El fiscal Marcelo Romero Jardín requirió que el Municipio informe quién ordenó destruir o enterrar el material reciclado existente en el galpón del relleno sanitario.

Es en el marco de la denuncia de un grupo de recicladores contra el subsecretario de Gestión Ambiental, Matías Insausti, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño a la propiedad.

Los trabajadores afirman que el funcionario mandó sacar y enterrar el material reciclado que acopiaban en un galpón bajo llave. Esto habría ocurrido el 25 de marzo, sin aviso y tras haberse decretado el aislamiento obligatorio.

Según informó el abogado de los recicladores, Leonardo Urruti, el pedido de Romero Jardín apunta a conocer “si existió algún acto o autorización para que opere la Asociación 23 de Agosto y los denunciantes en el predio y para recuperar material reciclable” y “si por alguna normativa local o acto administrativo se dispuso la destrucción y/o entierro del material separado y/o reciclado que se encontraba en el galpón”.

“Creemos que es un buen primer paso en la investigación y aguardamos que la Fiscalía tenga en cuenta también las restantes medidas de prueba que se ofrecieron, entre ellas, numerosos testigos, documentación aportada sobre las autorizaciones de los trabajadores y la propiedad de lo recolectado, pedidos de informes, videos y el pliego de bases y condiciones de la licitación del relleno”, afirmó el letrado.

Agregó que “la declaración formulada por Insausti la semana pasada demostró que no tiene tapujos para afirmar mentiras y atacar sin fundamento a las víctimas. El subsecretario se ríe en la cara de los bahienses cuando dice que están haciendo un buen trabajo en Medio Ambiente. Son buenos humoristas. Todo indica que existe una pésima gestión, no les interesó enterrar toneladas de materiales reciclados; nunca tomaron medidas para cuidar la salud de los trabajadores y, desde hace tres meses, impiden que haya reciclaje en Bahía Blanca”.

Manifestó su preocupación “por la inacción de los diversos bloques del Concejo Deliberante que toman medidas de control. También creemos que las asociaciones ambientalistas deberían pronunciarse”.

Relajo ambiental en el HCD

La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, presidida por la whitense Marisa Pignatelli no se reunió desde su conformación y mucho menos la Comisión Asesora Ambiental. Está última fue creada por ordenanza e involucra la participación de diversas instituciones de la ciudad. Está desactivada -de hecho- por parte de Cambiemos desde noviembre de 2018.

El jueves pasado, el cuerpo aprobó un proyecto de Walter Larrea solicitando información al Municipio respecto a la vinculación entre la comuna y los recicladores y el rol de la empresa Ingeniería y Arquitectura -la cual gestiona el relleno-.

Además, en base a lo establecido en el pliego de la licitación de la operación del relleno consulta sobre las “autorizaciones de uso y disposición” de la Asociación 23 de Agosto del “galpón de transferencia e instalaciones complementarias con cercado perimetral a efectos de favorecer el desempeño de los recolectores” y el acuerdo requerido para generar “programas de gestión integral de residuos consolidando un marco de reciclaje con inclusión social”.

Los policías bonaerenses Daniel Enrique Dupré, Cristián Gabriel García y Matías Guerra Velarde fueron indagados este domingo, acusados de extorsionar a un hombre. Uno de ellos brindó su versión de los hechos y los otros dos se negaron a declarar.

Por el caso, la Comisaría Quinta fue allanada el sábado. Su titular, Nicolás Pérez, pidió licencia.

Según consta en la investigación se les atribuye haber citado a la víctima a la sede de la Comisaría Quinta el viernes pasado, donde tres efectivos policiales le exigieron al denunciante indebidamente, la entrega de dos mil dólares como condición para no terminar como imputado en una causa penal, además de publicar su nombre en medios periodísticos como sospechoso o vinculado a una causa penal; todo ello a sabiendas que ese acto producía temor en la víctima por verse penalmente comprometida y afectada su reputación profesional.

La Fiscalía informó que por temor, el extorsionado se vio obligado a ofertar dos mil dólares que fueron entregados ese mismo día en horas de la noche en la intersección de calles Perú y Zelarrayán de Bahía Blanca donde, los efectivos terminaron aprehendidos.

El fiscal Del Cero comentó que Guerra Velarde “negó todo tipo de responsabilidad en los hechos argumentando que era ajeno, que no sabía si había algún tipo de arreglo. No negó la posible existencia de la extorsión aunque se desvinculó de ella”.

Sin embargo, el policía no explicó por qué intervinieron la Comisaría Quinta y el servicio de calle -que él integra- en un hecho que corresponde a la Comisaría Primera dado que partió del destacamento del barrio Patagonia.

Otros dos interrogantes no aclarados por el imputado fueron los motivos por los cuales se encontraron “a las 21 del viernes en una esquina ajena a la jurisdicción de la Quinta y que llamativamente carece de cámaras de seguridad” y “qué hacía él observando a sus compañeros cuando se reunían con la misma persona que habían citado ese mismo día a la mañana”.

Con esos elementos, el Fiscal Mauricio del Cero solicitó la detención de los policías y la Jueza de Garantías Susana Calcinelli hizo lugar a dicho pedido convirtiendo así,  la aprehensión en detención.

El vigi colorado

Revancha del destino?, se preguntó en redes sociales el profesor Esteban Uset. Relató que el subcomisario a cargo de la Quinta, Nicolás Pérez “fue uno de los canas que en medio de un conflicto, cago a tiros y palos a pescadores, vecinos y alumnos en White y los sacó a la rastra de la iglesia el 24 de diciembre 2009 (… sí, el día de Noche Buena)”.

“Reparamos en él por su agresividad y por sus burlas y risas en medio de la represión…Con los chicos de DelaT le hicimos el tema ‘el viji colorado’ porque en él se resumía la violencia policial… Todo vuelve decía mi vecina y eso espero… la canción termina: pero nuestra gente y yo, no nos olvidamos…”.

El gobierno provincial anunció la asistencia financiera a clínicas privadas. El “salvataje” será a través de un acuerdo entre empresarios y la obra social bonaerense.

El secretario de Salud de SUTEBA, Gabriel Bonfliglio, dijo a FM De la Calle que “están utilizando los fondos de la obra social, 400 millones de pesos mensuales, no se sabe por cuántos meses, prestados a empresas privadas que cuando nosotros acudimos nos cobran sobreprecios, cobros indebidos. Evidentemente la plata que aportamos está pero la desvían para otras cuestiones”.

“En salud no se trata de ahorrar dinero, todo lo contrario. Lo cual nos muestra que hay un agujero negro, ¿dónde van a parar esos fondos de todos nosotros? Es un 5% lo que aportamos todos los meses”, apuntó.

Argumentó que la situación es crítica “con prestaciones que están yendo a la baja permanentemente con sobreprecios, trámites interminables para obtener cobertura. Nos venimos a enterar como tantas veces dijimos que la plata de los aportantes está y no es utilizada en lo que tiene que ser que es garantizar la salud”.

“Sabemos de compañeros y comapañeras que acceden a prestamos para atender la salud de su familia, recursos de amparo. Y nos enteramos que hay un ahorro en IOMA, no solo es de extrema gravedad y ofensivo, durante este tiempo se estuvo jugando con la salud de compañeras, teníamos razón cuando hacíamos esas denuncias diciendo que plata había”, comentó.

Bonfliglio señaló que la situación es aún mas grave: “El maltrato que sufrimos en IOMA cada vez que acudimos por una prestación, para cualquier acceso a especialistas tenemos cobros extras. IOMA mira para otro lado, son cobros en negro, sumas altas. Ni hablar si tenés que acceder a una prestación de alta complejidad”.

El Concejo Deliberante sancionaría en su próxima sesión la creación de una comisión específica para atender temas de mujeres, géneros y diversidad.

Según lo acordado entre oficialistas y opositoras, tras su conformación, el espacio diagramará un protocolo interno para la actuación ante casos de violencia machista.

Sigue en discusión el proyecto de emergencia presentado por el Frente de Todos.

La concejala Gisela Ghigliani dijo a FM De la Calle que la creación de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad “la presentamos dentro de un paquete de tres proyectos antes de que comience la cuarentena. Nos parece que llegado el momento de tener una comisión para abordar las temáticas de manera específica”.

En cuanto al protocolo de actuación interno del Concejo ante Situaciones de Violencia de Género y/o Discriminación, la concejala señaló que es una vía para poder “definir de qué manera actuar para cualquier persona que se sintiera hostigada o discriminada por su género”.

“Es muy importante contar con estos espacios porque pueden hacer su aporte con perspectiva de género y desde los derechos humanos del tratamiento de otros temas de otras comisiones, transversalizar la mirada de género en la política pública”.

En relación a la Ley Micaela Ghigliani afirmó que “no hemos recibido capacitación. Ese proyecto también lo presentamos y se aprobó, estamos pidiendo su pronta implementación. Por eso es importante poder tener este tipo de comisiones para trabajar, se ven como cuestiones ajenas y las reacciones son generalmente ante un femicidio, que es la cara más cruenta pero no se pueden ver otras violencias como la simbólica, cuesta identificar que están ejerciendo violencia porque se ha naturalizado”.

Señaló que “no es solo el seguimiento de las políticas públicas, ni analizar el presupuesto sino incluir la perspectiva de género en el Concejo”.

La concejala comentó que desde el Ejecutivo se informó que existieron capacitaciones nConsultada acerca de si la cúpula política municipial había recibido formación en el marco de la Ley Micaela comentó que “hemos preguntado formalmente y nos han dicho que si, pero no encontramos una capacitación formal”.

Este fin de semana se realizará la colecta anual de Cáritas. Producto del aislamiento será de manera virtual. Los datos para colaborar se encuentra en el facebook y la web institucional. Algunas parroquias recibirán donaciones en sus sedes. Los aportes digitales se recibirán hasta fin mes.

“Más allá de que siempre ha habido la posibilidad de colaborar virtualmente, ahora lo que queda es esto solamente. Veremos cómo resulta, esperamos que la comunidad colabore, que sea un medio amigable y pueda depositar ahí su confianza”, comentó a FM De la Calle el vicedirector Miguel Vidal.

Respecto a la asistencia en los barrios en el marco del aislamiento, comentó que “el problema es sanitario y las consecuencias están asociadas a la cuestión económica y alimentaria”.

“Sabiendo que la Municipalidad iba a tratar de acompañar esos procesos, fuimos armándonos, nos fuimos encontrando con otros organismos y actores sociales que también están en los barrios y entre todos viendo cómo acompañábamos la realidad de gente que no tiene otra forma de cubrir las necesidades básicas, desde la comida hasta cuestiones higiénicas”, afirmó.

En términos de logística, Vidal comentó que “la primera instancia que pensábamos es cómo hacer que los barrios no vayan al centro de la ciudad, cómo hacer para que los barrios generen un círculo que se auto abastezca, que se abran los negocios para evitar los entrecruzamientos. Esto se ha complejizado porque no todos los barrios tienen la misma red de asistencia, hay barrios que están más desorganizados y con menos asistencia”.

Días atrás se anunció desde la comuna que harán testeos de Covid 19 en los barrios populares. “Podrían ser interesantes en la mediad que tengamos una estructura -dijo Vidal-. Vamos a suponer que se detectan 500 casos más para poner en aislamiento, ¿tiene Bahía un lugar para aislar a esa gente que no sea en sus casas? Va aparejado a un montón de cuestiones que resolver. Detrás de todo eso debe haber una contención en el caso que surjan infectados en lugares donde es imposible hacer el aislamiento”.

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dispuso de las medidas necesarias para la reanudación del juicio postergado, a raíz de la pandemia, a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A.

Los acusados se encuentran señalados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.

Según la disposición del Tribunal, las audiencias de debate se realizarán en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, a puertas cerradas, a fin de cumplir con el distanciamiento social entre los presentes, entre otras medidas, con el mismo fin. Previo a fijar la fecha de reanudación, se dio traslado a las partes para que expusieran las objeciones y solicitaran las medidas que consideraran pertinentes. Las audiencias seguirán una modalidad mixta, participando por conexión virtual remota todas las personas pertenecientes a población de riesgo o que opten por dicha alternativa.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal -a través de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia- compartió las pautas fijadas por el tribunal. Además solicitaron medidas adicionales para reforzar la seguridad y tranquilidad de víctimas, familiares y testigos, y requirieron la fijación de fecha de debate. El juicio había comenzado el 9 de marzo y fue interrumpido por el aislamiento obligatorio.

Entre otras pautas, se pidió que se tenga en cuenta el carácter especial que, en estos procesos, reviste el acto de declaración presencial ante el tribunal, para muchas víctimas sobrevivientes y familiares convocados como testigos; al respecto, marcaron que debe tomarse en consideración su voluntad en cuando a la modalidad de participación en la audiencia. También se señaló la necesidad de asegurar la transmisión pública de las audiencias, en vista de la importancia simbólica que estos procesos mantienen en función de los intereses generales y comunitarios comprometidos en su realización.

Cabe recordar que, al requerir la elevación a juicio de la causa, la fiscalía había calificó los crímenes de los acusados como de lesa humanidad y genocidio. Se encuentran señalados por ellos Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. También había sido procesado Héctor Oscar Chisú que murió antes de llegar a juicio y fue declarada extinta la acción penal en su contra.

Aceituno es quien se encuentra acusado “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”, por el asesinato del militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. La víctima fue asesinada el 3 de abril de 1975 de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur). Se encontraba en una convocatoria a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes, que tenía como objetivo revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que conducía.

Resolución del Tribunal

En su resolución, los jueces recordaron el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que recomendaba a “los tribunales orales que tengan en trámite juicios cuyo objeto de investigación fueran hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y cuya conclusión fuera posible por vía remota y/o sin gran desplazamiento de participantes, a que procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”. También se citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la instrumentación del “protocolo para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria, el referido a la convocatoria de funcionarios y empleados y lo más importante, el que establece las medidas de higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación”.

De esta manera, el Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos y señaló “la obligación de extremar los recaudos y considerar las alternativas que permitan continuar con los procesos, siempre bajo la condición necesaria de garantizar los derechos de las partes”. Asimismo, el TOF hizo alusión al deber “impostergable e irrenunciable que tiene el Estado de investigar, identificar y sancionar a los autores de las violaciones a los derechos humanos”, en el marco del cumplimiento “de las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional (…), garantizando el cuidado de la salud de todas las personas que se vean involucradas en el desarrollo del juicio”.

En este mismo sentido se había manifestado el Ministerio Público Fiscal, cuando consideró que “están dadas las condiciones para la reanudación del debate oral y público en la presente causa, siempre y cuando se adopten rigurosamente las medidas previstas en el Protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad para el Poder Judicial de la Nación por la pandemia de Covid-19”.

Fuente: fiscales.gob.ar

Por disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto 498 y Resolución 260, la ciudad de Bahía Blanca se encuentra en la Fase 4.

Es decir?

Fase 4: los municipios que presenten casos confirmados autóctonos de COVID-19 en los últimos 21 días y que no pertenezcan al AMBA.

? Mediante el Decreto se autorizaron y habilitan nuevas actividades y servicios:

?️ Comercio de indumentaria y calzado. Con el correspondiente Protocolo sanitario.
? Comercio de juguetes. Con el correspondiente Protocolo sanitario.

? Servicio doméstico.
? Servicios de estética: tatuajes, peluquerías, manicura, maquillaje, depilación y similares.

?️ Hace 6 días consecutivos que no se registran nuevos casos positivos en la ciudad. Según los protocolos restan 15 días para pasar a la fase 5.

? Más información en www.bahia.gob.ar/coronavirus

El presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentín y el envío de un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Por 60 días la agroexportadora estará a cargo de Gabriel Delgado y será gerenciada por YPF Agro.

Uno de los argumentos para tomar la decisión fue garantizar la “soberanía alimentaria”. Sin embargo, el periodista Patricio Eleisegui aseguró que Vicentín ofrece un modelo “completamente contrapuesto”.

“Soberanía alimentaria implica un control soberano de la producción de alimento y capacidad del pueblo de manejar resortes de la producción, siempre en la perspectiva del desarrollo sustentable. Esto genera seguridad alimentaria. Estamos hablando de una compañía que se centra en el desarrollo de transgénicos y la exportación de la producción. Estamos enfrente de garantizar una producción sana a y agroecológica, además que Vicentin no produce alimentos sino comodities para exportación”, dijo el autor de “AgroTóxico” y “Envenenados”.

Señaló que el modelo Vicentin es “agroexportador atado a la venta exterior de soja y maíz, a través del grano mismo o procesados como la molienda de soja para harina. Esto con perspectivas de abastecimiento a China o Europa, para garantizarle forraje al ganado porcino o a los pollos”.

Se basa en “una agricultura atada al uso del paquete tecnológico: semillas modificadas genéticamente, los agrotóxicos y siembra directa. Vicentin ha basado en la última década su desempeño comercial en ese rubro, esto es el vínculo con exportadores transgénicos, exportación y con una pata de producción de feedlots para ganado encerrado, con todo lo que implica en el uso de antibióticos y otros problemas que tiene ese modelo de ganadería”.

Respecto a la conservación de las fuentes laborales, Eleisegui mencionó que el 40% de la deuda contraída por Vicentin es con productores. “Muchos son pequeños, gente con 200 o 300 hectáreas, muchas son cooperativas. Son productores de soja y maíz transgénico. Se garantiza la posibilidad de seguir vendiendo al exterior, es una continuidad de la operatoria. Si el mensaje era garantizar puestos de trabajo es otra la discusión. Hablar de soberanía alimentaria es innecesario porque no tiene un fundamento y un sostén a partir de las características de la misma Vicentin”.

YPF megaminera

Por otra parte, Eleisegui se refirió al interés de la petrolera estatal a intervenir en la explotación minera. Junto a la Secretaría del área “están definiendo de qué manera se lleva a cabo, si es a través de una subsidiaria de YPF que se ocupa de la provisión de la arena que se utiliza para fracking en la zona de Vaca Muerta o si se va a desarrollar desde cero una unidad específica”.

“La propuesta es desempeñar un rol muy fuerte en los proyectos grandes de oro y litio, activar una megaminería, una especie de Barrick estatal que salga a disputar proyectos a compañías de afuera o que pueda funcionar de manera asociada. Me preguntaba si este modelo asociado de dos compañías está dentro del horizonte y me dijeron que sí, que miran mucho el modelo chileno. Se está avanzando bastante rápido y se inscribe dentro de la línea del presidente cuando dijo que una de las líneas en términos de extractivismo iba a estar orientada a los hidrocarburos”, apuntó.

La Subsecretaría de Gestión Ambiental presentará la denuncia penal “luego de detectar irregularidades en el relleno sanitario”. Es por “la posible comisión de un hecho ilícito, a partir de la venta ilegal de material del relleno, predio al que solo pueden ingresar miembros de la cooperativa que trabaja en el lugar”.

El comunicado agrega que”se han registrado denuncias por acciones violentas y amenazas hacia trabajadores en el predio y hacia el propio subsecretario Matías Insausti”.

El abogado de los recicladores, Leonardo Urruti dijo a FM De la Calle que”atacar a la propia víctima es desviar la atención de la mala conducta de la administración pública. Es un argumento contra la persona en vez de admitir que tienen una responsabilidad de esto que se ha denunciado”.

Insausti no atendió a los reiterados llamados de FM De la Calle y tampoco dieron resultados las gestiones mediante la Dirección de Comunicación a cargo de José Fernández Ardaiz.

El subsecretario dijo a Radio Altos: “El galpón era un espacio sucio y lleno de roedores, es municipal y todo lo que está en el relleno es municipal. Ahí tienen que trabajar las 40 familias de manera digna por eso lo limpiamos. Había que sanearlo y más en este contexto de pandemia”.

Urruti contestó que “primero reconocieron que ellos quitaron este material que era de los trabajadores y que lo enterraron, que no les importó el medioambiente ni el reconocimiento legal”.

“Por un lado se les da la autorización de recuperar el material que querían y después dicen que es del Municipio. El material que se deposita ahí no tiene propietario porque es una cosa mueble. A diferencia de un auto, por ejemplo, estas cosas son de quien las aprecia, las recupera y le agrega valor: limpiar, compactar, pasar a una forma que se pueda recuperar. Claramente el material es de los trabajadores que lo han recuperado, no es del Municipio”, dijo el abogado.

Finalmente,afirmó que los recicladores “tenían autorización para estar en el relleno o para utilizarlo y tenían llave. El Municipio les dijo trabajen ahí y cumplan determinadas pautas. Les daban una credencial que era un burla e iba cambiando con cada gobierno y con eso ellos entraban y realizaban sus tareas”.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, el médico y columnista de FM De la Calle, Horacio Romano analizó las consecuencias de la contaminación aérea en la salud.

“En Bahía nos puede hacer reflexionar bastante. Hay algo que tuvo de bueno la pandemia, uno puede observar que hay cambios que se pueden hacer en el ambiente. Concretamente en la contaminación aérea, con cambios respecto a disminuir el tema vehicular e industrial y la cantidad de material particulado”, comentó.

Nuestra ciudad no fue la excepción, “los puntos donde se miden estas partículas muy pequeñitas están en la zona del polo industrial y podemos seguir bastante bien el nivel de particulado que hay en el aire, en los momentos donde casi no se movía nada ha caído a niveles bajísimos”.

Romano afirmó que “hay un mundo posible generando cambios importantes para eliminar esta contaminación, eliminando partículas chiquititas que se asocian a enfermedades respiratorias y que sabemos que va mucho más allá, relacionado con problemas cardíacos o ACV o diabetes. Estas partículas ingresan en el organismo y generan un estado de inflamación que favorece todos estos procesos, que se tapen las arterias, problemas renales, muchas partículas tienen plomo o metales pesados, que son causa de deterioro cognitivo en chicos”.

“Bahía tiene una ventaja que es que se mide, no pasa en todas las ciudades. Deberíamos hacer un uso más importante de los datos que se van obteniendo porque de allí se deberían fijar políticas públicas en tanto lo que se puede o no se puede hacer”, mencionó.

El médico dijo que una posible solución es buscar energías alternativas. “La pandemia demostró que tenemos que impulsar una energía más limpia. La contaminación aérea es una cuestión extendida que reviste gravedad. Hay una reglamentación que cambió para la provincia de Buenos Aires hace dos años. En material particulado para la OMS el límite es 50 y acá lo tenemos en 150. Alguien puede decir ‘sí, estamos en los valores normales’ pero cuando vemos cifras en valores internacionales vemos que no es así”.

Respecto del transporte terrestre, Romano concluyó: “Uno debería plantear que lo que vendría por delante es algún otro tipo de transporte y no el que conocemos como automóvil, tal vez eléctrico o que tenga estándares que no deterioren el medioamabiente. Indudablemente que el hombre exista sobre la tierra es una complicación para la tierra y sus seres. Tenemos que tratar de dañar lo menos posible”.

La asociación civil Talita Kum lanzó una propuesta para la reactivación de la economía en Villa Muñiz, Villa Buenos Aires y Oasis mediante la sistematización y difusión de servicios de diversos rubros que ofrecen vecinos y vecinas del sector.

Mariano Frola explicó a FM De la Calle que la intención es que “si una familia necesita un gasista que no llame a uno que vive lejos porque capaz tiene cinco en el barrio”.

“Hace más o menos un mes las donaciones de alimentos empezaron a caer, quizás porque la cuarentena esta más flexibilizada y la sociedad está en otra sintonía. Hay muchas familias que no tienen trabajo y un compañero tuvo la idea de hacer un registro único integral que consiste en agrupar por rubro todos los productos y servicios que se ofrecen en el barrio, construcción, logística, plomería, electricidad”, comentó.

Talita Kum está integrada por una docena de voluntaries actives que propician espacios de educación y acompañamiento a familias del barrio. “Solíamos abarcar a 60 familias y por la pandemia nos tuvimos que extender por motivos extraordinarios y llegamos a abarcar alrededor de 450. Estamos en Villa Muñiz hace más de diez años, antes era un brazo del Don Bosco y desde 2016 y 2017 nos separamos y obtuvimos la personería jurídica para darle nuestra impronta”.

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⚠️REACTIVANDO LA ECONOMÍA BARRIAL⚠️ ➡️ Las donaciones de alimentos fueron cayendo y decidimos, para seguir acompañando a las más de 450 familias, realizar un relevamiento de los barrios y tener un registro integral de los servicios que se prestan. ➡️ Este trabajo tiene como objetivo reactivar la economía barrial colaborando desde adentro (que se contraten servicios entre vecinxs) y desde afuera, difundiendo los diferentes emprendimientos al resto de la ciudad. ➡️ Tené esta guía a mano para que nunca te falte un electricista, plomero o jardinero de confianza y que siempre sepas con que acompañar los mates!! ?? #AquíNadieSeSalvaSolo ❤???

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El proyecto viene “excelente”: “Ya tuvimos muchas familias que nos agradecieron, que pudieron empezar a hacer changas y tuvo muy buena recepción de otras organizaciones que lo replicaron en sus barrios y ya están surgiendo nuevos proyectos para ampliarla. Se llegó a distintas empresas constructoras y nos pidieron si de todas estas familias que estaban en las construcción podíamos hacer un registro y curriculums”.

Frola aseguró que limitarse a la emergencia alimentaria “era tapar el sol con la mano” y que “este proyecto de generar trabajo es más sostenible”.

En cuanto a otras iniciativas de la agrupación destacó que “el invierno se está poniendo más duro que años anteriores porque quienes comparaban garrafa ahora no puede hacerlo. Por eso hacemos feria de ropa una vez por semana o cada quince días. Y, por otro lado, estamos reactivando un espacio de construcción para mejorar la infraestructura del barrio, que por ahí son familias que viven en condiciones inhumanas”.

Ante la denuncia presentada recientemente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la Justicia Federal sobre la realización de actividades de espionaje ilegal realizadas por dicha Agencia sobre académicos, dirigentes políticos, periodistas y referentes sociales, el rector de la UNS, doctor Daniel Vega, expresó su máximo repudio a este tipo de prácticas ajenas al Derecho. Entre los espiados figura el doctor Francisco Cantamutto, docente del Departamento de Economía e Investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS).

“Entendemos que de comprobarse el accionar ilegal denunciado, debe ser objeto del repudio de toda la sociedad que ha elegido para nuestro país la vida democrática, la pluralidad de ideas y el respeto a la libertad, el Estado de Derecho y las garantías constitucionales. Los responsables de poner esos valores en riesgo deberán ser sancionados con la mayor severidad prevista por nuestras leyes”, indicó Vega.

“Lamentablemente, las instituciones académicas han sufrido en el pasado de forma reiterada y habitual este tipo de prácticas, pero en la vida democrática, las fuerzas de seguridad y las agencias del Estado deben estar al servicio de la sociedad y jamás puestas al servicio de la persecución de los ciudadanos por sus ideas o su actividad política, gremial o académica”, agregó.

Fuente: Prensa UNS.

Desde este viernes está disponible para su libre descarga el libro “¿Quiénes hacen periodismo? Trabajadores y trabajadoras de prensa. Historias y miradas sobre el oficio”. El ejemplar reúne entrevistas a 11 trabajadoras y trabajadores de prensa de diez medios de comunicación, que “no se codean con el establishment ni salen en televisión”.

Su presentación virtual iba a realizarse en vísperas del Día de les Periodistas que se celebra este domingo aunque debió ser suspendida. DESCARGALO ACÁ.

Darío Aranda, uno de los autores del libro, dijo a FM De la Calle que “la idea surgió hace tres años, para un 7 de junio, en una movilización del SIPREBA frente a las cámaras patronales. Uno de los discurso fue de Carlos Rodríguez, histórico militante, en el que se preguntó ‘¿dónde están las grandes firmas reclamando por nuestros derechos? Acá estamos los que hacemos la noticia todos los días'”.

Si bien a los periodistas les va a interesar mucho, a cualquiera que le interese ver los diarios, las noticias y escuchar la radio le va a interesar porque hay mucho de la cocina de cómo un laburante de prensa ejerce el oficio día a día, sea en un medio comercial, estatal o un medio comunitario”, detalló.

Se trata de escuchar “las voces de a quienes les cuesta llegar a fin de mes, esos que lo hacen por militancia también, de los medios populares. Es un homenaje y un reconocerse en otros como pares y reconocer las cosas del oficio. Todos los entrevistados se reconocen como trabajadores de prensa”.

En cuanto a las fuentes a las que recurren, Aranda comentó: “Cuando voy a cubrir el tema petrolero habló no solo con el CEO de YPF sino que te cuente la gente afectada. Estamos vinculados a los que sufren, a los que luchan, a los que están en los territorios. Creo que atraviesa el libro la cuestión de clase, cuando uno escribe o llama a alguien se trata de pensar a qué fuentes estamos llamando para contar la realidad”.

El periodista mencionó que “no discutimos mucho el tema de la objetividad e independencia porque me parece que esto esta super saldado, pero si hay ciertos intocables, o referencias que me parecen o nos parece que no son nada nuevo. También la función de los auspiciantes, como silencian. Los matices que da la profesión, en algunos estamos todos de acuerdo, en otros no”.

“Algo que quedó pendiente es avanzar con medios de otras provincias y realidades. Fue hecho de manera militante y a pulmón y no nos dio el cuero pero ojalá podamos avanzar en la segunda parte”, finalizó.

El intendente Héctor Gay señaló que el Municipio espera la comunicación oficial del gobierno provincial para confirmar la fase en la cual se encuentra la ciudad en relación al aislamiento social.

Independientemente de dicha definición, se podrá hacer salidas recreativas todos los días por una hora, incluidos los grupos de riesgo. Los comercios habilitados también podrán abrir los sábados por la mañana.

“Suponemos que por lo dicho estaríamos en fase 4. El AMBA es fase 3, nosotros fase 4 y 60 distritos de la provincia que tienen cero casos estarían en fase 5 con el mayor grado de libertades. No nos quedó del todo claro anoche por la dualidad del mensaje del gobernador y el presidente”, afirmó el funcionario.

Actualmente, la ciudad cuenta con 72 casos confirmados de coronavirus, 28 activos, 40 recuperados y 4 decesos. Hay 7 personas sospechosas, 21 en aislamiento y 1646 en monitoreo diario.

“Hay un dato importante que tiene que ver con lo que consideramos positivo. A nivel nacional estamos con una media de 15.5 días para la duplicación de casos. En Bahía, afortunadamente y gracias al trabajo de todos, siempre hemos tenido una curva positiva. Pese a los casos del parque eólico y del geriátrico seguimos evolucionando y tenemos una duplicación de casos cada 35 días”.

Rubros y autorizaciones

En relación a los comercios habilitados en horario de lunes a viernes de 9 a 17, Gay afirmó que partir de mañana pueden abrir también los sábados de 9 a 13.

Respecto de las salidas recreativas comentó que “se extiende la autorización que regía para los fines de semana para todos los días de la semana durante una hora, de 8 a 12 y de 14 a 20 de acuerdo con la aplicación organiza tu salida. Agregamos la posibilidad de salidas para adultos mayores y personas de riesgo, también todos los días y ponemos 12 a 14 en el intervalo que dejamos con el resto de la gente”.

“Se solicitó la apertura de indumentaria y calzado, se incorpora la posibilidad de un paso intermedio, la compra presencial no está habilitada en ningún lugar de la provincia. Sí está la posibilidad del take away. De los gimnasios hemos recibido a las dos cámaras que ofrecieron un protocolo específico. Esto es lo que estamos esperando de la provincia”, dijo Gay.

El intendente anunció que “ayer nos aprobaron la apertura de 3 rubros: inmobiliarias, escribanías y todos los servicios jurídicos incluida la actividad de abogados. Con un protocolo ya habíamos habilitado las agencias de lotería”.

Por último, aseguró que “hay 30 profesionales de la salud trabajando en los accesos, en control de documentación, de dónde vienen, la temperatura, se toman los datos epidemiológicos y son cargados en tiempo real. Los accesos son controlados de 7 a 22. Teniendo cerrado el aeropuerto, la terminal, no hay transporte interprovincial. Esos datos son importantes”.

“Hay certeza de que hay un nexo entre el conglomerado de parque eólico y el conglomerado de la institución de adultos mayores. Seguimos con transmisión local por conglomerados, no tenemos certificación de circulación comunitaria”, afirmó el jefe de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Ezequiel Jouglard.

Ayer se produjo el segundo deceso vinculado al conglomerado de contagios del geriátrico clandestino. Se trata de una anciana de 95 años que se encontraba internada. Cinco personas continúan internadas.

Jouglard señaló que el inicio de la cadena de contagios ocurrió a partir de un encuentro casual de alguien de la familia que administraba el asilo clandestino con un caso positivo vinculado al parque eólico de Mayor Buratovich.

“Fue casual, como si te encontrás con un amigo que hace mucho que no ves, y en el relato la persona no la considera contacto estrecho. En su momento con las personas del parque eólico a este contacto no lo habíamos identificado, seguramente por no ser más incisivos con las preguntas”, señaló el médico.

Agregó que a partir de la confirmación del caso del lunes, “todos los contactos que habían encontrado en las primeras entrevistas -son 30 o 35 personas- están en aislamiento”.

“Este último conglomerado nos muestra la afectación a población vulnerable y la transmisión que se da puertas adentro de los hogares. Aquellas personas jóvenes asintomáticas que conviven con adultos mayores deben tener los mismo cuidados de higiene”.

Respecto de los casos del parque eólico mencionó que están en aislamiento en habitaciones individuales, monitoreados telefónicamente y el estado de salud es bueno. Tenemos 40 personas recuperadas, seguramente en el transcurso de la semana vamos a tener pacientes recuperados del conglomerado del parque eólico”.

La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, repudió el comunicado en el cual el PRO “condenaba” la violencia institucional ocurrida durante las últimas semanas.

“Que vengan ellos a rasgarse las vestiduras por la desaparición de Luis Espinoza, con Bullrich como presidenta del partido, cuando son los responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, cuando tienen el fusilamiento de Rafael Nahuel y han estado matando una persona cada 19 horas con su gatillo fácil, francamente da asco”, dijo Verdú a FM De la Calle.

“El PRO exige el pleno respeto de las garantías constitucionales y solicita al Gobierno Nacional no se indiferente pues el silencio es cómplice”, dice el texto que no lleva la firma de la ex ministra de Seguridad del macrismo.

Verdú mencionó que Cambiemos “públicamente impulsó el gatillo fácil como política de Estado, generó modificaciones normativas que han sido revocadas parcialmente. Hemos venido reclamando, le llevamos veintipico de puntos al gobierno que son necesarios modificar para volver atrás, por lo menos, lo que nos dejó el aparato represivo y en funcionamiento de política judicial el gobierno de Cambiemos”.

En relación a los hechos de represión, recordó que “el día que se publicó en el Boletín Oficial el decreto del aislamiento preventivo y obligatorio en todo el país desde CORREPI lo primero que dijimos fue: cuidado. Porque para una medida acertada desde lo sanitario en lugar de darle una salida de implementación para políticas sanitarias y asistencia material a quién no podía bancar un aislamiento, pusieron la implementación en el aparato represivo. Esto va a llevar a un incremento exponencial de hechos represivos, tuvimos razón”.

Hay dos aspectos que se repiten en los barrios populares y en las cárceles: “el hacinamiento y la falta de recursos no solo de alimentación sino para lo básico de la higiene. Me mandan a lavar las manos pero no tengo agua en mi casa y quien tiene que garantizarlo es el Estado”.

“Si no se garantiza que haya un plato de comida, si no se garantizan los recursos de higiene y se evita la necesidad obvia de circular en el momento que ingrese el virus esto va a ser una masacre, y ¡cuál es la respuesta del Estado? Mandarlo a Berni con la policía”, finalizó Verdú.

El dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, César García, dijo a FM De la Calle que la realidad social de los barrios de Bahía Blanca es “dramática” y agregó que “en los últimos 18 días abrimos diez comedores nuevos en diez barrios diferentes que no se le estaba dando de comer”.

La organización social realizó el martes un encuentro del cual participaron las mujeres que sostienen día a día los comedores para enfrentar la emergencia alimentaria.

“Hay un sentimiento de orgullo por todo lo que se hizo. Las mujeres se han puesto al hombro la situación, seis o siete compañeras se pusieron a llorar por la situación de los barrios, por ver cómo hacían para llenarle el taper a los vecinos”, destacó García.

El dirigente señaló que la CCC atiende a 35 comedores: “En Portal del Este, le dábamos de comer en febrero a 68 chicos porque eran merenderos. Se transformaron en comedores y hoy le dan de comer a más de 400 personas. En Costa Blanca empezó siendo un merendero de 15 personas, después un comedor de 90 personas y ahora están dándole de comer a 450”.

Respecto al abastecimiento de mercadería mencionó que “en un 65% son donaciones. Pedimos por todos lados y alrededor de un 30% es de las Delegaciones, de la Municipalidad. Estamos al límite de lo que podemos abarcar”.

En relación a la participación en el Comité de Crisis, García comentó que “queríamos evitar quedar de fiscales o de brazos cruzados y dijimos acá hay que articular con quien sea y es un momento para arremangarse y discutir desde el hacer”.

“Venimos planteando que no somos Europa, hay villas miseria y se necesita al Municipio, al Estado provincial y nacional. Tienen que garantizar carne, verdura y fruta para que, si te agarra el virus, te agarre con las defensas altas y garantizar el tema sanitario en los barrios. Han avanzado en repartir el jabón blanco para hacer protagonista a la gente pero verdura, fruta y carne no. No estamos de acuerdo”, sentenció.

Consultado acerca del motivo por el cuál no se brinda mayor asistencia desde el Ejecutivo municipal mencionó que “son porcentajes de dejadez, de que hay a quienes no les interesa, de burocracia. Una parte de alimentos que no nos llega es porque se compran a largo plazo y no se resolvió nada. Luego pretenden repartir equitativamente por Delegación. No se puede ser equitativo porque es 10 a 1 lo que se vive en algunas Delegaciones, eso hace que haya gente que recibió la séptima entrega y otras recién la segunda”.

La Mesa Noroeste Covid 19 informó que el Municipio destinó, durante los dos primeros meses de aislamiento obligatorio, una bolsa y media de entre seis y nueve productos alimenticios por familia.

“Como mucho y estirándolo alcanza para una semana”, dijo a FM De la Calle el párroco de La Piedad, Héctor Arismende. Las entregas pueden incluir leche, aceite, arroz, lentejas, paté, puré de tomate, harina, polenta, fideos, cacao o azúcar.

El sacerdote detalló cómo atienden la urgencia alimentaria, qué condiciones sanitarias existen en los barrios y compartió su mirada respecto al reemplazo de Martín Aguirre por Ignacio Caspe en la Delegación Municipal.

Arismende comentó que, “en primer lugar, la gente lo que reclama es la posibilidad de trabajar. Hay gente que nunca ha pedido ayuda de ningún tipo y en este tiempo tuvo que salir a pedir porque no pudo trabajar. Por otro lado, la pobreza estructural de los barrios, con esta situación de cuarentena, se hace sentir más fuerte y por eso deriva en la emergencia alimentaria. La gente tiene hambre. Esto requiere una respuesta pronta”.

Explicó que para organizar la distribución de bolsones dividieron el barrio en diez zonas con un/a referente de la mesa barrial en cada lugar.

“Hay un agente de salud de la Unidad Sanitaria en la Delegación y con un grupo de voluntarios organizaban capacitaciones para las personas que estaba distribuyendo viandas o en los comedores o haciendo ollas populares para evitar que se transformen en un foco de contagio. También la vacunación de estas personas”, relató.

Destacó que “sigue habiendo urgencia , se va intentando responder de otra manera, si bien bajaron la cantidad de bolsas que envían se fue ayudando a comedores y merenderos para que se hicieran viandas y puntos de comida caliente. Ya hay más familias que retiran la comida de estos lugares dos o tres veces por semana. En Maldonado y Costa Blanca iniciamos esta iniciativa, eran barrios que no estaban recibiendo atención”.

Condiciones sanitarias

“Creemos que no están dadas las condiciones (ante un brote) es una preocupación, hay barrios donde no llega el agua o llega escasamente y es una de las cuestiones fundamentales para la higiene. El aislamiento se cumple territorialmente más que en la casa. Tenemos casas muy precarias, muy pequeñas para contener todo el tiempo, todo el día, a familias de 5 o 6 integrantes. No hay posibilidad de aislamiento de personas que tuvieran un brote”.

El sacerdote manifestó la preocupación de las organizaciones ante el brote de contagios en el geriátrico clandestino de Avellaneda al 700. “Está en la entrada a Noroeste”.

Arismende comentó que la intensión es poner a disposición un centro de aislamiento en la parroquia. “Tomamos contacto con Región Sanitaria, con la Secretaría de Salud y de Gobierno y lo hemos puesto a disposición. Tenemos lugar para 10 personas con camas del Ejército, un protocolo realizado por especialistas de epidemiología, que está pensado para responder a la necesidad de la gente los barrios, llegado el caso que no haya lugar en las clínicas”.

“En el medio de la tormenta no se cambia el capitán”

Días atrás se oficializó la salida del delegado Martín Aguirre y la designación de Ignacio Caspe, quien había sido removido de su cargo como subsecretario de Políticas Sociales ante una denuncia por abuso sexual. La fiscal Marina Lara archivó la causa por “inexistencia de delito”.

Las organizaciones barriales valoraron el aporte del ex futbolista y lamentaron su apartamiento. “Resaltamos que todo el trabajo se pudo dar gracias a que Martín nos abrió las puertas de la Delegación. Por primera vez pudimos tener contacto directo con el delegado y laburar juntos”, comentó Arismende.

Agregó que “de la mesa participamos la iglesia, la CCC, concejales de Frente de Todos, de Cambiemos, referentes barriales. No cualquiera sienta a toda esta gente a dialogar y, por otro lado, es la única experiencia, es la única delegación que organizó una mesa y que no pasó todo por el delegado. Por eso nos llama la atención este cambio, en el medio de la tormenta no se cambia el capitán”.

“Durante estos dos meses, varias veces se ha recibido en la Delegación una cantidad de bolsas y, por otro lado, otro agentes, punteros o personas ligadas a gente de la Secretaría de Políticas Sociales ha venido a repartir bolsones. No todo lo que se repartió ha sido por la Delegación. Hubo otros canales y nosotros nos enteramos en el camino. Podría decirte, a título personal, que hay situaciones hasta de ninguneo al delegado, cuando llegaron los bolsones, me los trajeron a mí y no al delegado. Esta situación es llamativa”.

Respecto a Caspe, dijo que “estuvo participando en algunas reuniones que habíamos tenido. Preguntamos y nos dijo que había algún envío de Políticas Sociales y no supo decirnos si era empleado o qué. Era un poco el que coordinaba la bajada de recursos”.