A diferencia de otros años, y por la responsabilidad que nos cabe por los riesgos a que nos somete la pandemia, no estaremos en la calle ni en nuestra Plaza de la Resistencia y la Memoria. Pero a 44 años del golpe con el que se inició la dictadura cívico-militar-eclesiástica, hundiendo a nuestro país en la etapa más oscura de su historia, rendimos homenaje a lxs compañerxs detenidxs desaparecidxs. Y volvemos a decir:
SON 30.000 – FUE GENOCIDIO!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!
Las FF.AA. ejecutoras del plan diseñado por los sectores dominantes y el imperialismo, se propusieron cortar de cuajo el auge revolucionario abierto por el Cordobazo y remodelar la sociedad en beneficio de esos sectores. Con el accionar previo de la Triple A, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional y siguiendo los dictados del Plan Cóndor, la dictadura desplegó el más cruel engranaje represivo jamás visto en la Argentina. Su objetivo fue barrer la organización de la clase obrera en todas sus expresiones, encarnada en una generación que resistió con toda su fuerza y convicción revolucionaria, el empobrecimiento de los sectores populares y la sumisión a los poderes multinacionales. El blanco principal fueron las organizaciones armadas, los sindicatos combativos, los grupos de base, centros de estudiantes y partidos políticos, donde millares de militantes trabajaban para la construcción de una sociedad más justa sin explotadorxs ni explotadxs. Pero el disciplinamiento por el terror alcanzó a toda la sociedad.
El genocidio perpetrado por la dictadura empobreció brutalmente al pueblo trabajador y sumió al país en la más extrema dependencia económica a través del endeudamiento externo con los organismos financieros internacionales. Una deuda ilegal e ilegítima, que venimos denunciando como parte de las políticas principales que implementó la dictadura para someter a nuestro pueblo, su soberanía y profundizar así un modelo de dependencia y dominación. Todos los gobiernos democráticos que sucedieron la dictadura genocida reconocieron la legitimidad de la deuda y se sometieron a tribunales extranjeros.
Más de 500 campos de concentración instalados a lo largo del país fueron el escenario donde se aplicó minuciosamente el plan sistemático de aniquilamiento. El secuestro, la tortura, el asesinato, las violaciones y el robo de bebés nacidos en cautiverio, fueron las herramientas para aterrorizar y disciplinar a la sociedad.
El reclamo y las denuncias, nacionales e internacionales, de familiares, amigxs y organismos de DD.HH. combatieron el silencio cómplice de la Iglesia, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial que denegó miles de hábeas corpus. En la lucha contra la impunidad de los genocidas conquistamos la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que permitió el juzgamiento y condena de un número, todavía reducido, de los genocidas. Los obstáculos y la lentitud en los Juicios de Lesa Humanidad, acentuados por el negacionismo de Cambiemos, favorecieron la impunidad biológica de los acusados mientras que, por razones naturales, algunas Madres fallecen sin ver concretado su anhelo de saber el destino de sus hijos y nietos.
Según las estadísticas oficiales, proporcionadas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son apenas 200 los genocidas presos en el sistema penitenciario. Entre los condenados, otros 600 cumplen -supuestamente- “prisión domiciliaria”. Se estima que hay 1.590 represores en libertad. Solo una mínima parte de ellos fueron juzgados o se encuentran en proceso.
En esta oportunidad también queremos reconocer a aquellos compañeros y compañeras sobrevivientes del terrorismo de Estado que, con invalorable coraje, aportaron y aportan su testimonio en los juicios y permitieron la condena de genocidas. No podemos dejar de mencionar a Julio López y su segunda desaparición después de haber testificado contra Etchecolatz como ejemplo de esto. Seguiremos reclamando para saber de su destino.
El avance en los juicios impone la inmediata apertura de los archivos de la dictadura para esclarecer definitivamente la identidad de todas las personas involucradas en el genocidio, como, asimismo, la exigencia por el enjuiciamiento y condena a los civiles que participaron activamente.
Desde el retorno a la democracia el movimiento popular ha impulsado infinidad de actos, escraches, denuncias y movilizaciones para enfrentar la impunidad: la teoría de los dos demonios, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín, los indultos de Menem en los 90. La crisis y rebelión popular del 2001 y la lucha del movimiento de DD.HH. en ese marco, empujó la etapa de los juicios de lesa humanidad, enfrentando las dificultades para el inicio de las causas y las excarcelaciones en nuestra ciudad.
Nos reconocemos en la tradición de la imprescindible autonomía e independencia de todos los gobiernos en la exigencia de juicio y castigo a todos los genocidas. En ese sentido denunciamos la impunidad en torno al caso de César Milani, jefe del Ejército en el gobierno de Cristina Fernández, quien fuera absuelto en la causa por la desaparición del Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976. Nuestro pueblo nunca dejó de luchar, el último ejemplo fue la impresionante movilización popular contra el intento de 2×1 a genocidas del gobierno de Mauricio Macri, quien intento poner un manto de olvido y perdón a los genocidas a través de una ofensiva cultural negacionista, con el objetivo de clausurar los juicios, obturar la memoria y fomentar la impunidad, intentando negar el plan sistemático de exterminio.
Que quede claro, no estamos dispuestxs tanto con dar “vuelta la página” como enunció el actual presidente Alberto Fernández, como con la mirada que plantean algunos organismos cercanos al gobierno de “que en algún momento hay que parar con los juicios; dar vuelta la página porque desde hace 43 años estamos haciendo juicios”. Estos procesos de enjuiciamiento son una demanda histórica, los concebimos como parte de la reparación por memoria, verdad y justicia, que definitivamente no es otra que la reparación al cambio económico, político, cultural y social que se instaló con la tortura y con la sangre de los compañerxs. Como dice el canto popular “Adonde vayan los iremos a buscar”.
En nuestra ciudad celebramos el comienzo del juicio contra algunos de los integrantes de la Triple A. El juicio se realiza después de más de 45 años de sucedidos los hechos. Sus principales responsables: el diputado nacional del FreJuli y secretario de la CGT bahiense, Rodolfo Ponce, y el rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, fallecieron impunes. Estos juicios para nosotres son de vital importancia y necesidad porque nos permiten poner de manifiesto varios engranajes que fueron necesarios para construir la antesala de la dictadura. En primer lugar, el accionar de la Triple A y su rol. En segundo lugar, señalar a aquellos que fueron parte de la patota con nombre y apellido. Y, por último, el entramado de responsabilidades que desarrollaron y garantizaron la impunidad de estos matones. López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social, bajo el mando de Juan Perón, y los sectores enrolados en la CGT identificados con la derecha peronista, dieron forma y sustento a una política de amedrentamiento y persecución a los sectores del campo popular, sean peronistas, marxistas o del tercermundismo.
Tenemos un compromiso ético con la memoria de las más de 600 víctimas a nivel nacional y alrededor de 40 en nuestra ciudad. Creemos que es imprescindible esclarecer ese momento histórico, por ello reafirmamos que LOS CRÍMENES DE LA TRIPLE A SON DELITOS DE LESA HUMANIDAD.
No podemos olvidarnos que en nuestra ciudad la IMPUNIDAD tiene nombre y apellido: Néstor Luis Montezanti y Vicente Massot, quienes han sorteado la justicia hasta el día de hoy por su complicidad y participación en los crímenes de la AAA y la dictadura. A dos años de su indagatoria, el juez Walter López da Silva todavía no ha resuelto la situación procesal de Montezanti. Mientras que la investigación sobre la responsabilidad de Massot fue diluyéndose bajo una declaración de falta de mérito que aún debe definir la Corte Suprema.
TENEMOS MEMORIA: NO AL PAGO DE LA DEUDA
En la actualidad la decisión que se tome en torno a la deuda externa es fundamental para el destino del país: con un tercio de la población en la pobreza, una desocupación que supera los dos dígitos y salarios y jubilaciones por debajo de la canasta básica, no hay nada que negociar con el Fondo Monetario Internacional. A esto se suma la necesidad de fortalecer el sistema de salud frente a la pandemia de coronavirus, con inversiones que reparen el estado de abandono que dejó el macrismo. Afrontar los gastos para proveer los insumos y equipos necesarios, incrementar el número de trabajadores de la salud y regularizar las condiciones de precariedad laboral es una razón más para abandonar la consigna de “voluntad de pago”, privilegiando los intereses populares a las ambiciones de bonistas, bancos y FMI.
En el último tiempo la deuda externa fue incrementada brutalmente por el gobierno de Cambiemos, asegurando ganancias a los grupos más concentrados de la economía y generando pérdida de derechos para las grandes mayorías populares. La aprobación de la llamada Ley de Solidaridad Social, con los votos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, esconde detrás del título la decisión de “crear condiciones para la sostenibilidad de la deuda pública” y se traduce, entre otras cosas, en el ajuste a los jubilados. En este marco de ajuste y crisis reafirmamos que el único camino posible es la decisión soberana de no pagar una deuda ilegitima, ilegal y odiosa. No debe ser el pueblo trabajador quien la pague, sino quienes se beneficiaron de ella.
¡No al pago de la deuda! ¡Fuera el FMI!
El modelo extractivo es una de las claves de los gobiernos de nuestro país: privatización de la economía, utilización de métodos altamente contaminantes para nuestros territorios como el fracking, la ampliación del monocultivo de soja, la utilización del agua para el desarrollo de intereses privados sobre el uso social del recurso, la contaminación absolutamente insostenible de los grandes emprendimientos como el polo petroquímico, son solo algunos ejemplos de un modelo de desarrollo que prioriza las ganancias de las multinacionales por sobre los derechos de los pueblos.
Los primeros afectados por el modelo extractivista son los pueblos originarios. Las muertes que se vienen produciendo en las comunidades wichis por la pérdida del bosque nativo que los alimenta y la represión que terminó con la vida de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado no son más que la continuación del genocidio iniciado hace 500 años. Decimos que la Pacha pertenece a quienes la ocupan desde épocas ancestrales. Como nunca resulta imperiosa la lucha por el derecho a la tierra y la conservación del medioambiente, por esta razón exigimos a los gobiernos la preservación de nuestros bosques, ríos y montañas. El fracking, los agrotóxicos, la deforestación y la megaminería contaminante provocan su destrucción.
La movilización del pueblo mendocino nos marca una impronta a seguir en el marco de una crisis socioambiental sin precedentes: la movilización y organización popular para defender los bienes comunes como parte sustancial de los derechos humanos.
Cada 24 de marzo hacemos memoria sobre lxs caídxs de ayer y de hoy, contra la impunidad en todas sus formas.
En este sentido, reafirmamos que, para garantizar este modelo de acumulación y desarrollo del capital, la represión a los pueblos originarios, desplazándolos de su territorio ha sido fundamental. La militarización de zonas de nuestro país ha sido parte de la estrategia de los sectores dominantes, el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado se inscriben en esta política de represión e impunidad. Antes de ayer Patricia Bullrich como cara visible de esta política, hoy de la mano de Sergio Berni en nuestra provincia, por ejemplo, se sigue reforzando una impronta represiva, de mayor poder de fuego a las fuerzas de seguridad en un escenario de crisis social.
Esta impronta represiva toca muy de cerca también a los pibes y pibas de los sectores más empobrecidos, ellos y ellas son víctimas de un discurso racista y estigmatizador donde las policías nacionales y provinciales tienen un rol fundamental en su implementación. Son estas mismas fuerzas las que también siguen estando al servicio de los negocios más espurios de nuestra sociedad, como la trata y el narcotráfico.
Denunciamos el sostenimiento de personal nombrado por la dictadura en la justicia y en los servicios de inteligencia, como muestra del intento de sostener una política represiva sobre la clase obrera. Hace pocos días, una asamblea de trabajadorxs del INTI descubrió que estaba siendo espiada por un personal policial. También denunciamos la criminalización de la lucha social, reflejada en los casos recientes de César Arakaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero, y lxs trabajadores de Kimberly Clark. Denunciamos la represión sobre lxs trabajadores de Cresta Roja y lxs docentes de Salta. Exigimos el desprocesamiento de todxs lxs luchadores y denunciamos la utilización de la prisión preventiva como mecanismo represivo.
La llamada “justicia” ha mostrado su carácter de clase, en los recientes casos que sacudieron a Bahía Blanca, como el encarcelamiento a Rosalía Reyes por haber tenido un parto en su casa, y el encubrimiento y los nulos avances en el asesinato de Ángel Almada.
El movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y disidencias a través de la masividad de sus reclamos, han interpelado a toda la sociedad política y culturalmente. Hace 44 años atrás la dictadura en el desarrollo de su plan sistemático, ideó torturas y mecanismos específicos sobre los cuerpos de las compañeras y comunidades disidentes; producto de la lucha hemos logrado la tipificación del delito sexual en los crímenes de lesa humanidad.
En el transcurso del 2020 han sucedido más de 70 femicidios en nuestro país, cada 23 horas matan a una mujer y la violencia machista no cesa. El patriarcado se materializa también en la prolongación del mandato de la maternidad obligatoria, los abusos y violaciones y el sometimiento a la clandestinidad del aborto. Acompañamos el proyecto de ley de la campaña nacional por el Aborto, legal, seguro y gratuito.
No queremos dejar de mencionar un hecho que fue silenciado por los principales medios de la ciudad, que es la denuncia realizada ante la justicia por la ex pareja de Ricardo Pera, por lesiones agravadas y amenazas del ex concejal y titular del gremio de la UTA. Toda nuestra solidaridad con la denunciante y repudiamos el cerco que realiza el poder para garantizar la impunidad.
En el ámbito local, queremos destacar algunos hechos: la ofensiva del gobierno de Héctor Gay y la directora del Instituto Cultural de Bahía Blanca, Morena Llanca Rosselló, sobre las normativas que regulan diferentes actividades culturales en nuestra ciudad, construidas y sostenidas por trabajadores y trabajadoras, quienes denunciaron el desguace sobre los derechos culturales y construyeron su defensa colectiva. También en los últimos meses el gobierno de cambiemos en una escandalosa sesión a puertas cerradas del Concejo Deliberante, aprobó un tarifazo de colectivos que ataca directamente al bolsillo a lxs laburantes. No son hechos aislados, es parte de una política para desarticular el tejido social y profundizar un modelo económico excluyente.
En el marco de la pandemia que se está desarrollando, el despliegue de las FF.AA. en las calles habilita todo tipo de arbitrariedades. Si el estado no garantiza las condiciones de subsistencias de los sectores populares, estos se verán forzados a buscar alternativas para la supervivencia económica cotidiana y la respuesta NO puede ser la represión contra aquellos que más padecen la precariedad de la vida. En este sentido, el sábado 21 de Marzo por la noche, un matrimonio, sus tres hijas y su padrino, residentes del barrio Villa Libre, fueron brutalmente agredidos y detenidos en forma completamente arbitraria por efectivos de la policía bonaerense. Denunciamos estos hechos de arbitrariedad y brutalidad policial. Es imprescindible para que el virus no se propague el resguardo en las casas, más allá de actitudes irresponsables de pequeños sectores de la población, es fundamental implementar medidas como el aumento de presupuesto de emergencia para los/as más vulnerables.
En este 24 de marzo, reafirmamos la defensa de todos los derechos de los humanos y las humanas: libertad, trabajo, vivienda, educación, salud, cultura y justicia.
La crisis mundial capitalista hoy es noticia en paralelo con el desarrollo de la pandemia por el coronavirus. Las rebeliones en todo el mundo contra el sistema, lejos de cesar, aumentan y avanzan en conciencia.
El estallido de la rebelión del pueblo chileno contra las políticas heredadas de la dictadura pinochetista y continuada por todos los gobiernos de la Concertación y la derecha, ha mostrado la verdadera cara del “modelo” capitalista. En Bolivia, desde la instauración de la dictadura de la autodesignada presidenta Janine Añez, con el apoyo de los Estados Unidos y el Estado de Israel, lxs hermanxs bolivianxs han sido víctimas de masacres, desapariciones, detenciones y torturas. La persecución a opositores y las arbitrarias detenciones sobre militantes y apoderados del MAS muestran la hipocresía del régimen convocando a unas elecciones que prometen ser fraudulentas. Rechazamos el Golpe de estado y el intento de consolidación en base al posible fraude y proscripción a la fuerza política mayoritaria.
En este marco de avance del imperialismo norteamericano, denunciamos que el Congreso Nacional habilitó las operaciones militares con el ejército yanqui y el rol del Grupo de Lima en la región que pretende asegurar los dictados del norte para Latinoamérica. Rechazamos cualquier tipo de escalada militar sobre Venezuela, junto con el bloque económico impuesto por Trump y el reciente rechazo del FMI a auxiliar a Venezuela para combatir la pandemia.
Una vez más ratificamos que la lucha contra la impunidad de la dictadura, es la lucha para retomar los sueños de los 30 000 basados en un proyecto político anticapitalista. Nos expresamos contra la represión y el hambre, contra la impunidad de ayer y de hoy. Construimos memoria por los caídos y, sobre todo, por el ejemplo y el compromiso que nos legaron. Exigimos Verdad sobre el entramado del terrorismo de Estado y sobre quienes se han reciclado en democracia. Justicia y cárcel común a los responsables militares y civiles del genocidio.
30000 COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS PRESENTE!!!!!
MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
