Convocado por la Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicos del Sur un colectivo de trabajadores y trabajadoras de la cultura local expresó su preocupación por la creación de una Secretaría de Educación y Cultura a cargo de Morena Roselló.

“La fusión de Educación y Cultura implicaría un rango menor y un recorte presupuestario. Venimos viviendo durante cuatro años el ajuste y con la derogación del Instituto Cultural vendría a establecerse un achique presupuestario. Si esto ocurre corren peligro los programas de financiación y la presencia del Consejo Cultural Consultivo”, dijo a FM De la Calle la delegada Belén López.

“Si esto cambia de rango probablemente el Consejo deje de existir. Para nosotros es importantísimo porque es una herramienta de la democracia, a través de este organismo la sociedad tiene voz en las decisiones”.

Respecto de la designación de Roselló, López comentó que “ya tenemos los antecedentes de lo que ha pasado en la administración de la Subsecretaría actual”.

En relación a las políticas que se verían afectadas si se fusionan las áreas comentó que son “el Fondo Municipal, el Programa de Eventos Permanentes, que sirve para financiar espectáculos que requieren de mayor presupuesto, programa para los Espacios Culturales Independientes, hay una ordenanza, hay diferentes herramientas que hemos ido conquistando durante estos años”.

“La parte más crítica la hemos podido ver este año. Queremos sentarnos, dialogar, encontrar acuerdos, para que se dé marcha atrás con sacar el Consejo Cultural Consultivo”.

Consultada sobre la afectación de los cambios en la ciudadanía bahiense, la actriz aseguró que “se va a mostrar menos, no tiene que ver solo con artistas, son muchos talleres que llegan a los barrios, el teatro es de todes y está cerrado. El arte tiene que llegar a la ciudad y a los barrios, somos hacedores de cultura y queremos que la gente que viene a vernos, que nos lee, nos ayude a construir la identidad cultural de Bahía, es un ida y vuelta”, finalizó.

Los y las artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, (espacios culturales, grupos de teatro, grupos musicales, grupos independientes, asociaciones civiles y organizaciones sociales, políticas y gremiales abajo firmantes) hacemos pública nuestra preocupación y total rechazo a los comentarios vertidos por el Sr. Intendente Municipal Héctor Gay, en cuanto a la derogación de la ordenanza del Instituto Cultural Nº18499 dando lugar a la fusión anunciada como Secretaría de Educación y Cultura y la designación de la Licenciada Morena Llanca Rosselló al frente de la misma.

Puntos por los cuales defendemos la Ordenanza:

  • Es una legislación ejemplar para la ciudad, la provincia y el país que asegura la participación ciudadana en forma directa desde hace, al menos 15 años.
  • Jerarquiza el área.
  • Mejora los procedimientos administrativos dando mayor transparencia y optimización de los recursos para el desarrollo cultural-artístico de nuestra ciudad.
  • Contiene una herramienta fundamental y de participación ciudadana como es el Consejo Cultural Consultivo que colabora con la gestión cultural construyendo políticas públicas, aportando ideas y trabajo colectivo. Este Consejo surge de las asambleas de las ramas artísticas que eligen a sus consejeros y asesores; además, se realizan asambleas abiertas para debatir los lineamientos que llevarán los representantes a las reuniones en pleno.

La derogación de esta ordenanza implica eliminar esta herramienta de participación ciudadana, y por consiguiente:

  • Rompe el compromiso de que quien esté al frente del Instituto Cultural sesione una vez por mes con les consejeres y asesores designades por asamblea;
  • Rompe el compromiso de que mensualmente el Ejecutivo municipal brinde el detalle del estado de cuenta de fondos concursables y cuentas especiales.
  • Elimina derechos y recursos concretos como el Fondo Municipal de las Artes, la cuenta asignada a los eventos organizados por la comunidad a través de sus entidades (Eventos Permanentes) así como los acuerdos estipulados con los Espacios Culturales Independientes
  • Con respecto al presupuesto, al perder el rango de Instituto Cultural perdería la facultad de recibir donaciones no sólo en dinero sino también en patrimonio cultural en cuentas especiales directas del instituto.

Ante lo expuesto, motiva nuestra preocupación el antecedente del año 2016 cuando el intendente Héctor Gay, a instancias del, por entonces, director del Instituto Cultural,  Ricardo Margo, vetó la modificación de la ordenanza 12.711.

Afortunadamente, la mayoría de los y las ediles de aquel entonces, sostuvieron una postura razonable y se dio marcha atrás el veto.

Por otra parte, el intendente designó como responsable de la nueva Secretaría a la Licenciada Morena Llanca Rosselló, cuyos antecedentes en el área de Educación no son favorables. Podemos citar:

  • El cierre de, al menos, 100 talleres artístico-culturales que llegaban a los barrios.
  • La paralización durante 3 años de la Orquesta Infanto-Juvenil de Villa Miramar;
  • El cierre de salas de jardines maternales municipales;
  • La precarización y destrato de los talleres artístico-culturales vigentes;
  • La eliminación de la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo (órgano similar al Consejo Cultural Consultivo)

Esperamos que se escuche nuestra voz y lleve a la reflexión a quienes tienen responsabilidades públicas y se respeten las herramientas de participación ciudadana que contribuyen a la  construcción  de una política cultural en un sentido democrático. Las medidas anunciadas tienden a profundizar el desguace cultural sufrido hasta el momento. Solicitamos marcha atrás en la aplicación de estas políticas.

Bahía Blanca cuenta con gran riqueza de expresiones artísticas. Los funcionarios públicos deben cumplir las leyes del estado. Las políticas públicas deberían dar cuenta de la reconocida calidad de las propuestas culturales locales, en lugar de desfinanciarlas y restarles valor.

La eliminación del Instituto Cultural NO FUE PARTE del programa de campaña de Juntos por el Cambio. Nadie votó por semejante medida.

El voto no es un cheque en blanco.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES (DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA) / UNIÓN DE MÚSIC♪S DEL SUR

Adhieren

ATM BAHÍA BLANCA / ASOCIACIÓN DE MURGAS BAHIENSES / COORDINADORA ESTUDIANTIL ARTÍSTICA DE BAHÍA BLANCA / RED DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES / CASA DEL PUEBLO / SALA VARIETTÉ / CENTRO CULTURAL LA PANADERÍA / GRUPO NUEVODRAMA /

ADRIANA IGLESIAS/ ALAN ARTEMIO TURPAUD / ALBERTO D’ALESSANDRO / ALBIN W. CEDEÑO / ALEJANDRO DI VALENTIN / ANA CASTEIGN/ ARIEL MANTIÑAN / ASTOR VITALI / ÁNGEL DANTAGNAN / ALDANA MERINO / ANDREA BORELLO / ANABEL BECERRA / AYELÉN SOUTER/ CAMILA BRESCIANO / CAMILA EVA VERA / CARINA MIGUEL /CAROLINA GESTOSO / CECILIA EPHERRA / CLEMENTINA ZIVANO / CRISTINA BARIDÓN / DANIEL BOLUÑA/ DANIEL FERNÁNDEZ / DANIELA MÁRQUEZ / DANIEL LÓPEZ / EMILIA ARANCE /ENRIQUE LORENZI / FACUNDO SIERRA / FAUSTO CAPRIN / FERNANDO BALESTRA / FABRO PACIAROTTI / FLORENCIA DEL PINO / FLORENCIA VUL / FRANCISCO MEACA / FRANCO BERDINI / FRANCISCO FELKAR / GASTÓN ARES / GERMÁN KLAPPENBACH / GISELA GREGORI / GLORIA MENÉNDEZ / GRACIELA MUSOTTO/ GUILLERMO COLANTONIO / GUILLERMO OCEJO / GUSTAVO KAMERBEEK /HUGO VITALI / IRENE ABREU BARCELÓ / IVÁN PROSIUK / JIMENA GONZÁLEZ / JOAQUÍN DIAZ VARELA / JORDAN RESSIA / JORGE VENTURA / JUAN CASSONLETT / JUAN MANUEL CAPUTO / JULIÁN MANSILLA / JULIÁN MEDINA / JULIETA LEIVA CHAVEZ / JUAN JOSÉ BRIOSSO /JUAN CRUZ SAVATELLA / JUAN PABLO STALDECKER / JULIETA RAUSCH / LILIANA VICENTE / LUCAS SÁNCHEZ / LUCÍA PAREDES GREGORI / LUIS GENTILLI / MATÍAS SANDERS / MARTIN GAUNA / MARTINA FONTANELLA / MABEL TRAVAGLINI/ MANUEL ANGELINI / MARIO ERIKSEN / MARTÍN GAUNA/ MAXIMILIANO ULISES MEDINA / MILAGROS PIRES / MÓNICA ORTELLI/ NATALIA ABAD / NATALIA OTERO / NORMA SANTIAGO/ LEONARDO FABRIZI / LEO HERMANN / LEO VEIVA / LILIANA VICENTE / LOURDES MANINI / LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ / ALDANA / MAITE VALIENTE MATILLA / MARÍA AZUL SANTILLÁN / MARÍA BELÉN LÓPEZ / MARÍA CELESTE MOORE / MARCELA DRITANTTI / MARCELA INOSTROZA VALDÉS / MARCELO DÍAZ / MAYRA DÍAZ ALCHU / MARIANELA BONELLI / MÓNICA CASTRO / NICOLÁS FERNÁNDEZ VICENTE / NICOLÁS PEREYRA / NÉS CAMPANO / NORMA SANTIAGO / OSCAR PASQUARÉ / PABLO LASALA / PABLO VEGA / PATRICIA REGOLI / PATRICIA ROMERO / PATRICIO PERALTA / RAÚL CHAVEZ/ RAÚL PETRUF / ROMINA FEIJOO / RUBÉN ALBERTO FAGOAGA/ SEBASTIAN MARELLO / SOFÍA FERNÁNDEZ / SONIA AGUILERA / STELLA M. GONZÁLEZ / SUSANA MATILLA / SERGIO PACHECO / TOMÁS OXARANGO / PATRICIA RÉGOLI / WILLY TRAVERSA /WALTER FONTÁN/ZOE RÍOS

BLUE CHEESE / CHANGÜÍ / DE CUERDAS Y BOMBO TRÍO / DÚO LORENZI-RÉGOLI / DÚO LORENZI-ROJAS / EL PIQUILLÍN TANGO TRÍO / LA VIARAZA TRÍO / DÚO VILLARREAL-LORENZI / DÚO SANSOLINI-LORENZI / MURGA LA CUCHARÓN / MÚSICA INNOVA / ORQUESTA TÍPICA EN CONSERVA / TodaVía /

DIANA JAKUBOWICZ Y ALBERTO CARRANZA, DELEGADXS DE ATE EN ORQUESTA SINFÓNICA PROVINCIAL DE BAHÍA BLANCA / MÓNICA CASTRO, DELEGADA DE ATE EN EL CORO ESTABLE DE LA OSPBB / ORQUESTA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL Y JUVENIL DEL BARRIO MIRAMAR/APYME/DELEGADXS DE LA FERIA MUNICIPAL DE ARTESANOS DE BAHÍA BLANCA/

CTA BAHÍA BLANCA / CTA DE LOS TRABAJADORES

La empresa Oiltanking despidió a 12 empleados afiliados al Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible. Junto con personal jerárquico y administrativo son 20 personas que quedarían sin trabajo.

Se encuentran con retención de tareas a la espera de una resolución.

“Desde la semana pasada que estamos con despidos, están por llegar los telegramas a nuestros compañeros. Esto supuestamente es una bajada de línea desde Alemania, entendemos que la realidad de Alemania es otra. En este momento le han dado la concesión a la empresa por algunos años más, no entendemos, si están renovando la concesión no hay razones para despedir”, señaló el delegado José Hernández.

Oiltanking almacena y distribuye derivados de petróleo, biocombustibles, gases y productos químicos. “El 60% del crudo que pasa por acá es de Vaca Muerta, estamos hablando que distribuye a las refinerías de capital y zonas de Docksud, también distribuye a (la refinería) Elicabe. Entendemos que tiene un corte político esto”, comentó.

Hernández dijo que “a pesar de que les hemos planteado soluciones, armamos una lista de compañeros que se acatarían a un retiro voluntario así hacemos esto sin sangre pero no aceptaron. Estamos de paro en este momento, está siendo manejado por jerárquicos, por gente que no es idónea, no solamente puede tener un costo a nivel social sino también ambiental. Nosotros no nos vamos a hacer responsable si pasa algo en la ría”.

La firma emplea alrededor de unos 80 o 90 trabajadores en total, “o sea que estarían haciendo un retiro de más del 20% de su planta. Estamos tocando la puerta del Ministerio para llegar a una mesa de diálogo, para que se revierta esta situación”, finalizó.

El titular de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel, compartió con FM De la Calle su experiencia como integrante de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano que viajó días atrás al estado plurinacional.

Describió el clima represivo de la dictadura de Jeanine Añez, la indefensión de las víctimas y sus familias y la persecución a los sectores opositores a los golpistas.

Evalúan presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la justicia de nuestro país.

“El objetivo era entrar y no prenderse en ningún tipo de provocación. Entrar y escuchar a las víctimas. Pudimos encontrar un lugar tranquilo y dedicarles mucho tiempo a los familiares de las víctimas y a todos los que están sufriendo la represión”, relató.

El primer ataque ocurrió al llegar al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra donde un grupo de civiles agredió a la delegación ante la inacción de la policía.

“Era previsible porque hay una intolerancia en la sociedad que apoya al golpe muy grande, hay una venganza, una revancha a todo el proceso que empezó este grupo de pueblos originarios, de movimientos sociales, de equilibrar la balanza y repartir igualitariamente las riquezas”. Luego, el ministro golpista Arturo Murillo les amenazó abiertamente.

“Si a nosotros nos trataron así, no se imaginan lo que están padeciendo los militantes, los dirigentes sociales y de pueblos originarios. Se tienen que mover cada tres o cuatro días a distintos domicilios para que no les pase nada. Les están rompiendo las organizaciones, las están debilitando, es realmente horroroso”, comentó.

Pimentel manifestó que en Argentina “hay una grieta que ojalá empiece a achicarse, pero allá se ha hecho un cráter de una medida tan grande que va a costar muchísimo remontarlo”.

Destacó “el grado de perversidad que hubo en los ataques”. Por ejemplo, en Senkata, “pusieron todas las armas militares en contra del pueblo para cuidar una planta de gas de petróleo, mandaron diez tanques de guerra, dos helicópteros, y desde ahí fue desde donde más dispararon y más mataron. Las heridas mortales fueron todas arriba, en los hombros, en los brazos, la cabeza. Eso da las claras desde donde tiraban. Gente que iba a trabajar, que estaba trabajando, que pasaba por ahí, fue victima de esta locura”.

“Lo grave también es que no tienen un Poder Judicial donde hacer la denuncia. No hay ningún abogado -pero ninguno, eh-, hemos hablado con dirigentes de alto rango del MAS que están escapando antes que los metan presos y no tienen abogados que los defiendan. Todos los abogados de la matrícula en Bolivia, por miedo o vaya a saber qué, no están queriendo tomar casos y representar a las víctimas. Nos pidieron ver de qué manera podemos acompañarlos en la búsqueda de defensa”, afirmó.

El dirigente dijo que están sistematizando el material recogido y avanzar en una denuncia por delitos de lesa humanidad en los tribunales argentinos.

“Hay personas que están heridas y escondidas porque los pueden llegar a meter presos y otros están en hospitales públicos pero a la espera de elementos para la operación. Están como depositados. Por eso vinimos con esa misión de ver como se canaliza a través de Cáritas, ver si Cáritas de Argentina puede hablar con Cáritas de Bolivia y darles una mano hasta tanto el gobierno se haga cargo”.

La delegación comprobó “hechos gravísimos como tener detenidos a menores con problemas de retraso madurativo acusados de sedición, terrorismo y tenencia de arma de guerra porque fueron detenidos por vecinos de un barrio de clases medias altas y, por temor de que les vayan a robar, los vecinos los detuvieron, los ataron con alambre, les pegaron, vino la policía y les plantó todo esto que digo. Fueron llevados presos a un instituto de menores. De esta manera justifican que hay toda una banda de terrorismo que está asolando Bolivia y siguen justificando la represión”.

“Hay personas desaparecidas. La última reunión que tuvimos fue con dirigentes del MAS, le hicimos esa pregunta, nos confirmaron que sí y la otra característica es que hay tanto miedo que no lo han denunciado en ninguna parte. Primero porque no hay quién les tome la denuncia y, segundo, porque hay un temor muy grande de que los salgan a buscar y les pase algo a los familiares”, sostuvo.

Pimentel opinó que en “cualquier escenario que se dé que gane algún sector contrario a esta banda de golpistas delincuentes le va a ser muy difícil gobernar. (…) Y si gana esta gente que ha arrebatado a través de un golpe la vida política de Bolivia creo que el grado de venganza va a ser muy fuerte y van a volver a la política de sometimiento de los sectores más pobres”.

“Eso va a llevar a que los grupos, las organizaciones sociales se endurezcan mucho más y salgan a defenderse y ahí puede producirse una cosa muy compleja, dios quiera que no porque va a costar muchas vidas humanas, ya las está costando”.

¿A costa de quiénes y de qué se sustenta el modelo Vaca Muerta como futuro salvador de la economía en crisis? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Qué incidencia tiene en la ciudad? ¿Hay vínculo entre  el extractivismo y la deuda externa?

Hernán Scandizzo, investigador del Observatorio Petrolero Sur y la economista Mariana Fernández Massi, problematizan la política energética y de explotación de hidrocarburos no convencionales desde la Patagonia a Bahía Blanca.

¿Qué significó para el país el desarrollo de Vaca Muerta?

Sacandizzo: A partir del 2007 se pasa al boom de Vaca Muerta en términos de relato de ‘Argentina: potencia energética’. Si bien se ha incrementado la extracción de carburos a partir de los no convencionales, estamos muy lejos de ese escenario tan exitoso que se presenta.

Fernández Massi: La pregunta es a costa de qué se ha logrado estos niveles de extracción. La ecuación financiera se sustentó a partir de una fuerte transferencia de recursos tanto del Estado como de los usuarios hacia las empresas con dos mecanismos. Por un lado, los subsidios que reciben por la extracción y, por otro,  el precio y el modo en que se regula el precio en boca de pozo y eso se traslada a nuestras tarifas.

El primer programa grande de subsidios es el programa GAS que se lanzó en 2003 que garantizaba un precio estímulo a la nueva extracción, que fue el plan con que el último kirchnerismo empezó a alentar la exploración. Ese plan sufre modificaciones, es reemplazado por la Resolución 46 que firma Aranguren, busca acotar los subsidios solamente a las nuevas áreas no convencionales, ahí es donde el plan estuvo enfocado en Vaca Muerta.

En torno a esa resolución aparece otra que evidencia cuan dependiente es este sistema de subsidios: Tecpetrol, la empresa de Techint. Había entrado en este plan en particular con una área que es la estrella de Vaca Muerta, que explica el aumento de la extracción que es Fortín de Piedra. Tecpetrol había declarado un volumen de producción y finalmente lo superó. Eso hizo que sea mayor la cuantía de subsidios a la que el plan original pretendía.

La calve es que cuando surge este problema y se pone límite a los subsidios en Fortín de Piedra. Sin ese esquema de subsidios nadie parece estar muy interesado en Vaca Muerta. Esto evidencia que el fracking y la exploración de no convencionales son caros.

Para el mercado doméstico no nos va garantizar precios bajos de energía, para la exportación aparece cuanta cabida puede tener un desarrollo de un proyecto que está teniendo muchos problemas para financiarse en un contexto de producción a nivel mundial. ¿Hasta qué punto esto va a ser el buen negocio que se plantea desde los discursos oficiales?

¿A costa de qué se está desarrollando Vaca Muerta?

Scandizzo: Son muchas las transformaciones que se vienen dando en la zona a partir de Vaca Muerta y por la escala que tiene esto, Bahía no queda al margen. Vaca Muerta también es acá por el rol histórico que ha tenido Bahía como puerto para todo el norte de la Patagonia. Es un rol de ciudad puerto que se incrementaría con la ampliación del polo petroquímico, en una ciudad donde hay una cantidad de demandas sin resolver socio sanitarias vinculadas al desarrollo del polo, el anuncio de que se incrementaría a partir de Vaca Muerta no sé si es tan buena noticia.

En el modelo actual, ¿existe posibilidad del desarrollo de algún tipo de otra actividad como consecuencia de Vaca Muerta que no sea la exportación?

Fernández Massi: Lo central es que hace falta mucha infraestructura. Una en particular que un poco muestra cuánta incertidumbre hay porque no se ha logrado realizar es  el tren que uniría Añelo y Vaca Muerta y que serviría tanto para traer la producción para la exportación como, fundamentalmente, llevar insumos.

Ahí hay una discusión por las arenas silíceas, si ese tren se completa esto implicaría traer desde Entre Ríos las arenas por vía marítima y luego por tren. Ese tren se intentó financiar por PPP (participación público privada), luego por venta anticipada de cargas. No hubo empresas que se presentaran y la pregunta es si se va a financiar con inversión pública.

Dow es una de las primeras que apostó a Vaca Muerta y la razón de ser de Dow es fundamentalmente asegurarse la provisión de gas. Sin embargo, cuando se mira Dow a nivel global, la ampliación del polo en América del Sur está rankeada en el último lugar porque Dow es protagonista de otra gran explosión del fracking que es el Permian en EE.UU.. Entonces, hay sobreproducción de polietileno, Dow ha frenado inversiones en EE.UU. por la sobreproducción.

En tercer lugar, aparece la plataforma exportadora, que significaría buques de licuefacción. Para que tenga cierta correlación free a ese discurso optimista estaríamos hablando a una escala muy superior a la que Bahía conoció con el buque regasificador.

¿Cómo ven lo que viene respecto del cambo de gobierno? ¿Qué propuestas para la política energética ven a este modelo?

Fernández Massi: En primer lugar, hay un consenso que se vio durante la campaña, hay un cambio en términos de para qué. El Frente de Todos vuelve un poco sobre el discurso desarrollista, aparece Vaca Muerta como la gallina de los huevos de oro que nos proveería de dólares para pagar la deuda, por ejemplo. Ahí podemos trazar vínculos entre el extractivismo y el endeudamiento.

Hay algunas alarmas, hay algunos trascendidos que son un poco nefastos, hay un proyecto de ley que no se sabe cuan real es, que otorgaría un montón de exenciones fiscales y liberalización de dólares, es un poco contradictoria.

En términos de alternativas, la principal apuesta es en la Mesa de Transición Energética y Productiva para Río Negro porque creemos que ese es el ámbito territorial para discutir, Vaca Muerta se está llevando puestas actividades productivas del Alto Valle, mostrar que hay alternativas energéticas.

Por ejemplo, la energía eólica…

Scandizzo: Está bien como fuente de menor emisiones pero hay que ver qué modelo de gestión va a tener esa fuente. En Neuquén está el caso de Vientos Neuquinos, en cercanías a Zapala, que es un proyecto que empieza la provincia y después se lo vende a un empresa norteamericana.

Vemos que se replica el modelo de recreación del desierto, de invisibilizar a la población -sea campesina o indígena- y avanzar con los proyectos, no solamente hay que ver las emisiones sino qué modelos productivos vamos a tener.

Hacer parques eólicos para abastecer empresas como Aluar tampoco es la idea. Es complejizar y trabajar sobre las fuentes, hay que ir a una defosilización de matriz energética, hay que pensar en modelos de producción y modelos de consumo. No es solamente poner paneles solares y molinos sino discutir el modelo.

Vocalías gremiales y el Consejo Consultivo de IOMA, denunciaron la falta de entrega de medicamentos a beneficiarios del Plan MEPPES, el cual abarca a pacientes de enfermedades graves.

La delegada de ATE, María José Castesana, dijo a FM De la Calle  que “no es una novedad esto, la situación del IOMA ha venido empeorando año tras año, llevándose vidas de afiliados y afiliadas que nunca han tenido respuesta”.

“El ajuste provincial se tradujo en falta y disminución de coberturas, no entrega de prótesis, toda una serie de cuestiones que hacen a la salud de los trabajadores que se han visto obligados a judicializar casi el 60% de los tratamientos”, agregó.

Explicó que “IOMA es autárquico, tiene su propio presupuesto que proviene de trabajadores activos y jubilados, fue votado un presupuesto de 53 millones, un presupuesto mayor que el Ministerio de Salud de la provincia que debe atender toda la red pública. No es un problema de fondos sino de como se administra”.

Castesana recordó la falta de control de la prestataria por parte de sus trabajadores: “Hemos objetado una serie de convenios, el último ejemplo es que se tercerizó el área más importan que es la informática Una empresa del BaPro se lleva toda la base de datos de afiliados, también trámites administrativos, autorizaciones y lo termina financiando el IOMA en manos de privados”.

“Tenemos expectativas con la nueva gestión, queremos no solo diagnóstico sino propuestas para mejorar el IOMA. Varios gremios venimos trabajando en un proyecto de ley para reformar la ley de IOMA que cambia, entre otras cosas, el directorio. Queremos que tenga una mayoría de representación de trabajadores y que se haga por el voto directo, secreto y obligatorio de los afiliados”, concluyó.

Ya está a la venta la Bolsa de naVIDAd, una iniciativa que ofrece producciones de emprendimientos locales de calidad y a buen precio. Integrantes de Somos Andando y Dulces Beldra junto a Cáritas e INTA brindaron detalles de la propuesta.

«La idea surge en el marco de la Red de Economía Solidaria de Cáritas Argentina donde, a raíz de la convocatoria del papa Francisco de pensar un pacto para una nueva economía, venimos fortaleciendo emprendimientos desde hace varios años», aseguró desde el área de EcoSol de Cáritas, Marina Huentenao.

Explicó que «en esta fecha quisimos iniciar con una Bolsa de naVIDAd donde se ofrecen productos de familias de Bahía Blanca que desde Cáritas y una red de instituciones acompañamos cotidianamente».

La bolsa se puede reservar llenando este FORMULARIO y abonando la compra antes del 12 de diciembre en el local de comercio justo Reloj de Arena. La entrega se realizará el jueves 19 de diciembre al igual que la próxima bolsa de verduras de las Producciones de la Agricultura Familiar.

El local de Rodríguez 78, donde se abona la Bolsa de naVIDAd, atiende de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 y los sábados de 9 a 14. «Es otra experiencia de comercio justo donde también van a encontrar producciones de familias que tienen emprendimientos productivos», comentó Huentenao.

«El costo de la bolsa es de 450 pesos y está compuesta por pan dulce, budines y masitas del grupo asociativo Somos Andando; turrones de Dulces Beldra, un emprendimiento familiar de Griselda y José; y garrapiñadas de los chicos de Envión».

Flora Rossi, integrante de Somos Andando, dijo que el proyecto involucra a un grupo de mujeres que tenían sus emprendimientos y se asociaron con el acompañamiento de Cáritas. «Elaboramos en el Colegio La Asunción que nos presta la cocina, este año nos propusieron sumarnos a esta iniciativa y la hicimos. Son productos artesanales, con buenas materias primas y todas trabajamos con manipulación de alimentos».

Su compañera, Estefanía Yevenes contó: «Hacemos todo tipo de eventos, festejos y viandas, lo que nos pidan de cocina lo elaboramos. Tenemos muchas expectativas con esta bolsa y estamos muy entusiasmadas».

Griselda Leal y José Cancino son Dulces Beldra. «Estamos haciendo pan dulce, turrones, budines, todo artesanal. Es un emprendimiento familar, nos sumamos por primera vez. Hacemos dulce y salado, estamos ofreciendo pollo arrollado para Navidad también», dijo Griselda. José agregó que «lo nuestro es variado, estamos probando, según las festividades vamos haciendo cantidad y calidad de producciones para eventos».

Para conocer los productos y realizar encargos por fuera de la Bolsa de naVIDAd, pueden contactar a Flora de Somos Andando al 291 422-4816 y para comunicarse con Griselda y José pueden buscar «Dulces Beldra» en Facebook e Instagram o por WhatsApp al 2914661474.

Pablo García, integrante de INTA, recordó que «estamos acompañando la experiencia de la bolsa de Producciones de la Agricultura Familiar. Se trata de una propuesta de comercialización directa entre consumidores y productores para acercar la producción hortícola de Bahía Blanca y el periurbano a las familias».

«Desde la experiencia del programa Cambio Rural participan productores hortícolas, de huevos de granja, elaboradoras de dulces y pescadores artesanales. La bolsa de la Agricultura Familiar se realiza una vez por mes y significó un buen ingreso económico para las familias y, lo más importante, que la gente conozca lo que se hace a nivel local generando empleo y productos frescos y sanos».

El formulario para la reserva de las verduras de Pro.Sau.Chi y las mermeladas de Moras Brix, entre otros productos, se publicará el jueves 12 y la entrega se realizará junto a la Bolsa de naVIDAd el jueves 19 en Avellaneda 416 de 11 a 14.

Participan de la experiencia de Producciones de la Agricultura Familiar Cáritas Arquidiocesana, FM De la Calle, CFP 401 Anexo UP4 e INTA Pro Huerta y Cambio Rural con conservas de Moras Brix, verduras de Pro.Sau.Chi, pescado de pescadores artesanales de Pehuen Co, huevos frescos producido por Runtu Thani y el aporte de internos de la unidad penal de Villa Floresta en la serigrafía de las bolsas.

Héctor Gay recibió a integrantes del programa Envión y les aseguró que no atenderá sus demandas. No habrá pase a planta permanente ni mejoramiento de las condiciones laborales.

El colectivo de talleristas realiza retención de tareas y se reunirá este mediodía en el hall del Palacio Municipal para definir estrategias de visibilización.

“El intendente comenzó diciendo que no iba a regularizar nuestra situación laboral, que de ninguna manera podíamos pasar a formar parte de la planta municipal, que no había ninguna propuesta alternativa en el mientras tanto, que había que esperar a que la provincia decidiera qué hacer con el programa”, dijo a FM De la Calle Natalia Lunazzi.

Sin embargo, Gay “reconoció la importancia del programa en Bahía y que no ha sido revalorizado en sus cuatro años de gestión”.

El reclamo comenzó en 2013: “El intendente viene de estar alineado con la provincia estos cuatro años. Él mismo reconoce que no nos han regularizado y vuelve a tirar la pelota de que sea una decisión provincial cuando ahora ni siquiera es del mismo color político”.

“Hoy nos volvemos a reunir casi todos en el hall del Municipio para elaborar estrategias de visibilización. Estamos con retención de tareas, no se va a las sedes o no abrimos las puertas. No queremos ser mas cómplices de este Estado que los está dejando de lado”.

Lunazzi agregó que “hemos tratado de sostener el programa lo mejor posible, hemos tratado de seguir llegando a la cantidad de población a la que llegamos y de seguir sumando. El contexto de estos cuatro años ha hecho que las problemáticas aumenten y la condición de vulnerabilidad de los jóvenes también”.

El convenio es entre provincia y Municipio: “En este convenio la provincia manda cierto monto de dinero para equipos técnicos y las becas para jóvenes: 800 pesos de becas, si cobran asignación, cobran 400. Lo que el Municipio debe hacer es mantener la sede, contratar equipos y conseguir insumos para mantener taller. Deberíamos ser 36 personas en 6 equipos y somos 27,  ganando 14 mil pesos por 30 horas semanales”.

En el marco de la conmemoración de un nuevo Día Mundial del Sida, las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH expresaron la preocupación ante el retroceso en materia de salud pública para las atención de las personas que conviven con el virus.

“Nos encontramos a pocos días de que el proyecto de nueva Ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual pierda estado parlamentario una vez más. El gobierno de Macri demostró su falta de voluntad política durante estos años para impulsarla y sus legisladores para sancionarla”.

La Ley vigente desde 1990 necesita actualizaciones que por segunda vez perderían la posibilidad de volverse una realidad. “Este nuevo proyecto pretendía incluir el enfoque de derechos humanos, en contra del estigma, de producción y compras públicas de medicamentos y que declara de interés nacional los tratamientos de VIH”, señaló a FM De la Calle José María Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo.

En el documento señalan que “hemos padecido en primera persona el desabastecimiento y la falta de tratamientos. No ha habido planificación ni previsión en las compras de medicamentos antirretrovirales desde 2016. Se subejecutó el presupuesto asignado al área de competencia, y de manera continuada se abandonó el mecanismo habitual de compra anticipada de medicamentos mediante licitación pública, provocando desabastecimiento en la provisión de los mismos a escala nacional, como también innecesarias compras directas que representaron un injustificado incremento en los los precios y la falta de garantías de transparencia en la adquisición de los medicamentos”.

“La resistencia está dada por la definición política de la salud de este gobierno. Este año la disminución de preservativos fue notoria, lo mismo que pasó con la leche de fórmula para madres con VIH  y la alimentación de sus hijos. Tiene que ver con la degradación del Ministerio de Salud”, argumentó Di Bello.

El concejal Carlos Quiroga (UC) opinó que en los cambios de gabinete anunciados por el intendente Héctor Gay para su segunda gestión muestran “manifestaciones políticas muy claras”.

“En un momento donde la inseguridad está azotando a toda la ciudad, quitarle Secretaría al área, fusionarla y bajarla al rango de Subsecretaría es toda una definición política”, dijo a FM De la Calle.

Agregó que “peor aún lo del área cultural donde juntan de manera definitiva con Educación, a cargo de la licenciada Roselló, no se sabe muy bien quién va a tener a cargo el vínculo con los efectores de cultura. Es un asunto donde aparece cierto desprecio por la cuestión por parte de este Municipio que, en realidad, no es novedoso si tenemos en cuenta símbolos como el Teatro cerrado”.

Quiroga afirmó que “emulando a Macri fue algo así como ‘vamos a hacer lo mismo pero más rápido’. La opinión definitiva sobre el gabinete la vamos a tener cuando llegue el presupuesto y veamos el organigrama y el presupuesto asignado a cada área”.

“De lo pendiente nos ocuparemos desde el Frente de Todos a través de las delegaciones de organismos públicos de provincia y de la Nación. Como de costumbre de los más vulnerables, de las cuestiones más complicadas socialmente, ahí vamos a estar. Habrá una delegación de Hambre Cero, habrá delegación del Ministerio de Vivienda y todo eso se canalizará por ahí”, aseguró.

Lo dijo la concejala Gabiela Schieda respecto a los cambios de gabinete anunciados por el intendente Héctor Gay. Apuntó a la gestión de Tomás Marisco y afirmó que el radicalismo fue ninguneado.

“Me preocupa que el nuevo presidente de Sapem, Tapia diga que no puede asegurar que sigan teniendo a cargo las tres líneas de colectivo”, dijo a FM De la Calle la concejala Gabriela Schieda.

Según anunció ayer el intendente, el ex interventor del Parque Industrial, Ricardo Tapia, reemplazará a Marisco en Bahía Transporte Sapem.

El actual secretario general pasará a la Secretaría de Movilidad Urbana. “No fue muy satisfactoria su gestión, es una persona que cuando le hemos hecho preguntas no ha respondido ni venido al Concejo. Va a ser difícil de trabajar con él. Su paso por Bahía Transporte Sapem no fue de lo mejorcito”.

“Hay nombres de directores que me llamó la atención que sigan en su cargo, por ejemplo Control y Tránsito Urbano. (Personas)  que quizás sean buenas en otros lugares, que no tienen la preparación o idoneidad para los cargos sensibles”.

En relación a la Secretaría de Seguridad, la edila señaló: “Me llama la atención que bajó de secretaría a subsecretaría. Si bien no fue una gestión super exitosa, pareciera que no están entre las prioridades”.

El cambio implica además la bajada de rango del único secretario del radicalismo en el gabinete. “Así como Macri cree que el 40% lo logró el Pro, acá en Bahía parece que piensan lo mismo. Ha sido un ninguneo, me consta lo que ha trabajado mi partido para que gane las elecciones el intendente”.

Por otro lado, mencionó que “me ha llamado la atención el nombramiento del ‘Gula’ Aguirre para la Delegación Noroeste. Es una región compleja, muy grande, con muchas problemáticas. Parece mentira que con tanto caudal de votos no tenga gente del barrio. Tenemos hasta el 10 diciembre un delegado que no es del barrio y podés preguntar cómo nos fue”.

Consultada sobre la fusión de Cultural y Educación, opinó que es “otro desacierto. Educación y Cultura son dos áreas muy importantes y sensibles y creo que unificarlas es también bajarle el rango más allá del nombre. Humildemente me parece que la pifiaron”.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia realizó su última asamblea del año y recibió a integrantes del programa Envión que hoy se reúnen con el intendente para plantear sus problemáticas.

Se destacan el pase a planta del personal y la implementación real  del dispositivo.

Alba Picardi balanceó en FM De la Calle el trabajo de 2019  y afirmó que les “preocupa sobremanera el programa Envión” y por eso van a plantear el tema ante la Red Provincial de Consejos Locales.

En  el ámbito bonaerense -comentó- “la realidad no es mejor que la local, de hecho en algunos lugares está peor. Se viene trabajando en la articulación con la gestión, que ha sido bastante similar en respuesta a la de acá. Por eso la expectativa está puesta en en el nuevo gobierno. A ver si logramos otros interlocutores, pero el trabajo viene en función de los recortes, falta de presupuesto, uso del presupuesto”.

“En Bahía necesitamos un lugar de contención para chicos en conflicto con la ley, íbamos a tener un nuevo lugar a partir del incendio del Valentín Vergara y no pasó nada. Es un cuadro donde la emergencia es necesaria, hay que tomar estas medidas por la vulneración de los derechos de niños y adolescentes”, dijo.

Picardi manifestó que “la sensación que nos queda es de poca respuesta del otro lado, estamos apostando a que el año entrante podamos tener una comunicación fluida con la gestión”.

El intendente Héctor Gay aseguró que pretende “fortalecer dos áreas significativas: la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Gobierno”.

“Tenemos cuatro o cinco objetivos: mejorar los servicios urbanos, ha habido un déficit allí, limpieza, residuos, espacios públicos, lo propio ocurre con el trabajo en red, hemos tenido una buena relación con las entidades pero vamos a intensificar la relación con sociedades de fomento, clubes”, afirmó.

Adrián Jouglard será el secretario de Gobierno; Morena Rosello asumirá como secretaria de Cultura y Educación; Pablo Romera como secretario Privado; Tomas Marisco será el titular de la nueva Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos y José Fernández Ardáiz será director General de Participación Ciudadana y Comunicación.

“Viene una etapa distinta, un escenario distinto, es cierto que al día de hoy tenemos muchos interrogantes que no podemos develar en relación con la provincia, en tanto y en cuanto no conocemos los funcionarios. Este viernes vamos a enviar el presupuesto al Concejo Deliberante aún sin tener resoluciones al respecto”, dijo Gay.

Agregó que “la llegada de Amazon, que tanto trabajo nos costó, no puede ser una más. Estamos trabajando, tienen un año como máximo para desarrollar su proyecto. Tenemos otros proyectos que están muy cerca, los planes de YPF, planes de Vaca Muerta”.

“Mismo tema portuario, es posible que hayan visto los enromes inconvenientes del Río Paraná, donde estamos teniendo la mayor bajante. Gran parte de esos buques van a ser derivados a Bahía, tenemos que hacer un proyecto de planificación. Respecto de la capacitación de la gente también, va a haber puestos de trabajo pero no para todo el mundo sino para quienes estén capacitados”, sostuvo.

Uno de los imputados que debía ser juzgado en la demorada causa Triple A falleció este fin de semana. Se trata de Héctor Oscar Chisu, alias Ginebra, ex miembro de la custodia del interventor de la UNS Remus Tetu y, luego, del general Adel Vilas.

Chisu había sido detenido por la Policía Federal en mayo de 2015 en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas de Trelew. El juicio por los crímenes de lesa humanidad de la banda paraestatal tiene audiencia programada para el 12 de febrero de 2020 aunque eso no significaría el inicio del debate.

En una etapa procesal anterior de la misma causa está imputado el ex presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti.

Antes de la detención del represor ahora fallecido, fueron necesarios dos pedidos de pronto despacho de la Fiscalía ante el juez subrogante -hoy fiscal federal- Santiago Ulpiano Martínez para que active la acción penal contra algunos de los responsables de más de una veintena de homicidios de militantes políticos.

Héctor Oscar Chisu integró -al igual que su hermano Miguel Ángel- la “seguridad” del interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetu, tal como lo indican los testimonios y la documentación entregada por la casa de altos estudios a la justicia federal en abril de 2006.

Durante la dictadura, fue custodio del general Adel Edgardo Vilas, quien fuera segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona 51. Además, fue agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de Chisu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por asociación ilícita.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos/as y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Los magistrados señalaron que el diputado Rodolfo “Fito” Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

“Se trató de una dura ofensiva de clase sobre sectores populares, que logró precarizar nuestras vidas pero que se enfrentó a una resistencia social que le impidió llegar tan lejos como buscaba”.

La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, realizó un balance de los cuatros años de gestión de Cambiemos.

“El programa de Cambiemos deja grandes ganadores y perdedores, los capitales financieros están en la cúspide, aquí no solo incluyo a bancos sino a la cúpula empresarial productiva, que se dedica a actividades financieras. También empresas de servicios públicos y las fracciones primario exportadoras que nunca pierden en ningún modelo de desarrollo en la Argentina”, afirmó.

Destacó que “en la vereda opuesta están las mayorías populares: las personas que viven de su trabajo, quienes reciben asignaciones, pensionados jubilados, mujeres y personas LGBT y jóvenes fueron particularmente afectados, tanto por los cambios en el mercado como por el desmantelamiento de políticas sociales específicas”.

Política Monetaria

“Elevaron la tasa de interés en niveles muy altos y se desreguló todo el sistema financiero para que los capitales entren y salgan sin costos y sin plazos, lo que se conoce vulgarmente como la bicicleta financiera. Esa iniciativa era una alternativa al dólar y a reducir la circulación monetaria bajo el supuesto de que la inflación era consecuencia de la emisión monetaria. ¿Cuál fue el resultado? La inflación no se resolvió sino que no paró de aumentar todo y hasta octubre acumularon una suba del 260% los precios. La inflación no es solo un problema de emisión sino que en este caso fue resultado de las sucesivas devaluaciones y tarifazos, haciendo que se produzca mayor deterioro en los ingresos sectores populares”.

Política Fiscal

“Estuvo orientada a disminuir el déficit fiscal. Para alcanzar ese objetivo el gobierno llevó adelante un ajuste sistemático del gasto a través despidos y caída de los salarios en sector público, esto con un fuerte impacto en términos de género, una serie de medidas que impactaron más sobre mujeres y personas LGBT. Por ejemplo, con la reforma provisional del 2017, no solo porque dentro de las personas jubiladas hay mayor cantidad de mujeres sino también por la suspensión de las moratorias para amas de casa y recortes presupuestarios que hubo en áreas sensibles al género como educación y salud”.

“En paralelo a todos estos recortes, los intereses de la deuda se duplicaron. Toda esta política de despidos en el sector público, funcionó como señal al capital privado para habilitar este comportamiento a las empresas privadas. Si bien no pudieron aprobar la reforma laboral, sí lograron la reforma a través de convenios colectivos de trabajo específicos”.

El supermercado del mundo

“En el sector externo cambiemos apuntó a una mínima transformación industrial de productos primarios que produce Argentina y a generar una lluvia de inversiones. Acá tampoco hubo resultados esperados, estamos en una economía mundial en crisis, en la que las principales potencias se encuentran en una guerra económica. Aumentó la producción de bienes primarios no industrializados dentro de los bienes aportados por Argentina. Crecieron las importaciones y esto dio lugar a uno de los déficit comerciales más grandes de nuestra historia en el 2017”.

Las ramas artísticas del Consejo Cultural Consultivo expresaron su profunda preocupación respecto al desfinanciamiento observado en el Fondo Municipal de las Artes en el período 2019.

Lo recaudado en períodos anteriores (considerando el piso del FMA establecido por ordenanza, más la recaudación efectuada a través de las tasas a espectáculos afectadas a esta cuenta) fue: año 2017 $1.036.200,00; año 2018 $1.212.800,00; año 2019 $831.000,00″.

“Empezamos a indagar sobre las razones, porque es alarmante, y nos encontramos con compañeros/as que en Bahía Blanca realizan espectáculos que nos contaban que no estaban recibiendo inspecciones del Municipio para cotejar cantidad de espectadores y así poder cobrar la tasa correspondiente”, dijo a FM De la Calle la consejera Cecilia Epherra.

Agregó que “la cuestión de fondo es política y es cómo queremos que esos recursos, que son parte del presupuesto de Cultura porque fueron discutidos en las diferentes ordenanzas que perfeccionaron el Fondo, que además es ejemplar en Argentina respecto a cómo funciona, cómo se fiscaliza y se distribuye, siga teniendo la transparencia con la que fue pensado y creado”.

El FMA es un Fondo concursable destinado a brindar recursos a las producciones artísticas locales y diferentes proyectos de formación y creación a través de subsidios y becas. La cuenta bancaria correspondiente a este Fondo está nutrida por un monto anual establecido por ordenanza municipal, y montos provenientes de tasas que se aplican a los espectáculos que tributan un porcentaje de su recaudación acorde a la cantidad de espectadores.

Desde el organismo reclamaron información a distintas oficinas municipales y tras una larga espera notaron que “es muy escasa la cantidad de Actas cobradas (50), en relación a la gran cantidad de espectáculos realizados en la ciudad en el período indicado”.

“La numeración de dichas Actas no son consecutivas, e indicaría al menos 118 Actas faltantes, de las cuales desconocemos su situación, resolución, estado y/o derivación”.

Informaron que “se observa la ausencia de aportes de producciones y contribuyentes muy conocidos de la ciudad. Al menos tenemos conocimientos de la cantidad de 37 eventos (música, teatro, youtubers, etc.) en salas de la ciudad que no figuran y han tenido amplia convocatoriaS.

“Mientras continuamos por las vías burocráticas y administrativas por las que nos derivan permanentemente, no estamos encontrando aún las respuestas que son urgentes para dar transparencia a la administración de este recurso público”, manifestaron.

Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano.

Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.

Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:

1. Marco político y social: golpe de estado y gobierno de facto

1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.

2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.

3. Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.

4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas.
Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.

5. Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.

6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.

2. Violaciones a los Derechos Humanos

Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.

Esta delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones:

Masacres perpetradas contra población civil:
Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.

Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.

Desaparición forzada de personas

Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.

Torturas, violaciones y delitos sexuales

Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.

Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares

Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista.

Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales

Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales.

Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa

Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.

Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.

Represión de manifestaciones públicas

Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo.

Restricción manifiesta de la libertad de prensa

La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.

Promoción del racismo y los discursos de odio

Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.

Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción

Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.

Inacción y encubrimiento del poder judicial

El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.

Para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.

Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales

Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron.

Al día siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados”.

Por la tarde, un grupo de Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque allí los estaban esperando.

En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.

Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros elementos, sumado a declaraciones públicas de altos funcionarios, no deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de estado, por lo que esta Delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.

Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.

La Delegación redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.

Agustin Lecchi / Agustín Mingorance / Alicia Montoya / Aníbal Rubén Mosquera / Carlos Alfredo Juárez Centeno / Carlos Zaidman / Carolina Palacio / Cristina Vera Livitsanos / Daniel Catalano / Diego Morales / Federico Fagioli / Fernando Rey / Gabriela Carpineti / Gustavo Palmieri / Ignacio Andrés / Ismael Jalil / Iván Wrobel / Juan Grabois / Juan Martín Hissa / Juan Monteverde / Juana Marisa Llanos / Leonardo Pérez Esquivel / Lisandro Ulises Arijon / Luis Arias / Manuel Alejandro Rivero / Marcos Norberto Novo / Marianela Navarro / Mario Andrés López / Martín Miguel Ferrari / Mauricio César Rojas Garrido / Natalia Zaracho / Pablo Garciarena / Pablo Pimentel / Roberto Carlés / Samanta Jimena Delgado / Sandra Carreño / Sergio Job / Sergio Smietniansky / Simeón Darian Casimiro / Victoria Freire

La tasa de inflación para noviembre muestra un aumento de 4,76% respecto a octubre. Según IPC Online, la variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el corriente año 47,28%. La interanual llega a 49,74%.

El capítulo Alimentos y bebidos se mantuvo especialmente activo todas las semanas totalizando un aumento del 5,47%.

Especial incidencia este mes lo tuvieron Educación con 7,58% y Transporte y comunicaciones con 6,03% de alzas respectivamente.

La primera semana de noviembre reflejó el impacto de estos dos capítulos asociados a ajustes en el precio de cuotas de colegios privados, por un lado, y telefonía celular y combustibles, por el otro.

Todos los capítulos registraron alzas en el siguiente orden Educación (7,58%), Transporte y comunicaciones (6,03%), Alimentos y bebidas (5,47%), Atención médica y gastos para la salud (5,29%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,98%), Otros bienes y servicios (4,08%), Vivienda y servicios básicos (2,91%), Indumentaria (2,28%) y Esparcimiento (1,80%).

“Queda por ver como cerrará el año 2019 siendo que diciembre se anticipa como estacionalmente alto a lo que se unen cambios de política asociados”, destaca el informe.