Francisco Cantamutto, economista y columnista de FM De la Calle, analizó el impacto del control al tipo de cambio aplicado por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

“El problema es que el gobierno se construyó hablando en contra de estas medidas, esto es la confesión de parte más dura. Tenían la idea de que el libre mercado iba a ser suficiente para el desarrollo y tuvieron que volver para atrás”.

“Lo que hicieron fue poner límite a las compras de dólares para atesorar, no es un control muy estricto, frena el atesoramiento a gran escala y esto va de la mano con un anuncio del reperfilamiento, estructurar y extender los plazos de deuda a corto plazo”, dijo.

Cantamutto explicó que “las medidas se aplican de manera tardía porque lo hacen cuando ya todos los grandes operadores se fueron. Si se mira la cantidad de depósitos de más de 20 millones de dólares, no hay ningún registro más bajo que el actual hasta dos años atrás”.

“Quieren atrapar a la perejilada, como vos y como yo. En las últimas semanas ha crecido mucho, no tanto la compra de dólares, sino ir a retirar los dólares que están en el sistema financiero”.

“Si uno mira la cantidad de depósitos de dólares han caído casi 9 mil millones, la caída es muy pronunciada. Esto es gente que saca los dólares del banco y los pone en el colchón o en la caja de seguridad. Es imposible controlar el tipo de cambio sin control de capitales, que no puedan entrar y salir cuando quieran”, comentó el economista.

En definitiva, “no están logrando contener la salida, sigue estando muy elevada, lo que se está negociando es la reestructuración de la deuda, no negociar quita sino extensión de plazos”.

“¿Qué va a pasar? No voy a hacer predicciones pero todo parece indicar que pueden extender esta situación un poco más. Lacunza estaría viajando a fin de mes para pedir el último lapso de la deuda. En el mejor de los casos se llega a octubre y no sé qué pueda pasar en el mes y medio que queda hasta el 10 de diciembre”.

El proyecto presentado por la oposición tiene como eje facilitarle al Ministerio de Desarrollo Social y la Jefatura de Gabinete la compra de alimentos para comedores, intendencias y provincias.

La sesión especial se realizará el próximo jueves. La iniciativa reunió 13 firmas de distintos bloques peronistas.

“Tenemos una discrepancia con parlamentarizar los reclamos. El gobierno tiene que darle una garantía inmediata de provisión de alimentos a los comedores, de apertura de nuevos planes y de apertura de las inscripciones”, dijo a FM De la Calle la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá.

Agregó que “tirar el tema a que lo resuelva el Congreso es patear para adelante la situación, vemos que hay una maniobra del gobierno para estirar el debate. Vamos a estar en la sesión pero tenemos diferencias con el proyecto que extiende una emergencia alimentaria que ya existe”.

“Están planteando extenderla dos años más porque vence en diciembre y poner un índice en cuanto a que deberían incrementarse las partidas. El gobierno ya no está cumpliendo la aplicación de la ley que ya está aprobada, por eso nos parece que de parte de la oposición hay un cierto grado de distracción en el problema”, dijo Del Plá.

La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

También se faculta al jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.

A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.

Se establece en este sentido que “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘’Servicios sociales’’’.

Por último, el proyecto indica que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá realizar de manera anual un control periódico sobre las partidas del Presupuesto Nacional destinadas a la alimentación saludable como “política de Estado”.

Del Plá destacó que “técnicamente hay pocas chances de que se apruebe porque no ingresó con dictamen de mayoría pero hay como una posición en algún sector de Cambiemos de que no van a obstaculizar y quizás den los dos tercios que hacen falta”.

“Hay que ver si quieren seguir pagando más costo. La clave va a estar en el acampe por 48 horas que van a organizar las organizaciones de desocupados, las organizaciones piqueteras, reclamando una salida inmediata”, concluyó.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió la investigación y habilitó avanzar sobre el posible delito de “abandono de persona” en la causa de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Sebastián Premici, periodista de Cadena del Sur y autor del libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado” dijo a FM De la Calle que “el fallo habla de un nexo de causalidad entre la muerte de Maldonado y la pertenencia  de agentes del Estado, es decir, Gendarmería. Por ende, se abre la puerta para investigarla, lo que no se hizo en ningún momento durante la instrucción”.

“Con este fallo queda claro que Maldonado no estaba solo sino rodeado de gendarmes, había dos grupos de gendarmes que estaban con él”, afirmó.

Premici destacó´que “el texto de la Cámara reseña la presentación del CELS y cita un informe de la PROCUVIN, que elaboró un trabajo detallado sobre cómo fue la represión ese 1º de agosto que estuvieron en el río. Ese informe fue ocultado por el procurador interino Eduardo Casal, el juez Lleral y la fiscal Silvina Ávila. Esta resolución abre las puertas a investigar el rol represivo de la Gendarmería, que fue lo que determinó la desaparición por 78 días de Santiago y su muerte”.

“La Cámara no se juega del todo a decir que fue 100% causalidad de Gendarmería, deja de lado la figura de desaparición forzada y da por válida la autopsia que dice que se ahogó. Yo sostengo que se muere ahogado pero lo más relevante fue entender el rol represivo de la Gendarmería”.

Culpables y testigos

Premici señaló que “hubo una secuencia de cacería y la causa está ahí. Por eso dan marcha atrás con Emmanuel Echazú. No porque sea el único, en mi investigación doy cuenta que además de Echazú lo corren otros dos, Darío Zoilán y Orlando Yucra. Un testimonio que va a tener que realizarse es el de Lucas Pilquiman, dice que cuando cruzan el río lo ve a Santiago agazapado y ve a los gendarmes desde el barranco disparando 9 mm y escopetas”.

La declaración de Pilquiman deberá tomarse nuevamente porque “Lleral lo tomó sin la presencia de las querellas, de un día para el otro, por una cuestión de control de las partes y para que sea todo lo relevante que es, se pide de nuevo. Se abre la posibilidad de que otros testigos vuelvan a declarar o que declaren quienes no declararon aun”.

Reconstrucción de los hechos

Otra de los puntos relevantes de la resolución es que ordena una reconstrucción, algo que nunca se había hecho hasta el momento. “No se sabe cómo fueron los hechos cronológicamente. Hay fragmentos que uno puede reconstruir, lo que hay que hacer es la reconstrucción in situ. La Cámara dice que tiene que ser virtual, utilizando el material fílmico, visual, fotográfico, hacer una suerte de realidad virtual y colocar a todos los actores en el territorio. Yo creo que es clave hacerlo en el territorio”.

“Sería la primera vez que se esboza cómo fueron los hechos y ahí tenés la última foto de Santiago. Es de las 11:32 de la mañana, veinticinco segundos después se ve que estaciona un Eurocargo y hay gendarmes en el territorio. Hay muchos elementos que permiten elaborar esa reconstrucción. Ahí no van a quedar dudas del rol clave de la Gendarmería en lo que fue una cacería, quiénes fueron quienes lo persiguieron y qué se investiguen otras hipótesis delictivas”.

Por tercer año consecutivo, el colectivo Basta de Asesinatos Laborales realizó una multitudinaria movilización para pedir justicia por los crímenes de trabajadoras/es.

“Hay muchísimas más muertes por las enfermedades profesionales que se producen por las condiciones laborales, entendemos que sumado a quienes están en negro se puede triplicar las muertes llegando a 1200 trabajadores”, dijo a FM De la Calle Ariel Godoy.

El secretario de Seguridad e Higiene del gremio del Neumático comentó que “a raíz de estos crímenes se produjo un proceso de lucha en la línea 70 y los compañeros del INTA hicieron lo propio. Entendieron que esto no eran casos aislados sino que quedaban en el marco de más de 400 muertes en accidentes de trabajo, lo que llamamos asesinatos laborales”.

A partir de los casos de David Ramallo, Diego Soraire y Richard Alcaraz buscan instalar el 9 de septiembre como fecha de lucha contra los asesinatos laborales.

“Se fue gestando esta fecha que queremos instalar para visibilizar la muerte de estos compañeros. Tiene como función organizarse en los lugares de trabajo, talleres donde puedan tener formación técnica. Entendemos que los únicos que pueden defender las condiciones de trabajo son los propios trabajadores. Al Estado y a los empresarios no les importa la salud de los trabajadores sino las ganancias”.

Godoy señaló que “a la par de que miles de trabajadores se han quedado sin trabajo, donde la crisis se empieza a profundizar y se denuncia el achatamiento salarial, se denuncian los despidos, el problema de que cuando tenés trabajo esas condiciones son ultra precarizadas, la precarización laboral es el principio fundamental, por lo que se producen estas muertes”.

“En este contexto de crisis esto se profundiza. El colectivo de trabajadores lo que tiene que poner en agenda son las condiciones de trabajo, eso se debe discutir en la paritaria. Las grandes centrales no están discutiendo las condiciones de trabajo.

“No se está contando, hay muchísimas más muertes por las enfermedades profesionales que se producen por las condiciones laborales, entendemos que sumado a quienes están en negro se puede triplicar las muertes llegando a 1200 trabajadores”, concluyó.

Un adolescente de 18 años venía viajando desde Choele Choel y necesita ropa, calzado y dinero para volver a Formosa. La Policía lo echó de la terminal cuando lo encontraron durmiendo. Su familia lo ubicó esta mañana luego de cuatro días sin conocer su paradero.

Su tío viajó a buscarlo a Bahía Blanca pero en la Comisaría Cuarta de Villa Mitre no le tomaron la denuncia y le dijeron que debía realizarla en Formosa.

Marcela Torres, integrante del colectivo Familiares y Amigos de Daniel Solano, colaboró con la búsqueda del chico y confirmó a FM De la Calle que “Nicolás está en el barrio Thompson, está muy bien, solamente necesita ropa y zapatillas”.

Para colaborar comunicáte con Marcela al +54 9 298 478-3740.

“Nicolás Camilo Rivarola salió para Formosa el lunes pasado. Tenía que hacer el trasbordo en Bahía, se quedó dormido y se equivocó de colectivo. Perdió el colectivo y lo llamó al papá que le dijo que espere dentro de la terminal que le iba a mandar el pasaje. La policía encuentra a Nico en la terminal, lo sacan a la calle, le averiguan los antecedentes pero no lo ayudan, queda varado en Bahía”.

“Luego va a la comisaría cercana para denunciar que no tiene el documento y le dicen que ahí no se hace el trámite. A Nico se le rompió el teléfono y no sabía los números, por eso no se pudo comunicar más. Está viajando para allá César, su tío”.

Torres comentó que “César fue hasta Bahía Blanca, para hacer la denuncia de que su sobrino no aparecía y le dicen en la Cuarta de Villa Mitre que no se puede hacer la denuncia sino que hay que hacerla en Formosa de donde es Nicolás. Al tío le dijeron eso ,y pobrecito, se volvió para Choele. Luego publicaron en las redes sociales y desde anoche que lo estamos buscando”.

“Nicolás está en el barrio Thompson, está muy bien, solamente necesita ropa y zapatillas. Ropa limpia en buen estado para que pueda manejarse, zapatillas número 43 para un adolescente, necesita plata también. A tío César le falta una mano, trabaja en su huerta en Choele, vende su verdura y frutas y con eso vive. Con eso ha tenido que movilizarse para buscar a su sobrino, necesitamos plata para que Nico pueda llegar hasta Formosa”.

Torres destacó el gesto solidario de Andrea Galietti y su hijo Javier, quienes brindaron a Nicolás ayuda y un lugar donde alojarse.

“Para nosotros, desde Familiares y Amigos de Daniel Solano, poder reencontrar a un chico con su familia nos llena el corazón. Gualberto Solano se murió esperando encontrar a su hijo”, concluyó.

Suteba Bahía Blanca realizará un paro este martes junto a la CTA, Aduns y la Asociación Judicial Bonaerense. La semana pasada más de 500 maestras y maestros definieron medidas de protesta ante el deterioro de la situación económica.

Gabriela Delfino, secretaria general del sindicato docente, analizó además en FM De la Calle el impacto del aumento de fondos para los comedores escolares anunciado por la gobernadora María Eugenia Vidal. “¿Yo quisiera saber qué es lo que le puede dar cualquier funcionario a sus hijos con 33 pesos?”, se preguntó.

“Para los comedores se tenía que implementar la administración por parte de Municipio, el suministro de recursos es una cuestión compleja por la logística que necesita y por la modalidad de entrega. El año pasado se entregaba toda la mercadería en un solo día, teníamos muchos problemas para mantener fresco lo que nos entregaban, las escuelas no tienen heladeras, aunque se cubrieran las necesidades alimenticias era muy complicado poder sostenerlos, ahora con 33 pesos la calidad ha bajado”.

Delfino comentó que “la ampliación de los cupos siempre fue una batalla que había que dar, había argumentos como que no lo necesitaban o que la gente mandaba a los chicos al comedor para no cocinar”.

Por otro lado, manifestó que durante la última asamblea docente “en la Técnica 2 hubo más de 500 compañeros y compañeras, lo que expresa el descontento de las cosas que estamos viviendo”.

“Toda esta corrida cambiaria, el dólar, originó que de un día para el otro perdiéramos todo nuestro poder adquisitivo. ¿Qué hubiera pasado si el día de cobro nos hubieran depositado el sueldo con el 20% de menos? Creo que hubieramos salido todos a la calle a reclamar que nos paguen el sueldo entero, es la misma situación”.

Delfino comentó que “a fines de octubre nos corresponde la cláusula gatillo y tuvimos en agosto un reajuste. Una de las demandas es que la indexación sea mensual y la reapertura de la discusión paritaria. Para todos los estamentos nacionales, menos docentes, se plantea un bono de emergencia, en el caso de la provincia los anuncios de la gobernadora tienen el tenor de una aspirina frente a una neumonía”.

Crece la preocupación entre personas que viven con VIH por la escasez de reactivos para el estudio que analiza la carga viral. El mes pasado fue denunciada la falta de drogas para tratamientos.

“Normalmente tenemos que hacer dos cargas virales por año, o al menos una, y como había faltante lo que estaban haciendo era restringirlo solamente a personas en embarazadas y diagnósticos recientes. Ahora la situación es tan crítica que restringieron las cargas para todo el mundo. Se comunicó desde Nación que no iba a haber por lo menos por lo 4 próximos meses”, comentó el presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, José María Di Bello a FM De la Calle.

“La carga viral es el análisis que las personas que tenemos VIH nos hacemos para saber cómo está la cantidad de virus en sangre. El tratamiento lo que hace es disminuir la carga viral al mínimo, a punto tal que la carga es tan por debajo del umbral que no lo detecta. Es lo deseado para que el VIH se convierta en una dolencia crónica”.

El origen se debe a la falta de previsión en las compras por parte de la Secretaría de Salud de la Nación: “Había una previsión de un stock de un año y medio. Antes que se acabaran los medicamentos, los preservativos, los reactivos, la leche maternizada, ya estábamos comprado o iniciando los expedientes que llevan todo un tiempo de aprobación de publicación, entre tres y seis meses. La última licitación que intentaron sacar se les cayó. Sumado a la devaluación y la crecida del dólar, que significa que los laboratorios no fijen precios de lo que va a costar el reactivo para hacer la carga viral y por eso no se concretó la última compra”.

Lo recomendable para quienes viven con VIH es que se realicen los análisis entre dos y tres veces por año. Sin embargo, la excusa principal del gobierno ante el faltante es una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud.

“Plantea que en los países con extrema pobreza y con mucha dificultad para tener los insumos que, en vez de dos veces por año, se realice una. Eso lo tomaron en Argentina para salvaguardar la situación que tenían de faltante de stock. Así tenían que usar la mitad de los recursos por año”.

Por último, Di Bello comentó que “no solo faltan medicamentos, reactivos y preservativos, sino que falta la leche de fórmula maternizada para darle a las personas con VIH que tienen bebés, la indicación es no darle el pecho porque es una vía de transmisión. Tuvieron que recurrir al programa de Ciudad de Buenos Aires para abastecer a Nación pero ya no está alcanzando tampoco”.

Integrantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencia mantuvieron una reunión con el secretario de Salud municipal para evaluar falencias en las prestaciones de salud mental.

La presidenta del Colegio de Psicólogos Alba Picardi dijo a FM De la Calle que “se dieron algunas situaciones con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad con problemáticas de salud mental que se les complicaba mucho abordar”.

“Al no haber instituciones especializadas, por ahí algunos niños y adolescentes permanecían en internaciones más prolongadas. Lo que nos planteaba el secretario de Salud es que han abierto algunos dispositivos y a través del trabajo organizando con algunas ONG están pudiendo resolver estas situaciones de urgencia”.

Picardi comentó que  los dispositivos mencionados por Acrogliano refieren  a “un equipo de trabajo que lo que hace es coordinar recursos entre Niñez y Salud y que se coordinen las acciones para que se haga un trabajo más rápido. Armar una estrategia terapéutica para que el chico no permanezca internado cuando ya está compensado”.

“Lo que sí venimos planteando es que faltan dispositivos a la internación, como centros de día, para chicos que tienen algunas dificultades puedan recibir, antes de llegar a la crisis, algún tipo de abordaje que prevenga que lleguen a esas situaciones”.

Según la psicóloga, las falencias obedecen a que “estos centros de día estaban compensados con dispositivos comunitarios, talleres y Enviones que, al pasar los años, se han ido cerrando o recortando. No requiere tanto recurso sino de articulación de lo que hay para mantenerlos en una necesidad útil para los adolescentes. Los Enviones han sido sumamente importantes, pero se han cerrado algunos, se han cerrado talleres, entonces, la respuesta no es la esperable. Los trabajadores son los que sostienen en estos casos”.

Por último, Picardi señaló que “pedimos la Banca 25 porque dado que no hemos tenido respuesta a la Emergencia en Niñez queremos expedirnos respecto de este diagnóstico. Está pedida desde fines de junio. La respuesta es el silencio”.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación se manifestó, junto a otros gremios del puerto, ante el Consorcio de Gestión por la falta de materia primera para los frigoríficos locales.

La asistencia es fundamental para preservar más de 150 fuentes laborales en White Gulf y Roucomar. Por otra parte, se demandó obras de infraestructura y mejoras laborales.

“El sector pesquero hace varios años que viene con dificultades. Desde el  2014 que no pudimos ingresar al puerto los barcos para operar, tenemos plantas como Roucomar, que hoy están sufriendo los embates de no poder tener la materia prima”, comentó el delegado regional Juan Pablo Moreno.

Desde el gremio informaron que plantearon al presidente del Consorcio, Miguel Donadío, “la urgencia de liberar de forma inmediata fondos con un atraso de más de 6 meses, lo que nos permitirá poder contar con la suficiente materia prima nuevamente para poder elaborar normalmente en la planta”.

“El frigorífico White Gulf es una empresa que exporta, que depende pura y exclusivamente de frutos del mar, que la posibilidad que tiene de adquirir materia prima es a través de camiones, que vienen desde el sur. Veíamos la imposibilidad a través de un retraso en las gestiones del Consorcio y es preocupante porque atrás hay puestos de trabajo, queremos que se entienda nuestra situación”.

Moreno comentó que “en líneas generales la situación es muy preocupante, siempre decimos que cuando al crisis llega a nuestra actividad, fabricamos alimentos, imagínenese en el resto de actividades. La situación es crítica, los compañeros no llegan a fin de mes, se ha dolarizado la economía y con los sueldos no ha pasado eso”.

“A  la víctima se le infunde terror y es lógico, más aun con un Estado ausente, que esa víctima se pierda, se extravíe para el sistema, posiblemente en alguna nueva victimización en otra parte del país”, dijo Franco Di Santi tras conocer el fallo que revocó las absoluciones de la causa Iglesias.

La Cámara de Casación ordenó al tribunal oral que reconsidere la sentencia respecto a Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

Di Santi, integrante de Bahía contra la Trata, afirmó que “no haber considerado la declaración de las víctimas había sido uno de los elementos por lo que se los absolvió y Casación marca que deben ser tenidas en cuenta, tener en cuenta las escuchas, los antecedentes que iban manteniendo una línea de que se dedicaban a explotar personas y tratar a las mujeres como cosas o como si nada valiera”.

“Es muy difícil de reparar el daño porque son personas que no tienen nombre, no solo en la resolución judicial, tanto para el Estado que habilitaba esos lugares, para varones prostituyentes y para los explotadores también. Si llega algo de justicia por la persecución de algo que puede entrar dentro un expediente, contribuye a que no se repita. Si del otro lado miden que es una práctica muy redituable y con baja probabilidad de ser juzgado es más factible de realizar”, dijo.

El fallo de Casación revocó, además de las absoluciones, el rechazo al decomiso de los bares Broadway y Kaos.

De Santi destacó en ese sentido que “hay una sentencia de la semana pasada en un cabaret de Palermo donde hubo una reparación de más de 16 millones de pesos, con embargos de inmuebles, cuentas, etcétera”.

“Se tiene que reparar a las víctimas y el decomiso es una forma de hacerse de los bienes para generar ese recurso y en el caso de ser un sobrante que vaya a un fondo de asistencia para víctimas. No es una práctica tan habitual porque era parte de la invisibilización de las mujeres como víctimas, no se las veía como sujeto de derecho que debiera ser reparado. La sentencia de capital es un cambio en ese sentido”.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto el sobreseimiento del gendarme Echazú y ordenó reabrir el expediente para cumplir las medidas de prueba que no se realizaron.

Lo resuelve la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en un fallo que ordena también cumplir las medidas pendientes.

La abogada Verónica Heredia dijo que “es muy importante porque demuestra la arbitrariedad con que se cerró la causa”.

“Consideramos que se investigó una única hipótesis delictiva –aquí definitivamente descartada- sin que haya sido objeto de valoración y pronunciamiento algún posible nexo causal entre cualquier omisión de personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”, dijo la Cámara.

Si bien descarta que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes hayan abandonado a Santiago en las aguas del río Chubut. Por eso, revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú.

Comunicado de la familia 6.9.2019.

La Cámara de Apelación de Comodoro Rivadavia comunicó su decisión de reabrir la causa entendiendo que la investigación no está agotada y corresponde profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon el suceso. La Cámara asimismo señaló que es contradictorio rechazar las medidas probatorias peticionadas por la querella en pos de “no demorar la respuesta judicial”, ya que lo que debe prevalecer es el “derecho a la verdad”.

La Cámara reconoce que no se hicieron pericias claves para determinar que sucedió, tal cómo la reconstrucción de los hechos, la ampliación de los puntos de pericia en la data de muerte, la presencia de polen en las prendas, el informe de diatomeas y la peritación del bastón y los billetes. Todos estos puntos fueron pedidos reiteradamente al Juez Lleral y en todos los casos fueron denegados.

Expresa asimismo: “nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna hipótesis delictiva”.

Finalmente la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reconoce que existe una contradicción en la autopsia, que NO DICE ni cómo ni cuándo ni dónde murió Santiago Maldonado.

Seguiremos luchando para que haya justicia y verdad por Santiago Maldonado.

Gracias a todas las personas que nos acompañan y luchan junto a nosotros.

Fuentes: Sudestada y Justicia por Santiago Maldonado.

La Cámara de Casación Penal ordenó dictar un nuevo fallo en el juicio por facilitación de la prostitución y trata de mujeres que se realizó contra el ex presidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, el prefecto Eduardo Horacio Gutt y el administrador del bar Broadway Alfredo García.

En octubre de 2018 el Tribunal Oral había absuelto a Iglesias y a Gutt y condenado a cuatro años y seis meses de prisión a García. También se revocó el rechazo al decomiso de los bares “Broadway” y  “Kaos” y su restitución a Iglesias.

Ayer, la Sala IV de Casación afirmó que la sentencia de los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu fue “arbitraria” por haber valorado la prueba de manera “fragmentada y aislada”.

El fiscal Santiago Roldán había apelado el fallo por no haberse incorporado por lectura las declaraciones de seis mujeres rescatadas en diversos operativos, quienes no pudieron ser ubicadas para presentarlas en el debate oral.

El juez Gustavo Hornos sostuvo que el tribunal “restringió arbitrariamente la producción de prueba” y que ante el compromiso del Estado de proteger a las víctimas bastaría con una sola declaración.

Además, cuestionó que no hayan sido tenidas en cuenta escuchas telefónicas que probaban los vínculos entre los imputados y la participación de Iglesias y Gutt en los delitos del condenado García. Las defensas plantearon que las grabaciones demostraban que eran “clientes” del proxeneta.

Hornos advirtió que el tribunal no explicó “por qué la omisión de Gutt de denunciar la actividad de facilitación de la prostitución de la cual asertivamente tuvo conocimiento o, incluso, la conducta de comunicarse con el autor del delito para brindarle información sobre procedimientos que lo involucraran, no son acciones que objetivamente aporten al delito de García”.

En cuanto a Iglesias, el juez de Casación mencionó que el tribunal probó que en el Bar Broadway no había “comercio sexual” aunque estaba ubicado en una zona donde sí lo había.

El fiscal aportó “copiosa prueba de cargo que no fue ponderada por el Tribunal” para demostrar que en el local “funcionaría como un espacio de encuentro entre las presuntas víctimas de la promoción de la prostitución que García coordinaba”, tal como confirmó la sentencia revisada.

De la prueba descartada por los jueces en Bahía Blanca, Hornos rescató: la que ubica a Iglesias como responsable del local alquilado a García y conversaciones entre los imputados en las cuales “surge sin duda que hablan de mujeres para hacer ‘shows’ aparentemente en el bar Broadway y del monto que requerían para tal actividad”; “refieren a clientes y a hacer ‘pases'”; “se refieren a presuntos clientes y que necesitan mujeres para ofrecerles”.

Para el magistrado, tampoco se tuvo en cuenta una escucha entre Iglesias y un tal Toto  en la cual le ofrecía el local “La playa” para poner un prostíbulo, el cual finalmente fue utilizado por García para montar el Broadway. “Yo ando con ganas de abrir algo acá porque tengo muchas mujeres desparramadas viste”, decía Toto.

A su vez, destaca Casación que el tribunal probó que Iglesias administraba sociedades de su familia y varios prostíbulos y tenía contactos policiales como el comisario Marcelo De la Rosa. Además, no valoró el testimonio de la asistente social de la Fiscalía que entrevistó a las víctimas y dio cuenta de su situación de vulnerabilidad.

Hornos concluyó que Salas, Aguerrido y Albrieu absolvieron “con una visión fragmentada del acervo probatorio y con argumentos que no se correspondían con las premisas acreditadas ni con las constancias recopiladas durante el debate oral”.

Por otra parte, respecto a la absolución de Iglesias por el delito de trata, la defensa sostuvo -y el tribunal aceptó- que el imputado no había sido indagado ni procesado por el caso de la víctima L.R.P..

Sin embargo, el juez de Casación demuestra que “este hecho le fue imputado a Iglesias en todas las ocasiones y que incluso esta cuestión fue motivo particular de tratamiento por la Cámara Federal”. Repite: “No hay una mirada global de toda la prueba sino una ponderación fragmentada y aislada”.

El voto de Hornos contó con la adhesión de los otros dos integrantes de la Sala IV, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

El fiscal federal Antonio Castaño analizó en diálogo con FM De la Calle, la resolución de la Cámara de Casación que anuló las absoluciones de Víctor Hugo Iglesias y Eduardo Horacio Gutt.

El funcionario investigó a la red de trata y explotación sexual de mujeres de Ing. White e intervino hasta la elevación a juicio.

Destacó que el órgano revisor “habla de arbitrariedad, de auto-contradicciones, de una situación de evidente falta de sentido común por parte del tribunal, de que no ha evaluado como corresponde y ordena la reedición en lo referente a las absoluciones de Iglesias y Gutt”.

“El tribunal de Casación hizo una labor muy exhaustiva y un desarrollo punto por punto de todo el expediente y llegó a la conclusión que quedó firme la sentencia contra García por facilitación de la prostitución y mandó a reeditar, en base a los argumentos que exponen, en función de que no ha sido evidentemente evaluada toda la prueba que debiera”, dijo.

-¿En la práctica qué significa? ¿Puede intervenir la misma composición del tribunal?

No creo que tenga que ser otra composición del tribunal. El tribunal que en su momento absolvió, de acuerdo a lo que ordena Casación, tiene que condenar a Gutt e Iglesias por facilitación a la prostitución ajena agravada por mediar situación de vulnerabilidad de las víctimas y, en relación a Iglesias, por trata de personas en relación a una de las victimas.

No se tuvo en cuenta en ese entonces, cuando se había propuesto por parte del Ministerio Público Fiscal, dar lectura a las declaraciones de las víctimas. La defensa se opuso y el tribunal hizo a lugar. Eso es una cuestión de sentido común, independiente de las disposiciones internacionales y nacionales con respecto a las víctimas.

-No se comprende cómo el tribunal, en el caso de la víctima L.R.P., acepta lo que dice la defensa respecto a que nunca se lo habría acusado a Iglesias por el hecho.  Casación muestra lo contrario, ¿cómo llega a pasar eso?

Nosotros elevamos la causa a juicio cuando tenemos todo y después cuando llega al tribunal prácticamente la perdemos y nos enteramos a las perdidas si hubo o no hubo sentencia y cuál fue. De hecho, cuando empecé a leer me entero que el fiscal (Santiago Roldán) había pedido por facilitación de la prostitución a todos los imputados y yo había pedido por trata. Es menor la condena en caso de facilitación.

Se pidió trata con relación a una de las víctimas y en relación a las demás, tanto para Iglesias como a Gutt, facilitación de la prostitución ajena agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

-¿Pero es habitual que un tribunal tenga este tipo de resoluciones?

Normalmente no. Pero tengamos en cuenta que -no es cuestión menor- el Tribunal Oral Federal hoy son subrogantes que vienen desde otro lado, no hay un tribunal fijo, están todos en vacante. Hubo propuestas de tres que podrían integrar y eso está todo parado. Antes había un solo camarista, no teníamos un antecedente firme para decir la Cámara resolvió de esta manera, ahora sí tenemos y sabemos qué criterio tiene o cómo resuelve. Ya hay una jurisprudencia. En el caso del Tribunal no tenemos ese criterio.

-¿Puede repercutir este fallo en la libertad de los imputados?

Es el Dr. (Gabriel) González Da Silva, que es el fiscal de juicio, el que evaluará la posibilidad de pedir la detención y, en todo caso, el tribunal resolverá.

Trabajadoras/es estatales denunciaron el vaciamiento y la subejecución del presupuesto de la obra social IOMA. El titular de ATE, Oscar De Isasi, rechazó el convenio firmado entre la prestataria y Provincia NET, un holding del Banco Provincia.

“Este holding que, oh casualidad, es de Jorge Macri, realiza un convenio que gerencia la obra social, le permite que ingrese a los datos de dos millones seiscientos mil afilados, al proceso de autorizaciones, proceso de pagos a afiliados y proveedores y reintegros a los afiliados, se mete en el corazón de la obra social”, explicó.

Según informó, “termina siendo mucho más caro e ineficiente. Es un negocio de quienes se están yendo y, antes de apagar la luz, se quieren llevar la plata de los trabajadores. El IOMA está financiado por los aportes de los afiliados”.

La prestataria tiene un presupuesto equivalente al Ministerio de Salud de la provincia, alrededor de 63 millones de pesos. “Desde que asumió Vidal hubo un excedente financiero de tres mil millones de pesos a costa de que se bajaran las prestaciones a partir de trabas burocráticas para desalentar que el afiliado vaya. Esas subejecuciones no fueron ahorros para la obra social sino que fueron para otro lado, esto se los permitió la reforma a la ley de Ministerios en en 2018”.

De Isasi dijo que “plantearemos que cese con el vaciamiento y, en segundo lugar, se eleve un proyecto de ley donde se plantea que la mayoría del directorio tiene que estar ocupado por trabajadores dado que la financiamos nosotros”.

El Departamento de Tierras de la Municipalidad informó que Bahía Blanca es la ciudad de la provincia con mayor cantidad de tierras ociosas del Estado nacional. A su vez, la concejala Paola Ariente manifestó que el déficit habitacional es de 20 mil viviendas.

Representantes de diversas comisiones del Concejo Deliberante se reunieron con integrantes de la comuna, la justicia de Faltas y la Defensoría del Pueblo para analizar los protocolos y “consensuar criterios de actuación” ante la toma de terrenos.

La concejala dijo a FM De la Calle que “hay una falta de gestión que no es específicamente de esta gobierno, sino que viene sucediéndose. También por parte del Estado nacional. Se le ha pedido a la ABE que pueda cedérselos al Municipio y la ABE no ha resuelto, o ha resuelto parcialmente, y se los ha dado a clubes. Es muy difícil para un Municipio establecer tierras cuando no son municipales. Te pueden dar la custodia para que se mantenga en condiciones”.

Comentó que “habíamos tenido conversaciones con el Juzgado de Faltas porque tenían casi armado un protocolo a raíz de lo que había ocurrido con el desalojo de Campaña del Desierto. Era un protocolo similar al de provincia. Veníamos trabajando con el juez Germani y organizaciones sociales para ver de qué manera ese protocolo podía ser ampliado a otros fueros”.

“Germani se puso a disposición para que todos pudiéramos trabajar con criterios consensuados porque no podía asegurar que con las denuncias penales se tome el mismo criterio”.

Respecto a la ocupación de terrenos en Spurr, Ariente opinó que “las tomas no es algo que uno comparta, no es la manera. La toma de posesión de terrenos que no son de uno me parece que hay que empezar a revisarla, si bien la justicia acepta el tema de posesión de terreno se olvida que es algo excepcional. El acceso a la tierra no podemos manejarlo ya sea por la fuerza o porque la justicia me lo otorga”.

“Lo que pasó en Spurr queda en manos de la Justicia Federal porque es su competencia. Me parece que el juez está esperando, está dándole tiempo al Municipio para ver cómo se pueden desalojar y acomodar de alguna forma pacífica y algunos instrumentos que se le pueden dar a las personas para que puedan irse de ese lugar. A nadie le gusta tener el peso sobre su cabeza de tener que desalojar a 500 familias”.

“Se tapaba la nariz del olor que teníamos”. Era 1976, Rubén Bustos estaba secuestrado junto a muchos de sus compañeros en un centro clandestino del Comando V Cuerpo de Ejército. Lo habían puesto frente al juez federal Guillermo Federico Madueño. La que no registraba en actas las torturas era la secretaria, Gloria Girotti.

El Colegio de Abogados de Bahía Blanca acaba de entregarle a la doctora un diploma de “Reconocimiento al Ejercicio Profesional”. En la foto, posan a su lado el vicepresidente 1º Gabriel Enrique Peri y la vicepresidenta 2º Nerina Santarelli.

Bustos fue uno de los testigos que mencionó a la abogada ante el tribunal oral que juzga crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Los genocidas de uniforme también la recordaron. Leonardo “Mono” Núñez fue detenido el 23 de junio de 2008 y murió procesado como partícipe necesario de secuestros y torturas. Era el enlace entre los campos de exterminio y la Unidad Penal Nº 4.

Asumió haber trasladado personas detenidas ilegalmente por el Ejército desde La Escuelita o el Batallón de Comunicaciones hacia la cárcel. Le dijo al juez: “No era mi función presentarme en los estrados judiciales para denunciar estos hechos, pero tengo conocimiento que jueces federales tenían conocimiento pleno de lo que pasaba en la Unidad 4 de Bahía Blanca porque en oportunidad de tener detenidos art. 189 bis, la secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, la dra. Gloria Girotti, visitaba el pabellón de mujeres de la Unidad, porque tenían presas del juzgado ahí y las iba a ver”.

La defensa del represor consideró que las inspecciones que realizaban autoridades judiciales “lejos de justificar” la conducta de Nuñez “implicarían la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron”.

Los jueces que condenaron a los primeros 17 genocidas que actuaron en la región, ordenaron en su sentencia abrir la investigación sobre el accionar de los secretarios judiciales durante el terrorismo de Estado.

La Cámara Federal de Apelaciones revocó semanas atrás el sobreseimiento en primera instancia de Girotti y el de su colega Hugo Mario Sierra.

Girotti asistió al juez Guillermo Madueño entre junio de 1972 y septiembre de 1979 y tramitó con sistemáticas respuestas negativas numerosos habeas corpus presentados a favor de personas secuestradas. Los familiares que se acercaban en busca de justicia, no sólo arriesgaban sus vidas sino que eran perseguidos para que paguen las costas correspondientes.

Solo algunos ejemplos de dicha acusación se reconocen en los habeas corpus presentados a favor de Daniel Carrá, Cora Pioli y Darío Rossi, secuestrados a fines de 1976. Carrá y Pioli siguen desaparecidos y Rossi fue fusilado en 1977.

La firma de Girotti acompaña también a la de Madueño en el cierre y archivo de las actuaciones judiciales de la puesta en escena que hizo el Ejército en la Masacre de Calle Catriel.

El 4 de septiembre de 1976 el V Cuerpo informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos” y que cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. La justicia probó que los cuerpos de los militantes peronistas Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Manuel Tarchitzky fueron plantados en el lugar. Habían sido fusilados luego de varias semanas de cautiverio en La Escuelita.

Girotti se jubiló como docente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Durante años se impulsó un juicio académico que el tribunal terminó diluyendo, al igual que sucedió con los que se iniciaron contra Hugo Sierra y Néstor Luis Montezanti.

Durante la primera etapa de la investigación judicial sobre su participación en el terrorismo de Estado se mostró deprimida y con problemas de salud. Hoy, la cuenta del Facebook del Colegio de Abogados bahiense la muestra festejando su trayectoria junto a sus pares.

¿Será justicia? Ya van 40 años de impunidad.

Mauro Gerardi, dirigente de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, señaló que durante los últimos días se produjeron demoras y fallas en el sistema CUNA. Si bien el servicio se está regularizando lentamente todavía hay algunas liquidaciones que no aparecen.

“El sistema CUNA es de liquidación de la Cobertura Universal para la Niñez y Adolescencia, lo implementaron y falló. Esto ocasionó una demora en el pago de asignaciones universales, familiares y de personas con discapacidad”.

“El tema de asignaciones representa un monto importante para quienes la perciben, hemos sufrido bastante, la gente nos ha entendido a los trabajadores que no tenemos herramientas para brindarles, venían a cobrar o a hacer el reclamo y desde la empleadora no hemos tenido respuesta”.

Gerardi comentó que “hemos tenido gente que se ha largado a llorar. Para un trabajador que tiene dos o tres hijos representa casi un 20% de los ingresos, uno tiene compromisos que cumplir a principio de mes. Los trabajadores sufrimos a la par de los beneficiarios porque no tenemos soluciones”.

Consultado por la aplicación a nivel local de órdenes de las autoridades para acelerar los tiempos de atención por turnos, dijo que “la persecución en el tema de los tiempos existe, piensan el ANSES como piensan todo, mediante una planilla de Excel. Lo que hacemos es defender a los trabajadores y a los beneficiarios. Los tiempos son insuficientes, no vamos a tratar a los beneficiarios como si fuera una mercancía”.

Por otra parte, dijo que las familias acuden a los préstamos de ANSES aunque “no dejan de ser a tasas usurarias, 50 o 53%. En vez de endeudar a los jubilados no le deberían haber sacado la movilidad jubilatoria. Se necesita un aumento de las jubilaciones, no un bono. Están muy angustiados, en muchos casos los mismos trabajadores tenemos que darle dinero para que se vuelvan a sus casa porque no tienen para el colectivo”.

“Cuando comenzamos a investigar el fallecimiento de Dai había gente que me mandaba mensajes, se acercaba con información, me llamaba contando cosas que por ahí no tenían relación estrecha con la muerte de Daiana pero sí con la corrupción”, dijo a FM De la Calle Lorena Zerneri.

La madre de Daiana Herlein declaró ayer en el juicio contra los ex funcionarios municipales Marcelo Caramelli y Leonardo Pombo, imputados por extorsionar albañiles para trabajar en el cementerio.

“Me llegó que les habían pedido una coima, los extorsionaban con que si no pagaban esos 50 pesos no podían seguir trabajando”, recordó. 

Zerneri comentó que “algunos (de los albañiles) se tuvieron que ir porque se iban endeudando, por aquellos años un trabajo salía 150 pesos con materiales y obra y de ahí tenían que pagar 50 pesos para trabajar. Entonces, se iban endeudando. Cuando no tenían para pagar se tenían que ir, se quedaban sin trabajo. Después de eso algunos volvieron y están trabajando actualmente”.

“Yo creo que por algo no se habla de eso, creo que quizás tiene que ver con que Caramelli anda suelto por la calle y tiene ese beneficio tan raro que otra gente con problemas de salud mayor no tiene. Nadie controla cómo va esa enfermedad, salió ayer con la manos en el bolsillo como uno más. Creo tiene que ver con esto de si la plata iba para arriba. Alguien está protegiendo para que no se hable “.

Finalmente, señaló que “tuvimos dos reuniones con Héctor Gay apenas asumió, cuando se comprometió a colaborar. Era solamente tener a la vista los sumarios que se habían hecho a raíz de la muerte de Daiana, en una de ellas estaba presente la doctora Karina Mahón, que nos manifestó que ellos no estaban para investigar gestiones anteriores sino para gobernar. Yo entiendo que es correcto que están para gobernar pero también deberían haber mostrado algún tipo de colaboración, eso no sucedió”.