Desde el próximo lunes 4 de mayo, los colectivos transitarán con un nuevo esquema de circulación.

El Municipio informó que ante la crisis financiera que vive el transporte público se buscará optimizar recursos. A los cambios de frecuencias se sumará la reducción de kilómetros que recorre cada línea, pasando de un millón cien mil kilómetros por mes a 390 mil.

El ajuste comprenderá al 64% del servicio y, según se informó, no dejará sin servicio “a ninguna parte de la ciudad”.

En la web http://www.bahia.gob.ar/colectivos/ ya se encuentra disponible el itinerario de cada línea.

También se anunciaron mejoras la página y aplicación GPS Bahía (https://www.gpsbahia.com.ar/). Más adelante se agregarán “tres cambios fundamentales: el primero es cuánto falta desde donde estoy a que llegue el colectivo; el segundo es la aparición de las paradas identificadas una por una; y la tercera es ¿qué colectivo tomo? Estableciendo punto de salida y llegada, brindará la información de cuál colectivo conviene tomar”.

El gobierno abandonó las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio del Mercosur con Corea del Sur, Canadá, Singapur, Líbano e India. La investigadora del CONICET y coordinadora de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC, Luciana Ghiotto, explicó el significado de la decisión.

“Es una movida interesante del gobierno en un contexto convulsionado en la coronacrisis. Hay mucho ida y vuelta de información, Argentina no se salió del Mercosur, lo que hizo fue suspender su participación en las negociaciones del Mercosur como bloque. Esto excluye lo que es Mercosur- Unión Europea. Es como una situación muy anómala y va a abrir interrogantes de cómo seguir”, dijo a FM De la Calle.

Ghiotto comentó que “hay que tener en cuenta que los Tratados de Libre Comercio de comercio y de libres tienen muy poco. Son tratados que comprenden una gran cantidad de temas, no solamente de aranceles, sino compras de servicios, compras públicas, patentes, inversiones, es un conjunto de normativas. Se convierten en chalecos de fuerza para los Estados y sus capacidades para llevar a cabo políticas públicas”.

“Muchas de las políticas que se van a desarrollar en los próximos meses en el marco de la pandemia no están permitas por los TLC, los cuales prohíben estas medidas que puedan avanzar sobre los privilegios de las trasnacionales. Grobocopatel es el único que sale ganando del lado Mercosur con estos tratados”.

Respecto a las negociaciones con Corea del Sur, la investigadora señaló que “fue un acuerdo cuestionado porque no hay ningún acceso al texto y también porque se cuenta con experiencias de otros países que han firmado tratados con Corea”.

“Corea firma en su favor, por ejemplo, Samsung es una megacorpoación coreana que produce un montón de cosas, Daewo, Kia, qué van a ‘competir’ con industrias de América Latina. En Colombia se hizo una campaña en contra muy fuerte porque sabían que iban a afectar la producción nacional de línea blanca”.

En relación al impacto de los TLC en el capítulo de la propiedad intelectual, Ghiotto explicó que lo que han hecho es “extender cada vez más el uso monopólico de las patentes por parte de las farmacéuticas. Les encuentran pequeños engaños para que una patente pueda ser extendida en el tiempo a medida que se le descubren más propiedades. Eso hace que vos no puedas producir con laboratorios nacionales un genérico y bajarle el precio -por ejemplo, aquellos que son usados para grandes campañas de VIH o Hepatitis C- y se los puedas dar gratuitamente a la población. Pone de igual a igual a grandes empresas a competir en licitaciones públicas, como podría ser Bayer contra Bagó”.

Para Ghiotto, la salida de la mesa de negociaciones del acuerdo con Corea “es una jugada compleja porque la urgencia más grande es Unión Europea- Mercosur. Ese acuerdo va a estar para ser firmado en unos poco meses. Ahí hay una urgencia real que es que estamos exigiendo que el gobierno tome una posición contraria”.

Pablo Becher es profesor y licenciado en Historia y Magíster en Sociología. Colaboró con esta nota para el Boletín Tramas. Compartimos, además, la entrevista realizada con el autor esta mañana en Redacción de la Calle.

Breve repaso de la situación histórica local (Bahía Blanca).

En Argentina, la estructura ocupacional se ha caracterizado en las últimas décadas por una profunda heterogeneidad y fragmentación en la clase obrera, marcada por un aumento significativo de la desocupación, la sub-ocupación horaria, la sobreocupación y otras formas de explotación laboral. Esta tendencia se visibiliza en una creciente pauperización y empobrecimiento de amplios sectores sociales, incluyendo la clase media. La ciudad de Bahía Blanca ha mostrado, cíclicamente en los últimos años, altas tasas de informalidad y precarización laboral, trepando en ambos casos al 35% (EPH- Indec, 2014- 2019), siendo bastante elevadas en comparación con el promedio nacional. En este sentido, el panorama del mercado laboral bahiense ha presentado una desmejora notable, agudizando mayores procesos de desigualdad tanto en el acceso como en la permanencia.

En medio de este contexto, la expansión de los servicios de logística, distribución de documentos, gestiones, pagos y cobranzas a pedido, como de entregas de diferentes mercancías a domicilio, se intensificó en diferentes ciudades de la Argentina. Ya sea como parte una nueva forma de relación entre consumidores y vendedores en el mercado, por los cambios en los hábitos de consumo  o por la inmediatez en el disfrute de una “entrega eficiente”, la figura del cadete, delivery o mensajero ha cobrado notable visibilidad.

Bahía Blanca ha comenzado a extender la cadetería y la mensajería con el crecimiento del propio ejido urbano y la instalación de diferentes comercios gastronómicos fuera del macrocentro. De esta forma el crecimiento exponencial de los trabajadores de la moto fue una constante desde mediados de la década de 1990 hasta la actualidad, contabilizando a partir de estadísticas informales un número aproximado de 800 cadetes y mensajeros (en su mayoría varones) que circulan por las calles.

Como parte de una investigación más amplia y a partir del relevamiento de periódicos, informes estadísticos, laborales, sindicales y un conjunto de diversas entrevistas, se ha logrado una caracterización del trabajador de la moto que permite avanzar en la comprensión de su situación específica. En general, se utiliza el concepto de motoquero o trabajador de la moto asociado a un asalariado que utiliza su vehículo (principalmente motocicleta) como herramienta o medio de trabajo. Existe una falsa concepción del cadete o mensajero como como cuentapropista (que paga un monotributo) y trabajador autónomo: esta identificación encubre relaciones asalariadas y de subsunción laboral, ya que como personificación asalariada responde a un patrón que lo contrata para efectuar un servicio, y le extrae un plusvalor relativo por la entrega de mercadería dentro de un tiempo estipulado.

Los cadetes y mensajeros se encuentran englobados mayoritariamente entre los trabajadores informales o no registrados. La proporción de trabajadores en blanco es de un 20% en toda la ciudad.  A su vez este grupo se puede dividir en dos subgrupos: los trabajadores regidos por contrato de trabajo, encuadrados bajo algún convenio colectivo, y los monotributistas, trabajadores cuentapropistas que facturan autónomamente a terceros por contraprestación de su trabajo, que carecen de derechos de las conquistas históricas de los trabajadores (aguinaldo, convenio colectivo, vacaciones pagas, pago de feriados, regulación de la jornada de trabajo, indemnización, antigüedad, art). En general, los motoqueros se encuentran bajo una condición de precarización total lo que reduce sus derechos a mínimas condiciones.

Entre las características propias de la actividad el trabajo en la moto, se percibe entre los trabajadores como una tarea ardua, de mucho esfuerzo físico y psicológico, muy intensa y desgastante, con muchas horas bajo la presión de la empresa, de los compradores o mediadores y del propio tránsito. Los peligros abundan en la tarea con una situación permanente de riesgos por accidentes, caídas, golpes e inestabilidad permanente. Es común la polivalencia y la multifuncionalidad de tareas, donde los empleados realizan más actividades además de repartir mercancías o realizar trámites. La actividad se paga principalmente por hora de trabajo aunque se ha acrecentado en el último tiempo el pago por jornada. La mayoría no llega al salario mínimo vital. Muchos trabajan a “destajo” lo que significa mayor velocidad en horas de trabajo sobre la moto para recuperar tiempo y hacer un poco más de “ganancia”.

Se visibiliza una manifiesta diferenciación dentro del rubro, ya sea si es cadete, mensajero o ambos, por su relación de contratado con grandes empresas, medianas empresas o tercerizadoras, o por su antigüedad y estabilidad en el empleo. Los cadetes de deliverys sufren peor paga y deben trabajar más tiempo y en horarios nocturnos. En general se notan diferencias entre aquellos que están en blanco (un 15%) y el resto. En este sentido, las diferencias entre cadetes y mensajeros se acentúan como parte de la heterogeneidad de la actividad: la mensajería se realiza en un horario diferente, bajo otro tipo de relaciones patronales, con otro salario y en muchos casos con menos exposición que la cadetería, muchas veces en mayor precarización laboral. Sin embargo, ambas actividades comparten una misma problemática como trabajadores precarizados, aún en situación de blanqueo.

Ambos rubros tienen sobre ocupación horaria, malas condiciones de salubridad o nulas, y los derechos percibidos muy contados. La mayoría de estos trabajadores se encuentran sin la rúbrica de convenios colectivos de trabajo (CCT), aunque algunos manifiestan que ha podido establecerse algunos parámetros del Convenio Colectivo de Trabajo de Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM). Sin embargo, en varias empresas de comidas rápidas se establece el convenio de los gastronómicos o de los pasteleros con serias desventajas en términos salariales y de condiciones de empleo en relación al convenio específico para cadetes o mensajeros, con lo cual no se pueden establecer tarifas fijas, ni salarios similares en el mismo rubro. Su tarea queda “poco aclarada” contractualmente y permite a los dueños utilizarlos de diferentes formas. Los trabajadores registrados, en proceso de blanqueo con prestaciones pagas son una parte minoritaria, ubicándose principalmente en farmacias y rotiserías grandes. Un 80% de los trabajadores lo hace en negro, bajo convenios por empresa. La cobertura es mínima, reemplazando las ART por un seguro contra accidentes. El tiempo de trabajo empleado de más de ocho horas (ejercido periódicamente) no resulta remunerado en su totalidad, ya que en general facturan por seis horas, obligados por las empresas. Cuando hacen horarios extras todo se paga bajo condiciones del empleador.

En el año 2013 y emulando la experiencia del Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes (SIMECA) y de otras organizaciones sindicales de base, comenzaron a reunirse los primeros activistas en Bahía Blanca, que tenían como idea central conformar un sindicato que legalmente les permitiera obtener derechos mínimos establecidos por el artículo 14 bis de la constitución. En el año 2017, luego de múltiples luchas y procesos de organización en los lugares de trabajo se realizó  una asamblea constitutiva de más de 50 trabajadores de la moto que estableció el estatuto general de la Asociación Sindical de Trabajadores mensajeros y cadetes (ASTRAMYC). Entre las demandas fundamentales que aún hoy el sindicato continúa peleando se consigna: el blanqueo de todos los empleados, el reconocimiento de la moto como herramienta de trabajo, el plus por lluvia, el pago de beneficios como el combustible y mantenimiento de la moto,  y la mejora en las condiciones de trabajo y de salud laboral.

Apelando a la acción directa y los métodos asamblearios, Astramyc ha mostrado un ejercicio de lucha por los derechos de este sector, sosteniendo un conjunto de prácticas sindicales basadas en la democracia de base, el anti-burocratismo, el activismo en la calle y la reivindicación de la unidad y solidaridad entre los trabajadores.

Contexto actual y desafíos de la actividad.

La actual situación mundial y nacional marcada por la expansión del Covid- 19, declarada por la OMS como pandemia, han generado nuevas problemáticas para este sector de por sí golpeado por la crisis durante el macrismo. El decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio ha llevado a diversos sectores laborales a buscar formas de sustentabilidad y solidaridad en común para mantener su propia subsistencia. Mientras las empresas recortan salarios, despiden o suspenden trabajadores, mantienen el empleo bajo condiciones insalubres, o pactan horarios reducidos, la resistencia de colectivos obreros han marcado un rumbo para que el Estado tome medidas que intentar paliar –levemente- las consecuencias negativas de este contexto.

Los trabajadores de delivery y motos fueron asignados dentro de una categoría de servicios esenciales, con lo cual la situación implicó desde un comienzo la búsqueda de garantías institucionales para que se respeten condiciones de higienes y salud en los establecimientos laborales así como un protocolo de uso común para las entregas.

Andrés Siebenhar, cadete y secretario de Astramyc, y Leonardo Scafoglio, mensajero y miembro de la comisión directiva del sindicato, nos comentaron sobre la situación en una entrevista:

– Andrés: “Nos encontramos en una situación complicada, desde que comenzó toda esta cuarentena, algunos locales de comida cerraron pero a eso se contrarresta con que otros sectores incrementaron el servicio de delivery, y empezaron a trabajar el tema de las aplicaciones… con eso comienzan a haber irregularidades con el tema del cuidado y la higiene….Nosotros salimos a hacer denuncias sobre la situación de nuestros compañeros que es una situación de riesgo. En ese sentido el municipio nos llamó para generar algún tipo de protocolo de seguridad e higiene para aconsejar a las patronales de comida de cumplir un protocolo, higienes personales del trabajador/a o que provean de alcohol en gel, barbijo y guantes. Esas condiciones se fueron dando en algunos sectores empresariales, la gente comenzó a tomar conciencia, en eso estamos un poco mejor… En las mensajerías se ha cumplido el protocolo garantizando los elementos de higiene., pero en muchos lugares no se cumplen. No hay pruebas ni registros, eso le exigimos las patronales y las plataformas.”

– Agregó Leo:

“Las plataformas no cumplen con las normas. A eso se agrega que los trabajadores de este rubro ni siquiera tienen un baño en donde trabajan, ningún patrón se hace cargo de su higiene”.

– Andrés afirmaba:

“En este momento es importante sostener los puestos de laburo, que se generen condiciones optima de trabajo, porque nosotros podemos enfermarnos y ser a la vez transmisores del virus, y por eso enseguida a resguardar a los compañeros el tema de la salud… No queremos en este momento presionar a las patronales pero seguramente seguiremos en la pelea del blanqueo y la mejora de las condiciones de trabajo luego de la pandemia…Los compas no quieren perder el laburo, la situación se complica en términos de lucha”

Leo dijo:

“en algunos lugares los patrones son más contemplativos y te dan los elementos de seguridad, pero en otro lugares no. Una de las cosas que nos vemos perjudicados es que el laburo en blanco, en farmacia o rotisería está ganando el mismo sueldo pero trabaja el triple”.

En relación con los trabajadores de App

– Andrés comentó:

“La demanda por plataformas ha crecido exponencialmente, hay mucho más demanda y nuevos compañeros. Están trabajando mucho más los que estaban… entre 12 y 14 horas le están metiendo, laburan mucho tiempo a destajo, cobran por kilometraje, es una situación difícil la que tienen…Las patronales de las APP no pagan el barbijo ni el alcohol en gel todo lo ponen de su bolsillo, como también pagan ingresos brutos, contador y monotributo…compleja la situación, lo único bravo es la concientización de los compas en ese rubro… Podríamos decir que no hay competencia entre mensajero y cadetes con los trabajadores de Pedidos Ya o Glovo… nosotros buscamos de demostrar que no hay diferencia, que somos todos trabajadores tercerizados y precarizados…salimos con ellos a hablar de las realidades que son iguales de alguna manera y que son compañeros a la hora de trabajar… Es un sector que falta llegada, se complica su organización sindical y mucho más en la actualidad, tienen mucha presión empresarial”.

En la actualidad muchos nuevos desempleados han comenzado a realizar el delivery utilizando estas aplicaciones. En una situación critica aceptan cualquier tipo de explotación. Por esa razón, la situación puede complicarse si las patronales empiezan a despedir empleados en blanco cadetes por otros cadetes de pedidos ya en negro. En algunos lugares, los despidos comenzaron a suceder en Bahía Blanca, expresaba Leo.

Las diferencias de criterio entre el sindicato y los trabajadores de Pedidos Ya o Glovo, que trabajan en bicicletas o motos, pueden observarse fácilmente. En una reciente nota periodística de un medio local (Telefé Noticias) comentaban que su prioridad es “cuidarse y ser lo más pulcro posibles”. Algunos sostenían: “Yo tomo las medidas, y el trabajo sucio alguien lo tiene que hacer”. En algún caso hasta romantizaban la cuarentena: “Uno busca ayudar a alguien con  este servicio, terminar bien con gento de amabilidad, da gusto hacer este trabajo en cuarentena”.

La conciencia de que el empleo está precarizado y la explotación es mucho mayor cuesta ser comprendida: “Yo trabajo hace cuatro meses, y empecé por deudas que tengo y por problemas en mi familia… Es cierto que la empresa no facilita los elementos, pero bueno es una decisión de cada uno si quiere trabajar o no,  esto de pagar  nuestra higiene es como una inversión para protegernos y continuar el trabajo…”

Mientras el sindicato pelea por mejorar las condiciones de trabajo, el grado de aceptación de las condiciones de explotación y subordinación laboral de trabajadores individuales que pelan por subsistir, complica la situación. En última instancia permite el avance de las decisiones del capital en los despidos y suspensiones, al tiempo que desregulariza el empleo para obtener más plusvalía.

La cuarentena, como mecanismo de salud pública ha generado algunos avances para contener la curva de contagios en Argentina. Pero deja muchas complicaciones en el mundo laboral: claramente, la crisis golpea a todos indefectiblemente, pero en un contexto de desigualdad previa, se siente mucho peor en unos que otros. Los trabajadores de la moto se encuentran en dificultades y su lucha irremediablemente se ralentiza frente a la pandemia.

Por Pablo Becher. Colaborador invitado del Boletín Tramas.

Foto: “Un trabajador descansa en la plaza mientras espera por otro viaje durante la cuarentena del COVID-19″ por Horacio Culaciatti

Este miércoles se retomó la atención al público las oficinas de recaudación, habilitaciones, tesorería y política fiscal del Municipio.

La atención es con turno previo, de lunes a viernes de 9 a 13. Se pueden solicitar en la web www.bahia.gob.ar/rentas/turnos, o al teléfono 291 4594000 – interno 2219 y 2129.

Para el área de habilitaciones, se ofrecen a través del tel. 291 4594000 interno 2380 o al mail [email protected]. Antes de requerir un turno, consultar a través de la web https://www.bahia.gob.ar/tramites/habilitaciones.

Trámites a atender:

✅Consulta de deuda.
✅Impresión de recibos.
✅Convenios de pago.
✅Ingresos Brutos: Confirmación de trámites de solicitud de inscripción.
✅Inscripción y Altas de Comercio
✅Solo habilitaciones y anexos de rubro de las actividades autorizadas por el Gobierno Nacional.

Cajas: se cobrará a quienes solicitaron turno para trámites, y solo se aceptan pagos con tarjeta de débito y cheques (no efectivo por el momento).

Nueva Modalidad de pago

Ya se puede abonar tasas, derechos y multas con Mercado Pago en todas sus versiones:

✅Tarjeta de Débito
✅Tarjeta de Crédito en 1 pago o en cuotas (con la financiación que otorgue la tarjeta)
✅Con cuenta de Mercado Pago.

Trámites que no requieren concurrir al Municipio

A través de la web www.bahia.gob.ar/rentas es posible consultar deuda y emitir recibos de ALC Y Salud, Patentes de Rodados y Motos, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Servicios Varios, Cementerio, Locaciones, Multas y Sellados para ser abonados en las bocas recaudadoras habituales.

Los pagos se pueden realizar por VEP con Red Link, Banelco e Interbanking y a través de Mercado Pago.

También está disponible la adhesión a “Tasa x Mail” y la obtención de Certificado de Libre Deuda de ALC y Salud y Cementerio.

Por último, la Secretaría de Economía informa que se prorroga hasta el 10 de mayo la exigibilidad de licencias del REBA, vencidas o a vencer.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró hasta ayer 97 casos de femicidio, de los cuales 10 corresponden a femicidios vinculados, 2 personas trans y 2 suicidios feminicidas.

De la investigación surge que las provincias que registraron mayor cantidad de casos son Buenos Aires con 35 (incluye 2 en CABA), en Santa Fé 12, Tucumán 7, Córdoba y Santa Cruz 6 casos respectivamente, Misiones 5 y Jujuy 4 casos.

También se puede asegurar que el 38,4% de los asesinatos fueron cometidos por parejas/esposos, el 25,3% por ex parejas, el 11,1% por desconocidos y el 31,3% incluye a padres, padrastros, tíos, hijos y nietos. En tanto que el lugar de mayor peligrosidad para la víctima es su domicilio o el domicilio compartido con el victimario.

El registro y sistematización de datos incorporado por este observatorio fue realizado a partir de un seguimiento exhaustivo de información periodística, tanto de medios nacionales como de medios locales y es por eso que se destaca la labor periodística, ya que ha hecho posible que, en este contexto de aislamiento preventivo y obligatorio, se hayan podido visibilizar estos hechos de violencia extrema hacia las mujeres.

En base a la medición elaborada por el observatorio, durante los últimos cuatro años se reflejó un número similar de casos entre los meses de enero a abril, con un resultado de 110 casos en el año 2017, 95 casos en 2018, 94 casos en 2019 y 97 en el 2020, teniendo en cuenta que aún hay casos del período actual que se encuentran en investigación.

Si bien la cantidad de femicidios se mantuvo a lo largo de estos años, se pudo observar un destacado incremento en la cantidad de denuncias efectuadas por mujeres en riesgo de violencia desde el período que comenzó el aislamiento preventivo, y también gran cantidad de denuncias de familiares y allegados de las víctimas que reclaman por falta de perspectiva de género en el tratamiento de los casos.

Respecto a lo anterior, resulta necesario que los responsables de intervenir ante estos hechos accedan a la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, permitiendo un buen abordaje y mejor manejo de sus funciones, el cumplimiento de la Ley Micaela debe ser efectivo para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

Así también de necesaria y urgente debe ser la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral a nivel nacional. El cumplimiento de estas leyes permitirá encarar desde los distintos niveles etarios una problemática basada en una situación de desigualdad que históricamente ha priorizado al hombre en desmedro de la vida de la mujer.

A la luz de las denuncias efectuadas ante diferentes medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, rechaza las recientes medidas adoptadas por Jueces que ponen en riesgo a las mujeres que han sido víctimas de violencia y pide a los mismos a rever cualquier decisión que las afecte directamente y que se extremen las medidas de control frente a cualquier tipo de amenazas a las que pudieran estar expuestas.

En Bahía Blanca no se autorizarán las salidas recreativas mencionadas el sábado por el presidente Alberto Fernández al anunciar la extensión del aislamiento social hasta el 11 de mayo. “Corremos el riesgo de echar por la borda los 38 días de cuarentena”, dijo el intendente Héctor Gay.

Este fin de semana se habilitaron siete nuevas actividades, entre las cuales se destaca la venta de mercadería a través de plataformas de comercio electrónico. Los pedidos deberán ser prepados por no más de dos empleados/as por comercio que podrán funcionar entre las 9 y las 12.

Esta mañana el Municipio presentó “Desde Casa”, una plataforma colaborativa que pretende conectar comercios y emprendimientos con su clientela.

Nuevas actividades de excepción al aislamiento en Bahía Blanca

  1. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.
  2. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.
  3. Ópticas, con sistema de turno previo.
  4. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.
  5. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.
  6. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas.
  7. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.

? Desde Casa. Comercio Online. ?
Conectamos los comercios y emprendimientos de la ciudad con los vecinos.

ℹ️ Información para comerciantes:

✖️Los comercios no están abiertos al públicos.

? Horarios:

✔️ El horario de funcionamiento para la confección de los pedidos y logística son los días lunes a viernes, 9 a 12 horas.

✔️ La entrega de los productos se realizará dentro de esa misma franja horaria. De 9 a 12 horas.

? Personal habilitado para trabajar:

✔️ Límite máximo de 2 empleados y/o propietarios habilitados para trabajar de manera simultánea.

? Entrega de productos:

✔️ Cada uno de los comercios, emprendedores o pymes inscriptos en la plataforma podrá registrar un máximo de 2 vehículos con sus respectivas patentes, que serán empleados exclusivamente para la entrega de mercadería.

? Cuidados sanitarios y distanciamiento social:

✔️ Se establecerán y controlarán los siguientes protocolos?

a) Cuidados sanitarios de los empleados dentro de los establecimientos.
b) Protocolo de manejo de mercadería.
c) Seguridad sanitaria de entrega de mercadería.
d) Seguridad sanitaria de personas que realicen dichas entregas.

? Protocolos disponibles: www.bahia.gob.ar/coronavirus/desdecasa

? Para registrarse en la plataforma:

? Ingresar a www.desdecasa.bahia.gob.ar , hacer click en “Quiero adherir mi comercio/emprendimiento” y completar el formulario.

? Plataforma Desde Casa, Comprá Online: ? www.desdecasa.bahia.gob.ar ?

CORONAVIRUS ⛔ Día 39 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

⚠️ 34 casos confirmados en Bahía Blanca. 32 diagnosticados en la ciudad. 1 por transmisión local en otra provincia. 11 importados. 19 casos de transmisión por conglomerados. 15 son personas de sexo masculino y 19 femenino.

⚠️ 6 casos recuperados.

⚠️ 221 casos descartados.

⚠️ 10 casos sospechosos en estudio.

⚠️ 201 personas en aislamiento por ser considerados contactos estrechos.

⚠️ 446 personas en aislamiento preventivo. Son controlados periódicamente y se encuentran en cuarentena. 1261 ya finalizaron el aislamiento domiciliario.

⚠️ El Departamento de Salud Mental realiza el seguimiento de 192 familias.

✳ EVOLUCIÓN CURVA EN BAHÍA BLANCA:

⚠️ Tiempo de duplicación de casos en Bahía Blanca: el 30/03 había 8 casos, al 11/04 se duplican y pasan a ser 16 casos. El 25/04 se duplican y alcanzan 32 casos. Es decir, la transmisión de contagio en la primera etapa de Aislamiento se duplicó cada 12 días, y en la segunda etapa de Aislamiento, se alargó a 14 días.

⚠️ Bahía Blanca está entre las 20 ciudades del país con más casos contagiados en COVID-19.

✳ VIOLACION DEL AISLAMIENTO:

✔ Durante el domingo 26/04 hubo 166 aprehensiones de vecinos que violaron el aislamiento obligatorio.


? Más información en www.bahia.gob.ar/coronavirus

☎ Por información llamá al 148
Si tenés los síntomas, llamá al 107
Para denuncias, llamá al 911 Policía. 134 Gobierno Nacional.
Personas que sufren encierro, 4551159 y 2914261642 (de lunes a viernes de 8 a 15 horas)

“Está claro y acreditado que hubo un apriete a personas para que no investiguen, para que se callen, hay 19 personas amenazadas. Hay un desvío para no llegar a las fiestas que hacían los personajes del poder, con patovicas de Arenas y otros boliches con chicas de extrema vulnerabilidad”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia de Katherine Moscoso, Leandro Aparicio.

Días atrás la familia de Kathy presentó un escrito de 325 páginas en el cual denunciaron a 21 personas por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, sin perjuicio de formar parte todos ellos de una asociación ilícita, formada para ocultar pruebas, desviar la investigación, encubrir y proteger a los verdaderos culpables, presionar y amenazar testigos y policías”.

La denuncia será tramitada por la Fiscalía de Delitos Complejos del Departamento Judicial de Azul. Asimismo, solicitaron la detención de tres personas, dos de ellas comisarios.

“Planteamos en la denuncia quiénes son los autores del encubrimiento porque una vez que aparece el cuerpo se organizó todo para matarlo a Canini, o dejarlo matar, y permitir el incendio de los edificios y de una casa particular donde estaban las filmaciones que comprometían a quienes podían a haber matado a Kathy”, mencionó Aparicio.

Agregó que “antes de que aparezca el cuerpo de Canini todos los inspectores del centro de monitoreo fueron amenazados. El fiscal Del Cero, mal y tarde y dándole ventajas a las personas, hace allanamientos a fines del 2017 y habla de asociación ilícta, habla de policías. Hace eso para cumplir y después se va. Viego aparece desde un plato volador y me dice que cuando yo hablo de asociación ilícita soy un irresponsable”.

La investigación señala que Katherine Moscoso ingresó al boliche Arenas y conversó con Martín Fernández, dueño del boliche y hermano del intendente de Monte Hermoso y con los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell, y David “Kun Kun” Tello. Y luego se dirigieron a la casa de Sergio “el Pelado” Sánchez en el barrio El Sauce”.

“Todos mienten, hay varias páginas donde se prueba que mienten. No es el único femicidio el de Katherine, no es la única chica violada en Monte, hay chicas desaparecidas que se quieren tapar. No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas”, finalizó el abogado.

El Tribunal Criminal N°1 rechazó el pedido del defensor de Pablo Cuchán, Maximiliano De Mira, quien realizó la solicitud pidiendo que se valorara que tiene una hermana con discapacidad a quien se le dificulta concurrir al establecimiento penitenciario y que la madre tampoco puede ir por cuestiones de salud.

La decisión se basó en el dictamen desfavorable que se encuentra fundado en el informe psicológico que se produjera respecto del femicida de Luciana Moretti.

Ese informe psicológico señala que es incapaz de efectuar autocríticas, en particular, en relación con sus acciones conflictivas.

Asimismo, se destaca que resulta impulsivo, concluyendo que “nos encontramos frente a un sujeto con una clara tendencia a la manipulación y una personalidad de orientación narcisista con marcados rasgos de inmadurez e infantilismo. Cuchán ha ido ocupando en la dinámica familiar un lugar de privilegio que de alguna manera le sostiene y facilita ese lugar de omnipotencia y egocentrismo a lo largo del tiempo, justificando sus conductas transgresoras impidiendo de esta forma la adquisición paulatina de responsabilidades más adultas”.

Cabe destacar que el Fiscal Marcelo Romero Jardín se había opuesto en su momento a dicha solicitud porque, además Cuchán, había violado anteriormente las reglas de conducta lo que originó que se revocara el beneficio.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia solicitó a las instituciones del sector informes sobre las acciones llevadas a cabo para proteger derechos de niños, niñas y adolescentes con situaciones de vulnerabilidad durante el aislamiento.

“Queremos manifestar que nos ponemos a disposición dejando en claro que todos tenemos que ver con esto. Queremos saber bien cómo están funcionando, desde hogares de abrigo hasta el servicio alimentario. En esos ámbitos hay reducción de personal, es un sector invisibilizado, el sistema de protección y promoción tenía sus dificultades y en este momento de crisis se profundiza”, dijo a FM De la Calle Vanina Fortunatti, coodinadora del organismo asesor.

Los pedidos de información fueron dirigidos a Juzgados de Familia, el Servicio Zonal, el Consejo Escolar y la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia respecto de la reducción y licencias de personal en hogares proteccionales y servicios sociales, decisiones vinculadas a niñes bajo medidas de abrigo, cómo se está implementando el Servicio Alimentario Escolar y acerca de la escolaridad y el acceso a internet.

“Hay que darle la importancia que eso necesita, es un debate pendiente. ¿Qué pasa con los niños con derechos vulnerados? No solo los que están en su casa sino los que no están con su familia, los que esperan la adopción. Queremos gestionar un espacio que se encargue del tema”.

En relación a los talleristas del Programa Envión mencionó que “había una situación de cuatro contratados que habían sido suspendidos pero fueron desplazados a dispositivos de Niñez porque hay una reducción de personal. Hay una cuestión salarial de Envión con precarización que viene desde antes de esto. Estos sistemas de contención, para lo que está sucediendo, son sumamente importantes. Envión en es un programa para sostener en este momento”.

Por último, Fortunatti comentó que “hay sectores donde hay que ver cómo llevar el aislamiento. En sectores de bajos recursos no sé si el tapaboca y las cuestiones de higiene pueden respetarse. El encierro en muchos niños lógicamente es complejo, puede tener consecuencias, podemos tener una mirada pero la decisión se toma en conjunto con quienes tienen que tomar las decisiones”.

El Concejo Deliberante aprobó las emergencias en el servicio de transporte público de pasajeros, la económica y alimentaria. También se fijaron nuevos criterios para la inhumación para personas fallecidas por causa comprobada o probable de COVID-19.

“La emergencia de transporte que proponía Gay era cualquier cosa, planteaba resolver cuestiones posteriores a la emergencia. Querían prorrogar las concesiones de líneas de colectivos por dos años más. Por suerte primó un mínimo de sensatez, fue un lance que se tiraron a ver si pasaba”, dijo a FM De la Calle el concejal Gustavo Mandará.

La emergencia será por 90 días -a diferencia de los 180 planteados en el proyecto original- con la posibilidad de prorrogarla 30 días. Se otorgó, además, permiso a los transportes escolares para realizar de manera excepcional y durante el tiempo que dure la emergencia, el traslado de personas y/o transporte de bienes y servicios.

Respecto a la Emergencia Alimentaria, el edil del Frente de Todos señaló que “es una herramienta que le estamos dando al intendente para resolver un problema que tenía, porque si no hay organizaciones sociales, ONG`s, parroquias dando una mano, no se podía resolver. El Municipio no sabía qué hacer. Pusieron un mail, si tiene hambre mande un mail”.

Por último, en relación a los cambios respecto a la inhumación de personas fallecidas por Covid 19, Mandará comentó que “se recomienda la cremación de cuerpos. Para el caso que no se pueda cremar, sea por una cuestión de religión, de objeción de conciencia o una cuestión operativa, se permite la inhumación en tierra con algunas condiciones. Lo que no se permite es que sean inhumados en nichos, panteones o bóvedas. No puede haber velatorios, tiene que ser algo escueto y rápido”.

La mujer que denunció por abuso sexual al cura católico Mauro Enrique Cantanhede Ferreira contó a FM De la Calle que la causa judicial no registró avances y que continúa sufriendo presiones mediáticas y de integrantes de la comunidad de la Parroquia San Roque.

El 13 de noviembre se presentó en la Comisaría de la Mujer. Luego declaró en Fiscalía y, desde entonces, está a disposición de la justicia. Sin embargo, las pericias fueron programadas recién para este mes y finalmente suspendidas por la feria. Tampoco se peritaron pruebas materiales como celulares, mensajes, fotos, videos y correos electrónicos.

En una extensa entrevista, la cual puede escucharse en el audio que acompaña esta nota, la víctima señaló que hay otros dos casos de abusos de chicas que no se animaron a denunciar. “Cuando me enteré dije no soy solo yo, hay otras. Él sabía que no iba a poder hablar, no necesitaba ponerme un arma en la cabeza para que yo haga o diga una determinada cosa”.

La joven manifestó que en primera instancia no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría: “Me decían que vaya a Fiscalía, que se movía mucho más rápido. Sin embargo, la hice. En Fiscalía me tocó hacer la ampliación y fue revictimizante por el tipo de preguntas que me hicieron. ¿Vos sabés si tiene una contextura diferente? ¿Si es más flaquito? ¿De qué manera te amenazó? Un abuso no se da si a vos te gusta o no o si la persona es más flaquita que vos, tiene que ver en el poder que ejerce sobre uno”.

A pesar de las recomendaciones en sentido contrario, la mujer decidió avanzar también en la búsqueda de justicia en el ámbito eclesial. Los juicios canónicos son procesos institucionales donde autoridades de la Iglesia Católica escuchan a la víctima y deciden -sin ninguna garantía ni devolución hacia ella- si corresponde sancionar o no al acusado. Las “condenas” van de “castigos espirituales” a la excomunión. Aunque la historia suele terminar en algún archivo secreto.

“El proceso eclesiástico quedó detenido. Me llamaron a declarar en una habitación chiquita, yo sola, con un cura de Italia especialista en derecho canónico y el padre hindú era el notario, es el que oficia misa en San Cayetano y San Roque. Me hicieron preguntas tremendas porque fue relatar todo nuevamente”.

“Hablo de vulneración de derechos porque no te permiten acompañamiento del abogado, en este caso sabían cómo estaba yo, no me dejaron entrar ni con psicóloga, ni psiquiatra, ni acompañante. Salí muy mal, temblando. Lo único que se me dijo es que se iba a analizar si dejan todo archivado o no”, relató sobre la audiencia realizada en la Curia bahiense.

Agregó que contó “todo delante del obispo, llegué a mostrarle las imágenes y conversaciones que me mandaba y él mismo obispo se tapaba la cara. No creo que la conducta se haya dado solo conmigo. Evidentemente si la iglesia lo respalda, está respaldando este tipo de conductas. Por eso digo que no quiero que le pase a más nadie, no quiero que nadie más salga dañado”.

Para la denunciante notas como la publicada semanas atrás por La Nueva en abierto apoyo al párroco cuando aún ni siquiera se realizaron las pericias a víctima y victimario, son un mensaje para acallar a otras personas abusadas.

“Las notas diciendo que él va a seguir siendo cura, que él sigue siendo normal, que ya va a poder hablar… para quienes fuimos víctimas es tremendo. Y para quienes no denunciaron les da más miedo, esa sensación de impunidad, de que si hablan no va a tener sentido. Sumado a que con esto del encierro yo tengo que estar 24 horas donde ocurrió el hecho”.

La mujer recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico: “Duermo pocas horas y me despierto con pesadillas donde vuelvo a revivir esto. Vivo con miedo constante, cualquier estímulo que vea en una imagen, un sonido, una sensación táctil me da miedo, asco, me quiero bañar y sacarme la sensación de asco y suciedad. Quiero que esto se sepa para que se pueda actuar y que reciba la sanción necesaria, a nivel de la justicia y de la iglesia”.

Centenares de personas, organizaciones y asambleas de países de Latinoamérica, América del Norte, Europa, Asia, Africa y Oceanía, en tiempos de cuarentena se autoconvocaron para realizar un llamado a la Acción Global por una Democracia de la Tierra.

La pandemia nos recuerda que violamos los derechos de la Tierra y de todas sus especies por nuestra cuenta y riesgo, y que sería prudente que consideráramos los conocimientos y la sabiduría ancestrales de los pueblos originarios, guardianes de la Tierra a lo largo de los tiempos, cuyo profundo respeto por la Tierra se basa en la conciencia de la interconexión de toda la vida. Dañar una parte significa dañar el todo.

Esta pandemia no es un “desastre natural”, al igual que la crisis de la extinción de especies y los extremos climáticos no son “desastres naturales”. Las epidemias de enfermedades emergentes son antropogénicas – causadas por actividades humanas.

La emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos como comunidad mundial está relacionada con la emergencia sanitaria a la que se enfrenta la Tierra: su constante degradación, la extinción y desaparición de especies y la emergencia climática.

Cuando utilizamos venenos y agrotóxicos, como insecticidas y herbicidas para matar insectos y plantas en el modelo industrial de agricultura, producimos desertificación, contaminamos el agua, el suelo, el aire y destruimos la biodiversidad.

Los agrotóxicos están llevando a la extinción a las especies, incluyendo a los agentes polinizadores, como hemos visto en la drástica disminución de las abejas.

Cuando hacemos minería metalífera a cielo abierto utilizamos millones de litros de agua que es esencial para la vida humana y la naturaleza.

Cuando practicamos la fractura hidráulica o “fracking”, alteramos la conformación geológica y aumentamos el riesgo sísmico.

Cuando quemamos el carbono fósil que la tierra ha fosilizado durante 600 millones de años, violamos las fronteras planetarias. Al industrializar y globalizar nuestros sistemas alimentarios contribuimos hasta un 50% de los gases de efecto invernadero y el cambio climático es la consecuencia.

En el Día de la Tierra, pidamos disculpas por el daño que le hemos causado con la ilusión de la separación, creando paradigmas y herramientas violentas que han hecho la guerra contra la Tierra. Apreciemos su magnificencia y su belleza que tanto eleva nuestros espíritus y comprometámonos a hacer la paz con la Tierra y todas sus especies co-creando con ella sobre la base de sus leyes de la vida.

La Tierra nos ha dado un claro mensaje a través de la pandemia del Coronavirus. Es nuestro imperativo moral, dedicar este momento en el tiempo para hacer una transición a una civilización ecológica para que sembremos las semillas de un futuro común para la humanidad y todos los seres.

Acceso al documento en español: www.naturalezadederechos.org/TIERRA.pdf

El Movimiento Federal de Danza Bahía Blanca informó que muches de sus integrantes se encuentran en emergencia alimentaria y solicitó donación de mercadería para poder asistirles.

“La danza como la gran mayoría de los sectores de la cultura está en situación de informalidad y como todes los que no trabajan en blanco están desapamarados. La verdad que bastante desesperante”, dijo a FM De la Calle Guillermina Larrea.

Agregó que “a raíz de esta pandemia se entra en conciencia de la dificultad real que genera la informalidad. Antes no había números ni estadísticas, desde el Movimiento Federal de Danza hace 10 años que peleamos por la Ley Nacional de Danza”.

“Lo que nos urge es que hemos abierto una convocatoria, un llamado a trabajadores de la danza que se encuentren en emergencia alimentaria. Mediante conocidos logramos que desde el Frente de Todes, les legisladores, nos dieran la posibilidad de acercarnos 50 bolsones de alimentos y comenzamos a darles destino. Todavía nos falta un rango importante del espectro de trabajadores y nuestra necesidad de seguir recolectando alimentos también existe”, comentó Larrea.

Finalmente aclaró: “Nos dirigimos a los trabajadores más precarizados, las murgas, quienes enseñan zumba, en estas disciplinas que no son las más tradicionales como el flamenco o el floklore. Quienes se dediquen a la danza y al movimiento y lo estén realizando de manera informal que se comuniquen.

Para colaborar, comunicarse al 291 4751846

El endeudamiento de los sectores populares es una estrategia de supervivencia racional en un contexto de privaciones sistemáticas que busca la resolución del problema de subsistencia actual, independientemente de las dificultades futuras.

“En el transcurso del tiempo entre la toma de deuda y los pagos, no puede descartarse un cambio en el escenario laboral o de ingresos extraordinarios que facilite abonar el compromiso. Y en todo caso, ¿cuánto peor se puede estar?”.

Así lo plantea una investigación coordinada por el economista Francisco Cantamutto, de la cual participaron les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez.

El documento fue publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (Conicet-UNS) y es presentado públicamente mediante una cobertura colaborativa entre FM De la Calle y el Boletín Tramas.

El trabajo advierte que no debe considerarse que “las clases populares tomen deuda con la intención de no pagar. De hecho, más bien lo contrario, suele considerarse que entre la población con mayores carencias hay más probabilidades de cobro. Entre otros motivos, porque cuentan con su reputación y sus relaciones sociales como uno de los pocos activos que le permite tomar deuda”.

El informe refleja las opiniones de 17 personas que trabajan en 14 organizaciones con presencia en barrios de la periferia de Bahía Blanca. Algunas son vehículo de políticas públicas (programa Primera Infancia, Envión o el Fondo Solidario Rotativo de Materiales) o equipos oficiales encargados de su puesta en marcha, otras gestionan crédito solidario, tienen merenderos o comedores, emprendimientos productivos, se dedican a dar talleres, apoyo escolar u organizan espacios recreativos y artísticos. Los testimonios fueron recogidos entre el 10 y el 26 de marzo.

Los gastos de supervivencia y los ligados a mejoras marginales en las condiciones de vida fueron los más referidos, aunque también existió un grupo de motivos vinculado a la inversión en el funcionamiento de emprendimientos propios. Respecto de los acreedores, se identificaron 13 agentes, tanto privados como públicos, con diversos requisitos de acceso, montos prestables y tasas de interés.

Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) Otro parche! Y a por muchos rounds.

Les investigadores evidenciaron “el rol activo del Estado como promotor del endeudamiento popular por diversas vías, tanto directas como indirectas” y que “la responsabilidad en el deterioro de las condiciones sociales se conjugó con el impulso a la financierización de las necesidades”.

Resaltaron que las mujeres de las clases populares fueron “particularmente vulneradas por este proceso, debido a la carga de tareas vinculadas al ámbito de lo doméstico y los cuidados. Las mujeres han sido constituidas en las principales destinatarias del crédito, sin ningún tipo de vínculo con una idea de empoderamiento. Emergen así de la crisis sufriendo mayor precariedad”.

“La toma de deudas con diferentes actores es un recurso disponible, aprovechado de forma generalizada por las clases populares. Existe muy poca planificación del crédito en cuestión, siendo considerada una herramienta para resolver la necesidad actual. Los efectos posteriores del crédito (el pago, más concretamente) son problemas del futuro, que serán resueltos cuando se presenten. Ante la urgencia de la necesidad, que impide solventar el presente, el futuro es una quimera”.

¿Para qué se endeudaron?

La investigación detectó once motivos vinculados al financiamiento de gastos de supervivencia, mejoras en las condiciones de vida o para realizar inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios.

Gastos de supervivencia

  • Gastos cotidianos, especialmente comida.
  • Pago de las facturas de servicios públicos.
  • Pago de alquiler.
  • Gasto extraordinario, mayor al cotidiano, que puede ser estacional -como el inicio de clases, la llegada del invierno y la necesidad de calefaccionarse, o las fiestas de fin de año o para afrontar una eventualidad.
  • Mantenimiento.
  • Pago de otros créditos previos.

Gastos para mejorar las condiciones de vida

  • Para la compra de electrodomésticos, ropa y otros.
  • Para realizar mejoras o reparaciones en la vivienda.
  • Pago de terrenos.

Inversiones vinculadas a negocios o emprendimientos propios

  • Compra de máquinas.
  • Compra de mercadería e insumos.

El informe sostiene que “la deuda en las clases populares se consolida como un mecanismo de empobrecimiento de segundo orden, que genera transferencias hacia los acreedores sobre un ingreso ya insuficiente”.

“Esto supone también un mecanismo de control social, que sirve para disciplinar a los sujetos endeudados: se toleran condiciones de vida y trabajo que de otro modo no serían aceptables, en aras de pagar sus deudas”.

¿Con quiénes se endeudaron?

Respecto a los acreedores, las personas entrevistadas coincidieron en que la ANSES es el organismo más reconocido. Un 80% de la población de los barrios populares tomó créditos para cubrir gastos de superviviencia o mejorar sus condiciones de vida. Casi la totalidad son mujeres beneficiarias de la AUH a quienes se les descuenta el pago mensualmente.

Foto: Horacio Culaciatti (@horacioculaciatti) os hilos de Cloto, Láquesis y Átropos.

Los bancos no tienen llegada, a diferencia de las casas de electrodomésticos que ofrecen compras en varias cuotas con pocos requisitos. Si bien estas son a largo plazo tienen un alto costo de financiamiento.

La falta de alternativas lleva al endeudamiento en casas de crédito, las cuales ofrecen dinero a sola firma aunque con altas tasas de interés. “Mayormente las mujeres son titulares de estos créditos con acuerdo o presión de sus parejas ya que muchas se emplean formalmente como trabajadoras domésticas o manejan la economía del hogar.

Otras fuentes son las familiares: permiten préstamos ágiles, sin formalidades, y son generalmente de montos bajos destinados a las compras cotidianas o, excepcionalmente, por ventas intrafamiliares de terrenos. El mediador político también suele ser requerido para financiar la compra de terrenos o materiales para la construcción.

La presencia del Municipio es limitada y fue mencionada en casos de créditos para microemprendimientos o para mejoras habitacionales mediante fondos rotativos de materiales. Estos últimos son gestionados por organizaciones no gubernamentales y tienen un espíritu solidario que necesita de su pago para ser recibidos por otras familias. La presencia provincial también es muy escasa e involucra préstamos blandos pero de muy difícil acceso.

En el caso de los negocios barriales se registra el “fiado” para deudas a corto plazo que suelen cubrirse con el cobro de asignaciones o cuya falta de pago deteriora las relaciones vecinales.

Los jóvenes varones suelen requerir adelantos salariales de sus patrones y empleadores para afrontar gastos que serán cubiertos con trabajo futuro.

Los prestamistas informales, usureros o mesas de dinero, suelen ser accesibles y entregan diversos montos. En caso de incumplimiento los acreedores tienen capacidad de vulnerar la reputación del deudor por pertenecer a su misma red de relaciones sociales.

Finalmente, las ayudas económicas entre vecinos/as se da mediante contratos verbales y en caso de incumplimientos permiten la comprensión o pueden derivar en situaciones de violencia.

“Detectamos once motivos de endeudamiento, seis de los cuales tienen que ver con la supervivencia más básica, la mayor parte va a los gastos de subsistencia. Hay una discusión muy grande que tiene que ver con el Estado como un agente promotor de la financierización”, dijo a FM De la Calle Francisco Cantamutto.

El economista coordinó una investigación sobre endeudamiento de los sectores populares y destacó  que allí donde no llega el sistema financiero tradicional, “el Estado cumple un rol activo en hacer llegar las lógicas de las finanzas y hace que a las condiciones de vulnerabilidad que normalmente suceden se les redoble el problema del disciplinamiento por la deuda”.

El documento destaca cinco vías mediante las cuales el Estado promovió el endeudamiento familiar en los barrios de nuestra ciudad.

La primera comprende a la “política económica que generó un mecanismo de empobrecimiento, por la vía del tarifazo, de las subas de intereses, de la apertura de las condiciones de desregulaciones y la precarización del mercado de trabajo. Generó mayor pobreza y fomentó que hubiera que buscar alguna alternativa para salir y levantar cabeza”.

Por otro lado, mencionó la desprotección de derechos sociales provocada por el retraimiento presupuestario de las políticas públicas.

El Estado promovió el endeudamiento desde todos sus niveles: municipal, provincial y nacional. “La Municipalidad tiene dos vías de crédito, una con emprendimientos de pequeña escala y otra con refacciones de vivienda. La Municipalidad en lugar de ofrecer otras vías lo hace por vía de crédito. En provincia pasa algo similar, cuando se tomaba un crédito activamente aparecía la promoción de más vías de financiamiento, te ofrecían más deuda para patear para adelante. Desde el Municipio, para muchas políticas que tenían que ver con acceso a ferias te obligaban a tomar un crédito”.

Los créditos de más alcanceen los barrios populares fueron los entregados por la ANSES. “El trámite es muy accesible y esto ha hecho que las familais se endeuden por el triple de sus ingresos. Las tasas de interés que prestó ANSES superaban el 50%. Como se quitaba el pago de las cuotas directamente de los ingresos se generó que, lo que un primer momento fue un salvavidas se transforme en un yunque”, afirmó Cantamutto.

Los otros dos ejes son la desregulación del sistema financiero y el otorgamiento a través del amparo del accionar abusivo de prestamistas de las clases populares.

“Haber sostenido la regulación del sistema financiero, hizo que otras vías de crédito más cercanas a criterios solidarios hayan prácticamente desaparecido producto de una regulación que permitía a las grandes casas de bancos o negociados pasar por encima a créditos solidarios. El sistema financiero en Argentina no hace llegar el crédito a las pymes, menos a las cooperativas y ni hablar a la gente que no tiene recibo de sueldo. Es un sistema que no tiene alcance de ninguna vía de democratización del crédito”.

“El quinto mecanismo es convalidar acciones abusivas como las de las casas de préstamos y de venta de electrodomésticos. Son entidades financieras y no están alcanzadas por al regulación, entonces hay prácticas usureras y abusivas”.

El endeudamiento de los sectores populares estuvo directamente motivado por la degradación de la realidad social que se vive en los barrios bahienses y la ausencia de políticas sociales por parte del Estado.

Así lo demuestra la investigación realizada por el economista Francisco Cantamutto y les estudiantes Aldana Benedetti, Julieta Giovannini y Nicolás Pérez, quienes manifestaron que “si bien la situación social era mala, en 2018 se agudizó a partir de la salida de capitales y el acuerdo del gobierno de Cambiemos con el FMI”.

Las deficiencias en infraestructura tuvieron un gran impacto en las condiciones de vida y obligaron a multiplicar los gastos asociados a la precariedad a casi un tercio de la población de nuestra ciudad que vive bajo la línea de la pobreza.

El deterioro del mercado laboral fue “muy significativo, con carácter generalizado y profundo”. La desocupación creció y los salarios perdieron la carrera con la inflación. Los tarifazos significaron una carga incompatible con los ingresos de las clases populares. El corte de servicios aumentó los riesgos, por ejemplo por el reemplazo del gas por la leña, y el encarecimiento del boleto de transporte dificultó la llegada al centro para conseguir trabajo o acceder a políticas sociales.

La caída generalizada del consumo provocó el cierre de más de dos mil pymes y golpeó también a los comercios barriales. Se dificultaron los cobros y se rompió la cadena de pagos, lo cual generó que más personas salieran a buscar un empleo y usaran la deuda para suplir el ingreso faltante.

En el caso de las políticas sociales, muchos programas fueron dados de baja o sufrieron recortes presupuestarios. También se registraron diversos problemas que restringieron su acceso: las condiciones laborales variables generaron complicaciones administrativas, los trámites eran engorrosos, hubo falta de unidades de atención del Estado en los barrios y se sobrecargaron los servicios sociales. La mayor cantidad de necesidades y los escasos recursos para distribuir tensionaron la red de relaciones barriales.

“Esto no solo crea desconfianzas y rencores, no es un efecto colateral sino un objetivo de las políticas. Se trató de una búsqueda por evitar la organización colectiva en los barrios, algo que dificulta organizar las demandas populares”, sostiene el informe.

Por otra parte, les investigadores destacaron que quedó en evidencia la invisibilización de las tareas de cuidado, lo cual afecta mucho más a la población sin recursos para contratar a terceros que realicen esos trabajos.

“Al encarecimiento de los consumos básicos para la vida y la pérdida de fuentes de ingreso, se sumó la falta de respuesta del Estado. La deuda apareció como una vía para solventar parte de este abandono”, concluyeron.

Salidas colectivas

Los testimonios de integrantes de 14 organizaciones consultades para la investigación, relataron que ante este panorama surgieron propuestas solidarias con “un fuerte reconocimiento mutuo frente a la adversidad y la necesidad de consolidar redes de protección en el tiempo”.

“No se trata del favor persona a persona sino de entramados de relaciones que involucran a terceras personas en diversos formatos de organización colectiva”.

La cooperación se impuso sobre la caridad y permitió resolver urgencias alimentarias mediante ollas populares, el compartir mercadería o conformar efímeras “cooperativas” de compras o “vaquitas”. De la misma manera se atendieron necesidades habitacionales o se sostuvo el comercio barrial.

Todos los caminos conducen a la deuda

Entre los efectos que produjo esta realidad social, les investigadores mencionaron el incremento de los pedidos de comida, con comedores populares que pasaron de cocinar para niñas y niños a hacerlo para toda la familia. Esto no implicó “solo malestar económico o fisiológico sino un deterioro en la autoestima con efectos secundarios difíciles de determinar”.

Los problemas fueron y son mayores en la segunda quincena del mes cuando se agotan los recursos de la Asignación por Hijo y se debe recortar cualquier gasto no esencial dejando la sensación de que “tanto esfuerzo no sirvió para nada”.

Al deterioro del mercado laboral se le suma el empobrecimiento de las clases populares mediante la falta de empleo y la caída de los ingresos. Se produce una mayor competencia por los mismos trabajos, “nuevos pobres” compiten con más recursos y más integrantes de las familias deben salir para elevar los recursos. Esto último en ocasiones involucra a menores o les expone a riesgos cuando deben quedarse en casa a su propio cuidado para que les adultes busquen trabajo.

Por último, se registran más afecciones psicológicas ligadas a la impotencia ante la situación y la falta de empleo. Los más afectados son los hombres que no pueden cumplir el rol de “proveedores” que les impone la lógica patriarcal. Aumentan el alcoholismo y la violencia machista, la cual muchas veces obliga a las madres a retirarse del hogar con sus hijes empeorando las condiciones de vivienda y de trabajo.

Con la extensión de la cuarentena cada vez más comerciantes incorporan ventas online con entrega a domicilio. Por ello, las y los cadetes de la ciudad aumentan su trabajo aunque no todos los empleadores les garantizan las medidas de seguridad adecuadas.

“En el sector de las aplicaciones no se está cumpliendo el protocolo. Compañeros de Glovo y Pedidos Ya se están comprando los insumos con plata de su bolsillo así como pagan el monotributo y cargas sociales. En Bahía no hay oficina de las aplicaciones, centralizan en Capital Federal y Mar del Plata. Acá hay una sola persona que administra el trabajo y reparte actividades”, dijo a FM De la Calle el secretario general de ASTRAMYC, Andrés Siebenhar.

Afirmó que presentaron varias denuncias y “el Ministerio de Trabajo estaba analizando cómo facturaban pero quedó medio en el limbo con esta pandemia”.

“En gran medida la gente que pide acata el protocolo, la gente es consciente. Nosotros tomamos todos los recaudos. Se ha incrementado el trabajo y la cantidad de compañeros que se han sumado al rubro, compañeros de construcción que se están subiendo a la moto y están ofreciendo servicios de delivery, vemos mucha más oferta”.

“Venimos viendo que no hay ningún tipo de regulación desde el Municipio, nosotros como sindicato no tenemos manera de controlar ese trabajo. Entendemos que tiene que haber algún ámbito de regulación municipal”, finalizó.

A última hora de ayer se lanzó una huelga de hambre generalizada en las cárceles en reclamo por la falta de asistencia ante la expansión del coronavirus entre la población penitenciaria.

Son aproximadamente 131 unidades con casi 100 mil detenidos.

“Hay una sobrepoblación del 113% y ya hubo coronavirus positivo en cárceles federales y provinciales, específicamente en Devoto y el complejo de Varela. Estamos asistiendo a las familias y al conjunto de detenidos, tenemos un relevamiento del 20%. Alvear, Sierra Chica, Olmos, Varela y en el sistema federal la encabeza Devoto. Mendoza, Santa Fé, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Viedma y Entre Ríos, son las localidades que se sumaron”, comentó Estefanía, integrante del MTE.

“Hemos elevado a las defensorías los petitorios para que asistan a los detenidos. Como organismo venimos trabajando hace una semana en esto, ayer estuvimos hablando específicamente con los detenidos que viven con un interno que tiene coronavirus en Varela. Hay situaciones de salud extrema con juzgados que les han negado beneficios por pura arbitrariedad”.

A través de Juan Grabois,  representante de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, se presentó un petitorio al Poder Ejecutivo para que conmute las penas.

“Estamos convencidos que es el único organismo que puede contener a quienes salgan. Es necesario que salgan porque si no va a haber muertes masivas no solo de detenidos, del personal de penitenciaria. No se tomó ninguna medida después de conocerse esto en Varela, están viviendo 18 personas en celdas para seis. Esto es culpa del Poder Judicial que no toma medidas”.

Respecto de los juzgados señaló que “dicen no hay coronavirus en el penal, el preso está tranquilo, es más probable que se contagie afuera. Ahora ¿qué hacemos en el complejo de Varela donde hay madres con chicos?”.

Estefanía mencionó que desde la rama de liberados del MTE están realizando ollas populares en el barrio Nueva Quilmes, en Federico Baeza 1444. Por donaciones comunicarse al 2914161684.