¿A costa de quiénes y de qué se sustenta el modelo Vaca Muerta como futuro salvador de la economía en crisis? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Qué incidencia tiene en la ciudad? ¿Hay vínculo entre  el extractivismo y la deuda externa?

Hernán Scandizzo, investigador del Observatorio Petrolero Sur y la economista Mariana Fernández Massi, problematizan la política energética y de explotación de hidrocarburos no convencionales desde la Patagonia a Bahía Blanca.

¿Qué significó para el país el desarrollo de Vaca Muerta?

Sacandizzo: A partir del 2007 se pasa al boom de Vaca Muerta en términos de relato de ‘Argentina: potencia energética’. Si bien se ha incrementado la extracción de carburos a partir de los no convencionales, estamos muy lejos de ese escenario tan exitoso que se presenta.

Fernández Massi: La pregunta es a costa de qué se ha logrado estos niveles de extracción. La ecuación financiera se sustentó a partir de una fuerte transferencia de recursos tanto del Estado como de los usuarios hacia las empresas con dos mecanismos. Por un lado, los subsidios que reciben por la extracción y, por otro,  el precio y el modo en que se regula el precio en boca de pozo y eso se traslada a nuestras tarifas.

El primer programa grande de subsidios es el programa GAS que se lanzó en 2003 que garantizaba un precio estímulo a la nueva extracción, que fue el plan con que el último kirchnerismo empezó a alentar la exploración. Ese plan sufre modificaciones, es reemplazado por la Resolución 46 que firma Aranguren, busca acotar los subsidios solamente a las nuevas áreas no convencionales, ahí es donde el plan estuvo enfocado en Vaca Muerta.

En torno a esa resolución aparece otra que evidencia cuan dependiente es este sistema de subsidios: Tecpetrol, la empresa de Techint. Había entrado en este plan en particular con una área que es la estrella de Vaca Muerta, que explica el aumento de la extracción que es Fortín de Piedra. Tecpetrol había declarado un volumen de producción y finalmente lo superó. Eso hizo que sea mayor la cuantía de subsidios a la que el plan original pretendía.

La calve es que cuando surge este problema y se pone límite a los subsidios en Fortín de Piedra. Sin ese esquema de subsidios nadie parece estar muy interesado en Vaca Muerta. Esto evidencia que el fracking y la exploración de no convencionales son caros.

Para el mercado doméstico no nos va garantizar precios bajos de energía, para la exportación aparece cuanta cabida puede tener un desarrollo de un proyecto que está teniendo muchos problemas para financiarse en un contexto de producción a nivel mundial. ¿Hasta qué punto esto va a ser el buen negocio que se plantea desde los discursos oficiales?

¿A costa de qué se está desarrollando Vaca Muerta?

Scandizzo: Son muchas las transformaciones que se vienen dando en la zona a partir de Vaca Muerta y por la escala que tiene esto, Bahía no queda al margen. Vaca Muerta también es acá por el rol histórico que ha tenido Bahía como puerto para todo el norte de la Patagonia. Es un rol de ciudad puerto que se incrementaría con la ampliación del polo petroquímico, en una ciudad donde hay una cantidad de demandas sin resolver socio sanitarias vinculadas al desarrollo del polo, el anuncio de que se incrementaría a partir de Vaca Muerta no sé si es tan buena noticia.

En el modelo actual, ¿existe posibilidad del desarrollo de algún tipo de otra actividad como consecuencia de Vaca Muerta que no sea la exportación?

Fernández Massi: Lo central es que hace falta mucha infraestructura. Una en particular que un poco muestra cuánta incertidumbre hay porque no se ha logrado realizar es  el tren que uniría Añelo y Vaca Muerta y que serviría tanto para traer la producción para la exportación como, fundamentalmente, llevar insumos.

Ahí hay una discusión por las arenas silíceas, si ese tren se completa esto implicaría traer desde Entre Ríos las arenas por vía marítima y luego por tren. Ese tren se intentó financiar por PPP (participación público privada), luego por venta anticipada de cargas. No hubo empresas que se presentaran y la pregunta es si se va a financiar con inversión pública.

Dow es una de las primeras que apostó a Vaca Muerta y la razón de ser de Dow es fundamentalmente asegurarse la provisión de gas. Sin embargo, cuando se mira Dow a nivel global, la ampliación del polo en América del Sur está rankeada en el último lugar porque Dow es protagonista de otra gran explosión del fracking que es el Permian en EE.UU.. Entonces, hay sobreproducción de polietileno, Dow ha frenado inversiones en EE.UU. por la sobreproducción.

En tercer lugar, aparece la plataforma exportadora, que significaría buques de licuefacción. Para que tenga cierta correlación free a ese discurso optimista estaríamos hablando a una escala muy superior a la que Bahía conoció con el buque regasificador.

¿Cómo ven lo que viene respecto del cambo de gobierno? ¿Qué propuestas para la política energética ven a este modelo?

Fernández Massi: En primer lugar, hay un consenso que se vio durante la campaña, hay un cambio en términos de para qué. El Frente de Todos vuelve un poco sobre el discurso desarrollista, aparece Vaca Muerta como la gallina de los huevos de oro que nos proveería de dólares para pagar la deuda, por ejemplo. Ahí podemos trazar vínculos entre el extractivismo y el endeudamiento.

Hay algunas alarmas, hay algunos trascendidos que son un poco nefastos, hay un proyecto de ley que no se sabe cuan real es, que otorgaría un montón de exenciones fiscales y liberalización de dólares, es un poco contradictoria.

En términos de alternativas, la principal apuesta es en la Mesa de Transición Energética y Productiva para Río Negro porque creemos que ese es el ámbito territorial para discutir, Vaca Muerta se está llevando puestas actividades productivas del Alto Valle, mostrar que hay alternativas energéticas.

Por ejemplo, la energía eólica…

Scandizzo: Está bien como fuente de menor emisiones pero hay que ver qué modelo de gestión va a tener esa fuente. En Neuquén está el caso de Vientos Neuquinos, en cercanías a Zapala, que es un proyecto que empieza la provincia y después se lo vende a un empresa norteamericana.

Vemos que se replica el modelo de recreación del desierto, de invisibilizar a la población -sea campesina o indígena- y avanzar con los proyectos, no solamente hay que ver las emisiones sino qué modelos productivos vamos a tener.

Hacer parques eólicos para abastecer empresas como Aluar tampoco es la idea. Es complejizar y trabajar sobre las fuentes, hay que ir a una defosilización de matriz energética, hay que pensar en modelos de producción y modelos de consumo. No es solamente poner paneles solares y molinos sino discutir el modelo.

Vocalías gremiales y el Consejo Consultivo de IOMA, denunciaron la falta de entrega de medicamentos a beneficiarios del Plan MEPPES, el cual abarca a pacientes de enfermedades graves.

La delegada de ATE, María José Castesana, dijo a FM De la Calle  que “no es una novedad esto, la situación del IOMA ha venido empeorando año tras año, llevándose vidas de afiliados y afiliadas que nunca han tenido respuesta”.

“El ajuste provincial se tradujo en falta y disminución de coberturas, no entrega de prótesis, toda una serie de cuestiones que hacen a la salud de los trabajadores que se han visto obligados a judicializar casi el 60% de los tratamientos”, agregó.

Explicó que “IOMA es autárquico, tiene su propio presupuesto que proviene de trabajadores activos y jubilados, fue votado un presupuesto de 53 millones, un presupuesto mayor que el Ministerio de Salud de la provincia que debe atender toda la red pública. No es un problema de fondos sino de como se administra”.

Castesana recordó la falta de control de la prestataria por parte de sus trabajadores: “Hemos objetado una serie de convenios, el último ejemplo es que se tercerizó el área más importan que es la informática Una empresa del BaPro se lleva toda la base de datos de afiliados, también trámites administrativos, autorizaciones y lo termina financiando el IOMA en manos de privados”.

“Tenemos expectativas con la nueva gestión, queremos no solo diagnóstico sino propuestas para mejorar el IOMA. Varios gremios venimos trabajando en un proyecto de ley para reformar la ley de IOMA que cambia, entre otras cosas, el directorio. Queremos que tenga una mayoría de representación de trabajadores y que se haga por el voto directo, secreto y obligatorio de los afiliados”, concluyó.

Ya está a la venta la Bolsa de naVIDAd, una iniciativa que ofrece producciones de emprendimientos locales de calidad y a buen precio. Integrantes de Somos Andando y Dulces Beldra junto a Cáritas e INTA brindaron detalles de la propuesta.

«La idea surge en el marco de la Red de Economía Solidaria de Cáritas Argentina donde, a raíz de la convocatoria del papa Francisco de pensar un pacto para una nueva economía, venimos fortaleciendo emprendimientos desde hace varios años», aseguró desde el área de EcoSol de Cáritas, Marina Huentenao.

Explicó que «en esta fecha quisimos iniciar con una Bolsa de naVIDAd donde se ofrecen productos de familias de Bahía Blanca que desde Cáritas y una red de instituciones acompañamos cotidianamente».

La bolsa se puede reservar llenando este FORMULARIO y abonando la compra antes del 12 de diciembre en el local de comercio justo Reloj de Arena. La entrega se realizará el jueves 19 de diciembre al igual que la próxima bolsa de verduras de las Producciones de la Agricultura Familiar.

El local de Rodríguez 78, donde se abona la Bolsa de naVIDAd, atiende de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 y los sábados de 9 a 14. «Es otra experiencia de comercio justo donde también van a encontrar producciones de familias que tienen emprendimientos productivos», comentó Huentenao.

«El costo de la bolsa es de 450 pesos y está compuesta por pan dulce, budines y masitas del grupo asociativo Somos Andando; turrones de Dulces Beldra, un emprendimiento familiar de Griselda y José; y garrapiñadas de los chicos de Envión».

Flora Rossi, integrante de Somos Andando, dijo que el proyecto involucra a un grupo de mujeres que tenían sus emprendimientos y se asociaron con el acompañamiento de Cáritas. «Elaboramos en el Colegio La Asunción que nos presta la cocina, este año nos propusieron sumarnos a esta iniciativa y la hicimos. Son productos artesanales, con buenas materias primas y todas trabajamos con manipulación de alimentos».

Su compañera, Estefanía Yevenes contó: «Hacemos todo tipo de eventos, festejos y viandas, lo que nos pidan de cocina lo elaboramos. Tenemos muchas expectativas con esta bolsa y estamos muy entusiasmadas».

Griselda Leal y José Cancino son Dulces Beldra. «Estamos haciendo pan dulce, turrones, budines, todo artesanal. Es un emprendimiento familar, nos sumamos por primera vez. Hacemos dulce y salado, estamos ofreciendo pollo arrollado para Navidad también», dijo Griselda. José agregó que «lo nuestro es variado, estamos probando, según las festividades vamos haciendo cantidad y calidad de producciones para eventos».

Para conocer los productos y realizar encargos por fuera de la Bolsa de naVIDAd, pueden contactar a Flora de Somos Andando al 291 422-4816 y para comunicarse con Griselda y José pueden buscar «Dulces Beldra» en Facebook e Instagram o por WhatsApp al 2914661474.

Pablo García, integrante de INTA, recordó que «estamos acompañando la experiencia de la bolsa de Producciones de la Agricultura Familiar. Se trata de una propuesta de comercialización directa entre consumidores y productores para acercar la producción hortícola de Bahía Blanca y el periurbano a las familias».

«Desde la experiencia del programa Cambio Rural participan productores hortícolas, de huevos de granja, elaboradoras de dulces y pescadores artesanales. La bolsa de la Agricultura Familiar se realiza una vez por mes y significó un buen ingreso económico para las familias y, lo más importante, que la gente conozca lo que se hace a nivel local generando empleo y productos frescos y sanos».

El formulario para la reserva de las verduras de Pro.Sau.Chi y las mermeladas de Moras Brix, entre otros productos, se publicará el jueves 12 y la entrega se realizará junto a la Bolsa de naVIDAd el jueves 19 en Avellaneda 416 de 11 a 14.

Participan de la experiencia de Producciones de la Agricultura Familiar Cáritas Arquidiocesana, FM De la Calle, CFP 401 Anexo UP4 e INTA Pro Huerta y Cambio Rural con conservas de Moras Brix, verduras de Pro.Sau.Chi, pescado de pescadores artesanales de Pehuen Co, huevos frescos producido por Runtu Thani y el aporte de internos de la unidad penal de Villa Floresta en la serigrafía de las bolsas.

Héctor Gay recibió a integrantes del programa Envión y les aseguró que no atenderá sus demandas. No habrá pase a planta permanente ni mejoramiento de las condiciones laborales.

El colectivo de talleristas realiza retención de tareas y se reunirá este mediodía en el hall del Palacio Municipal para definir estrategias de visibilización.

“El intendente comenzó diciendo que no iba a regularizar nuestra situación laboral, que de ninguna manera podíamos pasar a formar parte de la planta municipal, que no había ninguna propuesta alternativa en el mientras tanto, que había que esperar a que la provincia decidiera qué hacer con el programa”, dijo a FM De la Calle Natalia Lunazzi.

Sin embargo, Gay “reconoció la importancia del programa en Bahía y que no ha sido revalorizado en sus cuatro años de gestión”.

El reclamo comenzó en 2013: “El intendente viene de estar alineado con la provincia estos cuatro años. Él mismo reconoce que no nos han regularizado y vuelve a tirar la pelota de que sea una decisión provincial cuando ahora ni siquiera es del mismo color político”.

“Hoy nos volvemos a reunir casi todos en el hall del Municipio para elaborar estrategias de visibilización. Estamos con retención de tareas, no se va a las sedes o no abrimos las puertas. No queremos ser mas cómplices de este Estado que los está dejando de lado”.

Lunazzi agregó que “hemos tratado de sostener el programa lo mejor posible, hemos tratado de seguir llegando a la cantidad de población a la que llegamos y de seguir sumando. El contexto de estos cuatro años ha hecho que las problemáticas aumenten y la condición de vulnerabilidad de los jóvenes también”.

El convenio es entre provincia y Municipio: “En este convenio la provincia manda cierto monto de dinero para equipos técnicos y las becas para jóvenes: 800 pesos de becas, si cobran asignación, cobran 400. Lo que el Municipio debe hacer es mantener la sede, contratar equipos y conseguir insumos para mantener taller. Deberíamos ser 36 personas en 6 equipos y somos 27,  ganando 14 mil pesos por 30 horas semanales”.

En el marco de la conmemoración de un nuevo Día Mundial del Sida, las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH expresaron la preocupación ante el retroceso en materia de salud pública para las atención de las personas que conviven con el virus.

“Nos encontramos a pocos días de que el proyecto de nueva Ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual pierda estado parlamentario una vez más. El gobierno de Macri demostró su falta de voluntad política durante estos años para impulsarla y sus legisladores para sancionarla”.

La Ley vigente desde 1990 necesita actualizaciones que por segunda vez perderían la posibilidad de volverse una realidad. “Este nuevo proyecto pretendía incluir el enfoque de derechos humanos, en contra del estigma, de producción y compras públicas de medicamentos y que declara de interés nacional los tratamientos de VIH”, señaló a FM De la Calle José María Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo.

En el documento señalan que “hemos padecido en primera persona el desabastecimiento y la falta de tratamientos. No ha habido planificación ni previsión en las compras de medicamentos antirretrovirales desde 2016. Se subejecutó el presupuesto asignado al área de competencia, y de manera continuada se abandonó el mecanismo habitual de compra anticipada de medicamentos mediante licitación pública, provocando desabastecimiento en la provisión de los mismos a escala nacional, como también innecesarias compras directas que representaron un injustificado incremento en los los precios y la falta de garantías de transparencia en la adquisición de los medicamentos”.

“La resistencia está dada por la definición política de la salud de este gobierno. Este año la disminución de preservativos fue notoria, lo mismo que pasó con la leche de fórmula para madres con VIH  y la alimentación de sus hijos. Tiene que ver con la degradación del Ministerio de Salud”, argumentó Di Bello.

El concejal Carlos Quiroga (UC) opinó que en los cambios de gabinete anunciados por el intendente Héctor Gay para su segunda gestión muestran “manifestaciones políticas muy claras”.

“En un momento donde la inseguridad está azotando a toda la ciudad, quitarle Secretaría al área, fusionarla y bajarla al rango de Subsecretaría es toda una definición política”, dijo a FM De la Calle.

Agregó que “peor aún lo del área cultural donde juntan de manera definitiva con Educación, a cargo de la licenciada Roselló, no se sabe muy bien quién va a tener a cargo el vínculo con los efectores de cultura. Es un asunto donde aparece cierto desprecio por la cuestión por parte de este Municipio que, en realidad, no es novedoso si tenemos en cuenta símbolos como el Teatro cerrado”.

Quiroga afirmó que “emulando a Macri fue algo así como ‘vamos a hacer lo mismo pero más rápido’. La opinión definitiva sobre el gabinete la vamos a tener cuando llegue el presupuesto y veamos el organigrama y el presupuesto asignado a cada área”.

“De lo pendiente nos ocuparemos desde el Frente de Todos a través de las delegaciones de organismos públicos de provincia y de la Nación. Como de costumbre de los más vulnerables, de las cuestiones más complicadas socialmente, ahí vamos a estar. Habrá una delegación de Hambre Cero, habrá delegación del Ministerio de Vivienda y todo eso se canalizará por ahí”, aseguró.

Lo dijo la concejala Gabiela Schieda respecto a los cambios de gabinete anunciados por el intendente Héctor Gay. Apuntó a la gestión de Tomás Marisco y afirmó que el radicalismo fue ninguneado.

“Me preocupa que el nuevo presidente de Sapem, Tapia diga que no puede asegurar que sigan teniendo a cargo las tres líneas de colectivo”, dijo a FM De la Calle la concejala Gabriela Schieda.

Según anunció ayer el intendente, el ex interventor del Parque Industrial, Ricardo Tapia, reemplazará a Marisco en Bahía Transporte Sapem.

El actual secretario general pasará a la Secretaría de Movilidad Urbana. “No fue muy satisfactoria su gestión, es una persona que cuando le hemos hecho preguntas no ha respondido ni venido al Concejo. Va a ser difícil de trabajar con él. Su paso por Bahía Transporte Sapem no fue de lo mejorcito”.

“Hay nombres de directores que me llamó la atención que sigan en su cargo, por ejemplo Control y Tránsito Urbano. (Personas)  que quizás sean buenas en otros lugares, que no tienen la preparación o idoneidad para los cargos sensibles”.

En relación a la Secretaría de Seguridad, la edila señaló: “Me llama la atención que bajó de secretaría a subsecretaría. Si bien no fue una gestión super exitosa, pareciera que no están entre las prioridades”.

El cambio implica además la bajada de rango del único secretario del radicalismo en el gabinete. “Así como Macri cree que el 40% lo logró el Pro, acá en Bahía parece que piensan lo mismo. Ha sido un ninguneo, me consta lo que ha trabajado mi partido para que gane las elecciones el intendente”.

Por otro lado, mencionó que “me ha llamado la atención el nombramiento del ‘Gula’ Aguirre para la Delegación Noroeste. Es una región compleja, muy grande, con muchas problemáticas. Parece mentira que con tanto caudal de votos no tenga gente del barrio. Tenemos hasta el 10 diciembre un delegado que no es del barrio y podés preguntar cómo nos fue”.

Consultada sobre la fusión de Cultural y Educación, opinó que es “otro desacierto. Educación y Cultura son dos áreas muy importantes y sensibles y creo que unificarlas es también bajarle el rango más allá del nombre. Humildemente me parece que la pifiaron”.

El Consejo Local de Niñez y Adolescencia realizó su última asamblea del año y recibió a integrantes del programa Envión que hoy se reúnen con el intendente para plantear sus problemáticas.

Se destacan el pase a planta del personal y la implementación real  del dispositivo.

Alba Picardi balanceó en FM De la Calle el trabajo de 2019  y afirmó que les “preocupa sobremanera el programa Envión” y por eso van a plantear el tema ante la Red Provincial de Consejos Locales.

En  el ámbito bonaerense -comentó- “la realidad no es mejor que la local, de hecho en algunos lugares está peor. Se viene trabajando en la articulación con la gestión, que ha sido bastante similar en respuesta a la de acá. Por eso la expectativa está puesta en en el nuevo gobierno. A ver si logramos otros interlocutores, pero el trabajo viene en función de los recortes, falta de presupuesto, uso del presupuesto”.

“En Bahía necesitamos un lugar de contención para chicos en conflicto con la ley, íbamos a tener un nuevo lugar a partir del incendio del Valentín Vergara y no pasó nada. Es un cuadro donde la emergencia es necesaria, hay que tomar estas medidas por la vulneración de los derechos de niños y adolescentes”, dijo.

Picardi manifestó que “la sensación que nos queda es de poca respuesta del otro lado, estamos apostando a que el año entrante podamos tener una comunicación fluida con la gestión”.

El intendente Héctor Gay aseguró que pretende “fortalecer dos áreas significativas: la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Gobierno”.

“Tenemos cuatro o cinco objetivos: mejorar los servicios urbanos, ha habido un déficit allí, limpieza, residuos, espacios públicos, lo propio ocurre con el trabajo en red, hemos tenido una buena relación con las entidades pero vamos a intensificar la relación con sociedades de fomento, clubes”, afirmó.

Adrián Jouglard será el secretario de Gobierno; Morena Rosello asumirá como secretaria de Cultura y Educación; Pablo Romera como secretario Privado; Tomas Marisco será el titular de la nueva Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos y José Fernández Ardáiz será director General de Participación Ciudadana y Comunicación.

“Viene una etapa distinta, un escenario distinto, es cierto que al día de hoy tenemos muchos interrogantes que no podemos develar en relación con la provincia, en tanto y en cuanto no conocemos los funcionarios. Este viernes vamos a enviar el presupuesto al Concejo Deliberante aún sin tener resoluciones al respecto”, dijo Gay.

Agregó que “la llegada de Amazon, que tanto trabajo nos costó, no puede ser una más. Estamos trabajando, tienen un año como máximo para desarrollar su proyecto. Tenemos otros proyectos que están muy cerca, los planes de YPF, planes de Vaca Muerta”.

“Mismo tema portuario, es posible que hayan visto los enromes inconvenientes del Río Paraná, donde estamos teniendo la mayor bajante. Gran parte de esos buques van a ser derivados a Bahía, tenemos que hacer un proyecto de planificación. Respecto de la capacitación de la gente también, va a haber puestos de trabajo pero no para todo el mundo sino para quienes estén capacitados”, sostuvo.

Uno de los imputados que debía ser juzgado en la demorada causa Triple A falleció este fin de semana. Se trata de Héctor Oscar Chisu, alias Ginebra, ex miembro de la custodia del interventor de la UNS Remus Tetu y, luego, del general Adel Vilas.

Chisu había sido detenido por la Policía Federal en mayo de 2015 en su vivienda del barrio Malvinas Argentinas de Trelew. El juicio por los crímenes de lesa humanidad de la banda paraestatal tiene audiencia programada para el 12 de febrero de 2020 aunque eso no significaría el inicio del debate.

En una etapa procesal anterior de la misma causa está imputado el ex presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti.

Antes de la detención del represor ahora fallecido, fueron necesarios dos pedidos de pronto despacho de la Fiscalía ante el juez subrogante -hoy fiscal federal- Santiago Ulpiano Martínez para que active la acción penal contra algunos de los responsables de más de una veintena de homicidios de militantes políticos.

Héctor Oscar Chisu integró -al igual que su hermano Miguel Ángel- la “seguridad” del interventor de la Universidad Nacional del Sur Remus Tetu, tal como lo indican los testimonios y la documentación entregada por la casa de altos estudios a la justicia federal en abril de 2006.

Durante la dictadura, fue custodio del general Adel Edgardo Vilas, quien fuera segundo comandante del V Cuerpo de Ejército y jefe de la Subzona 51. Además, fue agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

En octubre de 2017, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó los procesamientos de Chisu, Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero por asociación ilícita.

Los camaristas destacaron la “enorme cantidad de testimonios que dan cuenta que el grupo contratado como personal del ‘Departamento de Seguridad’”, creado por el rector Remus Tetu, “se paseaba por los pasillos de los edificios de la universidad en actitud amenazante e intimidante, haciendo ostentación de armas largas y cortas, generando un clima de miedo que provocó que muchos estudiantes abandonaran los estudios”.

La intrusión de la agrupación paraestatal en el ámbito universitario dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de alumnos/as y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones.

Los magistrados señalaron que el diputado Rodolfo “Fito” Ponce y Tetu fueron los jefes y organizadores, en tanto que Aceituno, Chisú, Curzio, Forcelli y Pallero la integraron junto a Jorge “Moncho” Argibay y su hijo Pablo Francisco -ambos fallecidos-, Roberto Néstor Sañudo, Héctor Alfredo Mansilla y Basilio Omar “Chacho” Pérez, entre otros.

“Se trató de una dura ofensiva de clase sobre sectores populares, que logró precarizar nuestras vidas pero que se enfrentó a una resistencia social que le impidió llegar tan lejos como buscaba”.

La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino, realizó un balance de los cuatros años de gestión de Cambiemos.

“El programa de Cambiemos deja grandes ganadores y perdedores, los capitales financieros están en la cúspide, aquí no solo incluyo a bancos sino a la cúpula empresarial productiva, que se dedica a actividades financieras. También empresas de servicios públicos y las fracciones primario exportadoras que nunca pierden en ningún modelo de desarrollo en la Argentina”, afirmó.

Destacó que “en la vereda opuesta están las mayorías populares: las personas que viven de su trabajo, quienes reciben asignaciones, pensionados jubilados, mujeres y personas LGBT y jóvenes fueron particularmente afectados, tanto por los cambios en el mercado como por el desmantelamiento de políticas sociales específicas”.

Política Monetaria

“Elevaron la tasa de interés en niveles muy altos y se desreguló todo el sistema financiero para que los capitales entren y salgan sin costos y sin plazos, lo que se conoce vulgarmente como la bicicleta financiera. Esa iniciativa era una alternativa al dólar y a reducir la circulación monetaria bajo el supuesto de que la inflación era consecuencia de la emisión monetaria. ¿Cuál fue el resultado? La inflación no se resolvió sino que no paró de aumentar todo y hasta octubre acumularon una suba del 260% los precios. La inflación no es solo un problema de emisión sino que en este caso fue resultado de las sucesivas devaluaciones y tarifazos, haciendo que se produzca mayor deterioro en los ingresos sectores populares”.

Política Fiscal

“Estuvo orientada a disminuir el déficit fiscal. Para alcanzar ese objetivo el gobierno llevó adelante un ajuste sistemático del gasto a través despidos y caída de los salarios en sector público, esto con un fuerte impacto en términos de género, una serie de medidas que impactaron más sobre mujeres y personas LGBT. Por ejemplo, con la reforma provisional del 2017, no solo porque dentro de las personas jubiladas hay mayor cantidad de mujeres sino también por la suspensión de las moratorias para amas de casa y recortes presupuestarios que hubo en áreas sensibles al género como educación y salud”.

“En paralelo a todos estos recortes, los intereses de la deuda se duplicaron. Toda esta política de despidos en el sector público, funcionó como señal al capital privado para habilitar este comportamiento a las empresas privadas. Si bien no pudieron aprobar la reforma laboral, sí lograron la reforma a través de convenios colectivos de trabajo específicos”.

El supermercado del mundo

“En el sector externo cambiemos apuntó a una mínima transformación industrial de productos primarios que produce Argentina y a generar una lluvia de inversiones. Acá tampoco hubo resultados esperados, estamos en una economía mundial en crisis, en la que las principales potencias se encuentran en una guerra económica. Aumentó la producción de bienes primarios no industrializados dentro de los bienes aportados por Argentina. Crecieron las importaciones y esto dio lugar a uno de los déficit comerciales más grandes de nuestra historia en el 2017”.

Las ramas artísticas del Consejo Cultural Consultivo expresaron su profunda preocupación respecto al desfinanciamiento observado en el Fondo Municipal de las Artes en el período 2019.

Lo recaudado en períodos anteriores (considerando el piso del FMA establecido por ordenanza, más la recaudación efectuada a través de las tasas a espectáculos afectadas a esta cuenta) fue: año 2017 $1.036.200,00; año 2018 $1.212.800,00; año 2019 $831.000,00″.

“Empezamos a indagar sobre las razones, porque es alarmante, y nos encontramos con compañeros/as que en Bahía Blanca realizan espectáculos que nos contaban que no estaban recibiendo inspecciones del Municipio para cotejar cantidad de espectadores y así poder cobrar la tasa correspondiente”, dijo a FM De la Calle la consejera Cecilia Epherra.

Agregó que “la cuestión de fondo es política y es cómo queremos que esos recursos, que son parte del presupuesto de Cultura porque fueron discutidos en las diferentes ordenanzas que perfeccionaron el Fondo, que además es ejemplar en Argentina respecto a cómo funciona, cómo se fiscaliza y se distribuye, siga teniendo la transparencia con la que fue pensado y creado”.

El FMA es un Fondo concursable destinado a brindar recursos a las producciones artísticas locales y diferentes proyectos de formación y creación a través de subsidios y becas. La cuenta bancaria correspondiente a este Fondo está nutrida por un monto anual establecido por ordenanza municipal, y montos provenientes de tasas que se aplican a los espectáculos que tributan un porcentaje de su recaudación acorde a la cantidad de espectadores.

Desde el organismo reclamaron información a distintas oficinas municipales y tras una larga espera notaron que “es muy escasa la cantidad de Actas cobradas (50), en relación a la gran cantidad de espectáculos realizados en la ciudad en el período indicado”.

“La numeración de dichas Actas no son consecutivas, e indicaría al menos 118 Actas faltantes, de las cuales desconocemos su situación, resolución, estado y/o derivación”.

Informaron que “se observa la ausencia de aportes de producciones y contribuyentes muy conocidos de la ciudad. Al menos tenemos conocimientos de la cantidad de 37 eventos (música, teatro, youtubers, etc.) en salas de la ciudad que no figuran y han tenido amplia convocatoriaS.

“Mientras continuamos por las vías burocráticas y administrativas por las que nos derivan permanentemente, no estamos encontrando aún las respuestas que son urgentes para dar transparencia a la administración de este recurso público”, manifestaron.

Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano.

Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes de movimientos sociales que realizaron visitas, entrevistas y reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado Plurinacional de Bolivia.

En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles.

Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que:

1. Marco político y social: golpe de estado y gobierno de facto

1. El Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros como el de Donald Trump quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos, asimismo, testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores clave del golpe, particular con Fernando Camacho.

2. Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mandato hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un “comunicado preliminar” de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el Acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado Plurinacional. Este hecho sumado a las irresponsables declaraciones del Señor Luis Almagro nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política, ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha no se ha publicado el informe final sobre la auditoría.

3. Esta Delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto, después.

4. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno, fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas.
Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por válidas, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes.

5. Pese a ello, el Gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Janine Áñez se autoproclamó presidente del Senado, primero, y presidente del Estado Plurinacional, después, en sesiones parlamentarias que no cumplieron los requisitos formales ni sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, es elocuente al respecto.

6. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular la perteneciente a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrase una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto, se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad.

2. Violaciones a los Derechos Humanos

Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables.

Esta delegación logró constatar la existencia de las siguientes situaciones:

Masacres perpetradas contra población civil:
Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.

Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.

Desaparición forzada de personas

Esta delegación logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.

Torturas, violaciones y delitos sexuales

Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.

Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares

Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista.

Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales

Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales.

Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa

Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.

Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.

Represión de manifestaciones públicas

Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo.

Restricción manifiesta de la libertad de prensa

La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.

Promoción del racismo y los discursos de odio

Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.

Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción

Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.

Inacción y encubrimiento del poder judicial

El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.

Para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.

Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales

Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente doce personas vestidas de civil, en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a este grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron.

Al día siguiente, el Ministro de Gobierno Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: “Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo”. “En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo y sedición, se la verán con los policías. La policía está atenta y tiene la orden para no permitir que se dañe el país, no hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados”.

Por la tarde, un grupo de Delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional, fueron víctimas de acoso y hostigamiento por parte de grupos de choque allí los estaban esperando.

En todo momento, durante nuestra visita a Bolivia, hemos sido vigilados, seguidos y espiados en todas las actividades que realizamos.

Cabe destacar que las fuerzas armadas y policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del General de Brigada Luis Salazar Escobar que permite establecer “zonas militares”. Estos y otros elementos, sumado a declaraciones públicas de altos funcionarios, no deja duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de estado, por lo que esta Delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto.

Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos ciento veinte días, que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el estado de derecho en el Estado Plurinacional de Bolivia, solo será posible en la medida en que se garanticen los derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral.

La Delegación redactará y dará a conocer, en los próximos días, un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de la nuestra visita.

Agustin Lecchi / Agustín Mingorance / Alicia Montoya / Aníbal Rubén Mosquera / Carlos Alfredo Juárez Centeno / Carlos Zaidman / Carolina Palacio / Cristina Vera Livitsanos / Daniel Catalano / Diego Morales / Federico Fagioli / Fernando Rey / Gabriela Carpineti / Gustavo Palmieri / Ignacio Andrés / Ismael Jalil / Iván Wrobel / Juan Grabois / Juan Martín Hissa / Juan Monteverde / Juana Marisa Llanos / Leonardo Pérez Esquivel / Lisandro Ulises Arijon / Luis Arias / Manuel Alejandro Rivero / Marcos Norberto Novo / Marianela Navarro / Mario Andrés López / Martín Miguel Ferrari / Mauricio César Rojas Garrido / Natalia Zaracho / Pablo Garciarena / Pablo Pimentel / Roberto Carlés / Samanta Jimena Delgado / Sandra Carreño / Sergio Job / Sergio Smietniansky / Simeón Darian Casimiro / Victoria Freire

La tasa de inflación para noviembre muestra un aumento de 4,76% respecto a octubre. Según IPC Online, la variación de precios fue mayor al mes pasado y acumula en el corriente año 47,28%. La interanual llega a 49,74%.

El capítulo Alimentos y bebidos se mantuvo especialmente activo todas las semanas totalizando un aumento del 5,47%.

Especial incidencia este mes lo tuvieron Educación con 7,58% y Transporte y comunicaciones con 6,03% de alzas respectivamente.

La primera semana de noviembre reflejó el impacto de estos dos capítulos asociados a ajustes en el precio de cuotas de colegios privados, por un lado, y telefonía celular y combustibles, por el otro.

Todos los capítulos registraron alzas en el siguiente orden Educación (7,58%), Transporte y comunicaciones (6,03%), Alimentos y bebidas (5,47%), Atención médica y gastos para la salud (5,29%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,98%), Otros bienes y servicios (4,08%), Vivienda y servicios básicos (2,91%), Indumentaria (2,28%) y Esparcimiento (1,80%).

“Queda por ver como cerrará el año 2019 siendo que diciembre se anticipa como estacionalmente alto a lo que se unen cambios de política asociados”, destaca el informe.

? Desde las 18:30 convocados por el CCultural La Panaderia y FM De la Calle un conjunto de trabajadorxs de la cultura y comunicadorxs organizamos la jornada :

? ! Latinoamérica despierta! – Resistencia cultural CONTRA EL GOLPE DE ESTADO.

Como un espacio de manifestación y construcción de memoria frente al racismo, el colonialismo y el avance de la cultura autoritaria y golpista como está sucediendo en Bolivia. Como también para reivindicar el derecho a la rebeldía de los pueblos.

? Desde las 18:30 se desarrollara una RADIO ABIERTA . ¡Venite con el termo y mate!

? A partir de las 20:00 cortamos la calle y se suman diversas intervenciones culturales hasta la medianoche.

? Si tenes, tráete un pedazo de tela con algunos de los colores de la Whipala, de la suma de retazos confeccionamos la bandera multicolor de los pueblos originarios.

#LatinoamericaDespierta
#AbajoelGolpeenBolivia

La justicia condenó a integrantes de la patota que intentó tomar violentamente el Frigorífico Recuperado INCOB el 17 de noviembre de 2015.

El grupo estaba encabezado por el entonces presidente de la cooperativa cuestionado por sus compañeras y compañeros por su administración fraudulenta y su enriquecimiento personal.

Enrique Orlando Garaggiola y su hijo Ezequiel Andrés fueron condenados a dos años de prisión condicional por lesiones graves y amenazas agravadas por el uso de armas, respectivamente. Reinaldo Pascual Hernández fue castigado con dos años y medio de cárcel en suspenso por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El abogado Leandro Aparicio dijo a FM De la Calle que la estrategia de la querella fue acreditar “quién era Garaggiola, qué hacía, dónde estaban, cómo cobraban los trabajadores, cómo trataba a las mujeres y a otras personas a las que consideraba indios. Él era un empresario”.

“Estoy conforme con el fallo aunque tardó cuatro años. La prueba era un video y los testigos. Imaginate para probar las estafas. Este señor no comía solo, le pagaba a otra gente más, pero va a llegar. También estoy conforme porque las víctimas están contenidas. Es una cooperativa que se la bancó, el símbolo es Willy Guenemil que trató de frenar el ataque con la mano, le pegaron un palazo, le rompieron el dedo y le dejaron la mano inutilizable”, detalló.

La jueza María Mercedes Rico tuvo por probado que “existía un conflicto previo, generado a partir de los reclamos de los socios que conformaban la cooperativa del frigorífico INCOB, quienes desde hacía un tiempo venían advirtiendo un irregular manejo por parte de quien, para esa época, era el presidente”.

Las y los testigos “mencionaron que exigían mayor transparencia, exhibición de balances y cambio de autoridades y que, con ese fin, ya en el mes de septiembre de 2015, habían convocado a una asamblea”.

“Es en ese marco, con un conflicto ya instalado y con gestiones iniciadas ante el INAES por algunos de sus compañeros que habían viajado a Buenos Aires, que ese 17 de noviembre de 2015, se encontraban en su lugar de trabajo, manifestándose en forma pacífica -con bombos y banderas-, a la espera de novedades”.

La magistrada destacó que el ataque de los imputados y otros hombres fue una conducta “a partir de una irrupción abrupta, violenta y absolutamente injustificada”.

“La prueba recibida ha sido abundante y absolutamente coincidente. Todos los testigos han relatado lo ocurrido en forma clara, precisa y simple y he podido advertir, a partir de sus palabras y expresiones, los sentimientos que en ellos ha provocado la lamentable situación vivida. Cada uno explicó lo ocurrido ese día con absoluta espontaneidad y, -entiendo- en forma sincera. Todos ellos me han impresionado veraces y sus relatos han sido, en lo sustancial, coincidentes, no solo entre sí sino también con las imágenes que he visto en los videos acompañados”, escribió en el fallo.

La Corriente Clasista y Combativa se movilizó ayer hasta la Municipalidad para reclamar la entrega de alimentos a comedores y merenderos de los barrios de la periferia.

“Hay una situación dramática porque estamos hablando de 29 merenderos y comedores, 2155 chicos de hasta seis años que están registrados, muchos más de mayor edad, y 211 jubilados. El municipio hace dos meses que nos dejó de dar los alimentos”, señaló César García a FM De La Calle.

“Nos han dicho que tenemos que esperar hasta el 10 diciembre que cambian las autoridades. Acá no cambia ninguna autoridad, tienen el mismo color político hasta el 10 de diciembre, las compañeras están recorriendo los negocios de los vecinos y es el Estado el que tiene que hacerse cargo. Las elecciones pasan pero el hambre queda”, afirmó.

Consultado acerca de las excusas municipales, García comentó que “dicen que provincia les da los alimentos y que hubo una inundación. Nosotros sabemos muy bien qué hicieron antes de las elecciones y todo lo que repartieron. Que distribuyeron el oro y el moro en todos los barrios”.

“La gente se da cuenta, tuvimos en la semana contacto con autoridades. Nos piden mandar a la gente a que hable con una trabajadora social y que vean en qué situación está y que por ahí les dan un bolsón de mercadería. Es poco serio y es no entender la realidad: un bolsón dura dos o tres días”.

La periodista Jesica Ripodas relató algunos de los episodios de violencia que sufrió en el ejercicio de su profesión en diferentes medios y etapas de su carrera.

Lo hizo rodeada de sus compañeras de la Red de Comunicadoras de Bahía Blanca, en el marco de la presentación de los resultados de la encuesta sobre violencias realizada a más de un centenar de trabajadoras de medios locales.

“A mí me pasa algo particular que tiene que ver con el amor a la profesión -aseguró-. La primera vez que se me pasó por la cabeza trabajar de esto me encantó y le puse toda la garra. En el camino me encontré con situaciones poco felices pero nunca, nunca, ni cuando tenía 23 años, me permitieron que bajara los brazos. Por momentos me sentí mal por eso pero siempre decidí seguir adelante con la decisión de laburar pese a todas”.

“Sí hoy, de la mano de todas ellas, puedo ver que un montón de cosas no fueron gratis. Cuando tenía veinti tantos años, estaba trabajando en un medio de comunicación y, en un momento determinado, cuando el dueño decide echarme y yo respondo con la demanda desde el punto de vista laboral y legal, me cruza en la Municipalidad de Bahía Blanca -yo estaba trabajando con otro medio- y me pega una trompada”.

Recordó que “con mis veinti tantos años y con un micrófono en la mano. Tenía un par de compañeras al lado mío. Fuimos a la fiscalía a hacer la denuncia -con esa edad y con el miedo pertinente- y no sabíamos cómo iba a terminar esa situación. Yo no sabía si iba a poder conseguir otro trabajo y la seguí remando”.

“Pasaron más de diez años y cuando estaba embarazada, no hace mucho tiempo, el gerente de un canal decidió hacer lo suyo: hostigarme, maltratarme, intentar cambiar mi horario porque no era servil a algunas cuestiones que no debía serlo, honestamente creía que no. Tenía temor de perder mi trabajo y denuncié porque no corresponde. Veía el sufrimiento, primero mío cuando estaba embarazada, y cuando no me permitió amamantar porque quería hacer lo que se le antojaba conmigo, me iba llorando y él me disfrutaba. Así y todo junté las ganas que tenía o lo poco que me quedaba y me fui a hacer la denuncia”, dijo.

Ripodas destacó que “en todos los casos hice la denuncia. No sé si mañana voy a seguir teniendo trabajo, pero sí sé que me fui siempre con la frente bien alta. Y otra cosa sé: que no quiero que a ellas les pase lo mismo. Yo no lo voy a permitir”.