concepto. En 2009 fue condenado por el juez correccional José Luis Ares a pagar cuatro mil pesos de multa y cumplir dos días de arresto.

El magistrado probó en la causa 5375 que Sasso reveló al aire la identidad y domicilio de trece pibes y pibas en conflicto con la ley penal, acción prohibida por el art. 94 quater del Dec. Ley 8031.

El argumento del condenado en aquel entonces fue que “más allá de que sean menores, el interés público está por sobre todas las cosas”. En marzo de 2010, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal ratificó la sentencia, tras lo cual Sasso recurrió a los buenos oficios de sus padrinos políticos para que la causa muera en un cajón de la Suprema Corte bonaerense.

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Aborto: liberaron a las cinco mujeres detenidas

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Las cinco mujeres del Frente Feminista Nacional y Popular que habían sido detenidas anoche por estar pintando un paredón lindero con un terreno baldío, fueron liberadas cerca del mediodía de este martes.

Por la mañana, un grupo de personas se autoconvocó en laFiscalía General de Gorriti y Vieytes y pidió la liberación de las compañeras.

Maggie Itten, una de las cinco detenidas, habló tras su liberación y sostuvo que “nos habían dicho que nos iban a largar las dos de la mañana,  entonces cuando se hacían las siete u ocho nos preocupaban porque no sabíamos que podía pasar”.

Varias organizaciones bahienses repudiaron las detenciones y exigieron la libertad de las mujeres. Desde la CTA y en diálogo con FM De la Calle,  Dante Patrignani comentó que “no es un hecho aislado, los permisos que ha dado el gobierno y su ministra de Seguridad, habilitan para que la policía haga cualquier cosa. La verdad que es un hecho aberrante”.

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